Totonicapán: La historia de la última masacre en Guatemala

La viuda de Arturo Félix Sapón Yax aún tenía lágrimas en los ojos y sus sandalias manchadas de sangre cuando Plaza Pública la encontró cerca de la morgue, atrás del Hospital Nacional de Totonicapán. “Cómo voy a explicarle a mis hijos que a su papá lo mató el gobierno… y que nosotros pusimos a ese gobierno”, dijo con la voz entrecortada.

El informe final que leyó el director del hospital, Germán Aguilar, decía que el día 4 de octubre de 2012 había terminado con “6 personas fallecidas por arma de fuego y 34 heridos: 9 por contusiones o fracturas, 1 por desguince en el tobillo, 4 intoxicados, 3 con heridas corto punzantes, 1 por esquirlas, 1 en shock, 1 sin diagnóstico y 14 heridos por proyectiles de arma de fuego”.

En ese saldo todos –heridos y muertos– eran indígenas k’ichés.

Lo que pasó ese día, cuando campesinos, maestros, alumnos normalistas, autoridades indígenas y padres de familia bloquearon la ruta Interamericana guatemalteca en tres puntos (Alaska, Xecanchavox y Cuatro Caminos), aparece relatado en el reportaje que publicó el lunes Plaza Pública que lleva por título: Totonicapán, todos los ausentes.

Allí se cuenta que las zonas, aldeas y cantones que conforman Totonicapán, uno de los departamentos ubicados en la región sur-occidental de Guatemala, desde muy antiguamente se conocen como “El pueblo indígena de los 48 Cantones”. Y también que para sus habitantes eso de las protestas no es algo nuevo. En 1987, por ejemplo, se opusieron al auto evalúo de propiedades para defender el bosque que les pertenece y consiguió que el gobierno no impusiera un precio sobre sus tierras. En 1998 rechazaron el Impuesto Único sobre Inmuebles. En 2001 se pronunciaron en contra del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuatro años después detuvieron la Ley General de Aguas. En 2011 protestaron masivamente en contra del alza de la tarifa eléctrica. Pero la del jueves 4 de octubre de 2012, cuando el motivo de la manifestación masiva fue nuevamente un alza en la tarifa del servicio eléctrico, la poca socialización de una propuesta de reforma constitucional y la imposición del cambio a la reforma magisterial, fue la primera vez que a Totonicapán lo reprimieron violentamente.

Los manifestantes lanzaron piedras y palos contra el personal uniformado de las fuerzas combinadas de seguridad del Estado, que estaba compuesta por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del Ejército guatemalteco. Su instrucción era desbloquear el camino. Para eso llevaban uniformes antibalas, escudos, toletes, granadas de gas, camiones, armas letales y de disuasión.

Al día siguiente, una fotografía publicada en varios medios locales mostraba a un soldado con un fusil apuntando hacia un objetivo desconocido dentro de la manifestación. “Yo también vi la fotografía”, titubeaba Ulises Anzueto, el ministro de Defensa guatemalteco, ante algunos periodistas. “Él sostiene el arma pero no tiene el dedo en el gatillo. El seguro del fusil está puesto. Eso lo pueden analizar en la imagen”. Horas más tarde, el mismo Anzueto diría otra cosa: que el ejército sí había utilizado los fusiles de alto calibre y que “siete de los soldados que estaban ahí aceptan haber disparado”.

La investigación de Plaza Pública da cuenta no sólo de cómo los heridos y los muertos cayeron abatidos ese día, de cómo toda la zona quedó envuelta en un aire contaminado por gases lacrimógenos y de cómo familias quedaron sumidas en el dolor y la impotencia. También relata cómo la masacre pudo haberse evitado, cómo el gobierno ignoró una y otra vez las demandas que derivaron en la protesta que acabó en medio de balas. Y de las respuestas que dieron las autoridades, desde el presidente Otto Pérez Molina hacia abajo, que en un principio –hasta que ya se hizo insostenible– negaron lo ocurrido y su responsabilidad en la muerte de esos ocho indígenas.

Otra viuda, Josefa Barreno, entre llanto, descompuesta, decía a Plaza Pública el mismo jueves que mataron a su marido: “Lucharon por nuestros derechos. Pero el gobierno nunca, como siempre, nos escuchó. Y ahora están todos muertos”.

Además del reportaje principal, Plaza Pública publicó un editorial titulado Toto: un parteaguas para el país. El texto dice que la respuesta que dieron las autoridades, como la que dio el canciller Harold Caballeros («Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande, y aunque suena muy mal decirlo, a diario tenemos el doble de muertos. Por eso, considero que no es una llamada de atención tan grande”), es una falta de respeto a la dignidad de las víctimas y exige que el Ministerio Público lleve ante a la justicia a los efectivos que hicieron los disparos y a quienes ordenaron la apertura del fuego.

“Que soldados dispararan contra manifestantes fue un delito que no fue planificado pero tampoco fue fortuito. No fue planificado porque estaban en medio de un diálogo, pero debe aclararse quién ordenó disparar y debe recordarse que la administración actual apostó por una estrategia de multiplicar la presencia de militares a las calles para disuadir a ciudadanos; apuesta inefectiva, arriesgada y, a la luz de lo ocurrido en Totonicapán, letal”, dice el editorial.

También en Plaza Pública, pero en su sección de blogs, el abogado del Ministerio Público de Guatemala, Julio Roberto Prado, publicó una carta en la que expresa su esperanza de que el gobierno asuma su responsabilidad y modifique sus políticas de seguridad ciudadana. En su texto, Prado cuenta que cuando vio su factura de la luz, se encontró con un 120% de incremento en la tarifa. Que no daba crédito a la suma y que pensó en ir a reclamar a la compañía para que le explicaran lo del aumento del precio. Hacer algo. Pero no lo hizo, a diferencia de los habitantes de Totonicapán. Asegura que fue porque tuvo que viajar, pero quizás, como él dice, pudo haber sido por la desconexión que existe entre las motivaciones de los grupos indígenas y el ciudadano capitalino: aun cuando a ambos les afecta el mismo problema por el que los primeros protestan, los segundos ven con malos ojos la toma de caminos, la barricadas y en definitiva, sus manifestaciones para exigir sus derechos.

“Mientras escribo esta columna, el presidente Otto Pérez ha salido en televisión informando que siente muchísimo lo ocurrido y que garantizará que no vuelva a pasar. Tan solo esa declaración no basta. Como medida primordial, debe decretar que el ejército sea restringido a sus funciones y se le prohíba estrictamente participar en labores de seguridad ciudadana; y a la vez, propiciar el diálogo para resolver la problemática social”, dice Prado en su carta que tituló Estamos en guerra, mi amor.