La noticia no fue bien recibida en el Senado, donde ya se vislumbraba una transversal mayoría favorable a que ambos consejeros siguieran en la entidad que garantiza el acceso de los ciudadanos a los documentos del Estado. Uno de los que alzó la voz fue el senador y presidente de RN, Carlos Larraín, quien sostuvo que el gobierno tendría que haber actuado con más “consideración”. Desde la oposición, el diputado PPD Felipe Harboe estimó que esta decisión del Presidente menoscabaría la “brillante” labor que han venido realizando los consejeros.

En defensa de Urrutia, el senador Carlos Larraín dijo que hay sectores del oficialismo que ven con recelo el sello inquisitivo que el ex diputado le ha dado al Consejo. El tema fue abordado en una columna editorial de El Mercurio del jueves 5: “(la decisión de La Moneda) ha despertado críticas de algunas voces de oposición y también de la Alianza, pues se ha interpretado la no renovación en sus cargos como una suerte de sanción para estos consejeros”. Los comentarios se fundan en que Urrutia, aunque milita en el mismo partido que el Presidente de la República, ha votado en varios casos contra los intereses del gobierno.

Al interior del Consejo para la Transparencia confirman que hay dos procesos “emblemáticos” que demuestran el celo e independencia con que ha actuado Urrutia y que sellaron su “distanciamiento” con el gobierno. El primero fue una resolución que afecta a la Fundación Integra, encabezada por la esposa del Presidente Piñera, Cecilia Morel, entidad que se negó a entregar documentos relacionados con los ingresos de su plana ejecutiva y el destino de fondos que recibió para la reconstrucción de jardines infantiles, entre los cuales se cuenta US$100 mil donados por el cantante Ricardo Arjona.

El segundo caso también se refiere a documentos sobre dineros destinados a la reconstrucción y afecta a la Subsecretaría del Interior. En este proceso, el Consejo marcó un precedente, pues determinó que la subsecretaria que dirige Rodrigo Ubilla (RN) está obligada a entregar copia de los correos electrónicos de algunos de sus funcionarios.

LOS CORREOS DE LA RECONSTRUCCION

El caso que puso de punta al subsecretario Ubilla con el Consejo para la Transparencia lo inició el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer Bringas (PPD), quien el 16 de febrero de 2011 requirió de la subsecretaría los documentos que permitieran establecer por qué más de $300 millones destinados a cubrir la emergencia del terremoto fueron devueltos por la Gobernación Provincial de Melipilla sin haberse gastado.

Gebauer solicitó oficios y memorándums, pero también los “correos electrónicos institucionales remitidos desde el Ministerio del Interior a la Gobernación Provincial de Melipilla y, desde la Gobernación Provincial de Melipilla al Ministerio del Interior”, incluyendo los e-mails de las cuentas del propio subsecretario Ubilla y de la gobernadora, Paula Gárate.

La subsecretaría respondió el 10 de mayo de 2011 al edil, proporcionando la rendición de gastos, entre otros documentos, pero descartó de plano entregar copia de los correos electrónicos. A juicio de esa entidad, aquello vulneraría la vida privada y honra de las personas involucradas y sus familias.

El alcalde recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia el 30 de marzo de 2011. Adujo que la información que contienen esos correos es de suma importancia para la comuna de Melipilla y que no corresponden a la esfera de la vida privada por tratarse de comunicaciones entre autoridades, emitidas desde cuentas institucionales que son financiadas con fondos públicos y no desde correos privados.

El Consejo admitió a tramitación el amparo, por lo que la subsecretaría debía exhibir los correos a los consejeros para que estos ponderaran si efectivamente vulneraban aspectos de la vida privada de los funcionarios. En sus descargos, el 28 de abril de 2011 la subsecretaría del Interior argumentó su negativa a divulgar los e-mails señalando que afectarían la privacidad, que es parte de las garantías que asegura la Constitución. En segundo término, estimó que no estaría dentro de las atribuciones del Consejo acceder a los correos de funcionarios o autoridades públicas.

A pesar de las objeciones de la subsecretaría, el Consejo determinó el 14 de julio de 2011 que debía enviar copia de todos los correos que el alcalde Gebauer solicitó. Este es el primer caso en que se estima que los correos electrónicos institucionales contienen información de interés público: “Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, enfatiza el informe elaborado por el Consejo. De esta manera, estima que los correos reemplazan a los “actos administrativos contenidos en formato papel”.

El 12 de agosto de 2011 el Consejo para la Transparencia finalmente resolvió acoger el recurso (vea el documento oficial con los argumentos de la subsecretaría y la decisión del Consejo) y requirió al subsecretario Ubilla que entregara la información. La resolución contó con los votos favorables de los consejeros Ubilla, Olmedo y Alejandro Ferreiro, y con el voto disidente de Jorge Jaraquemada.

Como último recurso para anular lo obrado por el Consejo, la subsecretaría de Ubilla presentó un “reclamo de ilegalidad” ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 23 de septiembre, el que se encuentra en trámite bajo el Rol Nº 6704-2011.

DIFERENCIAS CON LA PRIMERA DAMA

El 25 de marzo de 2011 el concejal de Calera de Tango, Marco Jofré Muñoz, pidió a la Fundación Integra documentos referidos a la planta de personal y remuneraciones de los principales cargos ejecutivos de la entidad al 28 de febrero de 2010 y al 28 de febrero de 2011. También solicitó conocer los gastos realizados con la donación de US$3 millones entregados por el gobierno australiano a la Fundación, al igual que el destino y beneficiarios de los US$100 mil que el cantante guatemalteco Ricardo Arjona aportó para la reconstrucción del jardín infantil “Chacra Alicia” de Dichato.

La Fundación, cuyo Consejo Nacional es presidido por la Primera Dama Cecilia Morel, se negó a revelar estos documentos, afirmando que “es una institución de derecho privado” que no está bajo el alero de la Administración del Estado, por lo que no está sujeta a la Ley de Transparencia. Además sostuvo que se violaría la privacidad de los trabajadores si se publican sus ingresos.

Tras la respuesta negativa, el concejal Jofré -quien trabajó durante 14 años en Integra y fue despedido en enero pasado- interpuso el 13 de abril de 2011 un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. El 31 del mismo mes el organismo admitió a tramitación el recurso y el 9 de mayo la Fundación hizo sus descargos. Entre los principales argumentos utilizados se reafirmó que Integra es “una corporación y fundación de derecho privado”. Asimismo recalcó que no cumplía una función administrativa, sino de bien común, ya que su propósito es “otorgar educación inicial de calidad a niños y niñas que vienen en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”.

