Este iba a ser un reportaje sobre las entidades sin fines de lucro de los candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera. A través de la Ley de Transparencia, se obtuvo del Ministerio de Justicia las memorias y balances que ha presentado a esa cartera la Fundación Presidente Eduardo Frei. En cambio, la Fundación Futuro –que el abanderado opositor creó en 1993- rechazó que Justicia entregara los suyos, argumentando que la información es privada y que podría ser usada “de manera incorrecta e inescrupulosa”. La palabra final la tendrá el Consejo para la Transparencia. Por ahora es imposible acreditar si Futuro alguna vez cumplió con la obligación legal de entregar oportunamente a Justicia sus datos sobre contabilidad y administración. Asegura haberlo hecho, pero la cartera no encontró ninguno de esos papeles al momento de la petición de CIPER. De los pocos archivos públicos se concluye que la obtención de su personalidad jurídica se topó con la oposición del CDE, que estimó que la dependencia del empresario le restaba autonomía.

En septiembre del año pasado, Sebastián Piñera difundía en la página web de su campaña presidencial la reunión que había tenido como presidente de la Fundación Futuro con su homólogo de la Fundación Chile Transparente, Davor Harasic. En la ocasión lanzaron una guía que orientaba a los profesores sobre cómo enseñar a sus alumnos sobre la importancia de la transparencia y describía paso a paso cómo operaba la Ley de Transparencia que había sido recientemente aprobada.

Apenas un año más tarde, la Fundación Futuro le negó a CIPER acceso a las memorias y balances que como entidad sin fines de lucro está oligada a entregar cada año al Ministerio de Justicia. CIPER pidió el acceso a esos documentos invocando la Ley de Transparencia a través del conducto para ese tipo de entidades: la Subsecretaría de Justicia. Siguiendo un procedimiento habitual, esa cartera le preguntó a fundación si autorizaba la entrega de sus balances y memorias. El rechazo de la Fundación Futuro a transparentar el informe de sus actividades, movimientos financieros e ingresos de dinero fue oficializado en carta del 3 de septiembre -firmada por su directora ejecutiva, Magdalena Piñera Echenique- argumentando que dicha información «no está cubierta por el derecho de acceso a la información pública consagrado por la ley”.

Magdalena Piñera argumenta primero que la fundación es privada y que la información no fue elaborada con fondos públicos ni es parte de un acto o instrumento indicado en la Ley de Transparencia, por lo tanto no se rige por ésta. Luego agrega que en caso de que el ministerio estimara que sí se trata de información pública, se deniegue su acceso a CIPER. A su juicio, la información podría ser usada “de manera incorrecta e inescrupulosa”, afectando negativamente a la fundación y los programas que realiza.

“La información solicitada constituiría una afectación a los derechos de la Fundación como persona jurídica, especialmente el derecho al cumplimiento de sus fines propios consagrados por la Constitución Política de la República, además de eventuales menoscabos de carácter económico, al desviar la atención de la Fundación de sus fines propios e interfiriendo con sus objetivos de carácter social y cultural”, escribe Magdalena Piñera. Sin embargo, no explica cómo la entrega de sus memorias y balances podría causar tales efectos. Y la Ley de Transparencia exige que los privados que se opongan a la entrega de información que los afecte, fundamenten su decisión: «Requerirá expresión de causa», señala su artículo 20.

La negativa se produjo luego de un largo proceso en el que a CIPER no le fue posible certificar fehacientemente que la fundación hubiera entregado antes de este año sus memorias y balances, obligación que debe cumplir anualmente por ley. Y ello, porque el ministerio no encuentra los registros de la entrega de esa documentación, mientras que la fundación, si bien dice que cumplió a tiempo, no permitió el acceso a sus cuentas.

El mismo procedimiento utilizó CIPER para solicitar al Ministerio de Justicia las memorias y balances de la Fundación Presidente Eduardo Frei, presidida el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz Tagle, así como de otras entidades sin fines de lucro cuyas actividades tienen efectos de distinta índole en la vida nacional. Los documentos de la Fundación Frei fueron enviados a CIPER dentro del plazo establecido por la ley (ver recuadro).

Ante la negativa de la Fundación Futuro, CIPER ya presentó al Consejo para la Transparencia un reclamo por denegación de acceso a la información pública (el que se ingresó con el número A 309-09). Será dicho organismo el que finalmente se pronuncie sobre si los documentos deben ser entregados. El fallo sentará un precedente respecto de si las memorias y balances de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro tienen o no carácter público. Hasta ahora, todas las solicitudes presentadas por CIPER -incluyendo la de la Corporación de Estudios Estratégicos de Patricio Rojas cuya investigación tuvo efectos judiciales- habían tenido el visto bueno de las instituciones requeridas o bien éstas no habían respondido, con lo cual el Ministerio de Justicia daba acceso a la información.

