Violencia policial en Chile: ¿Denuncias “al voleo”?
27.08.2012
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27.08.2012
Algunos altos mandos de Carabineros han señalado que las denuncias de abusos o violencia policial son acusaciones “al voleo”, que las críticas al actuar de Carabineros se han transformado en un “deporte nacional”.
Sin embargo, la revisión de la actividad de organismos públicos y privados en relación a las causas por violencia policial (violencia innecesaria, detenciones ilegales u otros delitos), muestran lo contrario. En efecto, más que denuncias “al voleo”, se trata de relatos plausibles que dan cuenta de un problema que está en la agenda pública y que debe ser enfrentado. La Brigada de Investigación de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI ha tenido un notable aumento en su carga de trabajo; las Fiscalías Militares y la Corte Marcial registran un aumento en el número de causas tramitadas por este tipo de delitos; la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo han señalado; y las organizaciones de la sociedad civil han registrado este aumento a través de diversos informes.
Además, debemos considerar el hecho de que es muy poco probable obtener una sentencia condenatoria por casos de abuso policial en la justicia militar. Como sabemos, este procedimiento adolece de vicios que infringen el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la violencia policial. Esta probabilidad es aún más baja en el contexto de una investigación interna en Carabineros.
Puede que el aumento se deba a la gran cantidad de manifestaciones, pero ello no es argumento para sostener que los abusos no requieren una respuesta estatal. Más aún, a partir de las denuncias, de los informes realizados, o de una breve pasada por el portal de videos youtube.com, es posible inferir una serie de patrones constitutivos de violencia policial: entre otros, largas horas de detención; inoperancia en la elaboración del parte policial; “paseos” en los buses institucionales; “redadas” masivas constitutivas de detenciones ilegales, lo que se infiere por la baja cantidad de detenidos formalizados y en definitiva condenados; uso irracional y desproporcionado de gases lacrimógenos; disparo horizontal de balines desde escopetas antidisturbios; simultaneidad y no progresividad en el uso de medios disuasivos; irregularidades en el procedimiento de constatación de lesiones; y, como se ha conocido últimamente, situaciones de “violencia sexual policial”, como los casos de desnudez forzada o insinuaciones sexuales, en abierta contradicción con los propios protocolos internos.
Antes que atribuir intencionalidad a los funcionarios de Carabineros o a una estrategia concertada del alto mando, creo que estos problemas se remiten a otras causas: falta de entrenamiento y preparación en el control del orden público; déficit de inteligencia policial que permita distinguir entre delincuentes y legítimos manifestantes; extenuantes jornadas y defectos en la coordinación de los turnos; o falta de modernización de los protocolos policiales de acuerdo con los estándares internacionales. Todo ello, acompañado de una deficiente regulación de la protesta a nivel infra legal y de manera contraria a la Constitución y a las obligaciones internacionales de Chile.
Es casi un consenso entre algunos expertos (entre otros, Patricio Tudela, Claudio Fuentes y Fernando Martínez) que la cultura policial es de carácter “autárquico”, no dispuesta al escrutinio de la sociedad civil. Más aún, podría decirse que Carabineros es uno de los legados escondidos del pasado del Chile autoritario. Es justamente aquello lo que está en entredicho actualmente: como nunca, nos jugamos la posibilidad de una gran reforma policial, pendiente desde el retorno a la democracia. Como Carabineros, ellos son nuestros compatriotas; y como ciudadanos, son titulares de los mismos derechos que nosotros. La alta cifra de Carabineros heridos puede ser no solamente el producto de la violencia social, cuestión común en sociedades estructuralmente desiguales como la nuestra; antes bien, puede ser el resultado de la inoperancia e ineficiencia de la policía en el resguardo del orden público.
Por ello, la autoridad política debe generar una respuesta inteligente que, respetuosa de la dignidad de las personas, asuma la necesidad de una reforma radical de los criterios con los que utilizamos la fuerza estatal en contra de nuestra comunidad.