¡Échale la culpa a las protestas!

En agosto de 2011, el índice de Paz Ciudadana sobre percepción de victimización de la delincuencia mostraba un aumento en las cifras. El Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, haciendo gala de una falta de autocrítica que ya no es sorpresa, culpaba a las protestas y a los medios de comunicación. Estos últimos, señaló entonces, se encargan de mostrar día tras día una cantidad de delincuencia “realmente impresionante” que, sin duda, hace mella en la población encuestada (El Mostrador, 3 de agosto de 2011). Las protestas, por su parte, habían contribuido—imaginaba—a elevar los índices de delincuencia, tanto así, que aventuró, sin mirar con detención las cifras, que los delitos han tenido sus peaks en momentos que “coinciden con el período de los pingüinos del año 2006 y del año 2011” (El Mostrador, 3 de agosto de 2011).

En una columna publicada en CIPER mostré, junto con destacar el silencio de Espina —otrora siempre atento a escrutar estas encuestas— cómo las percepciones del Ministro estaban equivocadas.

En abril de 2012 el escenario es casi idéntico. De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2011, el porcentaje de personas que cree que la delincuencia aumentó, se elevó en comparación a 2010. Para el Ministro del Interior las causas de dicho aumento son claras (y no pasan por responsabilidad del Gobierno): los medios de comunicación y las protestas, otra vez.

“El Gobierno recurre a los medios dóciles para transmitir sus impresiones y conjeturas, solo con la intención de allanar el camino a las reformas en materia de orden público que buscan, como se conoce, restringir el derecho a la protesta de la ciudadanía”

Sobre los primeros, afirmó que, “la televisión, tuvo una altísima difusión de la delincuencia y el vandalismo, pero al hacerlo lo efectúa sin lograr un apropiado sentido de la proporción. La cifra de victimización que ha mostrado la encuesta es una cifra que, por decirlo de algún modo, hace justicia con el ambiente que se creó en el país” (El Mostrador, 7 de abril de 2012).

Sobre lo segundo dijo, “a partir del segundo semestre, se ha pretendido instalar la idea de que el gobierno no estaba alcanzando su meta en materia de delincuencia. Quizá por el ambiente de gran alboroto que se observó producto del inusitado número de movilizaciones y los desórdenes y vandalismo que en varias ocasiones se produjo” (El Mostrador, 7 de abril de 2012).

En su editorial del día 10 de abril el diario La Tercera hizo eco de los reclamos del Ministro. Aunque guardando estratégico silencio sobre el rol de los medios de comunicación, afirmó que explicar el aumento de la percepción a partir de las manifestaciones públicas resulta plausible. Espina, por su parte, continúa callado.

¿Se trata de una explicación plausible? Hay razones para no creerlo así. Primero, la misma editorial destaca que la región donde se alcanza el mayor nivel de victimización es la de Tarapacá, zona que está lejos de destacarse como epicentro de las protestas y donde, dicho sea de paso, la percepción disminuyó en comparación a 2010. Se podría replicar que las protestas son un fenómeno nacional y no exclusivo de algunas regiones. Pero ello no explica, sin embargo, el por qué en siete de las 15 regiones del país, el nivel de percepción bajó en comparación a 2010 (y que solo cuatro regiones estén sobre el índice de percepción de 2011).

Segundo, la encuesta pregunta por la victimización referida a robos y hurtos en hogares y autos, más específicamente, pregunta si acaso algún miembro de los hogares encuestados fue objeto de algún delito al respecto. Desde luego que las alteraciones al orden público, con algunas de las cuales hay que saber vivir en una democracia, están lejos de calificarse como delitos de los que son objetos las personas. Pero más todavía; si la encuesta acota sus preguntas a robos y hurtos a personas en hogares y autos, entonces no está indagando sobre lo que ocurre fuera de la propiedad de las personas. Por eso es que la asociación que la autoridad construye entre aumento de percepción y protestas, sobre la base de la encuesta en comento, es arbitraria. Nótese, por ejemplo, cómo es que en la Región de Magallanes la percepción disminuyó en 4 puntos porcentuales en comparación a 2010. Esto, en el contexto de la asociación que sugiere el Ministro, no es irrelevante; fue en dicha región donde se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Las razones? En palabras del Ministro Hinzpeter, la función del Gobierno es “hacer respetar el orden público… hemos visto actos que sobrepasan o que escapan de lo que es una legítima protesta ciudadana” (La Tercera, 16 de enero de 2011).

“Llama la atención el silencio gubernamental frente al aumento de la percepción de los delitos económicos que la misma encuesta advierte”.

Si el Gobierno invocó dicha ley, es decir, si estimó que las movilizaciones en la región del sur eran de tal envergadura que la estabilidad interna del Estado se colocaba en jaque, y si las movilizaciones impactan directamente la percepción de las personas sobre la victimización respecto de su propiedad (hurtos y robos a personas en hogares y autos), entonces el índice debiera haberse disparado. No fue el caso.

Tercero, mirado en perspectiva, si bien hay un aumento en la percepción, ésta es bastante menor a la del 2005 (año sin movilizaciones estudiantiles) y 2006 (casi idéntica a la del 2005, y que según el Ministro marcaría uno de los peaks).

No he querido sugerir que los niveles de percepción son adecuados ni que los planes de gobierno contra la delincuencia funcionan. Lo que he querido afirmar, en cambio, es que la asociación que el Gobierno instala, y que alguna prensa amplifica, entre protestas y victimización, dista de lo que las cifras indican. Más bien, tras el reclamo del Gobierno, hay un intento desesperado de seguir deslegitimando las protestas porque le molestan y, para ello, traiciona las mismas inquietudes que la ciudadanía plantea en la encuesta. En efecto, si se presta atención a cuáles son las tres principales preocupaciones de la ciudadanía, nos encontramos con pobreza (24,8%), educación (20,1%) y delincuencia en general (14,1%). Si las protestas durante 2011 sirvieron para algo, ha sido, justamente, para destacar una de las principales preocupaciones de la población. Han sido las protestas—y sobre esto hay pocas dudas—las que han colocado las desigualdades de la política educacional sobre la mesa, no un esfuerzo unilateral de los gobiernos.

El Gobierno recurre a la prensa y a los medios dóciles para transmitir sus impresiones y conjeturas, solo con la intención de allanar el camino a las reformas legales pendientes en materia de orden público y que buscan, como se conoce, restringir el derecho a la protesta de la ciudadanía. De otra forma, dicha porfía no se explica. Por ejemplo, llama la atención el silencio gubernamental frente al aumento de la percepción de los delitos económicos que la misma encuesta advierte. Siguiendo la lógica del Ministro—y aprovechando el silencio de Espina—bien podría afirmarse que ello se debe al ejercicio inadecuado de la libertad de empresa, como ocurrió en el caso de La Polar. Ello nos permitirá, no cabe duda, ir poco a poco instalando la idea que dicho derecho debe limitarse. Habrá que salir a buscar los medios que quieran amplificar la voz sobre estas materias.