Pasivos Ambientales Mineros en Perú: bombas de tiempo de las que nadie se hace responsable

Vea el mapa que revela la ubicación de los 25 PAM de mayor peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente en Perú.

Las aguas del río Condoraque, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno en Perú, tienen un color anaranjado. En las orillas no hay vegetación sino polvo del sedimento del mineral antiguamente explotado. Su contaminación afecta a otros ríos —Toco Toco, Putina, Huancané, Ramis—, llegando hasta el Lago Titicaca. Las aguas ácidas se enlazan con manantiales de agua y riegan tierras agrícolas y pastizales.

Las ovejas y alpacas de campesinos de la comunidad, de 45 familias muy pobres, pueden morir si beben de estas aguas. Otra forma de morir de los animales es por la aspiración del polvo del mineral. Esto ocurre en julio y agosto, cuando los vientos corren con fuerza en el altiplano y transportan polvo de mineral en tan grandes cantidades que cubren los pastizales.
O también, cuando los animales cruzan el río, contraen pedera, una enfermedad que afecta a las patas, las cuales se llenan de un sarpullido parecido a la sarna. Algunos pierden las pezuñas.

A los humanos no les ocurre menos. Los comuneros presentan enfermedades frecuentes: diarrea, afecciones respiratorias, dolor de cabeza, tos, dolores reumáticos en manos y pies.
El problema afecta a unas diez comunidades colindantes con Condoraque que viven de la agricultura, pastoreo y crianza de alpacas y ovinos, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. No tienen más fuentes de agua que las contaminadas. Simón Orihuela, presidente de Condoraque, dijo a INFOS que su ganado ha sido reducido a la tercera parte de lo que poseía cada familia. Algunas tenían antes cien alpacas y ahora, a lo más, treinta. “Los animales toman el agua del río, les da diarrea y se mueren. También abortan y pierden a las crías. Nosotros comemos esos animales y también estamos muriendo poco a poco por la contaminación”.

Todo esto es provocado por lo que dejó en el lugar la minera Regina Palca 11, en 2006, después de extraer tungsteno durante 30 años. Nada menos que un millón doscientos mil toneladas de relaves. Dejó también un vertedero de aguas contaminadas hacia la Laguna Choquene y el río Condoraque, una lluvia ácida con un pH de 3.25, similar al del vinagre, que no es apta para el consumo humano o de animales ni para el riego de vegetales. Ahora la concesión está en manos de la empresa Sillustani SA, que no ha resuelto la situación.

Solo un botón de muestra

El pasivo ambiental de Condoraque no es uno de los más graves del Perú. Tuvo resonancia porque en 2010 la ONU envió un cable pidiendo una investigación al gobierno peruano, luego de que la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno presentara el caso en Nueva York en el XVIII Periodo de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la organización. También existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno. El proceso se encuentra en etapa de investigación preparatoria. Las primeras pericias del MINEM de la región concluyeron en lo previsible: las aguas de la Laguna Condoraque se encuentran impactadas negativamente por las altas concentraciones de cadmio, cobre, plomo y zinc que exceden los estándares de calidad ambiental. Pero aun no existe una idea completa del daño, del plan para enfrentarlo y del costo que implicaría contrarrestarlo.

Ese es el panorama de los pasivos ambientales mineros en el Perú: la contaminación está a la vista lo mismo que los daños, y, al mismo tiempo hay muy poca información disponible sobre las características de los desperdicios dejados por las labores de minería, que incluyen bocaminas, chimeneas, piques, tajos, trincheras, depósitos de desmontes y de relaves, aguas ácidas, efluentes. Se ignora en qué medida cada caso constituye un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

En 2000, un estudio del Banco Mundial estimó que las actividades mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos de efluentes en los cuerpos de agua del país. Desde mediados de la década pasada el sector minero ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación de los daños y prevención de otros. Incluso hay compañías privadas que al asumir una concesión remediaron por su cuenta pasivos dejados por el Estado. Es lo que hizo Barrick en Quiruvilca, departamento de La Libertad, donde Minero Perú dejó drenajes de aguas ácidas y enormes residuos de mineral. Como parte del proyecto Lagunas Norte confinó 60 mil metros cúbicos de carbón, cerró nueve bocaminas y tres chimeneas, construyó 3.5 kilómetros de canales de drenaje, revegetó el área y construyó un humedal artificial para tratar el agua afectada. Pero se requiere multiplicar este ejemplo para revertir el daño que ha producido la actividad desde mucho tiempo atrás.

