El día después del terremoto: ¿Qué reconstruir y cómo hacerlo?

En materia de vivienda, los daños del reciente terremoto y maremoto son enormes. Las autoridades hablaron –en un principio- de unas 300.000 viviendas destruidas o gravemente deterioradas. El intendente de Santiago ha informado que sólo en la Región Metropolitana suman 30.000 las unidades afectadas, de las cuales 5.000 están en el suelo o son definitivamente inhabitables y otra cifra semejante requiere reparaciones mayores.

La cifra crece cada día, al sumarse nuevas viviendas destruidas en localidades alejadas, que aún no se habían contabilizado.

El desastre cubre una vasta zona del territorio nacional, donde está radicado el 70% de la población del país y afecta a todas las localidades, pueblos o ciudades tanto del litoral como del interior.

Frente a este cuadro, surgen propuestas que aparecen como mágicas. Sebastián Piñera habló de viviendas prefabricadas, y mencionó tecnología canadiense como apropiada a las circunstancias. La Ministra de la Vivienda Magdalena Matte reafirmó esta posibilidad al anunciar el 18 de marzo pasado que “el Ministerio llamará en los próximos meses a una licitación nacional e internacional de casas y departamentos prefabricados para levantar en forma definitiva las viviendas sociales que resultaron con daños estructurales, y que en un primer catastro se estiman en 23.000 unidades.” ([1])

El representante de una de las industrias nacionales de viviendas prefabricadas apareció la noche del 17 de marzo en televisión presentando una solución habitacional con unos 50 m2 de superficie, cuyo valor es de 8 millones de pesos.

Por otra parte, los alcaldes de la Región Metropolitana claman por mediaguas que ya han desaparecido del mercado o que, si se encuentran, ya se cotizan un 40% más caras que antes del sismo.

Desafortunadamente, en Chile la prefabricación de viviendas es en la actualidad absolutamente marginal. Dudo mucho que en su conjunto, tengan una capacidad mayor de 2.000 unidades al año, y su valor las hace inaccesibles a los sectores de ingresos bajos, justamente donde se concentra la inmensa mayoría de los damnificados.

Recordemos que Chile desarrolló en el pasado un exitoso Sistema de Prefabricación Liviana iniciado durante la administración del presidente Eduardo Frei Montalva, que alcanzó su auge durante el gobierno de Salvador Allende y desestimado por la Junta Militar, por lo cual desaparecieron todas las empresas dedicadas a este rubro.

Consistían en unidades de prefabricación liviana, en base a paneles de madera, acero u hormigón liviano, implementadas con gran esfuerzo por empresas de tamaño medio como Xilotécnica, Moreno Vial, Simplex-Cepol, Copihue, Maestranza Cerrillos y otras. Su campo de aplicación era preferentemente el de las viviendas sociales y también la edificación escolar.
Estos sistemas competían exitosamente en las regiones aisladas de difícil acceso y escasez de obra de mano.

La experiencia demostró la eficacia de estos sistemas, particularmente adecuados por ser compatibles con el nivel tecnológico del país, pero para su expansión era indispensable que el Estado pudiera garantizarles un mercado con cierta estabilidad, situación que se produjo en el gobierno de Allende.

En 1971, la Corvi ([2]) convocó a tres concursos ofertas de Sistemas Industrializados, adjudicando en total la construcción de 21.313 viviendas con una superficie unitaria entre 36 y 40 m2 destinadas a la atención de campamentos, debidamente terminadas con baño y cocina. Estas soluciones fueron muy apreciadas para la reconstrucción originada por el sismo de julio de 1971, al competir exitosamente en precio y calidad. ([3])

Por cierto que no es posible implementar un nuevo sistema de viviendas prefabricadas de la noche a la mañana y en consecuencia no disponemos hoy de esta fórmula para enfrentar la presente catástrofe, pero la experiencia exitosa del pasado nos permite reafirmar la importancia del rol activo del Estado en este campo, insustituible para impedir que el libre mercado deje en el desamparo a los sectores de bajos ingresos.

Una de las conclusiones que nos deja el terremoto del 27 de Febrero es que resulta indispensable reactivar esta modalidad de construcción habitacional y potenciar las escasas industrias existentes La CORFO debiera incentivar la creación de empresas dedicadas a este rubro, y el MINVU asegurarles un mercado estable y progresivo en el largo plazo.

En todo caso, creo que las demandas originadas por este sismo son de tal magnitud, que no debemos desechar ninguna oferta. Cada tipo de oferta habitacional encontrará un sector al cual proveer. Bienvenidos sistemas prefabricados o no de Canadá, de Estados Unidos, de China o de donde sea.
Tengamos claro -en todo caso- que no habrá empresa alguna en el mundo que pueda proveernos, en el corto plazo, de un número significativo de unidades habitacionales.

