El ignorado precedente brasileño

Aunque las autoridades ambientales y las petroleras sostuvieron muchas veces que estaban estudiando el caso de Las Salinas con toda la atención y cuidado que requería un proceso inédito e histórico, el resultado no sólo demostró numerosas falencias de la legislación ambiental chilena y del aparato político local. También ignoró graves episodios de contaminación ocurridos en países vecinos, y que muestran aspectos similares que en su momento alarmaron a los vecinos y organismos ambientales viñamarinos que se opusieron al proyecto.

Uno de los precedentes más significativos es el protagonizado por Shell en Paulínia, una pequeña localidad situada a unos 120 kilómetros de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Allí se desató el 2001 uno de los mayores escándalos ambientales en la historia de ese país, luego que se detectara que más de un centenar de personas habían resultado infectadas en su sangre con diversos químicos y residuos provenientes de una planta de pesticidas que el gigante anglo-holandés operó durante 25 años en el terreno aledaño al que luego se convirtió en residencial. El caso provocó una larga guerra judicial entre las autoridades locales y la empresa, luego que ésta desestimara insistentemente informes médicos e informes que certificaban la presencia de tóxicos.

Las primeras denuncias corrieron por cuenta de los habitantes del barrio “Recanto dos Pássaros” (Recanto de los Pájaros), que ya llevaban años denunciando olores, sabores y colores extraños en el agua que consumían, además de quejarse de cansancio, problemas de memoria, dolores de cabeza, alergias e insomnio. A poca distancia de las viviendas se ubicaba una planta en la que Shell fabricaba pesticidas como el aldrin, dieldrin y endrin, tres de los componentes de la llamada “docena sucia” -condenada por la Convención de Estocolmo- y que también se cuentan entre los tóxicos que dejaron las petroleras en Las Salinas.

Aunque dichos agroquímicos fueron prohibidos en Brasil en 1985, Shell continuó produciéndolos para la exportación hasta 1990. A mediados de los ’90 ya habían comenzado las protestas y acciones judiciales organizadas contra la empresa por otro caso localizado en un suburbio distinto de Sao Paulo, así que en 1995 la trasnacional decidió cerrar la planta y vendérsela a la filial brasileña de American Cyanimid y a la BASF. Pero una de las condiciones que pusieron los compradores era que Shell se hiciera responsable de la descontaminación en el predio, lo que obligó a la firma a admitirla y hacerla pública. Los problemas detonaron cuando los vecinos y autoridades locales exigieron que se aclarara también hasta qué punto los tóxicos habían infectado los suelos vecinos, cuestión que – al igual que en el caso viñamarino- la petrolera negó una y otra vez.

Eso, hasta que aparecieron estudios que mostraban niveles de contaminación que superaban hasta 12 veces las normas brasileñas en las zonas vecinas, lo que forzó a Shell a admitir el 2001 que había tóxicos allí y en las aguas subterráneas. Las autoridades le ordenaron a la firma remediar los suelos dañados y ésta accedió a abastecerlos de agua potable limpia y de hortalizas.

Pero eso no satisfizo al municipio de Paulínia, que comenzó a realizar exámenes médicos a los vecinos de Recanto dos Pássaros, los que publicó en un informe en agosto de 2001. El documento señalaba que de las 181 personas auscultadas, 156 tenían diversos tóxicos en el sistema circulatorio: 20 estaban infectadas con aldrin, 44 con DDT, 4 con BHC Alfa, cuatro con BHC Beta, una con heptacloro y siete con una mezcla de tres químicos. Las pruebas también dieron con altas concentraciones de metales pesados: plomo en 60 vecinos, cobre en 13, zinc en 22 y aluminio en 50. De los residentes examinados, cincuenta eran niños menores de 15 años, de los cuales 28 resultaron infectados.

Las pruebas también concluyeron lo que los residentes temían: muchos de los tóxicos eran causantes de problemas neurológicos, desórdenes hepáticos y cáncer. Ante semejante escándalo, la justicia brasileña acusó a fines del 2001 a Shell de negligencia al exponer a la población de Paulínia a severas enfermedades. La empresa rechazó tajantemente el informe de las autoridades locales, argumentando que éstas se habían basado en estándares más restrictivos que los de la Organización Mundial de la Salud, y contraatacó efectuando sus propios exámenes médicos a los vecinos, los que arrojaron resultados negativos.

El municipio de Paulínia hizo en 2001 exámenes médicos a los vecinos. De las 181 personas auscultadas, 156 tenían diversos tóxicos en el sistema circulatorio. De los residentes examinados, cincuenta eran niños menores de 15 años, de los cuales 28 resultaron infectados. Muchos de los tóxicos eran causantes de problemas neurológicos, desórdenes hepáticos y cáncer.

A esas alturas, el escándalo era imparable. Muchos vecinos se debatían entre la indignación y el pánico, mientras otros intentaban infructuosamente abandonar Paulínia: nadie quería comprarles sus casas. Las autoridades presionaron a Shell para que las adquiriera, a lo que la empresa inicialmente se negó. Sin embargo, a fines de ese año anunció que se abría a dicha posibilidad, ante “el terrorismo psicológico creado por la forma sensacionalista en que este asunto ha sido tratado por las autoridades locales”.

Los vecinos del sector comenzaron a presentar numerosas demandas judiciales, las que se dispararon a más de 200 cuando se acreditó que 844 ex trabajadores de la planta de pesticidas y de su sucesora, la planta de BASF, también estaban contaminados o eran víctimas de enfermedades asociadas al caso. Uno de ellos incluso logró que la justicia condenara a ambas firmas a indemnizarlo por casi US$ 82 mil. Otros no tuvieron tanta suerte e incluso algunos fallecieron de cáncer años después.

El desastre terminó destrozando el mismo negocio que lo había destapado: BASF optó por cerrar la planta el 2002, apenas dos años después de habérsela comprado a Shell. Y en enero de 2005, un juez brasileño le ordenó a la trasnacional petrolera –que en los últimos años ha sido multada varias veces- a detener el vertido de residuos químicos y sanear fuentes de agua contaminadas. Ese mismo año, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno de Sao Paulo, que la había demandado, para someterse a una serie de condiciones para prevenir nuevas desgracias.

La historia aún no termina. Si bien Shell aceptó someter los suelos de la ex fábrica de pesticidas y sus tierras aledañas a carísimos procesos de remediación, hasta hoy niega cualquier responsabilidad en las enfermedades o muertes registradas entre ex trabajadores suyos y vecinos del área, por lo que centenares de causas judiciales -que piden millonarias indemnizaciones- siguen tramitándose. Miengras, las autoridades y la justicia brasileñas intentan que la firma financie tratamientos médicos para los afectados por 620 millones de reales, luego de detectar que los casos de cáncer han aumentado en la zona.

Para sorpresa de muchos, hace pocas semanas se supo de un destino irónico para los 105 mil metros cuadrados en que se ubicaba la planta: Shell se la compró de vuelta a BASF por apenas el 37% del precio en el que se la había vendido en 1995.