De acuerdo al director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, Moisés Sánchez, “toda la información entregada al Ministerio de Justicia es, por su propia naturaleza, de carácter público”. Sánchez explica que la obligación de entregar anualmente sus memorias y balances se debe justamente a que las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro desarrollan actividades de interés social, razón por la cual cuentan con el goce de una serie de beneficios y exenciones tributarias. La entrega de dichos documentos sería por lo tanto “una medida de publicidad que busca evitar que se desvíen de los fines que se tuvieron en consideración para otorgar este tratamiento especial”.

Eso es exactamente lo que ocurrió con la Corporación del Niño Agredido, cuyo director Jorge Gautier Leyton acaba de ser condenado a 541 días de presidio –con remisión condicional de la pena- por realizar estafas reiteradas con donativos que recibía con fines de beneficencia y eran desviados a su lucro personal.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Cristóbal Tello, aunque habría que conocer todos los antecedentes para pronunciarse sobre un caso en particular, en principio las memorias y balances tienen carácter público.

-Existiendo como un interés público del Ministerio de Justicia el recabar y fiscalizar esta información y de la comunidad en conocerla, nada obsta a que estas herramientas cuyo fin es informar al Estado de las labores propias, sean también conocidas por los demás miembros de la comunidad. No es posible encontrar alguna hipótesis de afectación a las personas jurídicas en sus derechos económicos o comerciales por la publicidad de aquellos documentos que creó, precisamente, con el objetivo de informar al Estado y ser fiscalizado por él- concluye Tello.

En el Ministerio de Justicia, en cambio, el jefe de la División de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar, estima que por ser información generada por un privado, éste tiene derecho a oponerse. En su opinión, eventualmente estas instituciones pueden sentirse afectadas por la publicidad de sus memorias y balances si éstos contienen información sensible para su desarrollo.

La ruta de la no información

La primera solicitud fue hecha por CIPER al Ministerio de Justicia el 11 de mayo pasado al amparo de la nueva Ley de Transparencia. En su respuesta del 3 de junio, la cartera informa que sólo cuentan con los documentos relativos a la constitución de la fundación en 1993, los que debían ser solicitados en el Archivo Nacional.

Ya que no tenían las memorias y balances exigidos por ley, se le pidió entonces al ministerio copia de las resoluciones u oficios con que se había solicitado a la Fundación Futuro su entrega. Justicia envió entonces tres «providencias» fechadas el 14 de diciembre de 2005, el 16 de octubre de 2006 y el 29 de junio de 2009 –esta última gatillada por la primera solicitud de CIPER- en las que se pide a la Fundación Futuro remitir copia de los estatutos vigentes, memorias y balances, inventario valorizado de bienes muebles e inmuebles, registro de socios y actas de asamblea donde se eligieron los directores desde 1994 a la fecha. Una cuarta «providencia» había sido entregada el 10 de julio de 2000, pero ya no estaba en manos del ministerio. De la respuesta era posible concluir que desde su constitución, la Fundación Futuro no había entregado ninguno de los documentos exigidos legalmente.

Como el ministerio había reiterado la exigencia a la Fundación Futuro, esperamos un tiempo prudente y consultamos si se había puesto al día. Se nos informó que efectivamente se habían recibido documentos, por lo que presentamos una nueva solicitud de acceso a la información que incluyera la constancia de la fecha de ingreso de éstos.

Paralelamente, pedimos en reiteradas ocasiones a la Fundación Futuro copia de los antecedentes entregados. La encargada de comunicaciones, Claudia Sepúlveda, respondió que “toda la información ha sido despachada por la Fundación Futuro oportunamente al Ministerio de Justicia desde su creación en 1993. Ello consta en las copias timbradas de las cartas conductoras correspondientes a dichos despachos que tenemos en nuestro poder”. Ante la inconsistencia con la información oficial, solicitamos poder ver dichas copias timbradas, pero no obtuvimos respuesta de la fundación.

Quién sí nos dio una explicación fue el jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar: “Cuando CIPER nos hizo la pregunta, en nuestros registros no aparecía nada. Nos pusimos en contacto con la fundación y ellos dicen que ingresaron la información entre 1994 y 1999 y hace poco nos entregaron entre 2006 y 2008. Puede ser, vamos a ver la base de datos. Les pedimos que nos repitieran la información y que también nos entregaran la correspondiente al periodo 2000-2005, en que no nos habían entregado nada”, afirmó. Pese a que revisaron las bases de datos, no hallaron registros de que la Fundación Futuro hubiera entregado alguna vez información. Sin embargo, se nos aclaró que también podría deberse a un error en la base de datos.

