Fiscal fracasó en su intento por dejar preso a Arenas y CDE insistirá en arista TATA

Vistiendo un traje oscuro, camisa blanca y sin corbata entró a la sala del Séptimo Juzgado de Garantía el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, para ser formalizado por fraude al fisco. Cerca de las 17 horas se inició una maratónica audiencia que sólo terminó quince minutos antes de la medianoche, cuando Arenas quedó libre. “¿Cómo salió Chile?”, fue lo primero que preguntó al alejarse de la sala, preocupado por el partido que la Sub 20 jugó ante Uruguay en el sudamericano de Venezuela.

La jornada partió en el Juzgado de Letras de San Bernardo. Allí fue localizado Arenas mientras hacía gestiones como abogado. Al ser interceptado por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, sólo alcanzó a llamar a su mujer para avisarle que había sido detenido. Su abogado, Alex Carocca, reclamó por la forma en que su cliente fue aprehendido y afirmó que Arenas siempre había estado a disposición de la Fiscalía Centro Norte. La acusación fue refutada por la fiscal a cargo del caso, Alejandra Godoy, quien argumentó que no había tenido respuesta de Caroca al ser requerido. La orden de detención está fechada el 16 de enero pasado.

Desde un primer momento la fiscal mostró una especial dedicación al caso, además de una particular osadía. A la semana siguiente de la destitución del que fuera director del Registro Civil, ordenó un allanamiento a la casa de Arenas. Un destacamento de policías llegó hasta la residencia ubicada en Las Pircas de Peñalolén mientras éste celebraba su cumpleaños número 60 en compañía de un grupo de amigos. En paralelo, otro grupo de detectives llegó hasta las oficinas de la dirección nacional del Registro Civil para incautar diversos equipos.

En su extensa exposición de ayer, la fiscal formalizó a Arenas por 155 delitos vinculados a asesorías injustificadas y por dos contratos con la Universidad de Santiago. Le atribuyó responsabilidad en defraudar al fisco por 636 millones de pesos, pero los antecedentes que entregó Godoy no son demasiado distintos de los que la Contraloría hizo públicos la semana pasada en una auditoría aleatoria al servicio. Esto, pese a que la fiscalía lleva diez meses investigando la arista principal del juicio por corrupción, el que se originó luego que de CIPER revelara la trama de las irregularidades en una licitación por US$ 80 millones adjudicada a la empresa india TATA. El nudo principal de los ilíticos investigados es el asesor informático Andrés Contardo, quien trabajaba simultáneamente dirigiendo el proceso de licitación del Registro Civil y para la empresa que obtuvo el negoció.

El juez Patricio Álvarez consideró que no existían antecedentes suficientes para acreditar que las otras asesorías no se hubieran realizado o fuesen injustificadas. Tampoco aceptó la solicitud de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado de dejar preso a Arenas ni con arraigo regional. Sólo concedió el arraigo nacional y la firma cada 15 días bajo el considerando de la disposición a colaborar que ha mostrado el imputado.

Al finalizar la jornada judicial, Arenas sólo quiso aclara un punto: No piensa llegar a acuerdo con la fiscalía y está decidido llegar a juicio oral.

El resultado de la audiencia es un revés para la fiscal Godoy, quien hasta ahora sólo había logrado la formalización de Andrés Contardo por la arista principal de la causa TATA-Registro Civil.

Los comensales en la mira del CDE

La fiscalía se lanzó contra Arenas por motivos que nada tienen que ver con la investigación principal y que parecen ser bastante más graves que las que expuso ayer ante el juez, la prensa y los abogados de los principales ejecutivos de TATA, quienes han declarado como inculpados y seguramente esperaban conocer información atingente a sus defendidos.

Pero esa arista, la principal, se sigue desarrollando, y es probable que adquiera más velocidad en las próximas semanas pues el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó ayer entablar una nueva querella dirigida a la cúpula de la multinacional TATA. Los hilos de la estrategia del CDE apuntan específicamente a los comensales de una cena que tuvo lugar en septiembre de 2006 en un departamento de calle Luis Pasteur, en Vitacura. El dueño de casa era Danilo Rivas, un consultor a quien se acusa de haber sido el “gestor” del negocio entre TATA y el director del Registro Civil.

Dos de sus invitados, Guillermo Arenas y el gerente general de TATA, Pablo Cisternas, ya están querellados por el CDE. Los dardos del organismo estatal apuntarían ahora contra Henry Manzano, presidente de la empresa india, quien no había sido afectado hasta ahora por las acusaciones de corrupción. Manzano es un hombre conocido en el mundo tecnológico: era el dueño de Comicrom, la empresa que fue comprada por TATA para potenciar su arremetida en el mercado chileno.

Los otros dos asistentes a la cena fueron el ex gerente comercial de TATA Andrés Tupper y el ingeniero civil electrónico Flavio Venturini. Según la versión de este último a la fiscalía, èl y el ex gerente de TATA, Arturo Nahum, cumplieron el rol de enlace con la empresa india mientras se desarrollaba el proceso de licitación. Arenas, a su vez, fue contactado por Rivas, de quien es amigo de toda la vida.

