Aunque su identidad se conoce desde entonces, recién a fines de octubre el juez Mario Carroza, a cargo de las investigaciones por la muerte de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, hizo la conexión. Marcos era el mismo personaje de bigotes y contextura gruesa que aparece en el famoso video grabado en 1992 en un camping de Colliguay donde quedó retratado parte del grupo operativo que participó de estos dos últimos sucesos subversivos que marcaron la transición política chilena. Esa corpulencia -además de una bravura ejercitada entre Chile, Vietnam, Cuba y Nicaragua- le valió el apodo de Rambo.

A Marcos o Rambo se le atribuye un rol protagónico en el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio. Fue uno de los que lo interceptó en un estacionamiento subterráneo de Providencia y luego ofició de jefe de la casa donde Edwards permaneció cautivo durante seis meses. Es una pieza fundamental del caso y uno de los pocos cuadros operativos relevantes del FPMR de esa época que nunca ha sido detenido.

El mérito de esto último no es sólo suyo sino principalmente del ex comisario Jorge Barraza, quien lideró las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, que datan de 1991. Barraza siempre creyó que el hombre corpulento que aparece en el video de Colliguay era Rodrigo Rodríguez Otero. La confusión pudo haber surgido del hecho de que a este, quien también tuvo un rol protagónico en el atentado a Pinochet y era robusto aunque más bajo que el otro, lo apodaban Tarzán. Además el equipo del ex comisario Barraza adjudicó al mismo personaje el robo del vehículo que sirvió para matar a Guzmán.

De ahí que a mediados de octubre, cuando ingresó al país con sus documentos al día, Rodríguez Otero fuera detenido y liberado tres días después: tras tomarle testimonio, el juez Carroza se convenció de que la persona que andaba buscando no le decían Tarzán sino Rambo. Entonces el nombre de Alexis Fernando Soto Pastrián quedó bajo orden de captura internacional, estableciéndose que su último paradero conocido estaba en Bélgica.

MAPA COMPLETO

Desde que reactivó la investigación por la muerte de Guzmán, a raíz de la entrevista televisiva que Mauricio Hernández Norambuena dio a Chilevisión desde una cárcel en Brasil el juez Mario Carroza ha progresado más que varios de los jueces que lo antecedieron. De partida, basándose en el contenido de esa entrevista, interrogó y dejó en prisión preventiva a Enrique Villanueva Molina, conocido como el comandante Eduardo, quien formó parte de la Dirección Nacional del FPMR, la que habría decidido la muerte del senador UDI. Villanueva Molina está desde fines de septiembre en la Cárcel de Alta Seguridad y aunque el ministro le había concedido la libertad bajo fianza, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones a fines de la semana pasada.

Aunque el proceso judicial por la muerte de Guzmán acumula más de cinco mil fojas, el juez Carroza ha actuado como si fuera el primero en ocuparse de él. Además de revisar por completo el expediente, sopesando declaraciones e informes policiales antiguos, ha citado a varios de los testigos que ya habían declarado ante otros jueces por este mismo caso. Este método lo ha llevado a zonas insospechadas e incómodas para los propios querellantes.

Como informó La Tercera en su edición del domingo 7 de noviembre, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (R) Hernán Ramírez Rurange, habría alertado al general Pinochet de los planes del FPMR para atentar contra tres civiles vinculados a la dictadura, entre los que se contaba Jaime Guzmán. Ramírez Rurange recibió la información del agente DINE Raúl Rojas Nieto, que habría recibido el dato de un informante del FPMR a quien Ramírez Rurange identificó como El Noruego. Ante el juez Carroza, Rojas Nieto negó esta versión.

El hecho es que si bien el ex Comandante en Jefe del Ejército conoció de los planes con una semana de anticipación y se comprometió a transmitirlos a las posibles víctimas, nunca lo hizo. La razón, sustentada por el general (R) Jorge Ballerino, es que el Ejército no consiguió ubicar al senador UDI.

A lo anterior se suman las indagatorias en torno a la francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, una doble agente que participó de la causa del FPMR al tiempo que entregaba información a la policía. Su verdadera función aún es un misterio, no así su actual paradero: tras establecer que reside en su país de origen, Carroza ha iniciado los trámites para interrogarla por exhorto.

Pero el juez Carroza no sólo se ha ocupado de establecer responsabilidades en la muerte de Jaime Guzmán. También ha indagado en procesos conexos como son los secuestros del coronel Carlos Carreño (1987) y de Cristián Edwards (1991), y el asesinato de Agdalín Valenzuela (1995), miembro del FPMR reclutado como informante del Consejo de Seguridad Pública (más conocido como La Oficina), creado por el gobierno de Aylwin tras el asesinato de Guzmán para combatir la subversión.

Mario Carroza ha sido el primer juez en comprender que estos y otros casos vinculados al FPMR están directamente relacionados entre sí. Por ello hay que leerlos en conjunto. Algo que no habían hecho jueces ni policías. De lo contrario habrían reparado en que la clave para identificar al hombre al que llamaban Rambo estaba en el proceso del caso Atentado a la Comitiva Presidencial.

PREPARACIÓN MILITAR

Su primera salida fuera del país quedó registrada en agosto de 1984. Como decenas de otros militantes de las Juventudes Comunistas de Chile de esa época, Alexis Soto Pastrián partió a un curso de instrucción militar en Cuba. En el curso participaba Juan Moreno Ávila, un vecino suyo de la población La Pincoya que se apodaba Sacha y con el que coincidirá en el atentado a Augusto Pinochet. En ese grupo, a cargo del instructor Vasily Carrillo, también estaba César Bunster Ariztía. Todos con un rol protagónico en la más temeraria acción del FPMR.

De acuerdo con la declaración extrajudicial que Moreno Ávila entregó tras su detención en 1986, se trató de un curso militar de seis meses y abarcó áreas como táctica militar, manejo de armas y explosivos, tiro, primeros auxilios, preparación física, métodos conspirativos y contrainteligencia. Sobre la práctica con armamento, en la citada declaración se lee lo siguiente:

Este ramo consistía en el conocimiento de diferentes tipos de armas, tanto largas como cortas. Usamos fusil AKA, FAL, M-16 y Galil, además de las pistolas Browning, Colt 45 y Macaro (de fabricación soviética). Con este armamento aprendimos sus características técnicas, nomenclatura, arme y desarme, mantenimiento, etc., además que disparamos bastante, sobre todo con el AKA.

A su regreso a Chile, a mediados de 1985, Soto Pastrián, a quien ya llamaban Marcos, se vinculó a Sacha y otro vecino de la población La Pincoya que también tuvo instrucción militar en Cuba y participará en el atentado a Pinochet: el gásfiter Jorge Mario Angulo González. Tras ser detenido en octubre 1986, en su declaración a la policía pasará revista a sus inicios subversivos junto al grupo liderado por Marcos:

Fueron numerosos los taxis que logramos asaltar en el barrio alto, los que luego, previa instrucción, casi en su mayoría dejamos en el sector de Alameda con Las Rejas, colocando una huincha en el parabrisas delantero para que los otros militantes se dieran cuenta de que era el auto trabajado. Continuando con el templaje, paralelamente a estas acciones entraba en juego la preparación física, gimnasia que hacíamos en el cerro San Cristóbal y otros lugares cerca de La Pincoya. Para el asunto de uso y manejo de armas, en varias oportunidades fuimos a cerros colindantes de la comuna de Peñalolén donde Marcos se hacía acompañar por un guía (…)

Desde mediados de los ochenta, Marcos se subordinará al mando de Sacha, quien lo reclutará como parte del comando que atentará contra Pinochet.

En este hecho, ocurrido la tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Marcos formó parte del Grupo de Asalto N°2 o Unidad 503. Actuó desde la ladera de un cerro y tuvo a cargo un lanzacohetes LAW. De hecho, fue su arma la que impactó la ventana del Mercedes Benz ocupado por Pinochet, sin que alcanzara a explotar.

Para cuando fue identificado, en octubre de 1986, Marcos ya había abandonado el país junto a otros fusileros del atentado a Pinochet. Según se constata en un informe reservado de la PDI que quedó adjunto al caso Atentado, Soto Pastrián salió del país el 26 de septiembre por el Paso Los Libertadores. Permaneció por un par de semanas en Buenos Aires, y más tarde, tras un largo rodeo por Europa, llegó a Vietnam junto a sus compañeros, con quienes realizó un curso de instrucción militar. En 1987 viajó con el resto de los fusileros a Cuba y poco más tarde fue parte de un grupo de chilenos que combatió a la Contra en Nicaragua.

Su regreso a Chile ocurrió en marzo de 1989 y si su ingreso no quedó registrado oficialmente, fue porque Marcos entró con un falso pasaporte uruguayo a nombre de Luis Rivaldi.

LAS PISTAS

La pista fue entregada por un informante de la policía identificado como F1 y cuyo nombre era Agdalín Valenzuela. Según esta pista, contenida en un informe policial de 1991, el jefe de la casa donde permaneció secuestrado Cristián Edwards era un hombre que se apodaba Marcos o Trotil. Este segundo apodo había surgido en Hanoi, la capital de Vietnam, mientras permanecía en un curso de instrucción militar.

En el mismo documento, el informante definió a Marcos como un hombre “débil de carácter” por permitir que uno de los celadores abandonara la casa del secuestro. En un próximo reporte refrendará la información, precisando que ese tal Marcos había participado en el atentado a Pinochet.

Como jefe operativo de la casa donde permaneció Edwards, Marcos tenía la función de hacer cumplir las normas y velar por el secuestrado. Tenía contacto directo con éste y cumplía el papel del “secuestrador malo”, a diferencia de Ricardo Palma Salamanca, que oficiaba de “bueno”. Su papel en esta operación concluyó el 1 de febrero, cuando el hijo de el dueño de El Mercurio fue liberado tras el pago de un millón de dólares.

Unas semanas después, mientras permanecía junto a otros miembros del FPMR en el camping de Colliguay, su imagen será grabada en video por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

A partir de entonces, el ex comisario Jorge Barraza establecerá una errónea identificación de Marcos que se arrastrará por casi veinte años. Pero no sólo eso. También asegurará que se trata de la misma persona que robó el auto que sirvió para atentar contra Guzmán.

La aclaración no fue obra del juez Carroza. Tampoco de los funcionarios de la policía que lo asisten. A mediados de septiembre último, cuando Rodrigo Rodríguez Otero ingresó al país y cayó detenido, el sitio electrónico del diario La Nación publicó un reportaje en el que se aseguró que, de acuerdo con testimonios de ex frentistas, el hombre del video de Colliguay era Alexis Soto y no Rodrigo Rodríguez. Hasta ese momento el nombre del frentista proveniente de la población La Pincoya era desconocido para la policía y el juez.

Con este antecedente, el juez Carroza centró su atención en Soto Pastrián. Por medio del testimonio de ex frentistas, corroboró la información aparecida en La Nación. Y junto con ello estableció que se trataba de la misma persona que tiempo atrás había solicitado documentos en la embajada de Chile en Bélgica. El paso siguiente era poner en marcha una gestión silenciosa para lograr su captura en el extranjero, pero se le adelantó El Mercurio: el sábado 6 de noviembre, una nota de la sección de crónica de ese diario dio cuenta del último hallazgo del juez, lo cual frustró la diligencia.

De esta forma, el principal captor del hijo del dueño de El Mercurio pudo haber sido alertado por el propio diario de que había sido detectado. Una filtración absurda, lo que unido a otros trascendidos de prensa llevó al juez Mario Carroza a quitar el acceso a las partes del proceso judicial.

A veces el resto de la familia rescataba a Benjamín de esas palizas. Pero no siempre.

Una hermana de la mujer contó ante la fiscalía que un día vio al niño con la boca hinchada. Cuando le preguntó qué le había pasado, él balbuceó: mamá botó escalera a mí.

-Lo abracé y le hice cariño, pero cuando llegó mi hermana, me fui a la pieza para evitar problemas –dijo la joven.

Interrogado sobre el día del crimen, el padrastro del niño contó a la fiscalía: “Ese sábado me levanté a las 10. Fui a ver a Benjamín y me di cuenta que se había orinado, por lo que le dije despacio, “¡te measte, huevón!”. Él tomó la frazada y se escondió bajo ella. En ese momento llegó Andrea y comenzó a retarlo como siempre. Yo ya sabía lo que venía y para no calentarme la cabeza salí de la casa”.

Lo que “venía” lo confesó la propia madre ante Investigaciones:

“Le grité que se bajara de la cama. Benjamín me miraba fijamente, no me decía nada. No lloraba. Ahí me vino la cosa. Todo se me juntó. Lo tomé con los dos brazos, lo levante de la cama y lo zamarreé muy fuerte, más que otras veces. Y como estaba cerca de la muralla de ladrillo, se azotó la cabeza contra el muro, súper fuerte. Dos o tres veces…”.

Cuando el padrastro regresó ya era tarde: “Lo encontré con los ojos abiertos. Le dije, ‘qué pasó papito, ¿se hizo pipí?’. Pero no me respondió. Le tomé las manos para sentarlo, pero se desvanecía. Lo tomé en brazos y lo bajé. Lo senté en un sillón y se caía para el lado”.

Benjamín tenía tres años. La mayor parte de su vida la pasó internado en un hogar para niños abandonados. Y fue una institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename) la que avaló, con un informe, que el pequeño regresara a casa, con Andrea, a la que le decía “tía”, como a los adultos del hogar en el que había crecido.

Benjamín alcanzó a estar ahí tres meses antes de morir. Según los antecedentes recopilados por la fiscalía, los tres hermanos del pequeño también habían sido internados en 2006 a consecuencias de la violencia de la que fueron víctimas por parte del conviviente de su abuela, en cuya casa vivían. En ese período el padre fue condenado por robo y Andrea partió sola al norte a buscar fortuna. Volvió embarazada de Benjamín y apenas lo parió, también lo entregó al hogar.

Cuando al padre le dieron la salida dominical, en mayo de 2008, los niños estaban en un hogar de la Fundación Koinomadelfia. La pareja empezó a visitar a sus hijos intentando rearmar la familia. Pero en la fundación opinaron que ellos no estaban aptos para recibir a los niños.

Por ello el juez de familia puso como condición que los padres entraran a un programa de fortalecimiento parental: debían recibir educación y asesoría para, fundamentalmente, aprender a cuidar a sus hijos.

La institución a cargo de ese proceso fue la Corporación Chasqui. Y el resultado lo registra un informe de Koinomadelfia entregado al tribunal: “Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños”. Y como los especialistas de Koinomadelfia “no observaban una vinculación estrecha entre la madre y los hijos”, no aceptaron el regreso de los niños con su madre.

Lo que ninguna de las dos instituciones detectó fue la violencia a la que era sometido Benjamín. Una violencia tan extrema que la doctora que lo recibió en el servicio de urgencia graficó así: “Es como si al niño le hubiera pasado un camión por encima. Tenía muchas lesiones internas, atribuibles a ese momento. Pero también tiene gran cantidad de lesiones externas que son antiguas”.

Ese informe, la autopsia y los testimonios recogidos entre los familiares por la Brigada de Homicidios de la PDI, muestran que Benjamín fue torturado durante sus últimos tres meses de vida, exactamente el tiempo que vivió con su madre luego de salir del hogar de menores. Durante ese tiempo, la familia de Benjamín vio y escuchó sus llantos, pero miró hacia el techo. Para “evitarse problemas”, como dicen el conviviente y la hermana de la mujer.

Tan grave como esa actitud es que los organismos que debían velar por la integridad de Benjamín, y también de sus hermanos, no percibieron la violencia y el peligro que lo acechaba a pesar de sus huellas externas. Una responsabilidad mayor le cabe a los profesionales de Chasqui, los que según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”. CIPER contactó a dicha corporación, la que declinó explicar lo ocurrido.

Las indagaciones realizadas por CIPER en la fiscalía indican que según la normativa vigente no habría antecedentes para imputar responsabilidad penal a la institución encargada del proceso de reeducación de los padres. El Sename tampoco ha sancionado a nadie por este crimen. Su director, Francisco Estrada, piensa que no sería justo hacerlo. Cuando el niño murió -antes de que se constatara que era un crimen-, se citó a los supervisores del Sename, de Koinomadelfia y de Chasqui para saber qué había pasado:

-Quedó en evidencia que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de “apego” sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía. Ahora, el problema es este: el Sename le paga a organismos como Chasqui, alrededor de $40 mil mensuales por niño atendido en este tipo de programas. Con esa plata, las instituciones no pueden tener gente calificada, con post título, sino recién egresados. Por ello, no me parece justo crucificar los programas, porque el problema también pasa por cuánto pagamos y cuánta capacitación ofrecemos -explica Estrada.

Lo grave es que la historia de Benjamín se repitió sólo unos meses después: en diciembre de 2009 murió en similares circunstancias el pequeño Daniel Maldonado, de tan sólo 2 años (ver recuadro).

“NO QUIERO VIVIR”

G. no quiere vivir. G. tiene 14 años y para matarse ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga. La jueza que ha seguido su historia desde que llegó al tribunal a sus 11 años, dice que G. tiene los ojos más tristes que haya visto en una niña.

A esa magistrada, G. le ha dicho una y otra vez que no quiere vivir más.

A los 11 años G. tuvo una hepatitis fulminante y su hígado quedó inutilizado. Desde entonces le han hecho tres transplantes para salvarle la vida. En cada ocasión, por su grave estado, ha ocupado el primer lugar en la lista nacional donde esperan con angustia quienes requieren un hígado y sí quieren vivir.

G. no toma los remedios y tampoco come la dieta especial que necesita un trasplantado. Por boca de la propia doctora que atiende a G., la jueza supo que la niña ya no resistirá otro transplante. El tercero fue su última oportunidad.

Con excepción de su condición de transplantada, la biografía de G. tiene muchos puntos comunes con la vida del grueso de los niños abandonados. Apenas nacida, su madre la dejó en la casa de sus tíos, en el sur, para probar suerte en Santiago. A los 11 años, cuando la trajeron en medio de su crisis hepática, reveló haber sido abusada por un pariente. Los exámenes mostraron que presentaba lesiones genitales compatibles con tal abuso. A partir de ahí empezó a deambular por hogares del Sename para luego escaparse una y otra vez. A su paso dejó huellas de intentos suicidas y de ataques a otros niños hasta convertirse en una niña cada vez más incontrolable.

G. es una prueba de que en este mundo, al menos para algunos, hay mucho más castigo que crimen, como dice Corman McCarthy en su desoladora novela La Carretera. Al igual que el niño de esa historia, G. solo ha encontrado a su paso hostilidad y ningún lugar que la acoja. No es la única niña o niño que vive en Chile en la intemperie.

La crisis que evidencia desde hace años el sistema de protección de niños y niñas vulnerables de nuestro país no es foco de urgencia de la agenda pública. A pesar de que los especialistas y quienes trabajan con ellos saben que las consecuencias las sufren miles: las familias más pobres y, en especial, los niños que viven en los márgenes de nuestra sociedad. En su origen, esa crisis tiene directa relación con la falta de recursos para hacer frente a un tipo de problemas que antes no llegaba a la red del Sename y que ahora es mayoría.

Un estudio de la Unicef dado a conocer en agosto de este año muestra que hasta comienzos de esta década el Sename y su red fundamentalmente atendía a niños y niñas pobres.

-La mayor parte de los menores internados no había sufrido maltrato. El problema era que sus familias no podían mantenerlos. Los hogares eran usados como una estrategia de superación de la pobreza y también como una forma de educar -explica el sociólogo Víctor Martínez, uno de los autores del estudio.

De hecho, muchos niños no eran arrebatados a sus familias, sino que eran entregados por los mismos padres, convencidos de que en un hogar estatal estarían mejor.

Gracias a la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile adhirió hace justo 20 años, las autoridades buscaron solucionar los problemas de pobreza de otra forma. De hecho, los jueces de familia, antes muy proclives a la internación, hoy recurren a ella como última instancia, cuando las redes familiares y comunitarias no dan respuesta al problema.

El resultado ha sido el cierre de muchos hogares por falta de niños. Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 dejaron de operar unos 60 hogares, lo que equivale a un 15% por ciento de los centros que trabajan con Sename. En lo que va de 2010, se cerraron otros 12 centros, tres de ellos fueron clausurados por decisión del Estado: dos del Ejército de Salvación, a causa de la violencia que recibían los internos; y una residencia de la IX Región por “incumplimiento en los ámbitos técnico y financiero además de carencia de insumos básicos para los niños”. Los otros nueve cesaron en sus funciones por falta de menores.

Hoy más del 70% de los 11 mil niños y niñas que están en los hogares ingresa por algún grado de maltrato en sus familias, afirman en el Sename. El rostro y ritmo de estos hogares también cambió en la misma medida que se comenzaron a poblar por los menores más difíciles: chicos que han vivido en la calle (“socialización callejera” lo llaman los expertos), que son adictos, han sido abusados o tienen secuelas graves en su comportamiento. Como el famoso Cisarro que a sus 10 años puso de cabeza a todo el sistema de protección y sólo recientemente ha comenzado un proceso de rehabilitación calificada.

Hace algunos años el sistema rechazaba a niños como Cisarro. Hoy no lo hace, pero no tiene los recursos para enfrentar el problema con un sistema de rehabilitación eficiente y especializada. En los hechos, los niños que hacen daño a otros o son un riesgo para sí mismos siguen siendo rechazados. La historia de G. que hemos relatado da prueba de ello.

El tercer transplante de hígado de G. ocurrió en septiembre de 2008. La dieron de alta en abril del año siguiente. Fue enviada a la casa de una guardadora que ya la conocía. La mujer no quería recibirla. Y tenía sus razones: G. había atacado a su hijo. Pero igual G. desembarcó en su casa. Poco después G. volvió a la calle. Lo previsible ocurrió: en octubre de 2009 debió volver al hospital. Una vez que se recuperó, el tribunal le buscó cupo en otra institución. Para entonces su compleja situación ya era conocida en el sistema por lo que varias instituciones respondieron que no tenían cupo.

La solución transitoria fue enviarla a un Centro de Tránsito y Diagnóstico (CTD) del Sename. G. volvió a huir. La jueza que lleva su custodia dio orden de búsqueda. G. fue encontrada y llevada de regreso al CTD. Pero volvió a escapar. Nueva orden de búsqueda, captura e internación. Y siempre al final la huída. Y en cada escape, G. ingería droga y hasta cloro para borrarse. Porque cada vez que ha vuelto donde la jueza, G. sólo le dice que quiere morir. Ante esa dramática situación, a la jueza sólo le queda “mendigar un cupo” en el sistema para encontrarle un espacio a la niña que ya no quiere vivir.

La jueza y todos los especialistas por los que ha pasado en estos años G., saben que lo que ella requiere, y con urgencia, es un centro psiquiátrico donde pueda, además de curar su depresión, recibir atención para su hígado. Pero algo así no existe en el sistema público. G. seguirá deambulando sin rumbo mientras su hígado y sus intentos suicidas le van acortando los minutos.

ABUSO SEXUAL EN LA OCTAVA REGION

La crisis derivada de la falta de recursos para hacer frente a la compleja situación de niños abandonados y en riesgo, no sólo se vive en Santiago. Francisco Estrada, director del Sename, relata el problema que ocurre en la Octava Región por la misma falta de centros especializados. Allí funciona un hogar al que llegan niñas abandonadas, abusadas y también aquellas que son víctimas del comercio sexual infantil. Todas tienen una carencia en común: un vacío afectivo. Un hoyo que genera efectos nocivos.

