Llegué a Chile hace cuatro meses y he asistido a tres entrevistas de trabajo, en dos de las cuales me he enterado, al momento de llegar al lugar, que se trata de “entrevistas sicológicas” donde hay que dibujar un ser humano, escribir una carta de presentación, escoger colores, etc. Ambas merecieron una cordial respuesta de que mis características (interpreto que sicológicas) no eran las adecuadas para el perfil del cargo que ellos andaban buscando completar.

Nunca supe las características buscadas para el cargo ni cuáles fueron mis particulares características que no me hicieron merecedor del mismo, pero no entiendo de qué le puede servir a BP Consulting saber si soy soltero o no, si pololeo o no, si vivo solo o con mis padres. ¿Voy a realizar un mejor trabajo en uno u otro caso? Todas estas preguntas vulneran el derecho a la privacidad, pero nos hemos acostumbrado a ellas.

Lo mínimo es que me hubiesen informado las conclusiones de dichas entrevistas sicológicas. Mal que mal, fui yo el objeto de estudio. El cuestionamiento ético a este proceder es que utilizan información íntima mía, desconocida incluso por mí, para que un tercero tome decisiones sobre si soy merecedor de un cargo o no.

¿Qué información les entregan esos test para saber si soy apto para realizar mis funciones al interior de una compañía? Cabe la pregunta de si las razones por las cuales no fui elegido a raíz de ese test dicen relación con mi orientación sexual, mis preferencias políticas, mi mirada frente a la vida…

Soy profesional, estudio un postgrado, hablo inglés y francés y debo someterme, al igual que una gran cantidad de chilenos capaces, a estos tests que en muchos países están prohibidos porque son contrarios a los valores esenciales de privacidad y no discriminación.

He podido descubrir que la letra e incluso la firma son analizadas para poder detectar al candidato idóneo. ¿Idóneo sobre qué bases y condiciones?

Sinceramente, los legisladores podrían darle una vuelta a la legislación internacional en materia de discriminación y, tal como semana a semana se anuncian nuevas reglamentaciones económicas, urge la aprobación de una ley que regule esta materia. Basta darse una vuelta por sitios como Trabajando.com, Laborum.com y otros, que piden la foto de los postulantes. Los mismos candidatos aún envían sus currículums con foto, dirección, estado civil y edad, costumbres que deben ser erradicadas de nuestra cultura. Es necesario que esto se acabe si queremos contribuir a que en Chile se termine la discriminación de toda índole. De paso, también aportaremos a la equidad e integración social.

Por último, comparto un link en francés con la reglamentación detallada de la provincia de Quebec, en Canadá, donde se expresan incluso las preguntas que están prohibidas en una entrevista de trabajo:
http://www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/formulaire_emploi_2011.pdf

Mi empresa no quiso llegar a ese acuerdo, porque nos pareció inaceptable que la resolución del conflicto fuera a través de un fraude a la isapres. Como no quisimos llegar a acuerdo, esta jueza nos amenazó diciendo que nuestra falta de disposición era un pésimo precedente para el juicio y la sentencia final.

Lo más probable es que no nos den el desafuero y en términos de dinero hubiese sido más barato para la empresa aceptar el acuerdo, pero creemos que es inaceptable que un juez plantee “estafar” a las isapres.

Más allá de este caso, creo que frecuentemente los jueces fuerzan ilegítimamente a las partes a llegar a acuerdo, como ocurrió en este juicio, para después mostrar buenos números de su gestión y que la “reforma laboral funciona”.

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas para el trimestre móvil junio-agosto 2011, los trabajadores que cuentan con un contrato laboral, indefinido, cotizaciones en AFP, previsión de salud y seguro de cesantía, corresponden sólo al 38,6% del total de ocupados en Chile. Por lo tanto, seis de cada 10 ocupados tiene un trabajo que no se condice con una ocupación protegida y estable. Mirado en perspectiva, en los últimos 2 años y medio este tipo de empleo ha crecido tan solo un 8%, muy por debajo del crecimiento de 13% de la ocupación total.

“Los trabajadores que cuentan con un contrato laboral, indefinido, cotizaciones en AFP, previsión de salud y seguro de cesantía, corresponden sólo al 38,6% del total de ocupados en Chile”

A su vez, luego de la crisis asiática, se ha producido una disociación entre horas trabajadas anuales y crecimiento promedio anual de ocupados. Mientras la ocupación ha crecido en un 39% en los últimos 13 años, las horas trabajadas lo han hecho en un 20%. La posible interpretación de aquello es que los trabajadores, en promedio, laboran menos horas. Ahora, es importante saber si esa disminución de horas ha afectado los ingresos o la calidad de vida de los trabajadores. Una de las formas de verificar aquello es comprobando si la disminución de las horas se condice con la mantención de un empleo pleno y productivo, tal cual incluye el mandato de Trabajo Decente de la OIT.

En la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo del 2003 se denominó subempleo horario a la situación de aquellos trabajadores de jornada parcial (30 horas semanales) que desean trabajar más horas, para sentirse insatisfechos y por necesidad económica. En Chile este fenómeno se puede medir desde inicios del 2009 y ha aumentado en un 49% desde enero–marzo de ese año hasta el último trimestre móvil entregado por el INE (junio-agosto 2011).

Si además calculáramos la equivalencia de tales horas efectivas en jornadas completas (aquellas que tienen más probabilidad de estar protegidas, de ser estables y continuas y obtener por lo menos el salario mínimo), se observa un crecimiento por debajo del total de ocupados. Este desfase del crecimiento en las horas de trabajo de forma sostenida y por más de una década, es la tendencia a la flexibilidad y desprotección horarias, a adoptar jornadas parciales que incluso llegan al extremo del peak time, muy común en el comercio y en especial el retail.

El trabajo es una fuente irremplazable de cohesión social y un elemento central para la mediación y participación social. A nivel político, permite la participación en una democracia sana y desarrollada. A nivel personal, mantener una sensación de control, normalidad y pertenencia a una sociedad. A nivel económico, esa participación productiva permite la retribución de un salario que posibilite reproducir la vida doméstica con dignidad, calidad de vida y bienestar. Las tendencias de la última década -el bajo crecimiento del empleo protegido y el exponencial aumento del subempleo horario- demuestran que hoy no es posible hablar de “trabajo decente” en Chile.

“El subempleo en el sector comercio ha crecido en un 79% en los últimos dos años”

El sector económico nacional más afectado por los fenómenos mencionados es el comercio. Allí, el subempleo ha crecido en un 79% en los últimos dos años. En especial, por el incremento de mujeres trabajadoras por cuenta propia no calificadas en jornada parcial. Es decir, en relación a normalidad y regularidad, los trabajos creados en las últimas décadas en el comercio -el sector económico que más ha crecido en los últimos años- se caracterizan por ser esporádicos, desprotegidos, de baja intensidad horaria, no calificados y, por lo tanto, con bajas remuneraciones asociadas.

Cuando en una amplia proporción de la sociedad no existe un sentimiento de participación productiva activa, no sólo está en juego la posibilidad de reprobar el examen de un “mercado laboral” robusto, formal y moderno, sino el mismo conflicto latente de toda sociedad moderna y compleja: la mantención del orden, democracia y equilibrio social, en medio de una creciente desestructuración y precariedad laboral. La sociología conceptualizó este fenómeno como “anomia”: la ausencia de un mínimo de solidaridad para el funcionamiento y coordinación básica de las sociedades.

Sentencia condenatoria de Starbucks
Vea la lista de empresas condenadas por prácticas antisindicales.

En Starbucks Coffee a los trabajadores los llaman “partners”, pues según la cultura corporativa de la empresa las relaciones laborales deben ser horizontales y están marcadas por el afecto y la confianza.

Este año Starbucks enfrentó en Chile su primer proceso de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores de Starbucks que cuenta con 200 socios, en su mayoría estudiantes universitarios. Ese sindicato (fundado en 2009), es el único que la empresa tiene en América Latina y es uno de los pocos en los 44 países en los que la empresa opera.

