Libertad de Expresión: Por qué cayó Chile en el ranking de Reporteros Sin Fronteras

El 25 de enero pasado se dio a conocer una nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un ranking elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) que considera los atentados al trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas en más de 170 países. En la edición del 2011, Chile cayó 47 puestos y se ubicó en el número 80. El Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, señaló que, como gobierno, les “sorprende enormente” la medición. Una mirada veloz a los datos revela los vaivenes que ha sufrido Chile en la primera década de existencia de la Clasificación y, a su vez, permite establecer que la sorpresa no debe ser tal: las amenazas son conocidas y se exacerban cuando aumentan las movilizaciones sociales. A continuación, se ofrece un análisis de la clasificación chilena y de los factores que amenazan la libertad de expresión en Chile.

En los primeros siete años de la Clasificación no se aborda con detalle la situación de nuestro país. Sólo en sus últimos tres informes RSF entrega algunas líneas de análisis sobre la situación de la libertad de prensa en Chile, las que se resumen en una ficha publicada en el sitio web de la organización: ahí, pese a catalogarnos como un país de “situación satisfactoria” en la materia, también se exponen gruesos matices que pasamos a revisar.

En 2009, nuestro país se situó en la posición 39 de la Clasificación Mundial, subiendo 17 puestos en relación a la medición del año anterior. Después de Uruguay, nuestro país era el mejor evaluado de la región. Pese al positivo balance, RSF constató que la concentración de medios, la carencia de una legislación relativa a los medios comunitarios o la situación de las comunidades indígenas era un factor de preocupación.

También se mencionaron las agresiones y hostigamientos de carabineros a miembros de la prensa, específicamente el daño ocular sufrido por Víctor Salas, fotógrafo de la agencia EFE, y la detención de la documentalista Elena Varela y la confiscación de su material audiovisual sobre comunidades mapuches.

¿Cuál fue el desenlace de estos casos? Varela fue dejada en libertad en abril de 2010, luego que el Tribunal Oral de Villarrica desestimara las acusaciones de asociación ilícita y robo con violencia, mientras que el 27 de enero de 2012 la Fiscalía Militar de Valparaíso condenó a 541 días de presidio al carabinero que golpeó a Salas, causándole la pérdida de visión en su ojo derecho.

El 2010, año del Bicentenario, Chile escaló hasta el lugar 33 del ranking, logrando su mejor posición desde 2002 (lugar 24) y superando a Uruguay (lugar 37). En esta evaluación RSF no detalló avances o retrocesos específicos, aunque sí constató que a nivel regional persistía la concentración mediática, las persecuciones judiciales y las restricciones de coberturas.

El turbulento 2011, crispado por las masivas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas a nivel mundial, generó un primer llamado de atención por parte de RSF a mediados de año. Luego de una visita de inspección a nuestro país, la organización divulgó un reporte donde advertía la existencia de una “burbuja mediática estremecida por la ebullición ciudadana”.

La principal preocupación de RSF, al igual que el 2009 y el 2010, recayó en la escasa variedad de la oferta informativa, una de las herencias de la dictadura junto a los modelos económico y político. Criticaba —y alertaba— el reporte: “Veinte años de poder de la Concertación de Partidos por la Democracia mantuvieron una extrema concentración de los medios de comunicación, con grandes conflictos de interés y obstáculos al pluralismo. La burbuja mediática, ¿estará a punto de estallar?”.

El golpe de gracia para este diagnóstico llegó a comienzos de este año, cuando se divulgó la Clasificación Mundial correspondiente al 2011. El balance fue lapidario: Chile cayó 47 puestos en relación a la medición anterior, pasando del lugar 33 al 80. Para RSF el errático manejo de las fuerzas policiales frente a las movilizaciones estudiantiles explica la baja, y equiparó nuestra realidad a la experimentada por EE.UU. (47°, bajó 27 puestos) y Brasil (99°, descendió 41 lugares), que también vivieron el fervor ciudadano.

“En Chile —donde la revuelta estudiantil también cuestionó la extrema concentración de los medios de comunicación—, a la violencia contra los periodistas se sumaron atentados contra redacciones, ataques físicos y en línea. Mucha de esta violencia se debió a los abusos de carabineros, que rara vez fueron sancionados, y quienes también cometieron brutales detenciones y destruyeron material de periodistas”, dice el informe de la Clasificación.

La sorpresa del Ministro Chadwick –más allá de la retórica– debe ser desestimada. Los indicadores de la Clasificación han confirmado las amenazas de siempre a la libertad de expresión: la concentración de la oferta informativa y de los medios de comunicación. La concentración debe entenderse en términos de oferta ideológica y no en materia númerica, es decir, cuántos medios existen y operan. Este factor no ha mejorado para Chile en cada nueva edición de la Clasificación. Se trata, en consecuencia, de un factor estructural de amenaza a la libertad de expresión, latente desde la clausura de medios decretada tras el golpe de Estado y que no logró atenuarse durante los gobiernos de la Concertación.

El otro factor relevante, en el caso del 2011, es la violencia policial y la seguridad de los periodistas y de otros profesionales para realizar su labor. Aquí la amenaza a las libertades informativas es latente y se dispara en casos de masivas manifestaciones. El modelo de control del orden público y sus deficiencias acentúan los peligros para la libertad de expresión, especialmente cuando se cubren protestas callejeras y movilizaciones sociales. El uso de la fuerza, por parte de Carabineros, puede incurrir en el tipo penal de “violencias innecesarias”.

El juicio de estas conductas, sin embargo, se ha confiado –desde siempre– a los tribunales militares. Estas instancias jurisdiccionales resuelven las causas en el marco del antiguo proceso penal, bajo el mítico “secreto del sumario” y decididos por jueces que integran los escalafones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Se trata de algo que hemos denunciado con anterioridad. El control judicial del abuso de poder policial es, en consecuencia, estructuralmente deficitario: por un lado, el proceso penal militar no satisface las exigencias mínimas de transparencia y publicidad; por otro, los magistrados que deciden las causas carecen de circunstancias objetivas de independencia e imparcialidad.

Según el Ministro Chadwick, “el gobierno tiene como un punto fundamental el respeto absoluto por la libertad de prensa, la libertad de expresión, y el trabajo que realizan los medios de comunicación.” Dicho compromiso, sin embargo, debe manifestarse en la modificación de los impedimentos estructurales que actualmente afectan a las libertades informativas en nuestro país. De lo contrario, las amenazas a estas libertades democráticas permanecerán latentes y explotarán de un momento a otro, tal como ocurrió el 2011.