-Las niñas que han entrado en el comercio sexual son seducidas por adultos manipuladores. Y estas chicas buscan a otras niñas, en el mismo hogar, para llevárselas a los amigos, pololo o parejas. Eso genera situaciones muy difíciles de manejar –afirma Estrada.

Estrada tiene claro que el subsidio que entrega el Sename a las instituciones que colaboran en la rehabilitación es insuficiente. “En el caso de un niño abandonado sin un gran nivel de complejidad, estamos pagando alrededor del 60% de lo que se necesita para brindar una atención de calidad”. Y acota: “Pero en casos de mayor complejidad, donde los chicos están dañados, pienso que estamos pagando un tercio, y con suerte”.

Llevado a números, esa afirmación implica que si el Sename paga $150 mil por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería que pagara $250 mil. Cuando se trata de chicos con cuadros más complejos, por los que se cancela $197 mil, lo correcto sería desembolsar alrededor de $600 mil.

Este déficit ha ido generando un enorme nudo ciego en el sistema. Esto llevó a un grupo de jueces de familia de Santiago, encabezados por Mónica Jeldres, a presentarle al ministro de Justicia una docena de casos límite como ejemplo de situaciones a las que el sistema no está dando respuesta.

La reunión fue a fines de mayo. Tuvo alto impacto producto de la foto que acompañaba uno de los casos: una joven con graves problemas neuronales amarrada en un centro de Coanil, en el que era atendida. La imagen produjo escándalo. La jueza Jeldres no culpó al Sename ni a Coanil ni a los profesionales que cuidaban a la muchacha. Argumentó que dado el cuadro clínico de la joven, la que tenía que estar bajo permanente control pues podía atentar contra su vida, ése fue el único cuidado al alcance del presupuesto disponible: amarrarla.

–El problema es que en Chile existen muchos casos dramáticos y no existen los recursos para atenderlos –afirmó a CIPER la jueza Jeldres.

Esa falta de recursos para atender los casos difíciles es la que provoca que las instituciones se “peloteen” a los niños de un lado a otro. Como papas calientes. Una situación que Jeldres conoce bien: “La respuesta del Sename frente a los niños más complejos es que no corresponden al perfil de los que ellos atienden, y que éstos deberían ser recibidos por el servicio de Salud. Sin embargo, el sistema de Salud tampoco responde. Esto genera mucho estrés en los magistrados porque igualmente tienen que resolver el destino de los niños y enviarlos a alguna parte”.

¿A dónde? El proceso de G. lo ilustra: a la deambulación sin rumbo.

ORDENAR LOS PAPELES

La magistrada Mónica Jeldres puede decir con propiedad que hay áreas donde faltan recursos. Por orden de la Corte Suprema y con la supervisión del ministro Héctor Carreño, la jueza encabezó durante 2009 una mesa de trabajo bautizada como “Comisión Despeje”. Junto al Sename, lograron racionalizar recursos y bajar las listas de espera sin que se gastara un peso más.

Un ejemplo fue lo logrado con los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), por el cual los jueces envían a los niños para que sean evaluados por especialistas. En Santiago, los DAM tenían una demora de 11 meses y eso implicaba que los magistrados debían posponer durante meses las audiencias esperando los informes necesarios para resolver sobre el destino de los niños.

Un chico golpeado o una niña abandonada en la calle, por ejemplo, podían pasar un año hasta que su solicitud llegara a la cima de la ruma de informes. Y en ese alto de papeles el sistema no daba prioridad a los casos más graves. Sólo operaba el orden de llegada.

Como los niños en alto peligro no podían seguir esperando, los jueces resolvían usando su propio criterio. El informe ya no era necesario, pero se hacía de todos modos. Y cuando llegaba al tribunal, se adjuntaba como un “téngase presente”, sin alterar el destino del menor que, a esas alturas, podía ser muy distinto.

En esa parodia de protección, el Sename gastaba anualmente $4 mil millones.

Lo realmente grave es que la espera a que se sometía a los niños más vulnerables no se debía al cuello de botella que generaba una gran cantidad de niños maltratados, sino a que se realizaban más informes de los necesarios.

–Los encargados del DAM nos decían que teníamos que pedir “un informe sicológico y social respecto del niño y su familia”. Y como lo decía el experto, lo pedíamos de esa manera. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que eso implicaba dos informes por niño –uno sicológico y otro social– y dos informes por cada integrante de su familia –explica la magistrada Mónica Jeldres.

Cada informe le cuesta al Estado poco más de $100 mil, por lo que en un solo niño se podía llegar a gastar $700 mil, dependiendo del grupo familiar. Y la diferencia entre un informe y otro era mínima. “Era mucho copy paste”, dicen varios magistrados que conocieron esos informes.

Para la institución encargada de hacer estos diagnósticos, el sistema le reportaba beneficios. No ganaban más, pues cada institución licita con el Sename una cantidad fija de informes mensuales, sino que a las instituciones les resultaba más rentable hacer seis informes por niño entrevistando a una familia en una sola casa, que hacer un solo informe a distintos niños, debiendo recorrer la ciudad. Al mismo tiempo, al tener una enorme lista de espera, las instituciones mostraban ante el Sename lo imprescindibles que eran. Un punto clave a la hora de renovar su licitación.

Como fruto del trabajo de la “Comisión Despeje” los magistrados empezaron a pedir a los DAM “informes integrados”. Es decir, uno solo por el niño y su familia. Las listas de espera bajaron de 11 meses a cero.

No ocurrió lo mismo con otros programas destinados a niños con más daños. En la “intervención especializada” y la “reparación de maltrato grave”, por ejemplo, la espera cayó de un año a nueve meses, lo que constituye una falta grave a la protección de los menores en riesgo.

–Sólo imagine lo que ocurre cuando me llega un niño que presenta un consumo abusivo de droga. ¿Qué pasa con ese chiquillo si tiene que esperar nueve meses para recibir atención? –pregunta Jeldres.

Cuando el niño logra un cupo para ser atendido en un programa especializado, no se acaba la incertidumbre. Aunque parezca increíble, no hay estudios que demuestren la efectividad de los tratamientos que hoy se aplican. Los jueces los envían a los diversos programas y suponen que van a salir de ahí recuperados. Pero no les consta.

–Se ha mejorado la gestión, pero ahora hay que hacer gestión de calidad. Ya es hora de que empecemos a preguntarnos cómo están saliendo los niños que han pasado por estos programas. Creo que eso es lo que viene ahora –afirma Mónica Jeldres.

*Vea también Las monjas que San Felipe quiere olvidar

La guerrilla policial y política que se desató para dar con el paradero de Cristián Edwards y luego para capturar a sus secuestradores tuvo varios episodios inéditos. Testimonios de frentistas y de policías que participaron en la operación, además de informes de inteligencia desconocidos, permiten reconstruir las tres hebras que llevaron a la identificación de los autores y el rol principal de “La Oficina” y su informante estrella hasta hoy nunca mencionado en este caso. Una historia que muestra a Carabineros, a espaldas de La Moneda, asesorando al dueño de El Mercurio, detectives sacando de quicio a Agustín Edwards al acusarlo de tener oculto a su hijo en su casa de Lo Curro y a los agentes de la BIOC de Investigaciones llegando hasta las puertas de la casa donde mantenían cautivo al ex ejecutivo de The New York Times.

El anuncio que recibió el dueño y director de El Mercurio a principios de noviembre de 1991 en su casa en Lo Curro fue imperativo. Dos agentes de la Policía de Investigaciones exigían comunicarle en persona un mensaje de su director, el general (r) Horacio Toro, sobre “la aparición de su hijo”. Habían transcurrido dos meses del secuestro de Cristián y Agustín Edwards Eastman se preparó para lo peor. Pensó que habían encontrado el cuerpo de su hijo. Así lo confirmó en sus declaraciones judiciales, hasta ahora inéditas:

-Fui a recibirlos afuera de la casa, a la puerta de entrada, porque no quería que mi mujer oyera alguna desgracia (…). Les pregunté qué había sobre la aparición de Cristián, en qué forma había aparecido y de dónde sabían esta noticia. Me dijeron que lo sabían del director de Investigaciones. Al preguntarles de nuevo sobre la aparición, me dijo uno de ellos, apuntando con el dedo hacia mi casa: “Apareció aquí”. Le manifesté que no entendía. Volvió a insistir con que Cristián estaba en mi casa. Al oír esto, yo perdí la compostura y les pregunté si acaso creían que yo tenía a Cristián oculto en mi casa, a lo que contestaron que sí. Ahí perdí la compostura y los traté de forma muy dura.

En la versión de Agustín Edwards, el ministro del Interior, Enrique Krauss, le había prometido que pondría “a lo mejor de sus hombres” en el caso. Y si lo mejor de Investigaciones había confundido a Cristián con uno de sus hermanos, forjando la temeraria tesis del “autosecuestro”, la familia resolvió de ahí en más confiar sólo en Carabineros.

Lo que ocurrió ese día en la casa de los Edwards del Río es uno de los episodios más bochornosos en la historia de la policía de Investigaciones y marcó un hito en la verdadera guerrilla policial -y con el equipo de Consejo de Seguridad Pública de La Moneda (“La Oficina”) en el medio- que se desarrolló en sordina en torno a la búsqueda de Cristián Edwards y a la captura de los responsables de su secuestro.

De los testimonios de policías y ex frentistas, contrastados con las declaraciones y documentos que contiene el expediente judicial, surgen detalles hasta hoy desconocidos de esa guerrilla y de las pesquisas. Jóvenes policías encubiertas, datos aportados por un informante ubicado en el corazón del FPMR, la deserción de uno de los celadores de Edwards cuya identidad nunca se había mencionado, informes de inteligencia inéditos, interceptaciones telefónicas y hasta el análisis de la basura de la casa-retén. Y en el telón de fondo, las rivalidades policiales y políticas que impidieron una investigación coordinada y permitieron que gran parte del comando “volara” tras el pago del millón de dólares de rescate.

Tres son las hebras que permitieron aclarar el secuestro. La primera fue el seguimiento que hizo Investigaciones a una universitaria que condujo hasta la casa-retén. Otra fue el dato que aportó el informante Lenin Guardia acerca de que el joven Ricardo Palma Salamanca estaba involucrado. Y la tercera, los antecedentes entregados por el frentista Agdalín Valenzuela, informante de “La Oficina”, cuyos “soplos” permitieron identificar a uno de los involucrados y llevar un registro cronológico de los líos internos que protagonizaron los secuestradores.

El secreto de Carabineros

El 11 de septiembre de 1991, dos días después del secuestro de Cristián Edwards, su padre leía el mensaje que los captores le habían dejado en las oficinas de los diarios regionales de El Mercurio. Le pedían “negociar su vida” y no alertar a las autoridades. Unas horas después, Agustín Edwards hablaba con el ministro Krauss. Carabineros también fue informado.

Agustín Edwards manifestó predilección desde el inicio por la labor de Carabineros, lo que después se reafirmaría con el vergonzoso yerro de Investigaciones. La policía uniformada estuvo desde el primer minuto al tanto del secuestro, aún antes que La Moneda. Y en las siguientes semanas los oficiales de esa institución a cargo de las pesquisas esconderían su juego a los ocupantes de Palacio.

El mismo día 11, el teniente Oscar Olmedo, de la tenencia de Vitacura, fue convocado al edificio de El Mercurio por el jefe de seguridad de la empresa, Jorge Zamora, quien lo puso al tanto de la desaparición del hijo del dueño. En una inusual deferencia, el oficial acompañó a Zamora a recorrer la morgue y hospitales en busca de noticias. Al finalizar el infructuoso recorrido, Olmedo se encontró con varias autoridades en las dependencias del diario y debió darle cuenta directamente a Agustín Edwards en su oficina.

A partir de esa misma semana quedó instituido un “comité de crisis” que sesionó los viernes por la tarde en la residencia de los Edwards. Asistirían de manera permanente el dueño de casa y sus asesores, el ex ministro del Interior de Pinochet, el general (r) de la Fuerza Aérea Enrique Montero, y Juan Pablo Illanes, director responsable del matutino; el secretario de “La Oficina” y hoy diputado (PS), Marcelo Schilling; el jefe de inteligencia de Carabineros, general Sergio Lutjens, y el prefecto de Investigaciones, Juan Fieldhouse.

La mesa de coordinación era sólo una parte del engranaje puesto en marcha para dar con el paradero de Cristián Edwards. Porque Carabineros trabajó directamente con Agustín Edwards sin dar aviso a La Moneda. Aunque el general (r) Lutjens dijo a CIPER que la policía uniformada hizo sólo tareas menores debido a que el Ministerio del Interior paralizó las pesquisas que pudieran exponer la vida del rehén, lo cierto es que recibía información privilegiada de la familia. Precisamente eso fue lo que ocurrió cuando comenzó el intercambio de mensajes entre los Edwards y el FPMR: Carabineros fue alertado, pero no le traspasó la información al gobierno.

Marcelo Schilling confirmó la relación bilateral entre Edwards y Carabineros en su declaración judicial del 13 de febrero de 1992. En la ocasión, señaló que recién a comienzos de diciembre de 1991 el gobierno supo que la familia estaba negociando hacía dos meses con los secuestradores, que Carabineros lo sabía y que el propio Agustín Edwards intervino ante La Moneda para que no se castigara a los oficiales que manejaban esos antecedentes.

La carabinera Domitila del Carmen Sepúlveda entonces tenía 26 años y trabajaba en Inteligencia. Ante el tribunal, confirmó que, ocultando su condición de policía, hizo contacto con un sujeto que se comunicó con la familia. Eso ocurrió el 6 de noviembre, un mes antes de que el gobierno se enterara de que Carabineros manejaba información.

-El coronel (Sergio) Ávila me encomendó la misión que consistía en presentarme vestida de blanco en la empresa El Mercurio, donde él me estaría esperando (…). Me dijo que yo debía llevar un sobre a un individuo (…) Me dijo que ese hombre me entregaría un sobre (…). Yo debía indicarle que iba de parte de Max. El encuentro se realizaría en la estación Pila del Ganso. El sobre que recibí se lo entregué al coronel Ávila –declaró la mujer policía.

El despliegue de Carabineros fue inútil. Finalmente, las diligencias exitosas estarían reservadas para Investigaciones y “La Oficina”.

“La Pequeña Lulú”

Marcela Mardones dejó de asistir al Campus Oriente de la UC sólo un par de semanas antes del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, perpetrado en esa sede universitaria el 1 de abril de 1991. Aunque los integrantes del Grupo Lex de Investigaciones trabajaron durante meses reconstruyendo el puzzle de ese atentado, no le dieron importancia al hecho. Tanto el Grupo Lex como “La Oficina” se habían empecinado en seguir la pista de un delincuente común -Sergio Olea Gaona- que a la postre no llevaría a ninguna parte.

El 15 de noviembre de 1991, después de la monumental confusión que enlodó a Investigaciones, su director trajo desde Concepción al subcomisario Jorge Barraza y le encomendó dos tareas: aclarar el secuestro de Edwards y el asesinato de Guzmán. Barraza llegaba precedido del prestigio de haber resuelto el crimen de un oficial de Investigaciones a manos del Mapu Lautaro.

Horacio Toro estaba nervioso. El Grupo Lex exhibía escasos e inciertos avances y se le agotaba el crédito en La Moneda tras el error que atizó la ira de Agustín Edwards. Jugó sus fichas a Barraza y lo puso al mando de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), un equipo ad hoc para la tarea. Barraza tenía experiencia en el acoso a grupos subversivos. Había trabajado en la CNI. Él dice que ahí sólo pesquisó asaltos subversivos, pero ha sido procesado por apremios ilegítimos, aunque los tribunales superiores no lo han condenado.

La BIOC chequeó la asistencia de los alumnos del Campus Oriente. Así apareció el nombre de Marcela Mardones. Los agentes la identificaron como “La Pequeña Lulú”, una ex dirigente de las Juventudes Comunistas del Pedagógico, casada y madre de un hijo, que al interior de la organización ocupaba la chapa de “Ximena”. Barraza contó a CIPER que el esposo de “Ximena” les dijo que estaban separados, que no la veía precisamente desde antes del atentando a Guzmán y que le había dejado al niño con la promesa de volver por él en unas semanas. Pero habían pasado casi ocho meses y no aparecía.

Los agentes de Barraza confirmaron que “Ximena” convivía ahora con Raúl Escobar Poblete, un militante del FPMR conocido como “Emilio”. Ambos arrendaban un pequeño departamento al interior de una casa en calle Huara, en La Florida. Una joven policía se instaló en la vivienda principal, simulando ser sobrina de los propietarios. Desde ahí inició las “escuchas” y guió la vigilancia exterior, que incluía un punto con prismáticos desde el techo de un supermercado Ekono a un par de cuadras.

“Emilio” fue seguido. A veces se reunía con un sujeto alto y corpulento que los policías identificaron como “Rodolfo”. Este último también fue seguido, guiando a los agentes hasta una pequeña vivienda en un pasaje estrecho y sin salida en Macul. Aunque estaban tras los asesinos de Guzmán, tanta actividad de la célula que tenían bajo la mira llevó a la BIOC a sospechar que el grupo también participaba en el secuestro. Pero la casa a la que los condujo “Rodolfo” en Macul, ubicada en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1, era estrecha, pareada y no tenía entrada de autos. A los policías les pareció imposible que allí estuviera Cristián Edwards. ¿Cómo podrían introducir y sacar a un cautivo sin despertar sospechas en los vecinos? Además, ahí vivía un matrimonio con un hijo adolescente. Era difícil que el FPMR incluyera en el secreto a un chiquillo que iba todos los días al colegio.

Los seguimientos a “Emilio” y “Ximena” llevaron a la policía a otra casa, esta vez en La Dehesa. Como esta residencia era grande y estaba en un barrio acomodado, Barraza se convenció de que ahí tenían cautivo a Edwards y fue desestimando los informes de su subordinado René Cocq, que insistía en que el análisis de la basura de la casa de Macul indicaba que la habitaban más personas que sólo dos adultos y un adolescente.

El detective Cocq tenía la razón. Porque el pequeño inmueble pareado del pasaje Poeta Vicente Huidobro era la casa-retén facilitada por el matrimonio de Rafael Escorza y María Cristina San Juan. Y la empleada que salía a hacer compras y a la que llamaban “Gabriela” era Maritza Jara, militante del FPMR y encargada de chequear el entorno.

Pugna con “La Oficina”

Barraza aseguró a CIPER que la BIOC inicialmente no dio mucho crédito a un dato que semanas antes recibió el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. El informante Lenin Guardia le había dicho a Velasco que un joven llamado Ricardo Palma Salamanca estaría involucrado en el secuestro de Cristián Edwards. La hermana de Palma le habría confesado a su psicóloga la sospecha de que el muchacho andaba en algo raro relacionado con el FPMR. La psicóloga resultó ser la mujer de Lenin Guardia. El subsecretario Velasco había entregado el dato a “La Oficina”, la que tampoco, al parecer, le sacó partido.

Para entonces, las investigaciones ya estaban contaminadas con la pugna que se vivía en La Moneda. Velasco consideraba que el combate a la subversión era una tarea que él debía encabezar, pues su subsecretaría era responsable de la seguridad pública. Pero, después de la muerte de Jaime Guzmán, el Presidente Aylwin había creado “La Oficina”, confiándoles su jefatura a Jorge Burgos y Marcelo Schilling. Entre Velasco y “La Oficina” los puentes estaban cortados. Cada uno contaba con su propia red de informantes y los datos esenciales no fluían en ninguno de los dos sentidos. Toro, y por ende la BIOC, se alineaban con Velasco.

En las primeras tres semanas del secuestro de Cristián Edwards, las policías avanzaban a ciegas. No había indicios de quienes lo tenían. Fue “La Oficina” la que se anotó el primer acierto: confirmó que era una operación del FPMR e individualizó a uno de los involucrados.

Un informante de “La Oficina”, denominado “F 1″, había pasado los datos: un grupo del FPMR bajo las órdenes del comandante “Ramiro” -quien después sería identificado como Mauricio Hernández Norambuena-, tenía a Edwards. Así lo declaró Schilling al tribunal:

-Supimos que se trataba de un secuestro por las informaciones que recibimos en los primeros días de octubre de 1991 (de “F1”), acerca de la existencia de un supuesto desertor del secuestro. Éste se hacía llamar “Julio”; era un frentista fugado de la Cárcel Pública en 1989 y su nombre verdadero es Florencio Velásquez Negrete, según consta de la fotocopia de una ficha personal suya que en este momento pongo a disposición del tribunal.

Hasta ahora, el nombre de Velásquez no se había asociado al secuestro. En el expediente no sólo quedó consignada la ficha de Florencio Velásquez (“Floro” o “Julio”), sino también la del entonces desconocido “Salvador”, jefe máximo del Frente, aunque la identidad que le adjudicaban era inexacta: Juan de Dios Apablaza Apablaza. En realidad es Galvarino Apablaza Guerra.

Los informes de “F1″

“F 1″ era el militante del FPMR Agdalín Valenzuela. Un informante de lujo. Había sido uno de los dos chóferes del camión que trasladó a Brasil al secuestrado coronel Carlos Carreño, en 1987. También fue chofer personal de “Ramiro” y contaba con toda su confianza, al punto que a veces el informante lo ocultaba en su casa de Curanilahue. Hasta ahora se desconocía que Valenzuela había aportado datos claves para identificar a los autores del secuestro de Edwards. Un informe de “La Oficina” adjunto al expediente judicial lo corrobora:

Investigación personal Florencio Velásquez Negrete.

Indica que este hombre formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado CE (Cristián Edwards). JULIO fue destituido en una reunión realizada en la misma casa, donde está CE.

La deserción de “Floro”

Los informes de Valenzuela indican que, durante el secuestro, el comandante “Ramiro” mantuvo contacto con otro jefe frentista: “Chele”, posteriormente identificado como Juan Gutiérrez Fischman. Así se desprende del documento “Consolidado Informativo Cronología de Suministro de Información Sobre el Caso CE”, incluido en el sumario judicial. Estos son algunos párrafos de ese informe:
26 del 9 del 91
F1 informa que el Frente tiene en su poder a CE. Indica que dicha información la recibió del Cdte. Ramiro. Indica que este comandante está actuando directamente en la operación. Informa que se ha producido una deserción en el equipo operativo de parte de Julio.
19 del 12 del 91
F1 informa que se reunió con los comandantes Ramiro y Chele. Informa que CE está vivo y lo tiene el Frente definitivamente.
23 del 12 del 91
F1 informa que la familia de CE está negociando con el Frente. Indica que han pedido rebaja a una cifra pedida por el Frente y que el Frente aceptará la rebaja en la negociación futura. Indica que a mediados de enero culminará la negociación con la liberación de CE.

Rafael Escorza, el militante que facilitó su vivienda para el encierro de Edwards, confirmó a CIPER que “Floro” dejó su puesto de celador y generó una crisis en la casa-retén. A Florencio Velásquez lo sacaron del lugar con la vista tapada, lentes oscuros y mirando al suelo, para que no identificara el sitio si era arrestado. Al igual que el secuestrado y otro de los celadores, había llegado a la vivienda sin que pudiera identificar sus coordenadas.

Después de abandonar la misión, “Floro” debía acuartelarse en una casa de seguridad, pero sus compañeros le perdieron el rastro. Un informe de “La Oficina” consignó el hecho y la inquietud que causó en el FPMR: “Con fecha 19 del 12 de 91, se informa que Julio está alejado y que el comandante Ramiro informó que no lo ha podido encontrar”.

Ex miembros del FPMR aún consideran a “Floro” un desertor y creen que pudo jugar un rol en la posterior caída del comando que ejecutó el secuestro, convertido en informante o bien por haber compartido datos, sin saberlo, con una fuente de “La Oficina”.

