La Cámara Baja ha defendido ante el fiscal Abbott la tesis de que las asignaciones parlamentarias son de libre disposición: Por ello, para la mayoría de los parlamentarios consultados por CIPER la glosa sólo ratifica la situación actual (Ver recuadro). Pero para el senador Hosain Sabag (DC), las tres líneas en cuestión tienen implicancias mayores. Y aunque Sabag afirma que su inclusión solo busca defender la autonomía del Congreso, su activa participación en este acápite toca directamente la delicada situación que afecta a su hijo, el diputado Jorge Sabag, investigado por Abbott por “negociación incompatible”.

Según consta en el acta de la subcomisión mixta que analizó el presupuesto del Congreso Nacional, “(el senador Sabag) advirtió que si no se aclara la libre disposición de las asignaciones parlamentarias todo el Poder Legislativo podría verse amenazado por la aplicación de los artículos 260 y 240 del Código Penal”.

¿De qué habla Sabag? El artículo 260 define quiénes son considerados en materia penal como empleados públicos, especificando que incluye a los que ostentan un cargo de elección popular. El artículo 240 es el que establece la negociación incompatible para los funcionarios públicos, castigando a quienes saquen provecho de negocios celebrados en virtud de sus cargos. El artículo incluye a quienes beneficien a sus familiares o socios.

Ese es precisamente el foco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Abbott sobre el hijo de Sabag. Y lo que el fiscal está en vías de determinar es si el diputado incurrió en dicho ilícito al utilizar los fondos que la Cámara de Diputados le entregó para arriendo de sedes distritales al pagarle a una sociedad formada por sus padres, gerenteada por su hermano, y en cuya dirección funcionan las empresas de la familia Sabag.

La investigación de Abbott se originó tras un reportaje de CIPER, en el que Jorge Sabag aseguró que se trataba sólo de una forma de organización financiera, pues en realidad la sociedad de sus padres pagaba el arriendo de otras tres sedes que sí funcionaban como oficinas parlamentarias.

De acuerdo a la tesis que intenta imponer, entre otros, su padre Hosain Sabag, los parlamentarios no son empleados públicos y por lo tanto no se les puede aplicar la figura de negociación incompatible. “En su opinión no se pueden asimilar los Parlamentarios a los funcionarios públicos, porque se trata de funciones distintas y menos se pueden aplicar los delitos contemplados para los funcionarios públicos a los Parlamentarios. En efecto, acotó que los Parlamentarios tienen la libre disposición de sus dietas y de sus asignaciones parlamentarias, situación distinta a los empleados públicos, puesto que los Parlamentarios no están obligados por ley a rendir cuenta de la administración de sus asignaciones”, recoge el acta de la sesión celebrada el 28 de octubre pasado.

La argumentación de Sabag ante la comisión mixta busca que se deje legalmente establecido que las asignaciones que reciben los parlamentarios son fondos de libre disposición y sin fiscalización externa: “En este sentido, manifestó su apoyo a la propuesta de agregar una nueva glosa que declare la continuidad de la libre disponibilidad de las asignaciones parlamentarias, para así evitar que nuestro Parlamento continúe siendo sometido a diversos vejámenes. La idea, continuó, es defender a nuestra institución y a su autonomía, y a los Parlamentarios. Asimismo, sostuvo que no se pueden sentir constantemente amenazados por otros poderes, porque los fondos de la dieta parlamentaria, así como los de las asignaciones parlamentarias son de libre disposición, sujetos únicamente a la revisión y a las disposiciones que dicte la Comisión de Régimen Interior de cada Cámara”.

En su intervención en la subcomisión de presupuesto, Sabag hizo una crítica velada al trabajo del Ministerio Público, sosteniendo que “el propio Congreso Nacional ha aprobado una serie de instituciones con poderes ilimitados y que hoy día se han encargado de denostar a una institución tan antigua como el Congreso Nacional”.

Y para dar mayor fuerza a su argumentación, asimiló las asignaciones de los parlamentarios a los gastos reservados del Ejecutivo, que “pueden ser invertidos discrecionalmente por la autoridad superior del organismo al que se asignan, para las distintas necesidades comprendidas en la órbita de las funciones y objetivos públicos que le competen, en tanto que dichos gastos no estén prohibidos por ley, sin necesidad de rendir cuenta”.

