Paco-ladrón: Delincuentes de uniforme

Albino conducía el camión con su pesada carga de cigarrillos por la Ruta 68 en dirección a Santiago. Preocupado del tráfico de la carretera no prestó atención al auto que lo seguía de cerca aun cuando al llegar a la mitad de la Cuesta Lo Prado su velocidad disminuyó notoriamente y el vehículo no lo adelantó. De improviso, en la ruta se le apareció un carabinero con chaleco reflectante que le levantó su mano derecha con la palma extendida mientras que con la izquierda y gesto firme le ordenó detenerse en la berma. La clásica orden de alto policial fue cumplida sin demora por Albino. Pero apenas descendió del camión, el carabinero ya no estaba. En su lugar había otros hombres que lo golpearon y secuestraron. Minutos después, el camión reanudaba la marcha pero con otro chofer al volante.

Pasado el mediodía de ese 14 de septiembre, el camión llegó al kilómetro 20 de la Ruta 5 Norte. Allí, el cargamento de cigarrillos, avaluado en 700 millones de pesos, fue traspasado al container que esperaba de acuerdo al plan establecido por el líder de la banda de asaltantes, Juan Pablo Albornoz.

Todo funcionó como un reloj. Incluyendo el punto de partida de la operación, ejecutado por el cabo segundo de Carabineros, Marcelo González Cárdenas, quien le dio la orden de alto al conductor del camión que debían asaltar. Por desempeñar ese rol, el cabo González recibiría 40 millones de pesos. Esa fue la promesa que le hizo Albornoz cuando le ofreció integrarse al grupo de delincuentes.

Con los roles bien compartimentados, González Cárdenas sólo debía asegurarse cada vez que el camionero bajara. Entonces, el carabinero salía de escena y entraba el grupo de choque que intimidaba al chofer y lo secuestraba mientras otro equipo conducía el vehículo a una bodega. Nadie vería la cara de González Cárdenas, salvo los encargados de traerlo al punto operativo y de llevarlo de vuelta a Santiago. Y lo más importante, sólo Juan Pablo Albornoz y su hermano Juan Francisco sabían cómo contactarlo: le habían entregado un celular que sonaba únicamente cuando había una “pega”.

-La historia fue la siguiente –declaró el policía en la investigación posterior-, el “Alex Camión” y el “Peluca de Payaso” pasaron por mi casa en la mañana, a eso de las 9:30, en el Opel rojo. Llegamos a Curacaví, al inicio de la cuesta Lo Prado (…) Nos pusimos en la mitad de la cuesta. Yo me bajé e hice detener el camión simulando un control policial (…) El camión con cigarrillos fue llevado al kilómetro 20 de la Ruta 5 Norte frente a una servicentro Shell. Ahí cargaron los cigarros en un container.

La banda repitió una y otra vez el mismo método para sus asaltos. Y cada vez funcionó. Así fue hasta que el cabo González quiso ponerse a tono con el estilo de vida de su nuevo jefe. El contador auditor Juan Pablo Albornoz vivía en calle Flandes (Las Condes), recorría los caminos en camionetas último modelo, usaba camisas Polo y arrendaba parcelas en Algarrobo para veranear con su familia.

Con los 12 millones de pesos que había recibido hasta ese momento por su participación en la banda, el cabo González Cárdenas decidió realizar inversiones que despertaron la ira del líder.
-Este carabinero empezó a desarrollar una serie de actividades comerciales con recursos que le llegaban desde la banda: compró un local de pollos asados y máquinas tragamonedas que distribuyó en distintos locales. Y empezó a ostentar. Por ejemplo, recibió un Subarú Impreza como pago, un auto que no se condice con lo que ganaba -dice el fiscal Luis Cortés, quien investigó varios asaltos a camiones ejecutados por el grupo de Albornoz.

La respuesta del jefe de la banda no tardó: Juan Pablo Albornoz recriminó duramente al cabo González advirtiéndole que con sus inversiones y ostentación llamaría la atención en su unidad policial.
-La primera pelea entre la banda y este carabinero empezó por esto. Lo apodaron “Paco Hueco” por la forma en que se vestía, por los alardes que hacía, porque hacía mucha ostentación -recuerda el fiscal Cortés.

