Expansión urbana, transparencia y OCDE

Hace dos meses el Consejo Regional rechazó un plan de expansión urbana para la capital. La Fundación Defendamos la Ciudad , basada en la Ley de Transparencia, pidió al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la nómina de los propietarios de predios rurales, indicandos sus roles, que podrían haber sido beneficiados con el plan. La cartera respondió que no tenía completo ese dato, pero la fundación encontró un documento que aclara la situación. En la siguiente columna, el presidente de Defendamos la Ciudad relata detalles de este episodio y cuenta que finalmente llevó el caso hasta al Consejo para la Transparencia y al punto de contacto de la OCDE en Chile.

En junio, aprovechando el estado de embriaguez del que padecíamos producto del exitismo de nuestra selección de fútbol y de las ensordecedoras vuvuzelas, nuestro intendente metropolitano Fernando Echeverría partió a Sudáfrica en donde se preparó para convencer a los consejeros regionales de que votaran favorablemente el proyecto PRMS 100 de expansión urbana de Santiago, éste se sometió a votación el 30 de ese mes en el Consejo Regional (CORE).

El pronunciamiento de los 26 consejeros fue 13 votos en contra, una abstención y 12 votos a favor, con lo cual se rechazó ese antojadizo proyecto de cambio de uso de suelo. El artículo 38º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional dice que “los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva”. Y en esa ocasión estaban todos presentes. Pero como era tanto el interés para que se aprobara dicho PRMS 100, se inventó una segunda votación con la suposición de que el consejero que se había abstenido iba a votar posteriormente a favor, con lo cual el resultado sería 13 contra 13, dando lugar a que el intendente Echeverría dirimiera el empate, forzando así el resultado a sus deseos. Pero falló, porque el consejero dubitativo cargó la balanza al rechazo y así fue como el segundo resultado fue 14 en contra y 12 a favor.

Dado que seguir ampliando los límites urbanos era innecesario y contradictorio con las políticas públicas establecidas en el año 1994 en el instrumento de ordenamiento urbano intercomunal (PRMS) y en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), promulgado en mayo de 1998, diversos expertos en planificación urbana y grupos ambientalistas se opusieron a esta desacertada iniciativa, concebida en el gobierno de Bachelet y respaldada por el gobierno de Piñera.

Ahora bien, al margen de que desde el punto de vista de la planificación urbana este intento de expansión por extensión no tenía sustento racional, tal como lo expresaron las principales facultades de arquitectura del país, las que además denunciaron la ausencia en esa iniciativa de los estudios de rigor y, sobre todo, la discordancia de la misma con la política de expansión que tres años antes había implantado el mismo ministerio para la ciudad de Santiago, a través de los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), la atención para explicarse el por qué de algo tan inconcebible se centró en averiguar a quién podía favorecer tal curiosa política pública.

Las aprensiones que la ciudadanía informada ya tenía, fueron corroboradas crítica y editorialmente, entre otros, por El Mostrador y El Mercurio. En razón de lo anterior, y dado que la discrecionalidad con la que cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su quehacer está garantizada, llegándose al extremo de que posiblemente por motivos de “prudencia institucional” o “razones de Estado” ni siquiera el denominado “Frente Anticorrupción” -conformado por los titulares de la Corte Suprema , Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado y Contraloría General de la República- se atreve a investigar, nuestra Fundación Defendamos la Ciudad indagó para transparentar quiénes son los bien relacionados que siguen pujando por obtener estos fáciles lucros. No hay que olvidar que el precio del metro cuadrado rural se multiplica fácilmente por ocho cuando obtiene el carácter de urbano.

El 8 de julio le solicitamos a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, sobre la base de la Ley de Transparencia, que nos entregara los nombres de las personas jurídicas o naturales propietarias de los diez más extensos predios rurales por cada una de las comunas en donde se contemplan las recién fraguadas Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC). También le pedíamos el número de rol del avalúo de Impuestos Internos.

El 12 de julio, es decir, sólo cuatro días después de formulada la solicitud, la Seremi , vía ORD. Nº 2920, firmado por un funcionario que ejercía el cargo en calidad de subrogante, se dirige al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), con copia a nuestra Fundación, expresándole que asumiera la entrega de la información requerida porque ese ministerio no conocía ni tenía acceso al rol de los predios agrícolas que se iban a transformar en urbanos. Adujo, además, que para cambiar los límites, se utilizaban sólo criterios asociados a elementos naturales, tales como canales de riego, cerros, curvas de nivel y a elementos artificiales, como los trazados viales, límites político administrativos, infraestructura férrea y alta tensión, entre otros. De esta forma dicho ministerio, promotor del PRMS 100, nos quiso dejar muy en claro que su decisión modificatoria era eminentemente técnica, con lo cual se subentendía que no tenía conocimiento de quienes iban a obtener las plusvalías patrimoniales derivadas de los cambios en los usos de suelo.

El 2 de agosto sostuvimos una reunión con profesionales de Asesoría Jurídica y Avaluaciones del SII, con el propósito de establecer un procedimiento conducente a disponer de esa información pública. Enseguida, el 17 de agosto, la Subdirección Jurídica del SII nos respondió en su Resolución Exenta Nº 3336 que no está en condiciones de entregarnos la información porque no cuenta con ella en forma completa. Nos explicó que las manzanas del sector urbano de cada comuna se encuentran graficadas en planos de escala 1: 5.000 y las del sector agrícola en planos de escala 1: 20.000, lo que dificulta el traspaso de información.