La negociación colectiva se inició en abril y los trabajadores pidieron un alza de salarios según IPC, bonos básicos (como transporte y colación) y que la empresa proveyera la ropa de trabajo que hasta hoy deben pagar los empleados. Los “partners” de Starbucks reciben un salario cercano al sueldo mínimo, que si se avalúa en horas es de $ 1.200, menos de lo que la empresa cobra por un café. Mientras, Starbucks Chile aumento en 147 % sus ganancias(1) .

La empresa se negó a todas las reivindicaciones. Los trabajadores optaron por hacer presión con 20 días de huelga legal. Como no obtuvieron respuesta, tres de sus dirigentes decidieron realizar una huelga de hambre y acampar a la salida del local ubicado en el elegante barrio Isidora Goyenechea, en Vitacura.

Durante el conflicto, la compañía pudo reemplazar sin problemas trabajadores en huelga y logró el funcionamiento normal de los 31 locales, con la contratación de trabajadores antes de la negociación, gracias a lo cual se ahorró las 4UF por cada trabajador reemplazado que exige la ley (Chile es uno de los pocos países en el mundo donde se permite el reemplazo de trabajadores en huelga).

Esta estrategia fue complementaria con otras medidas tomadas durante el proceso de negociación, como el reparto y lectura en voz alta en cada local de documentos orientados a explicar sesgadamente la negociación a los empleados.

Con este frente adverso, el sindicato no pudo obtener ganancias concretas tras su negociación, no obstante, el 17 de agosto consiguió una histórica y primera condena por prácticas antisindicales a su empresa empleadora.

La jueza a cargo, Paola Díaz, concluyó que la documentación de la empresa en los locales hacía referencia al sindicato como “mecanismo de presión externo” y entregaba información inexacta y tendenciosa sobre lo que significa la negociación colectiva y la huelga. Además, la empresa evidenciaba desigualdad de trato respecto a los ascensos de los trabajadores sindicalizados y los que no eran parte de la organización. También consideró que esta animosidad contra el sindicato es una política internacional de la empresa, evidenciada en los dichos del CEO de Starbucks en internet, Howard Schultz, quien indica “el manejo benévolo gerencial debería hacer a los sindicatos superfluos”; y de la vocera de la compañía, Tara Darrow, en su exaltación de la tradición de comunicación directa con los empleados y no a través de sindicato.

El comportamiento agresivo de una empresa de aspecto tan amigable se puede entender ahondando en las tendencias en gestión de recursos humanos que se han impuesto desde hace por lo menos tres décadas.

“La jueza consideró que la animosidad contra el sindicato es una política internacional de la empresa, evidenciada en los dichos del CEO de Starbucks, Howard Schultz, quien indica “el manejo benévolo gerencial debería hacer a los sindicatos superfluos”.

Hacia fines de los ‘70, desde que se difundieron las elogiadas relaciones laborales japonesas, especialmente en Estados Unidos, comenzó a hablarse de una nueva meta a seguir: una “Gestión 2.0”, que logra la implicación subjetiva de los trabajadores en las metas y valores de la empresa, que no descansa tanto en el control directo, sino en la persuasión y en el compromiso moral del empleado. Bajo esta visión llegó a cambiarse el nombre de los departamentos de personal por “Gestión de Recursos Humanos”, entendida como una función gerencial especializada en la motivación de las personas para el incremento del desempeño, favoreciendo relaciones altamente individualizadas.

Es así como en la retórica empresarial se dio origen a la “era de la colaboración” y la “happy company”, con políticas activadoras del compromiso: valores u actitudes que la empresa promueve para el desarrollo del trabajo, como la “autonomía responsable”, y diversos estímulos: gimnasia laboral, yoga, baile entretenido, premiaciones y reconocimientos a los trabajadores ejemplares, denominaciones armónicas de “líderes” y “colaboradores” para referirse a jefes y empleados (con algunas variaciones: Scotiabank llama a los trabajadores “scotiabankers” y Starbucks “partners”, por ejemplo) y beneficios sociales (como descuentos y casas de veraneo) a los cuales se llama “salario emocional”. Estas políticas generan ciertas mejorías para las personas y sin duda sensaciones más placenteras, de ahí que se diga que se trata de una “humanización del trabajo”.

No obstante, tienen su contracara. Se generan en el contexto de una creciente presión en el trabajo, con bajos sueldos, donde se ve más bien un efecto sustitución del “salario real” por el “salario emocional”, y en donde, en virtud de una filosofía del consenso entre trabajadores y dirección, se genera una especie de cruzada religiosa para combatir cualquier atisbo de “amenaza interna” (ya sea monopolizando la relación con los empleados para marginar al sindicato o integrándolo de manera subordinada a las funciones de gestión empresarial).

Este último aspecto se muestra con claridad en el caso Starbucks, donde todo es emocional y cálido hasta que se habla de sindicato. La ficción del consenso social es tan dominante en la empresa, que nubla cualquier posibilidad de negociación. Años atrás, en una conferencia en la universidad Adolfo Ibáñez, el gerente general Eduardo Caneo, declaraba: “decimos partners porque en esta empresa somos todos iguales”. La idea la profundiza en la demanda señalando que la armonía y comunicación fluida con sus “partners”, se ve retratada en “desayunos y pizzetadas, entre otras actividades, en donde participa la gerencia y donde los partners tienen la oportunidad de plantear su requerimientos y sugerencias”.

Se trata de un poder discreto, una manipulación simbólica que a través de un paternalismo renovado disimula las asimetrías de recursos en las relaciones laborales y la enorme distancia de poderes existente, reservando para la empresa la facultad absoluta de dirección y evitando que surja cualquier oposición. Todo esto opera de forma sutil, claro está, hasta que alguien no responda a los estímulos y los contraríe de frente; ahí reaparece la coacción, especialmente si se trata de un colectivo.

La jueza al respecto fue elocuente: “desde antiguo los empleadores han defendido la individualización de las relaciones”, pues “pone a la empleadora en una cómoda situación de predominio y decisión (…)”. De ahí el mérito y la importancia de esta sentencia, que logra desnudar un hecho invisible, bajo el ropaje de la colaboración.

Sin embargo, quienes se han encargado de usar el instrumento, lamentablemente no es el Gobierno. Resulta raro que una encuesta tan costosa (más de $1.500 millones al año) hoy se vea reducido a un simplista análisis de “hemos creado 472.276 empleos en 12 meses”. Si fuera por eso, el cuestionario podría ser un 81% más corto y muchísimo más barato. Incluso menos de los cerca de $900 millones que costaba la vieja ENE.

Si fuese solo por medir volúmenes de empleo y desempleo podríamos disponer de 11 preguntas y no serían necesarias las actuales 59 preguntas que tiene hoy la NENE.

Entre otras cosas (no visibilizadas por el Gobierno), la NENE permite capturar el fenómeno del subempleo.

Desde la OIT, el subempleo por insuficiencia horaria integra a todas aquellas personas que trabajan en jornada parcial o algunas horas a la semana y que están dispuestas a trabajar tiempo completo, pero no encuentran un empleo con estas características(¹). Para países en desarrollo, como el caso de Chile, está ampliamente recomendada la medición del subempleo, el que además constituye un déficit en cuanto a trabajo decente.

La nueva encuesta de empleo tiene registro estadístico desde enero de 2009, de modo que se puede observar la evolución del subempleo en los últimos 27 meses. Al procesar el micro-dato proveniente de la NENE, se detecta que la última cifra de empleo (publicada la semana pasada), trae un record que ha sido ocultado por el discurso oficial. Limitando con ello, enormemente el poder de las políticas públicas en materia de trabajo y empleo.

En efecto, el trimestre Marzo-Mayo 2011, constituye el nivel máximo de subempleo por insuficiencia horaria, con más de 712 mil personas que caen en esta condición. Se trata de un 42,3% más que en enero de 2009 y un crecimiento de 20,5% desde que asumió Sebastián Piñera.