La respuesta oficial llegó este 9 de septiembre y en ella se aclara que si bien la fundación dice haber entregado información el 26 de mayo y el 11 de agosto de 2000, estos ingresos “no constaban en los registros del Departamento de Personas Jurídicas de esta Ministerio”. Los únicos ingresos certificados corresponden al 1 de junio y al 12 de agosto de este año, cuando la fundación se puso al día.

Ante la poca fiabilidad de los registros del ministerio, sólo pueden sacarse en limpio dos conclusiones: si bien no hay certeza respecto a que la Fundación Futuro hubiera entregado algún antecedente desde su creación en1994 y hasta este año, si se confía en los documentos enviados recientemente, de todos modos su entrega no habría sido hecha anualmente como lo exige la ley, sino en forma parcial, primero el año 2000 y luego en 2009.

Los primeros debieron ser enviados por el Ministerio de Justicia al Archivo Nacional, como lo hace con los documentos relativos a todas las corporaciones y fundaciones que tienen más de cinco años de antigüedad. Para ello, los balances y memorias se agrupan en un legajo llamado «providencia» que recibe un número. Sólo con ese folio puede rastrearse su ubicación en el Archivo Nacional. Sin embargo, ni en la cartera ni en el archivo existe un índice con los números de las «providencias», por lo que resulta imposible la trazabilidad de esos documentos. En la práctica son inubicables en los 17 kilómetros de filas de documentos que hay en el Archivo Nacional.

CIPER dedicó varios días de trabajo a revisar cientos de tomos y decenas de miles de páginas de documentos, entre las que figuran memorias y balances de diversas corporaciones sin fines de lucro que en su momento fueron presentadas al Ministerio de Justicia. El ejercicio demostró que estos documentos son consultables por cualquier persona sin restricción en el Archivo Nacional, por lo que no se explica que ahora se niegue el acceso a los balances entregados por la Fundación Futuro sólo porque esa entidad se opone y porque en la cartera no fueron debidamente identificados con un folio al momento de enviarlos al Archivo.

El difícil comienzo de la Fundación Futuro

Si bien la Fundación Futuro pidió negar el acceso a sus memorias y balances, previamente fue posible obtener todos los documentos relativos a su constitución. De ellos se concluye que el proceso mediante el cual obtuvo su personalidad jurídica no fue fácil.

El Consejo de Defensa del Estado -una de las entidades que debe pronunciarse sobre la otorgación de personalidad jurídica a las entidades sin fines de lucro- rechazó en primera instancia que se aprobara la personalidad de la Fundación Futuro. La razón: demasiada dependencia de Sebastián Piñera.

En los primeros estatutos, fechados el 29 de septiembre de 1992, Piñera aparece como fundador y las dos únicas directoras son Cecilia Morel (su esposa) y Magdalena Piñera Echenique (su hermana). El propio Piñera aportaría en efectivo el patrimonio inicial de la entidad, que ascendía a $5 millones.

De acuerdo a los consejeros del CDE, entonces presidido por Luis Bates, “la entidad que se persigue crear no tiene la autonomía suficiente para que pueda ser considerada una entidad independiente de la voluntad de su fundador”. Se argumenta que el directorio tenía sólo tres personas, incluyendo al fundador y dos personas designadas por él (Sebastián Piñera), quien podía removerlos o reemplazarlos, además de llenar cualquier vacante. Pese a ser sólo tres directores, no se exigía quórum para tomar decisiones, lo que a juicio del CDE se traducía en que eventualmente el propio fundador y presidente del directorio tomara decisiones sin la intervención de los otros directores.

Otros reparos expuestos fueron que si bien los directores no eran remunerados, el propio directorio podía contratarlos para prestar servicios distintos a los inherentes a su cargo, lo que a juicio del CDE debía prohibirse. Entre otras razones, porque esto podría constituir eventualmente una finalidad lucrativa contraria a la naturaleza sin fines de lucro de la fundación. Se agrega además que en uno de los artículos se establece que el presidente sería remunerado, lo que se contrapone al artículo anteriormente citado.

Piñera aceptó modificar los estatutos y éstos volvieron a manos del CDE, quien esta vez pidió sólo cambios menores que derivaron en una segunda modificación. Finalmente el 15 de diciembre de 1993 el Ministerio de Justicia le concedió la personalidad jurídica a la Fundación Futuro, que tiene como objetivo exclusivo “la investigación, desarrollo, difusión y promoción de la cultura y el arte”.

