Corte Suprema dicta polémico sobreseimiento de hermano del diputado (DC) Jorge Sabag

El diputado (DC) Jorge Sabag se anotó este miércoles 20 de abril una gran victoria judicial. Imputado por el Ministerio Público por el uso irregular de sus asignaciones parlamentarias, al pagarle arriendo como sede distrital a una propiedad donde funcionaba una de las múltiples empresas del clan familiar, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de su hermano Patricio, gerente de la empresa en cuestión. El dictamen de la Suprema no sólo fue polémico. El voto de minoría suscrito por dos ministros, abrió un nuevo flanco para que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fondo del problema, esto es las irregularidades en el manejo de las asignaciones parlamentarias, y si procede o no el desafuero del diputado Sabag (Ver fallo completo).

La discusión que provocó la acusación hecha por el Ministerio Público al diputado Sabag y a su hermano quedó reflejada en el tiempo que le demandó a la sala de verano de la Corte Suprema emitir su veredicto. El problema llegó a manos de la Suprema luego que en noviembre pasado el tribunal de Cabrero sobreseyera a Patricio Sabag afirmando que no se le podía acusar por fraude al Fisco ya que éste no era funcionario público. Un mes más tarde la resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción. El paso siguiente fue la Corte Suprema. Y esto porque el Ministerio Público apeló con un recurso de queja que apuntó al fondo de la actitud adoptada por los ministros de la Corte penquista (Ver informe de la Corte de Apelaciones de Concepción a la Corte Suprema).

El fallo del máximo tribunal fue suscrito por los ministros Juan Araya, Rosa Egnem y Roberto Jacob, quienes estimaron que la resolución del tribunal de alzada de Concepción tenía suficiente fundamento y que su “labor no revela falta o abuso susceptible de ser enmendado por la vía disciplinaria”.

No fue así el criterio de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry. Ambos redactaron un explosivo voto de minoría que entra al fondo de la tipificación de los delitos investigados y propone enviar los antecedentes al pleno de la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal el que imponga sanciones disciplinarias tanto al juez de Cabrero como a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Concepción. Y la causal es grave: “La flagrante transgresión de normas que importan, a lo menos ignorancia inexcusable, dada la gravedad y efectos definitivos de la determinación adoptada”.

Pese a ser un voto de minoría, a juicio del ex fiscal regional de Valparaíso Jorge Abbott –quien inició esta acusación por el uso irregular de las asignaciones parlamentarias– el tenor de los argumentos de dos jueces de la Corte Suprema no deja otra opción al Ministerio Público que seguir avanzando en la causa y pedir el desafuero del diputado Jorge Sabag.

De hecho, fuentes del Ministerio Público consultadas por CIPER concordaron en que pese a haber perdido el recurso en la Corte Suprema, el voto de minoría le pone fuerte presión al sucesor de Abbott, el fiscal Pablo Gómez y al Consejo de Defensa del Estado, quienes en los próximos días deberán decidir si se piden o no el desafuero de Jorge Sabag.

Cabe recordar que el diputado Sabag se encuentra formalizado por negociación incompatible y que no se presentó en el tribunal de Cabrero a la audiencia en que se intentó re-formalizarlo por fraude al fisco. Como no se le puede obligar a asistir a la audiencia porque tiene fuero, si se quiere ejecutar este nuevo paso, se requiere ahora que el diputado sea previamente desaforado por la Corte Suprema.

Los argumentos de Muñoz y Pierry

Según el análisis de los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry, una de las irregularidades que en este proceso se cometieron es que una vez que se cierra la investigación, sólo el fiscal puede solicitar el sobreseimiento y no el imputado, como sucedió en este caso. Luego, su voto de minoría se pronuncia sobre el fondo de la acusación del Ministerio Público: el pago con fondos de la asignación parlamentaria de Jorge Sabag a una sede distrital en Cabrero, que en realidad era una oficina de una empresa del senador (DC) Hosain Sabag y su esposa, cuyo representante era su hijo Patricio.

En esa calidad el Ministerio Público le imputó a Patricio Sabag el delito de fraude al fisco. En un fallo de segunda instancia, los magistrados de Concepción se pronunciaron sobre estos hechos, lo que para los ministros de la Suprema Muñoz y Pierry constituye una “indebida anticipación” de juicio.

En sus fundamentos, los magistrados de la Corte de Concepción, zona donde el clan Sabag ha desarrollado tanto su potencial electoral como sus empresas, concluyeron que Patricio Sabag no podía ser acusado de fraude al fisco porque no era funcionario público. Además, decidieron “la clausura del proceso”, para “evitar las perniciosas consecuencias del mismo en la dignidad del imputado, arrastrado a un juicio sin finalidad práctica, afectándose de este modo sus derechos fundamentales, los cuales deben ser preservados por el tribunal”.

Fue precisamente esta decisión la que fue duramente cuestionada por los ministros Sergio Muñoz y Pedro Pierry, quienes sostienen que esos argumentos demuestran “un desconocimiento absoluto de los fines del nuevo proceso penal” y que la connotación del imputado no puede influir en la determinación “puesto que en nuestro país no hay clases privilegiadas”.

Para ambos magistrados, los ministros de la Corte de Concepción evaluaron los antecedentes que debían ser analizados por un Tribunal de Juicio Oral además de proceder sin contar con las pruebas que se presentan en un juicio de ese tipo.