Hoy, ser un subempleado, disminuye en un 35% la probabilidad de tener un empleo protegido, es decir con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo. En fácil, crece la probabilidad de tener empleos indecentes.

El subempleo avanza como un cáncer en muchos países. Por ejemplo, Ruanda, con una tasa de desempleo de 0,4%, enfrenta un subempleo superior al 60% de los ocupados. En gran parte de los países del África Sub-sahariana, el subempleo es un fenómeno que lleva años, y su tratamiento es una preocupación nacional. Desde OIT, desde la OCDE y desde los principales institutos que analizan estadísticas de empleo (IRD-DIAL en Francia, Economic Policy Institute en EE.UU, IZA en Alemania, STATCAN en Canadá, entre otros), la recomendación es clara: el subempleo debe medirse, debe analizarse y se deben tomar medidas concretas para erradicarlo.

La nueva encuesta permite medirlo(²), pero el Gobierno no lo hace, paradójicamente, es el mismo instrumento el que también sufre sub-utilización. ¿Por qué nuestras autoridades no sinceran las cifras de empleo? La cifra más alta de subempleo en 27 meses, claro que es una preocupación nacional.

Desde la derecha, el Instituto Libertad y Desarrollo ha respaldado el accionar del Gobierno poniendo el acento en el riesgo que tendría aumentar el salario mínimo en el grupo de los jóvenes que no estudian ni trabajan (15-29 años), los llamados jóvenes NEET (por sus siglas en inglés). Advierten que subir el mínimo en un monto superior a lo ofrecido por el Gobierno representa una grave amenaza para este grupo vulnerable que, de acuerdo a datos CASEN 2009, se estiman en cerca de 561 mil personas. De ellas, las mujeres son las más vulnerables.

Al respecto, la Low Pay Commission (Comisión de Salarios Mínimos) del Reino Unido, en un reciente estudio sobre 12 países y publicado en marzo de 2011, concluye que los efectos sobre el empleo juvenil de introducir un salario mínimo o de aumentarlo en el caso de que ya exista, son extremadamente pequeños. En particular, el aumento del salario mínimo cumple un rol activador sobre los jóvenes NEET, quienes desalentados/as, han detenido el proceso de búsqueda de trabajo o bien han desertado del sistema educativo. No es muy arriesgado pensar que esto, en el caso chileno, se debe a un sistema educativo que los ahoga en deudas, como bien lo han demostrado las movilizaciones del último tiempo.

La solución al problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan no pasa por contener aumentos en el sueldo mínimo, sino por implementar un Plan de Acción Nacional sobre el Empleo Juvenil, en línea con lo promovido desde los cuarteles generales de la OIT. En este punto la Low Pay Commission sentencia que los aumentos en el salario mínimo no tienen por qué afectar el empleo juvenil en ambientes donde existen intervenciones enérgicas y decididas por parte del Gobierno para apoyar el empleo (y el buen empleo) de este grupo vulnerable.

Desafortunadamente, nuestro país tiene un déficit importante en esta materia, como en tantas otras que por supuesto no afectan a las elites.

En efecto, desde que asumió Piñera los jóvenes NEET se han mantenido estancados en 595 mil personas (de acuerdo a datos oficiales usando la Nueva Encuesta de Empleo), pero al mismo tiempo, en los últimos doce meses se verifica que dentro del conjunto de posibles respuestas para ser clasificado como joven que no estudia ni trabaja, crece en un 20% la opción “sin deseos de trabajar”, es decir, la razón que acusa desincentivos del sistema económico para la inserción laboral dentro de los jóvenes NEET.

Las mujeres son las menos favorecidas, las más vulnerables: ser mujer aumenta la probabilidad de ser joven NEET en un 23%.

En el mismo período el Gobierno festina la creación de 474 mil empleos, los cuales han sido permanentemente cuestionados por la Fundación SOL, por cuanto carecen de calidad. A ello, ahora se le añade un nuevo antecedente: poco y nada se ha hecho para cambiar la realidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Francamente, lo que vemos aquí es la ausencia de un Plan de Acción Nacional sobre el empleo juvenil, tal como se recomienda desde Naciones Unidas y como bien lo señala la Comisión de Salarios Mínimos del Reino Unido.

Libertad y Desarrollo, observando la CASEN del año 2009, difícilmente llegará a estos grises panoramas. En todo caso, hace un aporte al debate al acordarse del problema de los Jóvenes NEET y los modelos de transición entre la escuela y el trabajo.

Nos encontramos en la recta final de la discusión por el salario mínimo. La propuesta del Gobierno asciende a $181.500, la CUT pide $190.000, Fundación SOL propone un sueldo mínimo, que sólo este año, debiese ubicarse en el rango $205 mil – $225 mil.

El reciente informe evacuado por la Low Pay Commission es un poderoso insumo que reafirma lo señalado en el informe de la Fundación SOL.

Necesitamos una hoja de ruta que ponga al trabajo en el centro de la estrategia de desarrollo. Un plan integral, que además recuerde a las Pymes en todo momento y no exclusivamente cuando se conversa sobre el mínimo.

Ello requiere evidentemente un cambio en el foco como se mira el salario mínimo, requiere reivindicar el sentido genuino que tuvo en su nacimiento el año 1937, cuando se llamaba sueldo vital (es decir, el sueldo necesario para la vida) y alinearse por cierto a los estándares internacionales donde el mínimo sí es un mínimo para vivir. Requiere también más y mejor institucionalidad productiva para las Pymes, que contemple mejoras en competitividad por la vía de eficiencias energéticas, mejor acceso a crédito y regulación de intereses excesivos de bancos y proveedores. Esto último parece obvio, pero el caso La Polar nos sigue enrostrando que la institucionalidad chilena deja mucho que desear.

¿Seguiremos aceptando la espuria solución de que la mayor inserción laboral a los grupos vulnerables se resuelva por la vía de los menores sueldos posibles?

* Lea el comunicado de la Asociación Chilena de Seguridad.

Son las 14:50 del lunes 30 de mayo. Héctor Segovia Arriagada espera desde hace media hora en la recepción del Hotel Victoria Simpson -Almirante Simpson Nº 3, a pocos metros de Vicuña Mackenna-, la ambulancia que lo llevará a su control médico diario. El control es a las 15:00 horas. Sólo cinco cuadras lo separan del Hospital del Trabajador, pero la sola idea de caminarlas a Héctor le parece una tortura.

Después de que un tractor le pasara por encima de su pie derecho, a Héctor Segovia le han practicado ya cuatro operaciones. Otras cuatro veces ha sido dado de alta, pero otras tantas ha debido volver al hospital pues su fractura no está sanada. Es así como nuevamente está de regreso en el hotel que le asignó su mutual: la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), para su quinta operación fijada para el 9 de junio.

Héctor Segovia se impacienta por la tardanza de la ambulancia. Si no llega a la hora a su control, no hay disculpa que valga: le cambiarán hora para el día siguiente o para dos días más. Faltando 5 minutos para las 15 horas, Héctor se apoya en su bastón y con un gesto de dolor emprende el lento y doloroso camino hacia Ramón Carnicer Nº 185, donde está situado el Hospital del Trabajador.

-Esta no es la primera vez que la ambulancia no llega… Ni tampoco la primera que me tengo que ir caminando. Ya se lo he dicho a la doctora que me atiende, pero ella no puede hacer nada. Al final voy a la terapia y vuelvo peor de lo que estaba. Y lo más grave es que si me pasa algo en el trayecto, nadie se hará responsable, porque dirán que yo tenía que esperar a la ambulancia –dice Héctor sin poder ocultar su dolor.

Desde que tuvo su accidente el 13 de noviembre de 2006, en la faena de la empresa “Astete, Martínez y Compañía Limitada” (Región de Los Lagos), la vida de este trabajador agrícola dio un vuelco dramático. Ha deambulado por establecimientos de la Asociación Chilena de Seguridad, desde donde lo dan de alta para regresar más tarde con mayor discapacidad.