El Consejo descartó que Integra fuera una institución privada y la consideró parte de la Administración Pública, pues a su juicio tiene “un carácter instrumental”, es decir, se trata de “un órgano de colaboración del Gobierno en el área social”. Asimismo, hace una reseña histórica del organismo, la que incluye actas de sesiones realizadas en las oficinas del gabinete de la Primera Dama en La Moneda, que hacen que “no pueda aceptarse que quienes constituyen esta fundación lo hagan como particulares que ejercen la libertad de asociación, sino que debe entenderse que la creación de esta fundación fue realizada a instancias del poder público”.

El amparo de Jofré fue acogido por el Consejo el 31 de agosto, cuando resolvió que la Fundación Integra debía entregar al concejal en diez días hábiles la nómina de gastos hechos con las donaciones y en 45 días hábiles debía actualizar en su sitio toda la información que contempla la Ley de Transparencia para las instituciones públicas, incluyendo la planta y remuneraciones (vea el documento oficial con los argumentos de la Fundación y la decisión del Consejo). Sin embargo, el 20 de septiembre pasado la Fundación Integra jugó su última carta y presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un “reclamo de ilegalidad” para tratar de anular la decisión del Consejo. El reclamo se tramita bajo el Rol Nº 6569-2011.

Con la decisión anunciada por el ministro Larroulet, de no prorrogar la gestión de Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo, a pesar de que ambos contaban con respaldo transversal en el Senado, se creó un clima de desconfianza respecto de la independencia con que ejercerán su rol los reemplazantes. A esto se agrega la premura con que debe resolverse el relevo. Urrutia y Olmedo abandonan sus puestos el próximo viernes 28 de octubre. Pocos días para decidir dos nombramientos clave para la fiscalización del aparato público y el combate a la corrupción

Muchas de las solicitudes de acceso a la información pública han terminado en el Consejo para la Transparencia, donde han corrido distinta suerte. Uno de los fallos más relevantes tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregarles todos los informes relativos a Hidroaysén, incluyendo las copias correos electrónicos institucionales intercambiados durante el proceso de evaluación ambiental.

“Este Consejo advierte que la información  requerida en la especie constituye un elemento esencial para el ejercicio del control social de la actividad de los organismos a quienes se ha requerido su intervención en la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”, se lee en la resolución.

Pese a que el proyecto Hidroaysén ya fue aprobado, Patagonia sin Represas ha seguido buscando documentos que le permitan detectar irregularidades en el proceso. Tal como escribió el periodista de la organización en una columna publicada en CIPER, sospechan que el Plan Aysén lanzado por el Presidente Piñera en abril pasado daba por hecho la construcción de las represas, incluyendo a Hidroaysén entre los proyectos que había que acelerar, pese a que aún estaba en evaluación.

El documento contemplaba inversiones en energía por US$ 1.505 millones entre 2010 y 2014 y creen que es imposible llegar a ese monto si no se cuentan las represas. En el cuadro presentado por Piñera, se cita como fuente el Ministerio de Hacienda (ver imagen) por lo que a través de la Ley de Transparencia pidieron a esa cartera el desglose de los proyectos. Sin embargo, este 24 de mayo el subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez les respondió que no poseen la información e incluye una imagen del mismo cuadro donde la fuente es el Gabinete Económico de Aysén, por lo que el requerimiento fue derivado a la Intendencia Regional.

Según los solicitantes, la información fue cambiada, tal como se aprecia en un nuevo cuadro en la última página del documento publicado en el sitio web del la intendencia.

La pregunta ahora es con qué información se elaboró el cuadro original y si dentro de los proyectos que se pretendía acelerar estaban Hidroaysén y Río Cuervo, la otra hidroeléctrica en evaluación. Si es así, los opositores a las represas creen que la intendenta Pilar Cuevas podría haber incurrido en una ilegalidad, pues es ella quien presidió la Comisión de Evaluación Ambiental que un mes más tarde aprobaría Hidroaysén.

La organización había pedido que Cuevas se inhabilitara de votar usando el argumento del Plan Aysén, a lo que la intendenta respondió que los US$ 1.505 millones corresponden a una inversión aproximada por “algunos (proyectos) eólicos que se quieren desarrollar en algunos sectores aislados y además mini hidros; también para otros sectores aislados, y se quieren incorporar más herramientas para el desarrollo de ERNC, para que así puedan estos desarrolladores de mini hidros invertir en este tipo de proyectos”.

Se espera que tras la derivación del Ministerio de Hacienda, la intendencia entregue documentos y cifras que avalen –o no– dicho monto.

La transparencia en el sector defensa ha sido puesta a prueba en las últimas semanas y ya le costó el puesto al ministro Jaime Ravinet y al jefe del Estado Mayor Conjunto Cristián Le Dantec. En esta columna, el ex subsecretario de Guerra Gonzalo García analiza las complejidades del tema y urge a que se dicte uno de los reglamentos de la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, la que establece que los registros de proveedores de las Fuerzas Armadas serán públicos. Un gran avance, pero que no terminará con el problema de fondo hasta que no se derogue la Ley de Fondos Reservados del Cobre.

Las aguas no se aquietarán en la defensa nacional hasta que el origen de los problemas no sea controlado. Y este no es otro que la existencia de la Ley de Fondos Reservados del Cobre que ha dado muchísimo más que un financiamiento estable para la defensa. El medio se ha tragado los fines y hay que restablecer el orden de las cosas. Lo normal es que la escasez sea la fuente de problema pero no al revés.

Se ha escrito con ingenio que el arte de la defensa está construido en clave paradojal: “si quieres la paz prepárate para la guerra” o “el camino recto y despejado es un mal camino”. Parece que una buena explicación puede ser la vía paradojal. La normalidad de la publicidad se alteró y la excepcionalidad del secreto y la reserva del Estado puede ser la regla en ciertas decisiones de la defensa.

Las decisiones del Consejo para la Transparencia sobre defensa nacional partieron antes del Puente sobre el Bío-Bío y no terminarán ahí. Por la Contraloría también pasará parte de este dilema.

El debate no radica en sostener quién define lo que entenderemos por seguridad nacional y cómo las reservas y secretos de la defensa constituyen una garantía institucional. Es evidente que al legislador y sólo a éste le compete la tarea de establecer mediante ley formal y material las reglas del secreto. De hecho, encontramos con posterioridad a las reformas constitucionales del año 2005 un conjunto de normas legales que precisaron las reglas de la reserva o secreto, como las establecidas en la Ley 20.424 (Artículo 34) Orgánica del Ministerio de Defensa.

