Rodrigo Álvarez: “Hay criterios para las asignaciones, pero no hay control efectivo”

-El análisis hecho por CIPER arroja que los diputados reciben, además de su dieta, una suma mensual de $8.071.118. De esas asignaciones, las únicas que no reciben directamente los diputados son dos: arriendo y telefonía y la destinada a pagar remuneraciones de asesores y secretarios. Y no hay control alguno sobre el mérito de lo que se paga. ¿Es así?
Sí, eso es. Y sobre el control, hay categorías o criterios, pero no hay control efectivo. Efectivamente, sólo dos de esas asignaciones, además del pago a asesorías externas, no las recibe directamente el diputado. Y la gratificación de los trabajadores.

-Es una gratificación de 3 sueldos al año para los trabajadores de cada diputado, ya sea repartido en doce sueldos o en tres pagos. ¿Quién controla que efectivamente se les pague?
Sí, esa gratificación también puede ser dada directamente al trabajador, pero pasa previamente por una decisión del diputado. Hay sólo dos situaciones aceptables desde el punto de vista jurídico: pagar esa gratificación en tres cuotas o dividirla en doce sueldos.

-Pero en agosto del año pasado el sindicato de los trabajadores del Parlamento le envió una carta a cada diputado donde expresaba su deseo de que ese bono “sea efectivamente entregado al trabajador y no se le incluya en la dieta del H. diputado”.
Esa situación deberá ser materia de estudio y clarificación. Así debe ser.

-Frente a la ausencia de control sobre el mérito o efectividad de los servicios que se pagan con estas asignaciones, surgen dos dudas razonables: esa plata podría aumentar la dieta de cada diputado o éste la destina para actividades políticas ajenas a la labor legislativa.
Y yo incluiría en lo que usted llama “gastos políticos” aquellos relacionados con el ejercicio del cargo. Por ejemplo, contratar a otra persona para que me asesore en una materia específica. Pero acepto el criterio de que muchas de estas asignaciones, por ser de libre disposición, pueden prestarse para irregularidades.

-¿Le parece correcto el sistema que utilizan los diputados para la distribución y control de sus gastos?
No, no me parece correcto. Tiene una serie de carencias y dificultades. La primera es que tenemos una Ley de Presupuesto para el Congreso absolutamente insuficiente en donde todas estas asignaciones quedan en definitiva en dos ítems: Bienes y Servicios o Gastos y Transferencias a Terceros. Absolutamente insuficiente, como también insuficiente las denominaciones y requisitos de cada asignación y su fiscalización final. Por eso, con el senador Jovino Novoa hemos presentado un conjunto de cambios que van exactamente en esa línea.

-Antes de ir a los cambios quisiera profundizar sobre lo que existe. Todo indica que la ausencia de control, paradojalmente del ente fiscalizador, tiene como subproducto un sistema administrativo que también carece de todo control.
Por eso estamos haciendo los cambios, porque es correcto decir que todo el mecanismo y sistema de administración de la Cámara y del Senado requieren urgente de una reingeniería completa. Primero del sistema; segundo, de recursos humanos, y que nunca más los diputados participen de esas decisiones; y tercero, el control y de todas maneras externo. Todo ello hoy no existe.

-Para evitar, por ejemplo, que ocurra nuevamente que un diputado como Maximiano Errázuriz, que ha cometido una irregularidad en el arriendo de una sede distrital, pida sus contratos y los funcionarios de la Cámara se los entreguen sin más. ¿Cómo explica esa actitud de los funcionarios?
Al respecto existe una investigación administrativa, dispuesta por el jefe del servicio, que es el secretario; además de una investigación mucho más amplia ordenada por mí como presidente de la Cámara. No puedo darle una explicación completa, lo que haré cuando tenga el resultado de esa investigación. Pero sí creo que existe la necesidad de una separación radical de diputados y senadores de todo el sistema administrativo del Congreso. Esa separación se requiere también porque con el transcurso de los años -y por un lastre histórico- se va produciendo una cultura de dependencia, obsecuencia o sumisión del sistema administrativo respecto de los diputados

«En la actualidad el único requisito para pagar es boleta o contrato de trabajo. La Cámara no cualifica ni el trabajo, ni la prestación del mismo ni la idoneidad del que recibe la remuneración.»

