En marzo de 2011 la Universidad del Mar solicitó a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) un permiso para realizar pesca de investigación de atún en la zona económica exclusiva (ZEE) de Isla de Pascua y Salas y Gómez (excluyendo el parque marino creado en esta zona el año pasado) y en otras zonas del país donde se encuentra este recurso.

La pesca de investigación en Chile, por definición legal es sin fines de lucro. Sin embargo, ha sido habitualmente una forma encubierta de otorgar o aumentar arbitraria y artificialmente las cuotas de pesca comercial.

Apenas tuvimos conocimiento de dicha gestión, Oceana realizó una solicitud de acceso a la información pública a Subpesca, pidiendo todos los permisos de pesca de investigación solicitados por la Universidad del Mar y sus respectivos expedientes de tramitación durante el último año. Se nos hizo entrega de varios permisos concedidos a dicha Universidad, especialmente sobre jurel. Sin embargo, en relación con la solicitud hecha sobre el atún se nos dijo que no nos podían entregar el expediente ya que estaba aún en trámite y que sólo nos podían entregar una reseña o extracto. Asimismo, nos informaron que la Universidad se había desistido de la solicitud para pesca en Isla de Pascua y Salas y Gómez y que ahora querían efectuar su pesca de investigación en las islas San Félix y San Ambrosio durante un año en vez de los 6 meses solicitados inicialmente.

Luego de hacerle ver la ilegalidad en la negación de esta información, la Subpesca accedió a mandarnos el expediente sobre el atún. De los documentos entregados, se demuestra que se habrían usado cuatro barcos factoría, con palangres de más de 100 km. de largo con hasta 2.900 anzuelos cada uno. Sin embargo, se excluyó un documento muy importante: el convenio entre la empresa japonesa y la Universidad del Mar. Este contrato es obligatorio según la ley y podría probar que la Universidad está lucrando con la pesca de investigación. Oceana presentó un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por la negación de dicha información, solicitando que se obligue a Subpesca a entregar el contrato señalado. La decisión del Consejo reconoce nuestro derecho y dispone que la Subsecretaría debe darnos acceso a este contrato.

Estamos frente a la punta de iceberg de un gran fraude que se ha tolerado por años, beneficiando al sector pesquero. En buena parte de los casos no hay ninguna investigación real que se haya hecho en relación con estos permisos.

En primer lugar, llama la atención el uso que ciertos actores –empresas pesqueras nacionales y extranjeras- le han dado a la pesca de investigación en Chile que, por definición legal, es sin fines de lucro. La pesca de investigación ha sido habitualmente una forma encubierta de otorgar o aumentar arbitraria y artificialmente las cuotas de pesca comercial. Estamos frente a la punta de iceberg de un gran fraude que se ha tolerado por años, beneficiando al sector pesquero. En buena parte de los casos no hay ninguna investigación real que se haya hecho en relación con estos permisos.

Este abuso es particularmente grave si se da, como se intentó, sobre el atún de Isla de Pascua. Este es el recurso pesquero más importante para el pueblo Rapa Nui desde tiempos ancestrales. Hoy sigue estando en la base de su alimentación y representa una gran fuente de ingreso a través del turismo. Su escasez los tiene en una situación muy desesperada y, de hecho, han tenido que importarlo desde Tahití.

El atún de aleta amarilla, que es el que más se encuentra en esta zona, presenta claros signos de sobreexplotación y, según organismos internacionales, ha sufrido una disminución sustancial en los últimos años. El primer llamado es a adoptar urgentemente medidas de conservación para evitar que la escasez de atún siga empeorando. Oceana ya ha propuesto la ampliación del parque marino en Salas y Gómez a la totalidad de su Zona Económica Exclusiva y el reconocimiento del uso exclusivo de los recursos marinos de Isla de Pascua para los isleños, entre otras razones, por el preocupante estado del stock de atún.

La opacidad que rodea las decisiones relativas a la explotación de los recursos naturales en Chile es grave y está profundamente enquistada.

En segundo lugar, este caso demuestra que una sociedad civil alerta y activa puede cambiar el curso de los acontecimientos y contribuir positivamente a la administración y cuidado de los recursos naturales. Este reclamo y las demás acciones desplegadas en torno a esta situación fueron determinantes para se detuviera un intento por pescar masivamente un recurso como el atún en Isla de Pascua, con las implicancias ya descritas.

La opacidad que rodea las decisiones relativas a la explotación de los recursos naturales en Chile es grave y está profundamente enquistada. Esto ha favorecido el surgimiento de una trama de relaciones indebidas entre reguladores y regulados, palos blancos para burlar la ley, conflictos de interés y captura de las agencias públicas que, en definitiva, ha permitido saltar los ya exiguos controles legales destinados a brindar un mínimo de responsabilidad a las actividades económicas que se sirven de estos recursos, la mayoría de las veces, de manera gratuita.

La ley de transparencia ha significado un salto cualitativo enorme al poner a disposición de la ciudadanía una serie de herramientas para conocer mejor qué pasa dentro del Estado y con las empresas reguladas. Si bien falta mucho camino por recorrer, los espacios de transparencia existentes ya están dando como resultado un mayor control sobre los gobiernos y los actores económicos que se relacionan con ellos, lo que, en el mediano a largo plazo, dará más confianza a la sociedad sobre las decisiones que se adopten en distintos asuntos de interés público. El segundo llamado es, entonces, a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades para tener recursos naturales más saludables.

*Vea reportaje de CIPER que detalla el vínculo que tiene la Universidad del Mar con la “pesca de investigación”.

La resolución del Consejo para la Transparencia se adoptó tras seis meses de tramitación y en ella el Consejo acogió un amparo interpuesto por CIPER, desestimando los argumentos presentados por Aguas de Antofagasta, la cual planteó, entre otras cosas, que la solicitud de información se sustentaba en un “error conceptual” y que entregar los contratos podría atentar contra sus políticas comerciales.

Cabe hacer notar que Aguas de Antofagasta es la principal empresa que asegura el suministro del vital elemento a la población de Antofagasta. El año pasado, el abastecimiento de agua a la población se vio sujeto a cortes sin aviso y restricciones que provocaron airados reclamos entre los habitantes de la región.

El punto central del razonamiento de la empresa Aguas de Antofagasta S.A. para negarse a entregar los contratos de suministro de agua a las mineras fue que no se le puede pedir información sobre sus contratos pues se trata de compañías privadas sobre las cuales hay límites a la hora de la fiscalización. “La información solicitada corresponde a contratos vigentes entre empresas privadas, referidos a una actividad económica no sujeta a regulación y que se desarrolla en el marco de un mercado competitivo, como lo es el suministro de agua cruda a las empresas mineras en la Segunda Región”, planteó Aguas de Antofagasta.

