Labbé, el Carmela y el sin sentido de una expulsión

“Frecuentemente estrechamos nuestra visión de la educación y la restringimos a la comunicación de conocimientos. Esto es importante, pero también lo es que enseñe a honrar los compromisos y a convivir con otros”.

El Liceo Carmela Carvajal de la comuna de Providencia negó la matrícula 2012 a nueve estudiantes por haber participado en actos ligados a las movilizaciones estudiantiles del 2011. Las estudiantes presentaron un recurso de protección a la justicia para defender sus derechos. El pasado 11 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago en un dictamen clarísimo determinó el reintegro inmediato de las alumnas a las actividades educacionales. El fallo es categórico en su examen del hecho y en su resolución. Califica lo obrado por el liceo como desproporcionado y arbitrario; como represalia por una opinión política y por participar en actos que, para los jueces, caben dentro del ejercicio propio de la democracia. Pese al fallo la directora del Liceo comunica a las estudiantes y sus familias que, por orden de la Corporación Municipal (cuyo presidente es el alcalde Labbé), no se iba a respetar el fallo e iban a apelar a la Corte Suprema.

Este hecho da para muchas consideraciones desde el punto de vista del derecho de las estudiantes ¿el recurrir a la Suprema exime al colegio y al municipio de cumplir el dictamen actual, máxime cuando esperar la tramitación del nuevo recurso puede significar para las estudiantes perder el año escolar? Sin embargo, en lo que sigue quisiéramos detenernos en un par de reflexiones de carácter educativo, para sopesar el compromiso pedagógico que liga a un establecimiento con sus estudiantes y para subrayar la responsabilidad que les cabe a las escuelas y liceos en la educación para el ejercicio de una ciudadanía democrática.

“Por ser el lugar del ingreso al mundo social, el establecimiento educacional es la gran herramienta que la sociedad se da para educar en la coexistencia ciudadana. (Por ello) si queremos una sociedad democrática de derechos y no de privilegios, los derechos deben ser cultivados y respetados en los establecimientos educacionales”.

Retrocedamos en el tiempo hasta el momento en el cual ellas ingresaron al Liceo Carmela Carvajal y preguntémonos qué compromiso asume un establecimiento educacional cuando matricula a un estudiante.

Este compromiso posee al menos dos aspectos que cabe destacar, a la luz de los hechos en comento.

En primer lugar, es un compromiso pedagógico con el/la estudiante y su familia, en el cual el establecimiento se obliga a acompañar a ese niño, niña, joven en su proceso de crecimiento y educación. Es posible mirar este acto como una acción análoga a la de una pareja que tiene un hijo: siempre esperará lo mejor de ese niño, pero es parte del juego de la vida el que esa nueva persona podrá mostrar, en el desarrollo de su existencia, cosas que no les gustarán, pero que – como padres – están dispuestos a aceptar. Un hijo no deja de ser tal cuando se enferma. No lo echamos de la casa cuando nos falta el respeto o cuando no piensa como nosotros. Vemos más bien estos conflictos como oportunidades para acompañarlo en su crecimiento y educarlo. Analógicamente, un liceo, al aceptar una nueva alumna, accede a hacerse parte de su crecimiento. No puede saber a ciencia cierta cuál será la evolución de esa estudiante. Si será sumisa o rebelde; industriosa o haragana y así por delante. Pero pese a esta inevitable ignorancia sobre el futuro, el establecimiento la admite como alguien en formación y la admite como es, con sus cualidades y sus inevitables limitaciones. Siempre será un fracaso para un liceo el que una estudiante se vaya. La expulsión, desde el punto de vista pedagógico, aparece como una medida contradictoria, que desdeña y quiebra el compromiso que se asumió con ese/esa estudiante en el momento del ingreso. En vez de aprovechar los eventuales tropiezos de algunos, para fortalecer la educación que se entrega, se opta por dejarlos en el camino. En vez de trabajar los disensos como oportunidad de profundización y diálogo, se pretende educar en el silencio.

“Un liceo, al momento de incorporar a un nuevo estudiante le está haciendo una promesa cívica. Le está diciendo que al incorporarse deja el ambiente “privado” de la familia y se agrega al espacio “publico” y le promete que ese espacio será respetuoso de las personas y de la democracia; más aún, le informa que un aspecto substancial de su educación integral será aprender a convivir en la sociedad”.

Segundo: una escuela o un liceo, al momento de incorporar a un nuevo estudiante, le está haciendo una segunda promesa cívica. Le está diciendo que él (o ella) al incorporarse a la escuela o al liceo deja el ambiente “privado” de la familia y se agrega al espacio “publico” y le promete que ese espacio será respetuoso de las personas y de la democracia; más aún, le informa que un aspecto substancial de su educación integral será aprender a convivir en la sociedad. En efecto, por ser el lugar del ingreso al mundo social, vivir y convivir en un establecimiento educacional es la gran herramienta que la sociedad se da para educar en la coexistencia ciudadana. Las relaciones sociales que se establecen en la escuela inevitablemente anticipan y plasman las relaciones que prevalecerán en la sociedad. Si queremos una sociedad democrática de derechos y no de privilegios; los derechos deben ser cultivados y respetados en los establecimientos educacionales. Si aspiramos a una sociedad deliberativa en la que el diálogo ciudadano sea la base en la que se resuelven los conflictos y se preparan los acuerdos; nuestras escuelas y liceos deben abrir permanentemente espacios de conversación para llegar a arreglos colectivos.

Frecuentemente estrechamos nuestra visión de educación y la restringimos a la comunicación de conocimientos. Esto es importante, pero también lo es que enseñe a honrar los compromisos y a convivir con otros.