La automotora envuelta en la triangulación de contratos que culminó con la renuncia del jefe de seguridad ciudadana de Vitacura, Pedro Valdivia, cobra más de $433 millones anuales en Ñuñoa, donde tiene dos contratos. Uno se firmó en 1997 sin licitación y se ha renovado automáticamente hasta ahora. El segundo es con la Corporación de Educación y Salud, y fue suscrito a pesar de que el vicepresidente ejecutivo de esa entidad comunal es socio del dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro, y también del alcalde Sabat.

Piamonte S.A., la automotora envuelta en la trama que terminó con la salida del jefe de seguridad ciudadana del municipio de Vitacura, coronel (r) Pedro Valdivia, también hace negocios con la Municipalidad de Ñuñoa. Y el contrato que la liga al alcalde Pedro Sabat tiene características similares al que desató el problema que culminó con el alejamiento de Valdivia: Piamonte le arrienda al municipio de Ñuñoa todos los vehículos que conforman la flota de la seguridad ciudadana de la comuna.

Una diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa la automotora también alquila los autos y camionetas que usan los restantes departamentos de la municipalidad, además de los buses que utiliza la Corporación de Educación y Salud de la comuna para acercar a los escolares a sus colegios. Todo ello le significa a Piamonte ingresos anuales que alcanzan a los $433.000.000. Dentro de los cerca de 30 vehículos que Ñuñoa arrienda a esta automotora figura el auto Toyota Camry que está al servicio personal del alcalde Pedro Sabat.

Otra diferencia con Vitacura es que en Ñuñoa no se puede triangular el contrato con Piamonte (ver recuadro) Y ello, porque los guardias de la seguridad comunal no son de una empresa privada, sino que dependen directamente de la Municipalidad. Aún así, los contratos que benefician a esta concesionaria de Fiat presentan ciertas peculiaridades en las que hasta ahora nadie había reparado. Una de ellas es que el contrato entre Piamonte y Ñuñoa por el arriendo de vehículos, se suscribió en 1997 y en estos 11 años nunca se ha licitado, aunque sobrepasa el monto máximo que exige la ley desde 2003 para obligar a una propuesta pública.

La segunda, es que el contrato de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa con Piamonte se materializó a pesar de la relación comercial entre el propietario de la empresa automotora y uno de los máximos ejecutivos de la entidad comunal. En efecto, una escritura inscrita en el registro de comercio y fechada el 19 de marzo de 2003, indica que el vicepresidente ejecutivo de la corporación, Mario Gómez Puig, constituyó junto al dueño de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, la sociedad «Instituto Tecnológico de Ñuñoa». La sociedad figura sin RUT en el registro de Dicom y, según distintas versiones, era uno de los pasos para crear la Universidad de Ñuñoa, el fallido proyecto anunciando por Sabat y que encabezaría como rector Gómez Puig.

La sociedad entre el dueño de Piamonte y el vicepresidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Ñuñoa, no fueron impedimento para concretar el contrato a pesar de que los fondos con que se cancela el arriendo de los vehículos son municipales. Y si bien Axel Müller, secretario general de la corporación, rehusó entregar copia de los contratos con Piamonte S.A., en el documento «Plan anual de desarrollo de la educación municipal» de Ñuñoa (Padem), se oficializó la cifra que el municipio destinó para pagar este servicio: $241.920.000 al año por ocho buses.

Aunque Müller reconoció que se trata de un programa que se ejecuta con fondos municipales, argumentó que siendo la corporación una institución de derecho privado, no está obligado a transparentar esa documentación. Y recomendó que fuera solicitada al contralor municipal que fiscaliza los pagos de dicha corporación.

Consultado el secretario general respecto de si no le parece irregular que la entidad haga negocios con una empresa cuyo dueño es socio del vicepresidente ejecutivo de la misma corporación, Müller dijo desconocer que Gómez Puig y Dell’Oro figuraban como miembros de la sociedad «Instituto Tecnológico de Ñuñoa». Ello ha pesar de que hay recientes informaciones de prensa que han mencionado la participación de Gómez en esa sociedad junto a Dell’Oro, pues el dato surgió a propósito de la investigación que está haciendo la Contraloría a Sabat.

Müller aseguró que Gómez Puig nada tuvo que ver en el proceso para contratar a Piamonte, pues sostuvo que la decisión de tomar ese servicio de buses la adoptó el Concejo Municipal y que él firmó el contrato como representante legal de la corporación. No obstante, si se revisa la información de la página web de la corporación, queda claro que el máximo responsable del área administrativa es precisamente el vicepresidente ejecutivo.

El vicepresidente ejecutivo de la corporación ocupa el cargo en representación del alcalde Sabat. Según las propias palabras de Sabat, ambos son viejos amigos. El alcalde de Ñuñoa ha dicho que conoció a Gómez Puig porque fue su profesor y decano cuando era alumno de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en 1978. La amistad se plasmó también en los negocios, porque Gómez Puig no sólo es socio del propietario de Piamonte S.A., Raúl Dell’Oro, sino también de Sabat. Los nombres del discípulo y el ex decano están registrados en la sociedad «Pedro Sabat y Cía», la misma que está bajo la lupa de la Contraloría por distintas irregularidades en la comuna de Ñuñoa.