El senador se encargó también en la subcomisión de señalar el origen de las tres líneas al “valorar” que el presidente del Senado, Jovino Novoa, haya “promovido” ante el Ejecutivo la indicación en la que se establece la libre disposición de dichos fondos. Consultado por CIPER acerca de si fue el senador Novoa el que decidió el agregado, Sabag aclaró que en realidad entendía que se trataba de una preocupación que hace tiempo tenían Novoa y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. Sin embargo, tanto Novoa –a través de su encargada de prensa-, como Álvarez, negaron alguna responsabilidad en el origen de la indicación.

-La glosa evidentemente no se aplica a ningún problema del pasado -enfatiza Álvarez, quien insiste en que los fondos siempre han sido de libre disposición, pero que deben ser gastados de acuerdo al fin para el cual fueron destinados por la comisión de Régimen Interno.

El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN), uno de los tres que votó a favor de la aprobación de la polémica indicación, dijo no saber su origen. “Me limité a aprobarlo”, sostuvo. Además de Kuschel y Sabag, la indicación fue aprobada gracias al voto del diputado socialista Carlos Montes, quien sostuvo:

-El que hizo toda esa gestión fue Hosaín Sabag. Por lo tanto, hay que preguntarle a él.

Montes agregó que no cree que la inclusión de la glosa tenga relación con la investigación que sigue el Ministerio Público, pues los fondos siempre han sido de libre disposición, sino simplemente a la ambigüedad con que el tema quedó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso Nacional, que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

La reforma a la LOC incluye un cambio que hace más llamativa la indicación que nadie reconoce haber pedido: las partidas del Congreso Nacional tendrán glosas definidas a partir del 2011, pues hasta ahora –a diferencia del presupuesto de los otros organismos públicos- sólo contenía una descripción genérica de los gastos. Por eso la glosa en cuestión, añadida por el Ejecutivo, es la única que contiene el presupuesto de la Cámara de Diputados para el 2010. “Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que continuarán siendo de libre disposición”, dice la glosa asociada a Bienes y Servicios de Consumo y a Transferencias Corrientes.

El Senado se adelantó a los cambios de la LOC y este año incluyó tres glosas en su presupuesto (relacionadas con la dotación de autos, personal, viáticos, horas extraordinarias y capacitación). A ellas se agregó la polémica indicación sobre las asignaciones parlamentarias, la cuarta glosa, que es exactamente igual a la de la Cámara: establece que son de libre disposición.

Diputados bajo la lupa

Los cambios a la LOC del Congreso fueron gatillados por la reforma a la Constitución de 2005, que hizo urgente adecuarla. Pero la tramitación fue compleja y tras las modificaciones introducidas en el Senado y la Cámara de Diputados, el texto terminó en Comisión Mixta. Ahí estaba cuando en junio de este año el programa Informe Especial de TVN hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en los arriendos de sedes distritales, al que siguió un reportaje de La Nación sobre el mismo tema. Ambos reportajes provocaron gran impacto público.

El fiscal de Valparaíso Jorge Abbott empezó entonces a investigar masivamente el uso de las asignaciones parlamentarias, ampliando su radio de acción, hasta entonces limitado a las irregularidades detectadas en el pago de asesores por la diputada Claudia Nogueira (UDI). La polémica pública cambió drásticamente el escenario de la discusión de la LOC. Los timoneles de ambas cámaras, Novoa y Álvarez, decidieron entonces coordinarse para impulsar una serie de cambios que buscan regular mejor el sistema de asignaciones y separar a los parlamentarios de las decisiones económicas, creando comités independientes que determinen cómo se gastan los dineros y sus posteriores auditorías. Reformas para el Congreso del Bicentenario, lo bautizaron.

En el intertanto, Abbott siguió avanzando en su investigación judicial. Ya se descartaron irregularidades en los pagos realizados por los diputados Julio Dittborn (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Joaquín Godoy (RN) y la independiente Marta Issasi. No tuvo la misma suerte el diputado Maximiano Errázuriz (renunció a RN y no se presentó a la reelección), quien fue formalizado el pasado 6 de noviembre por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso al triangular fondos para arriendo de sus sedes distritales.

Lo que viene es en parte conocido. Ya se sabe que el fiscal resolvió formalizar a la diputada Claudia Nogueira –trámite aplazado por distintas diligencias solicitadas por su defensa-, por haber recibido en su cuenta corriente parte de los pagos realizados por la Cámara a sus asesores. Entre esas diligencias, a la fiscalía le ha correspondido investigar a fondo la lista de otros 12 diputados, entregados por la defensa de la diputada UDI, que habrían usado mecanismos similares. En total, una veintena de parlamentarios han sido investigados este año por el Ministerio Público. Nada menos que un sexto de los integrantes de la Cámara Baja.

