Una nueva auditoría detectó fallas en el resguardo de la información personal de todos los chilenos: ex funcionarios que mantienen claves de acceso a los datos, riesgo de fuga de información e ingresos a los servidores que no quedan registrados. Hace un mes, la Contraloría ya había cuestionado la falta de vigilancia en los registros de condena. En dicho informe, se reveló también la existencia de contratos de asesorías irregulares, algunos de los cuales se incluyeron en la formalización por fraude al fisco del ex director Guillermo Arenas, quien está detenido desde el sábado pasado.

El recién nombrado director del Registro Civil e Identificación, Christian Behm, tendrá una dura tarea cuando asuma el próximo 1 de marzo. Liderará un servicio sacudido por el escándalo de irregularidades en la anulada licitación de plataforma tecnológica que había ganado la empresa TATA, la que deberá relanzar, además de culminar la licitación del sistema de identificación (cédulas y pasaportes). Como si fuera poco, tendrá que corregir una serie de deficiencias en la seguridad de la información que maneja el Registro Civil, detectadas por la Contraloría en una auditoría que culminó el 28 de enero.

Pudo encontrarse con un panorama aún más oscuro. El informe inicial de la Contraloría detallaba graves falencias en las políticas y procedimientos de control relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones, vinculadas a los contratos que actualmente manejan las empresas Sonda y Adexus. Sin embargo, las autoridades del Registro Civil pudieron replicar y aclararon muchas de las observaciones (que seguirán siendo monitoreadas por la Contraloría), aunque sí mantuvieron preocupantes cuestionamientos a la forma en que se manejan los datos personales y privados de todos los chilenos.

Quizás la falla más grave esté en la forma caótica en que el servicio administra las cuentas de quienes tienen acceso a la información almacenada digitalmente. Al momento de realizarse la auditoría, se registraban 24.725 cuentas de usuarios, de las cuales 5.000 no tenían ninguna restricción de horario. En su respuesta, el Registro Civil disminuyó el número a 4.382 usuarios que pueden acceder al sistema durante las 24 horas, además de limitar a 15.591 el total de las cuentas activas. Lo anterior revela que hasta 2008 había cerca de 9.000 usuarios que debían ser cancelados.

El problema puede deberse a otro de los cuestionamientos de la Contraloría, que al intentar conciliar a los usuarios registrados con el personal listado por Recursos Humanos, obtuvo una concordancia de sólo 24%. “Por lo tanto, no es posible descartar la existencia de cuentas de usuarios pertenecientes a personal externo al servicio”, concluye el informe.

En otro acápite, se agrega que la expiración de las cuentas de los funcionarios desvinculados del servicio se realiza de forma extemporánea, detectándose que sólo el 10% de estos usuarios se encuentran en estado “cerrado”. En su réplica, el Registro Civil precisa que de 30.087 cuentas, 14.496 están cerradas y que 2.167 fueron caducadas durante 2008.

Además, el ente contralor cuestiona que haya usuarios externos al Registro Civil con privilegios de administrador, pese a que sólo deberían poder hacer consultas. En este caso están el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gendarmería, entre otros. Dentro del mismo servicio, también hay personas con acceso completo al sistema aunque sus labores están restringidas a ámbitos específicos.

En su respuesta, el Registro Civil asume el problema y culpa a la antigüedad de plataforma informática, que no ha podido ser modernizada. Aunque no lo dice, dicha plataforma es la que Adexus administra desde 1993 y cuya licitación ha fracasado ya tres veces, la última de las cuales fue en marzo de 2008, luego de que CIPER denunciara que el asesor Andrés Contardo, trabajaba paralelamente en la empresa ganadora, TATA Consultancy Services y en el Registro Civil. Una nueva licitación fue anunciada en diciembre pasado.

El servicio reconoce que ha tenido dificultades en mantener actualizado el número de cuentas debido a la alta rotación de personal entre oficinas y funciones. Si bien se han adoptado medidas al respecto, se explica que los resultados han sido lentos. Para solucionarlo, anuncia un informe mensual de usuarios activos que deberá ser chequeado por cada jefe, lo que funcionará a partir del segundo semestre de 2009. Durante el año pasado se avanzó en la regularización de cuentas, que actualmente se distribuyen en 13.298 asignadas a funcionarios del Registro Civil y 2.293 a entidades con las que se tiene convenios de colaboración.

Respecto al acceso externo un sistema llamado “monito web”, que permite que 136 instituciones como el Sename o las municipalidades consulten información como defunciones o fecha de nacimiento, entre otros datos personales, se detectó que hay un registro parcial de los accesos mediante correos electrónicos y sin antecedentes de cierre de los mismos. Ante esto, el servicio se comprometió a normar la asignación de cuentas durante el segundo semestre.

La falta de seguridad en el manejo de los usuarios que tienen acceso a la información del Registro Civil se suma a la ya detectada en una auditoría especial de la Contraloría revelada hace un mes, donde se alertó de falencias similares en los usuarios que acceden al registro de condenas.

Fuga de información

Otro de los riesgos que preocupan a la Contraloría es que los controles asociados a las teconologías de la información no tienen mecanismos que impidan la fuga de información por parte de funcionarios. Éstos pueden emitir documentos con información sensible, tales como posesión efectiva, certificado de antecedentes, de dominio o informes de direcciones, a personas no autorizadas.

El Registro Civil asume que efectivamente no se puede garantizar que la información sea entregada al dueño de ésta. Como solución, en la nueva licitación de integración de plataforma tecnológica, se exigirá que la identidad de las personas se certifique a través de reconocimiento dactilar. El servicio aprobó además una solución (no especifica cual) para disminuir el riesgo de fuga, que no se ha aplicado por problemas presupuestarios.

Como al final es un funcionario el encargado de entregar la información, el servicio aclara que siempre quedará ahí una brecha que depende exclusivamente de esa persona.

Pero para la Contraloría el riesgo de fuga no está sólo en el Registro Civil, sino también en Carabineros e Investigaciones, que tienen acceso a una aplicación web que “entrega información sensible de todos los ciudadanos” para el apoyo de la Reforma Procesal Penal.

El servicio concuerda con el riesgo, pero aclara que en su momento “realizó los reparos pertinentes por la cantidad de información que se entregaría a través de esta aplicación, sin embargo, los fines que pretendía cumplir ameritó su puesta en producción”. Como resguardo, hay información detallada de las acciones de cada usuario, las que de hecho han sido solicitadas por la Policía de Investigaciones. Ésta tiene cuentas de usuarios, las que sólo a futuro se habilitarán para Carabineros.

La fábrica de SONDA

Uno de los contratos auditados es el que la empresa tecnológica SONDA se adjudicó en 2001 para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes y que actualmente está siendo licitado nuevamente. El 23 de abril pasado, la Contraloría fue hasta la fábrica de los documentos, en calle Catedral, detectando que los empleados de la empresa encargados de la confección de cédulas y pasaportes están en el mismo espacio físico que el servidor de la base de datos que almacena la información.

Aunque los separa un cristal, para la Contraloría se trata de una división insuficiente, pues puede quebrarse y afectar el funcionamiento. Por eso dice que el servicio deberá buscar la forma de separar al personal de la fábrica “por constituir un riesgo de accesos indebidos al servidor de bases de datos”.

La seguridad física de la sala de servidores del Registro Civil también es motivo de preocupación para la Contraloría, entre otras cosas porque los funcionarios entran con una clave pero su acceso no queda registrado.

Transferencias de autos robados

La Contraloría dedica un largo acápite al registro de vehículos motorizados, indicando numerosas falencias y errores en el sistema computacional. Particularmente llamativo resulta el caso de los autos robados, pues se detectó que es posible transferir su propiedad. La respuesta del servicio es legal: la información de encargos por robo de Carabineros sólo se puede usar para advertir a los ciudadanos a través del certificado de anotaciones vigentes, pero no puede impedirse ni la venta ni la transferencia.

De todos modos la advertencia no es tan eficiente, pues la auditoría señala que los reportes de Carabineros se realizan sin una periodicidad fija, pudiendo ocurrir varias veces al día o cada once días.

La arista judicial

La primera auditoría de la Contraloría, entregada el 30 de diciembre pasado, había sido particularmente dura con la gestión del ex director Guillermo Arenas. Se cuestionaron desde los gastos de representación utilizados en restaurantes hasta contratos con asesores cuya labor no pudo confirmarse. Este último punto alimentó la arista judicial, pues el 21 de enero la fiscal Alejandra Godoy pidió la formalización de Arenas en base a 14 de estos asesores, divididos en 155 contratos en los que se imputó fraude al fisco. Lo acusó del mismo delito por dos contratos firmados con la Universidad de Santiago.

Si bien en esa oportunidad el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no aceptó la solicitud de detención de Arenas, esta decisión fue revocada el sábado pasado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde entonces Guillermo Arenas está recluido en el anexo Capitán Yaber.

La decisión del tribunal de alzada fue adoptada debido a la serie de escuchas telefónicas que demostraron que Arenas se comunicó con otros imputados en el caso para coordinar declaraciones ante la Fiscalía y por lo tanto estimó que mantenerlo en prisión es “indispensable para el éxito de la investigación”.

La resolución judicial es dura con el rol de Arenas en el caso: “A juicio de estos sentenciadores se está frente a una situación particularmente grave por cuanto quien aparece como responsable del mismo es el más alto funcionario del Servicio del Registro Civil, personero depositario de la confianza no sólo de las máximas autoridades del país –que lo designaron- como de toda la ciudadanía. De esta manera el imputado al violar la confianza otorgada incurre en un acto que manifiesta un desprecio hacia la estructura legal del país como del Estado de Derecho”.

Al formalizar a Guillermo Arenas, la fiscalía lo acusó de fraude al fisco por $636 millones, de los cuales $400 millones dicen relación con dos contratos firmados con la Universidad de Santiago (Usach). Según la fiscalía, el único informe entregado fue el relativo al rediseño institucional y fue copiado íntegramente de un estudio realizado por los propios funcionarios del Registro Civil. La segunda asesoría nunca se habría concretado. El objetivo era confeccionar las bases de la licitación de la plataforma tecnológica, pero al momento de firmar la extensión del convenio éstas ya estaban publicadas en Chilecompras.

La segunda arista de formalización se centró en los 14 contratos de asesores a honorarios que prestaron servicios durante la gestión de Arenas y quienes no habrían realizado labor alguna para el organismo. Por este capítulo, el abogado PPD también fue formalizado por fraude al Fisco reiterado, con un perjuicio de más de $ 236 millones en grado consumado y otros $ 31 millones en carácter frustrado.

La jornada partió en el Juzgado de Letras de San Bernardo. Allí fue localizado Arenas mientras hacía gestiones como abogado. Al ser interceptado por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, sólo alcanzó a llamar a su mujer para avisarle que había sido detenido. Su abogado, Alex Carocca, reclamó por la forma en que su cliente fue aprehendido y afirmó que Arenas siempre había estado a disposición de la Fiscalía Centro Norte. La acusación fue refutada por la fiscal a cargo del caso, Alejandra Godoy, quien argumentó que no había tenido respuesta de Caroca al ser requerido. La orden de detención está fechada el 16 de enero pasado.

Desde un primer momento la fiscal mostró una especial dedicación al caso, además de una particular osadía. A la semana siguiente de la destitución del que fuera director del Registro Civil, ordenó un allanamiento a la casa de Arenas. Un destacamento de policías llegó hasta la residencia ubicada en Las Pircas de Peñalolén mientras éste celebraba su cumpleaños número 60 en compañía de un grupo de amigos. En paralelo, otro grupo de detectives llegó hasta las oficinas de la dirección nacional del Registro Civil para incautar diversos equipos.

En su extensa exposición de ayer, la fiscal formalizó a Arenas por 155 delitos vinculados a asesorías injustificadas y por dos contratos con la Universidad de Santiago. Le atribuyó responsabilidad en defraudar al fisco por 636 millones de pesos, pero los antecedentes que entregó Godoy no son demasiado distintos de los que la Contraloría hizo públicos la semana pasada en una auditoría aleatoria al servicio. Esto, pese a que la fiscalía lleva diez meses investigando la arista principal del juicio por corrupción, el que se originó luego que de CIPER revelara la trama de las irregularidades en una licitación por US$ 80 millones adjudicada a la empresa india TATA. El nudo principal de los ilíticos investigados es el asesor informático Andrés Contardo, quien trabajaba simultáneamente dirigiendo el proceso de licitación del Registro Civil y para la empresa que obtuvo el negoció.

El juez Patricio Álvarez consideró que no existían antecedentes suficientes para acreditar que las otras asesorías no se hubieran realizado o fuesen injustificadas. Tampoco aceptó la solicitud de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado de dejar preso a Arenas ni con arraigo regional. Sólo concedió el arraigo nacional y la firma cada 15 días bajo el considerando de la disposición a colaborar que ha mostrado el imputado.

Al finalizar la jornada judicial, Arenas sólo quiso aclara un punto: No piensa llegar a acuerdo con la fiscalía y está decidido llegar a juicio oral.

El resultado de la audiencia es un revés para la fiscal Godoy, quien hasta ahora sólo había logrado la formalización de Andrés Contardo por la arista principal de la causa TATA-Registro Civil.

Los comensales en la mira del CDE

La fiscalía se lanzó contra Arenas por motivos que nada tienen que ver con la investigación principal y que parecen ser bastante más graves que las que expuso ayer ante el juez, la prensa y los abogados de los principales ejecutivos de TATA, quienes han declarado como inculpados y seguramente esperaban conocer información atingente a sus defendidos.

Pero esa arista, la principal, se sigue desarrollando, y es probable que adquiera más velocidad en las próximas semanas pues el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó ayer entablar una nueva querella dirigida a la cúpula de la multinacional TATA. Los hilos de la estrategia del CDE apuntan específicamente a los comensales de una cena que tuvo lugar en septiembre de 2006 en un departamento de calle Luis Pasteur, en Vitacura. El dueño de casa era Danilo Rivas, un consultor a quien se acusa de haber sido el “gestor” del negocio entre TATA y el director del Registro Civil.

Dos de sus invitados, Guillermo Arenas y el gerente general de TATA, Pablo Cisternas, ya están querellados por el CDE. Los dardos del organismo estatal apuntarían ahora contra Henry Manzano, presidente de la empresa india, quien no había sido afectado hasta ahora por las acusaciones de corrupción. Manzano es un hombre conocido en el mundo tecnológico: era el dueño de Comicrom, la empresa que fue comprada por TATA para potenciar su arremetida en el mercado chileno.

Los otros dos asistentes a la cena fueron el ex gerente comercial de TATA Andrés Tupper y el ingeniero civil electrónico Flavio Venturini. Según la versión de este último a la fiscalía, èl y el ex gerente de TATA, Arturo Nahum, cumplieron el rol de enlace con la empresa india mientras se desarrollaba el proceso de licitación. Arenas, a su vez, fue contactado por Rivas, de quien es amigo de toda la vida.

