Un año sin recoger los escombros

Las normas sísmicas comenzaron a imponerse en Chile a raíz del terremoto de Talca en 1928. Se complementaron con posterioridad al terremoto de Chillán, en 1939, más tarde a raíz del cataclismo de Valdivia, en mayo de 1960, y se perfeccionaron después del sismo de Valparaíso, en 1971.

Cada movimiento telúrico nos permitió extraer enseñanzas y Chile pudo enorgullecerse de ser un territorio donde no había colapsado ningún edificio construido en conformidad con las normas antisísmicas vigentes. En 1972 entró en vigencia la Norma NCh 433, resumiendo todas las experiencias nacionales e internacionales en este campo, cuyos merecimientos quedaron demostrados con ocasión del terremoto ocurrido en marzo de 1985.

Como consecuencia del terremoto de febrero pasado, por primera vez en la historia de nuestra ingeniería antisísmica se desplomó un edificio de 15 pisos: Alto Río, en Concepción, originando la muerte de ocho compatriotas. Otras 30 estructuras similares levantadas en Concepción, Valparaíso y Santiago, durante los últimos diez años, sufrieron graves daños estructurales siendo declaradas inhabitables.

Las investigaciones para determinar las causas que originaron semejante desastre se han mantenido en un riguroso secreto. Cierros herméticos intentan ocultar los daños. El hotel Radisson, levantado en la exclusiva ciudad empresarial de Huechuraba, continua hasta hoy día con sus cuatro fachadas cubiertas por una malla de kiwi.

El análisis técnico para determinar las causas que motivaron semejante debacle se mantiene fuera del ámbito académico o profesional. El debate está radicado entre abogados y se transfiere al terreno judicial.

En el pasado, las estructuras afectadas por los sismos fueron verdaderas escuelas de enseñanza. Auténticos laboratorios donde generaciones de estudiantes y profesionales del ámbito de la construcción, pudieron constatar en terreno los errores cometidos, ya sea debido a cálculos estructurales incorrectos o deficiencias en el proceso constructivo. Numerosas publicaciones de institutos universitarios así lo atestiguan. (1)

Nada de eso ocurre ahora. Ningún estamento universitario nos ha convocado para reflexionar al respecto. Ningún colegio profesional ha propiciado un intercambio serio de experiencias. Tampoco los Tribunales de Ética profesionales han enjuiciado por esta causa a alguno de sus pares.

La última Bienal de Arquitectura organizada por el Colegio de Arquitectos en noviembre pasado se reorientó a la reconstrucción justamente a raíz del terremoto del 27F, pero ese propósito se limitó a ser una mera vitrina de los planes oficiales. La única instancia crítica, un panel propiciado por los comités de Vivienda y Desarrollo Urbano de dicho colegio, fue saboteada por la organización del evento, siendo radicado en una sala maloliente, bulliciosa y desprovista de equipos adecuados para apreciar las imágenes proyectadas en la pantalla.

En julio pasado, la recién confirmada intendenta de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, comunicó públicamente que el gobierno había destinado la suma de 12 mil millones de pesos para la demolición de las diez torres declaradas inhabitables en la zona. Añadió que “a fines del año concluiría un estudio de expertos contratados por el MOP por 700 millones de pesos, para determinar el origen de los daños y la metodología de demolición para cada caso”. (2)

A raíz de esta información, envié una carta abierta al Presidente Piñera, donde manifesté mi estupor por el hecho de haberse resuelto iniciar dichos estudios transcurridos más de cinco meses desde el desastre. Añadí que la suma prevista para ejecutar dicha tarea carecía de todo fundamento, sosteniendo que: “No hay técnico capaz de presupuestar el valor de estas obras, porque carecemos de experiencia en una especialidad a la que hemos sido empujados por primera vez en nuestra historia, gracias a la acción de empresarios inescrupulosos o negligentes. Fuimos educados como constructores y no como demoledores. Nadie puede asegurarle montos ni plazos de una faena tan singular como imprevisible”. Terminé manifestando “la conveniencia de crear a la brevedad una Empresa Nacional de Construcciones, encargada de asumir todas las situaciones emanadas de las emergencias”. (3)

