Guerra “Psicopolítica” declaran militares uruguayos implicados en crímenes
04.02.2011
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04.02.2011
Un grupo de oficiales retirados que teme ser alcanzado por la justicia debido a su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, inició una ofensiva “psicopolítica” (como la definen) al crear una organización a través de redes sociales y mediante cartas a los comandantes de las Fuerzas Armadas que fueron filtradas a la prensa para generar hechos políticos por los que procuran alinear a sus objetivos a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.
Organizados en un autodenominado “Foro Libertad y Concordia” (libertad.concordia@gmail.com), que dirige una anónima “Mesa Coordinadora”, el grupo de oficiales ha tenido como voceros al coronel Juan Pérez, en cuyo domicilio sesionó el comando fundacional, y al experto en heráldica, coronel Juan Carlos Araújo Sbarra, conferencista de área “psicosocial” del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), quien actúa como representante del grupo ante la prensa.
El “Foro” se constituyó a fines de diciembre de 2010 a través de representantes de “promociones o tandas” de egresados, con el apoyo de otros grupos (entre ellos la logia “Tenientes de Artigas”) en los que aparecen reconocidos torturadores y con el auspicio de organizaciones de represores de Argentina y de la ultraderechita “UnoAmérica”, que desde la oposición en Venezuela aglutina a partidos políticos conservadores en todo el continente y ha cooptado a militares retirados y a dirigentes políticos de Uruguay.
El grupo, organizado a través de diez “secciones” o “equipos de tareas” (que incluyen un grupo de inteligencia y otro militar) se plantea lograr la liberación de todos los militares presos por violaciones a los derechos humanos y “eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas”, Para eso se propone formar opinión pública, psicosocial y política, “en principio por medios legales”.
La organización se constituyó desde la web www.uruguaymilitaria.com, creada hace varios años para la discusión de temas históricos y militares, que se fue transformando últimamente en un centro de debates políticos contra el gobierno del Frente Amplio. En la actualidad el portal presenta un editorial titulado “No se rindan” y abre al debate la actuación de los mandos militares y del ministro de defensa, Luis Rosadilla.
El “Foro Libertad y Concordia” se hizo público a través de una carta al comandante en jefe del Ejército, general Jorge Rosales, que tuvo repercusión en la prensa, sectores político y el propio gobierno, y creo un Facebook de apoyo que en pocos días logro más de un millar de “amigos” entre los que se destacan políticos uruguayos y grupos de ultraderecha y nacionalsocialista del continente.
En un artículo publicado en la web de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA), el propio coronel Juan Carlos Araújo, egresado de la Escuela de las Américas (SOA) en 1972, fue quien propuso a sus camaradas la nueva forma de organización a través de las “tandas o promociones” y por fuera de los desgastados clubes Circulo Militar y Centro Militar o las cooperativas militares, que habían sido utilizadas hasta el momento.
Araújo, se contactó con otros militares que habían hecho manifestaciones en redes y emails, como los coroneles Manuel Urrutia (de la logia “Tenientes del Artigas” y agregado militar en China entre 2006 y 2008), Julio C. Morinelli, Carlos Oscar Angelero (egresado de la SOA y actual administrador de la web del Batallón Simbólico 20 de Diciembre y del Museo del Arma de Ingenieros), Walter Forischi (secretario general del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, quien defendió al procesado sargento Ernesto Soca en un artículo del periódico Nación) y Walter Villanueva (también egresado de la SOA).
La primera “promoción” en juntarse fue la “Éxodo del Pueblo Oriental” (1971) que integraba el general Miguel Ángel Dalmao, procesado por el homicidio de Nibia Sabalsagarray. También lo hizo la tanda “General Melchor Pacheco y Obes (1956) que integra el coronel Juan Carlos Gómez, procesado por la muerte de Roberto Gomensoro Jossman. En ambos casos, se buscó recaudar fondos para pagar sus defensas.
Araújo tomó ese ejemplo y convocó a su promoción “Escuela Militar en Toledo” (1972), para sumar luego a la “Con libertad no ofendo ni temo” (1973) y la tanda “Sean lo orientales tan ilustrados como valientes” (1974) a la que pertenecía el coronel Wellington Sarli, extraditado a Chile y condenado a prisión por el secuestro y muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1992.
