¿No sería bueno que las empresas empezaran a pagar impuestos?

Ver columnas anteriores:
–«Cómo la reforma de Piñera profundizará los problemas de justicia y no recaudará más impuestos».
–«Por qué no basta con subir los impuestos a las empresas».
–La falsa idea de que eludir tributos es legítimo.
–Cómo se manejan las cifras para hacernos creer que la carga tributaria es alta.
–En Chile los pobres financian la agenda social de los pobres: ¿Es justo?.
–El error de creer que el impuesto es un robo o es una multa al rico por ser rico.

Ver Glosario de términos tributarios

Como hemos visto en columnas anteriores, en Chile las empresas no pagan impuestos, sino que sólo adelantan los tributos de sus dueños. Tanto es así que incluso en las estadísticas de la OCDE, Chile no tiene impuestos a la renta de las empresas (“taxes on corporate income”), honor que compartimos con México.

La posibilidad de establecer un impuesto a las empresas que esté fundado en la idea de capacidad contributiva encuentra resistencia en los lugares comunes en que se fundan las dos posiciones desde las que actualmente se discute esta materia. En esta columna revisaremos esos tópicos: en primer lugar, los dos lugares comunes que se repiten con mayor frecuencia por la derecha (y el gobierno) cuando defienden una visión puramente eficientista de los impuestos; y en segundo lugar, la propuesta de la ‘comisión técnica de la oposición’, que también descansa en una comprensión puramente económica, solo que a la inversa de la derecha: en vez de entender los impuestos como un precio o un robo del fisco, los entiende como una sanción.

«Perfeccionar» el sistema neoliberal.

Los problemas del sistema tributario chileno son múltiples. Pero quizás el más evidente para quienes entienden los tributos sólo en su dimensión económica es que el sistema de impuesto a la renta vigente en Chile no es “neutro”. Esto quiere decir que influye en las decisiones de trabajo de las personas porque existe un claro “incentivo” para adoptar formas jurídicas que permiten tributar menos. En otras palabras, hoy en Chile usted puede pagar menos impuestos si es trabajador independiente o PYME y deja de ser empleado. El sistema además asegura que en caso que usted adopte una de estas formas jurídicas podrá “suspender” (diferir) su tributación mientras no retire o distribuya esas utilidades (el sistema de crédito del impuesto de primera categoría fue explicado en detalle en la segunda columna de esta serie).

Este régimen explica en gran parte la desigualdad de nuestro país. Por una parte algunas personas pueden “decidir” cuánto impuesto y en qué momento pagar y otras no. Pero además, el sistema del impuesto a la renta vigente en Chile, permite acumular capital en las empresas después de adelantar el impuesto de primera categoría (un impuesto proporcional, hoy de 18.5%, que se aplica independientemente de si la utilidad fue de 1 millón o de mil millones, no como el impuesto que pagan las personas, que es progresivo, es decir, aumenta la tasa cuando aumenta la renta). A esto hay que sumar que la práctica tributaria chilena permite transmitir este privilegio de generación en generación al no crear mecanismos que hagan efectivo el pago del escuálido impuesto a las herencias vigente (y lo que es peor toda la clase política sugiere –en los hechos– eliminar lo poco que tenemos).

Para el gobierno, según ha confirmado el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la solución está en perfeccionar el sistema neoliberal vigente. Puesto que desde la perspectiva del gobierno todo es interpretado en el lenguaje de “incentivos” y los impuestos son sólo un instrumento de “recaudación”, la solución es evidente: igualar la tasa de tributación de las empresas y de las personas. De esta forma no existiría “incentivo” alguno para que una persona que pudiendo ser empleado forme una sociedad con su familia (con el objeto de pagar menos impuestos) y se transforme en el “Emprendedor” de uno de nuestros ejemplos.

Y claro, si uno piensa que no hay diferencia en cómo las personas hacen las cosas porque en ambos casos el impuesto es el mismo “costo”, esto parece que podría resultar. Pero, y esto es importante, ya sabemos que la combinación entre el impuesto de primera categoría y el global complementario en Chile es explosiva: permite que las personas paguen menos impuestos de los que deberían. Y si el gobierno insiste en bajar la tasa máxima de los impuestos personales, la recaudación será menor, y los únicos que se beneficiarán serán los que más ganan porque ahora tendrán que pagar menos impuestos.

“La actividad económica y la generación de riqueza no son males que haya que sancionar o desincentivar. Por el contrario, se trata de que el producto de esas actividades beneficie a todos y que todos los que quieran participar de esas actividades lo puedan hacer. Estos fines sólo se lograrán si todos contribuyen conforme a su capacidad.”

La oposición, en cambio, interpreta el asunto de otra forma: puesto que uno de los problemas del sistema tributario es su excesiva inclinación a generar condiciones favorables a quienes desarrollen actividades empresariales, la solución es “sancionarlos”. Interesada en aumentar la recaudación, la oposición parece creer que esto se puede lograr si se termina -sin discrimina ción- con todo tipo de diferencia en la tributación entre las sociedades y sus dueños, lo que implica, en su propuesta, que los dueños de las empresas paguen impuestos sobre base devengada. Esto quiere decir que los empresarios paguen impuestos por las utilidades que obtuvieron sus compañías sobre las que tienen un derecho, no por las utilidades que ellos retiraron, como ocurre ahora.