Pues bien, la intendenta Van Rysselberghe dio a conocer públicamente el día 3 de febrero pasado que había firmado junto con el alcalde de Concepción los documentos autorizando la iniciación de los trabajos de demolición del colapsado edificio Alto Rio. La intención, según la intendenta, era que “las obras se inicien el próximo lunes, agregando que esperamos estar terminados antes del 27 de Febrero”. (4)

Nunca lo hubiera dicho. La incorregible intendenta debió haber aprendido que por la boca muere el pez, tal como le ocurrió en su controvertido encuentro con los pobladores de “Aurora de Chile”.

Al día siguiente de publicarse esta noticia, el Centro de Investigaciones Periodística, CIPER, denunció que la firma JCE S.A. a la cual se le adjudicaron los trabajos de estabilización y mitigación de cinco edificios dañados en la región del Biobío, por la suma de 726 millones de pesos, es la constructora que registra el mayor número de inmuebles dañados por el terremoto. Se trata de 15 propiedades que la investigación de CIPER detalla. Este estudio añade que la licitación fue por trato directo y no pasó por el sistema ChileCompra, y el contrato incluye las obras de mitigación a ejecutar en la torre Centro Mayor, edificada por la misma empresa. En la trayectoria de la constructora figuran dos juicios por incumplimiento de contrato en licitaciones públicas. (5)

Poco después el gobierno regional anunció el aplazamiento de la demolición de Alto Río, comunicando que “no había ningún acuerdo con empresas constructoras para ejecutar las obras, debido a que faltaban convenios por afinar. En consecuencia, aún no se ha determinado la firma que realizará la demolición”. (6)

Está claro que las ceremonias oficiales programadas en conmemoración del terremoto del 27 de Febrero tendrán que coexistir con las ruinas del edificio Alto Río. Afectarán el exitista balance anunciado por el gobierno, pero por sobre todo, las ruinas son una dramática expresión de las consecuencias derivadas de un modelo de ejecución de obras llevado al límite, con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad.

El sueño de la vivienda propia, quimera mayor para toda familia chilena, es hoy una mercancía en manos del capital financiero, que opera con escasas normas de regulación y liberado de una adecuada fiscalización.

Los escombros del Alto Rio se han transformado en una atracción de la capital penquista. Cualquier turista se retrata teniendo como fondo el espectáculo del inmueble que yace cual bestia herida. Para los familiares de las víctimas es un agravio la frivolidad con la cual se asume semejante tragedia. El lugar debe cautelarse como un memorial.

Es injustificable e imperdonable que el Estado no haya intervenido poniendo fin hace largo rato a este show de esqueletos desarticulados y a la prolongada incertidumbre de las familias que han visto esfumarse sus ahorros de toda la vida. Nadie habría reprochado a Piñera que hubiera acudido al rescate de estas familias damnificadas, tal como procedió con los 33 mineros atrapados en la profundidad de la mina San José. Concluida la operación, llegaría el momento de saldar cuentas sentando a la mesa a todos los actores del desastre: constructoras e inmobiliarias, direcciones de obras municipales, bancos, compañías de seguros y -por cierto- los damnificados.

Piñera y sus voceros invocan a la unidad en todas sus declaraciones públicas. Califican de obstruccionistas las críticas a su labor, que proliferan por doquier. Mejor sería rectificar rumbos, escuchar de verdad a los damnificados y a los municipios y hacerlos partícipes de todos su planes y programas.

Miguel Lawner recibió en 2010 la máxima distinción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile: la medalla Claude François Brunet de Baines. Fue director de la Cormu entre 1970 y 1973, encabezó las tareas de la reconstrucción tras el terremoto de Valparaíso de 1971 y dirigió la ONG Taller de Vivienda Social.