Qué hacer con la CASEN ahora

La línea de pobreza en Chile es de $72.000 de ingreso mensual, cerca de un décimo del ingreso per cápita. Más de 2,4 millones de chilenos son pobres, uno de cuatro niños chilenos viven en la pobreza. Más allá de una línea de ingreso y porcentajes, la pobreza involucra grados de exclusión social difíciles de imaginar para una elite hiper segregada.

La extraordinaria controversia generada por los anuncios de las cifras de pobreza estimadas a partir de la encuesta CASEN no se condice con una realidad social que debiese escandalizarnos. Abordar las grandes interrogantes de política que deja esta medición hace necesario zanjar las dudas que queden y hacer los cambios institucionales necesarios para evitar que este episodio se repita.

EN BUSCA DE UN INTERVALO DE CONFIANZA

Desde el punto de vista metodológico, hay dos temas detrás de la controversia que generó la nueva estimación de pobreza: comparabilidad y el error muestral.

Hay dos cambios realizados a la última CASEN que dificultan la comparación de los ingresos estimados con la encuesta del 2009 y el 2011. Primero, entre octubre y noviembre de 2011, el gobierno entregó un bono por única vez justo cuando se levantaba la encuesta. Por diseño, el “bono CASEN” -como se le conoce hoy- afectó el ingreso de los hogares más pobres. Para considerar un ingreso mensual representativo, la convención natural es “mensualizar” el bono, dividir su valor por doce. Así se hizo el año 2009 con transferencias de naturaleza similar. La estimación de pobreza de un 14,4% entregada por el gobierno el 2011, no mensualizó el “bono CASEN”, vale decir, los ingresos imputados para algunos hogares pobres están “inflados” por el bono. Aunque la encuesta impide identificar el bono de otras asignaciones sociales, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y CEPAL estiman que al mensualizar el bono, la pobreza estimada es aproximadamente 14,6%.

«Es indudable que el principal responsable de polemizar por semanas sobre un ‘cero estadístico’ es el gobierno. Cuánta energía, tiempo, recursos, confianzas malgastadas, deshonestidad y pobreza intelectual. Por desgracia, es la segunda vez consecutiva que los anuncios de pobreza sacrifican rigor por una agenda comunicacional.»

Otro aspecto que afectó la comparabilidad fue la incorporación de nuevas preguntas que intentan identificar las fuentes de ingreso en mayor detalle. En particular, el 2011 se incorporó la comentada variable “y11” que busca reportar ingresos por trabajos ocasionales. En la encuesta de 2009, esta pregunta no estaba, y aunque se presume que otras preguntas podrían traslaparse parcialmente con la variable “y11”, no hay certeza. Aunque considerar la variable “y11” puede ser apropiado para imputar ingresos más precisos, hay consenso en que incluirla llevaría a reportes de ingreso mayores comparados con el 2009. Por eso, no está claro si era mejor considerar o desechar los ingresos de la variable “y11” para mantener la comparabilidad.

Inicialmente, la CEPAL optó por desecharlo y reportó una cifra de pobreza de 15%, es decir 0,6 puntos mayor que la comunicada por el gobierno. El MDS apeló argumentando que correspondía considerarlos, algo que la CEPAL terminó aceptando.

Si uno considera tanto la mensualización como el criterio original de la CEPAL de ignorar la pregunta “y11” –algo opinable-, la pobreza estimada hubiese sido en torno a 15,2%.

En suma, frente a los problemas de comparabilidad, usando distintos criterios, uno puede estimar un rango de mediciones de la pobreza para el 2011 que van desde el 14,4%, cifra que anunció el gobierno (posiblemente una subestimación), hasta 15,2% (posiblemente una sobrestimación). El gobierno se inclinó por comunicar la estimación más favorable, contra la opinión de algunos de sus propios técnicos. No se informó que había problemas de comparabilidad que podían llevar razonablemente a una estimación de pobreza de hasta un 15,2%.