En las investigaciones paralelas que llevaron el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), que pesquisa a carabineros sospechosos de pasarse al lado oscuro, quedó en evidencia que los controles internos de la policía fallaron.

González Cárdenas ya había sido investigado en Carabineros por su máquinas tragamonedas. Pero no por su origen, sino por los problemas que la recaudación de ellas le acarreó con algunos comerciantes. Aunque parezca increíble, González zafó sin acusación. El mismo cabo declararía después que dejaba su auto Subarú Impreza a unas cuadras de la unidad para burlar los controles.

En ese momento nadie en la Dipolcar reparó en otro dato importante. González tenía un hermano con prontuario policial. Y fue con él que formaría una nueva banda cuando la disputa con el grupo de Albornoz fue definitiva. Al menos dos asaltos alcanzó a ejecutar: a un camión con un carga de carne y otro con leche Svelty. De hecho, el primer detenido en este caso fue un primo del cabo González, sorprendido en una feria libre con cajas de carne robadas.

El delicado reclutamiento

Si entre 2001 y 2004 los ilícitos imputados a carabineros, activos o en retiro, publicados por la prensa promediaban los cinco por año, el 2006 cerró con 14 casos y el 2007 registraba nueve hasta julio. Los casos no sólo crecieron en número, sino también en notoriedad. El año pasado se produjeron tres de los robos con mayor botín en efectivo ocurridos en Chile: los asaltos a camiones Brinks en Quilín y el aeropuerto, y el robo a la casa de cambio Costa Brava. En los dos primeros actuaron ex carabineros y en el tercero, tres funcionarios activos.

De hecho, el caso del cabo González y la banda de asaltantes de camiones fue el primer delito cometido por carabineros registrado por la prensa en 2006.

Tras el quiebre con el “Paco Hueco”, los Albornoz necesitaron con urgencia otro carabinero. Veraneando en Algarrobo encontrarían al candidato ideal. Si González Cárdenas se asoció a la banda al ser contactado por un asistente de la Policía de Investigaciones corrupto, la forma en que el joven carabinero Miguel Ángel González Ibarra fue engatusado por los Albornoz es de guión de película:
-Conocí a este grupo por un accidente de tránsito –declaró González Ibarra-. Me refiero a Juan Francisco Albornoz (…) Fue una colisión con daños. Al darle la opción de sólo dejar constancia, los afectados llegaron a un acuerdo. Él quedó agradecido y cada vez que me veía me saludaba. Lo veía seguido. Él manejaba una Hyunday Tucson (…) En enero ellos me llamaron a la tenencia diciendo ser familiares míos. Era un tercero del grupo y éste me pasó a Juan Francisco. Me dijo que quería hablar conmigo, que quería hacerme una oferta para un negocio. Les dije que tenía problemas, un hermano enfermo, que fui sancionado y tenía problemas. Me sinceré con ellos. Les dije que no estaba ni ahí con el trabajo.

El fiscal Cortés recuerda: “Los Albornoz le empezaron a hacer invitaciones al carabinero González Ibarra. Con uno de ellos entabló amistad y se relacionaron en términos de salir con mujeres, hasta que derechamente Juan Francisco Albornoz le dijo que su hermano quería proponerle un negocio. Antes de que cometiera un ilícito le pasaron dinero, un celular con el que lo llamaban para los asaltos y le facilitaron un auto. En febrero de 2006, González Ibarra tomó la decisión. Tenía problemas familiares, de adaptación laboral con sus superiores, además un hermano estaba enfermo. Se encontró en un estado depresivo y de falta de apoyo”.

El primer asalto en el que participó el carabinero González Ibarra fue a un camión cargado con queso. Lo fueron a buscar a El Quisco, donde estaba su unidad, y lo trasladaron al by pass de Rancagua, donde dieron el golpe. Después sería un camión con detergente.