-El 16 de noviembre de 2006 fui sometido a la primera cirugía en la Clínica Alemana de Osorno. Allí estuve internado por cuatro días. Diez días después me llevaron hasta la ACHS para la primera curación. Desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de febrero de 2007 se me hizo rehabilitación en la ACHS de Osorno, donde autorizaron mi alta médica enviándome a mi trabajo con dos bastones ortopédicos, a pesar de que mi casa está en Osorno y el lugar donde yo trabajaba está a 37 kilómetros, en la comuna del Salto de Pilmaiquén. Me vi obligado a trasladarme en transporte público en precarias condiciones. Por el tiempo que debía permanecer de pie en mi trabajo y las condiciones del traslado, comencé a sentir unos dolores tremendos e incluso las prótesis que me habían puesto en la primera operación comenzaron a salirse por el empeine –cuenta Segovia.

Otras dos operaciones le practicaron y otras dos veces fue dado de alta. Pero el dolor se hizo más intenso. Al punto que en noviembre de 2007, dejó su trabajo. “Necesitaba mucho trabajar, ya que soy el único sustento de un hogar de siete personas, pero tuve que renunciar y buscar algo más cerca y que no forzara mucho el pie”, explica Segovia.

-El 4 de agosto de 2010 volví a la ACHS por el incesante dolor que ya no podía soportar. En la clínica me hicieron unas radiografías y me dijeron que me iban a mandar a Santiago. Me alegré pues pensé que al final iba a terminar con mi calvario. Un mes más tarde fui a Santiago. Me operaron por cuarta vez y cuatro días después me dieron el alta y nuevamente con dos bastones me enviaron en un bus a mi casa en Osorno. El dolor se mantenía.

En mayo de 2001 la situación de Segovia se volvió crítica. Los dolores se agudizaron obligándolo a limitar severamente sus desplazamientos. Y su vida se complicó aún más al ser derivado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) una vez más al Hotel Victoria Simpson para su tratamiento y espera de la quinta operación. Un hospedaje que él conocía muy bien.

Su habitación en el hotel está en el segundo piso. Para llegar a ella, apoyado en sus muletas, debe subir por una escalera sin barandas. Lo mismo deben hacer los pacientes que ocupan las otras seis habitaciones comunes de este peculiar hotel sin ascensor. Peor aún es para aquellos que se desplazan en silla de ruedas. No sólo por la falta de ascensor, sino porque las habitaciones no tienen ingreso habilitado para las sillas.

El Hotel Victoria Simpson no es cualquier hotel. Es la clínica de hospedaje que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) tiene para los trabajadores de regiones que sufren algún accidente y deben ser trasladados a Santiago para seguir tratamiento. De hecho, todos los ingresos de sus dueños provienen de la ACHS, con la cual mantiene un convenio que les ofrece un flujo de entre 90 a 95 pacientes al mes por los que la ACHS paga $28.000 más IVA por noche. Aunque en rigor, el Victoria Simpson no es un hotel: tiene patente de “residencial deportiva”. Pero no son precisamente deportistas los que allí se hospedan, sino pacientes.

LUNARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Si Héctor Segovia pudo llegar a Santiago para operarse después de un accidente del trabajo, es gracias al seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales. Un beneficio clave del sistema de seguridad social que se logró en 1968 con la Ley Nº 16.744. Desde entonces, todas las empresas están obligadas a pagar mensualmente una cotización general, que actualmente corresponde al 0,9% del sueldo imponible de sus trabajadores, y que cubre en caso de accidentes, los tratamientos, rehabilitación y el período de invalidez que corresponda. Este fondo empresarial se complementa con una cotización adicional –que tiene un tope del 3,4% de los sueldos imponibles-, dependiendo del riesgo que signifique para sus trabajadores desempeñarse en una empresa. A ello se agrega una cotización extraordinaria, vigente desde 1998 y que corresponde al 0,05% del sueldo imponible de cada trabajador.

La administración de este seguro recae principalmente en las mutuales, corporaciones de derecho privado sin fines de lucro que son responsables de que esos fondos empresariales se destinen para prevenir accidentes laborales y prestar asistencia médica a los trabajadores que se accidenten en sus funciones. La más grande de ellas es la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

La ACHS tiene un mercado cautivo: en 2009 tuvo ingresos por cotizaciones por más de $165.550 millones. A cambio, debe garantizar la protección, según las cifras de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), de más de dos millones de trabajadores afiliados. Bajo su directa responsabilidad está la mitad de los trabajadores por los que se cotiza en el país.

El Hospital del Trabajador de Santiago es el principal y más moderno centro de atención médica de la Asociación Chilena de Seguridad. Su función, por ley, es atender primordialmente a todos los trabajadores afiliados que hayan sufrido algún accidente o enfermedad derivada de su desempeño laboral. Y como muchos de ellos son de provincia, en 2007 la ACHS firmó un convenio con un pequeño hotel ubicado a sólo cinco cuadras del Hospital del Trabajador, para cumplir con lo que la ley dispone: darles protección integral.

En el Hotel Victoria Simpson se hospedan todos los pacientes que llegan de regiones a continuar con sus tratamientos y rehabilitación. La mayoría sufrió accidentes graves que les impide trabajar, llevar una vida normal e incluso moverse. Muchos llegan con piernas amputadas, brazos cercenados u obligados a desplazarse en silla de ruedas. Al llegar, se encuentran con algo peor de lo que les habían prometido. Mucho peor. Eso es lo que le ocurrió a Héctor Segovia.

-Pero he decidido no reclamar mucho, ya que son capaces de quitarme los controles y darme de alta al igual como lo han hecho con algunos pacientes del norte que estaban en este mismo hotel –afirmó a CIPER, Segovia.

EL VIDEO QUE ACUSA

Héctor tiene miedo de hablar sobre lo que vive al interior del Hotel Victoria Simpson. El mismo temor se advierte en los otros pacientes de la ACHS que lo habitan y que CIPER abordó a lo largo de dos meses de investigación. Todos saben lo que ocurrió después que cansados de no ser escuchados por los funcionarios de la ACHS, en julio de 2010, decidieron realizar un video recogiendo los testimonios de varios pacientes de regiones sobre las pésimas condiciones del hotel en el que los había hospedado la ACHS. (Vea el video con los testimonios)

-Como en la ACHS no nos escuchaban, decidimos hacer el video acompañado de una carta con el relato de lo que nos ocurría y entregársela a varias autoridades. En agosto se lo mandamos al subsecretario del Trabajo, a la fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, Ivon Sánchez; a Alfredo Grasset, fiscal de la ACHS; a Eduardo Undurraga, en ese momento gerente general de la ACHS; al diputado Carlos Vilches y al gabinete de la primera dama Cecilia Morel –contó a CIPER, Arlethy Morales, una de las trabajadoras accidentadas que más ha reclamado por las condiciones del hotel.

Cinco meses después, el 4 de enero de 2011, los trabajadores hicieron también una solicitud en línea a la Secretaría de Salud Región Metropolitana, pidiendo que se fiscalizara el Hotel Victoria Simpson ya que, “teniendo pacientes discapacitados no cuenta con vías de escape entre otras irregularidades”.

El diputado Carlos Vilches fue uno de los pocos que respondieron. No se quedó sólo en una carta. Vilches se comunicó con el entonces gerente en prevención de riesgos de la ACHS, Martín Fruns, para pedir explicaciones por el trato que se les daba a trabajadores accidentados de regiones. Su respuesta lo dejó tranquilo: “Te agradezco la información que me comunicas, me preocuparé personalmente para investigar y corregir los problemas que pacientes han relatado. Te informaré de lo que se haga”.