Sin embargo, el Consejo para la Transparencia, “en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación”, desechó los fundamentos de la compañía. “Los contratos presentados no contienen información que pueda ser calificada como secreto empresarial, esto es, que proporcionen una ventaja competitiva que, de ser revelados, perjudicase el desenvolvimiento competitivo de la empresa en el mercado de agua cruda o de agua potable”, estableció.

El fallo del Consejo constituye un hito, pues le ordena a la Superintendencia hacer pública la información, aún cuando se trata de contratos entre privados, pues se refiere al suministro del mismo bien que la empresa sanitaria entrega a la población de esa región. Por lo tanto, el contenido de esos contratos se enmarca dentro de lo que son los sectores regulados por el Estado.

A la entrega de los contratos solicitados por CIPER se opusieron la sanitaria Aguas de Antofagasta y sólo dos de las nueve mineras a las cuales provee del recurso hídrico: El Tesoro y Esperanza. Estas tres empresas tienen algo en común: todas pertenecen a la familia Luksic. Las mineras El Tesoro y Esperanza son parte del grupo Antofagasta Minerals, brazo minero de la familia y que encabeza el menor de los hermanos, Jean Paul Luksic. En el caso de Aguas de Antofagasta, los controladores son Inmobiliaria Punta de Rieles Ltda (99%) y Antofagasta Railway Company PLC (1%), ambos pertenecientes al grupo Luksic.

LA RESISTENCIA DE AGUAS ANTOFAGASTA

El 15 de marzo de 2011, CIPER presentó un requerimiento de información ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Allí solicitó “el contrato de servicios sanitarios que realiza la empresa Aguas de Antofagasta S.A con todos sus clientes no regulados (…) que tenga en la región de Antofagasta”. La SISS se excusó de entregar copia de esos contratos. Según el organismo, dichos documentos contienen información “cuya publicidad podría afectar los derechos de terceros”.

El 1 de Agosto de 2011, Aguas de Antofagasta manifestó también su oposición a la entrega de información. ¿Las razones?: que la divulgación podía afectar los derechos de la compañía, “por cuanto ellos contienen información estratégica y confidencial sobre políticas comerciales aplicadas por la empresa”. Además, el representante legal de dicha empresa argumentó que los contratos se referirían a actividades “que no se encuentran sujetas a regulación”, por lo que difundirlos podría atentar contra los equilibrios del mercado en el que participa Aguas de Antofagasta. Finalmente, señaló que aunque estos contratos estaban en manos de la SISS, su entrega se hizo bajo expresa reserva de confidencialidad.

“Los contratos solicitados por la reclamante contienen información estratégica y, por lo mismo, confidencial en relación al suministro de agua cruda que Aguas de Antofagasta proporciona a sus clientes mineros, tales como precio, caudales y volúmenes comprometidos, plazos, garantías y demás condiciones relevantes”, manifestó la empresa para fundamentar su oposición. “La divulgación de esta información al mercado, aunque sea sin intención dolosa, causaría un daño irreparable en la posición comercial de Aguas de Antofagasta en el mercado de suministro de agua a las empresas mineras”, concluyó.

La argumentación de Aguas Antofagasta fue respaldada el 17 de Agosto de 2011 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), cuyo titular, Magali Espinosa Sarria, también concluyó que no correspondía divulgar los contratos. “Los documentos solicitados se refieren a actividades que no se encuentran dentro del ámbito de regulación de los servicios sanitarios”, argumentó. Según la SISS, al publicar estos documentos se podría dejar a Aguas de Antofagasta “en una situación vulnerable y desigual con respecto a sus pares”: otras empresas de agua que son fiscalizadas por esa superintendencia.

El Consejo para la Transparencia notificó a las nueve mineras involucradas del requerimiento presentado por CIPER. De éstas, solo El Tesoro y Esperanza manifestaron su oposición a la entrega de los contratos. Las observaciones y descargos de ambas empresas fueron idénticos, dice el Consejo en el fallo.

Los representantes de las mineras de propiedad del Grupo Luksic plantearon fundamentalmente que los contratos solicitados no son documentos de acceso público. “El contrato en cuestión o los celebrados con Aguas de Antofagasta S.A (…) se encuentran regidos por el Derecho Privado y en ese sentido se encuentran excluidos no solo de la competencia de la SISS, sino que también del Consejo para la Transparencia”, fue uno de sus argumentos.

Además, reiteraron el planteamiento esgrimido por Aguas de Antofagasta, en cuanto a que la entrega de información podría afectar a las mineras en el ámbito comercial. Ello, pues sus acuerdos con Aguas de Antofagasta forman parte de una estrategia “para enfrentar sus procesos productivos en la industria extractiva del cobre”.

LAS RESPUESTAS DEL CONSEJO

Uno a uno el Consejo para la Transparencia fue rebatiendo los argumentos presentados por Aguas de Antofagasta y las mineras Esperanza y El Tesoro. El punto central de su resolución es que los contratos solicitados constituirían información pública, pues han formado parte de los procesos de fijación tarifaria de los últimos años, donde son evaluados por la autoridad.

También cuestionó que se trate de información estratégica que pueda afectar el negocio de la empresa. Luego de revisar en detalle los documentos, el Consejo concluyó que “los contratos no contienen información cuya reserva otorgue a la empresa una ventaja competitiva”. Respecto a que la difusión de los acuerdos podría hacer que los competidores de Aguas de Antofagasta ofrecieran mejores condiciones, el Consejo señaló: “Ello es parte del libre juego de la oferta y la demanda”.

Finalmente, el Consejo llamó la atención sobre el siguiente hecho: “Algunos contratos solicitados constan en escrituras públicas, de manera que podrían ser fácilmente accesibles por cualquiera”.

Como Aguas Antofagasta apeló a la resolución de 21 páginas del Consejo para la Transparencia, será ahora la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá dirimir la contienda. Un fallo que será mirado con lupa por los distintos organismos que velan por la transparencia y la libre competencia en el país, ya que sentará un precedente jurídico sobre toda la información de empresas privadas en poder de los organismos fiscalizadores de los sectores regulados por el Estado.

La noticia no fue bien recibida en el Senado, donde ya se vislumbraba una transversal mayoría favorable a que ambos consejeros siguieran en la entidad que garantiza el acceso de los ciudadanos a los documentos del Estado. Uno de los que alzó la voz fue el senador y presidente de RN, Carlos Larraín, quien sostuvo que el gobierno tendría que haber actuado con más “consideración”. Desde la oposición, el diputado PPD Felipe Harboe estimó que esta decisión del Presidente menoscabaría la “brillante” labor que han venido realizando los consejeros.