El problema no se presenta a nivel del legislador sino que en la interpretación de la regla del secreto o reserva. Esta será una tarea habitual del Poder Ejecutivo y, en este caso puntual, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo concurre, por ejemplo, la causal relativa al secreto sobre los estándares con los que operan las Fuerzas Armadas chilenas? Muchas veces podremos deducir estándares de operación a partir de otros datos. ¿Estos últimos serán públicos o reservados? En fin, siempre existirá un espacio de discrecionalidad técnica para dar cuenta de la garantía institucional de la defensa nacional.

No obstante, la práctica indica que estas causales tienden a exacerbarse, a utilizarse como una noción abarcadora y más amplia, en circunstancia, que son jurídicamente excepcionales.

Es interesante recabar un ejemplo sobre adquisiciones militares. Un caso presentado el año 2009 por CiperChile al Consejo de la Transparencia nos da cuenta de cómo se interpreta estas normas por los operadores. El Caso es el C-382/2009 y está en la base de la indagación de CiperChile referida a Serlog, una empresa de intermediación y representación múltiple de industrias de la defensa, que era investigada en el extranjero por unas comisiones ilegales. Se trataba de indagar en qué calidad participaba en algunas adquisiciones, la cantidad de veces que intermediaba y desde cuándo estaba en los registros de una institución armada.

La respuesta de la institución castrense fue la siguiente:

i) “Las compras relativas a sistemas de armas y repuestos para material de guerra son secretas.
ii) Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad está facultadas expresamente para mantener un registro secreto de proveedores, de lo que se deriva que los datos de dicho registro son también secretos.
iii) En los procesos de adquisiciones de los productos indicados, se desarrolla e involucran diversos agentes externos (a la institución castrense) como el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, el CONSUDENA, entre otros, a quienes se les impone el secreto o reserva en las fases en que intervienen.
iv) En el caso, las gestiones comerciales de SERLOG Ltda. son parte de estos complejos procedimientos de adquisición, amparado por el secreto y caracterizado por su indivisibilidad.” (Caso C-382/2009 – CPLT)

El Caso fue resuelto el 26 de Febrero de 2010, negando el acceso a la información porque se acreditó que Serlog Ltda. no tenía contratos vigentes con la institución militar por lo cual mal se podía exigir la entrega de información inexistente.

Más allá del caso es importante constatar que a la fecha de esta decisión del Consejo para la Transparencia las reglas del juego sobre las adquisiciones de la defensa habían cambiado y, por ende, parte de los supuestos en lo que se apoyaba no son hoy válidos. Lejos estoy de criticar la Decisión del Consejo para la Transparencia porque las reformas de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional fueron publicadas en el Diario Oficial del 4 de Febrero de 2010 y no afectan un proceso iniciado en el año 2009 y donde todas las intervenciones de los actores en esa causa citaron legislación vigente al día.

Lo relevante son las decisiones actuales y el nuevo ciclo que se abre sobre transparencia y defensa. Para cerrar el caso de las adquisiciones, nuevas reglas han entrado a operar y es necesario dictar la legislación complementaria (Decretos con Fuerza de Ley que se deben publicar antes del 31 de Marzo del 2011 y Reglamento del Registro de Proveedores que debe publicarse lo antes posible). Sin embargo, los supuestos han alterado la manera de operar sobre las adquisiciones de la defensa.

Así es esencial citar el Artículo 34 inciso 4° de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional. “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial, aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas.”

¿Cómo afecta este artículo legal a la tesis jurídica central respecto de que todo el proceso de adquisiciones de la defensa es secreto?

Primero, partamos recordando la sentencia del propio Consejo para la Transparencia en otro caso, el C 57-2010, relativo a la difusión de los rendimientos económicos de la Ley de Fondos Reservados del Cobre indicó. Allí calificó que “este Consejo deja constancia de su preocupación porque en nuestro ordenamiento existan leyes que tienen carácter secreto. Admitirlas supone aceptar un peligroso bolsón de opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia y el contenido esencial del derecho a acceder a la información pública, esto es, la facultad de todo individuo de buscar, solicitar y acceder a la información que obre en poder de los órganos estatales, particularmente a partir de la reforma constitucional del 2005 (artículos 8º y 19 numerales 12 y 26 de la Constitución), representando también un serio debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad republicana (art. 4º de la Constitución).”

Segundo, si los registros de proveedores son públicos y todo cambio en su naturaleza jurídica es un antecedente esencial que debe informarse, aparece como una nueva facultad para controlar estos aspectos.

Tercero, incluso más, la ley es perentoria en indicar una especie de nulidad de lo obrado cuando se hayan iniciado gestiones relativas a la adquisición de un bien de la defensa que no cumplan con estos requisitos de publicidad. Aquí la transparencia definida por la Ley 20.424 está puesta al servicio de evitar y precaver todo tipo de conflictos de interés. Por lo mismo, exige la implementación de un sistema de inhabilidades, implicancias y recusaciones.

Por tanto, es urgente dictar ese Reglamento sobre Registro Público de Proveedores de la Defensa. Este solo paso modifica una parte sustantiva de lo que la Ley de Fondos Reservados del Cobre oculta.

La Ley 20.424 viene a poner al día en parte la Ley 13.196 en lo relevante, que los medios deben estar puestos al servicio de unos fines y no que los medios cubran cualquier medio y por cualquier fin. Estos son algunos de los imperativos de la defensa en el período actual.

(*) Gonzalo García es abogado y ex subsecretario de Guerra, además de profesor de Derecho Constitucional de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez.

Tras los polémicos recortes a las horas de historia y tecnología a favor de matemáticas y lenguaje, un movimiento de académicos y estudiantes universitarios solicitó acceso a los informes de expertos que tuvieron en cuenta los miembros del Consejo Nacional de Educación (CNED) para aprobar las modificaciones. Los resultados son curiosos: pese a que todos los expertos objetaron la propuesta del Ministerio de Educación, los miembros del CNED las aprobaron por unanimidad, aunque planteando ciertas observaciones. Los integrantes del citado movimiento han sostenido reuniones con autoridades del ministerio, a quienes les han escuchado decir que la cuestionada medida está en evaluación y podría ser retirada.

A fines de diciembre, mediante una petición de acceso de información pública, un grupo de profesores y docentes vinculados al Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales tuvo acceso a los informes de expertos solicitados por el Consejo Nacional de Educación (CNED) para dirimir acerca de la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) que determinó reducir las horas de clases de esas materias en favor de matemáticas y lenguaje. El resultado de la solicitud permitió constatar un hecho curioso y controvertido: pese a que la totalidad de los expertos consultados objetaron la propuesta del Mineduc, los integrantes del CNED terminaron aprobándola de manera unánime, aunque con ciertas observaciones.