Y es precisamente allí donde se explica la inquietud del senador Sabag. Su hijo, el diputado Jorge Sabag (DC) y el diputado René Aedo (RN) son dos de los diputados que no han sido descartados por la fiscalía y cuyos antecedentes son evaluados en estos momentos para determinar los pasos a seguir judicialmente.

Los parlamentarios se han debatido entre el esfuerzo por mejorar la gestión y la fiscalización de los recursos que manejan, y atisbos de defensa corporativa respecto a la sanción por irregularidades ocurridas en el pasado. “De lado y lado ha habido intenciones de beneficiar a los afectados”, reconoce un diputado de la Alianza.

Delito penal para parlamentarios

Una de las propuestas -leída por algunos como un intento desesperado de defensa corporativa- fue una indicación presentada por Novoa y Álvarez que establecía una figura penal especial para los parlamentarios. Conscientes de lo delicado de los cambios que estaban promoviendo, los parlamentarios se hicieron asesorar por destacados abogados de la plaza, quienes rápidamente los convencieron de desestimar la idea.

La cita con los juristas tuvo lugar el lunes 17 de agosto pasado en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Los convocados fueron los penalistas Jorge Bofill, Jean Pierre Matus y Juan Domingo Acosta –quienes debían analizar la polémica figura-, y los constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata, quienes expusieron sobre la autonomía del Congreso Nacional.

“La fórmula era completamente impresentable, política y jurídicamente”, comenta uno de los abogados que asistió ese día y quien considera que la propuesta era reñida con el estándar de igualdad ante la ley de los parlamentarios.

Otro de los abogados consultado explica que lo más complejo era que se establecía un plazo de prescripción más corto para los delitos cometidos por los parlamentarios que para el resto de los ciudadanos. El artículo establecía la prescripción sólo seis meses después de que las cuentas de la Cámara fueran aprobadas por la Comisión de Auditoría, mientras que hoy las figuras penales para los mismos delitos prescriben entre 5 y 10 años después de cometido el ilícito. “Significaba sustraerse del sistema penal”, concluye uno de los abogados.

-Tomamos un concepto nuevo, que es el de la función parlamentaria, y en un minuto consideramos que era necesario impulsar tipos penales especiales, pero los abogados nos dijeron que no era así y ahí quedó -explica Álvarez.

Pese a los duros cuestionamientos que generó la iniciativa, varios de los juristas que asistieron ese día creen que no había mala voluntad en la propuesta de Álvarez y Novoa. Aunque todos coinciden en que era una pésima idea. “Los penalistas fueron muy críticos, pues más allá de la intención, podía interpretarse como una forma de bajar el castigo y por lo tanto una defensa corporativa. Mostraron con ejemplos cómo se les daría un tratamiento desigual”, recuerda Patricio Zapata.

De acuerdo al análisis de uno de los abogados, las penas establecidas en el artículo –pecuniarias, de prisión y de prohibición de ejercer cargos públicos- en algunos casos eran mayores y en otros menores que las que rigen actualmente. Pero al parecer, fueron hechas sin considerar que en abril pasado hubo una modificación del Código Penal que endureció las sanciones a delitos similares a los diseñados para los parlamentarios. Éstos castigaban a quienes en ejercicio de su función defraudaran o consintieran en defraudar a la corporación o usaran los fondos para un fin distinto para el cual le fueran asignados, tanto para cosas ajenas a su función como para actividades parlamentarias distintas del fin original. (Vea el artículo)

Un cambio en las sanciones y plazos es particularmente delicado. Y ello porque en principio, en cualquier juicio penal, el imputado tiene derecho a que se le juzgue con la norma que más lo beneficie, aunque ésta se haya dictado después de cometido el delito. En este caso, los cambios en los tipos penales podían tener impacto en las investigaciones que afectan actualmente a diputados en ejercicio.

-El proyecto introducía distorsiones. Se nos preguntó si estos hechos ya eran delitos y la opinión unánime fue que era así y que por lo tanto no se justificaba un tipo penal especial -cuenta otro de los abogados.

Otra pregunta que debieron responder los juristas es si los parlamentarios son o no funcionarios públicos. Más allá de las interpretaciones del senador Sabag, a la mayoría de los asistentes les quedó claro que si bien administrativamente no son funcionarios públicos, sí lo son para los tipos especiales de delitos considerados en el Código Penal. Esa fue una de las razones por las cuales no es necesario crear tipos nuevos.