El problema debemos afrontarlo nosotros, fundamentalmente modificando los procedimientos vigentes en forma de facilitar la acción de pequeñas o medianas empresas, así como cambiar los subsidios o bonos otorgados por el Estado, de manera que hagan posible la participación colectiva y solidaria de las familias afectadas.

Repito aquí algunas ideas que formulé con ocasión del terremoto de Tocopilla en Noviembre de 2007 y que a mi juicio siguen vigentes.

El Minvu se limita a la fórmula ya conocida de otorgar un subsidio o un bono a cada familia damnificada. Esta política fomenta el individualismo, desaprovechando el potencial que representa la acción colectiva de la comunidad. En localidades como Constitución, Iloca o Peralillo, con escasa existencia profesional calificada, los pobladores quedan expuestos al engaño por parte de cualquier maestro inescrupuloso o incompetente.

La aspiración abrumadoramente mayoritaria de los afectados es reconstruir las viviendas en su propio sitio, anhelo legítimo ya que se trata del lugar donde provienen sus raíces, y donde tejieron las redes de amistad, de trabajo, de educación o de abastecimiento a lo largo de los años.

Por otra parte, al construir en su propio sitio, se facilita el aprovechamiento de los elementos salvados de la catástrofe: algún tabique intacto, diversas piezas de madera, puertas y ventanas, revestimientos o planchas de techumbre, que se integran a un nuevo proyecto, con evidente disminución de los costos.

Esto es especialmente importante en las zonas históricas, las de mayor valor patrimonial, que son las más afectadas justamente por su antigüedad. Pero las políticas actuales no incentivan la reconstrucción en el mismo sitio. De hecho la hacen imposible, ya que el monto del subsidio resulta normalmente exiguo para la realización de proyectos no estandarizados.

Finalmente, si alguna empresa constructora opta por instalarse en la zona, su oferta será localizada en áreas nuevas, donde pueda aplicar economía de escala, proponiendo una solución habitacional repetitiva, mínima, que calce con los montos del subsidio otorgado.

En resumen, se abandonan los núcleos históricos patrimoniales que quedan degradados, semi en ruinas, y se levanta en las afueras una nueva ciudad, anónima, monótona, desprovista de equipamientos. Concientemente, damos origen a un gheto, mientras tugurizamos los núcleos patrimoniales, aquellos cuyas calles y muros tienen el encanto insustituible que sólo otorgan los años.

Las Sociedades Mixtas.

Para abordar una reconstrucción que haga posible el mejoramiento y no el deterioro de las zonas afectadas, se necesita una agencia ejecutiva encargada de planificar el desarrollo urbano, proponiendo los planos seccionales necesarios, con la más amplia participación de la comunidad y de las autoridades locales.

Esta agencia debe contar con atribuciones para coordinar los proyectos del conjunto de los servicios públicos involucrados, y de visar las inversiones privadas respectivas. Finalmente, debe tener la capacidad de fiscalizar rigurosamente la correcta ejecución de los proyectos.

Organismos de este tipo funcionaron exitosamente en la institucionalidad anterior a la dictadura. Me refiero a las Sociedades Mixtas establecidas entre la Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano), y algunos municipios.
Durante la administración del presidente Frei Montalva se creó la Vicormu, sociedad mixta formada por Cormu y la Municipalidad de Viña del Mar. En Valparaíso nació otra similar con el nombre de Cormuval.
En el gobierno de Allende las sociedades mixtas de Cormu con otros municipios se extendieron a lo largo de muchas localidades, todas ellas con resultados bastante exitosos en materias del desarrollo urbano.

Cuando se creó la Cormu en 1965, su Ley Orgánica la facultó para “colaborar y asociarse con las municipalidades y con las empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano; otorgar créditos para este fin, supervigilar y fiscalizar su realización y fijar, dentro de las áreas urbanas, los límites de las zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo”. ([4])

Al crearse los SERVIU, éstos asumieron las responsabilidades que descansaban anteriormente en la Corvi, Cou, Corhabit y Cormu, es decir, las cuatro corporaciones integrantes del MINVU. Pero también los SERVIU heredaron todas las atribuciones de dichas Corporaciones. En consecuencia, está vigente la normativa legal que los faculta para constituir Sociedades Mixtas con los Municipios a fin de cumplir con los objetivos señalados mas arriba.

Propongo –por ejemplo- la creación de una Sociedad Mixta formada por el Serviu de la Región de Maule y la Municipalidad de Curicó, -llamémosla CURISERVIU,- a fin de que asuma a la brevedad la tarea de reconstruir la ciudad. Sociedades análogas debieran crearse con los Municipios de Constitución, Talcahuano, Coronel, etc.