Los informes obtenidos a través de la Ley de Transparencia fueron publicados la semana pasada en el blog del citado movimiento y dan cuenta de una serie de inconsistencias en los cambios a los planes de estudio ideados por el Mineduc para los cursos de quinto básico a segundo medio.

Cinco son los informes evaluadores despachados por expertos y que fueron consultados por los miembros del CNED. Los informes, identificados por números, coinciden en que la propuesta del Mineduc carece de un fundamento que la justifique y ponen en duda su efectividad y coherencia.

Como señala el evaluador 4, “la fundamentación del nuevo plan de estudio propuesto para los niveles de 5° básico a 2° medio es incompleta y ligera. Sólo se justifican los cambios de los subsectores de lenguaje, matemáticas e inglés (…) No hay explicaciones que den cuenta del por qué de su disminución y, por ello, las medidas aparecen arbitrarias y, por lo tanto, resultan difícil de evaluar”.

En la misma línea, el evaluador 3 repara en que “en nuestro país los(as) alumnos(as) tienen una carga horaria total superior a los países del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que nos demuestra una inefectividad importante en el uso del tiempo escolar”.

Sobre el fondo de los cambios a los planes de estudio, uno de los informes señala inconsistencia en la decisión de reducir horas en el sector de las ciencias sociales. Esto considerando que el propio Ministerio de Educación ha determinado que las habilidades menos trabajadas por el sector corresponden a aquellas vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico. “Estas actividades requieren de más tiempo, no menos, para desarrollarse plenamente y su buen desarrollo implica un esfuerzo contextualizado”, indica el evaluador 4.

Un argumento complementario entrega el evaluador identificado con el número 2, quien advierte que “el sector se basa en una compleja articulación entre adquisición de contenidos y desarrollo de habilidades y actitudes, que requiere de mucho tiempo pedagógico, tal como se desprende del análisis sintético que hemos presentado del marco curricular”. Frente lo anterior, “las exigencias del marco curricular del sector difícilmente pueden ser logradas disponiendo de sólo tres horas semanales para su enseñanza”.

Dos de los evaluadores también cuestionan la factibilidad de la propuesta. En el caso del evaluador 1, previniendo que la implementación de los cambios sólo sería posible en establecimientos con jornada escolar completa. De lo contrario, generaría “una brecha entre quienes tienen la oportunidad de estudiar en este tipo de colegios y quienes no”. El evaluador 5, en tanto, señala que las medidas del Mineduc “generarán un impacto en el mapa laboral en el cual se desenvuelven los docentes de nuestro país”.

Los cambios a los planes de estudio habían sido presentados en una primera instancia al CNED en julio y rechazados en septiembre. Pero sólo tres días después del rechazo, el Mineduc ingresó una nueva propuesta que resultó aprobada con una serie de observaciones recogidas de los informes de los expertos. La respuesta a estas observaciones aún no han sido dadas a conocer por el ministerio respectivo.

La iniciativa generó una fuerte resistencia de la comunidad académica y derivó en la creación del Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, que agrupa a profesores y estudiantes universitarios. Mediante diversas acciones, como la solicitud de información pública sobre los informes de los expertos consultados por el CNED, este movimiento ha conseguido mantener la atención en el tema y ser escuchado por las autoridades del Mineduc. A fines de diciembre sus representantes se reunieron con el ministro Joaquín Lavín, quien se habría comprometido a revisar la medida. A fines de la semana pasada, en una nueva audiencia, la representante de la Unidad de Currículo y Evaluación, Loreto Fontaine, habría refrendado las intenciones del ministro.

Patricio Bernedo, director del Instituto de Historia de la Universidad Católica y uno de los representantes del movimiento que estuvo presente en ambas reuniones, dice que “si bien uno se puede equivocar, al menos yo estoy razonablemente optimista, pues se nos dijo que había disponibilidad para revisar la medida”.

Esa disponibilidad del ministro también puede servir como carta de negociación para conseguir la aprobación de los cambios a la educación impulsados por el gobierno y que actualmente son discutidos en el Congreso, pues ha sido una de las exigencias hechas por los parlamentarios opositores.

Han pasado más de nueve meses desde el cambio de gobierno y Enap aún no actualiza en su página web la información sobre sus ya no tan nuevas autoridades, pese a que debería hacerlo mensualmente. Ahora el Consejo para la Transparencia se lo ordenó, pero lo más importante es que además deberá entregar los datos detallados de los salarios de sus máximos ejecutivos, accediendo así a un reclamo de CIPER. Se trata de un nuevo paso hacia la transparencia en las empresas públicas.

El reclamo de CIPER fue hecho el 31 de marzo de 2010, cuando constatamos que ENAP no cumplía con todas las exigencias de transparencia activa impuestas por la ley. Aunque su página web contenía las remuneraciones brutas anuales del gerente general y su plana ejecutiva, no individualizaba a las 12 personas que la componen. Así, era imposible saber cuánto ganaba un gerente de la empresa.

Tres meses más tarde el Consejo para la Transparencia nos dio la razón y requirió además a Enap actualizar los nombres del presidente y vicepresidente del directorio. La empresa no sólo mantiene hasta el día de hoy los nombres de los personeros de la ex Presidenta Michelle Bachelet, sino que solicitó que al consejo invalidara la resolución.

A través de un recurso de reposición, Enap argumentó que el Consejo para la Transparencia no tenía atribuciones legales, competencia y jurisdicción para conocer el reclamo y que se estaba interpretando erradamente las normas equivocadas. Intentó demostrar, además, que la “administración superior” de la empresa, especificada en la ley, sólo se refiere a los miembros del directorio y no a sus gerentes y ejecutivos principales.

Pese a que el recurso fue rechazado por haber sido presentado fuera de plazo, Enap logró acreditar que sí se habían cumplido los tiempos y se invalidó el rechazo inicial. Tras este enredo, todo volvió a fojas cero y el consejo debió revisar nuevamente el recurso. Finalmente este 3 de diciembre volvió a dar la razón a CIPER.

En su resolución, constató que el presidente y vicepresidente del directorio publicados en la web seguían siendo quienes ejercieron de ministro de Minería y vicepresidente de CORFO del gobierno anterior. Ratificó además sus atribuciones legales sobre Enap citando un pronunciamiento reciente de Contraloría –solicitado por la misma empresa– que así lo dispone: “Enap, en tanto constituye una empresa pública creada por ley, se encuentra sometida a las potestades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas que la ley de Transparencia confiere al Consejo” en materia de transparencia activa (publicación obligatoria en la web).

