Coexistir con la corrupción

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad critica la falta de herramientas que existen en el país para combatir y perseguir los actos de corrupción. Recuerda que el año pasado se anunció la creación de un Frente Anticorrupción, integrado por las cabezas de algunas de los más importantes organismos del Estado chileno, el que sin embargo se diluyó en el tiempo. Si no se fortalecen las instituciones y sus herramientas legales, la lacra de la corrupción podría avanzar sin contratiempos.

En los países serios la corrupción es el enemigo número uno de sus Estados de Derecho, de sus sistemas políticos democráticos y de sus economías de libre mercado y en razón de ello el Ministerio Público tuvo la excelente idea de relacionarse con la Agencia Eurosocial de la Comunidad Europea para disponer de mayores antecedentes en su cometido. Así fue como desarrolló con ella el proyecto “Lucha contra la corrupción: el modelo de fiscalía especial y multidisciplinaria” cuyo objetivo es detectar a tiempo la configuración de ese tipo de delitos, que en Chile ha sido muy difícil pesquisar por las razones que cada lector perspicaz comprenderá.

Los abogados especialistas del Ministerio Público han dicho que la lacra de la corrupción deber ser enfrentada, desde la perspectiva de su persecución penal, de una manera muy distinta a los otros tipos de investigaciones y que, para ello, se hace necesario modificar nuestro ordenamiento jurídico con lo cual se lograrían los resultados que la sociedad espera. Lo anterior es un tremendo desafío si sabemos que en nuestro país, de una u otra forma, está garantizada la impunidad cuando se trata de delitos económicos cometidos por los dilectos animadores del establishment.

En el año 2007 el Ministerio Público propuso al gobierno de Bachelet la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Pero, luego de los profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, ni la presidenta, ni menos, su ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma, hicieron mayor cosa para activar la creación de dicha fiscalía, posiblemente porque creían que el control de la probidad pública y digámoslo con claridad, la connivencia entre algunos funcionarios de la administración con excelsos actores privados, no tenía la prioridad que sí exigían otras iniciativas más “entretenidas” y mediáticas.

Transcurrió el tiempo y el domingo 5 de julio de 2009, en pleno fragor de la campaña presidencial que le dio el triunfo a Piñera, se publicó en El Mercurio un completísimo reportaje titulado “El debut del Frente Anticorrupción”, con ocasión de una reunión llevada a cabo en ese diario por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Se explayaron en la cita Urbano Marín, Juan Colombo, Ramiro Mendoza, Sabas Chahuán y Carlos Mackenney, respectivamente, siendo entrevistados por la periodista Pilar Molina. Debemos tener presente que los 2 primeros han sido reemplazados por Milton Juica y Marcelo Venegas.

Los titulares de esas instituciones fueron muy convincentes en plantear sus ideas para atacar dicho flagelo y recordaron que el 2 de diciembre del año 2008 ya habían firmado un compromiso de intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos.

En lo que dice relación a las sanciones bajas e inoportunas para el fraude al fisco y el cohecho, Mendoza indicó que “las penalidades no son lo suficientemente drásticas”, pero también dijo que “había que fortalecer las unidades de auditoría interna en los servicios y municipios y el seguimiento de sus denuncias en los tribunales”. En lo referido al trato y colaboración e independencia frente al gobierno, Colombo sostuvo que “una vez nombrado, uno tiene que aplicar el principio de la ingratitud con quien te nombró”. Ante las modalidades de corrupción, todas graves, Chahuán explicó “la que implica abuso de poder es de un nivel de repudio ético y moral más execrable”. Quien dio en el clavo fue el asertivo Mackenney, quien expresó “nos interesa que el país trabaje en la prevención”.

Pero como ningún medio de prensa le hizo seguimiento a la creación de ese Frente Anticorrupción y dado que se echó al olvido esa atractiva iniciativa con la cual se habrían aumentado los estándares en la probidad, en razón a que somos curiosos, desde hace 2 meses, nos pusimos en campaña para revisar personalmente con los titulares de esas 5 instituciones en qué etapa de desarrollo estaba dicho Frente. Nos entrevistamos con Milton Juica y Marcelo Venegas, presidentes en ejercicio de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, respectivamente; con Carlos Mackenney, presidente del CDE y con el subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien nos recibió acompañado con un abogado de esa repartición. La apretada agenda de Ramiro Mendoza ha imposibilitado nuestro contacto con la Contraloría General.

Las cuatro reuniones fueron gratas, notando un genuino interés por parte de quienes nos recibieron en mejorar la institucionalidad, pero quedó demostrado que el Frente Anticorrupción no existe en los términos que El Mercurio nos anunció en julio de 2009, lo cual nos debe hacer recapacitar y sacar conclusiones.

En todo caso y relacionado con la materia, traemos a colación una graciosa experiencia que tuvimos en días pasados con el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, institución con muy buena llegada a los medios, quien informó recientemente a la opinión pública que había mejorado el “índice de percepción de la corrupción” en Chile, medición que se basa en un estudio de analistas, expertos independientes e instituciones internacionales. Como teníamos ciertas fundadas dudas con ese insólito resultado, le solicitamos al portavoz de esa organización que nos diera los nombres de aquellos líderes de opinión, altos dirigentes empresariales y en general de todos quienes habían sido consultados y que estaban tan satisfechos respecto de cómo aprecian este escenario. La respuesta de esa institución que vela por la transparencia (sic) nos dejó pasmados, porque nuestro interlocutor, después de varias sesudas explicaciones, mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados.

Haciendo abstracción de lo dicho en el párrafo anterior y recapitulando, si se llegara a producir un milagro y este Frente Anticorrupción llegara a operar más adelante, sería imperioso que también lo integre el efectivo Consejo para la Transparencia, organismo que ha sabido cumplir con excelencia su labor cotidiana. Pero más necesario que lo anterior es darle al Ministerio Público las potestades y recursos financieros para que sus fiscales ataquen con decisión los recurrentes ilícitos que cometen los más vivaces del grupo social más encumbrado que hay en el país.

Piñera, Hinzpeter y Felipe Larraín, quienes son los que mandan en Chile, saben que la corrupción es un fenómeno complejo ejecutado por redes de individuos que conocen muy bien el sistema y por ende sus debilidades y por ello esperamos que, entre los 3, adopten las decisiones conducentes a erradicarla paulatinamente para mejorar nuestra democracia y para que los privados de todos los pelajes entiendan que las leyes siempre se deben obedecer sin recurrir a los abogaditos expertos que las interpretan a sus amaños.

Si ello no acontece y continuamos como hasta ahora nos hemos desenvuelto, quedará en evidencia que coexistir con la sofisticada corrupción de las élites es un buen negocio para aquellos que toman las decisiones políticas en el esplendoroso Palacio de La Moneda.

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.