Como lo demostraría la investigación posterior, con Miguel Ángel González los controles internos de Carabineros también fallaron:
-Después del queso me pasaron un auto. Un Polo. Me lo pasaron por una semana. En la tenencia dije que era de un primo -declaró el policía.
No sería el único hecho extraño que pasaron por alto sus superiores. Uno de los delitos que cometió tuvo lugar a la misma hora en que el carabinero Miguel Ángel González figuraba presente a la lista de solteros (los que duermen en la unidad), asalto que perpetró con un uniforme del que no había registro de que estuviera en su poder. Esa vestimenta la guardaba en una vivienda en Santiago donde convivía con una pareja que la institución desconocía a pesar del control que se ejerce sobre las parejas de sus integrantes. Frente a sus colegas y jefes de unidad, el policía figuraba pololeando con una joven de El Quisco.

La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, asegura que anualmente cerca de 140 carabineros son obligados a dejar las filas. La mayoría sale por desempeño deficiente o indisciplina reiterada, pero entre 40 y 50 se van por faltas graves, que básicamente son delitos comunes: “Es una señal que nos preocupa, pero no es una alerta. No estamos hablando de una institución corrupta (…) Ahora, ¿cuál es la señal? Que es un tema que se tiene que seguir reforzando. Me interesa generar más y mejores controles, más y mejor formación».

El teniente coronel Ricardo Solar, jefe de Comunicaciones, asegura que no puede detallar los controles sobre los funcionarios, porque requieren reserva, pero confirma que hay fiscalización aleatoria y permanente de las condiciones socioeconómicas del personal, además de un test de drogas sorpresivo. Este último, indica la subsecretaria, fue aplicado en 2006 “en todo el país, con resultados bajísimos. Creo que fueron siete personas con resultado positivo. Y este año hay una”.

El embrujo de la farándula

Rafael Quintana Ibarra ya no luce el pelo corto que usaba cuando vestía de uniforme. Ahora se peló al rape. El grueso ex policía desentona en la estrechez del locutorio en que da la entrevista al interior de la Cárcel de San Miguel. Resulta difícil sostener un diálogo que debe recorrer aspectos íntimos con el potente canturreo de los internos evangélicos como banda sonora. Pero Quintana Ibarra está habituado a estos inconvenientes del encierro. Estuvo recluido desde octubre de 2005 en la Comisaría Pudahuel Norte -donde caen los carabineros imputados- y en enero pasado llegó al penal.

Quintana debe pagar siete años por robo con intimidación y recién puede pedir beneficios al cumplir tres cuartas partes de su condena. La fecha en que podrá elevar esa solicitud la tiene grabada: “El 31 de octubre de 2010”. Y la dice sin necesidad de sacar cuentas.

La fiscalía lo acusó, junto a Cristián Lizama y a un tercer sujeto, de haberse hecho pasar por carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) e irrumpir en la empresa de Roberto Díaz Salvador, a quien pidieron dinero a cambio de dejar sin efecto un par de órdenes de detención en su contra, de las que tuvieron conocimiento. También le sustrajeron un vehículo. El carabinero asegura que fue llevado al lugar por Lizama sin saber a qué iba y que no dio cuenta del delito porque lo amenazaron. La fiscalía no le creyó. Y los jueces del tribunal oral, tampoco.
-Estaba de servicio cuando se informó de un volcamiento de vehículo por lo que me trasladé hasta avenida Ossa con Echeñique. Al llegar, encuentro un jeep volcado y los ocupantes me manifestaron que eran integrantes del grupo musical American Sound. Llegó Cristián Lizama diciendo que era el manager y que si se necesitaba cancelar algún gasto, ya que se requiere pagar la alcoholemia y la grúa, me entendiera con él (…) iba saliendo a la población de nuevo y él me da los agradecimientos por el trato que le di. Y me pidió que si le podía dejar mi número de celular para hacerme cualquier consulta. Como fue tan amable, accedí. Pasaron meses, cuando estaba próximo el 27 de abril (Día del Carabinero), él me llamó: disponía de los grupos American Sound y Tropical Sound para amenizar la comida. Yo hice los contactos con mi jefatura y llegaron a la conclusión de que esas bandas no eran del gusto de todos los funcionarios.

