Una nueva auditoría detectó fallas en el resguardo de información personal de todos los chilenos: ex funcionarios que mantienen claves de acceso a los datos, riesgo de fuga de información e ingresos a los servidores que no quedan registrados. Hace un mes, la Contraloría ya había cuestionado la falta de vigilancia en los registros de condena. En dicho informe, se reveló también la existencia de contratos de asesorías irregulares, algunos de los cuales se incluyeron en la formalización por fraude al fisco del ex director Guillermo Arenas, quien está detenido desde el sábado pasado.
La fiscal Alejandra Godoy pidió formalizar y dejar preso al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, acusándolo de 155 fraudes al fisco por asesorías injustificadas y dos contratos con la USACH, que en total suman $636 millones. El juez sólo aceptó la segunda arista y lo dejó libre. El Consejo de Defensa del Estado había decidido ayer querellarse contra los máximos ejecutivos de la empresa india TATA, volviendo a la arista principal del caso por las irregularidades en una licitación del Registro Civil.
Más de $ 4 millones en cenas que no se justifican como gastos de representación, además de numerosos contratos cuyas labores no fueron acreditadas, son algunas de las herencias de Guillermo Arenas en el Registro Civil. En una auditoría de la Contraloría vuelven a aparecer los nombres de su ex jefe de gabinete Jorge Lobos y de Verónica Escudero, además de cuestionarse contratos de cuñados de Camilo Escalona y del hijo de Isabel Allende. Ante las numerosas faltas detectadas, la Contraloría iniciará sumarios administrativos que incluyen un contrato por más de $ 400 millones con Sonda autorizado por el actual director Luis Fuentes. El informe llama la atención sobre las debilidades del control del registro de condenas.
George Dan Rusu, el protagonista del segundo mayor decomiso de cocaína en Chile, es de Transilvania. Fue sorprendido en 2004 con 1.320 kilos y los pinchazos a su teléfono fueron el principal medio de prueba en su contra. Tres años después, estando en Colina II, otra interceptación telefónica lo comprometió con un plan para enviar ropa impregnada con cocaína a Europa. En Austria piden su extradición por asaltos a bancos y se cree que estuvo vinculado a los servicios de inteligencia de Ceaucescu. Dan Rusu alega inocencia, trato inhumano y persecución.
Al menos cinco interceptaciones telefónicas legales se ordenan cada día en Santiago. Y eso es sólo la información recogida en 14 de los 21 Juzgados de Garantía. Si hasta el 2003 sólo se usaba en casos de narcotráfico y otros de similar gravedad, ahora se aplica a funcionarios públicos y ni los alcaldes se salvan de que sus conversaciones sean escuchadas y grabadas, como le pasó al edil de Recoleta, Gonzalo Cornejo. CIPER investigó a fondo el procedimiento y descubrió que la ley sólo regula aspectos generales y que su práctica permite que el contenido de las conversaciones, muchas veces con información íntima, pase por a lo menos cinco personas hasta que se presenta en un juicio. Además, no todos los fiscales aplican el mismo criterio al final del proceso: algunos las destruyen y otros las guardan. Y como esto sólo abarca las escuchas legales, sólo resta decir: cuidado con lo que habla por teléfono.
La doble asesoría de Andrés Contardo a la empresa india Tata y al Registro Civil sólo es una de las caras del caso que reveló CIPER en marzo. Una arista menos conocida tiene que ver con otras personas que habrían ofrecido ejercer influencias en el organismo estatal. Uno de los mencionados se apellida Codorniu y costó semanas ubicar quién era. Dos ex ejecutivos de la empresa Quintec relatan su rol, pero él saca la voz por primera vez para negar cualquier participación.
El hombre de la foto es Bill Gates, fundador de Microsoft. Aparece en una cédula de identidad chilena gracias al montaje de una de las organizaciones que se opuso al acuerdo que permitiría al Registro Civil entregarle casillas electrónicas a todos los chilenos a través de la empresa de Gates. El proyecto fracasó luego de que el ex director Guillermo Arenas, secundado por su asesor Andrés Contardo, hiciera una extraña propuesta que implicaba la intermediación de la Universidad de Valparaíso, con la que suscribió un contrato que hoy también está en la mira de la Fiscalía Centro Norte.
María Isabel Moya, jefa del Departamento de Informática del Registro Civil, fue la única integrante de la comisión evaluadora de la licitación de US$ 80 millones que se mantuvo en su puesto tras el descabezamiento de la semana pasada. Ayer, su extensa declaración ante la fiscalía gatilló una serie de diligencias, entre ellas el sorpresivo allanamiento de la casa del ex director Guillermo Arenas en el momento en que festejaba su cumpleaños. Moya es una testigo privilegiada de la cuestionada licitación y maneja antecedentes clave, que de acuerdo a diversas fuentes, apuntarían a la manipulación de la evaluación técnica para favorecer a la empresa TATA.
Sólo tres días después de que una investigación de CIPER revelara las irregularidades de una millonaria licitación del Registro Civil, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció hoy en La Moneda que tras conversar con la Presidenta Michelle Bachelet se decidió remover al director nacional del organismo, Guillermo Arenas (PPD), y a los cuatro subdirectores del servicio.
Sólo horas después de que CIPER diera a conocer graves irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato entre el Servicio de Registro Civil e Identificación y la empresa de origen indio Tata Consultancy Services BPO Chile S.A., el director nacional del organismo estatal, Guillermo Arenas Escudero (PPD), anuló todo el proceso el martes 18 de marzo. Se trata de un contrato por más US$ 80.000.000 para proveer al servicio de la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática que permite, entre otras cosas, la administración de la base de datos de todos los chilenos.
El martes 11 de marzo Guillermo Arenas (PPD), director del Registro Civil, firmó la resolución que confirma la adjudicación de un contrato por más de US$ 80 millones con la empresa TATA Consultancy Services BPO Chile S.A. La licitación, impugnada por Contraloría en enero, implica proveer la plataforma tecnológica para, entre otras cosas, administrar la base de datos de todos los chilenos. CIPER se adentró en la trama de este millonario negocio y descubrió -entre otras irregularidades- la existencia de un asesor clave de Arenas, que elaboró bases y evaluó técnicamente las propuestas al tiempo que trabajaba para la empresa que resultó beneficiada.
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