En defensa de Urrutia, el senador Carlos Larraín dijo que hay sectores del oficialismo que ven con recelo el sello inquisitivo que el ex diputado le ha dado al Consejo. El tema fue abordado en una columna editorial de El Mercurio del jueves 5: “(la decisión de La Moneda) ha despertado críticas de algunas voces de oposición y también de la Alianza, pues se ha interpretado la no renovación en sus cargos como una suerte de sanción para estos consejeros”. Los comentarios se fundan en que Urrutia, aunque milita en el mismo partido que el Presidente de la República, ha votado en varios casos contra los intereses del gobierno.

Al interior del Consejo para la Transparencia confirman que hay dos procesos “emblemáticos” que demuestran el celo e independencia con que ha actuado Urrutia y que sellaron su “distanciamiento” con el gobierno. El primero fue una resolución que afecta a la Fundación Integra, encabezada por la esposa del Presidente Piñera, Cecilia Morel, entidad que se negó a entregar documentos relacionados con los ingresos de su plana ejecutiva y el destino de fondos que recibió para la reconstrucción de jardines infantiles, entre los cuales se cuenta US$100 mil donados por el cantante Ricardo Arjona.

El segundo caso también se refiere a documentos sobre dineros destinados a la reconstrucción y afecta a la Subsecretaría del Interior. En este proceso, el Consejo marcó un precedente, pues determinó que la subsecretaria que dirige Rodrigo Ubilla (RN) está obligada a entregar copia de los correos electrónicos de algunos de sus funcionarios.

LOS CORREOS DE LA RECONSTRUCCION

El caso que puso de punta al subsecretario Ubilla con el Consejo para la Transparencia lo inició el alcalde de Melipilla, Mario Gebauer Bringas (PPD), quien el 16 de febrero de 2011 requirió de la subsecretaría los documentos que permitieran establecer por qué más de $300 millones destinados a cubrir la emergencia del terremoto fueron devueltos por la Gobernación Provincial de Melipilla sin haberse gastado.

Gebauer solicitó oficios y memorándums, pero también los “correos electrónicos institucionales remitidos desde el Ministerio del Interior a la Gobernación Provincial de Melipilla y, desde la Gobernación Provincial de Melipilla al Ministerio del Interior”, incluyendo los e-mails de las cuentas del propio subsecretario Ubilla y de la gobernadora, Paula Gárate.

La subsecretaría respondió el 10 de mayo de 2011 al edil, proporcionando la rendición de gastos, entre otros documentos, pero descartó de plano entregar copia de los correos electrónicos. A juicio de esa entidad, aquello vulneraría la vida privada y honra de las personas involucradas y sus familias.

El alcalde recurrió de amparo ante el Consejo para la Transparencia el 30 de marzo de 2011. Adujo que la información que contienen esos correos es de suma importancia para la comuna de Melipilla y que no corresponden a la esfera de la vida privada por tratarse de comunicaciones entre autoridades, emitidas desde cuentas institucionales que son financiadas con fondos públicos y no desde correos privados.

El Consejo admitió a tramitación el amparo, por lo que la subsecretaría debía exhibir los correos a los consejeros para que estos ponderaran si efectivamente vulneraban aspectos de la vida privada de los funcionarios. En sus descargos, el 28 de abril de 2011 la subsecretaría del Interior argumentó su negativa a divulgar los e-mails señalando que afectarían la privacidad, que es parte de las garantías que asegura la Constitución. En segundo término, estimó que no estaría dentro de las atribuciones del Consejo acceder a los correos de funcionarios o autoridades públicas.

A pesar de las objeciones de la subsecretaría, el Consejo determinó el 14 de julio de 2011 que debía enviar copia de todos los correos que el alcalde Gebauer solicitó. Este es el primer caso en que se estima que los correos electrónicos institucionales contienen información de interés público: “Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”, enfatiza el informe elaborado por el Consejo. De esta manera, estima que los correos reemplazan a los “actos administrativos contenidos en formato papel”.

El 12 de agosto de 2011 el Consejo para la Transparencia finalmente resolvió acoger el recurso (vea el documento oficial con los argumentos de la subsecretaría y la decisión del Consejo) y requirió al subsecretario Ubilla que entregara la información. La resolución contó con los votos favorables de los consejeros Ubilla, Olmedo y Alejandro Ferreiro, y con el voto disidente de Jorge Jaraquemada.

Como último recurso para anular lo obrado por el Consejo, la subsecretaría de Ubilla presentó un “reclamo de ilegalidad” ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 23 de septiembre, el que se encuentra en trámite bajo el Rol Nº 6704-2011.

DIFERENCIAS CON LA PRIMERA DAMA

El 25 de marzo de 2011 el concejal de Calera de Tango, Marco Jofré Muñoz, pidió a la Fundación Integra documentos referidos a la planta de personal y remuneraciones de los principales cargos ejecutivos de la entidad al 28 de febrero de 2010 y al 28 de febrero de 2011. También solicitó conocer los gastos realizados con la donación de US$3 millones entregados por el gobierno australiano a la Fundación, al igual que el destino y beneficiarios de los US$100 mil que el cantante guatemalteco Ricardo Arjona aportó para la reconstrucción del jardín infantil “Chacra Alicia” de Dichato.

La Fundación, cuyo Consejo Nacional es presidido por la Primera Dama Cecilia Morel, se negó a revelar estos documentos, afirmando que “es una institución de derecho privado” que no está bajo el alero de la Administración del Estado, por lo que no está sujeta a la Ley de Transparencia. Además sostuvo que se violaría la privacidad de los trabajadores si se publican sus ingresos.

Tras la respuesta negativa, el concejal Jofré -quien trabajó durante 14 años en Integra y fue despedido en enero pasado- interpuso el 13 de abril de 2011 un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. El 31 del mismo mes el organismo admitió a tramitación el recurso y el 9 de mayo la Fundación hizo sus descargos. Entre los principales argumentos utilizados se reafirmó que Integra es “una corporación y fundación de derecho privado”. Asimismo recalcó que no cumplía una función administrativa, sino de bien común, ya que su propósito es “otorgar educación inicial de calidad a niños y niñas que vienen en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”.

El Consejo descartó que Integra fuera una institución privada y la consideró parte de la Administración Pública, pues a su juicio tiene “un carácter instrumental”, es decir, se trata de “un órgano de colaboración del Gobierno en el área social”. Asimismo, hace una reseña histórica del organismo, la que incluye actas de sesiones realizadas en las oficinas del gabinete de la Primera Dama en La Moneda, que hacen que “no pueda aceptarse que quienes constituyen esta fundación lo hagan como particulares que ejercen la libertad de asociación, sino que debe entenderse que la creación de esta fundación fue realizada a instancias del poder público”.