El segundo aspecto metodológico en cuestión, posiblemente el más relevante, es el margen de error. Las cifras de pobreza reportadas son estimaciones de la “pobreza real”. Tanto el 15,1% de pobreza estimado para el 2009, como la estimación de 2011 –ya sea 14,4% ó 15,2%- tienen un margen de error. Ese error se deriva del hecho que la CASEN es una muestra de la población, no la población. Al mismo tiempo, hay otros errores asociados a encuestadores y a la imputación de ciertas componentes del ingreso, como subsidios que un beneficiario podría no declarar. Vale decir, es posible que un año la muestra encuestada termine siendo algo más pobre o más rica que la población chilena, que los encuestadores o los algoritmos para imputar ingresos tengan errores.

¿Cuán importantes son esos errores? El error muestral asociado a la cifra del año 2009 se estimó en 0,7 puntos porcentuales. Vale decir, la probabilidad de que la pobreza real haya estado entre 14,4% y 15,1%, es alta (e igual a que haya estado entre 15,1% y 15,8%).Para el 2011, según información del MDS, el error muestral sería de a lo menos 0,8 puntos porcentuales. Al considerar la estimación “optimista”de 14,4% que entregó el gobierno, la probabilidad de que la pobreza el 2011 sea entre 14,4% y 15,2% es también alta.

Un cálculo simple muestra que, aún con la subestimación del gobierno, hay una probabilidad razonablemente alta –cerca de un 12%- de que la pobreza real el 2011 haya aumentado. Si consideramos la estimación de un 14,6% que incluye la mensualización del bono, esa probabilidad sube a 20%. Finalmente, la estimación más conservadora de 15,2% -bono CASEN mensualizado e ignorando la pregunta «y11» como lo hiciera CEPAL originalmente- la pobreza aumentó el 2011 con un 57% de probabilidad.

Los problemas de comparabilidad y la estadística con sus intervalos de confianza, muestran que la probabilidad de que la pobreza haya aumentado es importante aún en el escenario más optimista. Los antecedentes presentados por Ministerio de Desarrollo Social y CEPAL no permiten afirmar que la pobreza se redujo con respecto al 2009. La probabilidad de un aumento de la pobreza entre el 2009 y el 2011 podría ser mayor a 50%.

Por primera vez en la historia de la encuesta CASEN, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos mediciones consecutivas de pobreza.

CASEN AL AIRE LIBRE

Es indudable que el principal responsable de polemizar por semanas sobre un “cero estadístico” es el gobierno. Cuánta energía, tiempo, recursos, confianzas malgastadas, deshonestidad y pobreza intelectual. Por desgracia, es la segunda vez consecutiva que los anuncios de pobreza sacrifican rigor por una agenda comunicacional. Pero no es mi intención desviar al lector al plano de la fe pública, sino más bien señalar algunos desafíos pendientes.

Un primer desafío es institucional. Es indispensable evitar que se repita un episodio como este, que ha dañado en forma permanente la credibilidad de un manejo transparente de una encuesta como la CASEN por parte del MDS. Un alza en el precio de los alimentos podría hacer deseable una transferencia al momento en que se levanta la CASEN, pero eso levantará sospechas.

«Más allá del ruido, la CASEN tiene noticias mixtas y algunas preocupantes. Ni la fracción de pobres ni la pobreza infantil cayeron respecto al 2009. Por otra parte, la pobreza extrema cayó en forma estadísticamente significativa».

En muchas democracias avanzadas, las principales encuestas de hogares usadas para evaluar el bienestar y políticas públicas, están a cargo de instituciones académicas de primer nivel o bien oficinas de estadísticas autónomas. No se discuten aspectos metodológicos –comparabilidad, margen de error, imputación de ingresos- con un ministro o subsecretario, quienes probablemente tienen un mejor uso de su tiempo pero, por otra parte, tienen incentivos de corto plazo, como aumentar su popularidad o preparar una elección, que pueden estar conflicto con preservar un instrumento estadístico público.