-Una obsecuencia o sumisión que ha sido alimentada por los diputados también.
Con responsabilidades compartidas pero evidentemente, como en todas las relaciones de obsecuencia, aquel que tiene el poder es el más responsable.

-¿Es efectivo que en la Cámara hay tres ejecutivos de cuentas que llevan el registro de los gastos de los 120 diputados y que días antes del 19 de cada mes, fecha de pago, o ellos llaman al diputado o a su jefe de gabinete o éstos últimos los llaman para informarse de cuánto dinero les queda disponible para entregar boletas de honorarios y así gastar el total?

Es efectivo que tenemos un sistema de tres encargados de cuentas y que hay un constante flujo de información y preguntas de los diputados hacia ellos. El objetivo original de este diseño fue facilitar la tarea de los parlamentarios. Y es efectivo que parte del trabajo de estos funcionarios es estar revisando y chequeando el cumplimiento de las normas y las sumas que están a disposición de cada diputado.

-Perdón, diputado, ¿de qué normas, si hay carencia de ellas?
De las mínimas que existen. Por eso, una de mis mayores preocupaciones es establecer normas. Incluso para cualquier investigación -periodística, procesal o administrativa- uno de los problemas para determinar lo que realmente ocurrió en la Cámara es la ausencia de normas.

-En su caso particular, ¿usted gasta íntegramente sus asignaciones, es decir los más de 8 millones de pesos?
-Sí, más aún ahora con la presidencia de la Cámara, entiendo que estoy con todos esos dineros gastados. Y no tengo ningún problema en que revisen todos mis gastos. Aun cuando hay un ítem que es muy complejo, el de combustible, porque es absolutamente de libre disposición. Por lo tanto, no tengo conciencia si lo ocupo todos los meses íntegramente.

-Porque no está obligado a presentar las boletas respectivas sino que simplemente dice: “lo gasté”.
Sí, y ese es uno de los ítems más complejos porque fue creciendo no sólo por la polémica del año pasado por su incremento. Esa partida pertenece a un diseño conversado incluso con autoridades económicas al momento del cambio en 2003. Y cuando tú estableces montos por bencina la norma tiene que ser o el consumo efectivo o el consumo promedio de un vehículo similar. Eso se hizo en su momento. Pero la cifra ha ido aumentando y es imprescindible ahora colocar las reglas.

-La bencina no es el único ítem complejo. En los honorarios nadie controla que la persona a la que el diputado dice que se le paga esa asesoría, efectivamente hizo su trabajo.
Así es. Y para efectos de la Cámara, y quiero insistir en ese punto, en la actualidad el único requisito para pagar es boleta o contrato de trabajo. La Cámara no cualifica ni el trabajo, ni la prestación del mismo ni la idoneidad del que recibe la remuneración.

-Es decir, perfectamente un diputado puede pagarle a alguien que no hace ni una asesoría ni un trabajo relacionado con la función legislativa.
Eventualmente el responsable de chequear y revisar el trabajo contratado es el diputado.

-Usted es abogado. En este momento, y a propósito de las irregularidades que habría cometido la diputada Claudia Nogueira y ahora Maximiano Errázuriz, hay una investigación judicial en curso. Si se comprueba que un diputado pagó una asesoría o trabajo que no se hizo, pero no hay normas que lo regulen, ¿hay delito?
Como abogado hacía alusión a una norma que hemos anunciado: que existan en la ley las asignaciones, que existan glosas para las asignaciones, un sistema de control y todo esté publicado en la página web para que se sepa para qué es cada asignación. Eso es lo que permite una adecuada investigación y certificación. Como abogado y en la actual situación, yo sólo podría basarme en los requisitos que se piden: contrato o boleta y pagar en un cheque nominativo.

