Documentos desclasificados de la CIA revelan que nuncio fue clave para que Jaime Guzmán pusiera atención a los DDHH

Antes de Wikileaks, las desclasificaciones oficiales de documentos del gobierno de Estados Unidos, aunque parciales, entregaron antecedentes importantes sobre la historia reciente. Entre éstos se encuentra un paquete de reportes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) referidos al fundador de la UDI, Jaime Guzmán, obtenido el año 2000 por el Nacional Security Archive. En él hay referencias tanto a los años en que se desempeñó como estrecho asesor político de Augusto Pinochet, como a los días posteriores a su asesinato, el 1 de abril de 1991.

El primer reporte de la CIA en que se menciona a Jaime Guzmán tiene carácter confidencial y data de febrero de 1976. El documento tiene largos párrafos tachados que dificultan su comprensión cabal, pero que de todas maneras permite sacar en limpio datos reveladores.

En él se relata que en enero de ese año el dirigente del MIR Nelson Gutiérrez se refugió en la Nunciatura Apostólica de Santiago. Según el informe de la CIA, hasta ahí llegó un agente de la DINA que exigió al nuncio Sótero Sanz que le entregara a Gutiérrez. El representante diplomático del Vaticano en Chile le advirtió que si se lo llevaba, el hecho se haría público internacionalmente. Ante la amenaza, el agente desistió.

El episodio habría sido relatado por el propio nuncio a Pinochet, quien de acuerdo al reporte le habría contestado que estaba preocupado por la situación de los derechos humanos y tomaría medidas para mejorar la situación.

Según el documento elaborado por la CIA, el nuncio se reunió también con Jaime Guzmán. Le mostró una carta que había enviado al Vaticano, donde expresaba temor por su vida y pedía que lo llamaran a Roma.

“Guzmán, que es un católico casi fanático, ahora siente que su deber es tanto garantizar la seguridad del nuncio papal en Chile como corregir los abusos de los que le habló el nuncio. Guzmán ha tenido varias conversaciones con (el ministro de Justicia) Schweitzer y con (el presidente de la Corte Suprema) Eyzaguirre para discutir formas de monitorear las mejoras en la situación de los derechos humanos”, dice el cable de la CIA.

El fundador de la UDI dijo a los agentes estadounidenses que un reciente decreto que en el papel garantizaba la vida de los detenidos era consecuencia de los esfuerzos de Schweitzer y Eyzaguirre. Sostuvo además que por primera vez Pinochet sentía que los abusos a los derechos humanos estaban socavando su gobierno y que una eventual renuncia del ministro y el presidente de la Suprema por su falta de acción, afectaría seriamente el apoyo civil que recibía.

Pese a esta supuesta preocupación por los derechos humanos, Guzmán no dejó de trabajar junto a Pinochet y los abusos continuaron. Sin embargo, unos meses más tarde se anotó un pequeño triunfo político, cuando Manuel Contreras fue sacado de la dirección de la DINA. Así se desprende del reporte de la CIA de noviembre de 1977, donde un informante cuyo nombre se encuentra tachado, pero a quien se identifica como un consejero de Manuel Contreras, señala que el dirigente gremialista fue el gran ganador con la remoción del director de la DINA (aunque el cable se equivoca y lo menciona como jefe de la CNI, el organismo represivo que sucedió a la DINA) y del secretario general de Gobierno, Hernán Bejares.

Como se explica en el documento, el cambio se leyó como el desenlace de una pugna entre los funcionarios duros y blandos de la dictadura. Estos últimos, entre los cuales se identificaba a Guzmán, buscaban que Pinochet tomara medidas frente a la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos.

Monitoreo de la CIA tras asesinato de Guzmán

Apenas dos días después del crimen de Jaime Guzmán, el 3 de abril de 1991, se emitió el reporte titulado “Asesinato alimenta la tensión política”, donde se analiza la difícil situación del país:

-El asesinato el lunes por terroristas de izquierda del prominente aliado del comandante en jefe Pinochet, alimentará la preocupación de la derecha sobre las políticas antiterroristas del Presidente Aylwin y exacerbará el debate sobre la estrategia de derechos humanos del gobierno.