Venturini y Rivas se han transformado en piezas clave de la investigación que lleva la fiscalía. El primero fue el que contó los detalles de la cena y de todos los vínculos que se desarrollaron con posterioridad a ésta, involucrando a Rivas como gestor del negocio que llevaría a TATA a adjudicarse la licitación.

De acuerdo a sus declaraciones ante la fiscalía, durante la reunión se habló de los dineros involucrados en el proyecto, un acuerdo que incluía un contrato para el mismo Venturini si TATA se adjudicaba la licitación. Días después habría tomado contacto con él Danilo Rivas, quien según su versión, le solicitó los datos de su empresa, Venturini Consultores Ltda. Tras ello, en una tercera cita, Rivas le habría pasado un documento con los datos de la empresa y con los porcentajes de dinero que percibiría la firma si se cerraba el acuerdo de negocios. El ingeniero aseguró que en ese momento advirtió que se trataba de “platas oscuras”.

-Danilo me explicó que yo tenía que firmar el acuerdo de negocio, en el que curiosamente no aparecía Danilo Rivas. La plata se la iban a pagar a la empresa Venturini Consultores, y luego a una tercera empresa, que no sé cuál era porque Danilo no me dio el nombre, facturaría a Venturini Consultores y ahí nosotros tendríamos que devolverles la plata. Esa era la forma en que se iba a triangular el dinero de la licitación (…) Danilo no me dijo cuál era el destino real de los dineros por los cuales nos facturarían, pero sí me dijo que se trataba de “pagar favores políticos y gastos que tiene uno”, no indicándome de quién (…) Danilo Rivas era el nexo. Se reunía tanto con gente de Tata como con Guillermo Arenas. Tenía un especial interés de que esto saliera para pagar favores políticos de amigos o contactos. Decía que quería ayudar a su amigo Arenas porque al interior del Registro Civil había pugnas -declaró Venturini.

Según publicó El Mostrador, la fiscal le pidió a Venturini que se reuniera con Rivas portando una cámara oculta en un maletín para hacerlo reconocer su implicancia en el caso. Venturini siguió las instrucciones, pero la fiscal no obtuvo lo que quería.

La querella del CDE apunta también a todos aquellos que resulten responsables de fraude y estafa al Fisco en grado frustrado.

Ubaldo Zúñiga, los masones y la USACH

La causa por la que fue formalizado ayer Arenas dice relación con dos contratos por $400 millones firmados por el Registro Civil con la Universidad de Santiago. Según relató la fiscal, el ex rector Ubaldo Zúñiga declaró que conoció a Arenas en una ceremonia de la logia masónica, tras lo cual éste le propuso hacer un acuerdo de cooperación. De acuerdo a fuentes cercanas a la causa, tras este testimonio la fiscal Godoy ha intentado indagar si existe alguna red de masones entre los distintos involucrados.

En la audiencia, Godoy cuestionó varios aspectos de los contratos, como el uso de una fórmula de subcontratación en que se incurrió para su ejecución, contratándose equipos adicionales. El encargado de los contratos era el académico Humberto Jorquera, quien cobró los cheques y delegó el trabajo en otros profesionales.

El primer convenio tenía como objeto la realización de las bases para la licitación de servicios tecnológicos. Como consignó CIPER en marzo pasado, los detalles de dichas bases fueron afinados por Andrés Contardo y además se fichó un equipo especial liderado por Berta Belmar.

El segundo contrato era para el rediseño institucional del Registro Civil, que incluía cambios remuneracionales de la planta. Según Godoy, el informe entregado es “copiado textual” de otro hecho por funcionarios del servicio en 2006, apoyados por Santiago Consultores. Ironizando, dijo que la única diferencia es el tamaño, pues uno fue escrito con interlineado sencillo y el otro con interlineado de 1,5, “pero todos los párrafos son literales”. Por este contrato, aparece recibiendo remuneraciones el propio Ubaldo Zúñiga.

Los 155 fraudes imputados a Arenas

La segunda línea por la que se negó la formalización de Arenas, fue la contratación de asesorías que a juicio de la fiscal no se justifican por distintas razones. Godoy las desglosó en 155 fraudes al fisco consumados y 19 frustrados, aunque en realidad afectan a 14 asesores. Esto se explica porque algunos de ellos tuvieron varios contratos. Los fraudes frustrados se referían a aquellos que fueron anulados luego de que Arenas dejara el servicio. El monto total defraudado ascendía, según la fiscal, a $236.335.915. La mayoría de los contratos fueron visados por el ex jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, y unos pocos por el ex subdirector de operaciones, Enzo Pistacchio.

Los asesores detallados por la fiscal no incluyían a los más polémicos del informe de la Contraloría, como la ex jefa de gabinete del senador Camilo Escalona, Karina Talcan, ni sus cuñados René y Gloria Tricallota, así como tampoco al profesor de inglés de Guillermo Arenas, Kart Folch, o el hijo de la diputada Isabel Allende, Gonzalo Meza.

En 84 páginas, el ente contralor detalla las irregularidades administrativas e instruye la realización de varios sumarios. Entre ellos, destaca la identificación de un total de $39 millones que no califican como gastos de representación o no se encuentra debidamente especificado el motivo de la reunión que los originó o la investidura de los asistentes.

Sólo Guillermo Arenas rindió $4.415.809 de gastos en restoranes que para la Contraloría no se justifican. Como se ve en el mapa (haga click en los puntos azules para ver el local y el gasto), el ex director del Registro Civil recorrió los más variados restoranes de Santiago.

A éstos hay que sumar el restorán “Coco Loco” de Valparaíso, donde gastó $431 mil pesos en dos cenas. Una de ellas, Arenas la justificó como una reunión de la comisión mixta de presupuesto en el Congreso ($266 mil), pero no informó los nombres ni la investidura de los asistentes. La otra comida ($165 mil), la presentó como una cita preparatoria de una reunión de los registros civiles de América Latina, pero la boleta no tiene número ni fecha, y no hay ninguna información sobre la identidad de los asistentes.

Guillermo Arenas era un hombre querido entre los funcionarios del servicio, quienes incluso hicieron un paro cuando dejó su cargo el año pasado. En el informe de la Contraloría, se ve que el ex director invirtió dinero del servicio para agasajar al personal con motivo del 123 aniversario. Para dicho festejo, celebrado en julio de 2007, destinó un total de $28 millones. La Contraloría no hace reparos sobre el monto, sino que cuestiona que “no consta la asistencia de autoridades superiores”.

Pero fue la parrillada “Los Buenos Muchachos” la que se llevó la mayor tajada de los gastos de representación. En este caso, la rendición de cuentas corrió por cuenta de la jefa de Comunicaciones de dicho servicio público, Carolina Ruiz. En ese conocido restorán el Registro Civil organizó dos cenas, para 199 y 900 personas respectivamente, las que significaron un desembolso total de más de $14 millones. A ello hay que agregar $360 mil que se gastaron en buses para trasladar a los invitados desde “Los Buenos Muchachos” a Maipú y Puente Alto. El informe nada indica de las horas en que se habría hecho el traslado y tampoco la identidad de los pasajeros. En las mismas fechas, cada dirección regional realizó sus propias celebraciones, por las que la Contraloría también pide explicaciones.

Para aclarar todos estos gastos, se instruirá un sumario administrativo y ya la Contraloría anunció que hará reparos.

Incumplimiento de contratos

Jorge Lobos, el ex jefe de gabinete de Guillermo Arenas, fue el responsable de autorizar 50 de los 288 contratos revisados por la Contraloría. Inconsistencias con lo que se estipula como actividad realizada y otras carencias y errores fueron detectados por el ente fiscalizador en 44 casos. Lo que queda claro es que sólo muy pocos de esos contratos en la mira de la Contraloría fueron aclarados por las autoridades del Registro Civil en sus descargos.

El nombre de Lobos también aparece vinculado a las irregularidades en el otorgamiento de créditos de la Caja de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica. De acuerdo con otro informe de Contraloría, en 1996 Lobos autorizó un préstamo por un millón de pesos para Erika Henríquez González, quien era su pareja y terminó trabajando en la oficina de Dicrep de Temuco. Además, el informe objetó que el auto que Erika González presentó como garantía no era suyo, sino del mismo Lobos.

Tras ser destituido junto a Guillermo Arenas de la dirección del Registro Civil, en mayo último Jorge Lobos volvió a la Dicrep, donde es funcionario de carrera desde los ‘80. Sin embargo, recién retornado, quedó suspendido al iniciarse un sumario en su contra por la investigación en curso en el Registro Civil. Desde entonces, pese a estar suspendido, el abogado sigue recibiendo un sueldo que supera el millón de pesos. Su situación debiera resolverse en un par de meses, una vez que se presenten los cargos en su contra.

La lista de contratos aprobados por Lobos en el Registro Civil y cuestionada por la Contraloría estaba encabezada originalmente por Andrés Contardo Santibáñez, el asesor informático que fue despedido “por razones de buen servicio” en marzo de 2008, luego de que CIPER revelara que prestaba doble funciones en la empresa TATA, que se había djudicado una licitación por US$ 80 millones. Ahora el ente contralor revela que en 2007 recibió $17.429.160 y en 2008 $12.000.000 como asesor de la licitación. Sus informes indican que participó del cronograma de trabajo de evaluación del Registro Civil, en el plan de revisión de las bases de licitación, en el cronograma de trabajo para la licitación de identificaciones y en el piloto de modelo biométrico. En su primera revisión, la Contraloría concluyó que no había antecedentes adicionales que acreditaran la ejecución efectiva de dichas funciones. Posterioremente, otros asistentes a las reuniones en las que Contardo dijo participar confirmaron su asistencia. Así, el asesor informático salió de la lista negra de la Contraloría, pero no de la fiscal que sigue el proceso por los delitos cometidos en la licitación otorgada a Tata.

Más difuso parece el caso de Verónica Luz Escudero Ramos, quien entre 2006 y 2007 recibió pagos por más de $18 millones como asesora en contratos tecnológicos ligados a la licitación informática. “En la revisión de dichos informes, se comprobó que corresponden a artículos extraídos de internet, los que se reproducen casi textualmente”, concluyó la primera etapa de la auditoría, que incluso detalla los artículos que fueron plagiados de la web. En el informe final, sin embargo, se “hace presente” que hay registro de los informes bimensuales de Verónica Escudero, pero no agrega ningún detalle acerca de aquellos que habían sido plagiados de internet.

La abogada Verónica Escudero llegó a trabajar al Registro Civil en octubre de 2006, pocos meses después de que Arenas asumiera la dirección del servicio. Su esposo, el también abogado PPD Juan Guillermo Hurtado, ha mantenido un vínculo laboral más estrecho y cercano con el ex director del Registro Civil.

En 1994, cuando fue nombrado en la jefatura máxima de la Dirección General del Crédito Prendario, Arenas nombró a Hurtado a la cabeza del Departamento Jurídico, lo que en la práctica le permitió ser el segundo de a bordo en la Dicrep. Además, fue uno de los tres integrantes de una comisión encargada de un programa de créditos excepcionales que dejó pérdidas por $1.000 millones. Se trata del crédito con garantía de prenda industrial sin desplazamiento, que mereció un sumario de Contraloría. Entre otras cosas, el informe del organismo fiscalizador objetó el hecho de que uno de los beneficiados por los préstamos por un millón de pesos fuera el ex alcalde de Pirque Jaime Francisco Escudero, quien es hermano de la esposa de Hurtado y, por tanto, primo de Guillermo Arenas.

El matrimonio también apareció mencionado en el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de TVN. Frente a la grave crisis por la que atravesaba la estación pública tras el fin de la dictadura, en 1990 la Cámara Baja aprobó un duro informe que daba cuenta de situaciones anómalas. Entre otras cosas, destacó el hecho de que el animador César Antonio Santis cobrara asesorías millonarias a través de la empresa Alati Comunicaciones Ltda., cuya propiedad aparecía a nombre de Verónica Escudero y Juan Guillermo Hurtado. De acuerdo con un informe de Contraloría, las asesorías no fueron respaldadas ni justificadas, y significaron montos que en valores de la actualidad superan los $2.200 millones.

Además de Verónica Escudero, el reciente informe de la Contraloría sobre el Registro Civil incluye a personas que saltaron indirectamente a la escena pública tras el escándalo de la fracasada licitación a TATA. Una de ellas es Karina Talcan Sumarett, quien se hizo conocida a comienzos de 2008, cuando la prensa informó que había sido jefa de gabinete del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona (quien negó su vinculación con ella, pese a las evidencias) y tenía una asesoría en el Registro Civil. Para la Contraloría, los informes que entregó sobre su estudio de las necesidades de las comunidades mapuches no permiten acreditar que las labores hayan sido realizadas, pues son poco claras y no entregan detalles de las reuniones. Incluso el subdirector de Administración y Finanzas se abstuvo de visar su informe de marzo de 2008 porque no tenía conocimiento respecto de su trabajo. El 30 de abril se puso término anticipado a su contrato.

No sólo por Talcan fue cuestionado Escalona, sino también porque los hermanos de su pareja, Verónica Tricallota, también hacían asesorías al Registro Civil. Ambos aparecen en el informe. Respecto a René Tricallota López, dice que no se puede acreditar que haya desarrollado su labor de “apoyo con entrega de uniformes”, por la cual recibió $500 mil por un mes de trabajo, pese a haber laborado sólo 9 días hábiles. Su hermana Gloria Tricallota López, trabajó entre septiembre y diciembre de 2007 como asesora de la Unidad de Gestión y Control de Ingresos. Aunque el servicio dijo haber verificado el trabajo realizado, la Contraloría no logró que se le entregara documento impreso ni digital que permita acreditar el cumplimiento de las labores.

La sorpresa del nuevo informe de Contraloría es que también afecta a la diputada Isabel Allende, opositora a la conducción de Escalona en el Partido Socialista, y quien se sumó a las críticas en contra del presidente del PS por los contratos de sus familiares en el Registro Civil. Su hijo -Gonzalo Meza Allende- es quien ahora aparece mencionado en la auditoría. Los reparos se refieren a que Meza Allende fue contratado para un “análisis de contexto de temas contingentes”, tarea que no guarda relación con las funciones propias del servicio. En el informe se señala que sus informes tratan temas como “las elecciones internas de la Concertación con pocos aires de cambio”, “las visiones extremistas de la acusación constitucional”, “conflicto Colombia-Ecuador, una alerta para la región”, “la aparición molesta de Lavín para la Alianza” y la “experiencia francesa en las elecciones municipales”.

En otro acápite, el informe hace especial mención a María Isabel Moya, la jefa de Infomática, quien fue una testigo clave para la fiscalía en la investigación por las irregularidades en la licitación adjudicada a TATA. La Contraloría cuestiona que haya sido contratada como asesora grado 3 en la escala única de sueldos y se le pague un sueldo equivalente al grado 2. El servicio respondió que el cambio se solicitó al Ministerio de Justicia en febrero de 2007 y aún se está a la espera de la respuesta, por lo que el ente contralor ordena “regular a la brevedad” su condición contractual o “proceder al reintegro de los fondos pagados en exceso”.

