Cambio de mando: Sobre transiciones, poderes y límites

Sebastián Piñera asume con una limitación diseñada por sus propios partidarios, un contrapeso al poder presidencial que limitará su capacidad de tomar decisiones. La Constitución fue pensada para que la mayoría que fue opositora al régimen militar no pudiera gobernar sin la venia de sus partidarios. Pero ahora que un presidente de derecha vuelve a ocupar La Moneda, su precariedad parlamentaria se transformará en un problema debido a los «amarres» que quienes lo apoyan dejaron.

En la teoría política la “transición” es uno de los términos más analizados del mundo y, a la vez, uno que tiene varias acepciones.

En Estados Unidos “transición” es simplemente el traspaso de mando desde un gobierno a otro, bajo la misma Constitución, en el lugar, día y hora que precisa la ley. Transición de Clinton a Bush; de Bush a Obama; o, como a los norteamericanos les gusta hablar de números, el traspaso del 43° al 44° presidente.

En América Latina, tras la caída de las dictaduras la “transición” aludió ya no al paso de un gobierno a otro sino a algo más profundo, el tránsito de un sistema político (la dictadura) a su opuesto (la democracia). Dicho de otro modo, el paso del poder ilimitado al poder sujeto a límites, reglas y responsabilidades que fija la ley.

¿CUÁNTO PODER SE TRASPASA A PIÑERA?

El jueves 11 de marzo, cuando Bachelet entregó el poder a Piñera es claro que estamos hablando de una transición del primer tipo y en ningún caso del segundo. Pero a la mayoría de los chilenos estas disquisiciones académicas le importan poco. Lo que realmente les interesa saber en esta transición es cuánto poder se está traspasando de la Concertación a la nueva coalición gobernante.

La respuesta no es fácil pues estamos ante una función presidencial que expresa la contradicción de reunir un poder muy grande pero, a la vez muy acotado. Es muy grande porque la Presidencia de la República es el corazón del sistema político chileno. Ahí se concentra la totalidad del Poder Ejecutivo y es, a la vez, el principal poder colegislador. Maneja la administración pública, las relaciones exteriores, la defensa.

Pero también es un poder bastante acotado por la forma en que las actuales fuerzas electorales se expresarán en las estructuras de poder en los próximos cuatro años. El ceremonial del cambio de mando lo pone de manifiesto de una manera que habla más que mil palabras. La banda presidencial, el símbolo de su poder, no le fue entregada a Sebastián Piñera por uno de sus partidarios ni por una autoridad neutral, sino por un opositor: el presidente del Senado, Jorge Pizarro.

El mensaje es claro: el poder y sus límites.

En términos muy concretos, los hechos que configuran los equilibrios, pesos y contrapesos de poder son básicamente cuatro.

Primero, el Presidente Piñera tuvo un triunfo indiscutido en la contienda electoral. Pero es cierto también, que lo hizo por un estrecho margen. Obtuvo un 51,6% de los votos, esto es un punto y medio más que la mayoría absoluta.

Segundo, la coalición que apoya al Presidente es minoritaria en el Senado como lo prueba que esta Cámara estará presidida durante todo su período por un miembro de la oposición.

Tercero, la coalición del Presidente es también minoritaria en la Cámara de Diputados y para ser mayoría requiere sumar a los tres congresistas de un minúsculo partido (PRI) que además se ha definido como opositor al gobierno. Es la alianza con el PRI, puramente instrumental como la ha definido esta colectividad, la que ha puesto en la presidencia de la Cámara a una militante del PRI y a un vicepresidente de la UDI y otro de RN.

Finalmente -salvo la Contraloría, sobre cuyo titular pesa la duda de una fuerte inclinación hacia el nuevo gobierno- los demás poderes del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional; etc.) tienen hoy una composición pluralista y equilibrada que asegura su independencia respecto del poder presidencial. Ellos no estarán en la oposición a Piñera, pues traicionarían su sentido y misión, pero ya no serán el apéndice del Poder Ejecutivo que fueron bajo la dictadura Esta independencia es otro factor de equilibrio de poder y una garantía esencial del Estado de Derecho.

IRÓNICA PRECARIEDAD

Pero la más pesada limitación con la que Piñera deberá gobernar no está determinada por la precariedad de su poder parlamentario, sino por un hecho que aparece como una ironía de la historia.

Los redactores de la Constitución del 80 -todos ellos pertenecientes a las fuerzas políticas que hoy apoyan a Piñera- la hicieron a la medida de su propio temor. Pensaron que llegado el momento del sufragio universal, el pueblo elegiría a alguien contrario “a la obra del régimen militar” y por tanto decidieron crear mecanismos para impedir que esa mayoría electoral que ocuparía la Presidencia y el Parlamento pudiera gobernar sin la autorización de ellos.

Tal fue el sentido de una institución tan burda como los senadores designados y también el propósito del sistema electoral binominal. Para los efectos del análisis que aquí se hace sobre el poder real del gobierno de Piñera, lo que realmente importa es la calificación de las mayorías en el Congreso.

Desde el punto de vista democrático es posible sostener que para aprobar, derogar o reformar las leyes, el que tiene un voto más manda. Pero ése no fue el espíritu de quiénes redactaron la Constitución del 80. Ellos establecieron que la fuerza política que obtuviera la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el Senado (61 y 20 votos, respectivamente) debía poder hacer muy poco: aprobar, en general, leyes sin importancia; pero para las decisivas era necesario contar con el respaldo de bastante más.

Concretamente casi todas las leyes más importantes, las leyes orgánicas constitucionales (LOC), requieren para su aprobación, modificación o derogación del voto favorable de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio: 68 votos en la Cámara y 22 en el Senado.

Esta expresa limitación impuesta a la mayoría política para gobernar fue tan extrema para los redactores del texto original que estableció que para aprobar, reformar o derogar las LOC se requería de un quórum de los dos tercios: 80 de los 120 diputados y 25 de los 38 senadores, y sólo fue la insistencia de la Concertación la que permitió bajar esos quórums en la reforma de 1989, que se negoció y aprobó después del plebiscito de 1988 y antes que asumiera Patricio Aylwin.

La ironía de la historia es que hoy las mismas fuerzas que aprobaron esa Constitución deberán asumir los efectos de la limitación a la mayoría que ellos mismos crearon e impusieron. Concretamente, para aprobar leyes importantes el gobierno piñerista deberá salir a buscar diez votos -que no tiene- en la Cámara de Diputados; y cuatro que le faltan en el Senado.

No a Sebastián Piñera (que no participó en la redacción de la Constitución del 80), pero sí a las fuerzas que lo apoyan, particularmente la UDI, es aplicable una paráfrasis de un viejo dicho: para redactar constituciones y comer pescado hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy, tal vez la mayor limitación que puede tener el gobierno de derecha son los “amarres” que ellos mismos crearon cuando no imaginaban que alguna vez iban a llegar a ocupar el Poder Ejecutivo y a través del voto.