Después de dos meses de búsqueda incesante en fuentes oficiales y luego de realizar dos peticiones amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), finalmente INFOS pudo acceder al expediente de los pasivos ambientales mineros (PAM) más peligrosos. Y resultó que Puno, donde hay unos 250 PAM, no es el departamento más afectado por la contaminación que generan las minas abandonadas. El peor es Ancash.

Contaron 6,847 pero hay mucho más

En todo el país el MINEM tiene registrados 6,847 pasivos ambientales mineros. Las regiones con mayores cantidades de PAM en su territorio son Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), Huancavelica (830), Puno (522), Cusco (507), La Libertad (488) y Pasco (429).

En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de cierre autorizado. Los demás, siguen de una u otra forma contaminando el medio ambiente y afectando la salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, incluso dentro de áreas naturales protegidas.
La estadística del MINEM es una actualización realizada en el año 2006, que contabilizó varios miles menos de pasivos. La Dirección de Medio Ambiente del MINEM estableció criterios que pudieran estandarizarse y elaboró fichas para registrar la información de cada relave según la información disponible a la vista o la percepción sobre tipo de daño potencial —a la salud, la vida silvestre o la conservación— y a fin de que desde cualquier región la base de datos pudiera ser renovada por funcionarios del sector, incluso por ciudadanos que quisieran aportar información. En 2010 el MINEM inició un viaje a las zonas contaminadas para verificar los datos del 2006, ponerlos al día y tomar fotografías. Ese año, los pasivos ambientales mineros registrados fueron 5,551, de acuerdo con la contabilización del año anterior en cuencas hidrográficas impactadas.

Pero el MINEM ha recorrido solo 13 de 65 cuencas en las que hay actividad minera, de modo que su actualización no es completa. Este año, el programa de actualización de pasivos comprende a las cuencas hidrográficas del Rímac, Lurín, Huarmey, Pativilca y Huaura. En 2013, de acuerdo con los planes, el recorrido habrá concluido. En ese momento, el número de PAM registrados habrá subido significativamente. En 2010, el estatal Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) participó en un inventario de pasivos ambientales mineros en la cuenca del río Tingo, en Cajamarca. Solamente ahí encontraron 1,200 PAM, y estimaron que la remediación costaría alrededor de 25 millones de dólares. Si en una sola microrregión donde hay actividad minera se encuentra una cifra de esa magnitud, es posible imaginarse la dimensión de los PAM en zonas más amplias.

Por otra parte, esta inspección es meramente visual. No se recoge material para ser analizado, lo que solo ocurre en los pasivos ambientales que van a ser remediados y tienen programas especiales en tal sentido. Edgardo Alva Bazán, a cargo de la Dirección Técnica Minera del MINEM dijo para esta nota que no hay presupuesto para ello.

La línea de base del MINAM son los PAM que fueron declarados por los propietarios de las concesiones mineras que se ajustaron a la legislación y elaboraron un plan de cierre de pasivos. La cantidad de las empresas que cumplieron con esta formalidad es mínima, aunque algunas son importantes y están contribuyendo a cambiar las cosas. Sin embargo, en general, durante el transcurso de las últimas décadas, las minas fueron cambiando de manos sin que los pasivos ambientales originales hubieran sido remediados y sin que el Estado tenga claro quién es, en última instancia, el culpable de la contaminación, y por ende quién debe responsabilizarse de que los pasivos ambientales que dejó sin cerrar.

Solo 50 responsables y muchos obstáculos

De hecho, el Estado solo conoce a menos de cincuenta empresas causantes de los PAM. En el cuadro general de pasivos disponible con este artículo, hay un cuadrito que dice “Responsable”. Identifica a la compañía que dejó los relaves. Solo ha sido llenado medio centenar de veces. En el restante número de casos no se sabe a quién reclamar ni se tiene un estudio de impacto ambiental en regla. La búsqueda de responsables es débil e infructuosa y se da por cierto que hay relaves originados hace más de cincuenta años cuyos causantes jamás van a ser señalados.

