Después del escándalo, dos millonarias licitaciones ponen a prueba al Registro Civil

Frente a los últimos intentos de fraude, en la dirección nacional del servicio han tomado resguardos excepcionales para demostrar transparencia en la fase final de la licitación para los nuevos carnés de identidad y pasaportes. Los evaluadores están sujetos a una cláusula de confidencialidad y la supervisión de ingenieros de la UC y de otros ministerios. La adjudicación del negocio por US$ 300 millones está anunciada para este mes pero bien podría postergarse para el próximo gobierno, tal como ocurrirá con la licitación para renovar la plataforma tecnológica, que administra la base de datos de todos los chilenos y que ha sido objeto de cuestionamientos de Contraloría por fallas de seguridad. Las irregularidades cometidas por el ex doble asesor Andrés Contardo retrasaron el proceso, afectando la modernización del servicio.

En el tercer piso de la dirección general del Registro Civil, Catedral casi esquina Manuel Rodríguez, un grupo de funcionarios y asesores permanece trabajando en condiciones excepcionales. Pasan gran parte del día recluidos en una oficina de acceso restringido y sin comunicación a Internet, sujetos a una cláusula de confidencialidad que les prohíbe comentar con terceros cualquier aspecto relacionado con sus funciones. Ese grupo es el responsable de evaluar las propuestas para la licitación de las nuevas cédulas de identidad y pasaportes, que debería adjudicarse –de no mediar nuevos retrasos– a mediados de febrero. El proyecto involucra US$ 300 millones y estuvo precedido de fundadas sospechas de fraude.

El ex asesor informático del Registro Civil, Andrés Contardo Santibáñez, acaba de ser condenado a 341 días de pena remitida por haber filtrado antecedentes de esa licitación hacia una de las empresas interesadas en el negocio, TATA Consultancy Services. El delito fue tipificado como revelación de secreto con grave daño a la causa pública en carácter de frustrado, pues no se consumó el fraude. A esa condena se le sumó otra de 3 años y un día por el mismo delito, pero esta vez en carácter de consumado: el asesor hizo lo mismo en la licitación de la plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática. Ese negocio sí alcanzó a adjudicarse en un principio a TATA y luego fue anulado, una vez que CIPER revelara las irregularidades del proceso.

Este último proyecto también forma parte del plan de modernización del servicio y resulta vital para el funcionamiento del país: la plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática permite ni más ni menos el registro y administración de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios, posesiones efectivas, antecedentes penales y catastro de vehículos motorizados, conductores y multas, entre otros datos esenciales. En buenas cuentas, el historial completo de los chilenos.

Después de múltiples tropiezos y demoras, que anteceden incluso el intento de fraude, el Registro Civil publicó a principios de este año las nuevas bases de licitación para la plataforma tecnológica. Un equipo de funcionarios y asesores ya trabaja en este proyecto, cuyo monto alcanza los US$ 80 millones, y al igual como ocurre con el primero, está cruzado por exigencias excepcionales de transparencia y supervisión. En vista de las irregularidades ocurridas en la administración de Guillermo Arenas, que siguen siendo investigadas por el Ministerio Público, los celos no parecen desmedidos.

VIAJE DE NEGOCIOS

“Sobre todo por experiencias anteriores, nosotros hemos querido salvaguardar la transparencia y tener un proceso auditable”, dice Christian Behm, director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, refiriéndose al rol que en la actual licitación sobre carnés de identidad y pasaportes cumple la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, DICTUC. Esta entidad privada ha tenido la función de preparar los equipos evaluadores y visar el cumplimiento de las etapas del proceso de acuerdo con las bases de licitación.

A los “garantes” de la DICTUC se suman funcionarios de los ministerios de Justicia, Hacienda y Relaciones Exteriores que cumplen una tarea similar a los ingenieros de la UC. El equipo de evaluadores propiamente tal está conformado por cerca de 25 personas que trabajan a diario en las oficinas del Registro Civil en un régimen que el director nacional califica de “reclusión” e “independencia”.

“Nadie más que el coordinador se relaciona con este grupo, ni siquiera yo”, dice Behm, señalando que los resultados de este equipo son revisados en etapas por los ingenieros de la UC, mediante un “informe ciego” en el que éstos desconocen a qué oferentes corresponden las evaluaciones que revisan. Asimismo, en un modelo que será replicado por la licitación de la plataforma tecnológica, destaca que las ofertas económicas serán abiertas una vez que los puntajes técnicos hayan sido asignados.

Para graficar de manera más elocuente la transparencia del equipo evaluador, el director nacional del Registro Civil dice que la sala en la que trabajan cuenta con una cámara de seguridad “para efectos de que quien me quiera auditar vaya a mirar quién entró y salió”.

Pero en este proceso resulta inevitable no sólo que los evaluadores entren en contacto con las empresas postulantes al millonario negocio, sino también que puedan ser objeto de atenciones. Así ocurrió la primera quincena de noviembre, cuando 19 evaluadores pertenecientes al Registro Civil, a los ministerios y a la UC se turnaron para cumplir con pruebas técnicas en las fábricas y laboratorios de los siete consorcios multinacionales que postulan al negocio. De acuerdo con una fuente ligada a la industria, los gastos fueron cancelados en su totalidad por las empresas y en algunos casos consideraron pasajes de avión en primera clase con destino final a Estados Unidos y ciudades europeas como París, Londres y Berlín, donde los técnicos chilenos realizaron pruebas.

