Lunares en el gobierno de excelencia

El Servicio de Evaluación Ambiental reconoció que el megaproyecto de la Universidad San Sebastián -que pretendían instalar una gigantesca efigie del papa Juan Pablo II frente a la emblemática Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, lo que fue finalmente objetado-, no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Una ilegalidad que ninguna autoridad del Estado se atreve ahora a representar a esa díscola universidad. Una irregularidad que se repite en Temuco, donde un edificio de 12 pisos violenta las normas urbanas vigentes pero obtuvo su permiso ejerciendo presión. Dos ejemplos que ponen sobre la lupa el proclamado gobierno “de excelencia”.

Sebastián Piñera es un hombre inteligente, resuelto y sumamente oportunista y por ello le ha ido muy bien en sus negocios bursátiles y empresariales. Según dicen sus “biógrafos”, partió de la nada comprando terrenos baldíos en la periferia con su socio y coterráneo serenense Choclo Délano y más adelante dio en el clavo con la introducción de las tarjetas de crédito, contando para ello con la asistencia profesional de su colaboradora Evelyn Matthei. Después de algunos cuantos años ha llegado a ser uno de los particulares más ricos del país, mérito producto de su reconocido poder de convencimiento, sagacidad y conocimiento acabado de los distintos mercados.

En política sabe vender la pomada, entre otras cosas porque es de fácil palabra y aprovecha las diversas circunstancias para aparecer como un rápido solucionador de los problemas que “aquejan a la gente”. Habla del cambio en la política para atacar la inveterada corrupción de las cuatro administraciones anteriores a la suya y nos reitera que su gobierno es de excelencia, resaltando que el eje conductor en su calificada administración es el apego irrestricto a la probidad.

Como quien suscribe tiene ciertas dudas respecto de esos asertos presidenciales, damos a conocer dos situaciones puntuales en el ámbito en que nos desenvolvemos:

INVASIVA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO RECOLETA

El 14 de Octubre de 2009, quince meses atrás, publicamos en un medio de prensa la columna “Estatua privada en un espacio público” con ocasión de la polémica y voluminosa efigie del papa Juan Pablo II que los piadosos dueños de la Universidad San Sebastián querían instalar en medio del parque Poeta José Domingo Rojas Gómez, área verde pública materializada como tal, aunque deslucida por unos espaciosos avisos promocionales instalados enfrente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La colocación de esa caprichosa estatua no prosperó por la razonada decisión adoptada por el Consejo de Monumentos Nacionales

En aquella ocasión decíamos que esa universidad privada, ese decir, “sin fines de lucro”, había obtenido de la Dirección de Obras de Recoleta unos permisos de edificación que vulneraban las normas reglamentarias fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) por cuanto no se respetaron, en una parte del predio, las alturas máximas permitidas en su propio Plan Regulador Comunal. En aquella época ya se había iniciado la construcción de la casa central y un centro de extensión de tal universidad y una de las tres torres habitacionales de 19 pisos proyectadas, la que actualmente está terminada. El acto administrativo se había cursado a la sociedad “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.”, propietaria del negocio ejecutándose en el cuadrante conformado por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, terreno que tiene dos zonas distintas de edificación : altura libre y altura media.

También criticábamos que el titular del megaproyecto, tipificado como equipamiento mayor, no lo había ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Estudio, sino que como una mera Declaración, trampa conocida y aceptada por todos aquellos, tanto públicos como privados, que se desenvuelven en este ámbito de materias. Pero lo más inaudito es que los ejecutivos de tal actividad constructiva decidieron enviar a la Conama sólo los antecedentes de las 3 torres y no las correspondientes a las edificaciones de la propia universidad y su ligado centro de extensión. Debemos suponer que los altos directivos de esa casa de estudios superiores no estaban al tanto de las travesuras que hacían sus mandos medios, porque aquellos son personajes del establishment que jamás se ensuciarían las manos para obtener ventajas indebidas en sus emprendimientos.