Cuando CIPER se comunicó con Carlos Vilches por teléfono, de inmediato el diputado recordó la historia:

-Me preocupé mucho ya que la ley obliga a las mutuales a darles una atención integral a todos los trabajadores, cualquiera sea su condición. Por lo mismo, me pareció que si la ACHS tenía una dependencia de mala calidad para atender a los pacientes de regiones, era preocupante. Ahora, lo que yo no tuve fue una respuesta concreta de las medidas que hayan tomado. No he tenido una respuesta de la Mutual en el sentido de que evitarían que los trabajadores fueran enviados a ese hotel… Pensé que esto se habría solucionado. Ahora, sabiendo que las cosas no han cambiado, voy a insistir con el subsecretario del Trabajo Jorge Díaz, quién trabajo muchos años en la ACHS en Copiapó.

Además de Vilches, los trabajadores también recibieron respuesta del gabinete de la Primera Dama, Cecilia Morel. “Al respecto, hemos solicitado a la Superintendenta de Seguridad Social, tomar conocimiento de su presentación y de acuerdo a sus competencias y posibilidades adoptar las medidas pertinentes para brindarle la debida atención a lo planteado por usted”, dice la carta firmada por Patricia Stern Guardia, directora de Programación del gabinete de Cecilia Morel.

La respuesta de la Superintendencia de Seguridad Social, acelerada por la interpelación de Cecilia Morel, llegó días más tarde. En ella informan que, respecto de las condiciones del Hotel Victoria Simpson, “solicitaron a la Mutual ACHS, un informe en el cual se precise qué tipo de pacientes son enviados a dicho hotel, y un informe técnico que incluya fotos del recinto”. Eso sería, porque en otro párrafo de su respuesta comunican que “es el SEREMI de Salud la entidad facultada para inspeccionar las clínicas y el cumplimiento de las exigencias para su autorización y funcionamiento”.

Nueve meses han transcurrido desde los primeros reclamos sobre las pésimas condiciones del Hotel Victoria Simpson para atender a los trabajadores de regiones accidentados que allí hospeda la ACHS. Nada ha cambiado. Por el contrario, las condiciones de salubridad incluso han empeorado, además de otros efectos colaterales. Arlethy Morales Tapia, Iván Toro y Bernardo Sanhueza acusan que por un tiempo la ACHS les quitó los controles médicos.

Robert Ortega (51 años), fue uno de los trabajadores que ideó la realización de ese video como herramienta para denunciar lo que estaban viviendo en el hotel Victoria Simpson. CIPER lo encontró el 17 de mayo pasado en el Hospital del Trabajador:

-Si ustedes van a conocer ese hotel, no van a creer que sea posible que ahí se reciba a casi 20 pacientes diarios de la Asociación Chilena de Seguridad, y que algunos pasen allí meses hospedados mientras tienen su tratamiento en el Hospital del Trabajador. Oiga, si eso ni siquiera llega a la categoría de hotel, y menos para personas como yo a las que les falta una pierna –afirma sin ocultar su enojo.

Ortega trabaja en la construcción. Mejor dicho trabajaba en ese rubro hasta que un día de septiembre de 2005, cuando regresaba a su casa, lo atropelló un camión. El brutal impacto y la rueda que pasó por encima de su pierna le cambiaron la vida. Desde entonces ha pasado por varias operaciones y en tres ocasiones ha visto impotente cómo le cortaban otros centímetros más de su pierna. Hace dos años, lo incorporaron a un sistema que hasta entonces no se conocía en Chile, la osteointegración. Este consiste en un implante de titanio en el hueso al cual se fija la prótesis de la pierna que perdió.

Junto a otras cinco personas, Robert Ortega fue uno de los pioneros de este sistema en Chile. El problema es que sólo uno de los cinco quedó bien, los otros cuatro sufren de agudos dolores que los obliga a tomar calmantes en permanencia. Hace dos meses, Ortega fue nuevamente dado de alta. Pero esta vez el diagnóstico fue muy claro: su dolor es crónico, no tiene solución. Como su invalidez, según lo dictaminó la ACHS, lo afecta en un 42%, está facultado para trabajar. Una perspectiva que este trabajador ni siquiera alcanza a visualizar: “Los dolores que tengo son tan fuertes que no veo cómo podré conseguir un trabajo sin tener que pedir a cada rato permiso para retirarme por que ya no los soporto”, dice angustiado.

TERREMOTO EN EL PARQUE

Al Hotel Victoria Simpson Ortega lo conoce casi como a su casa. Hasta hace dos meses, cada vez que se trasladaba desde Coyhaique a Santiago para sus controles y tratamientos, allí se hospedaba. En una de sus estadías permaneció allí poco menos de un año.

-Llegue al hotel derivado por la ACHS justo la tarde antes del terremoto del 27 de febrero. Al llegar me dijeron que no tenían habitación disponible así que por unos días me darían una pieza en un anexo situado justo frente al hotel, en el tercer piso. Un departamento que el hotel arrienda para los pacientes cuando está lleno. Me fui a mi habitación. Estaba muy cansado y adolorido por lo que me acosté temprano. Esa noche fue el terremoto. Fue un griterío tremendo, se cortó la luz y muchos bajaron, pero por mi discapacidad yo no pude bajar: las escaleras ni siquiera pasamanos para agarrarse. Tuve que quedarme solo arriba. Los otros pacientes me gritaban que bajara pero yo no lo podía hacer solo y nadie se atrevía a subir. Me quedé hasta que pude bajar cuando llegaron los primeros rayos de luz. Como seguía temblando, sacamos unas mantas y nos fuimos todos al parque que está al frente (Parque Bustamante). En esas horas, ni del hotel ni de la ACHS llegó nadie a preguntar si estábamos bien.

Los fuertes temblores continuaron ese sábado, y como las condiciones del hotel no eran las mejores, ya que había quedado con múltiples grietas, los trabajadores hospedados en el Victoria Simpson decidieron recurrir a la Asociación Chilena de Seguridad.

-Fuimos al Hospital del Trabajador a pedir si podíamos pasar ahí la noche. Si nos podían dar una cama. Pero la respuesta fue no, que debían tener las camas libres por si llegaban personas heridas. Volvimos al hotel, sacamos unas frazadas y nos fuimos a pasar la noche en el Parque –recuerda Ortega.

Solo dos días después del terremoto Robert Ortega y los demás pacientes del Hospital del Trabajador volvieron al Hotel Victoria Simpson.

-Ese fue el inicio del cúmulo de problemas que nos llevó a hacer el video. Del terremoto nadie tiene la culpa, y claro, ¡aguantas! Pero después, van pasando los días y te das cuenta que la calidad humana del trato hacia el paciente es nula con o sin terremoto. Finalmente, no se nos trata ni como pacientes clínicos ni como pasajeros de un hotel –afirma Ortega.

Del video y los testimonios que allí se entregaron se enteró muy pronto la asistenta social de la ACHS encargada de los pacientes de regiones, Marcela Acevedo:

-Nos llamó uno por uno a los que aparecíamos en el video, y a todos nos dijo lo que ella pensaba que nos iba a pasar si no retiráramos la denuncia y hacíamos desaparecer el video. Mencionó las cosas que más nos afectaban, como dejarnos sin controles médicos o sin hotel donde hospedarse en Santiago. Yo no estoy ni ahí –relata Robert Ortega a CIPER, al tiempo que, viendo nuestra incredulidad, decide invitarnos a que lo acompañemos al Hotel Victoria Simpson.

-Ven conmigo y te muestro cómo es el lugar donde la Asociación Chilena de Seguridad hospeda a sus pacientes de regiones –dice y se pone en movimiento.

El hotel queda en un pasaje sin salida en calle Almirante Simpson. En su acera hay estacionados cinco vehículos, lo que obliga para llegar a la entrada a pasar por un estrecho pasillo entre los coches y el muro de los edificios. En la puerta del hotel, nos encontramos con cinco pacientes sentados en sillas de plástico conversando, mientras fuman un cigarrillo. Al ver a Robert todos se levantan y lo saludan con fuertes abrazos. Todos lo conocen.

Entramos a la recepción. Allí está la dueña, Verónica Retamales Leiva. Al ver a Robert y luego de saludarlo, pregunta: “¿Vienes a quedarte unos meses más?”. Robert le dice que sólo vino a control, y que pasó a saludar a sus amigos.