En las visitas, los consorcios liderados por Sonda, Bundesdrukerei, Coasin, Indra, Sagem, SICE y Siemens debieron probar sus tecnologías biométricas (reconocimiento dactilar) y simular una oficina del Registro Civil donde emitieron prototipos de cédulas de identidad y pasaportes cuya calidad sería chequeada posteriormente.

FALLAS DE SEGURIDAD

Mientras el proceso de adjudicación de los carnés de identidad y pasaportes entra en su fase final, en el Registro Civil preparan los equipos que se harán cargo de la licitación de la plataforma tecnológica, de comunicación e informática. Ambos proyectos están retrasados y han debido prolongar los contratos con sus correspondientes proveedores actuales. En el caso del primero es Sonda.; en el segundo, Adexus. Pero la renovación de este último contrato resulta más urgente, considerando que ha sufrido tres postergaciones que han generado importantes costos para el Registro Civil y su atención a los usuarios.

Aunque en el Registro Civil afirman que el servicio de Adexus ha funcionado correctamente, y que la caída del sistema de principios de enero fue el primero en 15 años y se debió a un error interno “de mantención de rutina”, reconocen que el fracaso de las últimas licitaciones ha afectado la renovación programada. De haberse adjudicado oportunamente, según las exigencias de las últimas bases, el Registro Civil podría estar comercializando servicios como consultas a su base de datos por parte de bancos y casas comerciales a través de distribuidores. Actualmente opera únicamente como verificador de identidad.

Hay un segundo costo asociado a la prórroga del contrato. Una auditoría de Contraloría, dada a conocer hace un año, estableció fallas en la seguridad de la información que administra el Registro Civil. Entre otros problemas, el órgano contralor reparó en el libre acceso al sistema que tenían ex funcionarios y usuarios ajenos al servicio, lo que ponía en riesgo datos sensibles. Meses antes Contraloría había señalado serias deficiencias en la vigilancia de los registros de condena.

Las bases de licitación que acaban de ser publicadas exigen mayores estándares de seguridad. De ahí que en el juicio abreviado al asesor informático Andrés Contardo, al argumentar la solicitud de una de las dos penas por revelación de secreto, la fiscal Alejandra Godoy dijo que, producto de este hecho, “al día de hoy el servicio no cuenta con plataforma informática moderna y eficiente”.

NEGOCIO REDONDO

Adexus, presidida por el ingeniero Carlos Busso, ha sido el único proveedor de la plataforma tecnológica del Registro Civil en la materia desde el retorno a la democracia. Ganó la licitación implementada a principios de los noventa, que inauguró las atenciones en línea, entre otros beneficios. Al término de ese primer contrato, cinco años y medio después, volvió a adjudicárselo por el mismo periodo. Desde entonces la renovación del soporte computacional ha fracasado en tres oportunidades, la última tras el intento de fraude detectado en la administración de Guillermo Arenas. Eso, además de un perjuicio para el público, ha redundado en importantes ganancias para el proveedor actual.

Un ingeniero vinculado a la industria de las empresas de informática explica que éstas, al adjudicarse un contrato de magnitud, realizan las principales inversiones de equipamiento en los primeros tres años. “En el último periodo de los contratos, aparte de los costos operativos fijos, como las comunicaciones y el personal, casi todo son utilidades”.

Algo similar ha ocurrido con Sonda, vinculada al empresario Andrés Navarro, cuyo contrato con el Registro Civil para la fabricación de los actuales carnés de identidad y pasaportes fue adjudicado en 2001 y vencía en 2009. La extensión del negocio obedeció a las irregularidades detectadas bajo la gestión de Arenas.

11 DE MARZO

De acuerdo con el último cronograma, la adjudicación de los nuevos carnés de identidad y pasaportes debería anunciarse a fines de febrero. Y si bien en el Registro Civil no prevén nuevas postergaciones, tampoco las descartan. “Lo que menos queremos es apurar a los equipos para efectos de que haga una evaluación rápida. Mi rol es salvaguardar que los equipos trabajen tranquilos y profesionalmente”, dice Christian Behm.

Una fuente de la industria informática sostiene que aún no concluyen los tests de legibilidad, que consisten en poner a prueba documentos envejecidos artificialmente para verificar como responden ante lectores de chips y códigos de barra. De ahí que no pocos proyecten que la decisión final ocurrirá bajo el próximo gobierno.

En el caso de la licitación para la plataforma informática, es probable que así sea. Recién en julio se abrirán las propuestas técnicas y los pronósticos más optimistas sitúan la adjudicación para fines de este año. Para entonces no es claro que el actual director nacional permanezca en sus funciones.

Aunque fue seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública, el ingeniero agrónomo y ex gerente de banca Christian Behm Sepúlveda (38) puede ser removido por sus superiores a voluntad. En la práctica ocupa un cargo de confianza. Por eso no sabe qué ocurrirá con él. Desde su oficina del tercer piso del edificio del Registro Civil de calle Huérfanos, vecina de la sala donde en estos días se decide la millonaria licitación de cédulas de identidad y pasaportes, el director nacional, que no declara militancia ni simpatías políticas, dice: “No estoy pensando en que se me acaba mi trabajo el 11 de marzo, y si es así, me gustaría que me lo dijeran a tiempo por un tema de educación”.