El amparo de Jofré fue acogido por el Consejo el 31 de agosto, cuando resolvió que la Fundación Integra debía entregar al concejal en diez días hábiles la nómina de gastos hechos con las donaciones y en 45 días hábiles debía actualizar en su sitio toda la información que contempla la Ley de Transparencia para las instituciones públicas, incluyendo la planta y remuneraciones (vea el documento oficial con los argumentos de la Fundación y la decisión del Consejo). Sin embargo, el 20 de septiembre pasado la Fundación Integra jugó su última carta y presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un “reclamo de ilegalidad” para tratar de anular la decisión del Consejo. El reclamo se tramita bajo el Rol Nº 6569-2011.

Con la decisión anunciada por el ministro Larroulet, de no prorrogar la gestión de Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo, a pesar de que ambos contaban con respaldo transversal en el Senado, se creó un clima de desconfianza respecto de la independencia con que ejercerán su rol los reemplazantes. A esto se agrega la premura con que debe resolverse el relevo. Urrutia y Olmedo abandonan sus puestos el próximo viernes 28 de octubre. Pocos días para decidir dos nombramientos clave para la fiscalización del aparato público y el combate a la corrupción

Muchas de las solicitudes de acceso a la información pública han terminado en el Consejo para la Transparencia, donde han corrido distinta suerte. Uno de los fallos más relevantes tuvo lugar en las últimas semanas, cuando se ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregarles todos los informes relativos a Hidroaysén, incluyendo las copias correos electrónicos institucionales intercambiados durante el proceso de evaluación ambiental.

“Este Consejo advierte que la información  requerida en la especie constituye un elemento esencial para el ejercicio del control social de la actividad de los organismos a quienes se ha requerido su intervención en la evaluación técnica del Proyecto Hidroeléctrico Aysén”, se lee en la resolución.

Pese a que el proyecto Hidroaysén ya fue aprobado, Patagonia sin Represas ha seguido buscando documentos que le permitan detectar irregularidades en el proceso. Tal como escribió el periodista de la organización en una columna publicada en CIPER, sospechan que el Plan Aysén lanzado por el Presidente Piñera en abril pasado daba por hecho la construcción de las represas, incluyendo a Hidroaysén entre los proyectos que había que acelerar, pese a que aún estaba en evaluación.

El documento contemplaba inversiones en energía por US$ 1.505 millones entre 2010 y 2014 y creen que es imposible llegar a ese monto si no se cuentan las represas. En el cuadro presentado por Piñera, se cita como fuente el Ministerio de Hacienda (ver imagen) por lo que a través de la Ley de Transparencia pidieron a esa cartera el desglose de los proyectos. Sin embargo, este 24 de mayo el subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez les respondió que no poseen la información e incluye una imagen del mismo cuadro donde la fuente es el Gabinete Económico de Aysén, por lo que el requerimiento fue derivado a la Intendencia Regional.

Según los solicitantes, la información fue cambiada, tal como se aprecia en un nuevo cuadro en la última página del documento publicado en el sitio web del la intendencia.

La pregunta ahora es con qué información se elaboró el cuadro original y si dentro de los proyectos que se pretendía acelerar estaban Hidroaysén y Río Cuervo, la otra hidroeléctrica en evaluación. Si es así, los opositores a las represas creen que la intendenta Pilar Cuevas podría haber incurrido en una ilegalidad, pues es ella quien presidió la Comisión de Evaluación Ambiental que un mes más tarde aprobaría Hidroaysén.

La organización había pedido que Cuevas se inhabilitara de votar usando el argumento del Plan Aysén, a lo que la intendenta respondió que los US$ 1.505 millones corresponden a una inversión aproximada por “algunos (proyectos) eólicos que se quieren desarrollar en algunos sectores aislados y además mini hidros; también para otros sectores aislados, y se quieren incorporar más herramientas para el desarrollo de ERNC, para que así puedan estos desarrolladores de mini hidros invertir en este tipo de proyectos”.

Se espera que tras la derivación del Ministerio de Hacienda, la intendencia entregue documentos y cifras que avalen –o no– dicho monto.

La transparencia en el sector defensa ha sido puesta a prueba en las últimas semanas y ya le costó el puesto al ministro Jaime Ravinet y al jefe del Estado Mayor Conjunto Cristián Le Dantec. En esta columna, el ex subsecretario de Guerra Gonzalo García analiza las complejidades del tema y urge a que se dicte uno de los reglamentos de la nueva Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, la que establece que los registros de proveedores de las Fuerzas Armadas serán públicos. Un gran avance, pero que no terminará con el problema de fondo hasta que no se derogue la Ley de Fondos Reservados del Cobre.

Las aguas no se aquietarán en la defensa nacional hasta que el origen de los problemas no sea controlado. Y este no es otro que la existencia de la Ley de Fondos Reservados del Cobre que ha dado muchísimo más que un financiamiento estable para la defensa. El medio se ha tragado los fines y hay que restablecer el orden de las cosas. Lo normal es que la escasez sea la fuente de problema pero no al revés.

Se ha escrito con ingenio que el arte de la defensa está construido en clave paradojal: “si quieres la paz prepárate para la guerra” o “el camino recto y despejado es un mal camino”. Parece que una buena explicación puede ser la vía paradojal. La normalidad de la publicidad se alteró y la excepcionalidad del secreto y la reserva del Estado puede ser la regla en ciertas decisiones de la defensa.

Las decisiones del Consejo para la Transparencia sobre defensa nacional partieron antes del Puente sobre el Bío-Bío y no terminarán ahí. Por la Contraloría también pasará parte de este dilema.

El debate no radica en sostener quién define lo que entenderemos por seguridad nacional y cómo las reservas y secretos de la defensa constituyen una garantía institucional. Es evidente que al legislador y sólo a éste le compete la tarea de establecer mediante ley formal y material las reglas del secreto. De hecho, encontramos con posterioridad a las reformas constitucionales del año 2005 un conjunto de normas legales que precisaron las reglas de la reserva o secreto, como las establecidas en la Ley 20.424 (Artículo 34) Orgánica del Ministerio de Defensa.

El problema no se presenta a nivel del legislador sino que en la interpretación de la regla del secreto o reserva. Esta será una tarea habitual del Poder Ejecutivo y, en este caso puntual, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo concurre, por ejemplo, la causal relativa al secreto sobre los estándares con los que operan las Fuerzas Armadas chilenas? Muchas veces podremos deducir estándares de operación a partir de otros datos. ¿Estos últimos serán públicos o reservados? En fin, siempre existirá un espacio de discrecionalidad técnica para dar cuenta de la garantía institucional de la defensa nacional.

No obstante, la práctica indica que estas causales tienden a exacerbarse, a utilizarse como una noción abarcadora y más amplia, en circunstancia, que son jurídicamente excepcionales.

