Ley de Transparencia ayuda a opositores a Hidroaysén a buscar debilidades del proyecto

Antes de que la oposición al proyecto Hidroaysén se extendiera a distintos puntos del país, los grupos organizados que reclamaban por la construcción de los embalses hidroeléctricos en los ríos Baker y Pascua se concentraban en Aysén. Entre estas organizaciones destaca Patagonia sin Represas, movimiento que ha utilizado la Ley de Transparencia para obtener documentos oficiales

Muchas de las solicitudes de acceso a la información pública han terminado en el Consejo para la Transparencia, donde han corrido distinta suerte. Uno de los fallos más relevantes tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregarles todos los informes relativos a Hidroaysén, incluyendo las copias correos electrónicos institucionales intercambiados durante el proceso de evaluación ambiental.

“Este Consejo advierte que la información  requerida en la especie constituye un elemento esencial para el ejercicio del control social de la actividad de los organismos a quienes se ha requerido su intervención en la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”, se lee en la resolución.

Pese a que el proyecto Hidroaysén ya fue aprobado, Patagonia sin Represas ha seguido buscando documentos que le permitan detectar irregularidades en el proceso. Tal como escribió el periodista de la organización en una columna publicada en CIPER, sospechan que el Plan Aysén lanzado por el Presidente Piñera en abril pasado daba por hecho la construcción de las represas, incluyendo a Hidroaysén entre los proyectos que había que acelerar, pese a que aún estaba en evaluación.

El documento contemplaba inversiones en energía por US$ 1.505 millones entre 2010 y 2014 y creen que es imposible llegar a ese monto si no se cuentan las represas. En el cuadro presentado por Piñera, se cita como fuente el Ministerio de Hacienda (ver imagen) por lo que a través de la Ley de Transparencia pidieron a esa cartera el desglose de los proyectos. Sin embargo, este 24 de mayo el subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez les respondió que no poseen la información e incluye una imagen del mismo cuadro donde la fuente es el Gabinete Económico de Aysén, por lo que el requerimiento fue derivado a la Intendencia Regional.

Según los solicitantes, la información fue cambiada, tal como se aprecia en un nuevo cuadro en la última página del documento publicado en el sitio web del la intendencia.

La pregunta ahora es con qué información se elaboró el cuadro original y si dentro de los proyectos que se pretendía acelerar estaban Hidroaysén y Río Cuervo, la otra hidroeléctrica en evaluación. Si es así, los opositores a las represas creen que la intendenta Pilar Cuevas podría haber incurrido en una ilegalidad, pues es ella quien presidió la Comisión de Evaluación Ambiental que un mes más tarde aprobaría Hidroaysén.

La organización había pedido que Cuevas se inhabilitara de votar usando el argumento del Plan Aysén, a lo que la intendenta respondió que los US$ 1.505 millones corresponden a una inversión aproximada por “algunos (proyectos) eólicos que se quieren desarrollar en algunos sectores aislados y además mini hidros; también para otros sectores aislados, y se quieren incorporar más herramientas para el desarrollo de ERNC, para que así puedan estos desarrolladores de mini hidros invertir en este tipo de proyectos”.

Se espera que tras la derivación del Ministerio de Hacienda, la intendencia entregue documentos y cifras que avalen –o no– dicho monto.