El propio Araújo se puso entonces en contacto con su compañero de promoción el coronel Tranquilino (Tato) Machado Badaracco (cuyo procesamiento con prisión fue solicitado por el fiscal Juan Gómez, quien le ha acusado por el homicidio muy especialmente agravado del estudiante Ramón Peré en julio de 1973) y le propuso crear una organización a través de las tandas.
La idea es una imitación de la organización creada por los represores en Argentina (Asociación de promociones para defensa de los militares), a cuyo presidente, coronel Horacio Guglielmone, Araújo conoció –gracias al mayor Enrique Mangini- durante una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Alejandro Peña Esclusa, preso en Venezuela donde se le acusa de preparación de actos terroristas en las últimas elecciones de ese país.
Araújo hizo contacto con la “Unión de Promociones”, los “Abogados por la Justicia y la Concordia” y con la propia “UnoAmérica”, a quienes solicito apoyo y experiencia. Así terminó de delinear la organización de tandas como “Confederación” y realizó una planificación de las acciones futuras que puso a consideración en una reunión celebrada el lunes 27 de diciembre pasado.
En su documento fundacional el “Foro Libertad y Concordia” se propone como “misión”: “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles”, y como “maniobra general y propósito” estableció “formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales”.
La organización, la encabeza un “Comando Coordinador” con hasta dos representantes por tandas (todas las que adhieran), entre los que ofrezcan disponibilidad plena para este tema, pero con relevo cuando sea oportuno. “Estos se distribuyen las tareas formando y dirigiendo equipos con voluntarios para formar Secciones o Equipos de Tareas (no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar)”, se dice.
Las “secciones” creadas son: “1 -Política y psicosocial” con el objetivo de “ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales (asociaciones, clubes, organizaciones, iglesias, cofradías, personas)”, “2 – Propaganda”, con el cometido de “ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”.
La tercera sección es la “Jurídica” para “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)”. El cuarto “equipo de tareas” se dedicará a los “Prisioneros”, para “ejecutar acciones de apoyo a la reclusión de los prisioneros políticos”.
Un quinto equipo se dedica a la “Familia” y ejecutará “acciones de apoyo con nuestras familias y participación de esposas, hijos y familiares de acusados y prisioneros, en coordinación con familiares de caídos y víctimas civiles”. Una sexta sección es la “Internacional” para “ejecutar acciones de coordinación y apoyo mutuo con organizaciones en otros países e internacionales”.
Finalmente se establecieron otros cuatro equipos. De “organización” (ejecutar acciones internas de personal y reclutamiento), de “Inteligencia” (“ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”), “Militar” (ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”, y de “Finanzas y logística” (“ejecutar acciones de apoyo a las acciones anteriores).
La propuesta del coronel Araújo coincidió con los objetivos y acciones que ya se venían realizando desde otros grupos de militares retirados, algunos de los cuales habían copado la web “uruguaymilitaria.com” donde comenzaron a aparecen cartas y opiniones criticas sobre la situación política. En esa página de Internet aparecieron los primeros comunicados y convocatorias del “Foro Libertad y Concordia”.
En setiembre de 2010 se publicó una carta abierta a Julio María Sanguinetti del coronel Raúl Flores García, quien increpó al ex presidente por algunos conceptos manejados en un artículo titulado “La Milicia Hoy” que publicó el diario “El Observador”. Un mes más tarde, se recogía una intervención del presidente del Club de la Fuerza Aérea, coronel (av) Hugo E. Reboledo, en la que criticaba la ley presupuestal y pedía el indulto para los militares uruguayos Casella, Radaeli y Sarli, presos en Chile.
En noviembre, destacaban una carta de lectores en Búsqueda en la que los miembros de la promoción “Coronel Leonardo Olivera” planteaban al presidente José Mujica la grave situación por la que atraviesan las fuerzas armadas. Firmaban la nota el general Walter Díaz; y los coroneles Eduardo Techera, Julio Tabárez, Jorge Silveira, Carlos Silva, Eliocadio Martínez, Uber Jara, Dany García, Gastón Fidelín, Adhemar Felipe, Raúl Etchandy, Douglas Duarte, Juan Delpino, Guillermo Coll, Ramón Barboza, Walter Balbi y Carlos Angelero (uno de los fundadores del Foro).