-Y si ocurre como con la diputada Nogueira, que una vez que el asesor recibe ese dinero de la Cámara, se lo deposita en la cuenta personal de la parlamentaria…
Para una evaluación posterior -y sin referirme al caso específico de la diputada Nogueira-, de una investigación tanto periodística como procesal penal, eso reviste otro carácter que tampoco es lo deseado. Porque lo que uno quiere es que los fondos públicos sean absolutamente claros en su uso. Pero para efectos de la Cámara, la institución entiende que se ha pagado bien existiendo un contrato o boleta y un cheque nominativo.

-El sistema de control, fiscalización y sanción de los diputados es diametralmente distinto a lo que la Cámara hace cuando fiscaliza irregularidades en el aparato del Estado. Esto le resta autoridad.
Es cierto. Los estándares de fiscalización de la Cámara hacia terceros son mayores que los que ha instalado internamente. El Congreso del siglo XXI no puede tener estos estándares. No sólo por mejorar su administración o el proceso de formación de la ley, sino porque los chilenos exigen y merecen otro Congreso.

-En estos años, ¿los comités han tomado acuerdos para flexibilizar aun más la libre disponibilidad de las asignaciones?
No. Al contrario. En un principio eran mucho más flexibles y se fueron colocando ciertos límites o denominaciones, porque le reitero que aquí el único límite posible que uno debiera tener es la ley y no un acuerdo de comités que es por naturaleza cambiable. Lo que tenemos es confusión y falta de certeza jurídica para aplicar e interpretar muchas de estas asignaciones por correlativos acuerdos de comités. Por ejemplo, en uno de los oficios que debí responder en estos días, se me preguntó sobre aspectos de la asignación de telefonía y arriendo de sedes. Fue complejo determinar cuáles normas estaban vigentes. Y costó determinar –y producía un mundo de diferencia- si para esta asignación se atribuían primero los gastos de telefonía, y luego, cuando un diputado tenía declaradas varias sedes, cuál de ellas en primer lugar.

Los estándares de fiscalización de la Cámara hacia terceros son mayores que los que ha instalado internamente. El Congreso del siglo XXI no puede tener estos estándares. No sólo por mejorar su administración o el proceso de formación de la ley, sino porque los chilenos exigen y merecen otro Congreso.

-¿Cuál es la diferencia?
Si hay $690.000 para teléfono y sedes, y me preguntan en qué usó esa asignación X diputado, se debe determinar qué descontó primero: ¿el teléfono o las sedes? Si descuento primero el teléfono, luego ¿qué sede descontó primero? Porque si atribuyes un tipo de sedes, las otras podrían directamente ser descontadas de tu dieta. Y terminada la investigación eso puede producir consecuencias totalmente diversas en la apreciación. Recuerde que hay investigaciones judiciales respecto de sedes de diputados…

-¿Le parece correcto que un diputado pague la sede del partido con esa asignación?
No, porque es la sede del diputado. Pero parte de su actividad política está relacionada con su partido, y por tanto el partido puede desarrollar actividad en esa sede. Y ese local debe decir afuera “sede del diputado X”, sin perjuicio de que aparezca la simbología de su partido. Pero hay otra complejidad: si la sede debe ser solo distrital, regional o puede estar en otra zona. Una materia que estaba en la indefinición porque había tres acuerdos contradictorios y que nosotros ordenamos para responderle al fiscal Abbott. Había falta de certeza jurídica y al momento de contestar nos hemos dado cuenta de la urgente necesidad de poner orden. Si uno interpretaba todos los acuerdos la sede podía estar en el distrito o en la región del distrito. Mi opinión -y la del diputado Marcelo Díaz del PS- es que sólo puede ser distrital. Pero eso no está normado todavía.

