Pobladores se oponen a construcción de cárcel concesionada en la localidad de Santa Clara

Somos vecinos de la localidad de Santa Clara, ubicada a 10 kilómetros de Bulnes, en la Octava Región. En nuestro pueblo viven alrededor de 1.800 habitantes. Es un sector tranquilo, destinado a la producción agrícola y a la vida familiar. Les escribimos porque la comunidad en pleno se siente amenazada, ya que el gobierno quiere construir, a un kilómetro de nuestras casas, un centro penitenciario para 2.400 reos (en una primera etapa). Con esto obviamente se producirán múltiples consecuencias: familias con el objetivo de instalarse y radicarse en nuestro sector. Existirá una población flotante que nos superará en cantidad de habitantes y el riesgo es que se verán amenazadas nuestras costumbres provincianas.

Nos quieren destruir la tranquilidad y seguridad de nuestras familias con un proyecto de cárcel provincial (150 a 170 hectáreas), que remplazaría a las cárceles de Chillán y Los Ángeles. Cabe mencionar que la primera resultó con daños luego del terremoto.

Esta acción podría traer delincuencia, así también problemas de drogadicción, a nuestra zona. Queremos evitar lo que ocurrió en el centro de Chillán, donde los vecinos de la cárcel protestaron por el incendio y la destrucción de las casas colindantes, debido a la fuga masiva de internos en la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Desde a mediados de junio se filtró la información en nuestra comunidad y nos hemos manifestado. Así surgió la formación de una mesa de diálogo: “No a la cárcel en Santa Clara”. Además de reuniones, se han realizado caravanas, cacerolazos y cortes de la Ruta 5 Sur en tres oportunidades, para detener la imposición sin consulta ciudadana del nuevo proyecto de mega cárcel concesionada. (Vea video de las protestas de los pobladores de Santa Clara).

Tenemos miedo de que llegue gente ajena a la región y esto el gobierno no lo entiende. Hasta julio la instalación del proyecto carcelario era una realidad, según expresó el seremi de Justicia, señor Roberto Coloma, pero sin definición de la posible ubicación.

Se creó un ambiente de alerta aquí entre los pobladores. Formamos un movimiento ciudadano, muy sano y sin sesgo político de ningún tipo. El fin de semana del 21 de julio nos reunimos con parlamentarios del distrito 42, para que nos ayudaran a definir acciones en contra de la construcción del recinto penal. Fuimos apoyados y el diputado Frank Sauerbaum (RN) nos dijo que estaban en conversaciones con el gobierno para evitar este proyecto entre la comuna de Santa Clara y Pemuco. Al igual que el sentir nuestro, el diputado indicó que la ubicación de este centro atenta contra la tranquilidad de los habitantes.

Tras nuestras insistencias, esta semana en las noticias regionales se ha dicho que el Ministerio de Justicia desistió de la idea de construir el centro penal en la región. Sin embargo, en la mesa de diálogo y en la comunidad, se desconfía de estos argumentos sin pruebas. No creemos estos dichos poco claros e informales. Sospechamos que solamente lo hacen para bajar el perfil del ambiente que se vive aquí.

El diputado Sauerbaum (RN) informó que la cárcel ya no se construirá en Santa Clara, debido a que Gendarmería habría señalado que el índice de hacinamiento penal no supera el 8% en la Provincia de Ñuble.

No obstante, si la información dada por el diputado es certera, ¿cómo se explica que una localidad tan pequeña esté constantemente “resguarda” por un contingente policial excesivo? ¿No sería mejor que los carabineros fueran a resguardar el orden donde realmente se necesite? A pesar de esto, nosotros buscamos que se pronuncie el ministro de Justicia o el presidente Sebastián Piñera de una manera formal y decisiva, ya que ellos son los que toman la decisión final.

Los habitantes de Santa Clara consideramos que se han mostrado estas noticias como una estrategia política para evitar riesgos de manifestaciones pacíficas el 20 de agosto, en el desfile de conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins.

Ayer, 9 de agosto, nos reunimos en la mesa de diálogo con los alcaldes de la comuna de Pemuco y Bulnes, y con el diputado Jorge Sabag (DC), en representación de los parlamentarios del distrito 42.  El objetivo fue firmar una carta dirigida al ministro de Justicia para obtener una respuesta concreta sobre la instalación. El ministro recibirá este documento el próximo lunes 13 de agosto, por lo tanto, los vecinos esperamos que el gobierno se pronuncie con un documento oficial de desistimiento. Los pobladores hemos decidido que si hasta el 21 de agosto no hay una respuesta clara, seguiremos manifestándonos.