A fines de diciembre, la web también se hacía eco de otra carta contra la política del gobierno y la ley presupuestal que firmaban los ex comandantes del Ejército, generales Carlos Berois, Guillermo de Nava, Raúl Mermot, Fernán Amado, Carlos Daners y Santiago Pomoli. La nota no incluía (destacaba el blog) los nombres de Ángel Bertolotti y Carlos Díaz, que ocuparon el cargo durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
El 4 de enero, “uruguaymilitaria” publicó una carta del coronel Carlos Rodríguez Lagreca, sobre la situación de los militares retirados que –según se dice- no fue publicada por el semanario Búsqueda y el 11 de enero una nota critica sobre la internación en el Hospital Militar del subsecretario de Defensa, Daniel Castella, que en nombre de la Agrupación Maldonado del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, firmaban los oficiales retirados José Baudean (ex OCOA), Eduardo Ferro (secuestrador de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto Alegre), Ademar Pérez (vicepresidente de la Unión Nacionalista del Santorial), Héctor Varela, Alfredo Campos y Mario Musto (presidente de los criadores de caballos criollos de Maldonado).
El 18 de enero, el blog daba a conocer el primer comunicado del “Foro Libertad y Concordia” en donde se hacía referencia a la primera reunión realizada el 27 de diciembre y se convocaba a un nuevo encuentro el 20 de enero en el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas. El 25 de enero, difundían la carta al comandante Rosales y el 27 de enero llamaban a otra reunión para el mismo día, donde evaluaron las repercusiones de las primeras acciones de su “guerra psicopolítica”.
En lo que podría considerarse una acción conjunta de la segunda (Propaganda) y quinta (Familia) secciones de la organización, el 29 de enero se formó una página en Facebook con el nombre “Apoyo al Foro Libertad y Concordia”. El sitio fue constituido por la psicóloga María Noel Larrosa Rombys (familiar del mayor Héctor Rombys, ex segundo jefe del Batallón de Paracaidistas 14 durante la jefatura del coronel Baudean) cuyos dos primeros invitados fueron “Uruguay Militaria” y “Derecha Uruguaya”.
En pocos días la página llegó a un millar y medio de “amigos” que mayoritariamente convocaron Jorge Omar Guidobono Damia e Isabel Silva. Entre los primeros “amigos” aparecen Aníbal Gloodofsky, Pablo Picabea, Pablo Abal, Alvaro Alfonzo, envozalta.com (página de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena) y el secretario de prensa del Foro, coronel Juan Carlos Araujo.
Entre los dirigentes políticos que adhirieron al sitio aparecen Luis Alberto Heber, Daniel García Pintos, Luis Lacalle, Gustavo Penadés y Fernando Amado. Otras personalidades destacadas son Elbio Ghierra, Héctor Varela González (definido como soldado profesional en Resistencia Nacionalista), Manuel Ayres y David Ns Sifuentes (ambos nazi confesos), Alexander Torres Mega, y los oficiales retirados Carlos Silva Valiente y Arquímedes Cabrera (ambos de la Logia Tenientes de Artigas).
Entre las organizaciones invitadas están “UnoAmérica” y su presidente Alejandro Peña Esclusa, la “Contraguerrilla venezolana”, el “Movimiento Cóndor” (encabezado por el carapintada vicecomodoro Horacio Ricciardelli), Cívicos con Lacalle, Chile Derecha, Vanguardia Nacionalista, el periódico Nación (de los Tenientes de Artigas), Alianza Comunista Americana y el Liceo Militar Artigas, entre otros.
La carta que el “Foro Libertad y Concordia” envió al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, provocó rápidas reacciones de los tres poderes del Estado, que declararon públicamente su rechazo a las amenazas contenidas en el texto de los militares retirados, y generó un “caceroleo” popular convocado a través de las redes sociales de Internet.
En su estrategia de comunicación, la organización utilizó a los medios de comunicación y páginas web, que durante varios días difundieron la carta a Rosales y entre las repercusiones incluyeron entrevistas a tres oficiales encarcelados en la prisión de Domingo Arena: Luis Maurente, Ricardo Medina y Gilberto Vázquez.