Otra vez Sonda

En su exhaustiva auditoría, la Contraloría cuestiona numerosos contrados y estudios, como los $400 millones desembolsados para pagar dos convenios con la Universidad de Santiago, los que ya son objeto de un sumario administrativo. También critica el pago de $391 millones a la empresa Sonda, la misma que actualmente se encarga del sistema informático para la elaboración de Cédulas de Identidad y Pasaportes y que ha sido fuertemente cuestionada por el gobierno por su rol en los problemas del Transantiago.

La documentación oficial del Registro Civil indica que la empresa de Andrés Navarro fue contratada para realizar el servicio biométrico de la confección de cédulas y pasaportes, lo que a juicio de la Contraloría no corresponde. Y ello porque “no pueden modificarse los aspectos esenciales del contrato, como es la contratación de un nuevo sistema de identificación denominado servicio biométrico”.

Se hace notar también que los cambios irregulares a este contrato con Sonda fueron firmados por el actual director Luis Fuentes; y Manuel Godoy y María Isabel Moya en su calidad de coordinadores del proyecto, pese a que no tenían “facultades para contraer obligaciones de tipo onerosos en representación del Servicio”. Para Fuentes, el informe de Contraloría vuelve a recordar los estrechos lazos que éste tuvo con Sonda en los contratos pasados que se adjudicó la empresa en las licitaciones del Registro Civil.

La Contraloría anunció que se investigarán las responsabilidades administrativas de esta orden de cambio y de otras dos relacionadas con la empresa Adexus, pero que suman poco más de $1 millón.

Falta de control en el registro de condenas

Un acápite de mayor gravedad pero en un ámbito distinto es el capítulo en el que la Contraloría expresa especial preocupación por el proceso de registro general de condenas. Se trata de un servicio administrado por el Registro Civil que guarda la información de las causas penales de todos los chilenos. Son datos privados y muy sensibles, que sólo pueden ser consultados por los tribunales y policías. El ente contralor ya había cuestionado en un informe anterior la falta de control sobre la eliminación y alteración del registro de condenas, un problema que ha saltado a la palestra en los últimos escándalos de corrupción y que ahora adquiere otro cariz a la luz de la precariedad del registro más sensible para la seguridad ciudadana.

Según la auditoría de la Contraloría, entre 2007 y 2008 se eliminaron 38.321 sentencias, labor realizada por 32 funcionarios del Registro Civil. El ente fiscalizador ya había cuestionado la falta de procedimientos formales en las eliminaciones, falta de foliación de los documentos, controles de validación y la eliminación de todo el prontuario de una persona a través de una sola solicitud. Un hecho que calificó como grave cuando existen varias condenas. Además criticó que la eliminación de registro no estuviera asociada al cumplimiento de condenas.

Si bien los mandos directivos del Registro Civil aclararon satisfactoriamente varias de estas inquietudes y dijeron haber solucionado otras, la Contraloría sostuvo que falta aún validar en nuevas visitas que el resultado sea el adecuado. La principal sugerencia para este problema es que en la próxima licitación del proyecto de integración de plataforma tecnológica se incorporen controles automáticos que velen por la integridad de la información.

Un ejemplo de la precariedad en el resguardo de estos registros está en el control de acceso al sistema. Según la Contraloría, la primera información entregada por el servicio hablaba de 1.706 cuentas que podían utilizarse para eliminar sentencias, de las cuales 1.235 no tienen restricción de horario de conexión. Sin embargo, luego se informó que durante el 2007 se habían usado 218 cuentas para eliminaciones, mientras que en 2008 fueron 1.706. Finalmente, el servicio le informó a la Contraloría que no podía identificar cuántas cuentas podían eliminar sentencias, lo que lleva a concluir sobre el riesgo de que hubiera usarios con habilitaciones no autorizadas.

Después de todas estas contradicciones, el Registro Civil entregó la información que supuestamente es la correcta, pero que la Contraloría analizará en un próximo informe. Las nuevas cifras hablan de 1.256 cuentas, de las cuales 89 podrían hacer eliminaciones y sólo 27 lo hicieron efectivamente durante 2008. Al validar estos datos, los fiscalizadores detectaron que al menos una cuenta de administrador aparecía catalogada como no autorizada para hacer eliminaciones, lo cual es contradictorio. Por eso, anuncia que seguirá trabajando en el tema. De hecho, el propio servicio informó que son sólo 33 las cuentas que deberían contar con los “privilegios” para hacer eliminaciones -en vez de las actuales 89-, por lo que se procedará a anular los que no corresponden.

En otro largo acápite, la Contraloría analiza y cuestiona algunos procedimientos contables y financieros, así como cuantiosas cuentas por cobrar ($81 millones sólo del año 2006).

Los contratos a honorario también cayeron bajo la lupa del ente contralor, pues detectó diversas personas ejerciendo funciones de jefatura en forma permanente. Y aunque el informe no lo dice, se trata de puestos extremadamente sensibles para las labores habituales del Registro Civil y también para las licitaciones en curso, como los cargos del jefe de seguridad de la información, el jefe del área de infraestructura tecnológica o el jefe del proyecto de gobierno electrónico.

Millonario Edificio

Otro cuestionamiento a la gestión de Guillermo Arenas es el millonario gasto en el arriendo del edificio que se estrenó en calle Merced 379 al 385, donde antiguamente funcionaba la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble fue arrendado de manera directa a la Sociedad de Inversiones Antares, sin llamado a licitación pública como lo exige la ley. Además, el Ministerio de Hacienda había autorizado por un año el monto para el arriendo de ese edificio. No obstante aquello, el 5 de julio de 2007 se firmó un contrato por un plazo de 10 años por más de $14 millones mensuales, es decir, unos $170 millones anuales.

Pese a que la autorización de la Dirección de Presupuesto no contemplaba gastos en reparación o habilitación del edificio, se desembolsaron $137 millones por ese concepto.

Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó un sumario administrativo.

Ver La ruta culinaria de Guillermo Arenas en un mapa más grande

Oriundo de Transilvania y experto en boxeo tailandés es el protagonista del segundo mayor decomiso de cocaína en la historia de Chile. Los pinchazos al teléfono de George Dan Rusu fueron el principal medio de prueba en su contra. Tres años después, mientras cumplía condena en el penal de Colina II, otra interceptación telefónica lo comprometió con un plan para enviar ropa impregnada con cocaína a Europa. En Austria piden su extradición por cuatro asaltos bancarios y la policía chilena cree que su pasado está vinculado a los servicio de inteligencia de la Rumania de Ceaucescu. En su primera entrevista desde la cárcel -donde permanece vigilado las 24 horas- Dan Rusu o Geza Jungvirt, como también se hace llamar, alega inocencia, trato inhumano y persecución política.

No bien escucha el nombre, como si su sola mención detonara una alarma biológica, el gendarme de la guardia de entrada levanta la vista y clava una mirada de desconfianza:

-¿Así que viene a ver al Ruso?

El Ruso es uno de los internos más célebres y de cuidado en el penal de Colina II, en las afueras de Santiago. El hombre al que la policía chilena tiene por jefe del crimen organizado en Europa. Cumple ocho años de condena por narcotráfico y está próximo a ser juzgado por un delito similar cometido desde la cárcel. En ambos casos la interceptación de llamadas telefónicas por parte de la policía resultaron determinantes para frustrar operaciones de tráfico a gran escala.

El 20 de octubre, al celebrarse la audiencia de preparación de juicio oral por el último delito del que se le acusa (ver recuadro), Gendarmería consiguió que no se permitiera el ingreso de prensa ni de público a la sala por razones de seguridad. El aislamiento es una constante en su caso.

Está recluido en la Sección de Vigilancia Permanente de Colina II. Esto significa que sus movimientos son grabados las 24 horas, que únicamente tiene derecho a dos horas de patio y en su celda -individual, estrechísima y sin agua potable-, no puede haber televisión, radio ni cocina. Esas dos horas de patio, que generalmente van del mediodía a dos de la tarde, el hombre las dedica a cultivar su cuerpo y su leyenda de físicoculturista y experto luchador de boxeo tailandés o todo vale: manos, pies, cabeza.

El Ruso no es ruso ni se llama así. En realidad hay dudas sobre su verdadero nombre y origen. Cuatro años atrás, cuando cayó detenido al ser sorprendido con 1.320 kilos de cocaína de alta pureza, el segundo mayor decomiso en la historia del país, fue identificado como el ciudadano húngaro Geza Gungvirt. Pero una vez iniciado el juicio en su contra, Interpol reportó que el hombre era rumano y se llamaba George Dan Rusu. Había nacido en junio de 1967 en Cluj-Napoca, región de Transilvania.

A Dan Rusu entonces le dicen Ruso, entre otras cosas porque así aparece en los registros de Gendarmería de Chile, Dan Ruso, aunque al interior de la cárcel también lo conocen por el otro nombre.

-¿Busca a Geza? -dice ahora un gendarme de mejores modales-. Espérese acá, que lo mando a buscar.

La Sección de Vigilancia Permanente es un pequeño edificio en medio de edificios más grandes. La menor de las muñequitas rusas. Alguna vez estuvo pintado de color vainilla y probablemente olió a concreto fresco. Ahora ha sido ganado por el tiempo, la humedad, el hacinamiento. Un segundo piso de ventanillas diminutas donde permanecen 17 reos en régimen de segregación. Se suponen de máxima peligrosidad, pero el peligro al menos no está a la vista.

Es una soleada tarde de miércoles y en el patio de visitas se avista la carpa de un matrimonio joven y su guagua y a un padre con su hijo, sentados uno frente al otro, que guardan silencio al final de un almuerzo.

A diferencia de un módulo vecino, desde donde llega el barullo de una muchedumbre seguramente apiñada, este patio más parece convento que cárcel. Acá se habla poco y en voz baja. Casi no hay acción. Salvo por los murmullos lejanos, acá se escucha el canto de los gorriones que se posan en los techos y en las ventanillas de las celdas.

CONEXIONES Y GLAMOUR

Hace meses que Dan Rusu no recibe visitas que no sean las de su abogado y de un representante de la embajada rumana en Chile. Antes lo frecuentaban hombres y mujeres provenientes de Europa y Sudamérica. Pero un año atrás, mientras cumplía su tercer año de reclusión, la mayoría de esas personas fueron detenidas en una acción conjunta de las policías de Chile, Argentina y Bolivia que respondió al nombre de Operación Cárpatos.

La investigación se extendió por catorce meses e involucró esfuerzos jamás vistos en la policía chilena para un caso de narcotráfico. Hubo agentes encubiertos, seguimientos fuera del país, interceptaciones de cuentas de correos electrónicos y cientos de horas de grabaciones de audio y video que comprometen a Dan Rusu como el cerebro de una operación internacional destinada a traficar ropa impregnada con cocaína que iría a parar a Holanda.

En cuanto a cantidad de pinchazos telefónicos, grabaciones de video y seguimientos, este caso puede equipararse con el de Los Gaete o Los Cavieres. Pero si se lo sitúa en perspectiva, considerando su sofisticación y volumen de tráfico, no tiene punto de comparación.

Uno de los oficiales de policía de Antinarcóticos que condujo las diligencias sostiene que a diferencia de los líderes de Los Gaete o Los Cavieres, “el rumano tiene mundo, es encachado y culto, con dominio de tres o cuatro idiomas. Sus conexiones son internacionales”.

Los chilenos entonces no son la mejor referencia para medir al rumano.

El policía de Antinarcóticos dice que si se lo compara con Giovanni Ciulla, hijo de uno de los capos de la mafia siciliana que acaba de ser condenado en Chile por narcotráfico, probablemente el rumano no sea tanta cosa. Pero si lo situamos frente al peruano Víctor Escalante Sajami, apodado el Doctor, que también cumple condena en el país y goza de prestigio criminal, ahí Dan Rusu lleva las de ganar en cuanto a conexiones, prominencia y glamour.

De acuerdo con las evidencias reunidas por el fiscal Héctor Barros, entre las que se cuentan decenas de conversaciones telefónicas atribuidas a Dan Rusu desde la cárcel, la mujer de éste cumplió un papel de relieve en el financiamiento de la operación. Esa mujer es la rumana Iuliana Stanuta Gabrila, una hermosa ejecutiva de una agencia de viajes en Ámsterdam que visitó en varias ocasiones a su pareja en la cárcel. Acostumbraba viajar en primera clase, acompañada de un perrito que aparece en fotografías y videos reunidos por la policía.

De la mujer y el perrito no se ha vuelto a tener noticias. El fiscal Barros está concentrado en clasificar las pruebas que justifiquen pedir una condena de veinte años para el rumano y otros tantos para sus cómplices.

En su caso, cualquiera estaría preocupado. Inquieto al menos. Pero el hombre que aparece por un portón metálico de la Sección de Vigilancia Permanente no lo está. Ancho de espaldas y de brazos encorvados, como si cargara dos maletas con sobrepeso, George Dan Rusu y su metro ochenta y tantos caminan sonrientes y a paso seguro. Antes de cruzar el portón, en el mismo dintel, se ha detenido a bromear con dos gendarmes que le ofrecen la mano de manera amistosa. Es algo más que un saludo, porque repentinamente, mientras sostiene la mano de uno de los gendarmes, el rumano jala hacia sí y desestabiliza al uniformado.

La roca que Dan Rusu tiene por mano es atracción en el penal de Colina II. Inmediatamente después de la demostración, que es celebrada por los gendarmes, volverá estirar su roca y dirá, con una sonrisa educada y en perfecto castellano, levemente acentuado, que se encuentra “muy bien, gracias”.

Entonces irá a buscar dos sillas, saludará a un tercer gendarme y volverá para acomodarse bajo el sol y preguntar:

-Disculpa, ¿cuál era tu nombre?

-Cristóbal.

-Bueno, Cristóbal, ¿qué es lo que quieres saber entonces? ¿Hablamos de lo que ocurrió en 2004 o del presente?

OPERACIÓN BUDAPEST

Lo que ocurrió en 2004 está consignado en el parte N° 960 de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI. Ese parte señala que la operación que derivó en la captura de George Dan Rusu y los 1.320 kilos de cocaína surgió de una “información reservada de inteligencia”. De acuerdo con ésta, un camionero chileno fue contactado por un comerciante  peruano para que fuera a buscar droga a Tacna y la trasladara a Buenos Aires, previo paso por Chile.

En el proceso judicial quedó acreditado que el chileno entró a Perú con un camión frigorífico y volvió a su país con otro similar cargado con droga, que procedía de Colombia. Por medio de seguimientos y pinchazos telefónicos, la policía no le perdió rastro al camionero, quien se contactaba permanente con el peruano. Este, a la vez, tenía comunicación con un hombre al que se refería como el Gringo.

Aunque también pinchó su teléfono, la policía no supo quién era el famoso Gringo hasta esa madrugada de septiembre de 2004 en que decidió intervenir.

El chileno recién había estacionado en un servicentro de las afueras de Calama, última estación antes de abandonar el país rumbo a Argentina, cuando aparecieron dos hombres para saludarlo. Uno de ellos era el comerciante peruano. El otro portaba pasaporte húngaro a nombre de Geza Jungvirt.