El SII nos describió tres razones de tipo administrativo que impedían la entrega del listado. Sostenía que buscar internamente los antecedentes para responder en los términos requeridos significaba distraer a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. También nos manifestó que la labor de pesquisa documental, siguiendo algunos pre requisitos, la podríamos hacer nosotros mismos, si nos acercábamos a sus distintas oficinas en donde podríamos revisar los roles de propiedades. Es decir, tal como la Seremi le traspasó al SII la responsabilidad de entregarnos la información, este servicio público, a su vez, nos trasladó a nosotros dicho trabajo.

Por cierto, si la administración misma carece de los instrumentos para dar respuesta a este tipo de requerimientos, porque ella se encuentra incapacitada para cruzar información entre sus servicios, encargarles esta responsabilidad a los ciudadanos no pasa de ser un buen deseo. Es más, si los ciudadanos ingenuamente hicieran esa labor, el eventual resultado luego se descalificaría por carecer de valor jurídico. Consciente de que el enfoque que le dio el SII a esta solicitud de información iba a ser rechazada de plano por nosotros, su subdirector jurídico nos dijo que teníamos 15 días para recurrir ante el Consejo para la Transparencia.

Sin embargo, una vez más, los medios electrónicos están ayudando a que las cosas salgan a la luz. En efecto, gracias a los buscadores que existen en internet descubrimos recientemente el OF. Circular Nº 41 del 5 de diciembre de 2006, firmado por el sociólogo Nelson Morales, Seremi de Vivienda y Urbanismo en esa época, en el cual se decía: “En relación con las solicitudes de ampliación de los límites urbanos que se han recibido en esta Seremi, patrocinadas por municipios y por privados, y que no se acogen al procedimiento establecido en el plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) referido a Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), esta Secretaría Regional Ministerial informa que ha decidido que todas ellas serán estudiadas y analizadas en el marco de la actualización del PRMS que esta Secretaría llevará a cabo durante el año 2007” (sic). El subrayado es nuestro. Es decir, se ha evidenciado que el ministerio tiene los nombres de los particulares que iban a recibir esa prebenda por parte del Estado, lo cual significa que su ostentosa y “muy técnica” respuesta del 12 de Julio de 2010 era simulada, para mantener en secreto la información que le solicitamos.

Así las cosas, el 23 de agosto recurrimos de amparo ante ese Consejo en contra de ambos servicios públicos, porque, con distintos justificativos, se negaron a entregarnos ese listado que la ciudadanía tenía el derecho de conocer, tal como debe suceder con cualquier política de Estado cuyas implicaciones deben ser absolutamente diáfanas. Más aún si el intendente Fernando Echeverría, ex presidente de la Cámara de la Construcción , intranquilo por el rechazo del CORE a los cambios de uso de suelo, se ha lanzado en una cruzada-lobby para sacar adelante el polémico PRMS 100, según lo consignó el diario La Segunda del 19 de agosto.

Si algún lector se interesa en este asunto, lo invitamos a que lea un documento de la Cámara de la Construcción, en donde se aprecia que la política de expandir la ciudad al margen de la normativa vigente, tal como se reconoció en el OF. Circular Nº 41 del 5 de diciembre de 2006, se definió entre el Ministerio de Vivienda y esta influyente asociación empresarial, cuya mayor habilidad es saber capturar a los funcionarios del debilucho Estado chileno.

Como observamos que nuestra institucionalidad carece de los estándares mínimos exigidos en probidad y transparencia por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual Chile es miembro activo desde febrero pasado, el 25 de agosto nos dirigimos al punto nacional de contacto de Chile en esa entidad internacional, relatándole este episodio en particular y solicitándole que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tome cartas en el asunto para que nuestro país finalmente se ponga serio y así haga méritos para permanecer en la conspicua OCDE.

En lo que dice relación a la pretendida expansión urbana en esta saturada región metropolitana, que tanto interesa a quienes lucran con el recurso suelo, no sabemos el camino que tomará el gobierno del cambio, pero sí estaremos atentos al desenlace de nuestro amparo ingresado en el Consejo para la Transparencia. Esperamos que este Consejo resuelva a nuestro favor, para que así la ciudadanía conozca los nombres de todos los actores privados regalones del sistema político que nos rige.

Por último, las preguntas claves que todos debemos formularnos sobre este episodio son:

– ¿Por qué si el presidente Piñera exigió a sus funcionarios que revisaran las actuaciones de los gobiernos anteriores en materia de probidad y transparencia, el Ministerio de Vivienda voluntariamente no se allana a investigar y transparentar quiénes son los favorecidos con esa política del gobierno de Bachelet?

– ¿Por qué la ministra Matte no retira del CORE el proyecto de expansión de Santiago, en atención a que ella no sabe quiénes son los beneficiados con éste, según lo reconoció en entrevista a CNN, y por tanto no ha verificado si ha existido o no tráfico de influencias?

– Teniendo en cuenta que este gobierno ha dicho que está empeñado en erradicar las malas prácticas, ¿se puede sostener que es normal que a un ex presidente de la Cámara de la Construcción se le permita seguir ejerciendo el cargo de intendente metropolitano y presidente del CORE, en circunstancias que este organismo debe velar imparcialmente por el bien público sin atender los intereses gremiales?

– ¿No ha dimensionado el gobierno que la expansión de Santiago, impulsada sobre un eventual tráfico de influencias, podrá ser enormemente más dañina que la central térmica de Barrancones para la reserva natural de Punta de Choros?

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.