Seis meses después, Lizama invitó a comer al cabo segundo al Pueblito del Parque O’Higgins: “Yo me sentía atraído por haber conocido a un integrante de American Sound, que estaba en un boom en esos tiempos. Incluso me hablaba que iban a ir al Festival de Viña”.

Lizama cayó detenido por otros delitos y se descubrió el número de Quintana en su celular. El carabinero fue sometido a una investigación interna, de la que fue absuelto.
-A fines de mayo (de 2005) yo llego a mi casa después del trabajo y Lizama estaba en el estacionamiento del recinto fiscal donde vivo. Otros individuos que no conozco estaban con él. Me dijo “hola, ¿te acordaí de mi?”. Y me pidió disculpas por haberme metido en esas situaciones. Fui cortante y subí a mi domicilio.

Días después, al salir de su unidad, fue abordado nuevamente por Lizama. Rafeal Quintana cuenta que éste le pidió que chequeara unas patentes de vehículo en el sistema de comunicaciones policial:
-Me dijo “acuérdate que tienes una familia, así que quiero que me veas las patentes”. Yo le dije “¿a qué te referís?”. “Le puede pasar algo a tu familia” y me dice que siempre va a ser delincuente y que tengo que tenerle respeto por lo que puede hacer conmigo o con mi familia. Me asustó, él sabía que era casado, sabía donde vivía y que tenía una hija pequeñita.

Aunque el comandante Solar asegura que el funcionario que enfrenta una situación personal crítica siempre es auxiliado, Quintana sostiene que entre los carabineros habitualmente se aconsejan que frente a una intimidación de delincuentes lo mejor es arreglárselas solo:
-Eso yo lo tenía más que claro. Si doy cuenta, Carabineros no me va a proteger a mí ni a mi familia. Carabineros no hace eso, jamás lo ha hecho. Me van a decir “haga una denuncia contra el individuo”. Si un oficial tiene un problema, le ponen un punto fijo en su casa. ¿Usted ha visto que un suboficial como nosotros tenga un punto fijo en su casa? Cuando el funcionario vive en una comuna o población conflictiva no le ponen resguardo.

El ex cabo segundo cita el caso de un carabinero al que conoció cuando estuvo detenido en Pudahuel Norte:
-Había dos funcionarios por el caso de “los Cara de Pelota” (banda de narcos de La Legua). De uno de ellos dijeron que era una especie de protector, pero la verdad es que sólo una vez llamó para avisar que iban a allanar, y no sabía en qué parte, pero les dijo que iban a la población. Ellos viven ahí y como se dice en la jerga de carabineros “se da la mano”, porque tienen que transar para vivir ahí.

La libertad de los motoristas

Si hubiese sido un día normal, Carlos habría llevado consigo más de 20 millones de pesos en billetes. Y si todo hubiese salido como estaba previsto, los habría depositado sin problemas en la sucursal del Banco de Chile de Walker Martínez, en Quinta Normal. Pero esa vez llevaba sólo 4 millones y fracción, porque el día anterior había retirado la recaudación del fin de semana en el servicentro de avenida Carrascal que administraba. Claro que eso no lo sabían los sujetos que iban a asaltarlo.

Carlos no se ponía nervioso con tanta plata encima. Ya había hecho varias veces ese delicado trámite bancario y normalmente contaba con escolta policial. Pero nada fue normal ese martes. Y nada resultó como estaba previsto, ni para él ni para los asaltantes. Los delincuentes fueron detenidos en el escape y Carlos terminó con el estómago perforado por dos tiros, ambos con salida de proyectil.

Era difícil pensar que a él le sucedería algo así. En su servicentro de Carrascal se abastecían los vehículos policiales del sector y había tejido una estrecha relación con los carabineros, en especial con un motorista amable y afectuoso, Cristián Ramírez Gallegos, a quien incluso hacía favores personales, como cambiarle cheques, lo que repetía con otros efectivos. El vínculo le permitía pedir que lo escoltaran al banco cuando iba a depositar. A veces, los mismos carabineros se ofrecían, como ocurrió ese martes 10 de octubre de 2006, después de un fin de semana largo.