El retorno del “Negro”

La información aportada por el informante estrella de “La Oficina” no fue traspasada a la BIOC. Esa descoordinación produjo el absurdo de que en los seguimientos desplegados durante el secuestro, la BIOC fotografió a “Ramiro” sin sospechar el calibre del hombre al que le seguían los pasos. “La Oficina”, al mismo tiempo, no sabía que Barraza tenía identificada la vivienda donde permanecía cautivo Edwards.

No obstante la descoordinación, la BIOC entró a la recta final con ventaja sobre “La Oficina”. Barraza asegura que cada vez que “Ximena” o “Emilio” concurrían a los teléfonos públicos del Ekono cercano a su casa de calle Huara, los diálogos eran grabados. Por esa vía, “Ximena” se contactó con un hombre de voz juvenil al que reprendió duramente y con quien concertó una cita. Los agentes chequearon el teléfono. Era el de la mamá de Ricardo Palma Salamanca. Se confirmaba así el dato de Lenin Guardia.

Ricardo Palma, “El Negro”, tenía 22 años. Haciendo dupla con “Emilio”, había matado a tiros a Guzmán y al coronel (r) de Carabineros Luis Fontaine. Palma participó en la “captura” de Edwards, pero en el operativo se disparó accidentalmente en una pierna. Requirió atención médica y no pudo ocupar el puesto de celador al que estaba destinado.

Ya reestablecido, “El Negro” ingresó a la casa-retén pero no terminó la misión. Era un muchacho hiperactivo y el encierro le generó problemas que lo llevaron a abandonar su puesto. Por eso lo reprendió “Ximena”. Pero como también era un tipo fogueado, lo volvieron a llamar. Lo necesitaban para la puntada final: cobrar y liberar a Edwards.

Fiesta en calle Huara

El 31 de enero de 1992, Agustín Edwards pagó el rescate. Esta vez los miembros de “La Oficina” estaban informados. Según declaró Schilling, Agustín Edwards consultó su opinión un día antes de que se concretara la entrega del millón de dólares en billetes de cien. Influenciado por su asesor y experto en secuestros, el británico de origen cubano Hugh Bicheno, el dueño de El Mercurio albergaba dudas acerca de efectuar la entrega el día propuesto por los secuestradores. Una semana antes, el mediador de los Edwards, el jesuita Renato Poblete, había realizado un largo recorrido por la ciudad sin haber logrado entregar el dinero. Finalmente se impuso la opinión de Schilling: seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”.

Argumentando razones de seguridad para proteger la vida de Cristián Edwards, “La Oficina” no alertó a la BIOC de la entrega del dinero. Los hombres de Barraza vieron como ese 31 de enero salían rodriguistas de todas las casas bajo vigilancia y se multiplicaban los contactos. El subcomisario relató a CIPER que el movimiento fue tal que los encargados de los seguimientos comenzaron a toparse y estorbarse. Temiendo que el FPMR los detectara, les ordenó retirarse y se concentró en vigilar las casas. Por eso, la BIOC no supo que ese último día de enero se pagó el rescate. Pero sus integrantes intuyeron que algo grande había pasado, porque esa misma noche la joven policía encubierta instalada en la casa de calle Huara informó de una fiesta, con baile y tragos. Barraza asegura que “Ramiro” y “Chele” estuvieron en la celebración.

Repliegue en Colliguay

Al día siguiente del pago, “Emilio” y “Ximena” enfilaron a la costa. Los seguía el subcomisario Roberto Ruiz en su auto particular. Pero abruptamente se fundió el motor del auto de Ruiz y el subcomisario les perdió la pista. “Emilio” y “Ximena”, al igual que “Ramiro”, no volverían a los puntos vigilados por la policía.

Según Barraza, a la BIOC sólo le quedaba una carta: la vivienda del pasaje Poeta Vicente Huidobro en Macul. Y decidieron no irrumpir para no poner en riesgo la vida de Cristián Edwards. En la noche del 1 de febrero el furgón que usaba Escorza para comerciar huevos se estacionó frente a la entrada. Era obvio que iban a cargar algo. El agente responsable de la vigilancia tenía encima a Barraza, quien le exigía que no perdiera detalle de lo que ocurría y de los movimientos de los únicos sospechosos que les quedaban bajo vigilancia. Fue tal la presión, que el policía decidió enviar a su esposa, embarazada, a mirar más de cerca. La mujer entró al pasaje y preguntó por una matrona que supuestamente vivía en el barrio. De vuelta informó: falsa alarma, sólo estaban sacando una alfombra enrollada.

Horas después, Toro llamó a Barraza. Le contó que Cristián Edwards ya estaba en la casa de sus padres. Había sido liberado. Barraza aún cree que lo sacaron enrollado en la alfombra y que, probablemente, de la misma forma ingresó en septiembre. Pero el propio Cristián Edwards aseguró haber sido sacado de la vivienda en un saco de dormir. Lo cierto es que después de la liberación, el comando había huido y el subcomisario sólo tenía a mano al matrimonio dueño de casa. Un botín escaso para tanto tiempo y recurso invertido.

Un mes después, la BIOC detectó a los frentistas en un camping de Colliguay, en la Quinta Región. Ahí estaban “Ramiro”, “El Negro”, “Rodolfo”, “Emilio”, “Ximena”, “Gabriela” y el celador José Miguel Martínez Alvarado (“Palito”). Los filmaron. Barraza contará después que estaba seguro de que llegaría el jefe máximo, “Salvador”, y que por eso demoró los arrestos. Dirá también que en Colliguay estuvo el comandante “Chele”. Acusará que “La Oficina” protegió al “Chele” porque era yerno del líder cubano Raúl Castro y que, sospechosamente, otro equipo policial merodeó el camping en un extraño operativo antinarcóticos, lo que alertó al grupo del FPMR y posibilitó su fuga. Sus denuncias son el eje del libro que en 1999 escribió con sus ex sulbalternos Ruiz y Cocq: Razón de Estado.

En la estampida, la BIOC sólo pudo detener a “Gabriela” y “Palito” cuando intentaban cruzar hacia Argentina. Rafael Escorza y María Cristina San Juan fueron detenidos en su casa, donde aún había rastros de la caja-calabozo. La cacería la completó “El Negro”, que cometió el increíble error de volver a su hogar antes de intentar salir del país. “Ramiro” fue detenido al año siguiente, en 1993, cuando visitó a “F1″ en Curanilahue. El informante, aunque fue apresado junto al más buscado comandante del FPMR, fue liberado casi de inmediato. Eso habría sellado su destino: Agdalín Valenzuela fue asesinado a tiros en 1995.

De todos los detenidos, sólo Escorza cumplió su condena: en 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. María Cristina San Juan fue liberada en 2000 por razones humanitarias debido a una grave enfermedad. “Gabriela” se fugó en diciembre de 1992. “Palito” fue abatido mientras intentaba un escape en octubre de ese mismo año. “Ramiro” y “El Negro” huyeron en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, pero el primero volvió a caer en Brasil en 2002 por otro secuestro y está recluido en un penal paulista. “Ximena”, “Emilio”, “Floro”, “Rodolfo” y “el Negro” continúan prófugos.

Fueron 17 los avisos clasificados de El Mercurio que transmitieron en clave los términos del rescate de Cristián Edwards. Su padre resultó un duro negociador. Agustín Edwards fue asesorado por un ex agente del servicio secreto británico, quien le aconsejaba cuánto ceder. Su primera oferta publicada en el diario fue de US$ 420 mil. La cifra distaba de los US$ 4 millones que le exigían. Las tratativas se tradujeron en un largo regateo que culminó en enero de 1992. Exasperado y presionado por la delicada salud de su rehén, el jefe del comando -”Ramiro”- se comunicó personalmente para lanzar la más dura amenaza. El ultimátum le reportó un millón de dólares. Los cinco meses de cautiverio culminaron con la intermediación del jesuita Renato Poblete y tras una angustiosa grabación en que Cristián Edwards rogaba a su familia que pagara. Según uno de sus captores, llegó a ofrecerles financiar su propio rescate.

Era la tarde de un 11 de septiembre y la secretaria seguía preocupadísima. Su jefe no se había presentado a trabajar el día anterior y la familia tampoco tenía noticias de él. No era su estilo. Cristián Edwards, gerente de los diarios regionales de El Mercurio, era responsable y puntual. Jamás faltaba a una reunión sin avisar y, menos, se desaparecía así como así. Algo tiene que haber pasado con él, pensaba la mujer. Por eso, auque era feriado, fue hasta las oficinas de El Mercurio en Providencia y comenzó a revolver papeles en busca de alguna pista. Así, hurgando entre la correspondencia del día anterior, encontró una carta extraña. No tenía remitente, data, folio ni sello postal, y estaba dirigida a Agustín Edwards, en circunstancias que esas cartas llegaban al domicilio del diario en Vitacura. Guiada por la intuición, la mujer abrió el sobre y encontró la cédula de identidad de su jefe y una carta escrita a máquina que leyó en el acto:

SEÑOR A. EDWARS (sic)
PRESENTE

Nos encomendamos al SEÑOR, rogando llegar a términos satisfactorios para ambas partes.

La carta llegó a su destinatario esa misma tarde, y a las pocas horas, pese a las exigencias explícita de los secuestradores, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se enteraba de las novedades por un llamado de Agustín Edwards Eastman. “Me expresó que me pondría lo mejor de sus hombres para lograr la ubicación de mi hijo”, dijo el dueño de El Mercurio en sus declaraciones judiciales, que hasta ahora se mantenían inéditas.

Empezaba así una etapa de pesquisas y negociaciones cruzadas por tensiones, desconfianzas y una fuerte incertidumbre por el destino de Cristián Edwards. El actual vicepresidente de El Mercurio, que hasta julio último dirigió la División de Servicios Noticiosos de The New York Times, tenía 33 años y permanecía encerrado en una caja-cubículo de dos por tres metros, expuesto a sedantes, música y una luz intensa. Estaba en manos de una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), la misma que había dado muerte al senador Jaime Guzmán, y a cambio de su liberación pedían cuatro millones de dólares. Pese a su crítica situación, que irá agravándose con el correr de los meses, no estará ajeno al curso de las tratativas: informado por sus captores de que su familia ofrecía una cifra muy inferior a lo exigido, cifra que aquéllos consideraron “una miseria”, el propio rehén se ofrecerá a ayudar a pagar su rescate.

DESCONFIANZAS CRUZADAS

La misma semana que desapareció su hijo, Agustín Edwards conformó un comité asesor. Estaba integrado por él, que lo presidía, por el editor de redacción de El Mercurio, Juan Pablo Illanes; por el abogado Enrique Montero Marx y el empresario Jacobo Ergas. Un quinto integrante demoraría unos días en sumarse: Hugh Bicheno, un ex agente del servicio de inteligencia británico MI6, especialista en negociaciones de secuestros y con estudios en Chile.

Hugo León, como se hacía llamar el inglés que tenía también nacionalidad estadounidense y había nacido en Cuba, fue una figura decisiva de las negociaciones. Para bien o para mal. Permaneció en Chile durante gran parte de los cinco meses que se extendió el plagio y participó de casi todas las reuniones que se celebraban a diario en la casa de Edwards Eastman en Lo Curro. Fue Bicheno quien sugirió la presencia de un intermediario, que resultó ser el sacerdote Renato Poblete. El jesuita apareció junto a Agustín Edwards en El Mercurio (la foto que encabeza este reportaje) para dar a entender a los secuestradores su misión. Bicheno también previno a la familia sobre una larga negociación. El problema fue que en un principio no estaba claro quién sería la contraparte.

El gobierno y las policías no descartaban ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de un autosecuestro o desaparición voluntaria. Ambas cosas eran inconcebibles para la familia, además de ofensivas. No respondía a su personalidad, razonaban, y en el caso remoto de que algo así hubiese ocurrido, jamás hubiese enviado una carta con su apellido mal escrito: Edwars.

La carta era todo lo que había sobre la desaparición y en apariencia decía poco y nada sobre los autores del hecho. Pero quienes conocían de lucha antisubversiva, y en eso la Dirección de Inteligencia del Ejército aportó su parte en este caso, sabían que la clave estaba en la primera línea de la carta: “cautivo” fue también el término usado por el FPMR para comunicar el secuestro del coronel Carlos Carreño, ocurrido en 1987. La diferencia es que ahora, lejos de reconocer la autoría del hecho, los plagiadores desviaban la atención encomendándose al Señor.

Lo segundo fue un asunto de confianzas. Es cierto que los viernes por la tarde Agustín Edwards recibía a autoridades del gobierno y de las policías en su casa de Lo Curro. Por el gobierno asistían Krauss, Marcelo Schilling y Mariano Fernández, estos dos últimos del Consejo de Seguridad Pública, organismo conocido como “La Oficina”. Por Carabineros e Investigaciones participaban sus directores y jefes de Inteligencia. En teoría se trataba de reuniones de coordinación en que se intercambiaba información y se trazaban estrategias. Pero a decir del dueño de El Mercurio ante la justicia, “estas reuniones no tuvieron en la práctica mayor resultado, y sólo sirvieron para mantener en alto la moral de la familia”.

Aconsejado por Hugh Bicheno, el ex agente del MI6, Agustín Edwards se guardó información relativa al curso de las negociaciones. La decisión no sólo obedecía a un problema de seguridad, tendiente a resguardar la vida del secuestrado. Desde un comienzo el dueño de El Mercurio tuvo predilección por Carabineros en desmedro de Investigaciones, que tenía mayor vinculación y dependencia del gobierno. Sus contactos con la policía uniformada incluso eran personales, saltándose los cauces institucionales.

TIRA Y AFLOJA

Una vez que el secuestro se hizo público, abundaron los llamados de gente que decía tener noticias al respecto. No fueron pocos los que también aseguraron tener al joven en su poder. Pero nadie más que los verdaderos secuestradores podían haber tenido acceso al nombre y número telefónico de Diego Fernández, primo de Cristián Edwards y uno de sus mejores amigos. Fernández fue el primero de la familia en ser contactado. Sin embargo, siguiendo instrucciones del comité, se negó a entrar en tratativas, sugiriendo el nombre del abogado Montero Marx.

De cualquier forma los secuestradores no querían tratar con el primo ni con el abogado. Sólo hablarían de negocios con Agustín Edwards Eastman.

No fue fácil convencerlos de que aceptaran al sacerdote Renato Poblete como único intermediario. Se negaron varias veces. Incluso, una vez que contactaron telefónicamente al sacerdote, siguieron insistiendo: “A usted sólo lo queremos como mero intermediario, de mensajero, seremos intransigentes. Nuestras conversaciones serán sólo con Agustín Edwards. Hágale entender que todo el tiempo que demore el señor Agustín en hablar con nosotros serán más días de cautiverio para el señor Cristián”.

El dueño de El Mercurio, en tanto, aconsejado por el comité privado, no daba su brazo a torcer. “Me negué rotundamente porque no podía ‘negociar’ con una persona que era un mero mensajero que leía recados mandados por otros y que no tenía ningún poder de decisión del que, en cambio, yo obviamente disponía”, declaró luego Edwards.

El 7 de octubre, a casi un mes de producido el secuestro, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Insistían en hablar con Agustín Edwards. En eso todo seguía como antes. Pero esta vez, en respuesta a una solicitud anterior del sacerdote, anunciaban la entrega de una prueba que acreditaba que ellos tenían en su poder al “muchacho”, según lo llamaban. La prueba estaba escondida en uno de los sanitarios de los baños públicos del centro comercial Apumanque y consistía en una carta manuscrita por el rehén. Junto a ella venía un segundo mensaje dirigido al “Señor A. Edwards”.

Este nuevo mensaje repara en el incumplimiento de las exigencias por parte del destinatario, en el sentido de haber avisado a la policía y dar publicidad al hecho, y advierte sobre los “trastornos psíquicos” y sus “lamentables secuelas” que produce el encierro prolongado. “Está en sus manos hacer menos dolorosa esta situación, accediendo a nuestras exigencias y cumpliendo estrictamente nuestras indicaciones”.

Además de insistir en que la prensa y la policía deben mantenerse al margen, las exigencias se reducen al pago de cuatro millones de dólares que debían ratificarse en los términos siguientes:

“Mediante un aviso en el periódico El Mercurio de Santiago con estas características: sección económicos clasificados, rubro antigüedades y objetos de arte, en recuadro de 4 por 4 centímetros, texto: “Supero ofertas, compro íconos vedas, diríjase a San Agustín N…”. El tiempo que necesite para reunir el US$, días, anótelo como número de la dirección. Publicite este aviso los días martes, miércoles y jueves, 8, 9 y 10 de octubre. De no responder exactamente como le indicamos consideraremos que usted ha cerrado este negocio y sellado el destino de su hijo”.

Fechado el 7 de octubre, el mensaje apela a la paciencia y concluye con nueva invocación mística: “Pido al Señor misericordia para todos”.

“SUEÑO CON MOTORES”

La carta adjunta al segundo mensaje con exigencias, que supuestamente fue escrita y redactada por Cristián Edwards, empieza así:

Estimados padre y madre:

Nunca pensé que algo como esto pudiera pasarnos. Me encuentro prisionero y mis captores exigen una recompensa para liberarme. Mi situación es desesperante y más aún sabiendo el dolor que esto les causa. Yo estoy bien de salud, como imaginarán no en las mejores condiciones. Tengo mucho miedo y le pido a Dios que todo esto pronto termine. Yo nunca les he pedido mucho porque sé que han pasado por una crisis económica que todavía los afecta. Ahora les pido que hagan todo lo posible por mí, porque mi vida está en sus manos y estoy sufriendo mucho.

En rigor, según dirá más tarde ante tribunales, la carta fue escrita por él pero dictada por sus captores. “Escribí muchas cartas y me las devolvían porque no me nacía decir lo que querían. Terminó siendo que ellos me escribieron todo y yo copié”, declaró tras su liberación.

De cualquier forma, no mintió cuando describió la situación que estaba viviendo. A un mes de haber sido raptado, seguía padeciendo vómitos, calambres y alucinaciones, entre otras molestias, producto de sedantes que le administraban, del encierro permanente y de la exposición a un foco de luz y un parlante que emitía música y sonidos de helicópteros y sirenas. “Creo haber oído pajaritos, su cántico, también grillos, aunque esto puede deberse al zumbar de mis oídos. Me es particularmente difícil definir los ruidos reales que percibí, pues solía tener sueños con motores de helicópteros y cosas de ese tipo”, dijo ante el juez.

Dijo también que, pese a su estado, era consciente de su situación. Que jamás lo golpearon ni insultaron. Que recibía una dieta balanceada y procuraba comer de todo, “no obstante el dolor de estómago que usualmente tenía debido a los nervios”. Que pese a no tener ánimo para ejercitarse daba pasitos cortos de un lado a otro de la caja, “intentando no anquilosarme”. Que procuraba llevar una cuenta de los días. Y que las únicas dos personas que le hablaban simulaban ser argentinos.

Uno de ellos era “Rodolfo”, el jefe de la casa. El otro, Ricardo Palma Salamanca, “el Negro”, que establecerá una relación cercana con el rehén. Palma, quien había regresado a la casa-retén tras reponerse de un disparo accidental en una pierna, cumplía a cabalidad su papel de celador bueno. Procuraba animarlo y a veces le hablaba de política. De acuerdo con un cercano a Palma, que lo visitó en prisión una vez que cayó detenido en 1992, en un momento el celador bueno comenzó a compadecerse de la situación de Edwards, al punto de llegar a poner en duda el sentido de la operación.

Por lo demás, Palma tampoco podía salir de esa casa, ubicada en un pasaje de la comuna de Macul, en la cual había sido testigo de la crisis protagonizada por Florencio Velásquez, el otro celador, quien desertó en medio de la misión. Junto con generar un grave problema de seguridad, que traería consecuencias, había dejado una vacancia que debió ser suplida por José Miguel Martínez Alvarado, alias “Palito”, que no respondía al mejor perfil para el puesto: al igual que Velásquez, Martínez había pasado recientemente por la cárcel por hechos subversivos y, además, tuvo que congelar sus estudios para incorporarse a la casa-retén. Eso lo convertía en una presa de más fácil captura para la policía.

A lo anterior se sumó otro hecho fuera de pronóstico. Agustín Edwards no sólo seguía resistiéndose a negociar directamente, sino que desatendió la primera fórmula exigida por los secuestradores. En ese estado de cosas sobrevino el llamado telefónico recibido el 25 de octubre por el abogado Enrique Montero Marx:

“Escuche, ya, comuníquele a la familia de don Cristián que por la actitud que tomaron de ninguna colaboración hemos tenido que llegar al desenlace fatal. Entregaremos indicaciones para que encuentren el cuerpo del señor Cristián”.

Cinco días más tarde, Renato Poblete recibió un nuevo llamado de los secuestradores. Esta vez le indicaban que se dirigiera al mausoleo de la familia Del Río, los parientes maternos de Cristián, en el Cementerio Católico. Ahí Poblete encontró un nuevo mensaje acompañado de la cédula de conducir del rehén. Era el comienzo formal de las negociaciones tal como lo habían exigido los plagiadores.

ICONOS VEDA

El primer aviso clasificado de El Mercurio, ubicado en la sección Antigüedades y Objetos de Arte, apareció el domingo 3 de noviembre de 1991. Decía: “Compro iconos vedas, mejoro precios. Favor llamar 6981417”. Era el primer contacto y el número de teléfono comunicaba con Poblete. Tres días después sería seguido por una oferta concreta: “Compro iconos vedas. Perfecto estado, pago contado. 420.000”.

La propuesta inicial (US$ 420 mil) indignó a los secuestradores. O eso quisieron hacer creer. La calificaron de “miserable” y exigieron elevarla de manera sustantiva. La tercera semana de noviembre un nuevo aviso clasificado elevó el monto a US$ 520 mil y a fines de mes la oferta ascendió a US$ 595 mil.

Cada aviso era seguido por un contacto telefónico entre Poblete y los secuestradores. El jesuita pedía una rebaja considerable en el precio, además de una fotografía actual como prueba de vida. “Lo que ustedes están pidiendo es una cosa imposible, tienen que volver a la realidad”, argumentaba. Los secuestradores, en tanto, no se movían del monto inicial. Las negociaciones estaban en punto muerto. De acuerdo con lo que relata hoy Rafael Escorza, el militante que prestó la casa para el plagio, fue en esos días que Cristián Edwards ofreció a los secuestradores pagar su rescate con dinero que tenía depositado en Estados Unidos.

Según revelará Poblete en su libro de memorias, aparecido en 2005, “La Malú (Del Río, madre de Cristián Edwards) pedía subir la cantidad. Yo creo que ella hubiera pagado al tiro”. Sin embargo, de acuerdo con el mismo testimonio, Bicheno era quien hacía de líder: “El gringo dirigía la operación”.

En una entrevista concedida a un sitio web inglés, Bicheno describe su estrategia para enfrentar secuestros, la que claramente aplicó en el caso de Edwards. “Primero se formaba un comité de crisis. Esto incluía a alguien a cargo de tomar decisiones por la familia, normalmente el padre. Una parte clave era recordarles que estaban tratando con hombres de negocios y que el secuestrado no era más que un monto de dinero”, explicaba el hoy retirado Bicheno. De acuerdo a su relato, lo primero que debía hacer el comité era decidir cuánto estaban dispuestos a pagar, lo que muchas veces coincidía con la cobertura de una póliza antisecuestro, pues Bicheno trabajaba junto a un agente de seguros. También había veces que la familia no quería parecer demasiado fácil y ofrecía una suma más baja. Según Bicheno, siempre intentaba que la primera oferta fuera alta, de modo de evitar que los secuestradores se sintieran insultados y pusieran en peligro al rehén. Lo siguiente era aumentar la oferta mediante incrementos cuidadosamente calculados.