Todo el fondo previsto por el MINVU para el otorgamiento de los subsidios a las familias damnificadas debiera ser administrado por éstas sociedades mixtas, que deberán establecer sus oficinas en el terreno, comenzando con un cuerpo administrativo relativamente pequeño y por un equipo de profesionales -también instalados en la zona- proveniente de jóvenes profesionales que respondan a una convocatoria a unirse a esta noble misión. Mil quinientos arquitectos respondieron de inmediato a una petición formulada en este sentido por el Colegio de Arquitectos.

Se sumaría a este equipo un gran número de jóvenes egresados o cursando el último curso de las carreras de arquitectura, construcción civil, ingeniería, psicología, y periodismo de las Universidades, a quienes se invitaría a hacer efectiva su práctica profesional en las zonas damnificadas.

Este equipo de profesionales debe asumir la responsabilidad de definir las líneas generales que ordenarán el desarrollo urbano de las áreas siniestradas: asegurar el óptimo uso del suelo; modificaciones a la vialidad existente; ratificar la localización de los equipamientos comerciales, de salud, educación y esparcimiento, o modificarla si es recomendable.

Además, con el apoyo de los jóvenes estudiantes, la CURISERVIU debe encargarse de la ejecución y fiscalización de los proyectos individuales o colectivos de vivienda, en conformidad con el deseo de los damnificados, ya sea de permanecer en su sitio, o de mudarse a otra ubicación.
Esta agencia también tendrá a su cargo la contratación de las obras, facilitando la concurrencia de pequeños contratistas o de maestros calificados, para lo cual es necesario eliminar los requerimientos que hacen imposible la adjudicación de obras a este tipo de pequeños contratista, como por ejemplo, la exigencia de boletas de garantía. Entiendo que la declaratoria de Estado de Catástrofe facilita estos procedimientos.

Se trata de crear conciencia colectiva de los valores solidarios que inspiran a la reconstrucción, y no una nueva oportunidad de lucro en beneficio de un puñado de contratistas, nacionales o extranjeros.

La información juega un rol decisivo en esta tarea. Es necesario publicar y difundir boletines semanales dando cuenta de los avances y de las dificultades. Destacando los casos meritorios y llamando la atención a los rezagados. Convocando a la sana emulación entre los barrios. Otorgando premios a las soluciones más interesantes. Deben filmarse las obras a fin de socializar por los medios locales los aciertos y los errores. No esconder nada, ya que la desinformación propicia el surgimiento de los rumores malintencionados.

Igualmente decisiva es la participación de los ciudadanos. La organización vecinal debe formar parte de la Junta Directiva de las Sociedades Mixtas a fin de hacer escuchar su voz en todas las decisiones.

El gasto administrativo y profesional representado por estas Sociedades Mixtas, se deduce del subsidio recibido por cada damnificado. Es una suma muy pequeña si se la compara con lo que las empresas constructoras cargan como gasto financiero. Así, la suma a invertir efectivamente en la reconstrucción de la vivienda es mucho mayor

Esta modalidad, permite la participación de los damnificados en la fiscalización de las obras, dejando constancia en el libro de obras de las observaciones que les parezcan pertinentes.

Por esta vía, es posible iniciar a la brevedad las obras, instalando al damnificado en su propiedad, con una mediagua si fuera necesario, o sin ella si no se requiere, comenzando de inmediato las faenas de su solución definitiva, sorteando la traumática experiencia de permanecer en un campamento de carpas o mediaguas. ([5])

Estoy seguro que este camino es posible. A pesar de la atmósfera competitiva y mercantil que prevalece en nuestra sociedad, es posible articular un esfuerzo colectivo configurando una auténtica cruzada solidaria con el sector público a la cabeza. Convoquemos a los sindicatos, a organizaciones estudiantiles y femeninas, a las iglesias, a las Universidades, a las ONG, a los Colegios Profesionales, a los partidos políticos, a organismos internacionales, a los chilenos en el exilio, en fin, confiemos en los valores y sentimientos ciudadanos. Recuperemos la mística que nos permitió ayer alcanzar cimas inaccesibles, derrotando el escepticismo o la burocracia. Son muchos los chilenos que han dado reiteradas muestras de conservar ideales solidarios.
Solo es necesario saber gatillar tales anhelos, y el terremoto es una oportunidad inmejorable en este sentido.

(*) Miguel Lawner es arquitecto, ex presidente de VICORMU y CORMUVAL (1970-1973)

[1] El Mercurio, 18 de Marzo de 2010.
[2] CORVI: Corporación de la Vivienda, una de las cuatro instituciones ejecutivas que disponía el MINVU para ejecutar sus programas habitacionales.
[3] Separata de la Revista de arquitectura AUCA. 1972.
“60.000 viviendas. Corvi en el Centro de la Construcción”
[4] Artículo 2º del Título I de la Ley Orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU).
[5] El Mercurio, Sábado 13 de Marzo, informó que transcurridos dos años y medio del terremoto de Tocopilla, 487 familias aún permanecen viviendo en campamentos de mediaguas.