Al mediodía de esa jornada, seguido por un radiopatrulla, Carlos enfiló su camioneta hacia el banco. Pero los carabineros se retiraron cuando él se estaba estacionando al interior de la sucursal. Al bajar de su vehículo, dos sujetos lo abordaron y uno de ellos le descerrajó dos balazos a quemarropa. La justicia finalmente determinó que uno de los autores materiales era el ex carabinero Aldo Bustamante y uno de los autores intelectuales, el motorista Ramírez Gallegos.

“Ojo con los motoristas”, advierte un fiscal del Ministerio Público que ha investigado a carabineros imputados. Semanas antes un penalista que defiende a policías en aprietos legales había hecho la misma prevención y, curiosamente, la repitió un oficial superior en retiro.

Los tres apuntan a que no hay registro de todos los movimientos que los motoristas hacen durante su jornada de servicio: “Hay poca fiscalización sobre ellos. No adoptan procedimientos, por lo que no hay constancia de dónde estuvieron en el día. Son una fuerza de despliegue rápido y su misión es llegar con urgencia al lugar de los hechos, pero son otros carabineros los que toman el procedimiento”, señala el fiscal.
-Prácticamente se mandan solos –complementa el abogado.

La declaración de Ramírez ante la fiscalía ratifica lo anterior. En ella admitió que en su jornada de servicio, con uniforme y usando la moto institucional, concurrió a la reunión en la que le ofrecieron participar en el asalto: “A raíz de un accidente de tránsito en que participé y que se tramitó en el 36º Juzgado del Crimen de Santiago, la actuaria me indicó que era mejor que me hiciera asesorar por un profesional, presentándome a un procurador de nombre Cristián Letelier. Dicha persona efectivamente me ayudó en el proceso (…) El día anterior al asalto, el procurador Letelier me llamó a mi celular y me pidió que nos reuniéramos en un rato más. Me señaló que iba a estar en la Costanera detrás del hospital Félix Bulnes (…) Llegué al lugar en que habíamos acordado reunirnos en la moto de Carabineros y vestido con el uniforme de motorista. Allí Letelier me señaló que habían personas que querían hacer una “pega” en la bomba Copec de avenida Carrascal, dando a entender que se trataba de un asalto”.

Aunque finalmente Ramírez reconoció su rol de autor intelectual en un proceso judicial abreviado, en sus declaraciones previas sólo admitió que fue invitado a participar en el asalto: “(Letelier) me solicitó que yo escoltara el vehículo que iba a transportar el dinero de la bomba Copec, para lo cual debía ofrecerme como escolta. Me solicitó que le cooperara en el asalto, ya que en un momento determinado sujetos iban a asaltar el automóvil, entonces la escolta los tenía que dejar botados o hacerse los desentendidos (…) pero le señalé que yo no me prestaba para eso”.

No obstante, el fiscal Francisco Ledezma probó que en los minutos previos al atraco y casi sobre la ocurrencia del mismo, Ramírez se comunicó varias veces vía celular con Letelier, quien coordinaba los movimientos de los asaltantes. Además, la versión del motorista acerca de que no alertó a sus superiores porque sintió temor -“las personas que iban a cometer el asalto seguramente eran peligrosas”-, no encaja con la estrecha relación que tenía con el organizador del atraco, quien incluso había asistido al matrimonio del policía.