Así ocurrió en la operación que lideró en Chile. Recién el 20 de diciembre, a través de un nuevo aviso económico, la oferta fue aumentada a US$ 650 mil, previa exigencia de una fotografía actual. La respuesta llegó mediante una carta dejada en un baño del Parque Arauco. Estaba acompañada de una cinta y decía:

Señor Agustín Edwards: le comunicamos que no habrá ninguna fotografía actual hasta que la oferta sea aumentada -aumentar la oferta significa hacer ofertas en MILLONES DE DÓLARES y no en miles de dólares- (…) Cada día que pasa y que no cumplen con las indicaciones disminuye rápidamente la posibilidad de que la integridad física y síquica de su hijo se puedan conservar intactas. En estas fechas de unidad familiar dejen de lado su actitud inhumana (mal asesorada) y burocrática. Piensen en la vida de su hijo que se deteriora cada día más, ya que él hoy sólo desea estar con ustedes. Junto a esta nota le enviamos una grabación (lado A) con la voz de él. Por el bien de su hijo Cristián y de su familia, CUMPLA.

Tres días después, en vísperas de Navidad, un nuevo aviso económico anunciaba que la oferta alcanzaba los US$ 700 mil. Era un avance. Mediante un sistema similar al anterior, los secuestradores enviaron una fotografía del rehén, quien sostenía un ejemplar actualizado del diario Folha de Sao Paulo, acompañada de una carta en la que anunciaban que el valor del rescate había bajado a un millón y 500 mil dólares.

“QUE ME SAQUEN DE AQUÍ”

Un hecho fortuito alertó al gobierno de que la familia Edwards había empezado a negociar con los secuestradores. Corrían los primeros días de diciembre de 1991 y el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, recibió un llamado de un funcionario de la CIA, dependiente de la embajada de Estados Unidos en Chile, informando que un hermano del dueño de El Mercurio se había presentado en la sede del FBI en Washington para solicitar una prueba grafológica de una carta supuestamente escrita por el rehén. Fue un pequeño escándalo que no tuvo publicidad, como muchas situaciones vinculadas al mismo caso. De las tratativas y mensajes estaba enterado Carabineros, no así el gobierno, la Policía de Investigaciones y el ministro en visita Luis Correa Bulo.

El incidente tuvo repercusiones prácticas. Según la declaración que prestó por oficio Marcelo Schilling, secretario del Consejo de Seguridad Pública, “a partir de ese momento los asesores de Agustín Edwards deciden separarlo de la conducción de las operaciones, enviándolo a descansar a su campo en Graneros por estimar que estaba demasiado alterado y nervioso”.

En rigor Edwards Eastman siguió pendiente de las negociaciones. La diferencia es que desde entonces delegó la conducción en Hugh Bicheno, que insistía en no ceder ante las demandas. Bicheno era un duro en estas materias y alertó oportunamente sobre el manejo emocional que los secuestradores darían a las fiestas de fin de año.

En efecto, la cinta con la voz de Cristián Edwards que llegó a manos de la familia el 20 de diciembre resulta conmovedora. Se trata de un mensaje extenso en que el cautivo se pregunta “cómo pueden ofrecer una miseria” y plantea que “yo les puedo ayudar con eso, yo les voy a ayudar, yo me comprometo, me comprometo a trabajar junto a usted papá para recuperar todo”. “Hagan todo lo necesario para sacarme de aquí, hagan todo lo humanamente posible y después yo los ayudo, después nos arreglamos (…), yo siempre he sido una persona que trabaja duro (…) siempre me he esforzado y si salimos de esto me voy a esforzar más que nunca (…) Ya no me quedan fuerzas para seguir adelante”, se queja. “Lo que yo les estoy pidiendo es que me salven, que me ayuden, que me saquen de aquí”.

Refiriéndose a esta comunicación, el propietario de El Mercurio sostuvo en su declaración judicial que “era presumible que los delincuentes aprovecharan ambas ocasiones para presionar en sus exigencias, sobre todo a mi mujer”.

Las presiones en esos días surtieron algún efecto. En la comunicación telefónica del 31 de diciembre, Poblete adelantó a su contraparte que en los días siguientes aparecería un aviso económico con una nueva oferta. Sería la última, advirtió el sacerdote, como ya lo había hecho otra veces, aunque en esta ocasión incluyó un novedoso argumento sobre la calamitosa situación económica de Edwards Eastman: “Si este señor está quebrado, es puro nombre no más, ustedes podrían haber elegido otra persona”.

Dicho esto, y tras insistir en que “no pidan la suma que dicen”, lanza una propuesta: “¿Qué van a hacer con la plata? Podrían donarla al Hogar de Cristo siquiera, pues oiga”.

OFERTA ESPECIAL

La última oferta anunciada por Renato Poblete en vísperas de Año Nuevo apareció publicada el sábado 4 de enero en el nuevo formato propuesto por los secuestradores. Destacada esta vez en la sección Instrumentos Musicales, el aviso clasificado decía: “Compro gaita Kennedy, pago contado 740.000”.

El monto terminó de sacar de quicio al jefe de la operación. “Ramiro”, alias de Mauricio Hernández Norambuena, consideró que era hora de tomar personalmente cartas en el asunto. Identificándose como “El Abuelo”, la chapa que usó en esta operación, contactó a Poblete en un teléfono de Plaza Italia:

-Yo soy “El Abuelo” -se oye en la grabación telefónica-. Escuche, usted ha abusado de nuestra ética profesional, pero ahora nos corresponde jugar a nosotros. Daremos a la publicidad toda la negociación, dejando al descubierto la actitud insensible de ustedes (…) Será un gran escándalo. Luego de eso aparecerá el cadáver de Cristián. Usted puede impedir este desenlace. ¿De qué forma? Accediendo a nuestras últimas exigencias. Nosotros esperamos un breve tiempo. ¿Está absolutamente claro?

“Ramiro” parecía hablar en serio: ya no había margen para seguir negociando en esos términos. La salud de Cristián Edwards tendía a agravarse, lo que en un momento obligó a que fuera visitado por un médico o enfermero del FPMR, y en la casa-retén las cosas habían vuelto a tornarse críticas. Aquejado de “un bajón anímico”, según lo describe hoy Rafael Escorza, Ricardo Palma pidió dejar su puesto de celador.

La salida de Palma se sumó a la desaparición de Florencio Velásquez, el otro celador que había abandonado la casa-retén, aquejado por el encierro y fuertes conflictos con sus compañeros. Su paradero era un misterio para el FPMR y ponía en riesgo la operación y a sus protagonistas. Además, aunque no lo sabían, el grupo comandado por el subcomisario Jorge Barraza había identificado la casa donde estaba secuestrado Edwards y le seguía los pasos a varios de los plagiadores, entre ellos a “Rodolfo”, “Emilio” y “Ramiro”.

La situación estaba en un punto crítico y fue zanjada con un último aviso publicado el domingo 19 de enero en la sección Instrumentos Musicales. Esta vez no había un monto específico, sólo un mensaje velado: “Compro gaita Kennedy, tengo oferta especial. Llamar lunes 6981417”.

La “oferta especial” consistía en un millón de dólares y fue aceptada.

LAS ÚLTIMAS HORAS

El primer intento de entregar el dinero del rescate se realizó el sábado 25 de enero. Acompañado de Juan Cancino, el chofer de Agustín Edwards, y siguiendo instrucciones de los secuestradores, Poblete recorrió los cuatro puntos cardinales de la ciudad a bordo de un Volkswagen escarabajo. Al interior portaba la maleta con un millón de dólares en billetes de cien.

La entrega resultó frustrada porque así fue planeado por los secuestradores, de modo de corroborar que no fuesen seguidos por la policía.

A la semana siguiente, cuando volvieron a ser contactados por los secuestradores, Hugh Bicheno estuvo en desacuerdo con que Poblete y Cancino realizaran un nuevo recorrido. Creía que serían engañados. En cambio Marcelo Schilling, el secretario de la Oficina de Seguridad Pública, de acuerdo a su propia declaración, propuso seguir “rigurosamente las instrucciones de los secuestradores”. La entrega quedó programada para el 31 de enero y se extendió durante gran parte de ese día.

Esta vez a bordo de un Fiat 147, Poblete y Cancino volvieron a recorrer la ciudad. Pasearon por Recoleta, Vitacura y Providencia, donde ingresaron a un supermercado y recogieron poleras y un par de jockeys para ser identificados fácilmente a la distancia. Más tarde, después de otro largo rodeo, bajo la mesa de una fuente de soda cercana a Departamental encontraron un sobre. Contenía una fotografía de Cristián Edwards retratado con El Mercurio del día anterior y una última instrucción que los condujo a un paso sobre nivel de la avenida Norte Sur, donde un hombre que apareció de las penumbras recogió el dinero.

Al día siguiente Agustín Edwards se encontraba en su campo en Graneros cuando al anochecer recibió una llamada desde El Mercurio. Su hijo ya iba camino a la casa familiar de Lo Curro a bordo de un taxi. Unos días después, Cristián relató ante el juez Correa Bulo que la noche anterior a su liberación había sido sacado de “la caja” después de cinco meses e introducido a una carpa. Ahí pasó sus últimas horas de rehén, sometido a la música de un personal estéreo y una dosis adicional de sedantes. Recordó haber regresado tal como llegó, encapuchado y envuelto en un saco de dormir, y haber sido introducido en un auto que lo dejó en lo que parecía un sitio eriazo.

Lo último que alcanzó a escuchar de sus secuestradores, antes de ser dejado boca abajo contra el suelo, fue “no te muevas”. Después de un rato logró ponerse de pie, trastabilló en dirección a unas luces y dio con un taxista al que le pidió monedas para llamar a sus padres. Había sobrevivido a un martirio de casi cinco meses y se iniciaba la cacería policial.

Vea los 17 mensajes que Agustín Edwards envió al FPMR

*Para ver el pie de foto, haga click en “Captions”.

Desde el año 2000 han sido asesinados 49 periodistas en México, ocho están desaparecidos y decenas han recibido amenazas. Según Reporteros Sin Fronteras, es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El primero es Iraq. Hace poco más de tres años, unos encapuchados atacaron el diario El Mañana de Nuevo Laredo, una ciudad enclavada en la frontera norte. El reportero Jaime Orozco Tey, quien aquel 6 de febrero de 2006 cumplía 43 años, resultó gravemente herido de cinco disparos. Quedó en silla de ruedas. Esta es la reconstrucción de un atentado por el que aún no hay ni un solo detenido.

Algo acaba de explotar. El estallido ha dejado un hueco en el piso y ha repercutido en el estómago de todos. Unos encapuchados entran y aprietan con sus manos las culatas y los gatillos de las ametralladoras. Son manos que actúan de manera automática. Disparan a todos lados. Las balas perforan paredes, rompen vidrios y lámparas, un cuerpo humano.

Y esos que disparan, ¿son dos, tres? ¿Quizá hay más? ¿Otros allá afuera?…

¿Es posible? Sentir de repente una bofetada de pavor ante el estruendoso eco de los disparos. ¿Eco? No, es la siguiente ráfaga.

Miedo. Silencio. Un silencio espeso y extraño. La resonancia sorpresiva de lo que acaba se pasar y la incertidumbre de lo que vendrá.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Es ese grito y más ráfagas. Y otra granada.

No, esto no es un campo de batalla. Es la redacción de un periódico.

Aquí ya todo es posible.

Apenas esta mañana la jornada de trabajo se desarrollaba sin sobresaltos. Quizá porque este lunes parece domingo. Hoy es 6 de febrero de 2006 y ayer se conmemoró un aniversario más de la Constitución mexicana. Por disposición oficial, el día de asueto es hoy. Por eso, los que acuden a trabajar reciben doble paga. Esto lo han tomado con gusto por lo menos aquellos que forman parte de los departamentos de Redacción, Fotografía y Diseño del rotativo El Mañana, el más influyente de Nuevo Laredo. Solo a los que pertenecen al área administrativa y a los empleados del comedor les han concedido descanso.

Entre los reporteros y editores se respira satisfacción profesional. El periódico publicó en primera plana el fin de semana una lista con nombres de reporteros (entre ellos uno de El Mañana), columnistas y medios informativos que, incluidos en una nómina, reciben dinero de la alcaldía local. La nota despertó varias reacciones en distintos sectores de la sociedad. Este lunes algunos reporteros han salido a recabar más opiniones, sobre todo de los regidores de oposición. En la agenda informativa también está el seguimiento del caso de la colonia Blanca Navidad, un predio, al poniente de la ciudad, habitado por unas 800 familias que llegaron ahí porque no tenían dónde y que fue desalojado de forma violenta la semana pasada.

Al mediodía, la primera plana para la edición de mañana martes va tomando forma. Después de acudir, como todos los lunes, a los honores a la bandera en la explanada de la alcaldía, un reportero ha llegado al periódico para buscar en el archivo fotográfico imágenes que evidencien a unos maleantes detenidos, pues hasta hace unas semanas eran policías federales, y nadie ha hecho público ese detalle.

Lo más probable es que esa sea la nota principal. Y también el seguimiento de los periodistas corruptos debe ocupar un lugar destacado. Además, hay dos noticias sobre los candidatos presidenciales: la Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado a cargo de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador al general Audomaro Martínez y Felipe Calderón ha negado un gasto millonario en su campaña publicitaria. Del otro lado del mundo, la francesa Isabelle Dinoire ha mostrado su nueva cara después del trasplante facial que le han realizado. Algunas notas locales, deportivas y de espectáculos van terminándose.

Como hoy el comedor no funciona, varios empleados encargan comida. Luego, los dedos comienzan a caer sobre las teclas de la computadora. El trabajo se combina con algunos momentos de charla de cuya utilidad a veces se duda, risas, pasos. Hasta este momento, todo indica que en unas horas se cerrará la edición y todos volverán a casa un poco más temprano que de costumbre.

Nuevo Laredo está en la frontera entre México y Estados Unidos. Era parte de Laredo, Texas, hasta que en la guerra entre estos dos países México perdió la mitad de su territorio. Entonces, en 1848, la ciudad se tuvo que partir en dos. Al norte del río Bravo quedó Laredo y al sur, Nuevo Laredo. Con el paso de los años comenzaron a trazarse las actuales calles y avenidas, a construirse casas para ser habitadas, en su mayoría, por gente foránea que quería iniciar una nueva vida aquí y algunos edificios y hoteles para los “turistas de negocios”. Por Nuevo Laredo pasa una tercera parte del comercio exterior de México. Tiene cuatro puentes internacionales por donde circulan todos los días peatones, carros particulares, autobuses de pasajeros, camiones cargados de mercancías. Durante la Navidad, hay largas filas de automóviles de “paisanos”, que es como llaman a los mexicanos que se han ido a vivir a Estados Unidos pero que regresan en esas fechas a ver a sus familias.

Hoy es una ciudad de cerca de medio millón de habitantes. Aquellos que cuentan con la visa estadounidense cruzan la frontera seguido solo para ir de compras a Texas. Sobre todo en las temporadas en que los centros comerciales comienzan las rebajas.

El clima en Nuevo Laredo es extremo. En invierno la temperatura puede descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero. Pero en verano hay que aguantar 40 grados centígrados de un calor seco, asfixiante. Estas condiciones no impiden que a lo largo de todo el año, pero en especial durante la primavera, la ciudad se convierta en una de las principales antesalas para los migrantes indocumentados. Llegan de muchas partes del país y de Centroamérica dispuestos a cruzar el río para alcanzar el territorio estadounidense.

Pero por este paso fronterizo, además de seres humanos, se trafican drogas. Los narcotraficantes han hecho de esta ciudad una plaza clave para su negocio. Desde hace varios años, la violencia es cosa de todos los días. Las bandas de narcos se matan entre sí, matan a sus vecinos, a los policías o a los soldados que intentan combatirlos. Y cuando algo que los incomoda aparece en un medio de comunicación, amenazan a los periodistas o quizá algo peor.

Durante años, los periodistas de El Mañana han trabajado bajo cierto grado de censura, de pavor, de riesgo. Un riesgo cercano y tangible en varias ocasiones. En 1996, por ejemplo, Ninfa Deándar, presidenta y dueña del periódico, y sus hijos fueron amenazados de muerte. Se distribuyó entonces un folleto lleno de infamias contra ella sin que nadie impidiera su circulación. En cambio, en noviembre de ese mismo año, Ninfa Deándar fue sometida a un proceso judicial por difamación, acusada por la entonces alcaldesa Mónica García Velázquez.

El periodista Raymundo Ramos, a su vez, fue secuestrado durante unas horas y conminado a que “ya no atacara al gobernador” de Tamaulipas, Manuel Cavazos.

Pero el más rotundo atentado contra El Mañana sobrevino el 19 de marzo de 2004. Poco después de salir de la redacción, en la madrugada, y cuando se hallaba a las puertas de su casa, fue asesinado a puñaladas el director editorial del diario, Roberto Mora García.

Del año 2000 a la fecha en México han asesinado a 49 periodistas, ocho han sido desaparecidos y decenas, amenazados. El último deceso ocurrió el domingo 22 de febrero. Luis Daniel Méndez Hernández, un reportero de La Poderosa, una estación radial de Tuxpan, en el estado de Veracruz, fue baleado por la espalda. Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, después de Iraq, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Con el caer de la noche, la tranquilidad instalada durante el día parece esfumarse en El Mañana. En la recepción del edificio hoy se encuentra un guardia de seguridad. La recepcionista tuvo el día libre. Es un hombre fuerte, maduro, casi 50 años, con nietos. A unos cuantos metros de la recepción, siguiendo un pequeño pasillo, están las oficinas de las subdirecciones Local y Nacional, ocupadas por sus respectivos encargados. En el primer pasillo de la redacción, el que da hacia la calle, un editor, dos correctores de estilo y el director de La Tarde –el diario vespertino de Editora Argos, la misma empresa que edita El Mañana– revisan algunas notas. En el segundo pasillo hay tres editores y un reportero, quienes se encargan de los últimos detalles de las secciones Nacional, Local y de la revista, para integrar el primer tiro del diario. En el tercer pasillo, la sección deportiva está terminando de editarse. De pie, frente a un mapa de la ciudad colgado en la pared, dos reporteros revisan unas fotos. Uno de ellos es Jaime Orozco Tey.

El baño de mujeres está ocupado por una editora. Las acristaladas sala de juntas, oficina central y oficina de edición de Local se encuentran vacías y con las puertas cerradas. En el departamento de Diseño hay ocho personas frente a las computadoras cumpliendo sus funciones. En Fotografía Digital hay una única persona, al igual que en la oficina de Clasificados. Arriba, en el segundo piso, una muchacha termina de hacer el aseo cerca del área de sistemas, en donde se encuentran dos más. La rotativa permanece vacía porque los trabajadores no llegan hasta las 9 de la noche. A lo mucho, dentro del edificio hay unas 40 personas.

Faltan 17 minutos para las 8 de la noche y es entonces cuando se escucha la explosión.

Han lanzado una granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales, pero se cimbra todo el edificio, como si se tratara de un temblor. Del techo cae tierra y polvo.

La mayoría de la gente corre para resguardarse. Se dirigen hacía Diseño y Prensa. Hay quien solo alcanza a tirarse al suelo para esconderse bajo los muebles de las computadoras. Y ahí permanecen, quietos.

Los encapuchados entran por la puerta principal del edificio y comienza la balacera.

Todos permanecen quietos. Intentan imaginar qué es lo que puede pasar. Hay nerviosismo. Se siente miedo, un miedo físico y atroz. Un miedo real, sin paliativos ni defensa. Quizá de esta ya no los libra nadie.

A las 7:45 por la calle pasa una señora con su hijo a bordo de un auto. La luz roja del semáforo en el cruce de las calles Juárez y Perú, la esquina donde está el periódico, le indica que se detenga y los sonidos de los balazos que se voltee. Pero la mujer se pasa el alto con aparente tranquilidad. Porque así son las cosas aquí en Nuevo Laredo: haces como que no ves ni oyes para no meterte en problemas.

Antes de aventar otra granada los sicarios siguen descargando sus armas y lanzan su sentencia.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Otra explosión. De nuevo parece que el edificio se derrumba. El sonido es similar a cuando se echa abajo una construcción. El polvo dificulta la respiración. Arden las narices.

Tensión. Miedo de no saber actuar a la altura de las circunstancias. Ojos desencajados. Rostros fruncidos, estupefactos. Es todo tan confuso. Sucede tan rápido. ¿Ya habrán matado a alguien? ¿Llegarán hasta nosotros?

En el instante en el que solo existen los estampidos de los disparos todo parece detenerse. Apenas se alcanzan a escuchar los gemidos truncados y el ruido de un cuerpo al caer. Dos minutos suelen ser muy poco tiempo, pero ahora parecen una eternidad.

Unas cuantas ráfagas más y los tipos se despiden.

Afuera, tres carros y dos camionetas, vehículos que cercaron las esquinas Morelos-Perú y Perú-Juárez, encienden motores. Se escapan a toda velocidad. Adentro, quedan los boquetes producidos por las granadas y las balas, vidrios rotos, el miedo.

Silencio. ¿Se han ido? Sí, parece que ya se fueron. Hay quien tiene por un momento la sensación de ser el único sobreviviente. Viene el desdoblamiento, el horror, el estremecimiento de presenciar una pesadilla. ¿Qué hacer? Las miradas se encuentran. No se pronuncian palabras. Es suficiente verse reflejado en los ojos de los otros. Es sentirse unidos en esta vida que ahora parece escaparse. ¿Llorar?

Alguien se queja.
—¡Ayuda!… ayuda —grita lo más fuerte que puede.

Al principio nadie le responde y mucho menos salen de sus escondites por temor a que los encapuchados regresen. No saben todavía que el que pide ayuda es Jaime Orozco Tey ni que su cuerpo está perforado por cinco disparos. Cuatro los recibió por la espalda y le dañaron la columna vertebral y un pulmón. Un proyectil más le perforó el hombro por delante.

Tey, como le dicen todos sus compañeros, está cumpliendo hoy 43 años de edad. Hasta este momento, 15 de ellos en el periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, tiene dos hijas y es bromista. Es el reportero de guardia de El Mañana. Entra a las 5 de la tarde y sale a la 1 de la madrugada. Cubre los sucesos que surjan durante ese horario o ayuda a algún editor si la jornada está tranquila.

Mientras comenzaban los disparos, Tey y otro reportero se encontraban frente al mapa que está a la entrada de la redacción. Ambos revisaban unas cuantas fotografías y seleccionaban la que habían de publicar para evidenciar que los maleantes detenidos hace unos días fueron policías federales. Tey dio media vuelta para dirigirse a la subdirección editorial Nacional. El otro reportero, en sentido contrario, se adentró en la redacción. Los encapuchados lanzaron la granada y las esquirlas cayeron en el rostro de Tey. Luego vinieron las ráfagas que lo lesionaron mientras él permanecía detrás de una pared de tabla roca.

La editora que estaba en el baño se quedó ahí durante la balacera. Apagó la luz, se refugió en un rincón y no hizo ruido. Al salir pensó que encontraría a todos sus compañeros muertos. Diseñadores y reporteros habían corrido para esconderse en Prensa, entre la tinta, la maquinaria y los rollos de papel. Un chico, corrector de estilo, salió de la oficina de la subdirección editorial Nacional, subió unas escaleras. En el segundo piso se encontró con la muchacha de la limpieza y ambos corrieron hacia el pequeño patio que está afuera del comedor. Los subdirectores editoriales solo alcanzaron a esconderse debajo de sus escritorios.