Hasta ahora sólo se ha conocido el contenido de una de las respuestas de la Comisión de Régimen Interno al fiscal Abbot, la que fue publicada hace algunas semanas por El Mostrador. El texto señala expresamente que los parlamentarios “en caso alguno son funcionarios públicos”, sostiene que las asignaciones parlamentarias no son fondos fiscales sino que públicos, y que la LOC y el reglamento de la cámara son “el único marco del Derecho Parlamentario –especialmente financiero, autónomo y de aplicación previa y preferente a cualquier otro orden legal o administrativo” y diferente al Derecho Administrativo Público.

Esta interpretación los dejaría fuera de las normas penales aplicables a los funcionarios públicos, que en muchos casos agravan las penas con respecto a los ciudadanos comunes. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, aclara que el oficio fue enviado antes de escuchar la opinión de los penalistas y que ha llegado al convencimiento de que a los parlamentarios sí se les pueden aplicar algunos de los artículos con los que el Código Penal sanciona exclusivamente a los funcionarios públicos.

Además asegura que lo que se intentó dejar sentado fue que si bien originalmente los dineros asignados por la Ley de Presupuesto son fondos fiscales, es el Congreso el que controla su gasto, lo que los convertiría en fondos públicos. “Eso rompe varias líneas de defensa”, acota otro diputado.

Pudo tratarse de una situación aislada, puntual, más aún considerando que en medio de la trifulca estaba la concejala UDI de La Calera, Margarita Osorio, una mujer de armas tomar: un año atrás, para la ceremonia de juramento de las nuevas autoridades municipales, llegó vestida con boina negra y traje de camuflaje. Pero esa pelea de barrio entre brigadistas fue en serio y representaba la animadversión que venía incubándose entre los aliados.

El hecho aún genera coletazos y grafica la dura disputa que se está librando en la zona entre los candidatos a senadores de la derecha y, en menor medida, entre los representantes de la Concertación, Ignacio Walker (DC) y Nelson Ávila (PRSD), y el actual senador ex socialista y candidato al mismo sillón, Carlos Ominami, quien esta vez compite en la lista que levantó junto a su hijo Marco Enríquez-Ominami. La guerra a muerte –o guerra fría o de guerrillas, según el caso– también se replica en los candidatos a diputados de los tres distritos de la zona, que libran su propia batalla diaria.

Acá se vive lo de siempre en una campaña política. Compañeros de lista que ni se saludan, razzia de afiches y escaramuzas nocturnas entre brigadistas. Se ve eso pero también algunas cosas inéditas, extrañas o dignas de atención. Un candidato que se presenta como el afiche-humano y que en su campaña radial se jacta de no pegar “ni una estampilla en la pared”. Un café-concert animado por un candidato. Circos que se presentan gratuitamente con dos y hasta tres funciones diarias promocionando candidatos.

Acá la lista Nueva Mayoría de Enríquez-Ominami postula a un actor-humorista que aspira a ser tomado en serio (Cristián García-Huidobro) y a un ex futbolista de la Selección Chilena (Leonardo Véliz). La UDI lleva a una animadora de televisión cesante (Andrea Molina), quien se suma a no pocos descolgados de los partidos tradicionales. En esta circunscripción también está el único candidato independiente al Senado. Un independiente de verdad, Lautaro Velásquez Carrasco, un ex funcionario de Carabineros con escasísimas posibilidades de salir electo.

En estas 26 comunas la lista levantada por Marco Enríquez-Ominami y su padre ha apostado sus principales fichas, amenazando a los candidatos de la Concertación. No es casualidad que la esposa del presidenciable, la conductora de televisión Karen Doggenweiler, haya visitado esta zona más que ninguna otra.

Y acá por último se libra la más feroz competencia entre dos postulantes al Senado de la Alianza por Chile. Tan feroz que Lily Pérez volvió a pedir protección policial argumentando haber sido objeto de amenazas. Así están las cosas en la circunscripción Quinta Cordillera.

PELOTÓN DE ROSTROS

Es la noche del viernes 23 de octubre en Rinconada, en las cercanías de San Felipe, y el Circo Ominami recibe al público de la función para adultos. A diferencia de la función para niños, que se realiza de día, la de adultos tiene números de doble sentido protagonizados por payasos e imitadores que serán celebrados a rabiar por cerca de quinientas personas. Quinientos potenciales votos, pasando por alto a los no inscritos que se encuentran presentes y a los niños que asisten aunque la función sea para mayores.