Es interesante recabar un ejemplo sobre adquisiciones militares. Un caso presentado el año 2009 por CiperChile al Consejo de la Transparencia nos da cuenta de cómo se interpreta estas normas por los operadores. El Caso es el C-382/2009 y está en la base de la indagación de CiperChile referida a Serlog, una empresa de intermediación y representación múltiple de industrias de la defensa, que era investigada en el extranjero por unas comisiones ilegales. Se trataba de indagar en qué calidad participaba en algunas adquisiciones, la cantidad de veces que intermediaba y desde cuándo estaba en los registros de una institución armada.

La respuesta de la institución castrense fue la siguiente:

i) “Las compras relativas a sistemas de armas y repuestos para material de guerra son secretas.
ii) Las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad está facultadas expresamente para mantener un registro secreto de proveedores, de lo que se deriva que los datos de dicho registro son también secretos.
iii) En los procesos de adquisiciones de los productos indicados, se desarrolla e involucran diversos agentes externos (a la institución castrense) como el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República, el CONSUDENA, entre otros, a quienes se les impone el secreto o reserva en las fases en que intervienen.
iv) En el caso, las gestiones comerciales de SERLOG Ltda. son parte de estos complejos procedimientos de adquisición, amparado por el secreto y caracterizado por su indivisibilidad.” (Caso C-382/2009 – CPLT)

El Caso fue resuelto el 26 de Febrero de 2010, negando el acceso a la información porque se acreditó que Serlog Ltda. no tenía contratos vigentes con la institución militar por lo cual mal se podía exigir la entrega de información inexistente.

Más allá del caso es importante constatar que a la fecha de esta decisión del Consejo para la Transparencia las reglas del juego sobre las adquisiciones de la defensa habían cambiado y, por ende, parte de los supuestos en lo que se apoyaba no son hoy válidos. Lejos estoy de criticar la Decisión del Consejo para la Transparencia porque las reformas de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional fueron publicadas en el Diario Oficial del 4 de Febrero de 2010 y no afectan un proceso iniciado en el año 2009 y donde todas las intervenciones de los actores en esa causa citaron legislación vigente al día.

Lo relevante son las decisiones actuales y el nuevo ciclo que se abre sobre transparencia y defensa. Para cerrar el caso de las adquisiciones, nuevas reglas han entrado a operar y es necesario dictar la legislación complementaria (Decretos con Fuerza de Ley que se deben publicar antes del 31 de Marzo del 2011 y Reglamento del Registro de Proveedores que debe publicarse lo antes posible). Sin embargo, los supuestos han alterado la manera de operar sobre las adquisiciones de la defensa.

Así es esencial citar el Artículo 34 inciso 4° de la Ley 20.424 Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional. “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial, aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas.”

¿Cómo afecta este artículo legal a la tesis jurídica central respecto de que todo el proceso de adquisiciones de la defensa es secreto?

Primero, partamos recordando la sentencia del propio Consejo para la Transparencia en otro caso, el C 57-2010, relativo a la difusión de los rendimientos económicos de la Ley de Fondos Reservados del Cobre indicó. Allí calificó que “este Consejo deja constancia de su preocupación porque en nuestro ordenamiento existan leyes que tienen carácter secreto. Admitirlas supone aceptar un peligroso bolsón de opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia y el contenido esencial del derecho a acceder a la información pública, esto es, la facultad de todo individuo de buscar, solicitar y acceder a la información que obre en poder de los órganos estatales, particularmente a partir de la reforma constitucional del 2005 (artículos 8º y 19 numerales 12 y 26 de la Constitución), representando también un serio debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad republicana (art. 4º de la Constitución).”

Segundo, si los registros de proveedores son públicos y todo cambio en su naturaleza jurídica es un antecedente esencial que debe informarse, aparece como una nueva facultad para controlar estos aspectos.

Tercero, incluso más, la ley es perentoria en indicar una especie de nulidad de lo obrado cuando se hayan iniciado gestiones relativas a la adquisición de un bien de la defensa que no cumplan con estos requisitos de publicidad. Aquí la transparencia definida por la Ley 20.424 está puesta al servicio de evitar y precaver todo tipo de conflictos de interés. Por lo mismo, exige la implementación de un sistema de inhabilidades, implicancias y recusaciones.

Por tanto, es urgente dictar ese Reglamento sobre Registro Público de Proveedores de la Defensa. Este solo paso modifica una parte sustantiva de lo que la Ley de Fondos Reservados del Cobre oculta.

La Ley 20.424 viene a poner al día en parte la Ley 13.196 en lo relevante, que los medios deben estar puestos al servicio de unos fines y no que los medios cubran cualquier medio y por cualquier fin. Estos son algunos de los imperativos de la defensa en el período actual.

(*) Gonzalo García es abogado y ex subsecretario de Guerra, además de profesor de Derecho Constitucional de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez.

Tras los polémicos recortes a las horas de historia y tecnología a favor de matemáticas y lenguaje, un movimiento de académicos y estudiantes universitarios solicitó acceso a los informes de expertos que tuvieron en cuenta los miembros del Consejo Nacional de Educación (CNED) para aprobar las modificaciones. Los resultados son curiosos: pese a que todos los expertos objetaron la propuesta del Ministerio de Educación, los miembros del CNED las aprobaron por unanimidad, aunque planteando ciertas observaciones. Los integrantes del citado movimiento han sostenido reuniones con autoridades del ministerio, a quienes les han escuchado decir que la cuestionada medida está en evaluación y podría ser retirada.

A fines de diciembre, mediante una petición de acceso de información pública, un grupo de profesores y docentes vinculados al Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales tuvo acceso a los informes de expertos solicitados por el Consejo Nacional de Educación (CNED) para dirimir acerca de la propuesta del Ministerio de Educación (Mineduc) que determinó reducir las horas de clases de esas materias en favor de matemáticas y lenguaje. El resultado de la solicitud permitió constatar un hecho curioso y controvertido: pese a que la totalidad de los expertos consultados objetaron la propuesta del Mineduc, los integrantes del CNED terminaron aprobándola de manera unánime, aunque con ciertas observaciones.

Los informes obtenidos a través de la Ley de Transparencia fueron publicados la semana pasada en el blog del citado movimiento y dan cuenta de una serie de inconsistencias en los cambios a los planes de estudio ideados por el Mineduc para los cursos de quinto básico a segundo medio.

Cinco son los informes evaluadores despachados por expertos y que fueron consultados por los miembros del CNED. Los informes, identificados por números, coinciden en que la propuesta del Mineduc carece de un fundamento que la justifique y ponen en duda su efectividad y coherencia.