Subimos al segundo piso por una escalera que no tiene ningún tipo de baranda. Robert Ortega sube como puede apoyándose en una muleta. Desde las siete habitaciones del segundo piso salen otros pacientes. Rápidamente todos cuentan que todo sigue igual o peor. Entre las cosas que han empeorado, está el hecho de que los pacientes que llegan al hotel han aumentado por lo que en la noche, hay gente que se queda sin cenar o deben partir fuera a buscar algo que comer.

-Hay que llegar de los primeros al comedor en la noche para la cena. Ya se sabe, o llegas rápido o te quedas sin pan, ya que nunca hay panes para el número de personas que somos –dice Vivi, una de las pacientes.

Robert calla y me hace una seña para que lo siga a la habitación donde él se hospedó durante casi 12 meses. Me muestra el desnivel que hay justo a la entrada, la causa de las dos caídas que tuvo en esos meses. Otro paciente, que insiste en que no lo identifique, me pide que vaya a ver su habitación. La puerta está descuadrada, por lo que queda una fisura de unos cuantos centímetros por donde entra el frío y los ruidos. La pieza de otra de los pacientes, tiene un baño en donde sobresale un viejo WC sin tapa y varias fisuras en las paredes.

El comedor está un piso más arriba, en el tercero. Como el hotel no tiene ascensor, hay dos opciones para subir: una escalera de caracol muy estrecha y una escalera del ancho de dos personas normales, con barandas de madera sueltas. Allí lo primero que salta a la vista es una gran mesa de pool a un lado y un par de mesas largas tapadas por ropa que está secándose. Como el hotel no cuenta con una secadora de ropa y tampoco con un espacio especial para esos menesteres, se usan las mesas del comedor.

Minutos antes de la hora fijada para el almuerzo y la comida, se saca la ropa de las mesas. Si los pacientes no llegan a la hora, no comen. “Incluso cuando una ha estado enferma, si no tienes un amigo aquí que te lleve la comida a la habitación, simplemente no comes”, cuenta una paciente que lleva tres meses en el hotel.

De la cocina salen tres mujeres jóvenes, quienes también se acercan a saludar efusivamente a Robert. “Hoy tenemos filete a lo pobre o reineta fresca con varios tipos de ensalada para la cena, ¿te quedas?” le dice una de ellas soltando una carcajada.

Al interior de la cocina la limpieza está ausente. Junto a unos potes de helado donde se guardan restos de comida están las ollas de aluminio muy viejas y unos sartenes que tienen tanta grasa que uno no sabe donde empieza y termina el metal.

-¿Quién de ustedes es la nutricionista? –pregunto.

Se escuchan sonoras carcajadas. Ninguna de ellas es ni siquiera cocinera. A las tres las contrataron para hacer la limpieza del hotel y poco a poco fueron rotando y pasando por la cocina. En general, cuando las quejas se acumulan por la calidad de la comida, llega la dueña y cambia a la cocinera por cualquier de las otras dos. Así sucesivamente.

Poco pueden hacer las tres mujeres. Y ello porque para empezar las compras de frutas y verduras se hacen cada 15 días. Entremedio, nada.

Al salir de allí, habíamos confirmado lo que un experto en riesgos que visitó el hotel junto a los trabajadores, informó: que efectivamente el Hotel Victoria Simpson no cuenta con vías de escape en caso de siniestro y tampoco con detectores de humo y calor. No tiene instalaciones eléctricas certificadas por el SEC y no dispone de ascensores para subir y bajar de las habitaciones del segundo piso y del comedor, que está en el tercer piso, y menos de doble baranda en las escaleras. Y también, que los empleados del hotel no han recibido nunca capacitación de riesgos. Además, el inmueble no tiene vías de desplazamiento para sillas de ruedas, no tiene acceso de ambulancia para los pacientes que lo requieren, los baños no están adaptados para discapacitados así como las grietas que provocó el terremoto en sus paredes e infraestructura no han tenido reparación adecuada.

El recorrido terminó en el cuartel de bomberos que está ubicado a pocos metros del hotel. Para nuestra sorpresa ellos desconocían que en ese hotel se hospedan pacientes de la ACHS, muchos de ellos discapacitados, lo que obliga a un plan de emergencia especial en caso de incendio donde todos sepan qué hacer.

Las fallas y falencias enumeradas no sólo configuran una infracción a la ley de los propietarios del hotel. Lo más grave es la infracción a las normas de la propia ACHS, la que confía la seguridad de los trabajadores a su cargo a un establecimiento que no cuenta con las mínimas condiciones para atender a los pacientes con algún grado de discapacidad.

No son las únicas infracciones a las normas en las que aparecen comprometidos los dueños del Hotel Victoria Simpson. En 2006, en el contexto del polémico escándalo de Chiledeportes, la Contraloría detectó el pago de $16 millones sin respaldo por “cursos fantasma” que la Federación de Lucha organizó precisamente en ese hotel. La investigación la hizo la Fiscalía Oriente y culminó con la devolución de $9 millones.

Tres años después (2009), la Contraloría realizó una nueva auditoría al Instituto Nacional de Deportes (IND), cuyo informe está fechado el 27 de enero de 2009. Allí se objeta que la misma federación entregó siete RUT falsos o inexistentes para justificar sus gastos. La sorpresa fue que los gastos correspondían a los alojamientos de esas siete personas en el mismo Hotel Victoria Simpson, de propiedad de Verónica Retamal y Leiva y su marido, Carlos Moya León. Así lo informó El Mercurio en su edición del 1 de febrero de 2010.

PRESIONES DESDE LA GERENCIA

Otro de los trabajadores que se hospedaban en el Hotel Victoria y que participó de la idea de realizar el video, es Luis Flores, quien perdió una de sus piernas en un accidente en una faena agrícola. “Quedé atrapado en una grúa de carga y me destrozó la pierna”, cuenta.

Junto a Robert Ortega, Luis Flores fue uno de los cinco pioneros en el programa de osteointegración. A dos años de iniciado el tratamiento le tuvieron que sacar el implante de titanio a raíz de una infección. Una recaída que lo ha tenido anclado durante meses en el Hotel Victoria Simpson.

A Flores, a diferencia de los otros afiliados a la Mutual que participaron en la realización del video, la asistente social de la ACHS, Marcela Acevedo, no lo convocó:

-No lo hizo porque yo conozco mis derechos. Ya antes se lo había hecho saber cuando apareció por el hotel a raíz de nuestras quejas. Pero eso sí me mando un recado con otro de los pacientes: si no me gustaba el hotel, tenía que pedir traslado a la Clínica San Andrés, un lugar tan malo o peor que el Hotel Victoria Simpson –cuenta.

Flores recuerda bien la reunión con Marcela Acevedo. La pésima calidad de la comida había sobrepasado los límites al punto que algunos ya no la podían comer.

-Era la misma comida para todos independiente de que algunos, por su tratamiento, no podían comer algunas cosas. Uno se sentía igual que un perro, te servían la comida y si no te gustaba o no podías comer porque te sentaba mal, ¡no comas! Después de la queja que hicimos apareció la señorita Marcela. Ninguno de nosotros la conocía a pesar de que era la encargada de que todos los de regiones estuviéramos bien. Llegó, se presentó, escuchó nuestros reclamos y se comprometió a mejorar algunas cosas. Ahí yo le dije que no nos servían las palabras: queríamos hechos. Y le dije también que por mi discapacidad, la ducha diaria en ese baño del hotel era un suplicio. ¡Si me caí dos veces en el baño! –recuerda Flores.

Para conocer la versión de la Asociación Chilena de Seguridad, CIPER se contactó con Marcela Acevedo, quién se presentó como coordinadora de los pacientes de regiones. Le expusimos lo que constatamos en el Hotel Victoria Simpson: pacientes con graves incapacidades en habitaciones comunes en un hotel sin ascensor y con baños que no contaban con la mínima infraestructura para ellos.