Tanto la forma en que el Gobierno plantea el tema como aquella que lo hace la oposición deja de lado lo central: cómo institucionalizar la obligación de contribuir que debería recaer en las empresas. Y esto ocurre porque la idea de hacer que las empresas tributen choca con dos lugares comunes fuertemente arraigados en el debate pero completamente falsos.

1. La falsa idea de la doble tributación.

Uno de los argumentos que se repite es que ciertos impuestos implicarían una “doble tributación”. Así se argumenta, por ejemplo, en contra del impuesto a las herencias (lo que es un error porque en Chile el impuesto se aplica sobre lo que recibe el heredero, quien nunca ha pagado impuestos por lo que recibe). Pero también se argumenta respecto del impuesto a las empresas. Se dice: “si la empresa ha pagado impuestos por sus utilidades, ¿por qué que el accionista o socio debe volver a pagar por esa distribución?”. Así, se sostiene, tal como lo hiciera un lector de estas columnas, que poner un impuesto a las empresas sería injusto porque en esos casos se pagaría “impuesto dos veces por la misma plata”.

La razón económica en que este argumento aparenta sostenerse es que entre el impuesto que paga la empresa y el que paga el dueño, no se ha creado una nueva “riqueza” y por lo tanto no corresponde un nuevo impuesto. Lo cierto es que esta afirmación sólo tiene sentido cuando uno se pregunta ¿para quién no se ha creado una nueva riqueza? ¿No son acaso, la empresa y su dueño, personas distintas? La respuesta la sabemos todos: las “empresas” son para efectos jurídicos distintas que sus dueños. La posibilidad de hacer esta distinción entre los dueños (las personas naturales) y las personas jurídicas es una de las condiciones que explican la evolución del comercio y la actividad de mercado. Sin esta independencia jurídica habría confusión en la determinación de la responsabilidad jurídica y económica, aumentarían los riesgos económicos y la desconfianza entre los actores del mercado, en definitiva el comercio se haría casi imposible.

“A estas alturas está claro que la “reforma” que se viene no es sino el perfeccionamiento del sistema neoliberal: disminuir más y más la contribución que ha de hacerse para financiar los fines comunes (públicos)”.

Por otra parte, si fuera «la misma plata» la que es obligada a tributar dos veces, ¿no podría alegar doble tributación el empleado, al que se le paga con el dinero por el que la empresa ya tributó y de igual manera se les descuenta el impuesto por planilla? Y una vez que el empleado paga su impuesto, ¿no se debería considerar triple tributación el IVA que pagan a diario y puntualmente todos los chilenos, cuando compran con el dinero que le entregó su empresa (la cual pagó el impuesto de primera categoría) y por el cual el mismo chileno ya pagó el impuesto de segunda categoría?

El punto es que la “doble tributación” económica es, en realidad, irrelevante como un problema de justicia. En un sistema tributario en que existen varios impuestos que buscan dar cuenta de la capacidad contributiva de las personas, para ver qué tan justo es el sistema, se deben evaluar en conjunto todos los impuestos. Bajo la etiqueta “doble tributación” lo que realmente se debiera evitar es otro problema: el abuso de autoridad de quien tiene la potestad de cobrar impuestos. La “doble tributación” es un problema cuando a una persona la obligan a pagar impuestos dos veces a pesar de haber cumplido con su obligación. Vale decir, cuando se trata de un cobro arbitrario o abusivo.

Por otra parte, el falso argumento de la “doble tributación” esconde otra idea: la de que los impuestos son un costo más de las empresas. Esto implica que a mayor impuesto, menor retorno económico y menos “incentivos” para invertir. De ese modo quienes buscan evitar que las empresas estén obligadas a pagar un impuesto lo que quieren es asegurar una situación de privilegio: beneficios sin obligaciones. Hoy además, y gracias al sistema tributario, las grandes empresas tienen más beneficios: ¡ya no tienen empleados! Sólo tienen pequeñas empresas que colaboran con ellos. Así ya ni siquiera tienen obligaciones laborales con sus empleados.

No hace falta ser un lince para ver que el falso argumento de la doble tributación es, en realidad, otro ejemplo más de cómo al cambiar nuestras condiciones de vida y nuestras relaciones sociales, se ha tratado de cambiar nuestras ideas, opiniones y conceptos.

2. El falso argumento del financiamiento de las empresas

“Hoy en Chile usted puede pagar menos impuestos si es trabajador independiente o PYME y deja de ser empleado. El sistema además asegura que en caso que usted adopte una de estas formas jurídicas podrá “suspender” (diferir) su tributación mientras no retire o distribuya esas utilidades”.