La detención, y el consiguiente descubrimiento de los cientos de paquetes timbrados con la imagen de un caracol y una serpiente, fue noticia nacional. El Presidente Ricardo Lagos -acompañado de su ministro del Interior, del subsecretario de la cartera, del intendente de Santiago y del máximo jefe policial- compareció ante la evidencia y soltó tres palabras: “Es muy impresionante”.

Cuatro años después, desde el penal de Colina II, el protagonista de lo que se denominó “Operación Budapest” conserva ánimo para bromear sobre lo que ocurrió en ese entonces:

-Había llegado hace dos días a Chile, estaba de paso, pero me gustó tanto el país que decidí quedarme.

Dan Rusu sonríe de manera irónica y no despega la vista. Echado en una silla plástica, con los músculos dibujados en su polera gris, mira fijamente a los ojos, como queriendo adivinar lo que está pensando la otra persona. También sonríe con cierta compasión y se muestra educado y noble en el trato; y cada tanto, cuando entra a explicar su caso y quiere que uno se ponga en su lugar, que se entienda lo injusto que ha sido el sistema judicial con él, que nada tiene ver con narcotráfico sino con los negocios inmobiliarios en Hungría; entonces, en vez de lamentarse de sí y agachar la cabeza, en vez de derramar una lágrima de impotencia o arrepentimiento, él se acerca unos centímetros, hunde su dedo índice en el pecho de la persona que tiene enfrente y dice “todo esto es una basura”, “una porquería”, “una buena mierda”.

Lo que ahora dice Dan Rusu no es muy distinto a lo que dijo en el proceso judicial que lo condenó a ocho años. Que andaba de turista junto a Othelo Unfer, un amigo alemán de infancia, y que al peruano con que cayó detenido lo conoció en una discoteca en Lima, “del modo en que se conoce a la gente en una discoteca: él andaba con amigos y a mí me interesaba una  de las chicas”.

Dice que así fue como trabaron amistad y una vez en Chile, al enterarse de que el peruano andaba en el país, lo invitó a pasar unos días en San Pedro de Atacama. “Cuando nos juntamos en el hotel en Calama, me dice ‘sabes, voy a aprovechar de ver un camión en marcha que va para Argentina, ¿me acompañas o te quedas acá?’. ‘Te acompaño’, dije yo. Y cuando llegamos a la gasolinera y me presenta al camionero, ¡pam, pom, pam!, la policía. Y ahí empezó la cosa… Yo sigo preguntándome dónde están las pruebas, ¡dónde mierda están las pruebas! ¿Sabes qué pruebas tuvieron para condenarme? ¿Sabes? ¡Ninguna!”.

En el fallo de la jueza Celia Catalán, quien dictó condena sin derecho a beneficio alguno, se pondera “el mérito de las escuchas telefónicas autorizadas (…) donde se afinan detalles del encuentro, que revelan más que una simple visita turística y que tiene cabal conocimiento del transporte de la droga”.

Además de haber sido sorprendido junto al camión frigorífico, y de lo que la jueza consideró contradicciones en careos y declaraciones, no fue mucho más lo que se tuvo a la vista en su contra. En voz baja, una fuente policial admite que la caída de Dan Rusu fue más bien fruto del azar, de su propio error, y que si hubiese sido juzgado con el nuevo sistema penal, es probable que otra hubiese sido su suerte. Tal como ocurrió con Othelo Unfer, su amigo alemán, que también fue detenido pero quedó libre a los pocos días por falta de méritos.

El fallo tiene otra particularidad. Al momento de argumentar la condena, la jueza tomó en consideración que “a la fecha no podemos contar con una certeza en cuanto a su identidad real, avalada por algún documento oficial que dé fe de ella, puesto que ha existido una nula colaboración a su respecto”.

TRANSICIÓN RUMANA

La cuestión del nombre es tema aparte. Tema que apasiona particularmente al hombre que ingresó a Chile como el húngaro Geza Gungvirt y que en el camino resultó ser el rumano George Dan Rusu.

-Mira, Cristóbal -dice ahora-, tú no sabes lo que es crecer en un país que formó parte del bloque soviético. Porque yo nací en Transilvania y a los 14 años prácticamente empecé a luchar contra ese sistema perverso. Ese régimen comunista no pasó por Chile, digo, un comunismo verdadero, el más maligno sistema para la sociedad.

-Acá tuvimos a Pinochet.

-Bueno, en la forma abusiva, puede ser. Lo escuché, lo leí, la gente no estaba contenta. Pero puedo decirte lo que yo viví. En fin, en los ‘90 se acabó esa cosa, te acuerdas que a Ceaucescu y a su mujer los pusieron contra una muralla y los ejecutaron como a un perro. Bueno, se acabó el comunismo y resulta que de un día para otro tuvimos democracia. Listo: democracia. Pero qué pasó, que todo fue una gran mentira porque siguieron los mismos que estaban antes. Eso no puede ser. Desde mi punto de vista, el que cometió crímenes tiene que responder. Y aquí vengo yo. Yo seguí luchando, pero en un momento, por seguridad, porque no se podía seguir ahí, me retiré a vivir en Hungría, donde me dieron un nuevo nombre: Geza Jungvirt.

-¿A qué acciones de resistencia te refieres?

-Repartiendo manifiestos contra el Partido Comunista Rumano, contra Ceaucescu, pintando paredes. Esas cosas, no cosas graves. Por la edad que tenía, 14, 15 años. Pero igual tomaba un gran riesgo.

-¿Qué riesgos corrías?

-Ja, un riesgo muy grande. Yo pasé años, meses de torturas inimaginables a manos de la policía política. Y resulta que como los lobos se pusieron piel de oveja, era peligroso seguir ahí. No te olvides que para esos dictadores en Alemania, Yugoslavia o en Checoslovaquia hubo juicios, deportación, exilio. Cada uno tuvo que responder. Pero para el resto del mundo, los rumanos quedamos como los bárbaros, porque la misma mafia comunista que puso al dictador contra la pared y lo ejecutó, después siguió gobernando. ¡La misma! Ja.

De acuerdo con su testimonio, en Hungría estudió Educación Física, sin llegar a titularse, y aprendió boxeo tailandés. “Estoy en el grado profesional, pero no vivía de ese deporte. Lo tomaba como un hobby, como disciplina de vida. Es extraordinario. Te hace dueño de ti mismo”, dice.

Dice también que fundó una empresa inmobiliaria, de la que vivía antes de caer detenido, y que a mediados de los ‘90, “cuando ya no corría peligro, porque al final no pasó nada”, volvió a su ciudad natal. “Estoy muy orgulloso de mi ciudad, es hermosa, la estrella de Transilvania: Cluj-Napoca. Si entras en Google puedes ver cómo es mi ciudad”.

PROCESO DE EXTRADICION

A la vista de los antecedentes reportados por Interpol, el oficial de Antinarcóticos que condujo la investigación se extraña de que las dudas sobre la identidad del imputado hayan permanecido en el fallo judicial. El policía indica que George Dan Rusu es efectivamente quien dice ser, hijo de Gelu y Emilia, natural de Cluj-Napoca, Rumania, nacido el 22 de junio de 1967. Agrega que el hombre tiene antecedentes por narcotráfico y asalto a mano armada en Austria y Alemania. También se le acusa de portar un pasaporte adulterado a nombre de Geza Jungvirt, cuya identidad corresponde a la de un joven húngaro que alguna vez reportó la pérdida de su pasaporte.

Sobre los asaltos a mano armada, en agosto de 2007 la Corte Suprema chilena dio luz verde a la extradición solicitada por el gobierno austriaco, a petición del Juzgado de Primera Instancia de Leoben, en el Estado de Estiria. Allá está imputado de ser el líder de una banda de rumanos que protagonizó cuatro violentos asaltos a bancos ocurridos a mediados de los ‘90.

La solicitud estuvo basada en la declaración de testigos, quienes reconocieron las fotografías del inculpado, y en los testimonios de algunos de los asaltantes que cayeron detenidos. Aunque esos testimonios presentan contradicciones, todos lo sindican como cerebro de la banda y se refieren a él por el apodo de Sascha.

En el proceso de extradición, el rumano admitió que “es probable que haya estado en alguna de las sucursales de los bancos Raiffeisenbak y Sparkasee para cambiar dinero”, pero aseguró que “no he cometido delito alguno en ninguna parte de Europa, en ninguna época de mi vida”.

Otra fuente de la policía cree que Dan Rusu forma parte de una organización criminal de conexiones internacionales que opera con diferentes fuentes de financiamiento. Y cree también que unos años antes de caer detenido en Calama, por antecedentes allegados a la investigación, pudo haber participado del tráfico de cocaína que llegó a Holanda en tarros de piña despachados desde Brasil. Por ese envío, “que habría entrado por Holanda y luego ingresado a Alemania en un camión manejado por Dan Rusu”, su amigo Othelo Unfer fue detenido por la policía de su país inmediatamente después de que la justicia lo dejara libre en Chile.

Si las policías de Alemania y Austria no han logrado determinar quién es George Dan Rusu en el concierto del crimen internacional, cuánto pesa y de dónde proviene su formación profesional, entonces sus pares en Chile tienen poco más que hacer al respecto.

“No ha sido fácil ir más allá”, reconocen en la policía chilena. Atendiendo a su conocimiento en artes marciales y de materias propias de inteligencia, además de su disciplina y manejo de idiomas, el supuesto de la policía apunta a que su pasado podría estar vinculado con los servicios de seguridad de la Rumania de Nicolae Ceaucescu.

OPERACIÓN CÁRPATOS

En octubre de 2007, cuando la celda Dan Rusu fue allanada, hubo un gran escándalo. Los gendarmes dijeron que el detenido comenzó a darse cabezazos contra la pared. El rumano dijo que fueron los gendarmes quienes lo golpearon duramente. El hecho es que se armó un gran lío, y al llegar a la audiencia de detención con heridas en el rostro, se negó a hablar. Esta vez lo acusaban de ser el líder de una espectacular operación para ingresar a Holanda ropa impregnada con cocaína.

Según se informó oficialmente, la investigación comenzó un año antes con la impresión de un correo electrónico encontrado en la basura de Colina II. El mensaje aludía al traslado del “producto con conservantes para poder ser transportado en un conteiner refrigerado hasta la bodega de almacenaje”, y como iba dirigido a uno de los internos del penal, Víctor  Escobar, condenado por narcotráfico, motivó el comienzo de la investigación dirigida por el fiscal Héctor Barros.

Desde entonces, se puso atención a las visitas que Escobar recibía en la cárcel. Y en paralelo, al estudiar a la esposa del sospechoso, Inelia Cebrero, se encontraron con que tenía inscrito a su nombre un Mazda 6 que antes había pertenecido a la rumana Iuliana Stanuta Gabrila, quien solía visitar a su pareja de la misma nacionalidad en Colina II.

De esta forma, de acuerdo con la acusación presentada por el fiscal, Dan Rusu y Escobar, que permanecían en el mismo módulo, se convirtieron en el blanco principal de una extensa y costosa investigación. Mediante seguimientos, cámaras ocultas y la interceptación de teléfonos y cuentas de correos electrónicos, entre otros medios, la policía monitoreó los detalles de la operación, desde las visitas que dos colombianos y una argentina realizaron a la cárcel de Colina II, hasta los desplazamientos que el mecánico chileno Danny Durán, yerno de Escobar, realizó entre Chile, Argentina y Bolivia. Esto último resultó determinante.

Durán tenía la misión de arrendar una casa en Cipolletti, Argentina, donde se procesaría la droga que el mismo iría a buscar a la capital boliviana.

-Danny Durán, a las órdenes de Escobar, que a la vez obedecía al rumano, se las daba de gran traficante y hablaba mucho de la seguridad, pero era el más tontón. Soltaba mucha información por teléfono y correos electrónicos, y hasta le metimos policías encubiertos para ayudarlo a arrendar la casa en Argentina -sostiene una fuente del Ministerio Público.

El hombre también mostró destrezas. En Cipolletti, siguiendo instrucciones desde Santiago, se plantó ante una comunidad evangélica para conseguir que una docena de fieles partiera en un minibús a evangelizar a Bolivia. El falso predicador chileno sólo los acompañó en el viaje de ida. Cuando estaban en La Paz, y el minibús que tenía inscripciones como “Dios es Amor” y “Jesús te Ama” ya estaba cargado en un doble fondo con 150 kilos de cocaína, se inventó una emergencia y tomó un vuelo directo a Chile.

El viaje de regreso a Cipolletti, al igual que el de ida, fue seguido y grabado por policías encubiertos de los tres países involucrados. Los correos electrónicos, como el que la hija de Víctor Escobar le escribe a su pololo Danny, también dan cuenta de los aspectos más domésticos de la operación:

“Hace dos días que no sabemos de ti, Danny. Es muy necesario que te comuniques con nosotros. Mi papá está demasiado enojado y de ti ni luces. Comunícate a la brevedad si no quieres tener problemas. Mi papá y su amigo necesitan saber de ti. Con respecto a nosotros yo ya me rendí, no me interesa salvar esta muerta relación por tu despreocupación y tu poco interés por mí. Llama a mi mamá para que te puedas comunicar con mi papá, es urgente. Por mí ya no te preocupes, mi papá está hirviendo de rabia, sólo para que lo sepas”.

Danny Durán fue detenido en Cipolletti junto a su hermano, dos químicos colombianos, una empresaria exportadora argentina y toda la evidencia. En Santiago, en paralelo, Víctor Escobar y el rumano fueron allanados y conducidos a una audiencia de formalización bajo los cargos de narcotráfico y asociación ilícita. También cayó la familia de Escobar.

Al término de la audiencia, respondiendo a las acusaciones de golpizas por parte de los gendarmes, el fiscal Héctor Barros dirá que los imputados “obligaron a un procedimiento especial de protección, porque dijeron que no saldrían vivos de la cárcel para venir al tribunal”.

HUELGA DE HAMBRE

Desde Colina II, sosteniendo una carpeta con papeles que documentan la acusación en su contra, George Dan Rusu mira fijamente a los ojos y lanza una pregunta:

-Cristóbal, ¿sabes tú lo que es esto?

-La acusación.

-¿Pero sabes realmente lo que es esto? Yo te voy a decir. Esto es papel confort. Aquí (el fiscal) Barros no me dice nada. Yo leí lo que está aquí y no tiene ningún sentido. Es un cobarde, esa es realmente la palabra: hace un año que tiene en prisión a dos mujeres inocentes. La hija y la esposa de Víctor Escobar. Tiene un año en prisión a gente ¡i-no-cen-te!

Junto a la carpeta, también ha traído una edición empastada del Código Penal chileno. Dan Rusu dice que se ha dedicado a estudiar las leyes locales y que confía plenamente en la representación de su abogado, Juan Eduardo Hernández, que no es cualquier abogado: Hernández fue socio del estudio que representó al senador Jorge Lavanderos en la acusación por abuso de menores.

Unos días después, al celebrarse la audiencia de preparación de juicio oral, Hernández no conseguirá que los tribunales chilenos se declaren incompetentes para conocer un caso de narcotráfico que también está siendo investigado por la justicia argentina. Sin embargo, en lo que constituye un pequeño triunfo a su favor, la causa será vista por el Tribunal Oral de Colina.