De cualquier modo, lo más atrevido de la función está a la entrada del circo, donde dos travestis uniformados con chaquetas rojas dan la bienvenida y regalan calendarios y folletos del candidato a senador. Forman parte de su comando y de día están asignados al trabajo de puerta a puerta.

–Fíjate que nunca había participado en política, no me había llamado la atención –comenta uno de ellos poco antes del inicio del show–. Pero ahora siento que la cosa es diferente con un candidato como Marco, es distinto, nada que ver a los políticos tradicionales. Seguro, seguro será nuestro próximo Presidente.

Ese mismo día en San Felipe, a doce kilómetros de Rinconada, uno de esos políticos tradicionales a los que alude el activista ha cumplido con una intensa jornada de campaña. Nelson Ávila hizo puerta a puerta, recorrió radios y lanzó el libro Habla Ávila: Manifestaciones en la tribuna ante no más de 30 personas reunidas en uno de los salones de la municipalidad. La presentación estuvo a cargo del diputado Marco Antonio Núñez (PPD), a quien todos pronostican una cómoda reelección en el distrito 11, y el periodista, concejal RN por San Felipe y ex marido de Karen Doggenweiler, Eugenio Cornejo.

Ávila está empeñado en lanzar su libro en las 26 comunas de la circunscripción. También está empeñado en ser reelecto senador sin instalar un solo afiche en la calle. Eso sí, su campaña en radio es persistente y en ella remarca tanto su independencia de los grupos económicos como el intento de manipulación que otros candidatos hacen por medio del apoyo de figuras del espectáculo.

Sobre este último punto, en uno de sus avisos radiales se le escucha decir con su voz taciturna: “Las estrellas de la farándula que se te acercan hoy, no estarán junto a ti mañana. Detrás de ese pelotón de rostros no hay más que un crudo interés electoral. Nelson Ávila, quien les habla, no trafica con los sentimientos de la gente”.

EL FACTOR K

Cuatro años atrás, la ahora ex animadora del programa Pelotón, Karen Doggenweiler, resultó una figura decisiva para la elección de Marco Enríquez-Ominami como diputado por Quillota, La Calera, La Ligua y otras siete comunas del distrito 10. Participó activamente en la campaña de su esposo, quien obtuvo la primera mayoría gracias a una votación transversal que superó con creces el tradicional apoyo a la Concertación en la zona. Hoy Doggenweilwer está haciendo lo propio con su suegro. Se aparece semanalmente y su presencia se hace sentir.

En el comando de Ominami recuerdan que hacia la segunda semana de agosto tuvieron una dura tarea para realizar un puerta a puerta por la Villa Minera Andina de Los Andes. No los tomaban en cuenta. Todo cambió a la semana siguiente con la llegada de Karen a la misma villa.

“La gente salió a la calle y nos recibió feliz”, dice uno de los encargados de la campaña de Ominami, quien admite que el interés hacia la animadora no apunta precisamente a temas políticos: “Señora Karen, le dicen, dígale a la hija de la Geisha que no sea tonta, que como se le ocurre irse a meter con el Schilling”.

De cualquier forma, Carlos Ominami no la tiene fácil. Si en 2001 se impuso por poco más de dos mil votos a su compañero de lista, el ex canciller DC Ignacio Walker, esta vez debe enfrentarse al mismo candidato que va en alianza con Nelson Ávila. Dos pesos pesados.

Ávila disputa directamente con Ominami el voto progresista. Walker en cambio tiene un espacio más amplio para conquistar el voto moderado y de centro. Su presencia en la calle supera a la de sus dos más cercanos oponentes y en terreno suele hacer campaña junto a su esposa, la cantante Cecilia Echenique.

Es probable que Ominami obtenga más votos que cada uno de estos oponentes, pero aún así, para salir electo su lista deberá sumar más que la Concertación en conjunto. Eso último resulta complicado considerando que su compañero de lista es el actor Cristián García-Huidobro, que marca bajísimo en las encuestas internas de los comandos y es percibido como un candidato anecdótico.

PRIMERA DAMA

A Ominami no sólo lo afecta correr por fuera de la Concertación. También llega debilitado por las condenas por fraude al fisco que afectaron a dos de sus principales hombres de confianza en el caso de los Planes de Generación de Empleos, PGE. Uno de ellos, Edgardo Lepe, fue su jefe de gabinete y secretario regional del PS, además de generalísimo de la campaña a diputado de Enríquez-Ominami. El otro, Ricardo León, fue secretario político del senador y ex concejal por Rinconada de Los Andes. Ambos fueron condenados por pagar activistas con dineros destinados a los PGE.