-Y que ya no se permita que una oficina de diputado tenga como rubro principal la venta de sopaipillas sin que aparezca que es sede parlamentaria…
Lo vigente permite todas esas situaciones, pero eso es lo que nos lleva a resolver con claridad qué requisitos mínimos debe cumplir una sede. Algunos diputados han llegado a plantear que la sede debiera ser provista por el Congreso. No lo comparto. Lo que se nos exige son normas. Hay otro punto. Cuando empecé a contestar estos oficios del fiscal Abbott, nos dimos cuenta de que estaba vigente la posibilidad de que, si había un remanente entre la plata ocupada para telefonía y sede, se podía utilizar para contrataciones. Y ello, como todas estas cosas, en virtud de un acuerdo de comités. Yo considero que con la decisión tomada en abril por norma de transparencia en la Cámara, que estableció que este ítem era solo para esas actividades, derogamos tácitamente el acuerdo anterior. Lo único que faltaba –y así se dispuso- era la comunicación a todos los diputados de que a partir de julio eso ya no era permitido. Ahora se informa.

-Vamos a los pasajes aéreos de los cuales disponen los diputados: 48 nominativos y 12 de libre disposición dentro del país con excepción de la Isla de Pascua. Están para ayudar en la tarea legislativa…
No hay normas específicas en esta materia…

-¿Qué le informaron a usted sobre su uso cuando llegó a la Cámara?
Me informaron que estos pasajes podían ser utilizados para las siguientes tareas: para que te acompañe tu familia que puede viajar entre el distrito y el aeropuerto más cercano a Valparaíso, Santiago; para tareas propias de fiscalización y legislación, para tus asesores; para tareas políticas no de naturaleza parlamentaria e incluso para apoyar actividad social o deportiva de tu distrito. No existe norma. Hace mucho tiempo llegué a la conclusión, y la expresé al asumir la presidencia, de que se eliminen. Y se ha formado una comisión que va a estudiar el tema. Otros diputados piensan que se deben reducir pero con limitaciones.

-El valor de estos 60 pasajes al año habría que agregarlo a lo que reciben los diputados como remuneración individual.
En estricto rigor, sí; sobre todo si lo usa alguien de tu familia. Yo los he usado para los cuatro casos que nombré. Soy partidario de su eliminación, y si se mantienen y se regulan, deben dejarse exclusivamente para tareas parlamentarias. Ni siquiera para las políticas. El diputado Felipe Harboe quiso renunciar a sus pasajes nominativos y la respuesta fue que no se podía. Puede no usarlos. Y quiero aclarar que esos pasajes sólo se pagan a la línea aérea en la medida que se usen.

-¿Tiene para la reingeniería que se propone el apoyo de todas las bancadas?
Probablemente va a ser una tarea dura. Tengo paciencia y hay muchos diputados, de todas las bancadas, disponibles para hacerlo. Siempre hay resistencia al cambio y a ponerse limitaciones y esta vez no estamos hablando de unos cuantos límites, sino de muchos. Al menos veo tres reingenierías importantes. La primera es con todas las asignaciones parlamentarias. Anunciamos con Jovino Novoa un conjunto de normas, y lo primero es una Ley de Presupuesto clara con asignaciones establecidas para que el control sea legal, procesal.

-Ese es el nudo del problema. Se le ha entregado gran cantidad de dinero a la Cámara para que los diputados puedan fiscalizar mejor y participar más informados y con propiedad en las comisiones que tramitan leyes. ¿Es así?
Cualquier cosa que hagamos a escala de los comités es insuficiente. Se requiere que la ley establezca los requisitos sobre quién puede recibir pagos de diputados. Segundo, una comisión resolutiva externa. La idea es que diferencien incluso las asignaciones que correspondan a cada diputado según la realidad de su distrito. Es un error que todos tengamos lo mismo, no responde a la lógica de un país como el nuestro. Se requiere un comité que decida cuáles son las asignaciones, su monto, sus requisitos y los procedimientos de fiscalización. Tercero, todo esto publicado en la página web del Congreso. Cuarto, un comité auditor permanente ante el cual diputados y senadores nos sentemos una vez al año a explicarles en qué usamos las platas públicas. Tres personas apoyadas por un equipo autónomo, inamovibles por un período fijo, altamente calificadas, muy bien pagadas. Además, una vez en el período cada diputado tendrá una fiscalización aleatoria e inadvertida en su distrito. Que vean sedes, contratos…