Sin embargo, el reportaje de Ultimas Noticias al coronel Vázquez, tuvo repercusiones no esperadas, cuando el represor reivindicó el uso de la tortura, justificó el enterramiento de las víctimas de desaparición forzada en razones económicas y considero el caso de María Claudia García de Gelman (nuera del destacado poeta y periodista argentino, Juan Gelman) como un “daño colateral”.
Las opiniones de Vázquez no fueron acompañadas por los ex militares Carlos Calcagno, Jorge Silveira, Luis Maurente, Ricardo Arab y Juan Carlos Larcebeau, ni por los policías Ricardo Medina y José Sande Lima, quienes hicieron un comunicado público al respecto. Los otros militares presos no se pronunciaron..
El presidente José Mujica participó del acto de asunción del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, en lo que se consideró un apoyo explícito del Poder Ejecutivo al Poder Judicial ante las críticas y amenazas solapadas que se incluían en la carta de los militares retirados.
El secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, consideró que la carta enviada a los comandantes de las Fuerzas Armadas era sólo una “inquietud” de oficiales retirados, pero advirtió que “ya hemos dicho que seguimos con atención ésta y cualquier manifestación de cualquier tipo de grupo que sea”.
Sin embargo, el Gabinete de Seguridad que componen el presidente Mujica y los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez y el secretario y prosecretario de la Presidencia, Alberto Breccia y Diego Cánepa, terminaron por emitir un comunicado.
La declaración pública destaca la vigencia de la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, la garantía de la libertad de expresión, el acatamiento a las decisiones judiciales y la imposibilidad de las Fuerzas Armadas de defender como institución a personas indagadas por delitos.
La ofensiva de los militares retirados se decidió antes de que finalizara la feria judicial y los juzgados penales retomaran las causas de derechos humanos que en las próximas semanas llevarán a decenas de oficiales a los juzgados y podrían provocar el procesamiento de varios de ellos por delitos de lesa humanidad.
La jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Telechea tienen a su cargo la indagatoria de la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, por la que una veintena de militares que en enero de 1976 revestían en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce deberán comparecer entre el 7 y el 14 de febrero.
Mota y Telechea también intervienen en la causa de diecinueve muertes por tortura en la que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad. Cada uno de esos casos implicará la citación de los jefes de unidad y en varios de ellos existen acusaciones concretas sobre los responsables del asesinato.
El juez Sergio Torres, por su parte, deberá pronunciarse sobre el pedido fiscal de procesamiento del coronel Tranquilino Machado por el homicidio del estudiante Ramón Peré en 1973, aunque en los últimos días el abogado defensor Miguel Langón interpuso nuevos recursos para dilatar la decisión.
El juez Rolando Vomero debe resolver el pedido de apelación interpuesto por la defensa del general Miguel Ángel Dalmao encarcelado por la muerte de Nibia Sabalsagary y el juez Juan Fernández Lecchini deberá decidir sobre el pedido fiscal contra el dictador Gregorio Álvarez por el homicidio de Roberto Luzardo.
La Suprema Corte de Justicia tiene que fallar sobre lo pedidos de casación interpuestos por los militares implicados en la causa del segundo vuelo de Orletti y en el caso del procesamiento del Goyo Álvarez por los terceros traslados. También deben dar sentencia sobre la inconstitucionalidad de la caducidad en la causa de los Fusilados de Soca y del homicidio del coronel Ramón Trabal.
Paralelamente, se acelerarán otras causas como las de la desaparición del maestro Julio Castro, el homicidio de Cecilia Fontana de Heber con los vinos envenenados, y, en particular, la primer denuncia por casos de tortura presentada por ex presos políticos de la base Boiso Lanza.
(*) Este artículo de Roger Rodríguez (rogerrodriguez@adinet.com.uy) fue publicado en Caras &Caretas el 4 de febrero de 2011.
El autor de esta investigación actualmente es objeto de una campaña de intimidación y amenazas por parte del grupo “Foro Libertad y Concordia”. A través de Facebook, este grupo ha dado a conocer datos personales como domicilio y número de teléfono del periodista, a lo que se suman insultos y amenazas. Por este motivo, la organización Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), además de expresar su apoyo al autor del reportaje, han hecho un llamado a las autoridades del país para garantizar su seguridad frente a estas agresiones.