Hernández también cuestionará las condiciones en que permanece su cliente, un régimen que considera de castigo permanente sin que formalmente esté castigado. La Corte de Apelaciones le dio la razón en este punto, no así la Suprema. La reclusión del rumano no ha sido un tema fácil en el último tiempo.

El año pasado, tras la audiencia de formalización, Dan Rusu y su amigo chileno iniciaron una huelga de hambre en protesta por haber sido trasladados de Colina II a la cárcel de Alta Seguridad. El primero dice que se trató de una medida arbitraria del jefe de seguridad de Gendarmería, Jaime Concha. Y cuenta que en medio de la huelga de hambre, lo escondieron para que no pudiese denunciar su caso ante la visita de jueces, y que en represalia, tras completar 55 días de huelga, a principios de año lo trasladaron adonde se encuentra hoy. “Un lugar asqueroso, sin aire, sin agua, ni una vista. Normalmente no debieras pasar más de seis meses en este régimen, y yo voy a cumplir ocho. Hay gente que lleva más de un año. Sales dos horas al patio y a las cuatro de la tarde te guardan en la celda. ¡Una mierda!”.

Ya va siendo la hora de volver a las celdas. Un hombre levanta la carpa del patio y el padre y su hijo comienzan a despedirse. Hago amago de levantarme, pero Dan Rusu dice “tranquilo, nos queda tiempo”.

-¿Cómo está tu ánimo?

-Excelente.

-¿Pero no ha sido una gran pesadilla tu paso por Chile?

-No, es una experiencia. Si resistí al régimen soviético, también puedo resistir a esto. Y así como me crucé con ratones y cobardes como Jaime Concha y Héctor Barros, conocí también a una familia, a una muy buena familia como la de Víctor Escobar.

-¿Qué te ha parecido este país?

-Desde lo que he podido ver por el diario y la televisión, es un lindo país. De verdad. Tengo a mi familia adoptiva que estimo muchísimo.

Quedamos solos en el patio con Dan Rusu. Va siendo ahora de despedirse. Un gendarme se acerca para apurar la salida.

-Bueno… ¿George? ¿Geza? ¿Cómo prefieres que te llamen?

-Da igual -sonríe y estira su roca-. Llámame como tú quieras.

La interceptación telefónica de la que fue objeto el edil no fue la primera a un funcionario fiscal indagado a través de un método reservado hasta hace algunos años sólo para investigaciones contra el narcotráfico y delitos violentos, pero sí la más polémica: el senador UDI Jovino Novoa olvidó sus antiguas rencillas con Cornejo, acusando motivaciones políticas y la vulneración al derecho a la privacidad de los chilenos; y hasta el diputado PPD Antonio Leal llamó a conferencia de prensa para solidarizar con el alcalde gremialista, denunciar “la extrema facilidad” y “ligereza” con que los jueces de garantía estaban otorgando autorizaciones de interferencias telefónicas, y de paso advertir que propondría modificaciones legales si dicha tendencia continúa.

La defensa de Cornejo intentó revertir la medida presentando una queja disciplinaria contra la jueza que la autorizó, María Fernanda Sierra. Pero la Corte de Apelaciones de Santiago la declaró inadmisible. A este caso se han sumado en las últimas semanas varios otros que han vuelto a poner en el debate una de las herramientas judiciales más dramáticas y polémicas del sistema.

Cinco pinchazos diarios

Desde mediados de año, cuando se anunció que la investigación contra la banda de narcotraficantes Los Cavieres acumuló 50 mil grabaciones telefónicas, ya ninguna cifra sorprende. Las indagaciones por la recientemente descubierta red de corrupción vinculada a la policía y al sector judicial sumaron otras 17 mil. Y unas cinco mil han resultado de las gestiones para dar con las redes de estafadores que actúan mediante contactos telefónicos. Las cifras son exorbitantes, pero no dan cuenta del número de teléfonos que fueron intervenidos en cada caso.

En el Ministerio Público no disponen de un registro de solicitudes a los juzgados del país. En tanto, en la asociación de compañías de teléfonos celulares se niegan a entregar cifras oficiales. Y en el ámbito judicial, de los 21 juzgados de garantía de la Región Metropolitana consultados por CIPER, respondieron 14 (ver cuadro). La suma reportada por estos últimos da una idea aproximada de la magnitud del fenómeno: durante el primer semestre de 2008, estos catorce juzgados despacharon más de mil autorizaciones. Es decir, más de cinco interferencias telefónicas diarias.

La inquietud en el mundo político y entre abogados penalistas va en aumento. Más allá de la controversia sobre su aplicación en delitos funcionarios -que bordean el 0,1% del total de los delitos investigados por el Ministerio Público-, se desconoce cuál es la real magnitud de las interceptaciones telefónicas -legales- que se realizan en Chile. Tampoco existe control respecto al uso y destino que tienen las grabaciones más allá de su utilidad en un juicio. De momento, lo único que parece claro es que el fenómeno está en sostenida alza y miles de chilenos están siendo escuchados diariamente.

Guía para “pinchar” teléfonos: primero el permiso

Si de normas se trata, las intervenciones telefónicas están reguladas por el Código Procesal Penal -artículos 222 al 225- y sólo en forma complementaria por el Decreto 142 (2005) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La primera es muy clara respecto a requisitos para su autorización y plazos: sólo puede aplicarse cuando existen sospechas fundadas, no se puede intervenir las comunicaciones entre el imputado y su abogado -salvo que éste se encuentre también bajo sospecha-, el resultado debe entregarse directamente al fiscal y éste debe velar por su privacidad y fidelidad.

Sin embargo, fiscalías y abogados penalistas coinciden en que no existe ningún reglamento que detalle paso a paso cómo se lleva a cabo un “pinchazo”, ni por cuántas manos -y oídos- puede llegar a circular una grabación. Y aunque el Código Procesal Penal fija normas generales para el destino final de los audios y sus transcripciones, en la práctica se aplican diversos criterios, como se verá más adelante.

Lo que sí se hace es seguir un procedimiento estándar, que puede tener ciertos matices dependiendo de cada caso. Por lo general, todo comienza cuando el fiscal le pide por escrito al juez de garantía la autorización para intervenir un teléfono, trámite en que deben especificarse el número a intervenir, la identificación del posible titular (en algunos casos de narcotráfico no se exige el nombre) y la compañía respectiva. Cuando el juez da su aprobación, la medida puede aplicarse hasta por 60 días, y puede renovarse si se dan las condiciones.

En situaciones de extrema urgencia -un secuestro o caso en el que el tiempo apremie- la petición puede hacerse por teléfono, pero el período inicial puede reducirse a la mitad y los jueces piden que se respalde posteriormente por escrito. En cualquier caso, el fiscal le recuerda al juez, por escrito, que no se le informe a la persona afectada.

¿Cuánto demora la luz verde que otorga el juez? Si es por escrito, puede tardar hasta 48 horas. Si es verbal, es cosa de instantes.

Con la venia del juez -los hay reacios y entusiastas de esta medida- el fiscal le entrega el oficio del juez a la unidad policial especializada que quiera. Algunos prefieren trabajar siempre con la misma. En Carabineros suele ser el OS-9 ó el OS-7, mientras que en Investigaciones las más solicitadas y con mejores equipos son Narcóticos y la Brigada de Investigaciones Policiales (Bipe), seguidas de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico).

La unidad policial, a su vez, se coordina con la compañía telefónica respectiva para que ésta habilite la línea fija o celular investigada, de manera que las llamadas entrantes y salientes de ese número se repliquen hacia la unidad policial. Al contrario de lo que muchos piensan, ni Carabineros ni Investigaciones se constituyen en una oficina especial de la empresa, sino que ésta tiene asignado personal de confianza -supervisores o encargados de seguridad-, cuya función sólo es “rebotar” la señal y no escuchar ni menos grabar las conversaciones.

En cuanto a las compañías telefónicas, éstas no se comportan de la misma manera frente a la orden del juez: “Algunas acceden de inmediato y otras la hacen más difícil”, cuenta un jurista que conoce el procedimiento. Otro detalle: ninguna de las fuentes consultadas -abogados, policías y fiscales- pudo aclarar qué ocurre en el supuesto que el investigado sea un empleado o ejecutivo de la misma empresa telefónica. “No hay una norma que prevea eso”, comentó uno de ellos.

Cuando cambiar el chip no sirve de mucho

Sólo después del paso descrito comienzan los “pinchazos” propiamente tales. En la unidad policial, se designa a un funcionario para que monitoree las llamadas a través de un celular que suena o le indica cada vez que una llamada entra o sale. Lo mismo -aseguran en las fiscalías- opera respecto de los mensajes de texto. A partir de ahí se puede escuchar y grabar en tiempo real, en oficinas especialmente habilitadas con equipos que procesan el audio en formato digital. “Incluso hay grabadoras portátiles”, agrega una fuente.

Las comunicaciones interceptadas son transcritas íntegramente por el mismo funcionario o por otro designado para ese efecto. Las transcripciones -que indican fecha, hora, número emisor y número receptor- pasan a formar parte de un informe que se le entrega al fiscal, el que incluye entre sus anexos una tabla en formato Excel. Esta última no se limita a ordenar y tabular los datos anteriores, sino que agrega descriptores muy útiles para la investigación, y que incluyen tanto al número investigado como a sus contactos: la identificación de la tarjeta SIM (el chip del celular), el IMEI (número único del aparato telefónico, distinto e independiente de la SIM) y las compañías respectivas.

Un abogado cuenta que la distinción entre la SIM y el IMEI (Dato: para conocer el IMEI de un celular basta con digitar *#06#) ha permitido avanzar y hasta resolver casos -especialmente de narcotráfico- en que los sospechosos acostumbran a cambiar frecuentemente la SIM de sus teléfonos, para así intentar borrar rastros de sus llamadas. “En una ocasión, entre las especies de un imputado que habíamos detenido en flagrancia, hallamos un celular por el cual tiempo atrás había pasado la SIM de otra persona que aparentemente no tenía conexión con él. Eso nos sirvió de prueba indiciaria”, resume.

Ejemplos como el anterior también sirven de otra herramienta a la que echan mano policías y fiscales: la triangulación a través de antenas de celulares, que permite conocer dónde se ubica un IMEI o una SIM en un momento equis. Es decir, “se puede armar un historial, un recorrido de un teléfono y de un chip hasta contrastar ese dato con la declaración de un imputado”, agrega un especialista, recordando que eso fue lo que se hizo en el caso de Hans Pozo, donde se desestimó de esa forma el testimonio de uno de los sospechosos.

La triangulación también se aplica para detectar casos de narcotráfico u otros delitos en el que participen sospechosos que están presos, ya que las antenas cercanas a las cárceles son muy conocidas.

Con esos datos, el fiscal puede pedirle al equipo policial “interceptor” que le precise, amplíe o interprete el informe. Acá los tiempos también son relativos: un “buen informe” -con idas y vueltas entre la policía y el fiscal- puede tardar hasta 30 días, aunque lo más común es que el jefe de la unidad policial que ejecuta las escuchas le va a avisando en tiempo real al fiscal de los datos que van surgiendo para que éste pueda decretar nuevas diligencias. Eso, sin perjuicio de que más tarde todo debe estar por escrito.

Pero eso no es todo. El fiscal también pide a la compañía que le entregue el detalle del tráfico de llamadas del número investigado, lo que permite establecer con qué números se contacta con mayor o menor frecuencia. Los que entienden de la materia aseguran que las compañías telefónicas son muy reticentes a entregar un informe para el cual no se exige el permiso de un juez. Hay casos en que eso obliga a pedir nuevas autorizaciones al juez, ya sea para “pinchar” otros números o pedir la renovación para el mismo sospechoso cuando éste cambia de teléfono. Al final del plazo otorgado por el juez, el fiscal debe determinar si los antecedentes que ha recibido de la policía son o no relevantes. Si no lo son, la intervención telefónica debe terminar inmediatamente. Si lo son, puede pedir que le renueven el permiso, para lo cual es muy útil decretar seguimientos, fotografías u otros elementos que no dejen lugar a dudas que quién ha sido interceptado es la misma persona que está siendo investigada.

Incluso ha habido casos en que las escuchas bastan por sí mismas para decretar órdenes de detención inmediatas, las que deben ir acompañadas del secreto de la investigación por el plazo necesario para mantener en reserva la interceptación.

En este punto cobran importancia los “matices”: si bien las policías suelen entregarle al fiscal los audios y las transcripciones completas, en una fiscalía señalan que “hay policías que se limitan a escuchar y anotar sólo lo importante”. Aunque se supone que ello permite ganar tiempo, la misma fuente sostiene que cuando la policía “filtra en exceso” las escuchas, puede generarle problemas al fiscal ya que dejan fuera del informe hechos que podrían resultar importantes.

En lo que todos los especialistas consultados coinciden es que el procedimiento descrito es más eficaz cuando se trata de un celular con plan y contrato, ya que así es fácil determinar quién es el titular de la línea y acceder al tráfico escrito de llamadas. Todo es mucho más difícil cuando se trata de móviles con prepago, aunque con la atenuante que el IMEI siempre será el mismo… mientras el sospechoso no se deshaga del aparato y de la tarjeta SIM.

¿Se destruyen? ¿Se guardan?

Si las escuchas son útiles para un juicio, las transcripciones y los informes se incorporan como evidencias. Y si el caso lo amerita, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, los audios se reproducen en el juicio oral. Para entonces, el o los imputados ya están detenidos y formalizados y ya no hay necesidad de mantener los “pinchazos” en secreto, por lo que algunas conversaciones pasan a ser de dominio público, sobre todo si hay prensa presente.

¿Por cuántas manos pasan las grabaciones y transcripciones desde que se interfiere un teléfono y hasta que termina un juicio? Como mínimo y dependiendo de cada caso, unas cinco personas. Pero en la práctica pueden ser muchas más.

El policía que “escucha” lo deriva al que lo transcribe (si es que es un funcionario distinto), y éste al jefe de la unidad. De allí el material pasa al custodio de la fiscalía respectiva, quien registra el ingreso de la evidencia y se hace responsable de su seguridad hasta entregarle todo al fiscal. Por la misma vía el fiscal puede derivarlas a otras unidades policiales para nuevos análisis.

Los conocedores del procedimiento aseguran que el sistema “garantiza la integridad y fiabilidad de las grabaciones”. Y ello porque al igual que las evidencias de cualquier delito -como un arma homicida-, los audios y transcripciones quedan identificados con un número único de evidencia o NUE, que permite tener un mapa de todo el recorrido que hace el material. Así, si el fiscal necesita que el Lacrim o el Labocar le practiquen pericias de voz a las grabaciones, debe entregárselas por intermedio del custodio de la fiscalía, quien vuelve a registrar quién recibe y entrega, a qué hora y dónde. “Lo que no tiene NUE, no existe”, resume un abogado.

El problema surge cuando se llega al destino final de grabaciones y transcripciones una vez terminado un juicio. El Artículo 223 del Código Procesal Penal sostiene que “aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida, y se destruirá toda trascripción o copia de ellas por el Ministerio Público”.

