El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran

“Esta Comisión Investigadora ha podido determinar que la propiedad sobre las instituciones de educación privada, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha sido fuente de atracción de inversiones de grupos económicos, a tal punto que hoy se transan en el mercado bursátil, lo que sin lugar a dudas configura la existencia de lucro”.

Así reza el informe reciente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Educación Superior. Así de tajante y clara es la situación: durante décadas en nuestro país se ha violado la ley sistemáticamente, persiguiendo lucro donde está prohibido, y el mecanismo mencionado en la cita es solo una de varias estrategias empleadas.

Frente a esto me parece que quedan abiertas tres preguntas muy importantes para entender este último round entre el gobierno y el movimiento estudiantil (que ahora cuenta con el apoyo del
Poder Legislativo): ¿Por qué no debería haber lucro? ¿Quién es el responsable de que la normativa vigente no se haya cumplido? Y ¿qué hacemos ahora?

El debate en torno al lucro en la educación ha tenido larga trayectoria y se ha abordado desde varias aristas. Como punto inicial bastará confirmar que en educación escolar un sistema como el nuestro, con establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro y financiamiento compartido, es único en el mundo. Su arista más grave es que genera un sistema profundamente segregado, con estudiantes de primera, segunda y enésima categoría amparados por una legislación absolutamente permisiva y con un deterioro progresivo de nuestro sistema público.

En educación superior tenemos más ejemplos similares en el mundo con los que compararnos. Esquemas de educación particular superior con fines de lucro no son extraños en el mundo. Sin embargo, lo que sí es extraño es el peso que tiene el sector privado y el financiamiento considerable que recibe desde el Estado.

La idea de los defensores del lucro es que, al igual que en el mercado de los zapatos o de cualquier otro bien, la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado. Pero, sin gran sorpresa se puede afirmar esto, la educación no es un zapato. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.

Es imposible regular los incentivos de tantas entidades diferentes buscando el beneficio personal y empleando cada recurso imaginable para maximizar lo que cobran y reducir los costos de lo que entregan. No es ninguna sorpresa que entre las 100 mejores universidades no haya ni una sola con fines de lucro. Lo sorprendente sería que existiera tal universidad. El proceso educacional integral tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, no se puede estandarizar como si fuera una zapatilla. La educación que va más allá de un mero adiestramiento, no es un bien de consumo.

Cuando se plantea la necesidad de un sistema de educación público y la incompatibilidad de este con el lucro es porque se entiende que las instituciones de formación cumplen un rol público. Rol que requiere de la consonancia entre los objetivos de la institución y de la sociedad. Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión. Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta: si el efecto nefasto del lucro está tan aceptado ¿por qué nada se ha hecho para resolver esta situación?

Al respecto, las sentencias del ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la comisión son esclarecedoras: “No es casualidad que ningún ministro de Educación –incluyo ambas coaliciones- haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia…Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio –algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”

“Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice”

La situación es clarísima. Tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda” frente a quienes violan sistemáticamente la ley. De hecho, hemos visto ya a la luz pública, a varios miembros del gobierno actual y de gobiernos anteriores involucrados en esta transgresión. Sin embargo, queda absolutamente patente que una superintendencia, como se ha planteado en el último proyecto presentado por el gobierno, sería completamente impotente frente a los subterfugios empleados. Ya lo han dicho el director del CEP y el Contralor General de la República. Lo fundamental es legislar de manera contundente para que quienes lucren en las universidades y quienes lo hagan con fondos públicos en el resto del sistema educacional, tengan penas suficientes para que no siga siendo un negocio. Las penas estipuladas en el proyecto actual con suerte llegan a ser simbólicas y no permiten evitar las estrategias contables para ocultar el lucro.

Por último, quedan los miles de estudiantes que acuden a estos cuestionados establecimientos. ¿Cómo se hace cargo el Estado de una responsabilidad que ha abandonado notoriamente? Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, más del 40% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir la promoción social y económica, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.

Por lo tanto, el primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.

“Los dueños las instituciones que han lucrado tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro”.

Por último, el Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice. Los dueños de estas instituciones tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro. Estos recursos deberían emplearse en reubicar a los estudiantes en instituciones que cumplan la ley o renovar las instituciones asegurando que los nuevos controladores efectivamente sean organizaciones sin fines de lucro. Incluso a quienes ya se han graduado de estos establecimientos se les debiese garantizar la oportunidad de continuar con sus estudios para recuperar sus rentabilidades negativas o indemnizarles por sus pérdidas.

La solución es difícil y requerirá de grandes esfuerzos por parte de todos. La irresponsabilidad de quienes diseñaron e implementaron este modelo ha traído un nivel tal de injusticia que hace necesario plantear transformaciones de fondo y un gran proyecto nacional para subsanar estas falencias. Existen ejemplos de casos similares en el mundo. Evidentemente la solución no vendrá de la noche a la mañana y, de hecho, tomará varios años. Recordemos que tomó 30 años instalarlo.

“Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión”

Esperamos que el informe de la comisión investigadora y la denuncia en fiscalía, frente a la cual ya se ha comprometido un fiscal especial, permitan avanzar en esta dirección y romper con aquellos que han sentenciado la imposibilidad de recuperar nuestro sistema educacional. Como lo afirmó el propio Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC: “¿por qué hoy no ha habido ningún recurso en tribunales, si es que hay alguna institución que esté faltando a la ley de manera tan evidente, como se dice en todas partes? Porque las Universidades son todas instituciones organizadas, sin fines de lucro y, por lo tanto, no existe una evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a aquella institución que está faltando a la ley, o que el ministerio tome iniciativa al respecto”. Bueno, la denuncia está. Es hora de actuar.