Después del tiroteo la que reaccionó primero fue la persona de la oficina de Clasificados. Se dirigió a la puerta. Con calma, despacito. Pero alguien la vio y de inmediato la jaló para esconderla una vez más. Los matones pueden volver, pensaban.

Poco a poco, todos salían e iban acercándose a Tey.

El dolor del reportero herido se transmite al instante a todos los que le observan. Y esa es la señal de que ya todo es posible. Así ha quedado trágicamente claro. Ya no solo matan a los periodistas, también atacan sus centros de trabajo.

Cada respiración de Tey parece un paso más hacia el final. Hay tanta sangre. Está derrumbado de espaldas y a primera vista solo se percibe el disparo que tiene en el hombro, pero ese enorme charco de sangre que tiene abajo indica algo más.

Luego se sabrá que las heridas producidas le dañaron parte de la médula ósea y que además tuvieron que extirparle unos 30 centímetros de intestino afectado por las balas. Quedó en silla de ruedas después de permanecer cuatro meses hospitalizado.

El vigilante se levanta del suelo. Toma el teléfono de la recepción y llama a la policía. Alguien más avisa de lo sucedido a la presidenta y dueña del periódico, quien llega junto con sus hijos en unos 15 minutos, antes que la policía. Enseguida arriba la ambulancia. Y, al final, los policías, algunos reporteros en busca de la nota y los infaltables curiosos.

Los agentes entran al edificio y examinan el lugar en busca de casquillos. Toman declaraciones y fotografías. “Quizá, solo quizá, fue para intimidar”, es lo primero que dicen.

Ninfa Deándar trata de infundir ánimos a su gente.
—¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo! –les dice.

Algunos no le hacen caso. El shock ha sido descomunal y lo único que quieren es regresar a casa para sufrir en privado. Pero otros aceptan quedarse para sacar adelante el trabajo.

Reciben 89 llamadas telefónicas de medios nacionales e internacionales pidiendo informes acerca de lo sucedido. No obstante, hasta las 10:30 de la noche El Mañana no envía un boletín a diferentes medios y asociaciones de periodistas. Hay quien se encarga de terminar con la revisión de notas y fotos. Otros limpian los vidrios esparcidos por el piso y la sangre derramada que a su paso había manchado las imágenes seleccionadas para la nota de los policías delincuentes. Editores y diseñadores continúan formando planas. Y así lo hacen hasta las 3:32 de la madrugada, hora en que se cierra la edición.

A las pocas horas, El Mañana ya circula en las calles de Nuevo Laredo con un editorial titulado Guerra ajena a la sociedad:

“Desde el asesinato de Roberto Mora vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas. Esto nos llevó a tomar medidas como autocensurarnos con temas delicados donde veíamos riesgos, cubrir exclusivamente los hechos, no mencionar nombres de algunos cárteles; haciendo malabares con la información para tratar de sobrevivir esta guerra ajena al periódico y a la sociedad de Nuevo Laredo.

Tomaron de campo de batalla a Nuevo Laredo, porque esta es una plaza muy peleada. Cruzan seis mil tráileres diarios y las autoridades norteamericanas sólo revisan físicamente 50 o 60. Esto hace a esta plaza más importante que Tijuana o Ciudad Juárez.

¿Quién fue el responsable? (del atentado de anoche). No lo sabemos, pudo haber sido cualquiera. Son fantasmas. Muchas veces nos utilizan a los medios agrediéndonos para perjudicar a la banda contraria y así justificar que la supuesta autoridad ejerza más presión sobre un grupo rival. Es una nueva forma de hacer terrorismo.”

El martes 7 de febrero algunos deciden no ir a trabajar y otros quieren permanecer todo el tiempo encerrados en el edificio ahora custodiado por la policía. Se mandó construir un muro de contención y cámaras de video en la entrada principal del edificio. A los fotógrafos les dieron chalecos antibalas. A raíz del atentado, 28 empleados se fueron del rotativo por miedo. Hubo quien solo se armó de coraje y valor, y algunos de los que se quedaron exigieron un aumento de sueldo a cambio de estar dispuestos a seguir en la ciudad viviendo con ese miedo que aquí es el precio por informar. Se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero todavía los hechos no han sido esclarecidos. Solo se reforzó la hipótesis de que el crimen organizado del narcotráfico podría ser el culpable, pero ni una sola persona ha sido detenida.

Tres años después, Jaime Orozco Tey sigue en rehabilitación y no pierde la esperanza de volver a caminar algún día. Entre los reporteros de El Mañana se impuso algo peor que la censura: la autocensura. El tema del narcotráfico ya casi no se aborda y cuando se hace, las notas salen sin firma. Porque en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México, dar una noticia puede costar la vida.

*Este texto fue publicado originalmente en la revista Séptimo Sello del diario La Prensa de El Salvador.

Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico a través del el Plan Colombia. Pero mientras entrega apoyo militar y financiero para terminar con los cultivos de coca, esta exhaustiva e impactante investigación revela que parte del dinero que busca fomentar siembras alternativas fue entregado a empresas productoras de palma ligadas a presuntos narcotraficantes y paramilitares. Los mismos que por años aterrorizaron a los campesinos, asesinando y saqueando sus tierras para después arrebatárselas y cultivar allí miles de hectáreas de palma que funcionaron como una buena pantalla del lavado de dinero.

El 14 de mayo pasado, la Fiscalía General de Colombia discretamente convocó a una audiencia pública para decidir la suerte de Coproagrosur, una cooperativa de cultivo de palma de aceite ubicada en Simití, un pueblo en el norte del país. Como parte de un programa de reparación de víctimas de la violencia, un confeso narcotraficante y jefe paramilitar conocido como “Macaco” había entregado al gobierno los bienes de la cooperativa, que según él son suyos.

Macaco, cuyo nombre real es Carlos Mario Jiménez, fue uno de los más sangrientos comandantes paramilitares de la larga guerra civil colombiana y ha confesado el asesinato de 4.000 civiles. Él y sus hombres son también en gran parte responsables de haber convertido a 4,3 millones de colombianos en refugiados internos, la población de desplazados más grande del mundo después de Sudán. En mayo de 2008, Macaco fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y “narco-terrorismo”. Sigue esperando su juicio en una cárcel de Washington D.C.

Macaco se entregó a las autoridades a fines de 2005, respondiendo a la propuesta de amnistía del gobierno. La desmovilización de los jefes paramilitares requería la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente, incluyendo aquellas tierras que arrebataron a través del violento desalojo de sus propietarios. Macaco ofreció los bienes de Coproagrosur como parte del trato.

Pero el aviso publicado por la Fiscalía no menciona que Coproagrosur recibió una donación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) en 2004. La donación –pagada a través del Plan Colombia, el multimillonario paquete de ayuda para combatir el narcotráfico– parece haber puesto dólares de la guerra contra la droga en manos de un conocido paramilitar y narcotraficante. Como los paramilitares colombianos están en la lista de organizaciones extranjeras terroristas del Departamento de Estado, la donación podría constituir una posible violación de las leyes federales de Estados Unidos. Pero los procesos de chequeo interno de USAID “no fallaron”, de acuerdo a la respuesta oficial de la embajada estadounidense en Bogotá. Y ello porque Macaco no aparecía oficialmente entre los socios de Coproagrosur.

Desde el 2002, el Plan Colombia autorizó cerca de US$ 75 millones anuales para programas de “desarrollo alternativo”, como la producción de palma de aceite. Dichos programas entregan fondos para convenios entre empresarios agroindustriales y campesinos con el objeto de alejarlos de los cultivos ilícitos (la coca entre ellos). La mayoría de estos proyectos de desarrollo están concentrados en el norte de Colombia, que fue el epicentro de desplazamientos masivos de campesinos.

Funcionarios de USAID dicen que estos proyectos ofrecen una alternativa a la violencia asociada a las drogas en un país que carga con las llagas abiertas del conflicto armado. Insisten en que esa agencia vigila atentamente para detectar actividades ilegales y no ha recompensado a quienes cultivan tierras robadas. Pero un estudio de los documentos internos de USAID, escrituras de las compañías y reportes de prensa, genera serias dudas sobre la vigilancia que ejerce la agencia sobre los postulantes, en particular, sobre su habilidad para detectar conexiones con narco-paramilitares, crímenes violentos y tomas ilegales de tierras.

Además de los US$ 161.000 entregados a Coproagrosur, USAID también otorgó US$ 650.000 a Gradesa, una empresa palmicultora que tiene a dos miembros de su junta directiva investigados por narcotráfico y vínculos con paramilitares. Una tercera compañía del rubro, Urapalma, también acusada por su relación con paramilitares, casi recibió la aprobación de una donación antes de que su solicitud fracasara por falta de documentos. Los críticos dicen que la contradicción de dichas donaciones perjudican la misión antidroga del Plan Colombia.

“El Plan Colombia está luchando militarmente contra las drogas al mismo tiempo que entrega fondos para apoyar el cultivo de palma, que es usado por las mafias paramilitares para lavar dinero”, dice el senador colombiano Gustavo Petro, un abierto crítico de la industria palmífera. “Estados Unidos está implícitamente subsidiando a los narcotraficantes”.

El impacto más agudo de los proyectos palmicultores patrocinados por paramilitares y narcotraficantes se encuentra en el departamento del Chocó. El boom de la palma en esa región enfrenta a campesinos pobres contra un aglomerado de fuerzas poderosas, incluyendo el Ejército, narco-paramilitares, y ejecutivos palmicultores con fácil acceso a las aulas del poder. La formula funcionó con simple brutalidad: mientras los campesinos huían de incursiones conjuntas entre paramilitares y fuerzas estatales, entraban los palmicultores arrebatando las tierras abandonadas para sembrar palma aceitera, una de las fuentes más rentables de biocombustibles.

El despojo y el boom de los biocombustibles

El viejo campesino seguía al brigadier general Pauxelino Latorre por un oscuro laberinto de corredores de cemento en el batallón de la Decimoséptima Brigada del Ejército en Carepa, un pueblo en el extremo noroeste de Colombia. Pasaban por cuartos agudamente iluminados por grandes ventanales con vista a las plataneras que rodean el batallón. Soldados daban un tieso saludo mientras el general pasaba a toda máquina. El campesino -Enrique Petro, un hombre pobre y con casi 70 años- arrastraba lo pies detrás del general, tratando de no cruzar su mirada con la de los soldados.

Petro estaba comprensiblemente ansioso. Investigaciones criminales habían ligado repetidamente a la Decimoséptima Brigada con los grupos paramilitares que habían asesinado brutalmente a miles de personas, incluyendo a su hermano y a su hijo adolescente. A medida que se adentraba en el cuartel, Petro se empezó a preocupar aún más. Latorre abrió una puerta hacia un cuarto al final de la base, donde Javier Daza, en esa época gerente de Urapalma, esperaba. En el encuentro que siguió, Daza y el general dominaron la conversación.

Era agosto de 2004. Unos pocos días antes, Petro se había quejado ante el general de que Urapalma estaba sembrando palma en tierras que los paramilitares le habían robado en 1997, en el casi contiguo departamento del Chocó. Como respuesta, el general le sugirió una reunión en la base. Y Petro, suponiendo que tenía poco que perder, aceptó. Al final de breve encuentro -dice Petro-, Daza y Latorre lo intimidaron para que validara legalmente la incautación de sus tierras. Con la firma de Latorre como testigo del contrato, Petro perdió 85% de su finca de 150 hectáreas. Casi cinco años después, aún no recibe el magro pago que le ofrecieron.

Petro es uno de los afortunados: aún está vivo. De acuerdo a reportes del gobierno colombiano y de organizaciones no gubernamentales, Urapalma ha obtenido ilegalmente más de 5.654 hectáreas de densas tierras tropicales en el Chocó, incautadas con la ayuda de personas como Latorre y sus colaboradores paramilitares.

Latorre fue alumno de la Escuela de las Américas -la academia de entrenamiento del Ejército de Estados Unidos para los militares latinoamericanos-, fue imputado el año pasado de haber lavado millones de narco-dólares para un grupo paramilitar y los fiscales están investigando sus actividades a la cabeza de la Decimoséptima Brigada. Otro general, Rito Alejo del Río, quien lideró la brigada en la época del desalojo de Petro, está preso por cargos de colaboración con paramilitares. Él también fue entrenado en la Escuela de las Américas.

Reportes gubernamentales, documentos legales y testimonios de grupos de derechos humanos muestran que narco-paramilitares –a menudo en cooperación con el ejército financiado por EE.UU.- forzaron el desplazamiento de miles de campesinos del Chocó a fines de los años ’90, matando a más de un centenar. Desde 2001, Urapalma y una docena de otras compañías palmíferas se han tomado al menos 22.000 hectáreas de tierras abandonadas en el Chocó. Como las de Petro. La mayor parte eran propiedades colectivas de campesinos afro-colombianos.

En 2005, el presidente colombiano Álvaro Uribe, invocando los pujantes mercados de alimentos y biocombustibles, hizo un llamado al país para aumentar la producción de palma desde 300.000 hectáreas a 6 millones de hectáreas. Los críticos argumentan que la expansión palmífera en muchas regiones exhibe patrones de narcotráfico, paramilitarismo y violencia similar a la del Chocó, incluyendo masacres y desplazamientos forzosos. Un informe de la organización internacional Human Rights Everywhere reveló violentos crímenes relacionados con el cultivo de palma en cinco regiones distintas, todas las cuales caen dentro de la iniciativa de Uribe. Casi todas esas regiones han sido también objetivo del apoyo de USAID para el cultivo de palma.

La agencia estadounidense administra el programa de desarrollo alternativo del Plan Colombia desde el enorme edificio tipo bunker de la embajada estadounidense, ubicada en una de las principales avenidas de Bogotá. Entre los cultivos que reciben apoyo financiero, la palma de aceite o palma africana es uno de los pocos cuya rentabilidad es eventualmente comparable con la de la coca. Desde 2003 los contratos de desarrollo alternativo de USAID han entregado cerca de US$ 20 millones para proyectos agroindustriales de palma a lo largo del país.

Casi la mitad de la palma producida en Colombia es exportada, la mayor parte a Europa, pero también a Estados Unidos y algunos países de América Latina. El gobierno tiene ahora sus ojos fijos en el tratado de libre comercio entre EE.UU y Colombia, cuya aprobación en el Congreso en Washington –vista como posible con el explícito apoyo del Presidente Obama- permitirá a la palma colombiana entrar a Estados Unidos sin aranceles. A pesar de que el aceite de palma es destinado a docenas de productos comerciales, Colombia está apostando al mercado del biodiesel.

“Estamos en vísperas de iniciar otro gran desarrollo energético a partir de la palma africana”, dijo el presidente Uribe en 2005 cuando anunció la iniciativa. El país duplicó su superficie plantada de palma desde 2001, el año en que Colombia se convirtió en el cuarto exportador del mundo y el año en que las compañías llegaron al Chocó.

Grupos de derechos humanos han acusado durante largo tiempo a compañías palmicultoras en Colombia –a Urapalma en particular- de cultivar en tierras robadas. Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la federación nacional de productores de palma, dice que esos cargos son muy exagerados. Mesa se queja de que las compañías del Chocó, las cuales no son miembros de la federación, son excepciones que han estigmatizado injustamente a toda la industria.

No obstante, la bancada afro-americana del Congreso de Estados Unidos ha expresado frecuentemente a la administración Uribe su preocupación por la industria de la palma, que está concentrada en áreas con gran población afro-colombiana. Inquieto por que el Congreso estadounidense pueda retener los fondos del Plan Colombia o bloquear el acuerdo de libre comercio, el gobierno colombiano ha empezado a tomar las acusaciones más seriamente.

A fines de 2007, el fiscal general Mario Iguarán anunció una investigación sobre las denuncias de que 23 compañías palmicultoras en el Chocó, incluyendo Urapalma, trabajaron con los paramilitares para incautar tierras a comunidades. Por la misma época, el senador estadounidense Patrick Leahy incluyó una indicación a la ley que entrega los fondos del Plan Colombia, en la que se prohíbe el financiamiento de proyectos de palma que “causen el desplazamiento forzoso de habitantes locales”. El Congreso de EE.UU. debatirá pronto el financiamiento del Plan Colombia para el 2010, en el primer desembolso de fondos hacia el extranjero diseñado por la administración Obama. En el actual borrador del proyecto, la indicación de Leahy está marcada para ser borrada.

Sean Jones, quien hasta mediados de mayo fue el director para desarrollo alternativo de USAID en Colombia, reconoce que la industria de palma de aceite en Colombia tiene “dos caras”. Una es la de aquellas compañías que cumplen la ley, pero “también está la cara fea de la palma africana, donde hay algunos jugadores realmente sucios”.

Los paramilitares y La Violencia

Incluso en Colombia, con su riqueza geográfica y diversidad cultural, el departamento selvático del Chocó es considerado exótico. La selva tropical del Chocó, ubicado en la esquina noroeste del país, donde Sudamérica limita con Panamá, está entre aquellas con mayor biodiversidad del planeta. Pero muchos colombianos aún la ven como un rezagado reducto de violencia. Lluvias torrenciales alimentan sus hileras de bajas montañas que irrigan cientos de ríos y ciénagas que se extienden como venas a lo largo del paisaje. Muchos de estos cursos de agua terminan en el largo río Atrato, que serpentea por la selva hacia el norte hasta que su delta desemboca en el golfo del Caribe. Los lugareños llaman Urabá a esta zona.

Los campesinos del Urabá más afectados por el negocio de la palma viven cerca de dos exuberantes tributarios: las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. En el 2000 la agencia gubernamental que administra las tierras rurales, Incoder, entregó títulos colectivos por 101.000 hectáreas a descendientes de comunidades de esclavos negros, que de acuerdo a la Constitución de Colombia, tienen los mismos derechos territoriales que los indígenas.

Pero el gobierno, en un esfuerzo por atraer inversionistas extranjeros, también ha bautizado a Urabá como “la mejor esquina de América”. Un campesino expresó los sentimientos locales sobre el marketing gubernamental: “Le dicen ‘la mejor esquina,’ pero si uno apenas levanta ese telón encuentra cosas horribles”. En los últimos años, las compañías palmicultoras han ocupado más del 20% de estas ancestrales tierras que limitan con ambos ríos, correspondientes a la zona más habitable y viable agrícolamente.

A fines de los ’80, esta parte de Colombia se transformó en base de grupos paramilitares o “paras” fundados por tres hermanos de la familia Castaño: Fidel, Vicente y Carlos, quienes venían de las filas del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Los Castaños recibieron un generoso apoyo logístico y financiero de empresarios, políticos, terratenientes, narcotraficantes y militares. Colaboraron tan estrechamente con la guerra sucia del Ejército contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que un reporte de 2001 de Human Rights Watch se refiere a ellos como la “sexta división” del Ejército. Alimentados por un ferviente anticomunismo, los señores de la guerra -como los Castaño- mataron salvajemente a miles de inocentes acusados de simpatizar con la guerrilla.

Hacia mediados de los ’90, los informes de derechos humanos mostraron que los paras habían reorientado su violencia hacia fines económicos: tomando tierras y negocios, eliminando oponentes y protegiendo su actividad más lucrativa, el narcotráfico. Los Castaño y sus aliados se convirtieron en los indiscutidos sultanes de la cocaína, ganándose importantes puestos en las listas de los más buscados del gobierno estadounidense. Los señores de la guerra iniciaron una sangrienta marcha hacia Urabá.

Primero aparecieron panfletos advirtiendo a todos los colaboradores de la guerrilla de marcharse y los pueblos se llenaron de graffiti de paramilitares. Uriel Tuberquia, uno de los vecinos de Enrique Petro, recuerda que en los meses previos al arribo de los paras, en la comunidad corrían rumores de que venían los mochacabezas, en referencia a la forma en que los paramilitares desmembrarían los cuerpos de sus víctimas. Los paras usaban machetes para descuartizar los cadáveres y dentro del torso vaciado colocaban los miembros y la cabeza de sus víctimas. La espantosa práctica tenía una función práctica: el no tener que cavar fosas profundas. Otros de estos “cadáveres” simplemente se tiraban a la omnipresente corriente opaca de los ríos.

Cuando los paras finalmente llegaron, asesinaron al padre de Tuberquia mientras pastoreaba su ganado. “Lo mataron así desde lejos, a punta de bala, como corriendo atrás de él”, dice Tuberquia mientras fija su mirada en los árboles de palma con ojos inexpresivos:

-A mi papá nunca le pudimos dar un entierro, entonces quedó por ahí debajo de toda esa palma.

En octubre de 1996, los paras tuvieron un macabro aterrizaje en Chocó, con el asesinato de ochos campesinos en el pequeño pueblo de Brisas, a la orilla del río Curvaradó, a una hora a pie de la finca de Petro. Jesús Artiaga, otro vecino campesino de Petro, estuvo en Brisas el día de la matanza, en la cual dice que también participaron unidades de la Decimoséptima Brigada. El pueblo estaba lleno de gente por un torneo de fútbol. “Llegaron echando plomo. Tiroteando por todos lados diciendo ‘¡todo el mundo al suelo, todo el mundo al suelo’!”. Un sol ardiente picaba a los cuerpos inmóviles acostados bocabajo en el cemento de la plaza central. Unos paras armados hasta los dientes arrastraban el contrafilo de sus machetes por las espaldas de los campesinos tendidos en el piso. Unas horas después escogieron a seis hombres de la multitud y los fusilaron ahí mismo. Mientras se iban, mataron a otros dos tirando sus cuerpos lánguidos por el borde de un puente.

Lo que siguió fue un crescendo de terror simplemente llamado por los campesinos como “La Violencia”. En febrero de 1997 los militares, respaldados ese año por un apoyo estadounidense de US$ 87 millones, hicieron equipo con su “sexta división” para batir el norte del Chocó. Helicópteros del Ejército y aviones de combate lanzaron bombas y fuego de alto calibre contra las comunidades selváticas, mientras los paras “limpiaban” a su paso. Militares y paramilitares instalaron retenes –muchos a pocos metros del otro bando– en todas las rutas. Los grupos internacionales de derechos humanos documentaron masacres, tortura, asesinatos y desapariciones. Los paramilitares cerraron el año con el asesinato de treinta y un campesinos en el pueblo de Buena Vista la semana antes de Navidad.

De acuerdo a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, la ofensiva de 1997 forzó el desplazamiento de unas 17.000 personas desde sus tierras. Sólo en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, 140 campesinos fueron reportados muertos o desaparecidos, casi todos por soldados y paramilitares. En esa época, Petro ya había perdido a su hermano y sus dos hijos por “La Violencia”, uno de ellos asesinado por las FARC. Los paramilitares le advirtieron repetidamente que lo matarían si no dejaba sus tierras. Intentó quedarse, pero cuando otro de sus hijos se quiso ir, Petro decidió abandonar su tierra.

“Ellos decían que iban hacer una limpieza de la guerrilla”, recuerda Petro. “Hicieron una limpieza, pero de nosotros los campesinos. Nos sacaron a todos”. En entrevistas, los campesinos que sobrevivieron al desplazamiento forzoso dicen que cuando empezó “La Violencia” los paramilitares llegaban a sus fincas con una escalofriante oferta: “O nos vende o negociamos con la viuda”.

Para el 2001, cuando los paras anunciaron el control definitivo de Urabá, Petro y otros campesinos ya se habían dispersado. Algunos seguían escondidos bajo el tapiz de la selva; otros habían abandonado definitivamente el Chocó. Pese a que los paras les advirtieron que no visitaran sus fincas, los campesinos escucharon rumores de que esas tierras estaban siendo sembradas de palmas.