El Ministerio Público precisó a CIPER que dicha norma se cumple cabalmente, “salvo que el caso se archive provisionalmente, ya que eventualmente podría reabrirse la investigación y el material podría servir a futuro”. De hecho, el mismo artículo del Código Procesal Penal fija una diferencia entre las escuchas “irrelevantes” -como las que podrían ser, por ejemplo, las del alcalde Cornejo con la senadora Matthei- y “relevantes”: aquellas que “contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena de crimen, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes”.

Es decir, todo depende del fiscal, quien determina qué grabaciones son o no “relevantes”. En una fiscalía de la capital explican que en casos de narcotráfico “lo que se ha acordado como irrelevante es prácticamente nulo, porque siempre sale información residual que sirve para otro caso”. Es decir, casi todo se guarda.

El punto es discutido por algunos abogados incluso en casos de narcotráfico. “No es lo mismo una conversación entre un imputado o sospechoso con un tercero que habla de plata, o en clave, a una en que habla con su amante”, dice una fuente.

El destino de las grabaciones “relevantes” no parece preocupar mucho. Varios de los consultados coinciden en que “si la prensa va a grabar a una audiencia, es público, y ahí el control no existe”. En la Fiscalía Sur van un poco más allá: “El fiscal conserva las grabaciones relevantes al menos hasta que esté ejecutoriada la sentencia, o hasta que prescriba si no hubo imputados en la causa”

Pero una fuente que conoce el manejo en las fiscalías asegura que la práctica ha demostrado que “hay un vacío con el destino final de las grabaciones”. Y afirma que depende del criterio de cada fiscal y que conoce de casos en que el tráfago laboral deja esa decisión lejos de las prioridades del fiscal, casi en el olvido. El mismo testimonio agrega otro dato: tampoco el sistema tiene un mecanismo que permita impedir que en el curso del procedimiento alguien haga una copia “extra” de una interferencia que contiene datos íntimos de un sospechoso o lo más grave, de un tercero que se comunicó con la persona investigada.

Jugando al gato y al ratón

Aunque las cifras que entregaron a CIPER los tribunales no están disgregadas según el tipo de delitos, la gran mayoría de las interceptaciones están vinculadas al tráfico de drogas. Esto se debe en gran parte a la gran cantidad de causas sobre la materia y a la distinción que hace el artículo 24 de la ley de drogas, referente a que, a diferencia de otros delitos, para el fiscal no será necesario “indicar circunstancialmente el nombre y dirección del afectado por la medida, siendo suficiente consignar las circunstancias que lo individualizaren o determinaren”.

Jorge Sáez, juez del 12 Juzgado de Garantía, uno de los tribunales que más autorizaciones de pinchazos telefónicos ha otorgado en la Región Metropolitana, dice que su tribunal “tiene un estándar bastante flexible” tratándose de narcotráfico, “entendiendo que la dinámica del tráfico es bastante particular. Con suerte vamos a saber el apodo y el lugar donde vive el sospechoso. A diferencia, por ejemplo, de los delitos económicos, donde hay muchos antecedentes documentales, operaciones bancarias, correos y otros; el narcotráfico es por definición clandestino. Ningún traficante va a suscribir un contrato de compraventa con otro”.

Hay un razón adicional que explica la alta demanda de interceptaciones en casos de drogas. Un fiscal especializado en el tema señala que “la alta rotación de teléfonos con que trabajan los traficantes, obliga a renovar constantemente las peticiones”. Además, “cuando se trata de redes, vas descubriendo nuevos objetivos que te obligan a aumentar los teléfonos intervenidos”.

Es como el juego del gato y el ratón, grafica el mismo fiscal. “El delincuente ya sabe que por lo general uno se demora entre 24 y 48 horas en conseguir la autorización y hacerla efectiva, entonces ellos aprovechan ese tiempo para botar el teléfono y cambiarlo por otro. No es nada fácil seguirlos”.

El papel de las compañías

Desde fines de 2000, cuando se comenzó a implementar la Reforma Procesal Penal en el país, las escuchas telefónicas se convirtieron en un tema aparte. Aunque el alza en las  demandas de solicitudes estaba prevista, las compañías telefónicas se vieron superadas por completo. Las órdenes podían demorar semanas y hasta meses, lo que atentaba contra la efectividad de la medida.

Una fuente del Ministerio Público recuerda que en ese entonces, como nadie costeaba ese servicio, algunas empresas se amparaban en una interpretación mañosa de la ley que indica que “las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán dar cumplimiento a esta medida, proporcionando a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para que se lleve a cabo con la oportunidad con que se requiera”.

-¿Entonces qué hacían estas empresas?: disponían de unas pocas bajadas, de modo que tenías que esperar que esas pocas líneas que estaban usando otros fiscales se desocuparan para que tú pudieras ocuparlas. Era muy difícil intervenir teléfonos en esas condiciones -explica la misma fuente:

Aunque la situación tendió a regularizarse, y hoy algunas empresas telefónicas responden con agilidad, el tema del costo asociado al servicio de pinchar o clonar teléfonos, que en el caso de celulares viene a ser disponer de una línea adicional, no está zanjado. La Asociación Chilena de Telefonía Móvil, cuyas tres empresas concentran la gran parte de las órdenes, han incorporado esos valores a la negociación actualmente en curso con la Subsecretaría de Telecomunicaciones por el precio de los costos de acceso. En buenas cuentas, esto significa que los costos de pinchar teléfonos serán traspasados a los usuarios.

Hay además un segundo punto en disputa referido a la solicitud de información sobre tráfico de llamadas. Desde un comienzo las compañías telefónicas han exigido una orden judicial para entregar esa información. Y desde un comienzo también, el Ministerio Público ha insistido en que no lo requiere. La controversia fue áspera. Y en algún momento un fiscal, siguiendo las orientaciones de un oficio de 2003 relativo a “registro de llamadas e interceptación telefónica” del fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, llegó a despachar una orden de arresto por desacato contra un ejecutivo de una de las compañías. Finalmente la orden no se hizo efectiva, y hasta hoy, pese a los constantes reclamos, las compañías se niegan a entregar un registro de llamadas sin una orden judicial.

Criterios dispares

En 2002, seis años antes de que al alcalde Gonzalo Cornejo le pincharan el teléfono, ningún político reclamó por la situación que afectó al abogado Pablo Ortega Manosalva, defensor de dirigentes vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco. En el curso de una investigación por asociación ilícita terrorista, el nombre del abogado fue incluido en una lista de personas a las que el Tribunal de Garantía de Temuco autorizó la interceptación de sus celulares. La revelación derivó en una fuerte polémica y en el revocamiento de la medida por parte del propio tribunal. La querella que entabló el afectado finalmente quedó en nada.

Desde Concepción, Ortega dice que la misma fiscalía que solicitó la interceptación fue la encargada de investigar el hecho. El abogado sostiene que en las causas vinculadas a reivindicaciones mapuches sigue resultando una práctica habitual.

-Ten la seguridad que todos los dirigentes mapuches tienen intervenidas sus comunicaciones -dice.

Un año más tarde, en 2003, tuvo lugar el precedente jurídico que permitió la interceptación del celular del alcalde Cornejo. Ocurrió en Curicó cuando el fiscal adjunto Luis Herrera logró que un juez autorizara la interceptación del celular de una autoridad municipal en el curso de una investigación por delitos funcionarios. El razonamiento jurídico apuntó a que si algunos delitos funcionarios tienen penas de inhabilitación perpetua para el cargo, sin que necesariamente signifique una privación de libertad, entonces pueden ser consideras penas de crimen y, en consecuencia, permitirían interferir el tráfico de llamadas.

El mismo argumento fue recogido por la Corte de Apelaciones de Santiago al desestimar hace pocas semanas los reclamos de la defensa del alcalde de Recoleta.

-Hoy parece muy lógico, pero en ese momento no lo era. Tuve que hacer una larga presentación por escrito y explicarle personalmente al juez cuál era el supuesto ilícito en que se estaba incurriendo, pues nunca antes se había hecho una interpretación así -dice el fiscal Herrera, quien ahora ejerce en Puente Alto.

Más allá de lo que señala la ley, en el Ministerio Público no existe un oficio o instructivo sobre los criterios para solicitar interceptaciones. “No podría haberlo -señala una fuente de este organismo-, los fiscales regionales son autónomos precisamente para evitar presiones políticas. Cada uno guía sus propias investigaciones de acuerdo al mérito de las mismas”.

Lo anterior puede explicar por qué en casos de corrupción relativamente similares se han aplicado técnicas distintas. Varios son los alcaldes investigados, pero sólo unos pocos -como Gonzalo Cornejo y los tres ediles que han desfilado este año por la alcaldía de Pichilemu- han sido objeto de interceptaciones de sus teléfonos. Lo propio ocurre con escándalos como el de EFE y Registro Civil. Mientras en el primero no se ha solicitado esta medida, en el segundo ha sido aplicada desde los primeros días de manera persistente.

Prácticamente todos los involucrados en la investigación por una fallida licitación de US$ 80 millones han sido objeto de interceptaciones. Partiendo por el ex director del servicio, Guillermo Arenas; su jefe de gabinete, Jorge Lobos, y el doble asesor informático Andrés Contardo. Pero por las características del caso, la medida también ha alcanzado a los ejecutivos de la firma que participaron del proceso.

Y no sin escándalo. Esta semana, el lunes 27, la Corte de Apelaciones confirmó la suspensión de la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía, Cecilia Pastén, quien inexplicablemente le avisó por e-mail a un ex ejecutivo de Tata y un consultor ligado a la misma transnacional que sus teléfonos iban a ser intervenidos.

En reserva, varios especialistas confiesan que la cantidad de interceptaciones, sumadas a las amplias posibilidades tecnológicas que hoy existen, han terminado por imponer la práctica -muy usada entre algunos abogados- de que “muchos ya nos acostumbramos a andar con dos celulares”.

Bofill y los teléfonos mal colgados

Uno de los profesionales que mira con recelo cómo se han propagado los pinchazos es el abogado Jorge Bofill, considerado uno de los gestores de la Reforma Procesal Penal bajo la cual se rige esta polémica medida. Aunque coincide con otros consultados en que no hay un procedimiento escrito que establezca exactamente cómo deben intervenirse teléfonos, precisa que no se necesita, y dice estar convencido que el problema “va más por el lado del criterio de quienes aplican la herramienta, que de la herramienta misma”.

El penalista recalca que “un juez debería velar siempre para que una grabación que registra una conversación que no tiene nada que ver con el caso que investiga, no pase al juicio oral. La interceptación telefónica sólo debe usarse cuando no existe otra forma de investigar que no sea por esa vía”.

Y aunque concede que hay situaciones que sí han justificado aplicar la medida, asegura que “en general, los jueces están siendo un poco laxos en otorgar permisos de interceptación, y poco prolijos en evaluar si el hecho investigado es constitutivo o no de materia de delito”. Y añade que en varios casos la autorización “se concede de manera bastante cuestionable”.

En gran medida, explica, ello ocurre porque el sistema opera en base “al criterio de no cuestionar las peticiones de los fiscales” y recuerda que reputados juristas europeos han advertido que cuando una medida así se expande en exceso, “el ciudadano tiene dudas sobre su intimidad”. Bofill cita un emblemático caso ocurrido hace varios años en Alemania, antes de la masificación de los celulares, en el que un ejecutivo investigado tenía su aparato residencial “pinchado”.

-El imputado estaba hablando desde su dormitorio y colgó, sin decir nada comprometedor. Luego conversó con su mujer y le contó todo, pero no se había dado cuenta que había colgado mal el teléfono: la policía escuchó todo. Con esa prueba lo condenaron, pero recurrió a un tribunal superior. Éste revocó la condena, argumentando que si bien el juez no había hecho nada malo, si la intimidad no encontraba su núcleo en el dormitorio, entonces no estaba en ninguna parte y nadie iba a sentirse seguro. Es un caso muy bonito en el que se sacrificó un caso por proteger la jurisprudencia.

La doble asesoría de Andrés Contardo a la empresa india Tata y al Registro Civil sólo es una de las caras del caso que reveló CIPER en marzo. Una arista menos conocida tiene que ver con otras personas que habrían ofrecido ejercer influencias en el organismo estatal. Uno de los mencionados se apellida Codorniu y costó semanas ubicar quién era. Dos ex ejecutivos de la empresa Quintec relatan su rol y él saca la voz por primera vez para negar cualquier participación.

Arrastrando una notoria cojera, Rodrigo Codorniu Castro caminó varias cuadras por avenida Manuel Montt hasta su oficina, sin despegar el celular de su oreja. No pareció sorprendido al ser abordado por CIPER. Tampoco de que se le consultara por sus vínculos con la cuestionada licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil, pero de entrada aclaró: “Lo único que tengo con el Registro Civil es mi carné de identidad y mi certificado de matrimonio”.

La escena tuvo lugar hace casi un mes. El nombre completo de Codorniu aún no aparecía en la prensa ni lo había citado a declarar la fiscal que investiga las irregularidades, Alejandra Godoy, pero su apellido sí era familiar en el caso.

Desde que CIPER inició la primera investigación sobre las irregularidades en la millonaria licitación de la plataforma informática y de comunicaciones del registro de datos del Registro Civil –publicada el 17 de marzo pasado–, su nombre fue mencionado por distintas fuentes. Pero no fue fácil encontrarlo.

Su apellido también llegó desde un comienzo hasta el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien cuando hizo la denuncia inicial en la Fiscalía Centro Norte, mencionó que le habían dicho que tanto Jorge Schaulsohn como un tal Codorniu habían ofrecido a empresas ejercer influencias para ganar la licitación de la plataforma tecnológica del servicio.

Durante semanas se especuló sobre su identidad e incluso se dijo que su nombre de pila era Santiago. Como el apellido no es común y más encima Rodrigo Codorniu está ligado a la industria tecnológica, sus conocidos le hacían preguntas. Él siempre negó cualquier vínculo con el tema. Lo mismo le dijo el 19 de mayo a la fiscal Godoy, cuando lo citó a declarar en calidad de imputado.

¿Lobby o coima?

¿Es el mismo Codorniu o hay una confusión de identidad? César Poblete mira la foto y confirma: sí, ése es Rodrigo Codorniu Castro. El mismo informático que llegó en el invierno de 2007 hasta la oficina que ocupaba en Quintec para ofrecerle un negocio. El mismo que conoce desde hace más de una década, por lo tanto es imposible cualquier confusión.

Esta versión de Poblete, ex gerente de ventas corporativo de Quintec, es la que se socializó en el mundo de las empresas tecnológicas y la que originó que el apellido Codorniu apareciera en el proceso y que fuera asociado con irregularidades en la licitación del Registro Civil.

“Me señaló que podía ejercer influencias sobre los estamentos de decisión para que la carga se fuera para el lado nuestro, que había un equipo que se había formado para esa licitación y que él tenía buena llegada ahí”, recuerda el ex gerente de Quintec. De acuerdo a su versión, Codorniu le dijo que podía ejercer las influencias necesarias para que Quintec ganara la propuesta y que incluso explicitó el modo en que cobraría sus servicios: calculaba que la licitación sería por entre 60 y 80 millones de dólares, de los cuales la empresa sacaría un margen de un 20% y sobre eso Codorniu cobraría unos 4 millones de dólares.