La resolución sigue la línea de lo ya confirmado en el caso de TVN por la Corte de Apelaciones, tribunal al que Enap aún puede apelar. El canal nacional ha argumentado que publicar los salarios de sus ejecutivos perjudica su competitividad e incluso recurrió al Tribunal Constitucional para evitar darlos a conocer.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad critica la falta de herramientas que existen en el país para combatir y perseguir los actos de corrupción. Recuerda que el año pasado se anunció la creación de un Frente Anticorrupción, integrado por las cabezas de algunas de los más importantes organismos del Estado chileno, el que sin embargo se diluyó en el tiempo. Si no se fortalecen las instituciones y sus herramientas legales, la lacra de la corrupción podría avanzar sin contratiempos.

En los países serios la corrupción es el enemigo número uno de sus Estados de Derecho, de sus sistemas políticos democráticos y de sus economías de libre mercado y en razón de ello el Ministerio Público tuvo la excelente idea de relacionarse con la Agencia Eurosocial de la Comunidad Europea para disponer de mayores antecedentes en su cometido. Así fue como desarrolló con ella el proyecto “Lucha contra la corrupción: el modelo de fiscalía especial y multidisciplinaria” cuyo objetivo es detectar a tiempo la configuración de ese tipo de delitos, que en Chile ha sido muy difícil pesquisar por las razones que cada lector perspicaz comprenderá.

Los abogados especialistas del Ministerio Público han dicho que la lacra de la corrupción deber ser enfrentada, desde la perspectiva de su persecución penal, de una manera muy distinta a los otros tipos de investigaciones y que, para ello, se hace necesario modificar nuestro ordenamiento jurídico con lo cual se lograrían los resultados que la sociedad espera. Lo anterior es un tremendo desafío si sabemos que en nuestro país, de una u otra forma, está garantizada la impunidad cuando se trata de delitos económicos cometidos por los dilectos animadores del establishment.

En el año 2007 el Ministerio Público propuso al gobierno de Bachelet la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Pero, luego de los profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, ni la presidenta, ni menos, su ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma, hicieron mayor cosa para activar la creación de dicha fiscalía, posiblemente porque creían que el control de la probidad pública y digámoslo con claridad, la connivencia entre algunos funcionarios de la administración con excelsos actores privados, no tenía la prioridad que sí exigían otras iniciativas más “entretenidas” y mediáticas.

Transcurrió el tiempo y el domingo 5 de julio de 2009, en pleno fragor de la campaña presidencial que le dio el triunfo a Piñera, se publicó en El Mercurio un completísimo reportaje titulado “El debut del Frente Anticorrupción”, con ocasión de una reunión llevada a cabo en ese diario por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Se explayaron en la cita Urbano Marín, Juan Colombo, Ramiro Mendoza, Sabas Chahuán y Carlos Mackenney, respectivamente, siendo entrevistados por la periodista Pilar Molina. Debemos tener presente que los 2 primeros han sido reemplazados por Milton Juica y Marcelo Venegas.

Los titulares de esas instituciones fueron muy convincentes en plantear sus ideas para atacar dicho flagelo y recordaron que el 2 de diciembre del año 2008 ya habían firmado un compromiso de intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos.

En lo que dice relación a las sanciones bajas e inoportunas para el fraude al fisco y el cohecho, Mendoza indicó que “las penalidades no son lo suficientemente drásticas”, pero también dijo que “había que fortalecer las unidades de auditoría interna en los servicios y municipios y el seguimiento de sus denuncias en los tribunales”. En lo referido al trato y colaboración e independencia frente al gobierno, Colombo sostuvo que “una vez nombrado, uno tiene que aplicar el principio de la ingratitud con quien te nombró”. Ante las modalidades de corrupción, todas graves, Chahuán explicó “la que implica abuso de poder es de un nivel de repudio ético y moral más execrable”. Quien dio en el clavo fue el asertivo Mackenney, quien expresó “nos interesa que el país trabaje en la prevención”.

Pero como ningún medio de prensa le hizo seguimiento a la creación de ese Frente Anticorrupción y dado que se echó al olvido esa atractiva iniciativa con la cual se habrían aumentado los estándares en la probidad, en razón a que somos curiosos, desde hace 2 meses, nos pusimos en campaña para revisar personalmente con los titulares de esas 5 instituciones en qué etapa de desarrollo estaba dicho Frente. Nos entrevistamos con Milton Juica y Marcelo Venegas, presidentes en ejercicio de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, respectivamente; con Carlos Mackenney, presidente del CDE y con el subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien nos recibió acompañado con un abogado de esa repartición. La apretada agenda de Ramiro Mendoza ha imposibilitado nuestro contacto con la Contraloría General.

Las cuatro reuniones fueron gratas, notando un genuino interés por parte de quienes nos recibieron en mejorar la institucionalidad, pero quedó demostrado que el Frente Anticorrupción no existe en los términos que El Mercurio nos anunció en julio de 2009, lo cual nos debe hacer recapacitar y sacar conclusiones.

En todo caso y relacionado con la materia, traemos a colación una graciosa experiencia que tuvimos en días pasados con el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, institución con muy buena llegada a los medios, quien informó recientemente a la opinión pública que había mejorado el “índice de percepción de la corrupción” en Chile, medición que se basa en un estudio de analistas, expertos independientes e instituciones internacionales. Como teníamos ciertas fundadas dudas con ese insólito resultado, le solicitamos al portavoz de esa organización que nos diera los nombres de aquellos líderes de opinión, altos dirigentes empresariales y en general de todos quienes habían sido consultados y que estaban tan satisfechos respecto de cómo aprecian este escenario. La respuesta de esa institución que vela por la transparencia (sic) nos dejó pasmados, porque nuestro interlocutor, después de varias sesudas explicaciones, mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados.

Haciendo abstracción de lo dicho en el párrafo anterior y recapitulando, si se llegara a producir un milagro y este Frente Anticorrupción llegara a operar más adelante, sería imperioso que también lo integre el efectivo Consejo para la Transparencia, organismo que ha sabido cumplir con excelencia su labor cotidiana. Pero más necesario que lo anterior es darle al Ministerio Público las potestades y recursos financieros para que sus fiscales ataquen con decisión los recurrentes ilícitos que cometen los más vivaces del grupo social más encumbrado que hay en el país.

