Las estadísticas de los últimos cuatro años de la Fiscalía Regional Oriente de Santiago (la componen nueve comunas), arrojan que en ese sector se producen 17 robos diarios a casas y locales comerciales. El 90 % de eso robos va a parar al Archivo Provisional, pruebas o antecedentes que aún nadie se preocupa de buscar o recoger, siendo la víctima revíctimizada por un sistema colapsado y quedando los delincuentes impunes ante este tipo de delitos.
Chile requiere de manera urgente un Plan Auge para asistir a las víctimas pericialmente buscando los famosos ANTECEDENTES que hoy solicitan los fiscales. Mientras ello no cambie, las causas seguirán siendo archivadas y los delincuentes seguirán riéndose de la sociedad. No hay que olvidar que los imputados sí cuentan con este beneficio, pagado por el Estado y subvencionado por todos los chilenos para garantizar la justicia.
Hoy este Plan Auge tiene un valor de $1.122 mensuales, que hace la diferencia entre una denuncia que se investigue y otra que se archive, lo que claramente aumenta las probabilidades de pillar al delincuente.
Explicación: Un porcentaje elevado de las denuncias por robo en lugar habitado o destinado a la habitación de los que ha tomado conocimiento la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente del Ministerio Público terminan en el Archivo Provisional sin ningún tipo de investigación aduciéndose falta de antecedentes. El Archivo Provisional es la facultad de los fiscales del Ministerio Público de archivar provisionalmente una investigación cuando en ella no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, esto es, cuando no hay pistas que permitan seguir investigando con una razonable posibilidad de éxito.
El primer semestre del 2011, el Ministerio Público indicó que el 84,7% de las denuncias por robos se habían archivado provisionalmente debido al gran número de denuncias recibidas que no especifican pistas concretas sobre los autores de los delitos. Esta información fue confirmada y complementada por el director ejecutivo del Ministerio Público, Pedro Bueno, quien precisó que el alto número de causas enviadas al Archivo Provisional se debe a la falta de datos o antecedentes que no aporta la víctima, lo cual es gravitante, pues dificulta fuertemente que la fiscalía, policías y tribunales puedan entregar una respuesta más oportuna y de mayor calidad a la ciudadanía víctima de delitos.
Estos datos sólo confirman que las unidades especializadas de nuestras policías no dan abasto muchas veces para el alto número de concurrencias, puede ser por falta de personal o por gran cantidad de acontecimientos denunciados en la Región Metropolitana. La presente explicación grafica la necesidad imperiosa de que entes especializados privados puedan, a petición de las víctimas, trabajar estos casos aparentemente sin indicios, a fin de contribuir con antecedentes apropiados para que fiscales a través de las policías puedan dar con los autores del hecho de una forma profesional, ágil y comprometida, evitando así que estos delitos sean llevados al Archivo Provisional, pudiendo con ello aportar al interés preponderante de la administración de justicia, evitando la sensación de desamparo que generalmente expresan las víctimas post delito.
Es importante destacar que la intervención de peritos privados fue abordada en el 2002 a través de un oficio instructivo para fiscales regionales y adjuntos del país por el entonces fiscal nacional del Ministerio Público, Guillermo Piedrabuena Richard, donde hace presente la creciente preocupación e importancia a medida que el nuevo sistema se va implantando en todo el país, en especial en las grandes regiones en que existe una tradición de recurrir a peritos particulares ante la insuficiencia de los servicios periciales del Estado.
El nuevo Código Procesal Penal permite a los fiscales utilizar las pericias de los servicios públicos, sin costo para el Ministerio Público, pero también les permite la designación de peritos privados previo pacto de honorarios. Hasta ahora, los peritajes decretados por los fiscales han sido casi en un 100% proveniente de los servicios públicos, en especial del Servicio Médico Legal, servicios de salud y tanto de Carabineros como Investigaciones de Chile. Sin embargo, algunas de estas entidades han manifestado públicamente tener problemas de recursos y estructura para atender los requerimientos de la reforma procesal penal.
En cuanto a los peritajes de peritos privados, el Ministerio Público hasta esa fecha no tenía un ítem asignado para estos gastos, pero sí se estudiaba el tema desde el punto de vista presupuestario para si ello lo amerita, incluir una partida al respecto en el proyecto de presupuesto del año 2003.
En la actualidad la Defensoría Penal Pública acude a peritos privados para la realización de pericias e investigaciones criminalísticas, las cuales han sido validadas por los propios jueces de garantía y Tribunal Oral en lo Penal, siendo de gran utilidad para los defensores en los juicios. Además, este 2011 se realizó la primera licitación pública por parte de la Defensoría Penal Pública Norte donde asignó a una empresa privada todos los peritajes e investigaciones criminalísticas de la Región Metropolitana Norte.