Según Poblete, él inmediatamente le dijo que no tenía nada que ver con dicha licitación y que estaba seguro de que la empresa no aceptaría una propuesta de ese tipo, pero ante la insistencia de Codorniu, se comprometió a transmitir su mensaje a sus superiores.

Asegura que tal como lo previó, la compañía no estuvo dispuesta a pagar. Pero ante la posibilidad de perder la licitación, cuenta Poblete, le instruyeron que cuando Codorniu lo llamara, se limitara a decir que ya había transmitido el mensaje.

Rodrigo Codorniu niega tajantemente haber hecho alguna oferta como la que relata Poblete. “Fui a Quintec a conversar con un amigo para ver cómo podíamos apoyarnos en algunos negocios”, asegura. Según su versión, aquellos negocios nada tenían que ver con el Registro Civil, pues las tecnologías que él ofrece no son aplicables a ninguna de las licitaciones de ese organismo público.

Pero el relato de Poblete no es el único que habla de una oferta de Codorniu para ejercer influencia. Alejandro Manríquez, quien entonces se desempeñaba como gerente general de Quintec Soluciones Informáticas, también recuerda el episodio de la visita de Codorniu. Según cuenta, la decisión de la compañía fue que cualquier pago era inaceptable y que ni siquiera había que conversar con Codorniu, sino ignorarlo completamente.

Pocos días antes de que se supiera el resultado de la licitación, Poblete dice haber recibido un nuevo llamado de Codorniu, en el que le admitió que no tenía ningún futuro seguir insistiendo. “Le dije que en Quintec no pagábamos y él respondió que no se trataba de coima sino de lobby”, rememora Poblete. Para él no había duda entre ambos términos, pues Codorniu estaba ofreciendo influir con un resultado conocido.

La cosa no quedó ahí. Pocos días después de que se hiciera público que la empresa india Tata se había adjudicado la licitación, Codorniu volvió a llamar a Poblete, esta vez ofreciéndole participar en un proceso que preparaba el Servicio Médico Legal. “Ahí yo le dije que no me llamara más”, asegura Poblete, quien ya no trabaja en Quintec.

Un vendedor creativo

César Poblete ya declaró ante la fiscal Godoy y le contó con detalles este mismo relato acerca de las gestiones de Codorniu, a quien conoció a mediados de los 90 a través un amigo.

Codorniu era ejecutivo de ventas en Unysis, pero quedó sin trabajo tras una reducción de personal. Como en ese tiempo Poblete era gerente de servicios de Sonda, el amigo común le pidió que lo recomendara para un puesto. “Era bastante exitoso, yo no lo conocía, pero sí había escuchado de su performance en el mercado”, dice Poblete. Por eso lo recomendó y tras un proceso de selección regular, Codorniu se unió al área de ventas de la empresa que preside Andrés Navarro.

Poco después ambos dejaron la compañía tecnológica y volvieron a encontrarse por casualidad en otras empresa del rubro. Codorniu estaba en Softron y Poblete en Computer Associates, las que a veces hacían negocios por los que les tocaba interactuar.

Luego Codorniu armó su propia empresa, Gradicom. Su oficina está en un segundo piso que subarrienda en una casa en la calle Puyehue, a una cuadra de Manuel Montt con Bilbao.

A sus 52 años, Codorniu está dedicado a la venta de soluciones tecnológicas ligadas a las comunicaciones, especialmente de grabaciones para centrales telefónicas. Tiene experiencia en el rubro. De hecho, uno de sus mayores éxitos fue su participación en 2006 -desde Softron- en la licitación para el “diseño, implementación, instalación y mantención de un sistema de despacho asistido por computador (CAD) para Carabineros de Chile”, que administra los procedimientos policiales del número 133.

Se le reconoce talento comercial, el que demostró en este caso al contactar a la empresa canadiense Positron con Telefónica para participar del proyecto por un monto de $800 millones. Por la modernización de este servicio, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), premió la semana pasada a Carabineros. No tenían idea de que el autor intelectual del proyecto ganador era Rodrigo Codorniu.

El hombre de la foto es Bill Gates, fundador del gigante informático Microsoft. Aparece en una cédula de identidad chilena gracias a un montaje del movimiento Liberación Digital, una de las organizaciones que el año pasado se opuso al acuerdo que permitiría al Registro Civil entregarle casillas electrónicas a todos los chilenos a través de la empresa de Gates. La gran polémica se olvidó rápido. Nunca se supo qué pasó. Esta investigación revela que el proyecto fracasó luego de que el ex director Guillermo Arenas, secundado por su asesor Andrés Contardo, hiciera una extraña propuesta que implicaba la intermediación de la Universidad de Valparaíso, con la que suscribió un contrato que hoy también está en la mira de la Fiscalía Centro Norte, que investiga las irregularidades en el organismo.

A mediados de 2007 la comunidad chilena de internet lanzó una alerta que se propagó de link en link: el Registro Civil y el gigante informático Microsoft preparaban un convenio que, de acuerdo a los reclamos vertidos en blogs y sitios especializados, terminaría entregándole a dicha empresa información personal de todos los chilenos. La polémica traspasó la red y el gobierno debió salir a defender la iniciativa que se publicitó como un gran avance en la digitalización del país. El convenio consistía en darle una casilla electrónica a cada uno de los chilenos, lo que Microsoft haría gratis. Sus detractores denunciaron que, en los hechos, el gobierno le regalaba a la empresa del magnate Bill Gates usuarios e información sensible, además de romper el principio de neutralidad tecnológica. Ante las suspicacias, el entonces director nacional del Registro Civil, Guillermo Arenas, defendió la iniciativa diciendo que “es imposible que se le vendan bases de datos a alguien y menos a los privados. Eso no ocurre ni ocurrirá jamás, así que los 16 millones de chilenos pueden estar tranquilos”. Generar más de 15 millones de cuentas de correo requería un presupuesto exorbitante debido al volumen de información almacenada. Es por eso, aseguran fuentes de la industria informática y de gobierno, que el Registro Civil contactó a las tres grandes empresas que proveen este servicio gratuitamente: Yahoo, Google (gmail) y Microsoft (plataforma Live). De acuerdo a esta versión, sólo Microsoft estaba constituida en Chile y por eso se le adjudicó el proyecto. Tras el ruido inicial, no se supo más del tema. Nunca se hizo público que el proyecto fue abortado por Microsoft un par de meses después de que se desatara la polémica. Los entretelones que llevaron a cancelar la iniciativa cobran una dimensión distinta hoy, a la luz de las irregularidades detectadas en la licitación que adjudicó la plataforma tecnológica a la empresa india TATA. La investigación que sigue la Fiscalía Centro Norte puso en prisión preventiva al ex doble asesor de Tata y del Registro Civil, Andrés Contardo, acusándolo de revelar secretos sensibles de la licitación a la empresa india, datos por los cuales recibía un pago mensual de $3 millones. “Proyecto Alfa”, era el código usado entre el asesor informático y los ejecutivos de la compañía para referirse a la licitación, de acuerdo a la fiscalía “Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft”, es la primera pista que entrega un ingeniero que conoció de las tratativas y que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Sus dudas coinciden con los datos recogidos de numerosas fuentes, quienes aseguran que el rol del experto en informática no se limitó a asesorar a Arenas en la elaboración de las bases de la licitación de plataforma tecnológica que se adjudicó su otro empleador, TATA. Eso decía su contrato a honorarios, pero lo cierto es que Contardo tuvo numerosas funciones. Entre ellas, asesorar en las tratativas con Microsoft.

La cuña de Arenas

Los cuestionamientos públicos al proyecto de casillas electrónicas -bautizado como “domicilio digital”-, habían dejado a Microsoft en una posición incómoda. Aún así, sus ejecutivos en Chile estaban decididos a seguir adelante en las tratativas con el gobierno. Ya había dejado de ser tema de polémica pública cuando en octubre de 2007 tuvo lugar una de las reuniones entre las partes. La cita fue en la oficina de Alejandro Barros, secretario ejecutivo de la Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, que si bien no llevaba el detalle de las conversaciones, centralizaba una serie de convenios que el gigante informático estaba desarrollando con el Estado chileno. La mesa era amplia. El equipo de Microsoft estaba encabezado por su gerente general en Chile, Hernán Orellana, mientras que el Registro Civil era representado por el director, Guillermo Arenas. Lo acompañaban el ahora cuestionado asesor Andrés Contardo y el actual director interino del organismo, Luis Fuentes. Fue Arenas quien tomó la palabra y sorprendió a sus interlocutores con un anuncio: el acuerdo no se haría directamente entre Microsoft y el Registro Civil, sino que ejecutaría a través de la Universidad de Valparaíso. Todos quedaron descolocados. El tema se zanjó en esa misma reunión. En esas condiciones, y más encima con el polvo que ya había levantado la iniciativa, la empresa prefería dar un paso al costado. Luis Fuentes, actual director, estuvo presente en la reunión en calidad de asesor y confirmó a CIPER que Arenas propuso a la Universidad de Valparaíso como intermediario y que Microsoft se opuso. Pese a que CIPER contactó a diversas fuentes que conocieron de cerca los hechos, nadie supo dar una respuesta certera de las intenciones de Arenas. Al parecer, nunca les quedó muy claro qué pretendía. Unos dicen que Microsoft quería que hubiera un concurso público para evitar cualquier cuestionamiento y en vez de eso, Arenas salió con la propuesta de la universidad. Otros afirman que una vez que el director del Registro Civil planteó esta alternativa, la empresa quiso que hubiera una licitación. Y esto, porque como la idea original no implicaba recursos del Estado, y por lo tanto no exigía licitación, al entrar un tercero en el proceso que obviamente cobraría por sus servicios, el modelo de negocios cambiaba y debía licitarse. Lo cierto es que a Microsoft no le gustaron las nuevas reglas impuestas por Arenas. Sus ejecutivos no estuvieron dispuestos a exponer a la empresa a un proceso que la dejaría vulnerable a nuevos cuestionamientos. –Se suponía que en esa reunión se iba a ver la implementación del proyecto, pero la cita se desarrolló de manera rara porque en un momento el director del Registro Civil dijo que no lo iba a hacer directamente sino a través de una universidad –recuerda el anfitrión Alejandro Barros–. El proyecto no prosperó y nuestra idea tampoco es empujarlo. No están dadas las condiciones y por lo que está pasando en el Registro Civil no se darán en el corto plazo. Tras el escándalo de la licitación adjudicada a TATA, todos quienes conocieron las negociaciones entre Microsoft y el Registro Civil recordaron el episodio. De hecho ya durante el reporteo de la investigación de CIPER que reveló las irregularidades en marzo pasado, un actor de la industria tecnológica hizo notar que el famoso proyecto de “domicilio digital” había naufragado porque Arenas, en una actitud calificada de poco transparente, había intentado meter entremedio a una universidad sin ninguna justificación clara. Una vez publicado el reportaje, que develó el rol de doble asesor de Andrés Contardo, la misma fuente recordó el otro dato: Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft. El fracaso del convenio con Microsoft también cobró relevancia en la investigación que sigue la fiscal Alejandra Godoy. Todo indica que no lo considera un dato irrelevante. La semana pasada citó a declarar al gerente general de Microsoft, Hernán Orellana, y si bien el foco de sus preguntas no estuvo en este acuerdo sino en otros temas relacionados con la industria tecnológica, sí le pidió que relatara su versión de las negociaciones con el Registro Civil y el por qué del fin de las tratativas luego de que se intentara incluir a la Universidad de Valparaíso como parte del acuerdo.

La lupa sobre la Universidad de Valparaíso

El nombre de la Universidad de Valparaíso está en la mira de la fiscalía no sólo por el frustrado acuerdo con Microsoft, sino también por un millonario contrato. Dos hechos que parecen distintos pero que en realidad están vinculados. Entre los documentos que el nuevo director del Registro Civil, Luis Fuentes, entregó a la fiscal Godoy, está la resolución que aprueba los convenios con la universidad porteña. El primero de ellos está fechado el 30 de octubre de 2006 y cuenta con la rúbrica de Guillermo Arenas y el entonces rector de la universidad, Juan Riquelme Zucchet. Lleva como título “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica” y tiene una vigencia de dos años, estableciendo una amplia gama de modalidades de posible colaboración. Un día más tarde, el 31 de octubre de 2006, Arenas y Riquelme suscribieron un “Convenio específico de prestación de Servicios de Asesoría Técnica”, bajo el paraguas del convenio marco firmado el día anterior. El objetivo del nuevo acuerdo era estratégicamente importante para el Registro Civil: le encargaba una auditoría al núcleo estratégico de datos (softwares y hardware del organismo) y una auditoría de seguridad de aplicaciones web. Básicamente se trataba de evaluar qué tan segura es la forma en que se almacenan los datos del Registro Civil, es decir la información personal de todos los chilenos. El trabajo debía realizarse durante el verano de 2007 y así se hizo, aunque la última parte –una prueba de ataque hacker a la web- se retrasó hasta mayo por problemas de agenda. Por todo el paquete el Registro Civil pagó $100 millones. Según dijo el director del Registro Civil, Luis Fuentes, a El Mercurio, el pago se hizo en noviembre de 2006, pese a que los trabajos empezaron recién en diciembre. El mismo diario afirma que el contrato es objeto de una auditoría y que Fuentes no sabe si los trabajos realmente se hicieron. Todos los antecedentes fueron entregados a la fiscalía. A comienzos de abril, CIPER los pidió al Registro Civil. Entre los documentos que se nos entregaron figuran los contratos y un memo de María Isabel Moya, jefa de informática del servicio y pieza clave en la investigación de la fiscalía. En el texto, Moya hace duras críticas a la calidad del estudio realizado por la Universidad de Valparaíso, lo que demuestra que contrariamente a la duda planteada en El Mercurio, el trabajo se hizo. El estudio mismo no fue entregado por el Registro Civil por tratarse de información amparada bajo una cláusula de confidencialidad. Sí entregó la propuesta, el informe de avance y una minuta de una reunión realizada el 8 de enero de 2007. En ella se detalla a los asistentes, dando pistas también de los responsables del proyecto. Por el Registro Civil participaron Arenas, su jefe de gabinete Jorge Lobos (ambos imputados por la fiscalía en el caso TATA), la jefa de informática, María Isabel Moya, el oficial de seguridad Walter Montenegro y el jefe del área de seguridad informática (estos tres últimos serían testigos protegidos de la fiscalía). La contraparte era encabezada por el director de Asistencia Técnica de la Universidad de Valtaraíso, secundado por el coordinador del equipo consultora, Jimmy Black, además del gerente técnico Guillermo Cuadra, el consultor Michel Chamás y el auditor y asegurador del proyecto, Juan Ignacio Cristi. En total, habrían trabajado unas 20 personas contratadas por la universidad. CIPER conversó con tres profesionales que participaron de dicho estudio. Lo primero que sorprende es que pese a que el contrato se justificaba “aprovechando los recursos humanos calificados con que cuenta la universidad”, sólo se contrató personal externo. De acuerdo con una fuente que participó del proceso, no se usó a funcionarios universitarios porque no estaban disponibles. Y asegura que el estudio fue aceptado sin reparos por el Registro Civil y que las críticas de Moya son atribuidas a los anticuerpos que puede generar que alguien externo se meta en el terreno propio. Las mismas fuentes comentan que fue la universidad la que contactó al Registro Civil para ofrecer servicios de capacitación a sus funcionarios por el cambio tecnológico que se venía con la licitación de la nueva plataforma y que eso motivó el convenio marco. Otros protagonistas de las negociaciones de ese momento, indican que la auditoría a la seguridad del sistema fue una petición expresa de Arenas ante una alerta de que el registro de datos del organismo había sido vulnerado. Finalmente la capacitación nunca se realizó, pero se quiso usar el mismo convenio marco para el acuerdo que se negociaba con Microsoft. “Se nos consultó si podíamos participar, no estaba definido el rol, pero no prosperó”, recuerda uno de los profesionales.