Venturini y Rivas se han transformado en piezas clave de la investigación que lleva la fiscalía. El primero fue el que contó los detalles de la cena y de todos los vínculos que se desarrollaron con posterioridad a ésta, involucrando a Rivas como gestor del negocio que llevaría a TATA a adjudicarse la licitación.

De acuerdo a sus declaraciones ante la fiscalía, durante la reunión se habló de los dineros involucrados en el proyecto, un acuerdo que incluía un contrato para el mismo Venturini si TATA se adjudicaba la licitación. Días después habría tomado contacto con él Danilo Rivas, quien según su versión, le solicitó los datos de su empresa, Venturini Consultores Ltda. Tras ello, en una tercera cita, Rivas le habría pasado un documento con los datos de la empresa y con los porcentajes de dinero que percibiría la firma si se cerraba el acuerdo de negocios. El ingeniero aseguró que en ese momento advirtió que se trataba de “platas oscuras”.

-Danilo me explicó que yo tenía que firmar el acuerdo de negocio, en el que curiosamente no aparecía Danilo Rivas. La plata se la iban a pagar a la empresa Venturini Consultores, y luego a una tercera empresa, que no sé cuál era porque Danilo no me dio el nombre, facturaría a Venturini Consultores y ahí nosotros tendríamos que devolverles la plata. Esa era la forma en que se iba a triangular el dinero de la licitación (…) Danilo no me dijo cuál era el destino real de los dineros por los cuales nos facturarían, pero sí me dijo que se trataba de “pagar favores políticos y gastos que tiene uno”, no indicándome de quién (…) Danilo Rivas era el nexo. Se reunía tanto con gente de Tata como con Guillermo Arenas. Tenía un especial interés de que esto saliera para pagar favores políticos de amigos o contactos. Decía que quería ayudar a su amigo Arenas porque al interior del Registro Civil había pugnas -declaró Venturini.

Según publicó El Mostrador, la fiscal le pidió a Venturini que se reuniera con Rivas portando una cámara oculta en un maletín para hacerlo reconocer su implicancia en el caso. Venturini siguió las instrucciones, pero la fiscal no obtuvo lo que quería.

La querella del CDE apunta también a todos aquellos que resulten responsables de fraude y estafa al Fisco en grado frustrado.

Ubaldo Zúñiga, los masones y la USACH

La causa por la que fue formalizado ayer Arenas dice relación con dos contratos por $400 millones firmados por el Registro Civil con la Universidad de Santiago. Según relató la fiscal, el ex rector Ubaldo Zúñiga declaró que conoció a Arenas en una ceremonia de la logia masónica, tras lo cual éste le propuso hacer un acuerdo de cooperación. De acuerdo a fuentes cercanas a la causa, tras este testimonio la fiscal Godoy ha intentado indagar si existe alguna red de masones entre los distintos involucrados.

En la audiencia, Godoy cuestionó varios aspectos de los contratos, como el uso de una fórmula de subcontratación en que se incurrió para su ejecución, contratándose equipos adicionales. El encargado de los contratos era el académico Humberto Jorquera, quien cobró los cheques y delegó el trabajo en otros profesionales.

El primer convenio tenía como objeto la realización de las bases para la licitación de servicios tecnológicos. Como consignó CIPER en marzo pasado, los detalles de dichas bases fueron afinados por Andrés Contardo y además se fichó un equipo especial liderado por Berta Belmar.

El segundo contrato era para el rediseño institucional del Registro Civil, que incluía cambios remuneracionales de la planta. Según Godoy, el informe entregado es “copiado textual” de otro hecho por funcionarios del servicio en 2006, apoyados por Santiago Consultores. Ironizando, dijo que la única diferencia es el tamaño, pues uno fue escrito con interlineado sencillo y el otro con interlineado de 1,5, “pero todos los párrafos son literales”. Por este contrato, aparece recibiendo remuneraciones el propio Ubaldo Zúñiga.

Los 155 fraudes imputados a Arenas

La segunda línea por la que se negó la formalización de Arenas, fue la contratación de asesorías que a juicio de la fiscal no se justifican por distintas razones. Godoy las desglosó en 155 fraudes al fisco consumados y 19 frustrados, aunque en realidad afectan a 14 asesores. Esto se explica porque algunos de ellos tuvieron varios contratos. Los fraudes frustrados se referían a aquellos que fueron anulados luego de que Arenas dejara el servicio. El monto total defraudado ascendía, según la fiscal, a $236.335.915. La mayoría de los contratos fueron visados por el ex jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, y unos pocos por el ex subdirector de operaciones, Enzo Pistacchio.

Los asesores detallados por la fiscal no incluyían a los más polémicos del informe de la Contraloría, como la ex jefa de gabinete del senador Camilo Escalona, Karina Talcan, ni sus cuñados René y Gloria Tricallota, así como tampoco al profesor de inglés de Guillermo Arenas, Kart Folch, o el hijo de la diputada Isabel Allende, Gonzalo Meza.