El informe de Unasur que devela la masacre de Pando
04.12.2008
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04.12.2008
En septiembre pasado, al menos 20 campesinos murieron en una masacre en la región de Pando, en Bolivia, durante una marcha a favor del presidente Evo Morales. Para investigar los hechos y aplacar la crisis en el país altiplánico, Michelle Bachelet -como presidenta pro témpore de Unasur- y respondiendo a una solicitud del presidente Morales, nombró a una comisión que acaba de entregar su informe final, en el que se responsabiliza a funcionarios locales opositores. Ver informe completo
La convicción intelectual y moral de que hubo una masacre «de lesa humanidad» (según los dictámenes de Naciones Unidas) en distintos sitios del departamento de Pando en Bolivia, es la primera conclusión de la comisión mandatada por los presidentes de Unasur para investigar los brutales episodios de muerte y violencia que conmocionaron al país altiplánico el 11 de septiembre pasado y que esta semana fue entregado al presidente Evo Morales en el Palacio Quemado en La Paz.
La comisión, que estuvo presidida por el jurista argentino Rodolfo Mattarolo e integrada por otros ocho expertos, entre ellos el abogado chileno Luciano Fouillioux, emitió un informe de 63 páginas.
Sobre los responsables de la masacre, el texto afirma: «Se han producido numerosas ejecuciones sumarias o extralegales… así como se tiene por probado que éstas fueron practicadas por agentes pertenecientes a la estructura del gobierno prefectural del Departamento de Pando o por personas afines a esta, las que actuaron de manera connivente o bajo la aquiescencia de dicho gobierno».
El informe «Hacia un alba de justicia en Bolivia» fue resultado del trabajo de seis semanas de los investigadores y lleva adjunta una base de datos, pericias y videos que dan cuenta del febril trabajo en terreno durante los cuales recogieron estremecedores testimonios de sobrevivientes en distintos puntos, incluyendo Brasileia, en Brasil, donde un grupo de campesinos encontró refugio. La policía brasileña de la frontera les informó que alrededor de 600 bolivianos la cruzaron en esos momentos huyendo de la violenta represión.
«Allí vi a una campesina asesinada con su bebé en los brazos. Les dispararon a los dos y quedaron allí tirados», se lee en un acápite. 20 personas al menos fueron asesinadas durante las horas de violencia en Pando, a raíz de la dura oposición de las fuerzas políticas de los cuatro departamentos más ricos de Bolivia que reclaman su autonomía a la nueva Constitución de corte indigenista .
La negación del derecho a la tierra es el principal origen de la violencia y de los abusos, dictaminó la comisión. Todo comenzó cuando un grupo de opositores a Morales se tomó las dependencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando y los campesinos organizaron una marcha para intentar recuperarla ante el temor creciente de una reversión al otorgamiento de tierras. Fue entonces que estudiantes y docentes de la Normal (instituto que forma profesores) se unieron a la marcha.
«Jhonni Cari (25 años), Wilson Castillo (19 años) y Alfonso Cruz (20 años), estudiantes de Pedagogía, fueron privados de su libertad, torturados y finalmente muertos además de haber sido mutilados (‘tenían la lengua y las orejas cortadas, les sacaron dientes y a uno le habían vaciado un ojo’) por acción directa de elementos pertenecientes a los grupos cívicos y prefecturales», se lee en otro párrafo.
«Entre los marchistas había campesinos, pero había otro tipo de gente también, estos normalistas de Filadelfia: ¿qué hacían ahí?», afirmó el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue escuchado en la prisión de San Pedro en La Paz, por la comisión mandatada para buscar la verdad. Fernández reconoció que su gente estaba armada.
«Dispararon directamente a los campesinos y a los normalistas, como paramilitares preparados para estas emboscadas. Entre ellos reconocí al ex director de la Normal de Puerto Rico, un agente de Leopoldo Fernández, que estaba entre ellos indicando quiénes eran normalistas», dice un testigo presencial.
El inicio de la violencia y porte de armas por parte de los sectores afines al ex prefecto Fernández cuenta con múltiples evidencias: numerosos videos filmados en el momento de los hechos, pericias balísticas y testimonios. No fue posible probar la existencia de armas entre los campesinos. Ni siquiera los videos filmados por los propios funcionarios prefecturales lo muestra. Sí se observan hondas y palos.
«Pruebas sustanciales que generan la convicción de que existieron torturas y tratos crueles efectuados de manera masiva y sistemática por los sectores cívicos y prefecturales en contra de los campesinos», es otra de las conclusiones de la comisión que no logró determinar la existencia de desaparecidos a pesar de la gran cantidad de testimonios recogidos al respecto. Por ello recomiendan «profundizar la investigación».
Otra cuestión que revela el trabajo del equipo de Mattarrollo es la «marcada ineficiencia en el sistema judicial penal» y policial de Bolivia. Y entrega siete puntos críticos sobre la facilitación de la impunidad.
«Yo decía que los niños no tienen culpa, los mataron y los botaron al arroyo. No hemos podido recogerlos. Las sardinas se comen todo lo muerto. Uno tenía un año, el otro tenía unos seis meses…». Es el testimonio de un crimen brutal que no pudo ser comprobado y que, como los otros, deberán ser investigados y sancionados por la cuestionada justicia bolviana.