Esto último tiene que ver con el Informe Rettig, que acababa de darse a conocer. Los estadounidenses creían que las presiones podían venir tanto desde la derecha como desde el socialismo, que cuestionaría la moderada estrategia de Aylwin. Además, se esperaba que Pinochet aprovechara de criticar al gobierno.

El documento hace notar que Aylwin decidió entregar las tareas antiterroristas a la policía en vez del Ejército, a pesar de que según los estadounidenses éste tenía una capacidad superior. La policía, en cambio, no tenía experiencia en antiterrorismo ni en inteligencia. Además, dice el reporte, Investigaciones estaba en una purga de corrupción y por lo tanto podía ofrecer poco apoyo.

Seguidilla de crímenes

El asesinato de Guzmán estuvo precedido de otros crímenes: el del doctor del Ejército y ex CNI Hernán Pérez Castro, en Rancagua, y el del prefecto de Investigaciones Héctor Sarmiento Hidalgo, en Concepción. El mismo 3 de abril, un segundo cable de la CIA explicaba que originalmente se creyó que los autores de esas muertes provenían de la extrema derecha, pero que el crimen de Guzmán hacía pensar ahora en que los culpables eran parte del FPMR disidente (que en 1988 se había separado del Partido Comunista al rechazar la orden de suspender las actividades militares) y de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), dependientes del partido Mapu-Lautaro.

En el primer caso, la tesis original se sustentaba en que el asesinato se cometió antes de la entrega del Informe Rettig, en que la víctima no tenía demasiada relación con violaciones a los derechos humanos y en que el vocero del FPMR, Vassily Carrillo, había negado la autoría.

En el segundo crimen, al gobierno le parecía raro que el movimiento Lautaro atacara a un policía que no había estado involucrado en violaciones a los derecho humanos. Sin embargo, el Lautaro se adjudicó el crimen y análisis posteriores lo atribuyeron a dicho movimiento. El informe hace notar que el vocero de gobierno, Enrique Correa, hizo un llamado a “aniquilar” al Mapu-Lautaro para demostrar apoyo oficial a las desmoralizadas fuerzas de seguridad en Concepción. Sin embargo, la CIA hace un llamativo comentario final:

-Correa estaba extremadamente nervioso por hacer esos comentarios, pues existe una potencial amenaza en su contra por parte del Mapu/L; algunos de sus líderes fueron miembros del Mapu original, al que Correa perteneció antes de su división a comienzo de la década de 1980.

Políticos amenazados

Un reporte del 5 de abril de 1991 describe lo que pasó en el mundo político después del crimen de Guzmán. Jorge Arrate, entonces presidente del Partido Socialista, se dirigió rápidamente a La Moneda. Ahí se reunió con Aylwin y sus ministros Patricio Rojas (Defensa), Enrique Krauss (Interior) y Enrique Correa (Secretaría General de Gobierno). Ya en ese momento Aylwin sospechaba de alguno de los grupos de izquierda y recalcaba las similitudes con el asesinato del coronel de Carabineros Luis Fontaine, ocurrido en 1990. En la reunión, describe el cable, se discutió incluso la posibilidad de imponer Estado de Emergencia, lo que según esta versión fue rápidamente descartado.

Ese mismo día, a Arrate le avisaron que en una agencia noticiosa internacional habían recibido una amenaza de muerte en su contra y de varios otros destacados dirigentes políticos: el ministro de Educación, Ricardo Lagos, el secretario general del Partido Comunista, Volodia Teitelboim, y el embajador en la Unión Soviética, Clodomiro Almeyda. A través de otra fuente, los agentes estadounidenses se enteraron también de una amenaza a Germán Correa.

El informe enviado por la CIA el 9 de abril se refiere a la forma en que se estaba realizando la búsqueda de los asesinos de Guzmán. Aunque tiene muchos párrafos tachados que impiden conocer las fuentes de la información y que hacen perder parte del contexto, sí queda clara la tensión con que se debatía en el gobierno respecto de incluir o no al Ejército en la lucha contra la subversión.