Desde entonces la fundación se ha hecho conocida. Quizás su labor más difundida son las encuestas que realiza periódicamente. Versan sobre temas tan distintos como el nivel de cultura general de los chilenos y el consumo de teleseries. Otras han terminado reafirmando algunas decisiones políticas de Piñera. Por ejemplo a fines de 2003 una encuesta de la Fundación Futuro sobre “lo bueno, lo malo y lo feo” del año situó a la denuncia de la diputada Pía Guzmán sobre la existencia de parlamentarios comprometidos en la red de pedofilia de Claudio Spiniak obtuvo la segunda mejor calificación entre los encuestados. De acuerdo a un reportaje publicado por la revista Siete+7, cuando Piñera decidió apoyar a Guzmán tuvo a mano una encuesta de la misma fundación en que el 80% creía en las acusaciones de la parlamentaria.

La Fundación Futuro también ha hecho encuestas que evalúan el “pulso de la política”. En los momentos políticos más álgidos, éstas han generado duros enfrentamientos con sus socios de la UDI. Por ejemplo poco después de que tras la intervención de Joaquín Lavín Piñera fuera obligado a dejar la presidencia de RN por su apoyo a Guzmán en el caso Spiniak, fuentes de la Fundación Futuro informaron al diario La Segunda que el tema no se incluiría en la encuesta “por tratar un asunto en el cual Piñera ha jugado un rol tan protagónico”. Agregaban que sí se consultaría sobre la evaluación de Joaquín Lavín. Un año más tarde, esa misma pregunta le costó un round con la UDI, que desacreditó un sondeo que arrojó una caída de 10 puntos de la imagen positiva de Lavín.

A simple vista, la realización de sondeos políticos no calza con los objetivos con que la Fundación Futura fue creada originalmente –arte y cultura- y que por ley debe cumplir. Puede que los haya cambiado posteriormente, pero como se niega el acceso a sus memorias, no es posible saberlo. No existen referencias al respecto en el Diario Oficial. Sólo se consigna que a partir de 1997, la Editorial Los Andes puede usar los nombres de fantasía Fundación Futuro S.A. y Fundación Futuro.

Tampoco fue posible acceder a los cambios de directorios, pero de la página web se desprende que debió haber modificación de estatutos pues se amplió el directorio, que ya no tiene sólo tres integrantes. Sigue presidido por Sebastián Piñera y lo integran el arquitecto Cristián Boza; la directora del Conace y prima de Piñera, María Teresa Chadwick (esposa del ministro Viera Gallo); el educador Hugo Montes; la esposa de Piñera, Cecilia Morel; el sacerdote Renato Poblete y el empresario y amigo de toda la vida de Piñera, Fabio Valdés. La directora ejecutiva es la hermana del candidato presidencial, Magdalena Piñera.

De acuerdo a la página web, Piñera creó la fundación con el objetivo de aportar al desarrollo de “un Chile más justo, libre y democrático”. Algo que claramente no estaba en sus estatutos originales. En todo caso sí realiza múltiples actividades coherentes con su fin inicial, como programas educativos enfocados a conocer la ciudad o acercar el arte a la gente, por los cuales es ampliamente reconocida.

Sebastián Piñera suele aparecer públicamente en las premiaciones, entregas de resultados de encuestas o lanzamientos de programas de la Fundación Futuro. De hecho el Parque Tanatauco en Chiloé, donde ha llevado a numerosos actores públicos y políticos –y que dio origen al nombre del grupo que trabaja en su programa presidencial- es parte de la fundación. Aunque los montos que maneja permanezcan en reserva, no es difícil concluir que son cuantiosos. Incluso el año 2004 llegó a ofrecer los recursos de la fundación para realizar estudios sobre la continuación de la carretera austral por Aysén, pues según dijo Piñera, el debate estaba lleno de prejuicios, al tiempo que se inclinó por la ruta costera en Pumalín.

Fue también a través de la fundación que dio a conocer su plan de “Mapocho Navegable”, el que tuvo su momento de apogeo justo cuando se especulaba que sería candidato a alcalde por Santiago.

El uso de la Fundación Futuro para sus fines políticos fue públicamente cuestionado por Davor Harasic cuando dieron a conocer el manual educativo sobre transparencia. Inicialmente, quien asistiría al acto sería Magdalena Piñera, pero luego le comunicó a Harasic que sería reemplazada por su hermano. Como condición, el entonces presidente de Chile Transparente exigió que Sebastián Piñera no hablara como candidato, sino como presidente de la Fundación Futuro, pero a poco andar se dio cuenta de que su discurso tomaba claramente tintes políticos. Harasic se lo dijo directamente durante el evento y Piñera le enrostró que con eso no contribuía al prestigio de la política.

Asistentes de investigación: Bastián Fernández y Matías Fouillioux