En Chile, si bien lo tradicional es que la mayoría de las pericias criminalísticas efectuadas en el país sean desarrolladas por peritos públicos, ello no se explica por la existencia de una disposición legal que lo haga obligatorio. La razón es mas de tipo económica: el Ministerio Público encargado de la persecución penal desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, utiliza preferentemente pero no exclusivamente peritos públicos porque ellos tienen la obligación legal de emitir pericias y son remunerados por los propios servicios a los cuales pertenecen. En definitiva: no generan ningún gasto para el Ministerio Público.
Si a los jueces sólo se les presentaran las pericias oficiales de la policía no dispondrán de elementos balanceados que les permita formarse convicciones fuera de toda duda razonable. En la medida que no se le estarán haciendo presente las eventuales dudas, ello perjudica en último término a la sociedad la cual muchas veces, sin saberlo, puede verse mermada en su derecho a obtener una real justicia.
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No se trata de "No Investigar", ya que muchos delitos se investigan y los archivan igual.Â
Por ejemplo, en muchas ocasiones entran a robar a casas, levantan huellas y éstas no son identificadas en las bases de datos de las policías, ya que éstas están compuestas sólo por las huellas de las personas ya prontuariadas.
Mauricio C. | 08.09.2011
Es bastante extraño los procedimientos y según entiendo los antecedentes que solicitan los fiscales, definitivamente alguien no esta haciendo su trabajo, ya sea asignando fondos económicos para contratar más personasl y/o modificando los procedimientos, a mi hace muy poco entraron ami domicilio, existiendo todo tipo de huellas, y evidencia del delincuente. no se lenvanto ningún tipo de información. Qué podemo hacer con este sistema que no funciona para nosotros, es un circulo vicioso, mientras no consideren las informacipnes, no investiguen, volveran a haber denuncias por parte de ciudadanos que vemos permamentemente vulnerados, por delincuentes, por estructuras económicas, mientras los que estamos en el medio nos ssacamso la cresta trabajando, los políticos siguen discutiendo quien hizo que y a quien le corresponden los honores, siento que estamos en un país lleno de procedimientos inhertes y absurdos. No tenemos protección no tenemos prevención no tenemos leyes efectivas contra la delincuencia. solo somos especialistas en estadísticas pero en las soluciones. nada. es un completo absurdo todo este sistema, es mejor ser un delincuentes el sistema te apoya con no mirar lo que haces ni condenarte, solo te aplica procedimientos. Una Real idiotez.
Samir Misleh Montero | 26.08.2011
Interesante la visión que se plantea sobre un sistema privado de peritajes. En la actualidad no solo la DPP Norte lo ejerce, si no que también otras Defensorías Regionales, las cuales amparadas en el principio de la libertad de prueba que rige en el proceso penal chileno, utilizan esta herramienta para exculpar a muchas personas a quienes el Ministerio Publico imputó algún delito.
Sin embargo, de este sistema privado surgen de inmediato algunas interrogantes: ¿Estamos dispuestos como sociedad a entregar al mundo privado una facultad tan exclusiva del Estado como lo es la investigación criminal? Por qué privatizar los peritajes criminales significa no solo hacer un examen de ADN o hacer un bosquejo hablado de un sospechoso, si no que entregar todas las facultades investigativas propias de la policía a individuos comunes y corrientes, que no responden a nadie más que a sus empleadores o a sus contratos particulares. ¿Quién va a responder si estos por ejemplo, pasaran a llevar las garantías de los ciudadanos (Tales como la intimidad, la seguridad jurídica, la libertad, etc.) mientras despliegan sus investigaciones?
No hay respuestas certeras para ninguna de esas preguntas. Para poner un ejemplo bastante en boga en estos días, el sistema privado de educación (El cual muy curiosamente también fue impuesto bajo el argumento de la incapacidad de los actores públicos para absorber la demanda de servicios de la época) ha demostrado que una reforma de este tipo puede tener consecuencias nefastas si es que no se toman las providencias para lograr un sistema que sea igualitario y de calidad.
Quizás antes de empezar a pensar en cómo podemos extraer potestades y funciones del estado para entregárselas al mundo privado, podríamos pensar en reformar, hacer más eficiente y potenciar ciertos aspectos del mundo público, tales como son los servicios de la administración de justicia. Podríamos ampliar las dotaciones de dichos servicios, crear nuevas sedes, atraer a gente más calificada a través de beneficios, etc.
Para finalizar, me gustaría hacer un último alcance. No me gustaría cometer un error, pero sabiendo que el autor de esta nota es Licenciado en Criminalística, (Carrera que se impartió en forma irresponsable por algunas universidades y cuyos alumnos en la actualidad no tienen campo laboral), da para pensar cual es la verdadera intención del autor de la nota: ¿Acaso crear nuevos oportunidades laborales (y empresariales) para tales licenciados o verdaderamente lograr que hayan peritajes de calidad en nuestro país?