De acuerdo al documento, la idea -presumiblemente de los propios militares- era involucrar en las tareas a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), lo que apoyaría los esfuerzos que desplegaba el general Jorge Ballerino –entonces jefe del Comité Asesor de Pinochet– para justificar los “excesos” en materia de derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Un informante cuyo nombre está tachado sostiene que se buscaba demostrar que el gobierno debía adoptar políticas “antiterroristas” como las que llevó a cabo Pinochet. Esto, a su vez, ayudaría a reivindicar el trabajo realizado por el régimen militar y a relativizar las fuertes críticas a las violaciones a los derechos humanos que contenía el Informe Rettig, entonces recién publicado.

La supuesta “cumbre terrorista”

Los temores de la CIA respecto de que el asesinato de Guzmán pudiese haber sido el comienzo de algo peor, quedaron plasmados en el reporte del 11 de abril de 1991. Las tachaduras nuevamente dificultan la compresión del contexto de todo el documento, pero en él se señala que el gobierno tiene miedo de estar en el medio de un proceso de selección de blancos de importantes políticos por parte de la extrema izquierda. “Es solo cuestión de tiempo para que una vez más los terroristas ataquen a una figura importante del gobierno o la política”, advierte la CIA.

Se menciona además la preocupación por la actitud de Carabineros durante el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo de ese año, en la Villa Francia, en relación al actuar del FPMR y Mapu-Lautaro. Según la CIA, la policía permitió las manifestaciones de ambos grupos subversivos ignorando las advertencias del gobierno.

Otra tachadura impide leer las frases siguientes del documento, que vuelve a ser legible cuando menciona una “cumbre terrorista” en Villa Francia, en la que supuestamente participaron el FPMR, el Mapu-Lautaro y la facción militar del MIR. Ahí, dice el informe, se habría planificado el asesinato de Guzmán –cometido dos días más tarde–, por ser un símbolo de la dictadura, y del entonces ministro Enrique Correa, como un traidor de la izquierda.

Las investigaciones posteriores demostrarían que este antecedente recogido por la CIA era totalmente falso, pues el FPMR jamás coordinó acciones con el Mapu-Lautaro y el asesinato de Guzmán fue planificado y ejecutado bajo estricta reserva por la estructura militar más operativa del rodriguismo, dirigida por el comandante Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena)

El terrorismo en Chile

Los documentos que mayor censura sufrieron cuando fueron desclasificados el año 2000 son los últimos que hacen referencia al asesinato de Jaime Guzmán. A pesar del tiempo transcurrido, quienes visaron el informe del 29 de abril consideraron que sólo un párrafo de las tres páginas podía hacerse público.

Ahí se lee que la CIA había recibido información de que los autores del crimen eran parte de una facción disidente del FPMR, infiltrada por el ex líder de la CNI, Manuel Contreras. El dato –que también resultó ser falso– es desmentido en el mismo reporte por una fuente cuyo nombre está tachado.

El último informe de la CIA dirigido al Departamento de Estado y la situation room de la Casa Blanca, también contiene sólo un párrafo legible. Enviado el 14 mayo de 1991, en él se analiza cómo era la seguridad al momento del asesinato de Jaime Guzmán. De acuerdo al documento, hacia fines de marzo de 1991 el crimen y el terrorismo no eran problemas políticos graves y que aunque los índices habían subido un poco, probablemente era una exageración.

Los grupos subversivos, dice el cable, sólo se convertirían en un problema grave si llegaran a contar con apoyo ciudadano. Durante la dictadura, agrega, la actitud de la gente fue ambivalente, porque si bien a las personas no les gustaba el terrorismo, lo veían como una forma de asestar un golpe al régimen. Muchas veces protegían subversivos, pero ese apoyo ya no existía en democracia. Los grupos subversivos eran, en ese entonces, muy pocos: “La amenaza de terrorismo ha cambiado drásticamente desde que el 1 de abril de 1991 fuera asesinado el prominente senador derechista Jaime Guzmán”, concluye el informe.