PSU y Equidad: lo que se ha callado.

Ayer 5 de enero, el CRUCH (organismo que reúne a 25 universidades chilenas) reconoció por primera vez que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) perjudica las opciones de los alumnos de la educación técnico-profesional a la cual asisten los grupos de menores recursos. Esta noticia constituye un reconocimiento tácito del error de creer que una prueba de altos contenidos constituiría un avance en equidad en un país con tan alta desigualdad en la calidad de la educación como es Chile.

Diez años atrás, cuando se presentó la PSU a la opinión pública se dijo que era un avance en materia de equidad. En aquel entonces sus creadores afirmaban que una prueba de bajos contenidos como la PAA favorecía a los alumnos de colegios particulares que podían entrenarse en preuniversitarios. Señalaban al respecto: la PAA “se basa mucho en lo que son los aspectos hereditarios como la familia, capital cultural y la carga genética… Mientras más contenidos se incorpore a la evaluación se da la posibilidad de que el factor escuela tenga más importancia y eso es un hecho igualizante (sic)”(1). Además, expresaban: “Pruebas que tienen una orientación al currículum, como el SIMCE, presentan menor desigualdad que pruebas de aptitud generales”.(2)

Por la gran desigualdad educacional en Chile, a muchos, incluido el actual Ministro de Educación, estos argumentos no les resultaban convincentes y veían con preocupación que con el cambio se corría el riesgo de perjudicar a los alumnos de menores recursos. Los resultados mostraron que los temores eran fundados: quienes ganaron con el cambio fueron los postulantes provenientes de la educación particular pagada. ¿Los más perjudicados? Los alumnos de la educación municipal técnico- profesional, seguidos de cerca por los subvencionados técnico-profesionales. A ellos simplemente no se les pasa todo el currículo que se pregunta en la PSU. Es decir, la rinden en una evidente desventaja.

El problema se ha arrastrado por años al “invisibilizar” a los grupos más dañados. Nunca se han entregado los datos del rendimiento en la PSU para los colegios municipales técnico-profesionales y científico-humanistas en forma separada. Se entregaban (y se entregan hasta el día de hoy) promediados, lo que ha permitido que el problema pase desapercibido. Los llamados de atención acerca del daño a este grupo fueron ignorados por los responsables de la PSU, negando que la naturaleza de la prueba—de altos contenidos y alineada con el currículo Científico-Humanista—tuviera relación alguna con el crecimiento de la brecha en el rendimiento en la prueba. Las voces, como la de Gonzalo Vargas, Rector de INACAP, que denunciaban el daño hecho a los postulantes de la educación técnico-profesional no recibieron respuesta alguna, ni de parte del CRUCH ni del Comité Técnico Asesor (CTA) de ese organismo.

Hoy, los responsables de la PSU reconocen haber estado en conocimiento de la injusticia cometida en contra de este grupo. Un miembro del CTA admitió ante Ciper que los estudiantes de establecimientos técnicos profesionales sufren un perjuicio y que el CTA intentó solucionar el problema. Explica, sin embargo, que “al momento de implementarse la PSU hubo retrasos y urgencias que concentraron la atención de las autoridades académicas. Fruto de los atrasos, la solución para el mundo técnico profesional quedó postergada, hasta hoy”.

Evidentemente esta justificación, es muy insatisfactoria. ¿Qué “urgencias” pueden explicar que no se hiciera la necesaria reducción de contenidos en las pruebas, con el consiguiente perjuicio para cientos de miles de jóvenes de bajos recursos? Si es efectivo que los rectores del CRUCH no atendieron su propuesta de cambios para las PSU, tanto él como los otros miembros del CTA pudieron haber renunciado, haciendo público el motivo de ello. No sólo no lo hicieron, sino por el contrario, durante años miembros del CTA del CRUCH y rectores han mantenido un discurso basado en negar el crecimiento de la brecha, atribuyendo éste exclusivamente al cambio del perfil socioeconómico de los postulantes.

Así, el problema con la PSU se arrastró sin darle solución oportuna y en ello hay responsabilidades personales e institucionales, que deben ser asumidas. El vicepresidente del CRUCH, el Rector Juan Zolezzi, dio el primer paso al reconocer el perjuicio a los alumnos de la enseñanza técnico-profesional y, aunque sin especificar fechas, anunció tres cambios al sistema de admisión para promover la equidad: reducción de contenidos a evaluar en la PSU de Ciencias, la incorporación del ranking y una nueva prueba de ensayo. Los expertos coinciden en que la reducción de los contenidos de las PSU y la incorporación del ranking son medidas en la dirección correcta, pero no sucede lo mismo con la nueva prueba de ensayo. Muchos nos preguntamos, ¿a quien beneficiará la inclusión de esta nueva prueba en la batería de selección (aparte de la universidad que se adjudique su administración)? ¿Puede alguien garantizar que al ser usada para fines de admisión no beneficiará nuevamente a los postulantes de la educación particular pagada? Es hora de reconocer y corregir los errores del pasado, recordando la historia reciente para evitar repetirla.