“Ominami perdió a dos grandes operadores, gente con la que trabajaba muy bien el despliegue territorial”, dicen desde el comando de uno de sus competidores.

Ahora, el ex hombre de mayor confianza de Ricardo Lagos depende casi únicamente del capital político construido en ocho años de ejercicio como senador, del impulso que le dará su hijo Marco, presidenciable emergente, y de su nuera Karen, cuyo apoyo opera en cuerpo presente o por medio de invocaciones a su nombre.

Al comienzo de la función nocturna del Circo Ominami en su paso por Rinconada, en las cercanías de San Felipe, el candidato a diputado de la lista Nueva Mayoría, Leonardo “Pollo” Véliz, oficia de presentador. El ex futbolista parte por transmitir un saludo del candidato a senador de su lista, quien no se encuentra presente. Luego advierte que si bien se escucharán algunos garabatos, se trata de un humor sano y popular. Y finalmente, tras apelar a una renovación de la política, llama a apoyar a Marcos Enríquez-Ominami argumentando, entre otras razones, lo formidable que sería tener a Karen Doggenweiler de primera dama.

Entonces el público, que se ha mantenido expectante, en un respetuoso silencio, estalla en un jubiloso aplauso.

HOLA, ANDREA

La fila del otro circo que recorre la Quinta Cordillera es larga y avanza lento, bajo el sol, pero esta tarde de sábado en Quillota nadie se queja. Nadie tampoco se niega a posar para la foto con Marcelo Forni y Andrea Molina, candidatos de la UDI al Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Ambos reciben a los cientos de invitados al circo en una antesala de la carpa y su manejo de la imagen es admirable. Están resfriados y hace semanas que vienen haciendo campaña, pero así y todo, porque tienen una carrera complicada, porque capean el calor y el resfrío con agua mineral y bebidas energéticas, y sobre todo porque se manejan en el oficio, se muestran de buen ánimo y con la mejor sonrisa para salir en la foto con sus potenciales electores.

Él es diputado por Los Andes y San Felipe y quiere saltar al Senado. Ella es una conductora de programas de televisión dirigido a dueñas de casa que estaba fuera de pantalla cuando le ofrecieron debutar en política. De momento, su trabajo es el mismo de antes: sonreír, caerle en gracia a la gente, escuchar sus problemas. Andrea Molina tiene llegada al electorado, de un modo similar a Karen Doggenweiler, y eso tiene nervioso a varios en el distrito 10.

Ahora que perdieron a Marco Enríquez-Ominami, en la Concertación temen un doblaje de la derecha en este distrito. El diputado RN Alfonso Vargas va a la reelección como compañero de Andrea Molina y cuenta con un fuerte apoyo. En cambio, a Eduardo Cerda, ex diputado DC que quiere volver a la Cámara, le juega en contra tener más de 70 años y el estar enemistado con el alcalde de Quillota, de su mismo partido. Y el PS Arturo Barrios, cuya candidatura estuvo en riesgo por los cuestionamientos que le hizo la Contraloría a sus gastos como subsecretario de Cultura, es un desconocido en la zona y su campaña cuenta con escasos apoyos y recursos.

El otro factor de incertidumbre es la dispersión de los votos entre los ochos candidatos del distrito, que incluyen un militante del PRI en la lista Chile Limpio Vote Feliz, Juan Díaz; al candidato independiente Tomás Díaz y al mediático ex presidente de la Confederación de Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, quien va acompañado del independiente Fernando Orellana en la lista de Enríquez-Ominami.

Aunque en el comando del diputado RN dicen estar confiados en la reelección de Vargas, entre otras cosas porque la animadora de televisión “acá no significa nada y en cambio él es de la zona”, igualmente se mantienen alertas. Conocieron el “efecto Karen” de hace cuatro años y no dejan de sorprenderse con los “escandalosos gastos y recursos” que ha desplegado la UDI. Entre esos recursos se cuenta el circo con que Forni apoya a Molina en sus actividades de campaña.

El circo de Marcelo Forni es de primer nivel. Ni comparado con el de Ominami. Tiene trapecistas, números coreográficos y llamaradas de fuego. Su capacidad es para dos mil personas y suele estar a tope, especialmente en las tres funciones que ofrece los fines de semana.

En dos meses será visitado por cerca de cien mil personas que se llevarán una foto junto a los candidatos. Y no sólo eso: después de subir al escenario junto a Andrea Molina y apelar a la necesidad de realizar un cambio de rostros en el Parlamento, idea que al menos en Quillota es recibida con entusiastas aplausos por parte del público, Forni se sumará a un número con payasos que sacará risas entre el público y, probablemente, votos.