Gustavo Duncan, analista de seguridad de la Universidad de los Andes en Bogotá, dice que el giro de los paramilitares hacia la palma fue una decisión de negocios lógica: “Es un cultivo que contribuye al control territorial y que permite invertir el capital acumulado de las drogas en un negocio rentable”. De acuerdo a la declaración de un ex empleado de Urapalma que cooperó con la investigación de la Fiscalía, el principal puente entre los Castaño y los inversionistas fue Hernán Gómez, uno de los mentores ideológicos de los hermanos Castaño y esposo de la actual presidenta de Urapalma. La declaración asegura que Gómez, quien no devolvió los múltiples llamados hechos a su casa, ayudó a los Castaño a reclutar a narcos ricos y con experiencia en el cultivo de palma para invertir en Urapalma.

En una entrevista en 2005, Vicente Castaño admitió con orgullo: “En Urabá tenemos [los paras] cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”.

Cuando los campesinos empezaron a retornar a sus hogares después de 2001, encontraron a sus campos arrasados y plantados con plántulas de palmas. Compañías como Urapalma habían puesto letreros con grandes letras: Propiedad Privada. La permanente presencia paramilitar aterrorizaba la zona.

Petro pasó cinco años sin ver sus tierras, refugiado en el pueblo cercano de Bajirá. Volvió recién en 2002 a un panorama devastador: “Perdí todo el trabajo de mi juventud,” dice Petro. Recita un lista que aparentemente se sabe de memoria: “Yo tenía por lo menos 110 vacas, yo tenía 20 carneras, tenía nueve bestias, mi esposa muchas gallinas…”

Urapalma arrasó su potrero para sembrar palma. Cuando volvió para nuevamente sacar a su finca adelante, el miedo no desapareció: “Me puse a trabajar y después de trabajar un año vinieron los paramilitares aquí a matarme y ahí fue que me dejaron esos escritos”. Él se había ido al pueblo esa mañana así que se salvó. Pero cuando volvió, se encontró con una casa saqueada y casi destruida, llena de graffiti de eslóganes del bloque paramilitar que controlaba la zona. Los mensajes amenazantes todavía se ven en las paredes de su casa destartalada.

USAID y la palma

Tres meses después de que los paras saquearan la casa de Petro, Urapalma envió su solicitud de financiamiento a las oficinas en Bogotá de ARD Inc., un contratista de desarrollo con 30 años de experiencia y sede en Burlington, Vermont, además de oficinas en cuarenta y tres países. En su sitio web, ARD se describe a sí misma como guiada por “los ideales de Vermont de liderazgo en asuntos ambientales y participación local en el gobierno”. USAID, una gran fuente de recursos para ARD, tiene US$ 330 millones en contratos activos con la compañía.

En enero de 2003, ARD empezó a administrar US$ 41,5 millones para el Programa de Cooperación en Agronegocios con Colombia (CAPP, por su sigla en inglés) de USAID. Urapalma fue una de las primeras compañías en enviar una solicitud. La empresa ligada a Macaco, Coproagrosur, recibió su donación de US$ 161.000 el año siguiente (un tercio del monto fue devuelto sin ser gastado). Los reportes trimestrales de ARD muestran que Urapalma pidió financiamiento por US$ 700.000 para cubrir la plantación de 1.500 hectáreas en Urabá, el epicentro de las tierras robadas. La solicitud inició su camino dentro del proceso de ARD.

Representantes de USAID se refieren al proyecto propuesto por Urapalma como una “alianza estratégica” y normalmente llaman a este tipo de iniciativas como “lideradas por la comunidad”. Un funcionario de la embajada estadounidense dice: “Sin nuestro apoyo, los campesinos serían más débiles para negociar alianzas justas con los industriales”. Pero de acuerdo a documentos de la investigación hecha en 2007 por la Fiscalía que fueron obtenidos por el Fondo de Investigación de The Nation Institute, las compañías palmicultoras en Chocó utilizaron estas asociaciones para legitimar las adquisiciones ilegales de tierras, muchas veces a través de fraude y coerción.

Parte de la investigación se basa en una declaración de Pedro Camilo Torres, un ex empleado de Urapalma que manejó las solicitudes de apoyo financiero entre 1999 a 2007, incluyendo la petición hecha a USAID. En su declaración, acusa a Urapalma de haber creado organizaciones campesinas “de papel” para obtener falsos títulos de dominio y acceder a fondos públicos.

El caso más emblemático de fraude involucra a Lino Antonio Díaz Almario, quien supuestamente compró 5.900 hectáreas en el año 2000, una fortuna imposible para un campesino pobre. Inmediatamente después vendió esas tierras a la Asociación de Pequeños Productores de Palma de Aceite de Urabá, una organización formada por Urapalma. Pero Díaz estaba muerto desde 1995, cuando se ahogó en las aguas turbias del Jiguamiandó.

El proyecto propuesto por Urapalma a USAID, de acuerdo al resumen de un reporte de ARD, se refiere a “asociaciones afrocolombianas”. Según la declaración de Torres y de testigos citados por la Fiscalía, todas las organizaciones campesinas fueron montadas por Teresa Gómez, a quien el Tesoro de Estados Unidos identifica como “gerente de finanzas” de la vasta federación narco-paramilitar de los Castaño. Dirigió al meno otras dos ONGs ligadas a los paras y es buscada por el asesinato de una líder de campesinos en la provincia de Córdoba, que reclamó la devolución de tierras incautadas por los Castaño. Llamados telefónicos y mensajes dejados al equipo de Urapalma durante meses nunca fueron contestados.

Susan Reichle, la directora de la misión de USAID en Colombia, dice que Urapalma nunca recibió el dinero gracias al riguroso proceso de revisión de la entidad. “Mi equipo tiene un protocolo de tierras y todo un proceso para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades y a través de una exhaustiva investigación, que esta tierra es sana,” dice. Pero admite: “Me encantaría decir que el proceso es cien por ciento seguro pero desafortunadamente nunca lo va a ser”. Sean Jones, quien encabezó los programas de desarrollo alternativo de USAID en Colombia desde 2006, contradice a Reichle, asegurando que la solicitud de Urapalma se estancó debido a que la compañía no cumplió con la entrega de la requerida documentación.

De acuerdo a los reportes trimestrales de CAPP, un “comité de revisión” conjunto entre USAID y ARD avanzó la propuesta de Urapalma hasta la penúltima etapa del proceso –un paso antes de la entrega del dinero- hacia enero de 2005. Roberto Albornoz, quien encabezó el programa agroindustrial de ARD en Colombia desde el inicio del contrato con USAID, dice que su equipo realizó un proceso de revisión, pero nunca encontró evidencia de actividades sospechosas. Confirma que el proyecto se “congeló” en abril de 2005 sólo después de que Urapalma dejara de enviar la documentación. Albornoz dice que su equipo no supo del pasado oscuro de Urapalma hasta que apareció un artículo en la revista Semana, cinco meses después de que la propuesta fue congelada.

Consultado sobre por qué los revisores de ARD fallaron en sospechar de las actividades ilegales de la compañía, Jones hace eco de los dichos de Albornoz: “Las acusaciones sobre Urapalma no habían aparecido en la prensa en ese momento”.

Pero los desplazamientos forzosos y masacres en Urabá ya eran información pública entonces. En julio de 2003, un mes antes de la solicitud de Urapalma a USAID, el diario El Tiempo reportó que “los proyectos de palma africana en el sur del eje bananero de Urabá chorrean sangre, miseria y corrupción”. El Washington Post relató la misma historia dos meses más tarde.

En cables desclasificados de la embajada de Estados Unidos, representantes diplomáticos en Bogotá sonaron la alarma sobre el dominio de los paramilitares en Urabá ya en 1996. Un cable de ese año sostiene que “los Castaño han obtenido enormes ganancias de sus actividades y han sido reportados adquiriendo miles de acres de tierra en el norte de Colombia”. El cable caracteriza al creciente control paramilitar en todo el país como la creación de “estados cuasi-independientes” provocando la “feudalización de Colombia” y menciona específicamente a Urabá.

En 2003, cinco meses antes de que Urapalma solicitara apoyo financiero a USAID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos individualizó a la compañía en la colusión con paramilitares en Urabá. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”. Es decir, paramilitares. Soldados y paras iniciaron incursiones armadas, concluyó la corte, para “intimidar” a comunidades “ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

Albornoz dice que ARD cruza los datos de los registros de las compañías con las bases de datos de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre personas vinculadas al tráfico de droga. Pero la compañía sí tenía evidentes vínculos narco: en sus papeles de registro de la cámara de comercio, Urapalma tiene entre sus inversionistas fundadores a dos hermanos de la familia Zúñiga Caballero, a quienes las autoridades colombianas acusa de ser un clan con conexiones paramilitares y con vínculos con los carteles de Medellín y Cali.

Cientos de miles de dólares

Aunque USAID eventualmente congeló la propuesta de Urapalma, la agencia otorgó una donación a Coproagrosur, la compañía cuyos bienes fueron entregados por Macaco, y otra a Gradesa, que refina aceite de palma para consumo doméstico y exportación, principalmente a Estados Unidos. De acuerdo a los reportes de ARD y los documentos de USAID, la donación de la agencia a Gradesa ayudó a financiar un proyecto en Belén de Bajirá, Chocó, el mismo municipio de Urabá donde queda la sede de Urapalma y las tierras de Enrique Petro. USAID parece haber apoyado la participación de Gradesa en refinar aceite de palma proveniente de los sangrientos campos del Chocó.

USAID insiste en que nunca financió un proyecto de palma en Chocó. Representantes de USAID, Gradesa y ARD niegan que el proyecto tuviera actividades en Belén de Bajirá, a pesar de tres años de referencias al pueblo en documentos internos y públicos. Representantes de USAID dicen que el lugar fue incluido erróneamente luego de que Gradesa equivocadamente lo mencionara en un reporte de avance.

-El error pasó inadvertido porque el mayor interés se centra en la información de hectáreas, familias, empleo y presupuesto invertido -explicó por email el encargado de prensa de USAID,

En cualquier caso, al tiempo que USAID concedía a Gradesa US$ 257.000 el 19 de diciembre de 2003, documentos corporativos muestran que los mismos dos hermanos Zúñiga (Antonio y Carlos) que invirtieron en Urapalma, también se sentaron en el directorio de Gradesa. (En 1987, Carlos figuró en una lista de narcotraficantes del gobierno colombiano). En marzo de 2005, la Fiscalía anunció que estaba incautando la participación de Zúñiga en la empresa y presentando cargos criminales contra los hermanos por usar Gradesa para lavar narco-dólares. De acuerdo a un oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la participación era de 50%. Una reciente entrevista con el presidente de Gradesa reveló que los hermanos tenían dicho porcentaje desde comienzos de los ’90, mucho antes de la donación hecha por USAID. El caso de la Fiscalía sigue su curso en los estrados de las cortes colombianas, en el quinto intento del gobierno por fijar cargos de lavado de dinero contra los Zúñiga.

A pesar de la acción legal pendiente, USAID aprobó una segunda donación a Gradesa en 2007, esta vez por US$ 400.000, como parte de un nuevo contrato a cinco año con ARD por US$ 182 millones. En una respuesta oficial por escrito, un funcionario de la embajada de Estados Unidos dijo que como USAID no recibió ninguna notificación formal del caso contra los Zúñiga, “USAID no tenía ninguna forma de saber del vínculo entre Gradesa y la investigación contra los Zúñiga”. El funcionario agregó que “nada disparó las alarmas” en el proceso de revisión para el segundo financiamiento de Gradesa y que como los Zúñiga ya no eran “accionistas, inversionistas o administradores”, no calificaron como “receptores” de la donación. Lo cual es lógico ya que la compañía ya estaba intervenida por la Fiscalía y las acciones de los Zúñiga estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Desplazamiento permanente

La vida no ha mejorado mucho para Petro y los demás campesinos desplazados de la zona. En abril el gobierno devolvió 1.300 hectáreas –apenas el 6% de las tierras robadas- a algunos campesinos del río Curvaradó. Doce años después de que fueran forzados a partir, el resto se mantiene como desplazado. El gobierno dice que está presionando a las empresas palmicultoras para que devuelvan voluntariamente las tierras restantes, pero ya muchas veces los lugareños han escuchado ese tipo de promesas. Mientras tanto, las compañías siguen cargando camiones llenos de corozos de palma. A Petro sólo le queda una fracción de su finca, parte del cual ha convertido en una “zona humanitaria”, un campamento de chozas de madera llamado Caño Claro, habitado en los últimos años por una docena de familias desplazadas.

Más de 2.500 personas todavía sobreviven en un puñado de estas zonas humanitarias esparcidas a lo largo de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, pese a que ninguna es reconocida legalmente por el gobierno. En algunos casos, todo lo que separa a esos refugiados de sus tierras cubiertas de plantaciones de palma, es una sucia calle destapada con charcos y posos enormes. Estos caminos son patrullados por paramilitares, ahora vestidos de civil, y soldados del Ejército. Niños corretean alrededor de los campos con sus barrigas infladas por la enfermedad y la malnutrición, mientras sus familias claman por fuentes de subsistencia. Las represalias y violentas amenazas contra quienes demandan la devolución de sus tierras han aumentado últimamente.

Un día de octubre pasado, el líder campesino Walberto Hoyos fue ejecutado de un disparo cerca del río Curvaradó. Su cuello y su cara fueron reventados por las balas de un paramilitar. A la mañana siguiente, los residentes de Urabá se levantaron para encontrar sus pueblos nuevamente rayados con graffitis frescos y forrados de panfletos anunciando la formación de un nuevo grupo paramilitar. Una inquietante repetición de los eventos anunciando “La Violencia”.

*Teo Ballvé es un periodista independiente que escribe para revistas como Nacla Report, The Progressive y The Nation, medio que publicó originalmente este reportaje en inglés. El apoyo para realizar este artículo fue entregado por el Puffin Foundation Investigative Fund de The Nation Institute, con respaldo adicional de Project Word.

Los dos links siguientes corresponden a reportajes de la revista Semana de Colombia sobre el mismo tema, cuyos periodistas han investigado durante años las actividades de los paramilitares en la zona y sus apoyos y vínculos políticos y económicos.
Palma adentro
La palma maldita

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Si bien el último año registró una baja en la tasa de homicidios en relación a 2006, las estadísticas desde mediados de los noventa han ido en alza. Pero no sólo han variado las cifras, sino también la calidad de los hechos de sangre, que han tendido a ser cada vez más brutales y en su mayoría motivados por situaciones absurdas, en riñas o rencillas. En este reportaje, que revisa los casos más emblemáticos y feroces del último tiempo, se da a conocer un ranking del homicidio en las comunas de la Región Metropolitana. La lista es encabezada por Puente Alto, que concentra el 10% del total de los casos en la región. Le siguen San Bernardo, Santiago Centro, La Pintana, Talagante, La Florida, Maipú, Pudahuel, Peñalolén y La Granja. Esas diez concentran más de la mitad de las muertes por acciones de terceros en la capital.

El caso fue noticia del día, no más allá de eso. Tal vez influyó la víspera de fin de año, el sector en que ocurrió, la atención que por ese entonces demandaba y seguiría demandando el asesinato de la ejecutiva María Soledad Lapostol, ocurrido unos días antes de Navidad en Ñuñoa. El hecho es que la muerte de Gabriel Alejandro Albornoz Jiménez, un travesti de 27 años que fue apuñalado por un grupo de adolescentes neonazis del sector, no reclamó más que unas pocas líneas. Gabriel Alejandro era conocido como Alejandra y fue emboscado de madrugada en el llamado barrio rojo de Puente Alto, Eyzaguirre esquina Brasil. Su cuerpo se desangró en el asfalto con las primeras luces del último domingo del año.

Fue un crimen de relieve, el tercero de esa naturaleza del año pasado, pero en Puente Alto ocurren muchos crímenes. Más que en cualquier otra comuna de la capital. Gabriel Alejandro Albornoz Jiménez fue la última persona asesinada en 2007 y una muestra del clima de violencia que se vive en esa comuna.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas por CIPER entre las cuatro fiscalías de la Región Metropolitana, Puente Alto es la comuna con los mayores índices de homicidio en la capital. De los 610 casos reportados en 2007 en el Gran Santiago, 62 corresponden a la comuna cordillerana. El diez por ciento del total de la región. La cifra es similar a todas las muertes por efecto de terceros reportadas en la VI Región en un año y se acerca al promedio de un asesinato y medio por semana.

El último fue un año particularmente violento en Puente Alto. Allá hizo fama la joven pistolera Caroleyn Alarcón, quien descargó 19 tiros contra dos sujetos que estaban en su casa por alguna razón. Allá también un partido de fútbol derivó en una balacera entre las barras que terminó con una niña muerta de un balazo en la cabeza. Fue un año duro, pero el que transcurre se perfila peor.

Sólo en enero último hubo ocho casos de sangre con resultado de muerte y las cosas podrían haber sido todavía más lamentables. Fue en Puente Alto que el dueño de una serpiente baleó a cinco vecinos porque éstos protestaron al ver que la mascota daba vueltas por el barrio. Los cinco sobrevivieron de milagro. También en Puente Alto dos hermanos menores de edad fueron golpeados brutalmente en la cabeza con un objeto contundente. Sólo el mayor de ellos se salvó.

La cosa es brava. Su alcalde imploró recientemente por un aumento de la dotación policial y la Fiscalía Sur, que tiene jurisdicción sobre la zona, destinó a principios de febrero a dos fiscales con dedicación exclusiva para investigar asesinatos y porte de armas y explosivos.

Los índices guardan una cierta lógica. Puente Alto es la comuna con mayor densidad del país y la más poblada de la capital, con 492.915 habitantes de acuerdo al último Censo. También, según el mismo Censo de 2002, en sólo diez años se duplicó su población. Sin embargo, el fenómeno de la criminalidad no responde siempre a una misma lógica.

La Florida y Maipú, que tienen una cantidad de habitantes similar a Puente Alto, en 2007 reportaron 28 y 26 casos, respectivamente. Menos de la mitad que la otra. Y aunque esta última comuna tiene cerca del doble de los habitantes de su vecina San Bernardo, ésta es la segunda con mayores índices de homicidios en la capital. San Bernardo sumó 54 casos, ocho menos que Puente Alto, seguida por Santiago Centro (41), La Pintana (33), Talagante (32), La Florida (28), Maipú (26), Pudahuel (23), Peñalolén (21) y La Granja (21).

Esas son las diez comunas más críticas. Las que en conjunto concentran más de la mitad de los asesinatos que ocurren en la capital.

Por el contrario, si se consideran únicamente las comunas que superan los 50 mil habitantes, el ranking de las diez con menor criminalidad de la Región Metropolitana se compone por Vitacura (1 caso), Ñuñoa (2), Providencia (4), Las Condes (4), Lo Barnechea (5), La Reina (5), Melipilla (5), Macul (6), Independencia (6) y La Cisterna (7).

Las diez en conjunto no superan los índices de Puente Alto.

Vida salvaje

De acuerdo con las estadísticas de las fiscalías de la Región Metropolitana, el último año se reportaron 25 casos menos que en 2006, lo que supone una baja de un 2.4%. Las cuentas tienen cierta correspondencia con los últimos dos informes anuales del Servicio Médico Legal, SML, según los cuales las autopsias caratuladas como agresiones, que corresponden a muertes por acciones de terceros, tuvieron una baja del 0.5% en la capital. Sin embargo, las estadísticas del SML indican una tendencia al alza en los últimos diez años. Al comparar el número de casos de homicidios entre 1996 y 2006, el SML registra un alza de un 25.5% a nivel nacional.

Las cifras del Ministerio Público están basadas en los informes de casos de ingresos de parricidios y homicidios en sus diferentes tipos -con excepción del cuasidelito de homicidio y el homicidio frustrado- que se reportaron a diario.

La muestra presenta un cierto margen de error. Hay casos que ingresan en la categoría de Muerte y Hallazgo de Cadáveres pero que en el transcurso de una investigación podrían derivar en un posible deceso por efecto de terceros. También se dan casos de personas que llegan malheridas a un centro asistencial y que fallecen al corto plazo. Esos casos ingresan al sistema como delitos por lesiones graves, no obstante que deriven en asesinato.

Pese al sesgo de la muestra, las estadísticas por ingresos del Ministerio Público son bastante representativas y ofrecen una ventaja por sobre las cifras de homicidios de las policías, las de la División de Seguridad Pública del ministerio del Interior y las del Servicio Nacional de Salud, que no son coincidentes entre sí (ver recuadro 1): sólo las primeras permiten describir el fenómeno desde una perspectiva geográfica y detallada.

Atendiendo a estas cifras, que nunca antes habían sido conocidas de modo disgregado, los márgenes de la ciudad concentran los mayores índices de criminalidad. Cerro Navia por el norte; San Bernardo y Talagante por el sur; Maipú y Pudahuel por el occidente; y Peñalolén, La Florida y Puente Alto por el oriente. Los focos más críticos se encuentran en poblaciones relativamente nuevas, surgidas desde mediados de los años ochenta, donde la marginalidad no siempre resulta tan visible.

Para un visitante desprevenido, San Bernardo puede parecer un taza de leche. El lugar perfecto para un paseo dominical. Pero más allá de sus encantos, de su fenomenal parque municipal y su centro cívico de aires campestres, San Bernardo puede ser un buen infierno.

Robinson Arriagada es fiscal adjunto de la fiscalía local de San Bernardo y su especialidad son los delitos graves. Homicidios, violaciones, tráfico de drogas. Arriagada lo ha visto casi todo y sigue sorprendiéndose con lo más simple. Con aquellos casos en que se mata por cualquier cosa, por un absurdo, por un equívoco, por nada.

“Aparte de las típicas riñas, ajustes de cuentas y peleas por un territorio entre bandas que trafican con drogas, acá se da el típico homicidio en que un muchacho apuñala a otro en una fiesta porque le miró a la polola o la sacó a bailar. Es algo súper circunstancial, no van a la fiesta a matar, pero como es común que surja un altercado menor, y debido a que están drogados o bebidos y tienen que validarse ante sus pares, se produce una muerte segura con arma blanca. Muchas veces las muertes se originan así, por una tontera”, dice el fiscal Arriagada.

Al respecto hay un caso ejemplar ocurrido en San Bernardo.

En junio de 2006, en una fría noche de domingo, tres jóvenes fueron baleados en la puerta de su casa. El móvil, a juzgar por la coincidencia de los testimonios recopilados, fue la entrañable envidia que uno de los supuestos agresores, Rodrigo Alfredo Regollo, alias el Roly, le tenía a los hermanos Cesani, Bruno y Luciano. No habían deudas, conflictos o temas pendientes, sólo una envidia parida.

“Amigo nunca fui del Roly”, testificará después Luciano Cesani, que a diferencia de su hermano Bruno sobrevivió al ataque. “Nos juntábamos en un mismo grupo y al parecer a él le gustaba una chiquilla y creyó que ella estaba conmigo y por eso empezó la mala onda. Nos agarramos un par de veces e incluso hace como siete meses atrás me disparó mientras trabajaba con mi papá en el persa. Me disparó en la pierna, la espalda y la guata y me dijo ‘Igual te pillo y te voy a matar’ (…) Es que no sé, yo creo que todo se debe a una envidia muy grande que me tenía”.

Los Cesani vestían mejor que el Roly. Tenían mejores zapatillas, mejores pintas, mujeres más agraciadas. Los Cesani además trabajaban y tenían auto, y la suma de todo eso, según reafirman cercanos a los muchachos que conocieron el conflicto y prestaron testimonio en el caso, terminó por sentenciar a los Cesani.