Pero cuando se conoce quién dejó los PAM el problema no necesariamente está resuelto. Una vez determinado el responsable, el MINEM le envía oficio conminatorio para que presente un plan de cierre, el cual usualmente es apelado ante el Consejo Nacional de Minería. Si la empresa pierde, se inicia un conflicto judicial mientras el pasivo ambiental sigue contaminando.
Esto ocurrió en el caso de los PAM de Ticapampa, en Ancash. Son desechos visibles desde la carretera. El MINEM investigó, multó a la empresa responsable del relave abandonado, Yahuarcocha, y se produjo una controversia que continúa en un tribunal.

La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido de la mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas. Actualmente se exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. De acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas las operaciones pueden ser más complejas. Al final, en el lugar debe haber una tal estabilidad física y química que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como pastoreo, recreación o nuevamente explotación minera.

Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM, Julia Justo, pone mayor énfasis en las debilidades del Estado que en la irresponsabilidad de las mineras. Justo dijo para esta nota que el MINEM requería destinar mayores recursos humanos y presupuestales para evaluar los PAM, limitaciones que en buena medida explican la deficiente cobertura del inventario nacional de pasivos ambientales. El inventario completo de una microrregión cuesta entre 50,000 y 70,000 dólares. Este año el MINEM ya no gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a que la actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las cuencas mineras.

Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad debidamente. Y no solo ante las mineras. “A veces, para que se remedie una relavera, hay que atravesar una parcela de un vecino de la comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, el dueño del terreno exige que le den dinero o que le compren una casa en otro sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para extraer mineral en vez de remediar un daño ambiental y de salud pública. Con una mayor autoridad del Estado, esta clase de trabas podrían superarse.”

Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra parte del problema parece estar en la misma legislación.

El Estado en el banquillo de acusados

La ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga cargo de la remediación, propicia un congelamiento del problema. Como los responsables no están individualizados, nadie se encarga de cerrar los relaves. El Estado, por su parte, siente que no es su obligación hacerlo, e incluso cuando él es el culpable, como la contaminación de Centromin en Pasco, o en el caso de pasivos “históricos”, que datan de la época colonial, el mandato no es absolutamente imperativo. De acuerdo con el reglamento de la ley de PAM el Estado puede remediar áreas contaminadas por la minería cuando una empresa de su propiedad dejó por lo menos dos tercios de la basura industrial. “Excepcionalmente” lo hará en función del interés público, lo que en la práctica funciona cuando ocurre una protesta muy fuerte.

En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el MINEM actuó directamente, ante la presión, remediando con la idea de enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la devolución del monto gastado más los intereses de ley. Fue en la cuenca del Llaucano, donde había cinco depósitos de relaves en la zona de El Dorado, en antiguos yacimientos del estatal ex Banco Minero. Expuestos a erosión por el viento, lluvias y escorrentías, constituían una de las principales fuentes de contaminación de los lechos de río Hualgayoc-Arascorgue. En el mismo departamento, y ante la fuerte presión de los pobladores, FONAM asumió la remediación de otros 119 PAM en El Dorado y La Tahona.

En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, cerrara pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco, Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se estableció un fideicomiso de 21 millones de dólares. En 2008, EL MINEM informó que el Estado asumiría excepcionalmente y en función del interés público, la remediación de diversos pasivos ambientales calificados de alto riesgo procedentes de la ex fundición Tinyahuarco, en la Pasco, así como la de residuos mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San Juan, en la misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San Juan y consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la contaminación del Chinchaycocha es de tal grado que está lejos de ser mitigada por esta medida “excepcional”.

Este caso es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes responsabilidades de varias compañías mineras y del propio Estado. Ubicado a 4,105 metros sobre el nivel del mar, el lago Chinchaycocha da origen al río Mantaro y es el segundo más extenso del país después del Titicaca, además de ser uno de los principales abastecedores de la cuenca del Amazonas. En una zona declarada Reserva Nacional, acoge a miles de especies de aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna. Las autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han acusado ante el Ministerio Público tanto a las empresas mineras concernidas con la contaminación como al propio Estado.