-Pero si es como estar en sus casas –dijo, excusándose de entregar más información mientras no fuera autorizada por la doctora Verónica Herrera, gerente de Salud de la ACHS.

La función de Marcela Acevedo es clave para los trabajadores de regiones que sufren graves accidentes y deben ser trasladados a Santiago para sus tratamientos. Es la directora del programa de pacientes institucionalizados y encargada de los convenios de la ACHS con los lugares donde se hospeda a los pacientes de regiones.

Hasta 2007, todos eran enviados a la Clínica San Andrés (Providencia), en virtud de un convenio de 1986. Sin previo aviso, en 2007, según relata su dueño, Jaime Navarro, “dejamos de recibir pacientes y sólo mantuvimos un número muy pequeño hasta que se les dio el alta”.

El cambio -según afirmó Marcela Acevedo después que fuera autorizada a entregar información- se debió a los reclamos que hacían los pacientes sobre las condiciones de la Clínica San Andrés. (Ver recuadro)

-En determinado momento los pacientes empezaron a quejarse de las condiciones que tenían en la clínica. Un grupo hizo reclamos y decidieron que ya no querían estar ahí. Nunca hemos sacado los pacientes por una medida arbitraria, fueron ellos los que no querían estar ahí. Buscamos otra alternativa y ahí surgió el Hotel Simpson.

Con respecto a todas las otras quejas recogida por CIPER entre una veintena de pacientes, Marcela Acevedo negó una por una las acusaciones y defendió las condiciones del hotel.

-Me parece que algunas cosas que se mencionaban en el video que usted vio no eran tan reales ni fidedignas. Hacían mención a que las habitaciones no tenían lugar donde sentarse y mostraban un cajón de manzana. Y de hecho, la indicación fue que los que estaban involucrados en el video podían irse a la Clínica San Andrés si así lo querían. Eran 5 pacientes de los cuales sólo uno quiso irse, gestionamos los cambios y no recuerdo bien cuanto tiempo después él mismo me pidió volver al hotel.

Al día siguiente de esta entrevista, la que tuvo lugar en la sede de la Asociación Chilena de Seguridad, comenzó un intenso movimiento alrededor del hotel. Así relataron lo que ocurrió en Almirante Simpson Nº 3, los llamados “pacientes Ley” que allí se hospedaban el 2 de junio.

-Supimos que algo estaba pasando ya que en la cocina estaban sacando ollas y sartenes sucios. Y después hicieron algo que en los tres meses que llevo aquí jamás había visto: hicieron un pedido para llenar los cajones antes sucios y vacíos con arroz, azúcar, legumbres; y los congeladores con ensaladas, carnes y pollo. Los envases de plásticos de helados donde guardaban los restos de comida, desaparecieron. Pero lo que a los más antiguos nos llamó la atención fue cuando vimos a una de las chicas del aseo en la cocina con un gorrito blanco en la cabeza. ¡No lo podíamos creer! –contó a CIPER, Cecilia.

Al día siguiente llegarían nuevos funcionarios de la ACHS a inspeccionar rincones. Testigos de ese súbito revuelo fueron 38 trabajadores que allí se hospedan, ocho de ellos amputados de una pierna y tres amputados de un brazo. Otros dos sólo se podían movilizar en silla de ruedas. El temor se desvanecía al mismo ritmo que los funcionarios de la Asociación Chilena de Seguridad daban órdenes de cambio.

La explicación de la empresa no vale la pena ni considerarla. Justificar el encierro de trabajadores por razones técnicas –era un problema de chapas, dijo el holding de Paulmann– no resiste análisis. En rigor, esa cadena –cuyo lema es “Santa Isabel te conoce”– es como el pillín descubierto “in fraganti”: se inventó lo primero que se le ocurrió.

La explicación real es, a mi juicio, tan sencilla como brutal: la soledad radical en que se encuentra el trabajador chileno.

En efecto, sin capacidad de formar sindicatos fuertes, impedido de recurrir a la huelga y abandonado por el Estado, el trabajador chileno tiene que arreglárselas sólo frente a un empleador que, por definición, tiene un poder enorme: el que le da el despido.

Veamos cómo es que nuestros trabajadores se quedaron solos.

Primero, no hay sindicatos. Sólo el diez por ciento de los trabajadores chilenos tiene un sindicato que lo represente, y el promedio de afiliados ronda los 34 miembros. No son, en rigor, sindicatos, sino “sindicatitos”.

Y ahí la pregunta es obvia: ¿alguien pretende que sindicatos donde penan las ánimas puedan hacerle frente a gigantes como Cencosud, dueño del Supermercado de Santa Isabel, con todo su poder institucional y mediático?

Segundo, tampoco existe negociación colectiva de las condiciones de trabajo. En Chile sólo el 5 por ciento de los trabajadores accede a un convenio colectivo. O sea el 95 por ciento se somete íntegramente a las condiciones individuales de trabajo, que son, por definición, las que ofrezca unilateralmente el empresario.

Imágenes del programa “Esto no tiene nombre” de TVN.

¿Y si no tienen sindicato, ni negocian colectivamente, quizás nuestros trabajadores podrán recurrir a la huelga en casos graves y calificados, como por ejemplo, cuando un empleador al borde del delirio decide encerrarlos con llave para evitar los robos?

Tampoco se puede. Esa huelga, como la mayoría de las huelgas, en Chile sería ilegal. Admitida sólo en una hipótesis –cuando los trabajadores están negociando un contrato colectivo– la huelga sufre en Chile la regulación legal más restrictiva del mundo. De ahí que, aunque suene absurdo, si los trabajadores del Santa Isabel o los mineros de San José –ambos esclavos de la codicia de sus empleadores– hubieran decidido una huelga para protestar por el abuso, esa huelga habría sido irremediablemente ilegal.

Impedidos, entonces, de utilizar sus propias manos para defenderse colectivamente, quizás es el Estado de Chile el que asume esa responsabilidad.

Y ahí el frío de la soledad es total. La Inspección del Trabajo tiene problemas estructurales, legales y ahora fácticos que le impiden cumplir con la defensa de los derechos de los trabajadores.

Legales porque las sanciones laborales son sencillamente ridículas. Se trata de multas que difícilmente superan –en los casos mas graves– las 60 UTM, y que muchas empresas simplemente asumen como un costo más que, en cualquier caso, es más barato que cumplir la ley.

¿Se asustará el holding Cencosud con una multa que difícilmente superará un par de millones de pesos? ¿Se han asustado los dueños de los buses interurbanos con años y años de multas para cumplir con los descansos entre jornadas de choferes? ¿Se asustaron los dueños de la mina San José cuando un mes antes del accidente se les multó con un millón de pesos por los problemas de seguridad en el techo de la mina?

Y además hay razones estructurales, porque obviamente ese servicio público no está en condiciones de fiscalizar millones de relaciones laborales día a día y ya se sabe, que las nuevas directrices de ese servicio de fiscalización son incentivar la educación por sobre la fiscalización. No hay malos empresarios, solo desinformados, parece ser la nueva máxima de ese organismo de fiscalización.

Nada puede, entonces, estar peor para los trabajadores en Chile.

Quizás su única esperanza sean ellos mismos: la soledad sólo se acaba con otro como uno.

En la siguiente columna de opinión, el economista Gonzalo Durán, asesor del Sindicato Nº 1 de Farmacias Ahumada, explica algunas de las razones que motivan la huelga legal de los trabajadores de esa empresa. El movimiento ya suma más de 10 días.

Hace más de 10 días que el Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores de Farmacias Ahumada se encuentra ejerciendo su derecho de huelga legal. Se trata de 750 trabajadores de farmacias que no encontraron eco a sus demandas laborales. Los puntos que generaron más rechazo por parte de la administración fueron dos: la incorporación de una cláusula de Gratificación Garantizada y la nivelación de algunos beneficios esporádicos, como aguinaldos y bonos.