El Roly permanece bajo prisión preventiva en el penal Santiago Uno. El juicio debería celebrarse a fines de febrero.

El Brooklyn

Desde su oficina de la Fiscalía Sur, en la Gran Avenida José Miguel Carrera, Pedro Orthusteguy pasa revista a los casos más célebres del año y sentencia:

-Esto es el Brooklyn.

Brooklyn, el barrio neoyorquino vinculado tradicionalmente a la mafia italiana, correspondería a la zona sur de Santiago y Orthusteguy, que es jefe de Delitos Sexuales y Violentos de esta jurisdicción, vendría a ser el sheriff.

La zona sur mantiene los más altos índices de homicidios en Santiago, con 216 casos ingresados en 2007 de un total regional de 610. El fenómeno está asociado a situaciones de alta densidad poblacional, bolsones de marginalidad y la existencia de bandas organizadas que operan en territorios específicos. Seis de las 12 comunas de esta jurisdicción alcanzan los 10 mil habitantes por kilómetro cuadrado. El 42% de todos los imputados en prisión preventiva de la Región Metropolitana pertenecen a esta zona. Hay sectores muy calmos y otros críticos como son la población San Gregorio de La Granja, la Legua Emergencia de San Joaquín, la Santo Tomás de La Pintana y El Volcán 1 y 2 de Puente Alto.

El Brooklyn. De buenas a primeras, considerando que Santiago es la capital con una de las tasas más bajas de homicidios en la región, la definición del fiscal Orthusteguy puede sonar desmedida. Además, de acuerdo con las últimas cifras, la zona sur bajó la tasa de homicidios en un 18.2% en relación a 2006. Pero si se atiende a algunos hechos de violencia ocurridos en la zona, el mote de el Brooklyn queda estrecho. Hay días en que la zona sur puede llegar a ser el Lejano Oeste.

En julio último, una tarde de domingo en que la Selección Chilena sub 20 debutaba en el Mundial de Canadá ante el equipo local, quince hombres armados hasta los dientes llegaron hasta la población Almendra Uno de La Granja para cobrarse venganza por un incidente muy menor ocurrido unas horas atrás.

Esa madrugada el Kelen manejaba su auto por una de las calles de la población cuando casi pasa a llevar un coche de guagua arrastrado por una familia. La familia venía de un bautizo y las emprendió contra el muchacho, que tuvo la osadía de bajar del auto y enfrentar a los hombres del grupo. El Kelen llevó las de perder y a duras penas, como pudo, logró subir al auto y arrancó prometiendo venganza.

Richard Andrés Espinoza Espinoza, el verdadero nombre de el Kelen, demoró horas en cumplir su palabra.

Primero baleó a uno de los hombres de la familia, pero como no encontró al que andaba buscando, que era Herve Contreras Cea, apodado el Huaso Pandy, le dejó un recado: en cualquier momento volvería por él.

La viuda de Herve Contreras recordará que esa tarde de domingo, mientras veía el partido de la Selección Chilena, su esposo recibió un llamado telefónico en el que le advertían que “los gallos van para allá”. Entonces “comenzó a realizar una serie de llamadas, poniéndose una pistola al cinturón”, y salió a la calle acompañado de don Nano y el Japonés.

El primero en caer fue don Nano, que murió de un tiro en la cabeza. Le siguió el Japonés, que cayó malherido en la calle y fue rematado en el piso. El último casi no tuvo margen de acción. Además de encontrarse en desventaja numérica, a Contreras Cea le faltaba un pie y tenía una sutura de 32 centímetros en el estómago por una operación reciente.

Herve Contreras Cea, el Huaso Pandy, fue sepultado en medio de disparos al aire que en parte fueron una señal de amenaza y en parte, de homenaje.

A seis meses del llamado Triple Homicidio de La Granja, el caso ya cuenta con imputados que se encuentran en prisión preventiva –entre ellos el Kelen, el Chocolo, el Plátano y el Platanito- y en los próximos meses debería ir a juicio.

Es probable que para entonces el caso no tenga la atención que obtuvo en su momento. Tal vez ni siquiera sea cubierto por los medios.

Pedro Orthusteguy recuerda casos como el de el Pequeño Jerry, un niño muerto por una bala loca que fue motivo de debate en la campaña presidencial de 2005. Joaquín Lavín visitó a la familia del niño que murió cuando se dirigía a comprar dulces en una calle de La Granja. Sebastián Piñera y Michelle Bachelet también entraron al debate. El autor del disparo que mató al Pequeño Jerry fue condenado recientemente y ningún medio informó del hecho.

“Una tónica de todos los casos de homicidios de la zona sur es que, una vez que ocurren, hay cero seguimiento de los medios”, se queja el fiscal Orthusteguy. “O sea, viene el gran escándalo y después se olvidan. Nosotros tenemos muchos casos como el de Aarón Vásquez acá, pero como no ocurrieron en Providencia, no se le prestan la misma atención. Ahora mismo tenemos cuatro violadores en serie como el Tila pero no lo sabe nadie. Yo solamente reclamo más atención porque eso nos permitiría tener los recursos que necesitamos. Lo voy a poner al revés: si esto mismo ocurriera en la zona oriente, estarían todos los recursos disponibles para enfrentarlo”.

Aniñados

A mediados de enero, cuando el principal inculpado por la muerte de María Soledad Lapostol acudió a un encuentro con su novia en Plaza Ñuñoa, más de 50 funcionarios del OS-9 de Carabineros se trasladaron al sector. El fenomenal despliegue, que terminó con la captura de Luis Araya Galaz, respondía a la prioridad que tuvo el caso desde un comienzo. El asesinato de la ejecutiva de seguros, quien fue encontrada maniatada y con cuatro balazos en la cabeza, tuvo una gran presencia en los medios y motivó que la Presidenta Bachelet saliera a comentar los hechos.

“Es indudable que en esos sectores los homicidios se notan más, aunque son muchísimo menos. Es muy notoria la diferencia de tratamiento”, concede Matías Moya, de la fiscalía local de La Florida, dependiente de la zona oriente. “Si nosotros tuviéramos la misma cobertura que tienen Providencia, Las Condes o Ñuñoa cuando ocurre un asesinato, derechamente habría que agregar un par de páginas de crónica policial en los diarios. Mi impresión, sin embargo, es que el problema de recursos recae principalmente en las policías, particularmente la Brigada de Homicidios de Investigaciones, y no en las fiscalías. Ellos trabajan para todos por igual”.

Matías Moya tiene a cargo los delitos violentos ocurridos en dos de las diez comunas más críticas de la capital. Esas dos son La Florida y Peñalolén. Dice Moya que la gran mayoría de los casos, especialmente los que ocurren en esta última comuna, se dan en el contexto de jóvenes que se enfrentan bajo los efectos de alcohol y pasta base.

“Prácticamente se ponen a pelear por cualquier cosa, y como portan armas, se enfrentan y se matan. En mi zona el arma blanca es muy común, y los motivos por los cuales llegan a matarse son ridículos: porque me miró feo, porque tuvimos una pelea hace dos años, porque jugamos un partido de fútbol y perdimos”, describe el fiscal Moya.

La impresión es compartida y tiene asidero en un reciente estudio elaborado por la Jefatura Nacional de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile que hasta ahora había permanecido inédito. De acuerdo con éste, en 2005 y 2006 la mayoría de los asesinatos pesquisados por la policía civil fue motivado por riñas y rencillas anteriores, con un 37% y un 23% del total de los casos reportados en 2005, respectivamente, y un 37.4% y un 22.8% en 2006.

Vale decir, por cada 10 asesinatos que ocurren en el país, 6 de ellos se originan por peleas o rencillas anteriores.

Por el contrario, los crímenes pasionales que tanta tribuna han reclamado en el último tiempo, instalando el tema del femicidio, representaron el 13.2% en 2005 y el 12% en 2006. Es decir, la muertes por motivos sentimentales habrían tendido a decrecer.

En este campo, contrario a lo que podría pensarse, las víctimas se reparten casi en igual proporción entre hombres y mujeres, aunque la tendencia apunta a “un aumento de las muertes de varones asociadas a este móvil respecto al año anterior”.

Si bien el informe concluye que casi la mitad de las muertes de mujeres está vinculada a conflictos sentimentales, éstas representan únicamente el 10% de las víctimas del total de los homicidios que ocurren en el país. La cifra es coincidente con el estudio de 1996 sobre Caracterización del Homicidio en Chile, de la Fundación Paz Ciudadana, según el cual sólo el 9% de las víctimas corresponden a mujeres.

La guerra de los sexos

Karla Guaita es coautora del estudio elaborado por la Jefatura Nacional de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Tres años atrás se graduó de psicóloga en la Universidad de Chile con un tesis en que analizó el fenómenos de los homicidios en la Región Metropolitana, a partir de las evidencias físicas y psicológicas del sitio del suceso, y lo que concluyó se corresponde bastante con el estudio de Investigaciones. La tesis, basada en los casos ingresados a la policía civil entre 1998 y 2002, corrobora que la mayoría de los homicidios se generan en situaciones de riñas (39%) o rencillas anteriores (23%). En cambio el móvil sentimental ocupa un rango menor, con un 13.9%, lo que indicaría una tendencia a la baja en este tipo de móviles.

“Es muy grave que haya muertes de mujeres en situaciones de violencia, pero su impacto social está realzado, tiene que ver con la forma en que los medios lo han colocado desde la casuística”, sostiene Karla Guaita desde un café del centro de Santiago. “Al menos hace tres o cuatro años atrás, con los datos recopilados en la Región Metropolitana, no es posible distinguir que haya existido un aumento en la muerte de mujeres. Mi impresión es que este comportamiento a nivel nacional no ha cambiado mayormente. Lo que ha cambiado es que ahora, por primera vez, el tema se ha puesto en el tapete”.

Desde mucho antes el tema viene siendo común para la fiscal Lorena Barudi. Ella atiende casos de delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Centro Norte, que concentra altos índices de parricidios y crímenes de mujeres, además de homicidios que involucran a inmigrantes que residen en comunas céntricas. Varios de esos casos son particularmente brutales.

Fue en esa jurisdicción que en 2006, en Santiago Centro, un profesor arrojó a su hija de seis años por la ventana de un sexto piso, además de intentar dar muerte a su esposa y madre de la niña. El caso vino a abrir el debate sobre el femicidio en Chile y, de alguna manera, opacó otro caso igualmente feroz ocurrido un año después en Estación Central.

La noche de un sábado de septiembre, en un edifico residencial, una mujer de 24 años asfixió a su hija de tres con una bolsa plástica para vengarse de su pareja. El drama se había iniciado poco antes por una discusión doméstica (la mujer quería ver un programa de televisión y la niña otro) y se extiende hasta hoy: María del Pilar Fucha tiene un embarazo de ocho meses y permanece detenida bajo medidas de vigilancia extremas.

La fiscal Barudi previene acerca del riesgo de victimizar a la mujer cuando ésta comete agresiones por motivos sentimentales. “Nosotros tenemos que perseguir delitos y ponernos del lado de las víctimas, independiente de si ésta es hombre o mujer. También tenemos casos de mujeres que han agredido a sus parejas y eso, de alguna forma, con todo lo que se ha conocido sobre el femicidio, tiende a justificarse, lo que resulta peligroso”.

Además de llevar el caso de María del Pilar Fucha, en estos días la fiscal Barudi trabaja en el cierre de la investigación de otro hecho brutal. Algo pocas veces visto.

En agosto de 2005, en un departamento de Santiago Centro, cuatro jóvenes se reunieron en un departamento residencial. La cita estaba relacionada directamente con nueve kilos de cocaína que permanecían en su poder y, por alguna razón, derivó en una masacre. A Jonathan Ramírez, de 23 años, le abrieron el cráneo a botellazos. Los vecinos escucharon sus gritos y llamaron a la policía. Así y todo no se detuvieron. De acuerdo con los peritajes de rigor, a Ramírez lo golpearon ininterrumpidamente durante media hora en la cabeza, y cuando la policía ingresó al departamento, los tres amigos permanecían donde mismo, con las ropas enteramente manchadas de sangre, dándole golpes al muerto.

El caso debería ir pronto a juicio y es muy probable que nadie más que los familiares de la víctima, además de los agresores, se interesen en él.

Los grandes y bellos ojos claros de María Cartagena brillan en varias ocasiones hasta que la última barrera de contención se derrumba y un torrente de emociones y dolores estalla. Todo su cuerpo se estremece, pero María hace acopio de sus fuerzas y asfixia sus sollozos. Y es que esta mujer de estatura imponente y rostro limpio ha sido implacable para cumplir con su deber de pasar inadvertida durante sus casi 59 años de vida. Incluso en los momentos límites. Pero ahí están sus múltiples huellas tanto en la defensa de las temporeras en Copiapó, trabajo que ha hecho por más de 20 años, como en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura, tarea que la llevó a convertirse en una estrecha colaboradora del obispo Fernando Ariztía de Copiapó, uno de los pilares de la defensa de los derechos humanos en Chile.

Como miles de mujeres chilenas, María fue una modesta dueña de casa. Su misión: mantener funcionando con lo que fuera la olla y el techo que daba cobijo a sus siete hijos y a su marido. Hasta que la noche del Año Nuevo de 1974 su vida dio un giro brutal y sorpresivo. Ese día María cambió de piel y a los 23 años comenzó a escribir otra historia. Una que la empujaría a ser protagonista anónima del submundo de los perseguidos y la conduciría hasta los parronales para ganar el sustento de los suyos. Dejemos que ella misma nos cuente su historia:

“Hasta 1974 yo era una dueña de casa muy apegada a la Iglesia Católica. Una mujer muy humilde y tímida porque fui criada por mi abuela en Ovalle. Mi mamá trabajaba y mi papá atendía el Club Árabe y el Club Social, y como tenían siete hijos, casi nunca estuve con mi mamá. A los 15 años ellos se separaron y me mandaron a estudiar a Copiapó, pero después mi mamá me mandó a buscar para que la ayudara con mis hermanos. Primero me mandó a trabajar a las tiendas, y después fui secretaria de don Raúl Salamanca, abogado de Ovalle. Don Raúl me enseñó mucho. Pero yo no fui feliz en mi juventud… La separación con mi madre, y los golpes, muchos golpes de mi mamá… Yo era la regalona de mi papá y por eso mismo creo que mi mamá me tenía celos. Y me duele decirlo porque ella está en este momento muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Copiapó. Y yo estoy sufriendo por ella.

Si he de ser sincera, debo decir que nunca tuve lo que se llama una mamá. Entonces, cuando me casé, me aferré mucho a mis hijos. El primer año de casada fue malo, mi marido me golpeaba. Yo nunca fui coqueta, pero los hombres me miraban…Un día mi papá se enteró de lo que me pasaba y me dijo que yo no tenía que dejarme golpear más porque lo tenía a él. Y por un tiempo se acabaron los golpes. Sufrí mucho, pero tenía a mi papá que me ayudaba incluso con dinero. Hasta que en 1985 mi papá se enfermó y con siete niños tuve que empezar a trabajar. Cuando a él le dio un infarto, ya no tuve más ayuda y me fui a los parronales. No sabía que me quedaría en los parronales por 20 años.

La desaparición de Eloísa

“Ayudaba a sacar gente que era perseguida, me atreví a ir a las minas a darles comida y muchas otras cosas que me pedía el obispo. Éramos pocos, casi puros abogados. Y con mis siete hijos yo despertaba pocas sospechas. Fíjese que esta es la primera vez que hablo de lo que hice en esos años.”

Mi vida cambió para el Año Nuevo de 1974. Ese día desapareció mi única hermana: Eloísa Cartagena. Desapareció junto a su marido. En Ovalle todos decían que la habían matado los carabineros. Fue terrible para mí, porque éramos muy unidas. Desde entonces, todos los años nuevos para mí son diez minutos de dolor. Me puse a buscarla y fue así como me relacioné más con la Iglesia Católica y el obispo Fernando Ariztía. Me incorporé a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ahí me hice una mujer fuerte. Trabajar en los parronales me hizo más fuerte aún.

Ayudaba a sacar gente que era perseguida, me atreví a ir a las minas a darles comida y muchas otras cosas que me pedía el obispo. Éramos pocos, casi puros abogados. Y con mis siete hijos yo despertaba pocas sospechas. Fíjese que esta es la primera vez que hablo de lo que hice en esos años. Ni mi familia ni siquiera mi marido supieron que yo llevaba gente perseguida a la casa y los presentaba como parientes lejanos. Y como mi marido pasaba en la calle, no se daba cuenta de las visitas. Sólo cuando fui a los cerros a darle comida a una persona que estaba allí escondida dijeron en la población que yo tenía un amante. Le llevaba comida al ex alcalde Celindo González, que está vivo todavía. Me dijeron que era él, pero se disfrazaba y al final nunca supe si de verdad lo alimenté a él. Por ese comentario mi marido me empezó a pegar más y más. Y ni siquiera por eso hablé…

Las versiones que se conocieron en Punitaqui y Ovalle decían que a mi hermana la habían matado los carabineros. Y hasta algunos contaron que habían visto cómo la sacaron en un camión tolva. Pero mi hermana nunca fue política. Ninguno de mi familia se metía en política. Sabía de un abuelo que fue revolucionario, pero nadie más. Un día de 1989, un jefe que tenía en la Unifruti, don Jaime Rodríguez, me pilló llorando. Le conté lo que me pasaba, que no encontrar a mi hermana era como una culpa, que yo la sentía cerca y soñaba con ella.

-Trabaje en la cosecha y la va a encontrar -me dijo.

Y entendí lo que quería decir. Junté $ 850.000 pesos en esa cosecha, trabajando desde la siete de la mañana hasta las siete de la mañana del otro día, dormía una hora y seguía trabajando. Fue un momento muy especial, juntaba plata para mi hermana y al mismo tiempo eran las grandes manifestaciones por la recuperación de la democracia y yo participaba de todo eso. El abogado que me ayudó fue don Eduardo Morales. Junto a Viviana Poblete y Leonor Cifuentes encabezaban esa gran batalla en mi región. Aprendí mucho en ese tiempo.

En enero de 1990 pasó algo distinto: algo me molestaba, como que por cualquier parte mi hermana me hacía sentir su presencia y me recordaba que la buscara. En febrero fue peor, sentí que me estaba volviendo loca. Lloraba sola en el parronal, lo único que le pedía era que me diera una pequeña pista para encontrarla. Hasta fui a hablar con una vidente. Le llevé dos fotos, porque nosotras éramos idénticas. Y la vidente me dijo: “Ella se llama Eloísa, está muerta y está en Ovalle. No te puedo decir más”. Bueno, ese febrero de 1990, trabajé en las últimas cosechas con mucho dolor de espalda. Y un día, al llegar de las parras a mi casa, mi marido me dijo:

-María, no sabís na quién está donde tu mamá: el “Chato”, el hijo de tu hermana.
Yo no lo veía desde que el niño tenía 2 años, cuando desapareció mi hermana, porque a él lo dejaron con la mamá de mi cuñado, que también desapareció. ¿Y sabe qué me pasó? Se me quitaron todos los dolores y me fui corriendo a la casa de mi mamá. Ahí estaba el “Chato”, ya tenía 20 años. Y le digo:

-Chatito, ¿dónde está tu papá?
-En San Julián -me dice.

Yo no sé por qué le pregunté eso al niño. ¡Se lo juró! Si yo iba a ver al hijo de mi hermana que no había visto desde que ella desapareció. Fue ahí que vi claritas muchas dudas en mi familia… Dudas que me dejaron marcada (su voz se quiebra)… Y decidí ir a Investigaciones. Yo había estado en contra de esos policías y también de Carabineros, les hacía protestas con velas, apoyaba a los niños cuando protestaban y se tomaban la universidad, di la cara y me pegaron… ¡Cuántas veces lo hicieron carabineros y “ratis” conmigo! Pero esa vez fui a hablarles… Y también les lloré. Llevaba en un sobre toda mi platita que había ganado en la cosecha, los $850 mil pesos. Y les dije que esa plata era de ellos si me ayudaban a encontrar a mi hermana. Les dije que había aparecido el hijo de ella, les pedí que lo tomaran detenido junto a uno de mis hermanos, que ambos tenían que saber algo. Les dije que tenía una duda terrible… Y ellos me escucharon y me dijeron:

“¿Cómo lo hacemos?”.
-Les cuento mi plan –les respondí-, lo he soñado toda una noche. Miren, el lunes detengan a mi hermano y al “Chato”. Yo sé que en diez minutos les van a decir dónde está el marido de mi hermana. Porque desaparecieron juntos, mi hermana con su marido, y si ahora aparece él solo, tiene que saber dónde está mi hermana.

Pero los policías me dijeron que no podían hacer lo que les pedía. Y como vieron que estaba tan desesperada, me preguntaron:

-¿Cuándo desapareció su hermana?
-Hace 15 años, en Ovalle- les dije.
-María, anda donde tu mamá, que ella abra un juicio en Ovalle –y me dijeron paso a paso lo que tenía que hacer.

Así fue como me comuniqué con don Carlos Stuardo, un policía de Ovalle. Ese día me voy donde mi mamá y le digo:

-¿Le gustaría encontrar a su hija?
-Claro, es lo que más deseo -me respondió.
-Pero, ¿caiga quien caiga? -le digo.
-Ah, no, pos -le escucho.

¡No me quiso ayudar! Yo ya no podía parar. Me fui donde uno de mis hermanos:

-Chico, mi mamá no me quiere ayudar, ¿tú quieres encontrar a la Elo?
Y mi hermano partió a convencer a mi mamá.
-No tengo plata para ir a Ovalle y tampoco para abrir el juicio -dijo ella.
-Aquí hay plata -le supliqué-.

Usted solamente reabra el proceso que yo doy la cara por toda la familia, pero busquémosla.
El domingo mi mamá se va a Ovalle. A la mañana siguiente abrió el juicio y ese mismo lunes, a las 12 del día, detuvieron a Guillermo Villar, el marido de mi hermana. A las seis de la tarde ya había confesado que fue él mismo quien mató a mi hermana. La estranguló… Y él mismo la enterró…

Su marido la enterró frente a Lagunillas. Estaba enterrada sola, con pura arena y piedras, en un basural junto a muchos animales muertos… Y estaba embarazada de cuatro meses… Después, se la llevaron a Santiago. Y mire como son las cosas, a mi hermana la encontramos el 1 de marzo y el 2 de marzo aparecieron los desaparecidos de Pisagua. Así que mi hermana tenía en la patita el número 62. Y me la entregaron en junio para que yo la enterrara. Yo le compré el cajoncito… No quise que nadie la viera, porque teniendo tanta familia en Ovalle nadie la había buscado. Y era mi única hermana… Siempre tuve la duda de si estaba metida en política. Y no lo estaba. Apareció en la lista de los detenidos desaparecidos, pero no era una desaparecida…

Lo peor fue que encontrarla me significó el desprecio de la familia, porque tomaron preso a mi cuñado. Cuando apareció Guillermo, el marido de mi hermana, les contó a ellos la historia de que mi hermana iba arrancando por la Cordillera y se había reventado en sangre. Les pidió que a mí no me dijeran nada, que después él mismo me contaría. Estuvo poco tiempo preso: solo ocho meses…
-Un día decidí ir a verlo a la cárcel. Me atreví porque con todo lo que había aprendido de los palos de la dictadura, ya no era la misma mujer que cuando mi hermana desapareció. Me enfrenté con él y no fue capaz de decirme por qué lo hizo. Después, los mismos presos políticos del penal donde estaba lo acuchillaron. Y ya no pude ir más. Sé que ahora está inválido. Desapareció junto con mi hermana y apareció 15 años más tarde porque conocía como funciona la ley de prescripción. Lo peor es que varios en la familia sabían donde estaba. Hasta mi mamá…

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

¿Qué ha pasado con las mujeres de tu generación con una mujer en La Moneda?
Las mujeres ahora sí piensan que han avanzado por el hecho de que resultó elegida Michelle Bachelet. La prueba fue cuando ella ganó y salieron las mujeres a la calle a celebrar con bandas presidenciales. Lo celebraban como el triunfo de las mujeres, siendo que era el triunfo de una alianza política. Puede que sigan viviendo en una familia machista, que en sus casas les sigan pegando, que sigan ganando menos que el marido a pesar de hacer lo mismo o más, pero se sienten representadas. Pero los avances concretos dependen de las mismas mujeres. Un estudio indica que la mayoría de las mujeres que denuncia a su pareja por violencia después retira la demanda. Y eso muestra que si la mujer no da un paso adelante, no habrá avances. Falta proyectar hacia abajo.