Como señala el evaluador 4, “la fundamentación del nuevo plan de estudio propuesto para los niveles de 5° básico a 2° medio es incompleta y ligera. Sólo se justifican los cambios de los subsectores de lenguaje, matemáticas e inglés (…) No hay explicaciones que den cuenta del por qué de su disminución y, por ello, las medidas aparecen arbitrarias y, por lo tanto, resultan difícil de evaluar”.

En la misma línea, el evaluador 3 repara en que “en nuestro país los(as) alumnos(as) tienen una carga horaria total superior a los países del OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), lo que nos demuestra una inefectividad importante en el uso del tiempo escolar”.

Sobre el fondo de los cambios a los planes de estudio, uno de los informes señala inconsistencia en la decisión de reducir horas en el sector de las ciencias sociales. Esto considerando que el propio Ministerio de Educación ha determinado que las habilidades menos trabajadas por el sector corresponden a aquellas vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico. “Estas actividades requieren de más tiempo, no menos, para desarrollarse plenamente y su buen desarrollo implica un esfuerzo contextualizado”, indica el evaluador 4.

Un argumento complementario entrega el evaluador identificado con el número 2, quien advierte que “el sector se basa en una compleja articulación entre adquisición de contenidos y desarrollo de habilidades y actitudes, que requiere de mucho tiempo pedagógico, tal como se desprende del análisis sintético que hemos presentado del marco curricular”. Frente lo anterior, “las exigencias del marco curricular del sector difícilmente pueden ser logradas disponiendo de sólo tres horas semanales para su enseñanza”.

Dos de los evaluadores también cuestionan la factibilidad de la propuesta. En el caso del evaluador 1, previniendo que la implementación de los cambios sólo sería posible en establecimientos con jornada escolar completa. De lo contrario, generaría “una brecha entre quienes tienen la oportunidad de estudiar en este tipo de colegios y quienes no”. El evaluador 5, en tanto, señala que las medidas del Mineduc “generarán un impacto en el mapa laboral en el cual se desenvuelven los docentes de nuestro país”.

Los cambios a los planes de estudio habían sido presentados en una primera instancia al CNED en julio y rechazados en septiembre. Pero sólo tres días después del rechazo, el Mineduc ingresó una nueva propuesta que resultó aprobada con una serie de observaciones recogidas de los informes de los expertos. La respuesta a estas observaciones aún no han sido dadas a conocer por el ministerio respectivo.

La iniciativa generó una fuerte resistencia de la comunidad académica y derivó en la creación del Movimiento por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, que agrupa a profesores y estudiantes universitarios. Mediante diversas acciones, como la solicitud de información pública sobre los informes de los expertos consultados por el CNED, este movimiento ha conseguido mantener la atención en el tema y ser escuchado por las autoridades del Mineduc. A fines de diciembre sus representantes se reunieron con el ministro Joaquín Lavín, quien se habría comprometido a revisar la medida. A fines de la semana pasada, en una nueva audiencia, la representante de la Unidad de Currículo y Evaluación, Loreto Fontaine, habría refrendado las intenciones del ministro.

Patricio Bernedo, director del Instituto de Historia de la Universidad Católica y uno de los representantes del movimiento que estuvo presente en ambas reuniones, dice que “si bien uno se puede equivocar, al menos yo estoy razonablemente optimista, pues se nos dijo que había disponibilidad para revisar la medida”.

Esa disponibilidad del ministro también puede servir como carta de negociación para conseguir la aprobación de los cambios a la educación impulsados por el gobierno y que actualmente son discutidos en el Congreso, pues ha sido una de las exigencias hechas por los parlamentarios opositores.

Han pasado más de nueve meses desde el cambio de gobierno y Enap aún no actualiza en su página web la información sobre sus ya no tan nuevas autoridades, pese a que debería hacerlo mensualmente. Ahora el Consejo para la Transparencia se lo ordenó, pero lo más importante es que además deberá entregar los datos detallados de los salarios de sus máximos ejecutivos, accediendo así a un reclamo de CIPER. Se trata de un nuevo paso hacia la transparencia en las empresas públicas.

El reclamo de CIPER fue hecho el 31 de marzo de 2010, cuando constatamos que ENAP no cumplía con todas las exigencias de transparencia activa impuestas por la ley. Aunque su página web contenía las remuneraciones brutas anuales del gerente general y su plana ejecutiva, no individualizaba a las 12 personas que la componen. Así, era imposible saber cuánto ganaba un gerente de la empresa.

Tres meses más tarde el Consejo para la Transparencia nos dio la razón y requirió además a Enap actualizar los nombres del presidente y vicepresidente del directorio. La empresa no sólo mantiene hasta el día de hoy los nombres de los personeros de la ex Presidenta Michelle Bachelet, sino que solicitó que al consejo invalidara la resolución.

A través de un recurso de reposición, Enap argumentó que el Consejo para la Transparencia no tenía atribuciones legales, competencia y jurisdicción para conocer el reclamo y que se estaba interpretando erradamente las normas equivocadas. Intentó demostrar, además, que la “administración superior” de la empresa, especificada en la ley, sólo se refiere a los miembros del directorio y no a sus gerentes y ejecutivos principales.

Pese a que el recurso fue rechazado por haber sido presentado fuera de plazo, Enap logró acreditar que sí se habían cumplido los tiempos y se invalidó el rechazo inicial. Tras este enredo, todo volvió a fojas cero y el consejo debió revisar nuevamente el recurso. Finalmente este 3 de diciembre volvió a dar la razón a CIPER.

En su resolución, constató que el presidente y vicepresidente del directorio publicados en la web seguían siendo quienes ejercieron de ministro de Minería y vicepresidente de CORFO del gobierno anterior. Ratificó además sus atribuciones legales sobre Enap citando un pronunciamiento reciente de Contraloría –solicitado por la misma empresa– que así lo dispone: “Enap, en tanto constituye una empresa pública creada por ley, se encuentra sometida a las potestades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas que la ley de Transparencia confiere al Consejo” en materia de transparencia activa (publicación obligatoria en la web).

La resolución sigue la línea de lo ya confirmado en el caso de TVN por la Corte de Apelaciones, tribunal al que Enap aún puede apelar. El canal nacional ha argumentado que publicar los salarios de sus ejecutivos perjudica su competitividad e incluso recurrió al Tribunal Constitucional para evitar darlos a conocer.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad critica la falta de herramientas que existen en el país para combatir y perseguir los actos de corrupción. Recuerda que el año pasado se anunció la creación de un Frente Anticorrupción, integrado por las cabezas de algunas de los más importantes organismos del Estado chileno, el que sin embargo se diluyó en el tiempo. Si no se fortalecen las instituciones y sus herramientas legales, la lacra de la corrupción podría avanzar sin contratiempos.