“Lily Pérez pensó que a estas alturas de la campaña poco menos que estaría descansando”, dicen bajo cuerda en el comando del candidato de la UDI. “Ella se relajó, se confió, pensó que era carrera ganada y ahora está nerviosa”.

SANGRE EN EL OJO

A la hora en que comienza la primera función del circo de Forni en Quillota, Lily Pérez concluye una larga visita a una feria del sector San Rafael de Los Andes. Ha permanecido ahí desde la mañana, posando para cientos de fotos Polaroid, y se dispone a emprender un puerta a puerta por la comuna de Calle Larga, vecina a Los Andes. La visita tiene un significado especial, pues la acompaña el ex alcalde de esa comuna, el UDI Francisco Vial.

En clave política, más aún en tiempos de campaña, se trata de una provocación a sus aliados, además de un nuevo motivo de enemistad.

La disputa entre Lily Pérez y la UDI ya es histórica. Sin embargo, más recientemente se reactivó una vez que ella fue designada diputada por su partido en reemplazo del fallecido Pedro Álvarez-Salamanca, y dijo: “Aquí está la próxima senadora del Maule”. El sillón estaba ocupado por el senador Juan Antonio Coloma, el presidente de la UDI. Después desechó esa opción y optó por tomar la vacante dejada por Sergio Romero (RN) y con ello amenazó seriamente las posibilidades de Marcelo Forni, quien hace un par de años venía trabajando en la circunscripción. La guerra quedó declarada.

Pero las cosas pasaron a mayores cuando el comando de Lily Pérez realizó un trabajo para sumar apoyos de la UDI en la zona. Uno de ellos es el ex alcalde de Calle Larga. La otra es la concejala por La Calera Margarita Osorio, la misma que juró vestida de comando y protagonizó la pelea a golpes y escupos en el acto de Piñera. Osorio es uno de los siete concejales UDI de la circunscripción que están trabajando activamente por la candidata RN.

Desde el comando de Forni acusan “arrogancia, deslealtad y prepotencia” por parte de Lily Pérez. Desde el comando de ésta última responden: “(él) usa un lenguaje muy violento donde siempre busca atacarla y se refiere en forma muy despectiva a ella”.

La disputa ha trascendido al espacio público. A mediados de octubre, cuando ella anunció que renunciaba a su dieta parlamentaria, él retrucó: “Debería haber renunciado a su dieta desde el momento en que dejó botado el distrito del Maule el 17 de marzo. Fue entonces cuando dejó de hacer su pega”.

Una semana antes, en un debate organizado por El Mercurio de Valparaíso, Forni advirtió que “los problemas se están dando al interior de las coaliciones” y sacó a relucir actos de violencia protagonizados por RN en la campaña de 2001, donde murió un brigadista. De vuelta, Pérez replicó: “A mí me rompen mucha propaganda y también he sido víctima de agresiones, pero no ando lloriqueando porque ese no es mi estilo”.

Lo de andar “lloriqueando” obedecía a la queja formulada por el jefe de campaña de Forni ante lo que consideró un trato injusto y desleal por parte del comando de Piñera en la gira que éste realizó en agosto. El problema no había sido sólo la pelea a golpes en la plaza de La Calera. Tampoco los empujones y codazos para que uno u otro candidato no apareciera en las fotos con Piñera. A entender de la UDI, el comando del presidenciable hizo todo lo posible para favorecer a la candidata al senado de RN.

Pero en su descargo ella no sólo acusó a su compañero de lista de andar “lloriqueando”. En el mismo debate organizado por El Mercurio de Valparaíso, Lily Pérez le comunicó a Marcelo Forni: “Lo hemos conversado con Sebastián Piñera y los perdedores no van a tener espacio en nuestro equipo; no hay premios de consuelo”.

MARCELO VERSUS MARCELO

Al mediodía del sábado 24 de agosto, bajo un sol asfixiante, Nelson Ávila recorre la feria El Belloto de Quilpué. Su presencia no ha despertado gran interés ni alboroto. Acompañado por un puñado de adherentes con aspecto de estudiantes de preuniversitario y una concejala local de su partido, quien lo presenta ante algunos de los locatarios, es saludado con respeto y cortesía, tal vez con algo de curiosidad. Una foto por aquí, una sincera muestra de apoyo por allá. Ávila es figura nacional pero en esta plaza muestra una adhesión que debiera ser motivo de inquietud.