Había falta de certeza jurídica y al momento de contestar al fiscal Abbott nos hemos dado cuenta de la urgente necesidad de poner orden.

-Eso representa nuevos gastos del Estado. ¿Garantizará el fin de las irregularidades?
Tengo el compromiso de que se pueden hacer las necesarias adecuaciones presupuestarias. Incluso a través de restricciones de los propios parlamentarios para financiar su fiscalización. No habría plata mejor gastada que esta. Y agrego cuatro cosas. Que la ley incluya normas de conducta para nosotros, con nuevas sanciones y procedimientos. Que la misma ley incluya los comités, que también requieren una reingeniería total. Le pongo un caso personal: en un momento dado todos los funcionarios del comité de la UDI estaban contratados por mí como jefe de bancada. Porque no tienen realidad jurídica, sólo administrativa. Y requieren de los mismos controles que todos los demás funcionarios y deben explicar en qué gastan sus platas. Hay que consagrar legalmente la existencia de las bancadas así como su obligación de rendir cuentas.

-¿Y cómo cambiará el sistema administrativo del Congreso?
Esa es la segunda reingeniería, etapa que estamos evaluando con el presidente del Senado y que requiere separar totalmente esa función de los parlamentarios, construir una cultura administrativa distinta con auditoría externa completa para el sector. Y por último, para la Cámara del Bicentenario, un reanálisis del proceso de formación de la ley.

-¿Qué requisitos podría tener el pago de un asesor legislativo, por ejemplo?
En la próxima semana me toca informar al respecto. Hay que reevaluar el tema de los asesores, desde las glosas presupuestarias hasta los requisitos formales y jurídicos que deben tener los asesores de parlamentarios, de los comités y también estudiar fórmulas, como las que ha planteado el CEP, de tener asesores del Congreso a disposición del diputado para cada comisión.

-¿Se cambiará también la no incompatibilidad que existe hoy para un diputado que es integrante de la comisión de Obras Públicas y tiene intereses económicos en empresas del rubro, por ejemplo?
Existen normas al respecto, la obligación de entregar una declaración de intereses, patrimonio e inhabilidades. Son insuficientes. Hoy hemos propuesto que la obligación de la declaración de intereses sea actualizada cada vez que cambia un interés; que la última declaración de patrimonio sea pública al menos 30 días antes de la elección para que tus electores la conozcan; y además revisar las causales por las que deberías inhabilitarte en la votación de un proyecto. Que no se diga más vagamente “intereses en sociedades”. No es una infracción, porque la infracción es que votes a favor de tus intereses y no te inhabilites.

-¿Y esos cambios irían en el mismo paquete o reingeniería que usted anunció?
-Todo esto debe ser acordado en el marco de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que estamos debatiendo, que ya está en comisión mixta y que está citada para el martes próximo a las 15 horas. Espero dormir muy poco, como la inmensa mayoría de los diputados, hasta que logremos volver a estándares ciudadanos que nos permitan salir del último o penúltimo lugar de la evaluación pública.

-¿Y qué va a pasar con las irregularidades e ilícitos que se han cometido hasta ahora? ¿Habrá reingeniería total a cambio de blanqueo sobre el pasado?
No. ¡No! Mi intención es que los organismos competentes sigan desempeñando su labor mientras nosotros hacemos la nuestra: arreglar con la máxima profundidad la situación para dar paso a un Congreso digno para el Bicentenario. Que el fiscal Abbott haga lo suyo y le daremos todas las facilidades.