Balacera en el campo

Cuando la mujer comenzó a forcejear para impedir que la maniataran, alcanzó a gritar: “¡Mátenme si quieren, pero acá no hay plata!”. Los tres hombres que habían apurado una cervezas en una de las mesas del expendio de alcoholes que atendía Ester Vilches, se habían levantado de sus asientos y uno de ellos la amenazaba con un revólver. En su desesperación, ella consiguió presionar un interruptor. Moisés Carrasco Alcatruz le dio un tirón al cable, pero no impidió que se accionara la alarma conectada a la casa vecina. Su hermano José Carrasco Alcatruz se percató de que un joven que acompañaba a la mujer se escabullía por la parte de atrás del local. Lo siguió a la carrera, pero al cruzar la puerta recibió dos disparos. Los estampidos quebraron el silencio de la apacible localidad de Yáquil, cerca de Santa Cruz. Un tercer hombre, David Carrasco Alcatruz, comprendió que el golpe se había jodido.
-José no apareció más –declaró David– y yo le dije a Moisés que nos fuéramos porque estaba llegando más gente. En eso salgo hacia fuera, hacia el camino, y voy saliendo cuando me dispara un caballero que estaba al lado de la puerta con un revólver. Pero no me dio, y desde el lado de la casa me dispararon por atrás, con una escopeta. Sé que se trataba de una escopeta por las municiones que me llegaron a la cintura. Ahí me devolví y salí por la parte en que hay un gallinero, salté el cerco y partí hacia un potrero.

El juicio oral estableció que un cuarto hermano, Juan Carrasco Alcatruz, había proporcionado el revólver y esperaba en las cercanías en un vehículo. Él, además, había recibido el dato de que la mujer guardaba fuertes sumas de dinero bajo el colchón. Se lo había contado un vecino, Eduardo González, quien también condujo un vehículo para dar el golpe.

Si resulta curioso que cuatro hermanos protagonicen un robo con violencia e intimidación, lo más sorprendente es que dos de ellos, Juan y José, eran carabineros al momento de cometer el delito.

Juan llevaba 15 años en la institución y al momento de cometer el ilícito tenía dos condenas a su haber. En 1997 el Sexto Juzgado Militar de Iquique lo había sentenciado a 300 días de presidio por el delito de coautor de hurto de dinero. Por la misma causa su superior inmediato cursó su baja en agosto de 1995, pues fue reconocido como uno de los dos carabineros que robaron 40 dólares y 5 mil pesos a un ciudadano boliviano al que hicieron un control de identidad. Pero en abril de 1996 la Dirección General de Carabineros dejó sin efecto la baja y lo restituyó. Hay más, en 2002 el mismo Juan Carrasco Alcatruz fue condenado por el Segundo Juzgado del Crimen de San Fernando a 61 días de presidio por conducir en estado de ebriedad.

Su hermano, el carabinero José Carrasco presentó en el juicio oral una coartada bastante curiosa para un policía. En el estrado dijo que no habían ido a asaltar el local de Yáquil, sino a comprar marihuana para su hermano David.

Un abogado que ha defendido numerosos casos de carabineros acusados de cometer ilícitos explica que hay una constante que se repite en muchos de sus representados:
-En el 90% de los casos –dice el penalista-, son carabineros que están cerca de cumplir los 20 años de servicio, el mínimo para irse con una jubilación, y que ya tienen muchas sanciones, muchos días de arresto, que han estado en lista 3 (de calificación deficiente) y que con muchas probabilidades de caer en lista 4 (de eliminación). Entonces, saben que se van a ir antes de los 20 años, sin jubilación y sin Hospital de Carabineros para sus familias. Y ahí crece la tentación.

Según estadísticas proporcionadas por la Subsecretaría de Carabineros, a medida que se acerca la frontera de los 20 años, los carabineros se cuidan más de no caer en causales de eliminación (conducta mala, destitución, lista 4 o reiteración de lista 3). “Los que se van cerca de ese límite, generalmente están envueltos en algo grave”, dice el penalista.

Reciclados como guardias

“Lo vi fácil”, repite, en voz baja y profunda, el ex carabinero Pablo Molina Pizarro. En el agobiante subterráneo de la Cárcel de Alta Seguridad, por primera vez relata cómo y por qué se involucró en el asalto al camión de Brinks que él mismo conducía. El botín del atraco, ocurrido en avenida Quilín en octubre de 2006, sumó 717 millones de pesos en efectivo.