En los países serios la corrupción es el enemigo número uno de sus Estados de Derecho, de sus sistemas políticos democráticos y de sus economías de libre mercado y en razón de ello el Ministerio Público tuvo la excelente idea de relacionarse con la Agencia Eurosocial de la Comunidad Europea para disponer de mayores antecedentes en su cometido. Así fue como desarrolló con ella el proyecto “Lucha contra la corrupción: el modelo de fiscalía especial y multidisciplinaria” cuyo objetivo es detectar a tiempo la configuración de ese tipo de delitos, que en Chile ha sido muy difícil pesquisar por las razones que cada lector perspicaz comprenderá.

Los abogados especialistas del Ministerio Público han dicho que la lacra de la corrupción deber ser enfrentada, desde la perspectiva de su persecución penal, de una manera muy distinta a los otros tipos de investigaciones y que, para ello, se hace necesario modificar nuestro ordenamiento jurídico con lo cual se lograrían los resultados que la sociedad espera. Lo anterior es un tremendo desafío si sabemos que en nuestro país, de una u otra forma, está garantizada la impunidad cuando se trata de delitos económicos cometidos por los dilectos animadores del establishment.

En el año 2007 el Ministerio Público propuso al gobierno de Bachelet la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Pero, luego de los profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, ni la presidenta, ni menos, su ministro del interior, Edmundo Pérez Yoma, hicieron mayor cosa para activar la creación de dicha fiscalía, posiblemente porque creían que el control de la probidad pública y digámoslo con claridad, la connivencia entre algunos funcionarios de la administración con excelsos actores privados, no tenía la prioridad que sí exigían otras iniciativas más “entretenidas” y mediáticas.

Transcurrió el tiempo y el domingo 5 de julio de 2009, en pleno fragor de la campaña presidencial que le dio el triunfo a Piñera, se publicó en El Mercurio un completísimo reportaje titulado “El debut del Frente Anticorrupción”, con ocasión de una reunión llevada a cabo en ese diario por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Se explayaron en la cita Urbano Marín, Juan Colombo, Ramiro Mendoza, Sabas Chahuán y Carlos Mackenney, respectivamente, siendo entrevistados por la periodista Pilar Molina. Debemos tener presente que los 2 primeros han sido reemplazados por Milton Juica y Marcelo Venegas.

Los titulares de esas instituciones fueron muy convincentes en plantear sus ideas para atacar dicho flagelo y recordaron que el 2 de diciembre del año 2008 ya habían firmado un compromiso de intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos.

En lo que dice relación a las sanciones bajas e inoportunas para el fraude al fisco y el cohecho, Mendoza indicó que “las penalidades no son lo suficientemente drásticas”, pero también dijo que “había que fortalecer las unidades de auditoría interna en los servicios y municipios y el seguimiento de sus denuncias en los tribunales”. En lo referido al trato y colaboración e independencia frente al gobierno, Colombo sostuvo que “una vez nombrado, uno tiene que aplicar el principio de la ingratitud con quien te nombró”. Ante las modalidades de corrupción, todas graves, Chahuán explicó “la que implica abuso de poder es de un nivel de repudio ético y moral más execrable”. Quien dio en el clavo fue el asertivo Mackenney, quien expresó “nos interesa que el país trabaje en la prevención”.

Pero como ningún medio de prensa le hizo seguimiento a la creación de ese Frente Anticorrupción y dado que se echó al olvido esa atractiva iniciativa con la cual se habrían aumentado los estándares en la probidad, en razón a que somos curiosos, desde hace 2 meses, nos pusimos en campaña para revisar personalmente con los titulares de esas 5 instituciones en qué etapa de desarrollo estaba dicho Frente. Nos entrevistamos con Milton Juica y Marcelo Venegas, presidentes en ejercicio de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, respectivamente; con Carlos Mackenney, presidente del CDE y con el subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien nos recibió acompañado con un abogado de esa repartición. La apretada agenda de Ramiro Mendoza ha imposibilitado nuestro contacto con la Contraloría General.

Las cuatro reuniones fueron gratas, notando un genuino interés por parte de quienes nos recibieron en mejorar la institucionalidad, pero quedó demostrado que el Frente Anticorrupción no existe en los términos que El Mercurio nos anunció en julio de 2009, lo cual nos debe hacer recapacitar y sacar conclusiones.

En todo caso y relacionado con la materia, traemos a colación una graciosa experiencia que tuvimos en días pasados con el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, institución con muy buena llegada a los medios, quien informó recientemente a la opinión pública que había mejorado el “índice de percepción de la corrupción” en Chile, medición que se basa en un estudio de analistas, expertos independientes e instituciones internacionales. Como teníamos ciertas fundadas dudas con ese insólito resultado, le solicitamos al portavoz de esa organización que nos diera los nombres de aquellos líderes de opinión, altos dirigentes empresariales y en general de todos quienes habían sido consultados y que estaban tan satisfechos respecto de cómo aprecian este escenario. La respuesta de esa institución que vela por la transparencia (sic) nos dejó pasmados, porque nuestro interlocutor, después de varias sesudas explicaciones, mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados.

Haciendo abstracción de lo dicho en el párrafo anterior y recapitulando, si se llegara a producir un milagro y este Frente Anticorrupción llegara a operar más adelante, sería imperioso que también lo integre el efectivo Consejo para la Transparencia, organismo que ha sabido cumplir con excelencia su labor cotidiana. Pero más necesario que lo anterior es darle al Ministerio Público las potestades y recursos financieros para que sus fiscales ataquen con decisión los recurrentes ilícitos que cometen los más vivaces del grupo social más encumbrado que hay en el país.

Piñera, Hinzpeter y Felipe Larraín, quienes son los que mandan en Chile, saben que la corrupción es un fenómeno complejo ejecutado por redes de individuos que conocen muy bien el sistema y por ende sus debilidades y por ello esperamos que, entre los 3, adopten las decisiones conducentes a erradicarla paulatinamente para mejorar nuestra democracia y para que los privados de todos los pelajes entiendan que las leyes siempre se deben obedecer sin recurrir a los abogaditos expertos que las interpretan a sus amaños.

Si ello no acontece y continuamos como hasta ahora nos hemos desenvuelto, quedará en evidencia que coexistir con la sofisticada corrupción de las élites es un buen negocio para aquellos que toman las decisiones políticas en el esplendoroso Palacio de La Moneda.

(*) Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

El trabajo y misión de un periodista es exponer las mentiras y sus consecuencias. Julian Assange ha mostrado que no se necesita ser periodista para hacerlo. Eso no lo convierte en espía.

¿Es el fundador de Wikileaks un espía? Eso es lo que dice Sarah Palin. Pero eso me convierte en espía también. Soy periodista. Y lo que Julian Assange está haciendo es una forma de periodismo: Está publicando noticias.