Piñera, Hinzpeter y Felipe Larraín, quienes son los que mandan en Chile, saben que la corrupción es un fenómeno complejo ejecutado por redes de individuos que conocen muy bien el sistema y por ende sus debilidades y por ello esperamos que, entre los 3, adopten las decisiones conducentes a erradicarla paulatinamente para mejorar nuestra democracia y para que los privados de todos los pelajes entiendan que las leyes siempre se deben obedecer sin recurrir a los abogaditos expertos que las interpretan a sus amaños.

Si ello no acontece y continuamos como hasta ahora nos hemos desenvuelto, quedará en evidencia que coexistir con la sofisticada corrupción de las élites es un buen negocio para aquellos que toman las decisiones políticas en el esplendoroso Palacio de La Moneda.

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

El trabajo y misión de un periodista es exponer las mentiras y sus consecuencias. Julian Assange ha mostrado que no se necesita ser periodista para hacerlo. Eso no lo convierte en espía.

¿Es el fundador de Wikileaks un espía? Eso es lo que dice Sarah Palin. Pero eso me convierte en espía también. Soy periodista. Y lo que Julian Assange está haciendo es una forma de periodismo: Está publicando noticias.

Si usted es como la mayor parte de la gente, usted creerá que los periodistas son mentirosos y lacayos, difunden “noticias” que son apenas creíbles y se inclinan para beneficiar a los grandes intereses que mueven a los medios (eso es lo que las encuestas del Pew Center nos dicen). Esta vez, la clase política se está quejando porque un sitio web y sus aliados en la prensa están publicando información que es absolutamente creíble. ¿Se ha convertido en un delito publicar la verdad?

Seamos claros en un punto técnico clave: No necesitas ser espía para acceder a dicha información. A veces mirar cosas que no son secretas te dice dónde buscar lo que es secreto (así es como los espías verdaderos trabajan habitualmente). A veces la información es simplemente dejada ahí, por error, desde donde alguien la toma. Y, muy a menudo, alguien te la entrega.

Nadie parece estar haciéndose la pregunta, pero es central en medio de esta tormenta: ¿Por qué habría alguien –especialmente alguien que trabaja, digamos, para el gobierno o un gran banco– hacer algo así? ¿Por qué entregaría los secretos de las instituciones para las que trabaja?

Hay dos grandes razones por las que la gente habla: amor propio (“¡Sí, podemos!”) y dolor (“No, no podemos”). De las dos, el dolor es por lejos el mayor motivador. Uno le diría al doctor cosas que no podría contarle ni a su mejor amigo. Y alguna gente en nuestros gobiernos sabe cosas que pueden hacerte enfermar de sólo pensar en ellas.

¿Por qué contar esas cosas a un periodista? Porque cuando sabes un oscuro secreto, te come por dentro. La única forma de sentirte mejor es contarle a alguien y la mejor cura es contárselo a alguien que puede contárselo al mundo. El sueño es que decir la verdad pondrá fin a ese oscuro secreto y podremos volver a hacer nuestro trabajo como si creyéramos en él.

Este es el verdadero secreto que Wikileaks tan increíblemente nos trajo a la vista: Algunas personas en nuestros propios gobiernos están tan asqueadas de lo que tienen que saber, ver y hacer para mantener sus trabajos, que necesitan contárselo a alguien. Quieren que ciertas formas de hacer negocios se terminen y no creen que haya otros medios que puedan ser efectivos.

Pero, ¿por qué acuden a Wikileaks en vez de ir a un periódico en primer lugar? Porque perdieron la confianza en los medios. No hace mucho tiempo, cuando la gente estaba alarmada por algo que veía pasar, acudía a los periodistas. Ahora la gente confía tan poco en nosotros que entrega las noticias que importan a un sitio web. El éxito de Wikileaks es un terrible mensaje para la industria de los medios.

Pero sería aún peor para el periodismo si Wikileaks no existiera, porque está demostrando que si hacemos nuestro trabajo como se supone que debemos hacerlo, y escuchamos lo que la gente quiere decirnos, podemos de hecho hacer mucho más difícil que ciertas cosas continúen, cosas que no debieran ocurrir nunca, en primer lugar.

¿Haríamos ese trabajo aún si pudieran presentarnos cargos por espionaje? Lo dudo. Y esa es sin duda una de las fuerzas que mueven la controversia sobre Wikileaks. Si se pueden presentar cargos para marcar a Assange, también se puede hacer para marcar a cualquier periodista que publique noticias similares.

En mi mente no hay duda de que a un buen número de personas que reclama la cabeza de Assange le encantaría que los medios también se largaran o que funcionaran como siervos dóciles del poder. Por supuesto una sociedad puede existir sin medios que fiscalicen y de hecho muchas lo hacen. Pero esos suelen ser lugares horribles para vivir, excepto para los dueños de todo.

Si el gobierno tiene secretos, dejemos que trate de guardarlos. Cualquier adulto entiende que manejar una organización puede requerir que sus líderes mientan de vez en cuando. Pero el trabajo y la misión de los periodistas es exponer esas mentiras y sus consecuencias. Julian Assange ha demostrado que no se necesita ser periodista para hacerlo. Y eso no lo convierte en espía.

Acosando a Assange y criminalizando a quienes le filtran la información le harán más daño a la democracia que lo que un grupo de hackers podría hacer. No necesitas ser un espía para entender ese secreto. La gente que clama por la sangre de Assange son los arquitectos y aliados de políticas desastrosas que están siendo rechazadas incluso dentro de los gobiernos. Están tratando de esconder su fracaso y Wikileaks es la prueba de que fallaron. Esto no debe ser silenciado y los periodistas debieran ser los primeros en saberlo.

*Mark Lee Hunter es profesor adjunto e investigador senior en el INSEAD Social Innovation Centre. Es autor de “Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists” (UNESCO 2009) y miembro fundador de la Red Global de Periodismo de Investigación. Esta columna fue publicada originalmente por openDemocracy.

A primera vista no habría nada que objetar. Si existen cuantiosos recursos disponibles para afrontar las agudas necesidades que el país sufre, ¿por qué no echar mano a tales dineros que descansan tranquilamente? ¿Acaso el terremoto no es un caso fortuito que justifica gastos extraordinarios de recursos que están afectados para la compra de pertrechos militares? ¿No se requiere medidas excepcionales para enfrentar una situación especial como fue el sismo de febrero pasado?