Uno de los argumentos de la ortodoxia económica para mantener el sistema vigente es que permite a las PYME financiarse sin créditos. Aquí ni siquiera se dan falsos argumentos de justicia, sino sólo este argumento financiero.

Pero creer que la única forma de asegurar financiamiento para las PYME es que estas no paguen impuestos no puede sino ser falta de imaginación. Con el mismo razonamiento que la ortodoxia económica da cuando se trata del bienestar de los más pobres: ¿por qué no crear “subsidios focalizados” a las empresas que realmente quieran innovar?

No veo razones de justicia ni económicas que en nuestras circunstancias actuales justifiquen este beneficio.

3. La propuesta de la oposición: el error de ver el impuesto a las empresas como multa.

La propuesta que dio a conocer la semana pasada la ‘comisión técnica de la oposición’ tiene un diagnóstico acertado en cuanto a los problemas que existen en el sistema del impuesto a la renta. Pero el remedio que ofrece puede terminar por matar al enfermo.

Para la Concertación la madre de todas las batallas, o una de las más importantes al menos, se da en términos del Fondo de Utilidades Tributarias, el cada vez más famoso FUT, un registro contable de las utilidades que no han sido retiradas de la sociedad por sus dueños y por las que deberían pagar impuestos en el momento en que las retiren. Al mismo tiempo, el FUT es un registro de los impuestos pagados por las empresas y que sus dueños descontarán como crédito de sus propias declaraciones.

Para asegurarse que las sociedades tributen el documento de la oposición propone que los dueños de las sociedades paguen impuestos cuando estas sociedades generen utilidades tributarias (lo que técnicamente se llama tributar sobre base devengada); pues hoy tributan sobre lo que retiran (sobre base percibida).

Pero hacer ese cambio evidentemente traerá problemas administrativos y podría dificultar en exceso, en las condiciones que existen hoy, la actividad económica. En el caso de las sociedades anónimas esto es evidente porque el cobro sobre base devengada haría excesivamente difícil tener un mercado de capitales. Así, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas cuyas acciones se transan en bolsa tendrían que ser capaces de determinar la tasa del impuesto progresivo que corresponde a cada uno de los accionistas. O si las mismas sociedades anónimas no distribuyen dividendos, los accionistas tendrían que pagar de todas formas sus impuestos personales.

“No hace falta ser un lince para ver que el falso argumento de la doble tributación es, en realidad, otro ejemplo más de cómo al cambiar nuestras condiciones de vida y nuestras relaciones sociales, se ha tratado de cambiar nuestras ideas, opiniones y conceptos”.

Más allá de esos problemas administrativos está el hecho de que la propuesta entiende los impuestos como multas. Lo errado de esto es que la actividad económica y la generación de riqueza no son males que haya que sancionar o desincentivar. Por el contrario, se trata de que el producto de esas actividades beneficie a todos y que todos los que quieran participar de esas actividades lo puedan hacer. Estos fines sólo se lograrán si todos contribuyen conforme a su capacidad.

La solución se encuentra en crear un impuesto a la renta de las empresas capaz de expresar su capacidad contributiva. Existen diversas alternativas en el derecho comparado y sería bueno pensar en una alternativa que se ajuste a nuestra realidad. Una primera medida, necesaria y urgente, es eliminar el crédito por el impuesto de primera categoría pagado por las empresas que favorece a las personas. Esta es una de las formas en que tanto las empresas como sus dueños tributarían conforme a su capacidad.

Muy lejos de eso, el gobierno de Sebastián Piñera busca equiparar la tributación entre las personas y las empresas pero disminuyendo las tasas. (Todo lo que se gane aumentando el impuesto a las empresas al 20% se moderará con la baja de los tramos que se ha anunciado al impuesto a las personas). Si lo que se quiere es aumentar la recaudación y equiparar a personas y empresas, ¿por qué no mejor igualarlos “hacia arriba” manteniendo las tasas progresivas de las personas y aplicarlas a las empresas?

A estas alturas está claro que la “reforma” que se viene no es sino el perfeccionamiento del sistema neoliberal: disminuir más y más la contribución que ha de hacerse para financiar los fines comunes (públicos).

En esa línea hay que entender las últimas declaraciones del ministro Larraín quien anunció que se dará un crédito tributario por el “gasto” en educación. Esto significa que no existe tal cosa como “la educación pública” sino sólo “la educación como inversión privada”. Para quienes gobiernan hoy, la educación ya no es un bien que se busca distribuir de la forma más adecuada posible entre la población, sino de una inversión para usted (o sus hijos). Y el responsable del éxito o fracaso de esa inversión es usted que puede costear mejores o peores servicios. La idea de descontar los gastos de educación como un crédito contra los impuestos personales no es sino confirmación de esta política que poco tiene de “compromiso con una educación pública” tal como hemos visto.

No creo, luego de ver la propuesta de la oposición o de los parlamentarios de oposición que están de acuerdo en «aliviar la carga de la clase media», que hoy se entienda allí la gravedad de una propuesta como la de Larraín.