La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El Brocal, Aurex, Volcan, y contra los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, y de Agricultura. La contaminación comenzó en 1929, cuando la Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la represa de Upamayo, inundando más de 26 hectáreas de pastos naturales en perjuicio de ocho comunidades, que demandaron una indemnización económica y que se detenga el desembalse. Después sobrevino la producción de relaves por las mineras, junto con la inacción estatal. Este año el Ministerio del Ambiente reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero su credibilidad está por los suelos.
― Es una declaración de buenas intenciones. No le creemos― dijo Ginés Barrios, consejero provincial de Junín.

Los más peligrosos. ¿Qué hacer?

De modo que el Estado, por sí mismo, ha remediado muy poco. Esto tendría que cambiar, lo mismo que la legislación y la asignación de recursos, dijo para esta nota María Chappuis, ex directora general de Minería del MINEM. “El estado ― dijo Chappuis ― debe remediar y después cobrar”.

En 2005 un informe del Banco Mundial sobre la problemática ambiental del sector minero en el Perú, sostuvo, en el capítulo sobre los PAM, que los vacíos legales facilitaban a empresas evadir sus responsabilidades transfiriéndoselas al Estado. Por un lado, la ley requiere que el MINEM identifique a los responsables de la creación de PAM, y por otro no permite sancionar retroactivamente los pasivos generados antes de 1990. Por un lado, permite que el Estado asuma la remediación de los PAM abandonados, y por otro exonera al gobierno de proporcionar cualquier compromiso financiero para esta tarea pesada. Sin que el Estado ponga dinero, es poco probable que la cooperación internacional financie a través del FONAM la remediación de los PAM.

De acuerdo con Alva Bazán, el Estado tendría que remediar pasivos que son muy graves y no tienen culpable, como los del rio Santa, en Ancash, donde hay evidencias de una intensa actividad minera desarrollada con polimetálicos, oro, carbón, tungsteno y algunos no metálicos, que dejaron un PAM muy disperso, a nivel de pequeña minería principalmente. Allí, hace dos años, el MEM calculó el costo de la remediación en unos 17 millones de dólares.

Ahora bien, ¿cuáles serían los PAM que requerirían la remediación más inmediata?

INFOS obtuvo el listado actualizado de los PAM de muy alto riesgo registrados a nivel nacional, así como las fichas de campo de algunos de ellos. Con esos datos elaboramos un mapa que revela la ubicación de los 25 PAM de mayor peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente. 13 de ellos están ubicados en Ancash. Asimismo, se puede revisar el listado completo de los 97 PAM de muy alto riesgo a nivel nacional en este documento.

De acuerdo con Julia Justo remediar los 6,847 Pasivos inventariados costaría no menos de $ 1,000 millones de dólares. La cifra es cercana a la mayor recaudación que desde el 2011 el Estado percibirá anualmente por concepto de gravámenes, tras el paquete tributario minero del pasado septiembre. Pero el monto es solo una referencia. Durante el gobierno anterior el FONAM propuso modificar la ley del canon y regalías mineras para que un porcentaje de las mismas se derivara a la remediación de los PAM. Pero esto implicaba afectar el presupuesto de los gobiernos regionales, que se alimentan del canon, y la iniciativa no prosperó.

De todos modos, el gobierno de Ollanta Humala ha empezado a soltar dinero para remediación de PAM al ritmo de las protestas sociales. Es lo que funciona. Así, el MINEM acaba de anunciar que invertirá 75 millones de soles ―unos 28 millones de dólares― en la descontaminación de la cuenca del rio Grande, en Puno, en beneficio de 60 mil pobladores afectados por la basura de la minería informal. Si no anunciaba una medida así, los conflictos en ese departamento, que en la primera mitad del año amenazaron con impedir las elecciones en el departamento, podrían volver a animarse. No lejos de allí, han resurgido las protestas por pasivos ambientales que Southern afirma haber remediado completamente en la Bahía de Ite, versión que es negada por dirigentes locales. El tema ha vuelto sobre el tapete ahora que Southern anuncia un plan de crecimiento de su planta de explotación de cobre en Toquepala, y se convirtió en uno de los asuntos álgidos de los primeros cien días de gobierno. Mientras tanto, una gran pregunta asoma en el ambiente: ¿habrá un plan general para cambiar la política estatal ―o la falta de ella― ante los PAM o los problemas seguirán remediándose porque los afectados amenazan con hacer justicia con sus propias manos?

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.