La respuesta, sin embargo, no descansa en los motivos o benévolos deseos de las autoridades. La reconstrucción de una parte significativa del país requiere cumplir, para ser legítima, con estándares democráticos que aseguren la rendición de cuentas y accountability de la acción gubernamental. En otras palabras, como se trata de decisiones que nos incumben a todos los chilenos y que comprenden millonarios montos, lo mínimo que puede exigirse a la autoridad es que los ciudadanos podamos acceder a los fundamentos de tales medidas. Y esto es, precisamente, en lo que la Ley del Cobre falla, marginando a la sociedad civil y excluyendo de la deliberación y control democrático a toda la ciudadanía.

Dicha legislación, como es sabido, es secreta. No es que ciertos montos o algunos aspectos de los contratos sean reservados, sino que las normas –en su totalidad– no están disponibles para el público. Y aquí radica el problema, puesto que se trata de una ley que contraviene el principio de transparencia que recoge el artículo 8 de la Constitución. Tal grado de secreto es inconstitucional porque violenta las bases democráticas de deliberación de los asuntos públicos en materia de defensa nacional. Tal cuestionamiento no puede sino acentuarse cuando se emplean sus recursos para fines distintos a la defensa. No se cuestiona la necesidad de gastar recursos para determinados fines -como es la reconstrucción-; lo que está en jaque es la falta de transparencia sobre las decisiones que nos afectan a todos y que no podemos evaluar sin la necesaria información pública de la que esta ley nos margina completamente.

(*)Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.

El fallo es una buena noticia porque permite el escrutinio público de las actividades, origen y movimientos financieros de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, también establece restricciones no consagradas en la Ley de Transparencia al determinar que las actas de directorio no son públicas debido a que no están relacionadas con el ejercicio de un órgano administrativo. En ese sentido, la sentencia constituye un retroceso en materia de transparencia, limitando los alcances establecidos por el espíritu y la letra de la ley.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que las memorias y balances que la Fundación Futuro ha entregado al Ministerio de Justicia para su fiscalización, son documentos de carácter público, rechazando los argumentos de la defensa de la entidad para impedir que fueran entregados a periodistas. El dictamen obliga a la fundación a entregar copias de estos documentos a CIPER, que los pidió hace ya diecisiete meses a través de la Ley de Transparencia.

La entidad sin fines de lucro también obtuvo un punto a su favor: la Corte decidió que no podía exigírsele dar publicidad a las actas de sus sesiones de directorio, el que hasta hace algunos meses estuvo encabezado por su fundador, el Presidente Sebastián Piñera.

El criterio establecido por los ministros de Octava Sala indica que los documentos que anualmente entregan las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro al Ministerio de Justicia para su supervisión, pueden ser conocidos por cualquier ciudadano. De allí la relevancia del fallo dado que esa cartera ha reconocido que no tiene la capacidad de fiscalizar adecuadamente la información que recibe de cerca de 20 mil instituciones, por lo que permitir el escrutinio de la opinión pública resulta un avance en materia de transparencia.

Sin embargo, el fallo hace una distinción importante en cuanto a los documentos que pueden ser entregados a través de la Ley de Transparencia. Si bien ésta establece explícitamente que es pública toda la información que está en poder de los órganos del Estado, salvo que haya una causal específica de reserva, la resolución señala que esa publicidad “debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información que está en poder del Estado, pues parece evidente que no toda merece el mismo tratamiento”. Este criterio no está contenido en la Ley de Transparencia, que contempla causales de reserva y secreto muy delimitadas, declarando público todo el resto.

Al fundamentar la diferenciación de criterios entre las actas y los balances y memorias de estas entidades, los ministros argumentaron:

–Parece evidente que la información relativa a las memorias y balances de una entidad sin fines de lucro sometida a la supervisión de la autoridad –en concreto, la Fundación Futuro– es siempre necesaria para el adecuado ejercicio de esta función pública, porque da –o debería dar– cuenta sistemática, periódica y rigurosa de la labor de la institución fiscalizada; sin que suceda lo mismo con las actas de su directorio o asamblea, que dan cuenta de etapas deliberativas o resolutivas propias de la vida del ente colectivo que no necesitan ser conocidos por la autoridad, a menos que se trate de algunas específicas –como podría ser la de reforma de estatutos o de constitución de poderes–, que debieran estar consignadas en algún ordenamiento objetivo y general, o cuya entrega haya sido ordenada en el ejercicio de la actividad fiscalizadora, a propósito de alguna irregularidad– dice la sentencia respecto a este caso en particular.

Siguiendo esa lógica, el fallo determina que “no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información proveniente de particulares, que está en poder del Estado, sea obligatoriamente pública”, y que “es preciso condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano administrativo”. Es por eso que declaró públicas las memorias y balances, no así las actas de directorio.

Esta excepción contó con el respaldo de los ministros Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich, pero con el voto contrario de la abogado integrante Regina Clark. De acuerdo a esta última, los límites de las excepciones están claramente determinados por la ley.

Cabe señalar que de acuerdo a la experiencia de CIPER, las actas de estas entidades sí son importantes para una debida fiscalización. Por ejemplo, en la investigación sobre la desconocida fundación “Corporación de Estudios Estratégicos”, creada por Patricio Rojas al finalizar su periodo como ministro de Defensa del gobierno de Patricio Aylwin, fue a través de las actas que descubrimos la participación en ella del ex comandante en jefe de la Fach, general Ramón Vega. Un hecho que el ex ministro había negado.

Otra de las consideraciones relevantes es que el fallo establece que no puede limitarse la transparencia sólo por “el mero carácter preventivo respecto de un eventual mal uso de ella”. En su alegato, el abogado de Fundación Futuro, David Cademártori, sugirió que la información sería utilizada “con un fin político”, por tratarse de la fundación de Sebastián Piñera y que por lo tanto los documentos no debían ser entregados.

Cademártori fue más allá y argumentó que por tratarse de una solicitud de acceso a la información hecha por un medio de comunicación, el fin no era “satisfacer el interés general sino el interés de un medio”. La defensa de la fundación volvió varias veces sobre este punto, insistiendo en que la ley estaba hecha para los ciudadanos y no para los periodistas.

Diecisiete meses en busca de los documentos

Apenas 21 días después de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, el 11 de mayo de 2009, CIPER solicitó al Ministerio de Justicia las copias de memorias, balances y actas de directorio de la Fundación Futuro. También pidió los documentos de la Fundación Eduardo Frei, con la idea de hacer un reportaje sobre las organizaciones sin fines de lucro de los dos principales candidatos presidenciales.

Mientras la Fundación Frei accedió de inmediato a entregar lo solicitado, con Futuro fue imposible. El Ministerio de Justicia no tenía en sus archivos ninguna de las memorias y balances que la fundación debió entregar anualmente desde 1994. Y no sabía si alguna vez los había entregado. Entonces, CIPER concurrió a las oficinas del Archivo Nacional para buscar allí los documentos requeridos. Buscamos entre millones de documentos de esa repartición pública que no están indexados y no los encontramos.

