El miércoles 8 de noviembre el Senado concluyó favorablemente la tramitación del proyecto de Ley Antidiscriminación. El resultado de la votación fue de por 28 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El fin del cuerpo legislativo era incrementar el arsenal de instrumentos que le permiten al Estado cumplir su deber constitucional de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. En resumidas cuentas, su eventual entrada en vigencia constituirá una excelente noticia para el Derecho Público.
Sin embargo, una modificación introducida precisamente en el Senado amenaza con minar la capacidad de este proyecto de ley de proteger efectivamente a los grupos desaventajados. Se trata de aquella indicación que establece que se considerarán siempre razonables las “distinciones, exclusiones o restricciones” que, pese a estar fundadas en motivos tales como la raza, la situación socioeconómica, la opinión política y la participación en organizaciones sindicales o gremiales, entre otros criterios, “se encuentren justificados en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental”, en particular derechos como la libertad de opinión, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo o el derecho a desarrollar actividades económicas.
El primer problema con esta redacción es de técnica jurídica. Al establecer que “se considerarán siempre razonables” los actos discriminatorios que invoquen los derechos constitucionales allí mencionados, el legislador establece de manera general y abstracta una relación jerárquica entre la lucha contra la discriminación y derechos tales como la libertad de opinión o la libertad económica. Establecer esta jerarquía de valores constitucionales en una ley no sólo es claramente inconstitucional sino que al ser ésta una ley que se predica como contraria a la discriminación, establecer una categorización en perjuicio de ella es, ciertamente, un contrasentido. Más razonable parece dejar que sea el juez resolviendo el caso concreto quien, utilizando todos los materiales jurídicos disponibles, y bajo el siempre presente mandato constitucional de igualdad ante la ley, decida qué principio, valor o derecho prime en la situación bajo su conocimiento.
El segundo problema es de fondo. La indicación ya mencionada parece asignarle más valor a la libertad de contratación que al combate contra la discriminación. ¿Qué ocurrirá cuando un empleador, en el legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar actividades económicas, publique un aviso en que ofrezca trabajo a personas que no hayan pertenecido nunca a un sindicato, que no tengan ideas de derecha, que no hayan nacido en Perú o que no sean transexuales? Ante tales situaciones, la modificación introducida por el Senado pareciera condenar a la Ley Antidiscriminación a encogerse de hombros.
Es de esperar, en consecuencia, que en lo que queda de tramitación de esta ley dicha indicación sea eliminada.
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Ya esta bueno que la clase política de este país deje de hacer leyes cuchuflentas con palabritas que hacen que lo hecho no sea aplicable, estos individuos segun ellos elejidos democraticamente y uno que no es ingnorante ni inculto como muchos de ellos, de que democracia nos hablan si no existe una constitución donde todos los ciudadanos valen lo mismo, donde las minorias no representativa son las mayorias en el congreso, personajes que han secuestrado a todo un país donde sus icestuosas relaciones son una evidencia aberrante, es cosa de ver como se rien del movimiento estudiantil, que niguno hable de reformas y hacer una constitución como debe ser,que garantise que todos los ciudadanos tiene el mismo valor a ser representados en el congreso y no ver una manga de proxenetas del estado que ya por muchos años vienen profitando de un poder herencia de la dictadura de cuatro peleles empleados publicos con uniformes; que el poder economico y religioso de este país los coloco para fabricar leyes en su provecho y usar al personal publico con uniformes como sus sicarios, que por lo demas es cosa de leer, ver y escuchar, de estos representantes que hacen gargaras de democratas ellos felises con sus familias, una vida de lujos y placeres; quienes se dejarón usar como sus sicarios todos presos. Esto individuos jamas legislaran en favor de sus ciudadanos. Lo unico que hacen para que no se les recuerde que el puesto que ocupan es una farsa de un sainete, es entregar dineros del estado para pasar piola, y no responder como corresponderia.