El Servicio de Evaluación Ambiental instaurado por la legislación que creó el Ministerio del Medio Ambiente reconoció que el megaproyecto en su conjunto, a pesar de que está construyéndose, no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, tremenda ilegalidad que nadie en la Administración del Estado se atreve a representárselo a esa díscola universidad. Ese temor a exigir el cumplimiento de las normas a los actores poderosos es recurrente en Chile y la gente que se desempeña en la institucionalidad ambiental ha llegado al extremo de atestiguar que están inhibidos para cursar sanciones. Es decir, nuestro país es un paraíso para aquellos inversionistas que sostienen que las leyes son solamente indicativas y que, por lo tanto, su acatamiento es voluntario. ¿ Será esta la fórmula que se promueve en el mundo para atraer capitales extranjeros ?

EDIFICIO DE 12 SOBRE UN PASAJE QUE PERMITE UNA ALTURA DE 2 PISOS

Desde el 2 de de febrero de 2010, está vigente el nuevo PRC de Temuco, instrumento normativo urbano que, por diferentes motivos, tardó muchos años en hacerse realidad. Hay que tener presente que el anterior instrumento era muy permisivo y de allí la explicación de la demora.

En un sector de esa ciudad residen en viviendas unifamiliares unos cuantos vecinos que rechazan la construcción de un edifico de 12 pisos sobre 3 terrenos que debían estar fusionados y el resultante inscrito en el Conservador de Bienes Raíces (CBR). Es obligatorio, para hacerse acreedor de un permiso de edificación, que el titular perfeccione esa tramitación porque el título de dominio de los inmuebles se demuestra con su registro en el CBR. Esta materia está muy bien aclarada en el marco regulatorio, a pesar de que sabemos que algunos funcionarios municipales que se creen autónomos inventaron una fórmula para facilitar los negocios del sector inmobiliario : con total desfachatez le expresan a los solicitantes de permisos que las fusiones y la debida inscripción sólo son exigibles para las recepciones finales de obras (sic).

La oposición de la comunidad se debe a que el proyecto rompe la escala del barrio, y por su volumen, generaría grandes impactos viales derivados del aumento desmedido de la densidad habitacional, ello por cuanto, aunque el lector no lo crea, el acceso al edificio de 90 departamentos con sus 95 estacionamientos es por medio de un angosto pasaje. Para lograrse ese espurio permiso, el Director de Obras recurrió al ardid de otorgar el carácter de calle (vía local) a un callejón que no era más que un simple pasaje con el agravante que además era ciego. De haberse ajustado ese funcionario municipal a la reglamentación vigente sólo podría haber autorizado una edificación habitacional de 2 pisos.

Debido a las fundadas reclamaciones de los vecinos formuladas a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía ésta se vio en la necesidad de instruir al Director de Obras de Temuco en orden a que invalidara el permiso mal otorgado, funcionario municipal que finalmente procedió en consecuencia por las evidencias demostradas por su superiora jerárquica. A raíz de lo anterior, empezaron las presiones corporativas para impedir la aplicación de la ley del Procedimiento Administrativo que consagra la invalidación de los actos contrarios a derecho y en una operación reservada, los agentes públicos del Minvu y de la municipalidad, se las arreglaron con total impudicia para revalidar ese permiso trucho.

CONCLUSIÓN

Piñera sabe ejercer un férreo control sobre todos sus ministros, de tal forma que estaremos atentos al desarrollo de los dos hechos relatados para estar en condiciones más adelante de afirmar que su gobierno sí es de excelencia y que, está dando muestras ciertas para atacar el flagelo de la corrupción. Veremos si nuestro multifacético presidente imparte las instrucciones de rigor para que las instituciones sectoriales funcionen. Bonito y concreto desafío para la ministra de Vivienda y Urbanismo, cuyo servicio público, desde hace mucho tiempo, conoce en detalle ambos casos.

Por el contrario, si estas situaciones anómalas se transforman en nuevos hechos ilegales consumados por inacción de las autoridades competentes, tendríamos la certidumbre de que la voceada excelencia no es más que un panfleto publicitario.

*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.