Molina tiene cuatro hermanos carabineros. Y su padre era un suboficial mayor en retiro que falleció de un accidente vascular poco después de que su hijo mayor cayera preso. “Soy la vergüenza de mi familia”, dice. Está casado con una ex funcionaria de carabineros que salió de la institución cuando se conoció la conexión de su marido con el asalto.

Aunque Carabineros dispone de una red de asistencia social para auxiliar a los efectivos que enfrentan problemas, la historia de Molina y su esposa demuestra que puede ser insuficiente. El ex carabinero cuenta que completó 16 años de servicio y que fue licenciado sin beneficios previsionales después de una larga licencia médica, por lo que se integró a Brinks:
-Yo pagaba 120 mil pesos de arriendo, más luz, agua, cable y con lo que uno vive diariamente. Para eso me alcanzaba, pero no para comprar una prótesis de cadera nueva para mi señora, que la tiene hace ocho años y ya está empezando con problemas, que me vale 3 ó 4 millones de pesos. Se nos vinieron muchas cosas. Mi hija nació sin una oreja. La operamos, le pusimos una orejita, pero se pescó una peste y perdió todo el tratamiento, y mi señora quedó totalmente endeudada en Carabineros en 4 millones de pesos. Tengo una pareja de mellizos de 3 años, de los cuales uno me nació con estrabismo y también lo operamos. Estábamos viviendo una situación en que no le voy a decir que nos faltaba para comer, pero estaban estas cosas que me daban vueltas en la cabeza.

Al ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux, no le sorprende que ex carabineros convertidos en guardias protagonicen delitos. Él cuenta que detectó casos en que las causas para cursar el retiro de algunos funcionarios no correspondía con los antecedentes reales. En palabras simples, el tipo se iba por una falta menor, lo que le permitía salir con los papeles limpios y optar a un empleo en empresas de seguridad.
-En la historia interna- apunta Fouillioux- si uno mandaba a buscar el expediente, el sumario, ahí venía lo que realmente era. Desde el punto de vista de la razón final aparecía por “renuncia voluntaria”, “solicitud de retiro” o “incompatibilidad física” (…) Finalmente a los tipos los terminan de dar de baja porque no están dispuestos a que el día de mañana aparezca un carabinero asaltando una panadería. Y el tipo se va por una razón administrativa, como que no tenía las características para el cargo.

Un ex oficial reconoce que algunos jefes, cuando detectan a un candidato a caer en una falta grave, se las arreglan para cursar su baja o retiro por razones administrativas: “Uno tiene esa sospecha y usa otras vías: lo sanciona porque se casó sin permiso, porque no llegó a la lista, le junta cosas para sacarlo. Carabineros se deshace del mal funcionario, pero esa persona se va con los papeles limpios, porque no ha cometido delito, y puede ser guardia. No se sinceran las razones”.

La subsecretaria Blanco asegura que el proyecto de ley sobre seguridad privada pretende que todo ex funcionario que salga por junta calificadora, independiente de si ha cometido delito o no, quede impedido de ser guardia o vigilante:
-Una persona que ha cometido un ilícito, no puede ser guardia, porque eso está excluido en la ley. Pero, ¿una persona que ha sido separada de la institución, que ha sido desvinculada por mal servicio, por estar en lista 3 o 4, puede llegar a ser guardia? Hoy, sí. En el proyecto de ley que se trabaja sobre seguridad privada, eso viene incluido como una limitación. Bajo esa nueva normativa, una persona que ha sido desvinculada por junta calificadora no podría llegar a ser guardia o vigilante.

Fouillioux relata que un tema que le tocó analizar fue lo que él llama “el colaboracionismo o la protección hacia el personal propio”:
-Me decían: “No era tan grave”; “déjalo que trabaje y que se gane la plata sanamente”; “puede reivindicarse”; “lo que hizo no era para ser carabinero, pero puede ser guardia”. Hay un círculo vicioso que a mi juicio no se va a romper si no se crea el Ministerio de Seguridad. Un ministerio con las policías bajo su dependencia, que pueda ir poniendo orden en esta materia.