Luego del descabezamiento de la cúpula del Registro Civil el jueves pasado, en el cual perdieron el puesto el director Guillermo Arenas y cuatro subdirectores, María Isabel Moya Vergara era considerada una sobreviviente. La jefa del Departamento de Informática de la institución es la única integrante de la comisión evaluadora de la licitación de US$ 80 millones que se mantuvo en su puesto. La investigación de CIPER que reveló que el asesor Andrés Contardo trabajaba en paralelo para Tata, la compañía ganadora, y para el Registro Civil, provocó un terremoto en el servicio, pero Moya parecía inmune a las réplicas. Hasta ayer, cuando tras finalizar su declaración se allanaron la casa y oficina privada de Arenas.

Citada por Alejandra Godoy, fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, María Isabel Moya partió en la mañana de ayer dispuesta a contar todo lo que sabía. No era poco: declaró durante más de ocho horas y sus palabras gatillaron múltiples diligencias. Primero se incautó su propio computador desde su oficina y luego los de otros funcionarios del Registro Civil. Previamente la fiscalía ya había requisado otros equipos y documentos de los últimos tres años. Hasta el ex director Guillermo Arenas fue sorprendido por funcionarios de Investigaciones que registraron su casa y su oficina, justo en la noche en que celebraba su cumpleaños número 60.

Así, cuando muchos creían que Contardo era el principal protagonista de las irregularidades y se buscaba determinar si además había habido lobbistas externos que intentaron influir en la millonaria licitación, Moya volvió a centrar uno de los focos de la investigación en la estrecha relación entre Contardo y Guillermo Arenas. Ha sido una testigo privilegiada de los sospechosos manejos que terminaron con la adjudicación a TATA.

La mano de Contardo

La jefa del Departamento de Informática conoció las propuestas de los participantes el 16 de agosto del año pasado, cuando se abrieron los proyectos presentados por TATA Consultancy Services BPO Chile, Quintec Soluciones Informáticas y Sonda. Comenzó entonces la evaluación técnica de las tres empresas, sopesando y calificando las tres ofertas. Este trabajo se traduciría en el documento de Evaluación Técnica Cualitativa, un paso determinante para la definición final, dado que de acuerdo a las bases tenía un peso de 80% frente al 20% de la oferta económica. En este delicado proceso la acompañaron los cuatro técnicos que tiene a su cargo -Daniel Manríquez, Walter Montenegro, Daniel Rengifo y Claudio Pavez-, quienes se dividieron el trabajo de evaluación por áreas.

El resultado de la evaluación habría sido entregado por Moya a Andrés Contardo, y de acuerdo a fuentes internas del Registro Civil, el documento no se inclinaba por TATA. Es este punto el que alimenta las sospechas sobre el rol jugado por Contardo para beneficiar a la empresa india. De acuerdo a las versiones recogidas por CIPER, el informe que recibió la comisión evaluadora no fue el mismo que salió de la oficina de Moya. El nuevo no sólo favorecía a TATA, sino que se refería a dicha compañía en términos particularmente elogiosos. De allí la importancia del extenso testimonio que prestó ayer María Isabel Moya.

Once días después, Guillermo Arenas designó a la comisión evaluadora que recibiría el informe de Moya y su equipo. Además de la jefa de Informática, el grupo quedó constituido por el jefe de gabinete de Arenas, Jorge Lobos, y los subdirectores que fueron removidos la semana pasada: Gabriela Huarcaya (Jurídica); Enzo Pistacchio (Operaciones); Luis Mella (Administración y Finanzas)y Andrés Moreno (Estudios y Desarrollo). Ante ellos y en esa misma fecha, Moya realizó la primera presentación general del proyecto.

Ambos grupos –técnicos y comisión evaluadora- recorrieron entre el jueves 20 y el viernes 21 de septiembre las dependencias de las tres empresas en competencia. El propósito de la visita fue presenciar la puesta en marcha del llamado Prototipo de Capacidad de Desarrollo y Arquitectura del Software, para demostrar que el diseño funciona y es capaz de emitir, en un máximo de tres segundos, un documento requerido.

Partieron por TATA y, de acuerdo al informe técnico, “en términos generales cumplió con la funcionalidad solicitada, sin embargo no se pudo apreciar requerimientos especificados como: arquitectura, equipo de trabajo, gestión de cambio”. Finalmente la visita no fue considerada en la puntuación, pues pese a que en las bases y en el informe técnico se le mencionaba como un punto de suma importancia, la matriz que más tarde sugirió Andrés Contardo y que luego fue criticada por la Contraloría, no asignó puntaje para ninguna de las tres empresas.

El informe técnico cualitativo terminó de redactarse hacia fines de septiembre en las oficinas del Departamento de Informática. El resultado de la evaluación habría sido entregado por Moya a Andrés Contardo, y de acuerdo a fuentes internas del Registro Civil, el documento no se inclinaba por TATA. Es este punto el que alimenta las sospechas sobre el rol jugado por Contardo para beneficiar a la empresa india. El asesor del director del Registro Civil recibió además el contenido de las tres propuestas en competencia.

De acuerdo a las versiones recogidas por CIPER, el informe que recibió la comisión evaluadora no fue el mismo que salió de la oficina de Moya. El nuevo no sólo favorecía a TATA, sino que se refería a dicha compañía en términos particularmente elogiosos. De allí la importancia del extenso testimonio que prestó ayer María Isabel Moya en dependencias de la fiscalía. Sus revelaciones provocaron la inmediata orden de allanar la casa y oficina privada de Guillermo Arenas, la que fue ejecutada por personal de la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec). A eso de las 20 horas también fueron allanadas otras dos dependencias del Registro Civil.

Estas diligencias podrían ayudar a reconstruir paso a paso tanto el lugar físico como las personas que tuvieron participación en la elaboración del informe que finalmente tuvieron ante sus ojos los miembros de la Comisión Evaluadora el 4 de octubre. Ese día participó también en el encuentro Andrés Contardo, quien de acuerdo a las actas hizo “una presentación conceptual del proceso de licitación, una metodología para la evaluación y los conceptos básicos a considerar”.

Cuatro días más tarde se firmó el acta final que resume el proceso y otorgó formalmente a TATA la adjudicación de la plataforma tecnológica del Registro Civil. Lo que sigue ya es historia: sólo un par de días después se socializó entre las empresas del sector la denuncia de que hubo propuestas de coimas y en enero la Contraloría impugnó el proceso y ordenó retrotraer todo a la etapa de evaluación. No obstante los reparos, el 10 de marzo el Registro Civil volvió a entregarle el millonario negocio a TATA. Por poco tiempo, ya que el martes 18 el gobierno ordenó volver todo a fojas cero tras informarse por la investigación de CIPER de que mientras Contardo fue asesor de Guillermo Arenas trabajaba simultáneamente para TATA en el extranjero.

Cuando María Isabel Moya terminó ayer su agotadora declaración, partió rauda y sin hacer declaraciones a su oficina en el Registro Civil. Santiago ya estaba oscuro. Allí la esperaban los miembros del Departamento de Informática de la repartición. Todos ellos deberán eventualmente entregar su testimonio ante la fiscal Godoy y quizás recurrir a los archivos que preservaron como salvaguarda ante cualquier evento.

El ministro hacía referencia al reportaje que develó vicios en la adjudicación de un contrato por más de US$ 80 millones entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la empresa de origen indio Tata Consultancy Services BPO Chile S.A. para proveer al servicio de la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática que permite la administración de la base de datos de todos los chilenos. Entre otras cosas, el asesor de Guillermo Arenas para esta y otras operaciones en curso del organismo público, Andrés Contardo, trabajó paralelamente en el Registro Civil y en la compañía que se adjudicó la licitación.

El martes pasado, pocas horas después de conocerse la investigación de CIPER, el gobierno ordenó anular todo el proceso y se despidió al asesor Contardo. “Me pudo haber costado la cabeza”, advirtió hoy en El Mercurio Guillermo Arenas. Fue justamente el paso siguiente que se adoptó: su remoción y la del resto de la cúpula del servicio público. Arenas será reemplazado interinamente por el ingeniero Luis Fuentes y el resto de los directores serán elegidos mediante el sistema de Alta Dirección Pública del Estado.

En enero, la Contraloría ya había cuestionado la licitación adjudicada a Tata pero sólo por problemas formales, por lo que debió hacerse una nueva evaluación. La semana pasada, Arenas volvió a asignar el millonario negocio a la compañía india, pero esta vez la investigación de CIPER obligó a la autoridad a anular un proceso que afecta a la seguridad de los chilenos.

En entrevista con el vespertino La Segunda, el abogado de Tata, el penalista Jorge Bofill, calificó la decisión de “arbitraria y completamente incoherente”. Afirmó que se están estudiando acciones legales, pues la empresa ya ha invertido medio millón de dólares en el proyecto de plataforma tecnológica. Según Bofill, Contardo informó al Registro Civil de que prestaba asesorías a Tata en el extranjero, lo que había sido reconocido a CIPER por Pablo Cisternas, gerente general de la empresa en una extensa entrevista .

-¿Quién le hizo esas insinuaciones? –inquirió el periodista de ADN Radio Chile.

-Hay que entender, aquí hay un cierto manejo…, esto cuando se hace, se hace con ciertos cuidados, obviamente. Hay un lenguaje, una presentación, más de un intermediario. Todos aparecen como “mira, yo conozco a alguien, que conoce a alguien que podría hacerlo, que tal vez….”. Es un poco en esa forma. Ahora, hay personas individualizadas y hay hechos concretos que si en algún minuto alguien lo requiere, nosotros podríamos entregarlos.

Los dichos de Salvatierra, y su intención de entregar nombres y situaciones que comprometen la petición de coimas, lo que obligaría a llevar a la justicia esta licitación anulada, llegaron rápidamente a oídos del gobierno. Para entonces, ya se tenían en carpeta dos nombres a investigar.

Escuche el audio de estas declaraciones:
Quintec Coimas (Mp3)

Preocupación en el gobierno

Desde el minuto en que CIPER publicó la investigación sobre las irregularidades de la licitación del Registro Civil, las alarmas se encendieron en el gobierno. El conflicto fue monitoreado directamente durante el martes 19 desde La Moneda, que se mantuvo en contacto con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Éste a su vez citó a su subalterno y director nacional del Registro Civil, Guillermo Arenas, hasta su despacho para analizar los alcances de las irregularidades.

Luego de esa reunión se tomó la drástica medida de anular todo el proceso de licitación, además del despido del cuestionado asesor informático Andrés Contardo, lo que fue inmediatamente informado a La Moneda. Además, Maldonado habría dejado en claro que el asunto no quedaría ahí, pues se investigaría a fondo la denuncia de pedidos de coima para adjudicar la licitación y quiénes habrían sido sus protagonistas.

Para reunir antecedentes sobre la denuncia de CIPER, el ministro llamó durante la tarde al gerente general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI), Aldo Signorelli. La llamada fue clave dado el rol que jugó esa organización gremial en denunciar informalmente ante la entonces subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, la existencia de coimas en este proceso. Durante los últimos meses el tema de las irregularidades en esta licitación se había conversado en forma frecuente, al punto que cuatro empresas afiliadas relataron que se les había pedido coimas para facilitar su adjudicación.

Fuentes de la industria relatan que durante la reunión de directorio de la ACTI, que tuvo lugar el miércoles en la mañana, Signorelli les informó de la conversación que había tenido con Maldonado el día anterior. En ella, el ministro pidió detalles sobre las empresas que participaron del proceso y requirió toda la información que manejaba el organismo sobre las irregularidades.

Signorelli relató a los directores del gremio que le recordó al ministro que en dos oportunidades durante el año pasado enviaron cartas reclamando formalmente ante el director del Registro Civil, Guillermo Arenas, y ante el propio Maldonado, por la forma en que se estaba desarrollando el proceso. En ese momento los reclamos eran exclusivamente técnicos y apuntaban a una boleta garantía excesivamente alta, a cláusulas de responsabilidad civil demasiado amplias y mecanismos de evaluación muy confusos. No tuvieron respuesta de las autoridades.

Movimientos en el Registro Civil

La resolución exenta N° 923 fundamenta la decisión de anular la licitación en los hechos denunciados por CIPER. “El Servicio de Registro Civil e Identificación ha tomado conocimiento en el día de hoy, martes 18 de marzo del año 2008, de una información publicada en un sitio web referida a su proceso de licitación pública sobre (el) Proyecto de Integración de la Plataforma Tecnológica, Comunicaciones e Informática”, expresa en su primer punto la resolución.

El comunicado dice que el servicio está “llano a aclarar cualquier situación anómala, ilegal o arbitraria”. Y agrega que, “la naturaleza de la información contenida en el citado artículo de prensa, sea efectiva o no, puede tener dentro del marco de un proceso de licitación de esta envergadura, una connotación (…) que no responde bajo ninguna circunstancia al espíritu y acciones con los cuales el Servicio ha desarrollado el presente proceso de licitación”.

En consecuencia, la resolución invalida la totalidad del proceso de licitación, lo que en la práctica significa volver a reformular las bases.

Otro de los efectos de la reunión que sostuvo el martes el ministro Maldonado con Guillermo Arenas, fue el anuncio del cese en sus funciones del experto informático Andrés Contardo Santibáñez, principal asesor en la materia del director nacional del Registro Civil, quien tuvo una activa participación en el proceso de evaluación de las propuestas, al tiempo que realizaba trabajos para Tata Consultancy Services, la empresa que resultó beneficiada con la licitación.

En declaraciones al vespertino La Segunda, Guillermo Arenas se mostró sorprendido por los antecedentes dados a conocer por CIPER. Aseguró desconocer la relación de su asesor informático con la empresa que resultó beneficiada, Tata Consultacy Services, a la cual dijo haber solicitado un informe sobre el tema. En lo referente a su asesor informático, el director nacional agregó que se veía impedido de iniciar un sumario administrativo, “porque Andrés Contardo era un asesor externo, a honorarios”.