Jueza sobresee temporalmente el proceso por irregularidades en el Registro Civil

La jueza de garantía Carla Capello Valle sobreseyó temporalmente la que calificó como una causa “de proporciones nunca antes vistas en el sistema procesal penal” y por la que se encuentra imputada una veintena de personas, tanto ex funcionarios públicos como ejecutivos privados ligados a una licitación del Registro Civil. Los abogados de todos ellos denunciaron que la Fiscalía Centro Norte estaba afectando su derecho constitucional a la debida defensa, reclamo que fue acogido por la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía.

Con esta decisión se paraliza todo lo realizado desde marzo de 2008, cuando CIPER dio a conocer una serie de irregularidades en una licitación por US$ 80 millones para la renovación de la plataforma tecnológica del Registro Civil, adjudicada a la empresa india TATA. La publicación motivó la anulación del contrato, la remoción de la cúpula del servicio y una denuncia del gobierno al Ministerio Público. La investigación cayó en manos de la fiscal Alejandra Godoy, quien desde un comienzo ha sido criticada por las defensas de los imputados.

En esta oportunidad, los abogados presentaron un recurso acusando a la fiscalía de no darles acceso a todas las evidencias recopiladas durante la investigación y de realizar diligencias intrusivas, como la grabación de conversaciones entre los imputados y sus abogados, lo que le habría permitido conocer sus estrategias judiciales.

La Fiscalía Centro Norte negó estas acusaciones y aseguró que siempre han puesto a disposición de las partes los voluminosos antecedentes de la investigación. Al momento de preparar su acusación, en mayo pasado, la fiscalía presentó más trescientos testigos, casi nueve mil documentos y aproximadamente doscientos objetos incautado, según consta en la resolución.

Sin embargo, la jueza Capello recordó que pese a que se entregaron los documentos en forma digital, las defensas de los imputados han reclamado por la dificultad de acceder a las pruebas, porque los archivos no siempre podían leerse y porque faltaban antecedentes relevantes.

“Esta sentenciadora ha podido constatar que debido a la abrumadora cantidad de prueba recopilada durante la investigación hasta el día de hoy existe confusión sobre cual es la totalidad de esa documentación, puesto que siguen apareciendo antecedentes que si bien no fueron ofrecidos como prueba de cargo de la fiscalía, son evidencia incautada que podría servir a las defensas para desvirtuar las imputaciones que pesan sobre sus representados, aun las defensas señalan que no es posible abrir todos los archivos que contienen los documentos digitalizados, que existen archivos que se encuentran en blanco, que faltan antecedentes como correos electrónicos, computadores incautados, resultados de diligencias que fueron ordenas por la fiscal adjunta, de las que no hay registro sobre su efectiva realización, problemas de doble foliación que dificultan hasta casi imposibilitar la localización de los documentos buscados, interrupciones en la cadena de custodia de la evidencia incautada que impide realizar pericias particulares a los objetos custodiados toda vez que ya no son los que originalmente se incautaron y, por lo tanto se duda con justa razón sobre su integridad y autenticidad. De todo esto, el Ministerio Público no ha dado respuestas satisfactorias que hagan pensar al Tribunal que, al menos la fiscalía tiene control de su investigación”, sentenció la magistrada.

Por todo lo anterior, la jueza Capello dio la razón a los imputados, en cuanto a que se estaba afectando su derecho a defensa y a que no tenían todos los elementos necesarios para intentar desvirtuar la acusación de la fiscalía. En su resolución, se acogió “la petición de las defensas en el sentido de sobreseer temporalmente el procedimiento hasta que se cumplan las condiciones necesarias para garantizar a los acusados el adecuado ejercicio de sus derechos, en el sentido de asegurar el total y completo acceso a toda la prueba recopilada por la fiscalía durante la investigación y no solo a aquella que fue ofrecida en la acusación, la cual sin perjuicio de lo anterior, debe estar en perfectas condiciones de orden y registro que asegure también su examen por parte de las defensas”. Sin embargo, rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo.

La decisión judicial representa un duro golpe para el Ministerio Público, que ya anunció que presentará un recurso para revertirla.

Tras dos años y medio de investigación, hasta ahora el principal acusado, el ex asesor paralelo de TATA y el Registro Civil en la licitación, Andrés Contardo, fue condenado a tres años y un día y a 542 días con libertad vigilada tras aceptar cargos por revelación de secreto con grave daño a la causa pública, en enero pasado. Posteriormente, en julio, casi la mitad de los imputados se acogió a salidas alternativas de trabajo comunitario y firma mensual, con la que la lista de imputados se redujo a una veintena.

Entre los principales acusados destacan aún el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, y altos ejecutivos de la multinacional TATA, incluyendo a su presidente Henry Manzano.