La renuncia de Iacobelli y los terrenos de Puente Alto

Bajo la administración pasada de Bachelet se iniciaron las conversaciones entre un particular de apellido Araos, la EGIS de la Cámara Chilena de la Construcción y el Serviu Metropolitano para llevar a cabo un negocio de construcción de viviendas sociales en la comuna de Puente Alto, cuyo alcalde Manuel José Ossandón es vicepresidente de Renovación Nacional y habitual comentarista de temas políticos.

El propietario del predio quería venderle a dos empresas constructoras tres terrenos, supuestamente aptos para acoger en ellos ese tipo de viviendas que adquieren con subsidios habitacionales del Estado los más vulnerables del país.

El precio de venta por los tres predios, en un principio había sido de 800 millones de pesos, pero después de un tiempo subió a 1.500 millones de pesos porque se habrían ejecutado algunas obras de urbanización, las que le otorgarían una cierta plusvalía a esos lotes colindantes.

Para que se produzcan, sin tramitaciones excesivas, las ventas de las viviendas sociales existen las EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria Social), personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, que han sido autorizadas por el Minvu para asesorar a los compradores de esas viviendas. Por las intermediaciones efectuadas, el fisco les paga a esas empresas una determinada suma de dinero por cada operación de compraventa.

Ahora bien, dentro de la investigación que está efectuando el Ministerio Público, por el fraude Serviu-Kodama, el fiscal a cargo de la pesquisa detectó un correo electrónico de la nieta del vendedor del terreno, quien es la esposa del hasta entonces subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Andrés Iacobelli. El correo iba dirigido a la secretaria del subsecretario, quien con anterioridad se había desempeñado como secretaria en la oficina de Javier Etcheberry, ex ministro del MOP en el gobierno de Lagos y a su vez suegro de Iacobelli. En ese mensaje se pedía que se apurara el pago de los terrenos.

El diligente fiscal también descubrió otro correo interno del Minvu en el cual el subdirector jurídico del Serviu le dice al director de ese servicio “adjunto resolución de la Seremi respecto al tema del subsecretario, para que se informe que se aprobó nuevo plazo para resolver las condicionalidades» (sic). Este mismo correo iba con copia al jefe de gabinete de Iacobelli, quien contestó que esa buena noticia ya se la había entregado a las inmobiliarias-constructoras.

La detección de estos fastidiosos correos cayó mal en el gobierno y por ello se le pidió la renuncia a Iacobelli, joven profesional que tiene notoriedad, entre sus pares y conocidos, por desempeñarse con un nivel de excelencia no solo en la actividad privada sino también por su efímero paso por la administración del Estado. Es más, su suegro -Etcheberry- públicamente hizo una apología del ex sub-secretario.

En razón a que hasta el momento ningún medio de prensa ha comunicado sobre las características de los terrenos de marras, ni menos se ha informado acerca de sus localizaciones exactas y superficies, elementos esenciales para determinar el monto de la transacción y así comprobar cual de los dos precios (800 millones de pesos versus 1.500 millones de pesos) es el que concierne en esta economía de libre mercado y a sabiendas que, para este tipo de viviendas, según una tabla del Serviu, se puede pagar un monto máximo en UF, le solicitamos aquella información pública a la Municipalidad de Puente Alto.

Debemos entender que todas las particularidades de los predios ya son conocidas por el fiscal que lleva la indagación, pues la diferencia de 700 millones de pesos no es menor. Pero nosotros, como particulares curiosos, queríamos estar al tanto de esos datos para llegar rápido a una conclusión.

Para tal propósito pedimos formalmente a los funcionarios de la Dirección de Obras de Puente Alto que nos revelaran esa información, por la vía más expedita posible, es decir, a través de correos electrónicos, pero, posiblemente molestos por nuestra osadía de dirigirnos a ellos, nos derivaron a la larga tramitación contemplada en la Ley de Transparencia que significará un mes de dilación para saber cuál es el uso de suelo y a qué normas de edificación, contempladas en el respectivo Plan Regulador Comunal, se acogen esos tres terrenos de la discordia.

Como era posible que la tramitación administrativa de los permisos de edificación en esa municipalidad se hubiera iniciado antes que se formalizara la operación del traspaso del terreno, requerimos en la oficina técnica aludida que se nos hicieran llegar las solicitudes respectivas, conjuntamente con el certificado de informaciones previas, para saber si el titular del proyecto es el propio Serviu Metropolitano o bien las constructoras que se harán cargo de las faenas.

Nosotros, con paciencia oriental, esperaremos que nos lleguen esos documentos públicos, con los cuales se podrán sacar interesantes conclusiones asociadas a esta polémica compraventa.

En todo caso subrayamos que el alcalde Ossandón, político de excelencia, no debiera estar al tanto de la solicitud de información pública que le formulamos a sus funcionarios municipales, porque si él hubiera sabido de ello, inmediatamente habría dado las instrucciones de rigor para que los datos se nos hubiesen entregado por correo electrónico en un plazo de 24 horas, con lo cual esta columna así redactada no se habría publicado.