Vamos a ahondar en el tema de la gratificación y las razones que hacen que en Chile una empresa que obtiene ganancias millonarias, como Farmacias Ahumada, solo las reparta entre algunos de sus trabajadores. Pero además ocurre otra cosa increíble: no sólo no se les reparte a todos, sino que para algunos empleados hay ganancias y para otros, los que ganan los sueldos más bajos, pérdidas.

Farmacias Ahumada ha logrado erigir un imperio farmacéutico que los posiciona como la principal cadena de América Latina, con presencia en Chile, México y Perú, y con ventas consolidadas sobre los 1,8 billones de dólares. Si observamos las cifras para el primer semestre de 2010, Farmacias Ahumada Chile acumula utilidades Ebitda sobre los 7.000 millones de pesos, explicando más del 50% del total de las ganancias del grupo. Pongo el ejemplo del Ebitda por una razón bien concreta. Es un indicador que mide fundamentalmente la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza o valor económico agregado y se concentra en aspectos operacionales ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tuviese que buscar un número para saber cuánto han contribuido los trabajadores al crecimiento de la empresa debiese poner atención a ese indicador. En 2009, el año de la colusión de precios y de la crisis económica, la empresa farmacéutica obtuvo una utilidad Ebitda sobre los 9.000 millones de pesos.

Como se ve, le ha ido fantástico a Farmacias Ahumada. Sin embargo, hace más de 9 años que dejó de dar gratificaciones a sus trabajadores (que es la vía a través de la cual, según nuestra legislación, los trabajadores pueden participar de las ganancias de la empresa). Esto tiene que ver con la antigüedad de la norma, los conceptos que la caracterizan y las clásicas ambigüedades tributarias sobre las cuales firmas grandes como ésta pueden moverse como peces en el agua.

Para calcular las gratificaciones, la norma no se basa en el Ebitda, sino en otra utilidad, que suele ser mucho menor. En el caso de Farmacias Ahumada, por ejemplo, la base ya no son los 9 mil millones sino 6 mil. Esos 6 mil digamos que entran a una suerte de licuadora contable y se transforman en $638 millones de pesos. Sobre esa cifra, denominada Renta Líquida Imponible, las empresas pagan impuestos (atención también con ese dato) y, luego de aplicar una fórmula que explicamos a continuación, entregan la gratificación.

La fórmula tiene dos componentes que se restan: Renta Líquida Imponible menos el 10% del capital propio. Farmacias Ahumada tiene cerca de 350 locales en Chile. Esto hace que su capital propio sea muy elevado, y termine comiéndose a la renta líquida imponible. En números es más o menos lo siguiente: a los 638 millones que tenía Farmacias Ahumada en el bolsillo, le tuvo que restar alrededor de 930 millones, por lo del capital propio. ¿Resultado? Pérdida. Una utilidad negativa de 293 millones. O sea, no hay nada que distribuir, pues (aunque no se perdió) se perdió plata.

Como la norma claramente es injusta y anacrónica, lo que pide el Sindicato es garantizar la gratificación (lo que hace la mayoría de las empresas del retail que se enfrentan a este mismo problema). Pero la respuesta de la empresa fue “no”. Por ello, el Sindicato Nacional N°1 de Trabajadores se encuentra en huelga, bloqueando locales y apelando a la solidaridad de los clientes para que compren en la competencia. Son más de 10 días de huelga, en donde la empresa ha dejado de vender cerca de 900 millones de pesos, es decir, un 43% más de lo que le costaría pagar las gratificaciones que solicita el sindicato.

En la otra vereda se ubican los empleados de la alta administración de la compañía. En 2009, Farmacias Ahumada obtuvo utilidades financieras como grupo consolidado por más de 6 mil millones de pesos. Sobre dicho monto, accionistas, ejecutivos y cuadros pertenecientes a la administración de la compañía retiraron para uso propio cinco mil 300 millones de pesos, por concepto de dividendos.

(*) El autor es parte de la comisión negociadora que asesora al Sindicato Nacional N°1 de Farmacias Ahumada e investigador de Fundación Sol.

La cadena de supermercados Jumbo había anunciado que para enfrentar el feriado deciochero abriría durante 58 horas seguidas algunos de sus locales. Si bien luego se arrepintió, de todos modos sus locales funcionarán hasta la medianoche en los días previos. A sus empleados se les pagará horas extra que probablemente apenas les alcance para pagar la locomoción de regreso a casa. Un episodio que dice bastante de la situación laboral en el Chile del bicentenario.

Cuando en 100 años más los chilenos miren hacia nuestros días y quieran saber cómo se las arreglaban sus antecesores, podrán encontrar una buena imagen en las entusiastas ofertas de un emprendedor chileno llamado Horst Paulmann, quien anunció que tres de sus supermercados atenderían 58 horas seguidas al público, para hacer frente a tres días de feriado obligado.

Aunque a las pocas hora Cencosud retrocedió (nadie le preguntó a Paulmann por qué no continuó con su idea de jornadas Non Stop), hay algo muy importante que esa impulsividad nos dice de la situación del trabajo en Chile. Porque pese al arrepentimiento del gigante del retail, lo que va a ocurrir es que mañana y el jueves los trabajadores de sus supermercados deberán trabajar hasta las 12 de la noche. Igual como lo harán quienes laboran en Santa Isabel y Unimarc (en el caso de Lider, se informó que su jornada se extenderá hasta las 11 pm). Son cerca de 150 mil trabajadores a paso redoblado para satisfacer la demanda acumulada de tres días de cierre (solo los de Jumbo suman alrededor de 14.000).

Veamos lo que ganan esos trabajadores. De acuerdo a los salarios que se pagan en los supermercados de Cencosud, la extensión de jornada implicará una entrada extra (imponible) que fluctuará entre los $1.200 la hora (para un empleado que gana poco más del sueldo mínimo) y $2.400 (los mejor pagados). Eso no es todo. A los trabajadores part time, que trabajan siempre domingos y feriados, les modificaron la jornada para que cumplan turno estos días, aunque no les corresponda. En otros supermercados, explica un dirigente sindical, puede que a los trabajadores no les paguen por esas horas extra, sino que se las cambien por otras horas de otros días. Por otra parte, este turno de $1.200 pesos no es voluntario. Lo designará, en el caso de Cencosud, cada jefe de local. Para vender hasta la medianoche, en Cencosud nadie le pidió su opinión a los trabajadores ni les informó oficialmente. Algo se comentaba en los pasillos, hasta que la noticia de las 58 horas Non Stop los sorprendió en La Segunda.

“Esta extensión horaria no beneficia en nada a los trabajadores, al contrario. Si cierran los locales a las 12 de la noche, los trabajadores van a llegar a sus casas a las 2 de la madrugada, y esos $1.000 ó $2.000 que ganan por las horas extra se les van a ir en transporte, pues la empresa no pone buses de acercamiento ni paga la movilización”, explica Raúl Morales, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de Cencosud.

Los ejecutivos del holding, en cambio, se frotan las manos en días como estos. El supermercado que más vende en América Latina es el Jumbo de Bilbao, con facturaciones diarias que bordean los 260 millones de pesos. Es decir, sobre los 8.000 millones de pesos al mes. En feriados como el del ’18, los números saltan que es una fiesta. Según datos de Cencosud (que administra Jumbo y Santa Isabel), en lo que va de septiembre las ventas han crecido un 30% con respecto al mismo período del año anterior. Si se divide por días, el sábado pasado las ventas aumentaron en un 32% y el domingo un 37%, comparado con el mismo fin de semana del año pasado.

Así llegamos en Chile al bicentenario, donde se festeja la lucha de todos por alcanzar la libertad y la independencia. Los chilenos del futuro, que miren el país de sus abuelos, se encontrarán, además de las ganas ilimitadas de Paulmann, con los 33 mineros atrapados en Copiapó por la negligencia de dos empresarios mineros. No se puede esperar que en el futuro no haya accidentes. Sí se puede esperar, en estos días de bicentenario, que el futuro sea menos injusto y abusivo.

*Gonzalo Durán es economista de la Universidad Católica e investigador de la Fundación SOL