El organismo fiscalizador emitió un informe el pasado 21 de julio en el que cuestiona que Sabat haya nombrado a Gómez Puig como vicepresidente ejecutivo de la corporación municipal en circunstancias que mantenían esta relación comercial. El alcalde argumentó que había finiquitado esa sociedad antes del nombramiento, en abril de 2004, pero la Contraloría asegura que la sociedad sólo se disolvió en noviembre de 2007.

Tan estrecha es la amistad entre ambos, que Sabat mantiene a Mario Gómez Puig como jefe administrativo de la Corporación de Educación y Salud de Ñuñoa a pesar de que en 2005 el ex decano fue condenado en primera instancia a 541 días de presidio por el delito de infracción al artículo 26 bis de la antigua Ley General de Bancos, que sanciona a quienes alteren antecedentes para dificultar la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Bancos. Gómez Puig era director del Banco Español Chile y en 1982 fue procesado y detenido en esta causa -que ahora se ve en la Corte de Apelaciones con el rol 28998 de 2005- en virtud de las acusaciones que aportó el entonces administrador provisional de esa entidad financiera, Eustaquio Martínez.

Mario Gómez Puig no respondió los llamados que le hizo CIPER

El ex decano es el segundo emprendedor que tiene problemas con la justicia con el que Sabat estrechó vínculos comerciales. El otro es Jaime Camhi Ramírez, administrador de la Automotora Pedro de Valdivia, propiedad del alcalde, que fue detenido por sus nexos con el narcotraficante Manuel Fuentes Cancino, «El Perilla».

Para cerrar el triángulo de las amistades, el propio Sabat admitió, en una extensa entrevista publicada por La Nación el 3 de agosto pasado, que tenía una cercana relación con el dueño de Piamonte, Raúl Dell’Oro. El alcalde relató que fue Dell’Oro quien le ayudó a formar su Automotora Pedro de Valdivia.

-Cuando ya inicié el cuento (la Automotora Pedro de Valdivia), Raúl Dell’Oro, que era presidente de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz, me prestó toda la asesoría- dijo Sabat en la entrevista.

La puesta en marcha del negocio personal de Sabat -en el que fue asesorado por Dell’Oro- se hizo, según las propias declaraciones del jefe comunal, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005. De acuerdo con la información que proporciona el contralor municipal de Ñuñoa, Mario Araya, en esas mismas fechas se resolvió la segunda renovación -sin licitación- del contrato para arrendar vehículos que benefició a la empresa de Dell’Oro en Ñuñoa. Según informó el funcionario, esa renovación comenzó a regir en marzo de 2005.

El contralor municipal asegura que nada es ilegal en la relación contractual que ha tejido la Municipalidad de Ñuñoa con Piamonte S.A. Mario Araya explica que el contrato se firmó en 1997, cuando no había obligación de hacer licitación pública. Efectivamente, sólo a contar de 2003, con la instalación de ChileCompra y la entrada en vigencia de la Ley 19.886, se hizo obligatoria la licitación pública para aquellos servicios o adquisiciones que involucraran más de mil UTM (sobre $36 millones).

Aunque CIPER no tuvo acceso a los contratos entre Ñuñoa y Piamonte S.A., sí obtuvo la tabla con los gastos municipales hasta julio de 2008. La revisión de ese documento indica que este año se han pagado a la automotora dos cuotas mensuales, una que promedia los $12,5 millones y la segunda cercana a los $3,5 millones. Eso implica un pago anual de aproximadamente $192.000.000 a Dell’Oro. Si a eso se suman los $241.920.000 que paga la Corporación de Educación y Salud, la cifra global que Ñuñoa paga a Piamonte S.A resulta superior a los $433.000.000 anuales.

De acuerdo con la versión del contralor Araya, el contrato se hizo con la reglas de 1997, sin licitación, pero comparando cotizaciones de otros tres oferentes. CIPER no obtuvo copias de esas cotizaciones. El contralor municipal también confirmó que se estipuló la renovación automática del contrato cada cuatro años y que, de esa forma, la relación se extendió por igual periodo en 2001 y luego en 2005.

El año pasado, explicó Araya, la Contraloría General de la República emitió un dictamen estableciendo que este tipo de contratos no puede seguir renovándose de esa manera y que debe procederse a la licitación. El mismo funcionario informó que se están preparando las bases para lanzar en noviembre la propuesta pública para el arriendo de los vehículos, pues el nuevo contrato debe entrar en vigencia en marzo de 2009.

El contrato, de acuerdo a lo expresado por el contralor municipal, involucra el alquiler de unos 12 vehículos de seguridad ciudadana, otros 10 que se entregan a Carabineros para que funcionen como radiopatrullas, el auto del alcalde y una decena más de vehículos al servicio de las distintas direcciones municipales.