Otro de los puntos centrales cuestionados por Muñoz y Pierry es aquel en que la corte penquista sostiene que el diputado Sabag sea funcionario público es una “cuestión absolutamente oscura en la doctrina penal dado (sic) que detenta un cargo por elección popular”. Los dos ministros argumentan, en cambio, que los tipos penales aplicables a los funcionarios públicos incluyen a quienes ejercen funciones públicas, en este caso un diputado.

En su parte medular, Muñoz y Pierry se pronuncian sobre el problema que ha estado en el centro de las discusiones por los escándalos del mal uso de las asignaciones parlamentarias: si se trata de fondos públicos o es dinero de los diputados. Los ministros de la Corte Suprema afirman que los arriendos de las sedes distritales no sólo los paga directamente el Congreso, sin que además nunca pasan al patrimonio del parlamentario, quien no los declara como ingreso.

-Que por las razones dadas, la sentencia que motiva los recursos de queja ha sido dictada mediando falta y abuso grave en el ejercicio de la función jurisdiccional, al hacer un mal uso de sus atribuciones, la cual tiene, además, defectos en el obrar, todo lo cual debe ser enmendado por esta vía disciplinaria. No solamente se ha privado al Ministerio Público de conducir la investigación, formular acusación y concurrir a un juicio oral y público, si no que se le ha puesto término definitivamente; se ha atendido la petición de un interviniente que no está legitimado para requerir el sobreseimiento definitivo (…); se anticipó pronunciamiento de mérito sobre los hechos, sin permitir la realización del juicio oral, que está llamado a recibir la prueba, invadiendo las atribuciones del Tribunal de Juicio Oral por un Juez de Garantía; se han realizado ponderaciones de antecedentes inexistentes y se ha estimado que no se encuentran probados los hechos de manera extemporánea- concluyen Muñoz y Pierry.

Estas consideraciones son las que respaldan la tesis del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado y que podrían derivar en la próxima solicitud de desafuero de Sabag.

Siguen los coletazos del escándalo

El caso del diputado Jorge Sabag no es el único que sigue pendiente de aquellos gatillados por diversas denuncias periodísticas durante el año 2009. Este martes 26 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó sobreseer al ex diputado RN Maximiano Errázuriz, quien se encuentra formalizado por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado. En las próximas semanas se iniciará el juicio –oral o abreviado- en su contra.

Paralelamente, a casi dos años del escándalo en el Congreso, aún se trabaja en lo cambios de fondo anunciados para terminar con la discrecionalidad en el manejo de los dineros de las asignaciones parlamentarias. Ha sido un proceso lento desde que en junio de 2009 los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Jovino Novoa y Rodrigo Álvarez, anunciaron la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias en que no participarían ni senadores ni diputados.

Para implementarlo fue necesario cambiar la Ley Orgánica del Congreso, dictar un reglamento y nombrar a sus integrantes. Recién a fines del año pasado comenzó a funcionar el consejo presidido por el ex senador (DC) Sergio Páez e integrado también por el ex presidente del Banco Central Vitorio Corbo, el ex director de Presupuestos Alberto Arenas, el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros y el ex diputado (UDI) Andrés Egaña.

La Ley de Presupuesto de 2011 les asignó $568 millones para operar, un monto que fue calificado de excesivo en el Ministerio de Hacienda y que equivale a más de 1 millón de dólares. El grueso, $527 millones, se destina al pago de salarios e incluye, además de los consejeros, el secretario ejecutivo, funcionarios administrativos y asesorías, a los tres integrantes del Comité de Auditoría creado para fiscalizar el gasto de los fondos del Congreso Nacional. Estos últimos fueron elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y reciben una renta bruta de $5 millones.

Los consejeros, en cambio, tienen una remuneración mensual de 100 UF ($2,1 millones) y su presidente130 UF ($2,8 millones). Pese a que la remuneración es mensual, no se les exige reunirse con una periodicidad definida. Sin embargo, el ex senador Páez asegura que en la práctica se han reunido más de una vez al mes y se han repartido el trabajo en comisiones por área.

Hasta ahora, la única información pública que se conoce del trabajo de esta comisión es que en diciembre pasado resolvieron aumentar en 4,2% las asignaciones parlamentarias reajustables con la inflación. Según explica Páez, las actas y registro del resto de su trabajo se darán a conocer en cuanto se tomen las resoluciones respecto a los cambios en las asignaciones parlamentarias.

Para ello han establecido una “carta Gantt”, un calendario que contempla presentar a ambas cámaras su propuesta de cambios a fines de mayo, discutirlos durante junio e iniciar una marcha blanca a partir de julio, para que entren en régimen en enero de 2012. Pese a las conversaciones que sostendrán con los parlamentarios, Páez enfatiza que “esta es una comisión resolutiva y lo que se resuelve se acata”.

En cuanto a la misión del organismo, Páez la define así: “blindar, en el buen sentido de la palabra, que se estén cumpliendo las normas y que haya tal claridad que sea imposible que un parlamentario salga nuevamente en la prensa por cosas escandalosas”.

Dichos escándalos tuvieron un fuerte costo en la imagen de la Cámara de Diputados. Mientras Claudia Nogueira (UDI) y René Aedo (RN) llegaron a un acuerdo para la suspensión condicional con la fiscalía y devolvieron el dinero de las asignaciones usadas indebidamente, siguen abiertos los procesos contra Errázuriz y Sabag.