Si usted es como la mayor parte de la gente, usted creerá que los periodistas son mentirosos y lacayos, difunden “noticias” que son apenas creíbles y se inclinan para beneficiar a los grandes intereses que mueven a los medios (eso es lo que las encuestas del Pew Center nos dicen). Esta vez, la clase política se está quejando porque un sitio web y sus aliados en la prensa están publicando información que es absolutamente creíble. ¿Se ha convertido en un delito publicar la verdad?

Seamos claros en un punto técnico clave: No necesitas ser espía para acceder a dicha información. A veces mirar cosas que no son secretas te dice dónde buscar lo que es secreto (así es como los espías verdaderos trabajan habitualmente). A veces la información es simplemente dejada ahí, por error, desde donde alguien la toma. Y, muy a menudo, alguien te la entrega.

Nadie parece estar haciéndose la pregunta, pero es central en medio de esta tormenta: ¿Por qué habría alguien –especialmente alguien que trabaja, digamos, para el gobierno o un gran banco– hacer algo así? ¿Por qué entregaría los secretos de las instituciones para las que trabaja?

Hay dos grandes razones por las que la gente habla: amor propio (“¡Sí, podemos!”) y dolor (“No, no podemos”). De las dos, el dolor es por lejos el mayor motivador. Uno le diría al doctor cosas que no podría contarle ni a su mejor amigo. Y alguna gente en nuestros gobiernos sabe cosas que pueden hacerte enfermar de sólo pensar en ellas.

¿Por qué contar esas cosas a un periodista? Porque cuando sabes un oscuro secreto, te come por dentro. La única forma de sentirte mejor es contarle a alguien y la mejor cura es contárselo a alguien que puede contárselo al mundo. El sueño es que decir la verdad pondrá fin a ese oscuro secreto y podremos volver a hacer nuestro trabajo como si creyéramos en él.

Este es el verdadero secreto que Wikileaks tan increíblemente nos trajo a la vista: Algunas personas en nuestros propios gobiernos están tan asqueadas de lo que tienen que saber, ver y hacer para mantener sus trabajos, que necesitan contárselo a alguien. Quieren que ciertas formas de hacer negocios se terminen y no creen que haya otros medios que puedan ser efectivos.

Pero, ¿por qué acuden a Wikileaks en vez de ir a un periódico en primer lugar? Porque perdieron la confianza en los medios. No hace mucho tiempo, cuando la gente estaba alarmada por algo que veía pasar, acudía a los periodistas. Ahora la gente confía tan poco en nosotros que entrega las noticias que importan a un sitio web. El éxito de Wikileaks es un terrible mensaje para la industria de los medios.

Pero sería aún peor para el periodismo si Wikileaks no existiera, porque está demostrando que si hacemos nuestro trabajo como se supone que debemos hacerlo, y escuchamos lo que la gente quiere decirnos, podemos de hecho hacer mucho más difícil que ciertas cosas continúen, cosas que no debieran ocurrir nunca, en primer lugar.

¿Haríamos ese trabajo aún si pudieran presentarnos cargos por espionaje? Lo dudo. Y esa es sin duda una de las fuerzas que mueven la controversia sobre Wikileaks. Si se pueden presentar cargos para marcar a Assange, también se puede hacer para marcar a cualquier periodista que publique noticias similares.

En mi mente no hay duda de que a un buen número de personas que reclama la cabeza de Assange le encantaría que los medios también se largaran o que funcionaran como siervos dóciles del poder. Por supuesto una sociedad puede existir sin medios que fiscalicen y de hecho muchas lo hacen. Pero esos suelen ser lugares horribles para vivir, excepto para los dueños de todo.

Si el gobierno tiene secretos, dejemos que trate de guardarlos. Cualquier adulto entiende que manejar una organización puede requerir que sus líderes mientan de vez en cuando. Pero el trabajo y la misión de los periodistas es exponer esas mentiras y sus consecuencias. Julian Assange ha demostrado que no se necesita ser periodista para hacerlo. Y eso no lo convierte en espía.

Acosando a Assange y criminalizando a quienes le filtran la información le harán más daño a la democracia que lo que un grupo de hackers podría hacer. No necesitas ser un espía para entender ese secreto. La gente que clama por la sangre de Assange son los arquitectos y aliados de políticas desastrosas que están siendo rechazadas incluso dentro de los gobiernos. Están tratando de esconder su fracaso y Wikileaks es la prueba de que fallaron. Esto no debe ser silenciado y los periodistas debieran ser los primeros en saberlo.

*Mark Lee Hunter es profesor adjunto e investigador senior en el INSEAD Social Innovation Centre. Es autor de “Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative Journalists” (UNESCO 2009) y miembro fundador de la Red Global de Periodismo de Investigación. Esta columna fue publicada originalmente por openDemocracy.

A primera vista no habría nada que objetar. Si existen cuantiosos recursos disponibles para afrontar las agudas necesidades que el país sufre, ¿por qué no echar mano a tales dineros que descansan tranquilamente? ¿Acaso el terremoto no es un caso fortuito que justifica gastos extraordinarios de recursos que están afectados para la compra de pertrechos militares? ¿No se requiere medidas excepcionales para enfrentar una situación especial como fue el sismo de febrero pasado?

La respuesta, sin embargo, no descansa en los motivos o benévolos deseos de las autoridades. La reconstrucción de una parte significativa del país requiere cumplir, para ser legítima, con estándares democráticos que aseguren la rendición de cuentas y accountability de la acción gubernamental. En otras palabras, como se trata de decisiones que nos incumben a todos los chilenos y que comprenden millonarios montos, lo mínimo que puede exigirse a la autoridad es que los ciudadanos podamos acceder a los fundamentos de tales medidas. Y esto es, precisamente, en lo que la Ley del Cobre falla, marginando a la sociedad civil y excluyendo de la deliberación y control democrático a toda la ciudadanía.

Dicha legislación, como es sabido, es secreta. No es que ciertos montos o algunos aspectos de los contratos sean reservados, sino que las normas –en su totalidad– no están disponibles para el público. Y aquí radica el problema, puesto que se trata de una ley que contraviene el principio de transparencia que recoge el artículo 8 de la Constitución. Tal grado de secreto es inconstitucional porque violenta las bases democráticas de deliberación de los asuntos públicos en materia de defensa nacional. Tal cuestionamiento no puede sino acentuarse cuando se emplean sus recursos para fines distintos a la defensa. No se cuestiona la necesidad de gastar recursos para determinados fines -como es la reconstrucción-; lo que está en jaque es la falta de transparencia sobre las decisiones que nos afectan a todos y que no podemos evaluar sin la necesaria información pública de la que esta ley nos margina completamente.

(*)Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.