En la llamada revolución de los pingüinos, se vio a mujeres como tú en roles de liderazgo. ¿Es fruto de un proceso de cambio cultural en tu generación?
Las mujeres se están atreviendo más. Antes la mujer daba un paso atrás porque pensaba que el hombre era mejor que ella. Hasta le daba un poco de miedo. Eso ya no se ve. Hay un cambio de mentalidad, de la mujer y del hombre, porque el hombre joven confía más en la mujer también. El hombre joven hoy es capaz de reconocer que una mujer puede tener más capacidad que él. Además, ahora no es mal mirado que las mujeres prefieran dedicarse al trabajo, a la política, a desarrollarse profesionalmente antes que casarse o tener hijos. Antes eso era la excepción. Estos avances no son producto de un cambio de mentalidad sólo de las mujeres, sino que de la sociedad.

¿Prima en tu generación la tendencia femenina a proyectarse laboralmente para tener autonomía economía?
Es un tema generacional: entre hombres y mujeres no hay diferencias sobre este punto. Tal vez llama la atención que las mujeres de mi edad piensen en independizarse antes que casarse. Asombra. Pero esta generación es así. La liberalización, en todo sentido, va acentuándose cada vez más. Pienso que se debe, en parte, a la globalización y a la televisión, por la comparación con lo que sucede en otros países. La cultura chilena siempre ha tendido a imitar a Europa y a los gringos, y las series que se ven en Chile y que vienen de esos países, te muestran mujeres más liberales. Eso va despertando aceleradamente cambios de mentalidad, culturales.

¿Ha influido algún marco institucional para acelerar esos cambios?
Los cambios también se aceleran con otras herramientas que se abren, como el divorcio, los tribunales de familia, las penas de cárcel por violencia intrafamiliar o la “Píldora del Día Después”. La gente del barrio alto perfectamente puede comprar en las farmacias dicha píldora y opera con una mentalidad totalmente liberal, mientras que una mujer de un sector socialmente vulnerable no tiene la plata y lo más probable es que en tres meses más se haga un aborto en pésimas condiciones o si tiene ese hijo nacerá en la pobreza. Estas políticas del Estado acercan la igualdad de oportunidades. No son las que hacen crecer la tendencia liberal, simplemente otorgan herramientas para el cambio de mentalidad que ya está y hay que asumirla. Y cada persona verá si toma o deja estas herramientas.

¿Hay interés entre las mujeres de tu edad por sumarse a una batalla por los temas de género?
Hay mujeres y mujeres. Hay mujeres a las que les interesa el carrete o escuchar música, a otras les interesa ir a una capilla y están las que se interesan por las políticas públicas, como a mí. Dentro de ese último grupo hay algunas a las que les interesa el tema de género. En general, entre nosotras está el sentimiento de que la sociedad chilena es machista, sienten algún tipo de discriminación. La mayoría inconscientemente es producto de un cambio cultural, pero tienen otros intereses y no se cuestionan el fondo de las cosas. Con los hombres también se da ese fenómeno.

Cuando te comparas con las mujeres mayores con las que convives, ¿cuáles son las principales diferencias?
De todo: mentalidad, cultura, educación, sexualidad, matrimonio, hijos, profesión… Ellas entienden que hay un cambio generacional y respetan lo que yo hago cuando yo me respeto a mí misma. El tema es diferenciar entre libertad y libertinaje. Creo que mientras yo me respete y respete a los demás, ellas también me van a respetar a mí.

¿Cuáles con tus proyectos como mujer y profesional?
Lo más importante es identificar qué carrera voy a seguir. Mi proyección es profesional y mi prioridad es tener una carrera. No estoy pensando a qué edad voy a tener hijos o me voy a casar. Y en lo político, estoy viendo si puedo desarrollarme en la universidad. Las puertas y oportunidades se irán abriendo en el camino y mi mentalidad también puede ir cambiando en el camino…

¿Cuál es tu evaluación de la labor que ha desplegado Bachelet en su año y medio de gobierno?
Ha sido un cambio bastante grande que le hace bien al país. Pudo ser mejor o peor, pero estoy segura que a nivel de historia, de formas y métodos, es un avance. Los problemas que enfrenta, como el Transantiago, también le podrían haber pasado a un hombre. Pero es mujer y obviamente maneja formas y estilo diferentes. La han cuestionado mucho por una supuesta falta de autoridad, y yo estoy convencida de que ella significa un gran avance a nivel de mentalidad y cultura del país. Hay que acostumbrarse.

¿Cuál de todas las políticas de género adoptadas por este gobierno te parece la más importante?
Me impactó la paridad en el gabinete. Era impensable. Espero que haya sido por capacidad y no por discriminación positiva. Por lo que han hecho hasta ahora, me parece que fue por capacidad. Por ejemplo, al primer ministro de Educación, Martín Zilic, no le fue muy bien y hasta ahora la nueva ministra, Yasna Provoste, no ha tenido ningún problema grave como los que tuvo Zilic. Para ese cargo, Zilic estaba menos preparado que Provoste.

¿Cuál de todas las políticas de género de este gobierno te parece que ha sido la que más beneficia a las jóvenes de tu edad?
El acceso a la “Píldora del Día Después”, porque las afecta directamente. Ese es el cambio más fuerte que han vivido las jóvenes de mi edad y en situación social vulnerable. Las jóvenes que tienen recursos pueden optar a todo, pero ahora las vulnerables también pueden optar. El embarazo adolescente no deseado genera una discriminación a nivel social: condiciona tu vida y no la del hombre. La herramienta ya está y cada quien verá si la ocupa o no según su ética.

Sectores políticos y religiosos insisten en que no se entregue la píldora del día después a una adolescente mayor de 14 años sin el consentimiento de los padres.
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil establece que desde los 14 años un joven tiene discernimiento. La ley de abusos sexuales también establece los 14 años como límite para el discernimiento. Por lo tanto, si una joven tiene discernimiento para denunciar un abuso sexual o para ser responsable si roba o comete un delito, perfectamente puede tener discernimiento sobre su sexualidad. Por algo los especialistas tomaron la decisión de poner el límite legal del discernimiento a los 14 años. Y lo aprobaron todos los partidos políticos.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”

¿Qué fue lo más difícil como mujer mientras estuvo a la cabeza del Ministerio de Defensa con la primera mujer Presidenta?
Enfrentarse a una cultura masculina anclada tanto en el mundo político -a nivel de partidos y sus dirigencias- como en las organizaciones del Estado y de Gobierno. Ha sido bastante notoria la resistencia que hay en esos dos mundos a la llegada no sólo de una Presidenta, sino también de ministras. A ello se agrega la resistencia de la cultura política a un nuevo grupo que ingresa al gobierno de la mano de esta Presidenta, que no pertenece a la institucionalidad cupular de los partidos, que no llega por un acuerdo partidario, sino como consecuencia de una popularidad espontánea que sobrepasó la posibilidad de que las cúpulas decidieran quién sería el candidato de la Concertación.

Si tomamos cuatro ministerios clave -Secretaría General de la Presidencia, Defensa, Vivienda y Mideplan-, en todos ellos la Presidenta escogió primero mujeres militantes de muchos años, pero que no han estado en las dirigencias partidarias. Y, por lo tanto, han sido vistas desde el mundo político como personas “sin experiencia”. Esto generó en el primer año una sistemática agresividad despectiva hacia la Presidenta y a las ministras.

¿Podría graficarlo?
Los comentarios políticos de hombres en los que sistemáticamente y por meses se hizo una evaluación negativa basados en la “ineptitud” de algunas ministras, siendo que eran carteras que por su misma naturaleza no muestran mucho lo que hacen. Y si uno analiza la labor de los hombres que habían precedido a las ministras “ineptas”, realmente aparecían muy poco. La “ineptitud” tenía su origen en un prejuicio y en la total ignorancia de lo que las ministras estaban haciendo. Otro punto es que las ministras más visibles fueron calificadas por su aspecto: “dureza”, “rigidez”, “falta de cortesía”, “lejanía”. Después fueron tomando a otras ministras como ejemplo de “falta de capacidad política” o “falta de fineza política”. Y esa dureza se extendió incluso a la Presidenta. Muchos actores políticos -y comentaristas- han vertido permanentemente calificativos sobre la “ineptitud” de la Presidenta, una palabra que no habíamos escuchado respecto de ningún gobernante. Es mucho más duro decir “la Presidenta es inepta” a afirmar “la Presidenta se equivocó, cometió un error”.

¿Habría una especie de acuerdo del mundo político masculino para incurrir en esa descalificación?
No lo creo. Es más bien una reacción muy visceral ni siquiera demasiado consciente. Desde el principio del gobierno percibí en algunos sectores, incluso de la Concertación, y sobretodo entre los que habían estado en anteriores gobiernos de la coalición, una creencia basada más bien en las emociones que en la racionalidad de que este gobierno no tenía la capacidad de gobernar. Esa idea se fue instalando incluso durante la campaña presidencial.

Ese fenómeno, ¿cree usted que se agudizó con la elección que hizo Bachelet de los miembros de su gabinete?
Sí, y no sólo porque la mitad eran mujeres, sino también porque en su mayoría, el elenco masculino y femenino no pertenecía al establishment de los partidos. Como la derecha siempre ha calificado negativamente a los gobiernos de la Concertación, cuando esto proviene de nuestro propio grupo político, es un síntoma de un fenómeno cultural más profundo.

¿Cómo afecta esa reacción en la función de un ministro?
En formas bien concretas. En primer lugar, la forma en que los ciudadanos perciben la gestión es clave para su éxito. Nada se puede lograr, sobre todo cuando se está tratando de hacer cambios profundos, si la gente no percibe que son transformaciones que se están haciendo bien y con sentido. Si no es así, no habrá fuerza política para apoyar los cambios. Los mismos partidos no se ven obligados por la ciudadanía a apoyarlos. Comunicar lo que se está haciendo, por lo tanto, es vital. La forma en que se va percibiendo la gestión de un ministro o ministra está determinada en un porcentaje importante por lo que dice la prensa. Y las líneas editoriales de los medios de comunicación, salvo excepciones, las deciden hombres y normalmente de un mundo bastante conservador. Y en este tiempo hemos visto como todas las estructuras de poder tradicionales han expresado su rechazo respecto a este fenómeno político nuevo que encarna una mujer Presidenta, cuyo equipo no viene de las estructuras políticas tradicionales. En lo práctico, el hecho de que cada una de las cosas que se están haciendo es presentada en la prensa con un tinte negativo, obliga a que una parte importante del tiempo se dedique a buscar fórmulas para contrarrestar.

¿Cómo fue enfrentarse al mundo masculino en la organización del trabajo del Ministerio de Defensa?
Allí, la cultura dice que la jerarquía importa más que nada. Pero es apariencia, porque en la práctica hay una cierta costumbre, como en todos los ministerios, de concebir al ministro como un invitado de paso y, por lo tanto, lo que se hace se define al interior del grupo permanente, que es la estructura tradicional. Cuando cambia un ministro, si el nuevo se adapta a la forma de trabajo, se le hace la vida relativamente fácil, pero si viene con una agenda de cambio, se encuentra con una resistencia muy brutal y que consiste en simplemente no hacer, no entregar información, obstaculizar.

¿Qué hizo entonces?
Pasaron por lo menos seis meses antes de que los grupos más importantes del ministerio se fueran dejando seducir por la idea de que en realidad ellos podían ser objeto de una delegación, no sólo de funciones, sino de la capacidad de crear, pensar, diseñar. Y en la medida que lo fueron percibiendo no como una amenaza, sino como una oportunidad, empezaron a sumarse. Pero hubo varios meses de resistencia cerrada.

¿Cómo evaluó usted el rechazo a su propuesta, hecha desde Haití, a que Chile apoyara económicamente ese proceso?
No me esperaba esa reacción. Yo planteé que además de ayuda militar, gastáramos unos pocos recursos, algo muy menor, en asistencia técnica. No hablé de donaciones, sino de préstamos de Chile avalados por bancos multilaterales. La experiencia internacional en ese rubro indica que estos préstamos nunca se dejan de pagar, tienen una seguridad de repago casi del 100%. Entonces, lo que habríamos dado quizás es una fracción de una tasa de interés menor a la que podríamos ganar en los mercados internacionales. No era un regalo. Y la reacción fue visceral. Si yo hubiese estado en el otro lado, en el de las finanzas, habría dicho: “lo vamos a analizar”. Fue visceral porque principalmente se sintió como una invasión de territorio, más que porque la idea en sí no fuera sensata. Y la derecha reaccionó descalificándome al decir que era difícil encontrar una persona que supiera menos de economía en Chile que la ministra de Defensa. Pero yo estoy tranquila respecto a mi formación económica…

¿No se siente con menos herramientas en esa área, con complejos?
Ninguno. Y sé perfectamente que lo que proponía tiene sentido económico y estratégico. Pero la reacción por parte de algunas personas del gobierno y la Concertación fue irracional: cómo era posible que una ministra de Defensa, que además es mujer, se atreva a proponer algo que está fuera del ámbito estricto de lo militar. Nadie quiso ver que cuando nosotros vamos en operaciones de paz recibimos grandes beneficios, porque nos hacemos conocidos como país amigo en la comunidad internacional que tarde o temprano va a tener que pronunciarse sobre temas que a nosotros directamente nos incumben en el plano estratégico. Entonces, aumentamos nuestra capacidad de negociación y los beneficios son enormes. Lo curioso es que inmediatamente después, y a pesar de toda la alharaca pública que hubo, el Estado empezó a invertir recursos, no préstamos sino donaciones, en asistencia técnica a Haití. Lo que significa que lo anterior fue claramente una reacción a quién hizo la propuesta y no al tema mismo.

¿Qué otro episodio grafica esa reacción de la que habla del mundo masculino?
Cuando el comandante en jefe del Ejército dijo públicamente que él consideraba que cuando muriera el general Pinochet había que hacerle funerales de Estado, tanto la Presidenta como los ministros del área política y yo misma consideramos que eso no era aceptable. Era una opinión sobre un tema político que le compete al gobierno decidir. Un comandante en jefe no debe pronunciarse sobre esos temas. Entonces, hablé con él, le dije que no me parecía razonable ni correcto lo que había hecho y después, cuando la prensa me lo preguntó, dije que esa materia no le correspondía decidirla al comandante en jefe y tampoco le correspondía hacer públicas sus opiniones sobre ella. Se me criticó por haber reaccionado excesivamente ante una opinión personal de un comandante en jefe y se ensalzó durante varios días lo fantástico que era este general y su espíritu democrático. Y no me cabe la menor duda que cualquier ministro de Defensa habría hecho lo mismo. Muchos parlamentarios de la Concertación veían la actuación de esta ministra con una mirada de mejor no aparecer.

¿A qué lo atribuye?
La única explicación es que hay una sensación que está inserta en la parte emocional de muchos de nuestros hombres de que las mujeres no debemos meternos en temas serios, y cuando lo hacemos, debemos estar circunscritas a lo mínimo. También hay un cierto celo por el liderazgo, un cierto temor de que las mujeres sean percibidas por la población con aprobación y que levanten vuelo político.

¿Temor a sentirse desplazados?
Cuando las mujeres somos el 20% de un gabinete estamos dando muestras de que somos un país sin prejuicios y sin discriminación. Pero cuando ya llegamos no sólo a ser la mitad, sino que además empieza una ola de satisfacción de la población ante la llegada de un gabinete paritario -porque fue impresionante la reacción de los ciudadanos-, por primera vez el mundo masculino maduro, que tuvo la mayor dominancia en el siglo pasado, se encuentra con que esto viene a moverlos. Cuando escuchas a gente joven decir “este es el siglo de las mujeres” o en una conversación de adolescentes universitarios se dice “ahora les toca a las mujeres”, son señales de que hay un cambio. Y la idea de que los estilos cambien radicalmente produce temor.

¿Cuál es la reacción del mundo militar?
El mundo militar es muy curioso, porque se abrió a la llegada de las mujeres hace bastantes años. Y si bien aquellas que ingresaron a las Fuerzas Armadas y a Carabineros iban en gran medida a labores que tenían más que ver con lo administrativo, con el tiempo se han ido abriendo más espacios y ya hay bastantes mujeres que están en el manejo de armas y tecnologías. No están en infantería, pero sí en el manejo de sistemas bélicos. Lo que no les había ocurrido es tener mujeres en el mando. Y se encuentran primero con Michelle Bachelet y después con Vivianne Blanlot en un momento en que todo el sistema de la Defensa está a punto de cambiar, porque se han venido estudiando reformas para modernizar toda la cadena de decisiones y ahora viene su implementación. Y esa transformación significa que los ministros pasan a mandar en forma más clara, y los ministerios tienen mucho más que decir en las políticas de Defensa.

¿Y cuál es su balance sobre cómo la evaluaron?
Seguramente pueden haber tenido dudas respecto de mi capacidad para estar al mando. Y hubo comentarios al respecto. Pero mi impresión es que a nivel de comandantes en jefe y altos mando se llegó rápidamente a la conclusión de que, a pesar de ser mujer, mi decisión era ejercer la autoridad. Y no hubo discusión de ella. Ahora, con los comandantes en jefe dejé en claro desde la partida que las reformas las teníamos que hacer juntos, y en las cosas en que tuviéramos diferencias debíamos discutir hasta el final, con el espacio abierto para hacerlo en forma muy directa y cruda.

¿Cómo reaccionaron las instituciones de Defensa y Relaciones Exteriores del continente en relación a su condición de mujer?
No hay problemas de género. En el mundo civil de la Defensa a nivel internacional y entre los países con los que nos relacionamos, creo que somos de los más atrasados en esa materia a pesar de que la primera presidenta elegida de Latinoamérica es Michelle Bachelet. Las mujeres han estado mucho mejor insertas en la política en varios países latinoamericanos antes que acá. En Argentina, Uruguay, Colombia, hay bastantes más mujeres desde mucho tiempo atrás. No les llama la atención.

¿Qué cree que va a resultar de este choque de culturas y de la resistencia del mundo político e institucional masculino?
Creo que ya no hay posibilidad de que a futuro tengamos un gobierno que no tenga que dar explicaciones por no aplicar el criterio de paridad. Eso cambia las cosas y es un gran avance. Además, ha habido reacción de las organizaciones de mujeres. Hay un despertar respecto de estar atentas a lo que está pasando, que esto es algo que tenemos que cuidar y no podemos quedarnos pasivas. No tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando. El cambio cultural, en cuanto a género, está en marcha y es irreversible. En la generación de nuestras hijas e incluso un poco mayores, ya tienen una actitud distinta. Mi generación se plantaba sabiendo que había que derribar puertas, pero al mismo tiempo no podíamos ser demasiado agresivas porque se nos podía cerrar más el camino. Las mujeres de la nueva generación se consideran con todo el derecho a estar y no piden permiso. A ellas no les va a pasar lo que nos está pasando a nosotras. Sin embargo, a este gobierno se le van a poner más duras las cosas, por el solo hecho de tener una mujer Presidenta. Cualquier gobierno de la Concertación, por ser el cuarto de la coalición, iba a enfrentar mucha más dureza y exigencia, pero el que sea una mujer le agregó otro factor.

¿Ha tenido la posibilidad de aquilatar qué pasó con la mujer común y corriente en este año?
Si uno mira la legislación que se ha introducido en los últimos 15 años en los terrenos que le importan a la mujer común, ha habido pasos impresionantes respecto a reconocer varias cosas. Primero, que la mujer en Chile es la que lleva las riendas de la familia, es la que se hace cargo cuando el hombre decide no estar. Y hay una proporción importante de familias en que la mujer es la única proveedora y además jefa de hogar. Ello ha implicado modificar la forma en que se hacen políticas públicas: ahora tienen que dar cuenta de ese fenómeno en materia de salud y vivienda, que son los temas más importantes.

¿Se bate en retirada la imagen de la familia ideal, en la que se basa toda la publicidad, con mamá y papá, macho proveedor y mujer en un rol secundario?
Esa mirada ha sucumbido ante una avalancha cultural. Porque hoy el 80% de los chilenos entiende la sociedad como es y no como ese ideal que no existe. Eso ha venido acompañando este proceso de implementar políticas públicas dirigidas a la verdadera familia y se refleja en otro cambio al que este gobierno le ha puesto el acelerador: la acogida que la sociedad le da a la mujer maltratada. Ya no se trata de otras mujeres que ayudan, sino la sociedad disponiéndose a cuidar. Hoy es un tema sancionado socialmente. Y en el área educacional, el énfasis en las guarderías y jardines infantiles es un reconocimiento generalizado a que la mujer está en el mundo del trabajo. En el mundo real el avance es muy fuerte.

¿Y en el mundo de los negocios?
Este gabinete paritario le mandó un mensaje al mundo de la empresa privada porque hay muy pocas mujeres en directorios de grandes empresas. Y ellos han tenido, por primera vez, que nombrar mujeres en directorios. Todavía es incipiente, pero el proceso ya se inició. Están empezando a llevar mujeres a los niveles gerenciales más altos de empresas internacionales que tienen filiales medianas en Chile. Un fenómeno de los dos últimos años. Donde siempre ha existido mucha mujer a la cabeza y que se ignora, es en la pequeña y mediana empresa: la mujer empresaria que ha montado su empresa desde cero. Ante un mercado cerrado creo mi propia empresa porque no quiero ser siempre subordinada y aquí seré jefe aunque lo sea de un capital pequeño. Y las mujeres han demostrado ser muy buenas emprendedoras.

¿Cuál cree que son los métodos, acciones ejecutadas en el mundo del poder por las mujeres y que las diferencian de los hombres?
Siempre he visto en muchas mujeres una tendencia natural a entender que la buena gestión es aquella donde se delega y se aprovechan las características que tienen los que trabajan con uno. La otra actitud es decir “el cargo exige estas capacidades y si fulano no las tiene, se va”. Yo no he llegado a ninguna oficina pública a cambiar a todo el mundo. He llevado complementos. Y me ha dado resultados. Y he visto a muchas mujeres que su primer impulso es trabajar así, pero como en el mundo de la empresa y de los organismos del Estado a veces hay rigidez excesiva, se han encontrado con que este estilo no resulta, porque se califica ese método como debilidad en vez de percibir que es seguridad en la propia fortaleza. Como consecuencia, algunas mujeres están tomando un estilo más masculino de ejercer la autoridad y se obligan a trabajar con códigos de exceso de uso de la jerarquía, de ostentación de la autoridad sin sentido.

“El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las Becas AVINA de Investigación Periodística . La Fundación AVINA no es responsable por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido.”