Si bien la fundación dijo haber entregado oportunamente sus antecedentes, no quiso exhibir los recibos timbrados que tenía en su poder. Recién en agosto envió a Justicia una nueva copia de los documentos, pero denegó su entrega a CIPER, argumentando que la información podía ser mal utilizada y que afectaba sus derechos económicos y comerciales.

Recurrimos entonces de amparo ante el Consejo para la Transparencia, que tras una audiencia pública realizada el 22 de enero de 2010, dio la razón a CIPER. Disconforme con el fallo, Fundación Futuro presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se escucharon los argumentos de las partes en septiembre pasado. La fundación estuvo nuevamente representada por el abogado Cademártori, el Consejo para la Transparencia por Jorge Gómez Oyarzo, y CIPER por Sebastián Mateluna.
Con el fallo conocido este 7 de octubre, culmina el proceso establecido por la Ley de Transparencia para el control jurisdiccional, aunque alguna de las partes podría presentar un recurso de queja si estima que se cometió alguna falta a la legislación vigente..

El 27 de julio de 2009 se realizó la primera solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Salud. Veinte días después respondieron informando que esos datos había que solicitarlos directamente a cada servicio de salud. Ese mismo día, el 17 de agosto, le hicimos llegar a cada uno de los seis servicios de salud metropolitanos (Norte, Sur, Oriente, Central, Occidente y Sur Oriente) el formulario en que se solicitaba el registro de asistencia de los médicos de todo el año en curso, las listas de espera actualizadas, el número de derivaciones desde otros centros de la red asistencial, la cantidad de reclamos recibidos entre 2005 y 2009 y la cifra de intervenciones quirúrgicas realizadas durante el mismo período. Las respuestas empezaron a llegar en septiembre del año pasado, pero no todas fueron satisfactorias.

El día 11 de ese mes, los Servicios de Salud Metropolitanos Central y Sur respondieron por las solicitudes hechas con respecto a los hospitales San Borja Arriarán y Barros Luco, respectivamente. En ambos se pedía una prórroga de 10 días hábiles para la entrega de la información, debido a la gran cantidad de volumen que implicaba. Tres días después, El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente nos hizo llegar toda la información solicitada sobre el Hospital Sótero del Río, a excepción de la copia de los libros de asistencia. Y esa misma semana el San Borja haría lo mismo: además de los datos pedidos, en vez de entregar copia de los libros –cómo se había solicitado en un contacto para especificar la petición–, enviaron un informe sobre la asistencia de los doctores. El 1º de octubre, después de haber pedido que de ese hospital se enviaran los documentos solicitados, respondieron que la información correspondía a “34 libros por 365 días”, y que equivalía a 12.410 páginas. El 13 de ese mes partió el fotocopiado.

Antes de esa última respuesta, el 25 de septiembre CIPER había recibido la información del Servicio de Salud Metropolitano Occidente (Hospital Félix Bulnes) en un CD, pero lo relativo a la asistencia sólo correspondía a los pocos doctores que están controlados por el sistema biométrico. El resto de la información la obtuvimos una semana después de que avisaran el 8 de octubre que el fotocopiado de las 6.400 páginas de los libros de asistencia había comenzado.

El 30 de septiembre de 2009, un día después de cumplido el plazo para la entrega de los datos que faltaban en el Hospital Sótero del Río, en vez de enviar la copia de los libros, sólo mandaron un mail firmado por el director del área sur oriente que decía: “En el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río actualmente hay dos modalidades de registro la asistencia: libro de firmas y registro biométrico, proceso que se encuentra en su fase de enrolamiento. Es así que de los 538 médicos a la fecha se han enrolado 41. Este último sistema, reemplazará a la firma de libro.” Pero de las copias solicitadas, no hubo nada hasta el 8 de enero de este año.

Y ese mismo día a fines de septiembre, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente informó que la solicitud de información referente al Hospital del Salvador nunca había sido ingresada. El plazo de respuesta ya había expirado hace 11 días. Pero el 7 de octubre, la solicitud entró en curso y no habría problemas para acceder a la información.

Al Consejo

Mientras las solicitudes de cuatro de los seis hospitales elegidos inicialmente para la investigación avanzaban, en dos casos se vería entrampada. El 5 de octubre de 2009 el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), el mismo que en septiembre había pedido una prórroga de 10 días hábiles para entregar la información debido al gran volumen de ésta, se negó a entregar cualquier dato solicitado. Ni registros de asistencia ni listas de espera ni información estadística ni nada.

El 22 de ese mes, al mismo tiempo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) informaba a CIPER que sólo proporcionaría la información estadística y se reservaría la copia de los libros de asistencia del Hospital San José por tratarse de información de terceros, ingresamos una apelación ante el Consejo para la Transparencia para que la entidad se manifestase sobre la negativa a del SSMS entregar la información. El 6 de noviembre ambos reclamos ya seguían su curso.

Ante el Consejo, el SSMS argumentó que se estaba solicitando información personal de los médicos. En cuanto a la información sobre las listas de espera, el servicio consideró que tenía carácter secreto o reservado.

El SSMN entregó ante el consejo un dato que da cuenta de la importancia de la investigación: hasta noviembre de 2009 los libros de asistencia del Hospital San José tenían hojas en blanco, sobre los cuales los médicos sólo firmaban, lo que hacía difícil individualizar de quién se trataba. Además, la información no era procesada.

Ambos servicios argumentaron además que entregar tal volumen de documentos distraería indebidamente a los funcionarios de sus obligaciones.

En una sesión ordinaria del Consejo para la Transparencia, el 27 de noviembre de 2009, se acogió el amparo y se requirió a la directora del SSMS la entrega de la información solicitada sobre el Hospital Barros Luco “dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se encuentre ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder de conformidad con los arts. 46 y siguientes de la Ley de Transparencia”. El fallo ratificó que se trataba de información pública y que la esfera de la vida privada de los funcionarios públicos es más restringida que la del resto de los ciudadanos por la función que ejercen.

El 3 de febrero de este año se acogió el amparo en contra de la decisión del SSMN de negar el acceso a los libros de asistencia de su personal médico. El resultado fue el mismo: el Consejo para la Transparencia le ordenó al SSMN que otorgara la información. Aún no se solicita la entrega de los datos del Hospital San José, los que según los cálculos del Consejo superan las 20 mil páginas.