En el Reino Unido, la BHPS está supervisada por un consejo de cientistas sociales. En Alemania, la encuesta GSOEP está a cargo del Instituto Alemán de Investigación Económica, totalmente independiente del gobierno. En Estados Unidos, la encuesta longitudinal PSID está a cargo de la Universidad de Michigan y otra encuesta de hogares, la CES, depende de un instituto de estadísticas laborales.

Independientemente del rol que juegue la CEPAL en adelante, la CASEN debiese salir de la administración del MDS y pasar a un organismo autónomo o bien estar bajo la supervisión de un consejo directivo externo.

POBREZA RESILENTE Y POLITICA SOCIAL

Sin duda los desafíos más importantes pasan por comprender cómo enfrentar la persistencia de la pobreza. Más allá del ruido, la CASEN tiene noticias mixtas y algunas preocupantes. Ni la fracción de pobres ni la pobreza infantil cayeron respecto del 2009. Por otra parte, la pobreza extrema cayó en forma estadísticamente significativa. Asimismo, la cifra que calcula la CEPAL se basa en una línea de pobreza menor, menos sensible al alza de los precios de los alimentos. Esa cifra cayó de 13,7% a 11,5% el 2009 y a 10,4% el 2011 (aunque esta última cifra adolece de los mismos problemas de comparabilidad: bono sin mensualizar e incluye la pregunta “y11”).

Con excepción de la pobreza extrema, los indicadores asociados a la distribución del ingreso más usuales –pobreza, pobreza infantil, desigualdad- siguen en niveles superiores a los de 2006. Esto, a pesar de un crecimiento del producto per cápita de cerca de 15% real y un aumento del salario mínimo desde el 2006, niveles de empleo que muchos considerarían cercanos al pleno empleo y a una recuperación muy importante del empleo en el segmento más pobre desde 2009. A esto se suma una batería de políticas sociales implementadas desde el gobierno de Lagos que incluyen el plan AUGE, la pensión solidaria y el impulso de las políticas preescolares en el gobierno de Bachelet, más la implementación del ingreso ético familiar, creado durante este gobierno. Es indudable que estas políticas ayudan. Sin la pensión solidaria que se implementó gradualmente a partir de 2009, las cifras de pobreza aumentarían hoy en dos puntos. Buena parte de la baja en pobreza extrema podría deberse al ingreso ético familiar.

«Si la pobreza nos parece inaceptable, ¿tiene sentido incorporar como un derecho garantizado el acceso a consumos básicos?»

Es claro que el aumento de los precios de los alimentos –cerca de un 50% desde 2006- explican parte de la persistencia. Pero eso no es excusa. Un 15% de la población y un 23% de los niños viven en hogares bajo una línea de pobreza no muy exigente. Muchos de ellos monoparentales y con madres jefas de hogar con serias dificultades para insertarse en el mercado laboral, otros perciben salarios muy bajos. Hay que mirar esta realidad sin filtros y preguntarse sobre la eficacia de las políticas sociales en superar la pobreza y la desigualdad.

*¿Qué mecanismos que actúen sistemáticamente cuando suben los alimentos hay que introducir?

*¿Es necesario pensar en mayores transferencias por niño para reducir carencias básicas en etapas que marcan brechas permanentes en el desarrollo?

*¿Cómo mejorar la empleabilidad de personas en estratos bajos?

*¿Es posible una mejoraría sustancial de los salarios y la calidad de los empleos de los más vulnerables?

*¿Cuándo pensar en comunidades o soluciones territoriales?

*¿Necesitamos soluciones holística o podemos seguir con programas compartamentalizados?

*Si la pobreza nos parece inaceptable, ¿tiene sentido incorporar como un derecho garantizado el acceso a consumos básicos?

Estas y otras preguntas sin respuesta son demasiado grandes para seguir tolerando cálculos menores.