Quilpué pertenece al distrito que definirá la elección en la circunscripción Quinta Cordillera. En conjunto con Villa Alemana, Limache y Olmué, representa más del cincuenta por ciento del total de los votos en disputa. En los comandos coinciden en que quien se imponga en este distrito tiene asegurada la elección al Senado.

Por eso, a tres semanas de iniciarse el plazo legal para el inicio de la campaña, en estas cuatro comunas del distrito 12 casi no hay poste que no exhiba la sonrisa de algún candidato. De allí que Marcelo Forni, que en las encuestas internas figura bajo su compañera de lista, decidiera privilegiar el trabajo en esta zona en lo que resta de campaña. Y por lo mismo, al día siguiente que Ávila se pasee por la feria de El Belloto, Ignacio Walker -acompañado por el candidato a diputado del PS Marcelo Schilling- llegará a Limache para hacer puerta a puerta y aparecerse por la feria municipal Andrés Bello.

Pero el distrito 12 tiene otro elemento distintivo. Es el único de la circunscripción donde la lista Nueva Mayoría tiene posibilidades reales de obtener un diputado. Su representante es el antiguo intendente de Santiago y ex democratacristiano Marcelo Trivelli, quien trabaja duramente y a tiempo completo para imponerse al candidato del Partido Socialista, su más directo competidor.

Marcelo Schilling fue designado por el PS para asumir el puesto dejado por el fallecido diputado Juan Bustos. No le ha sido fácil heredar el fuerte arrastre de su antecesor. El partido quedó dividido tras la frustrada candidatura de César Barra, ex secretario político regional, y su despliegue publicitario hasta ahora es reducido en comparación a otros candidatos. Su campaña está basada en el eslogan “comunidad inteligente” y la mayoría de sus afiches, en vez privilegiar su rostro, tienen de emblema a una hormiga acarreando una hoja.

En cambio, el contendor de Schilling explota su rostro en primer plano y un eslogan que no da lugar a dobles lecturas: “Hola, Trivelli!!”. Aprovechando la ausencia de un candidato DC, el ex intendente de Santiago ha copado este espacio con un discurso centrado en la defensa de los valores cristianos y el combate a la delincuencia. Es frecuente que en terreno se haga acompañar por su esposa, la ex secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad, Andrea Zondek, y que saque a relucir su paso por el servicio militar.

En la derecha el panorama parece estar definido a favor de Amelia Herrera. La diputada RN cuenta con una amplia popularidad y no parece haber sido afectada por el juicio por estafa y cohecho que la mantuvo alejada del Congreso durante gran parte del mandato. En primera instancia resultó condenada, pero luego la Corte Suprema anuló la sentencia y en un segundo juicio fue declarada inocente. Al respecto, en su periódico de campaña se lee lo siguiente: “La confabulación en contra de ella fue horrorosa, conoció la miseria humana que no tiene que ver sólo con el dinero, sino con la pobreza espiritual, la política sucia de quienes sólo quieren el poder por el poder”.

La apreciación es compartida por decenas de simpatizantes que se acercan a saludarla en el recorrido que hace por la feria El Belloto de Quilpue, en paralelo a Nelson Ávila. Le manifiestan su solidaridad y apoyo por “la injusticia” vivida. La animan a seguir luchando, la felicitan. Amelia Herrera fue alcaldesa de Quilpue y es madre de Arturo Longton, estrella de realities, lo que contribuye a incrementar su popularidad: no sólo se le acercan los adherentes con aspecto de estudiantes de preuniversitario que acompañan a Nelson Ávila, con quienes se fotografía, sino también un ciego que de alguna forma la ha reconocido a la distancia.

Tras observar esta última escena, uno de los asesores de Amelia Herrera señala que la campaña de la diputada RN recién empieza y que en los próximos días comenzarán a desplegar la totalidad de la publicidad callejera. Lo que han instalado ha sido destruido por la UDI, se queja.

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Tal como ocurre en el caso de los candidatos presidenciales de ese mismo año, el registro de platas de la mencionada elección parlamentaria, aunque impresionante por su extensión -sólo el de ingresos cabe en una planilla en formato Excel de 20 columnas y más de cinco mil filas [link]-, arroja más dudas que certezas. Pese a que el manual de rendición de ingresos electorales en teoría apunta a develar el viejo misterio de quién financia a los políticos, muy pocos benefactores se atreven a revelar su identidad, ya sean personas o empresas, con nombre, apellido y RUT.

Las reglas para declarar dineros de campaña incluyen trece formas distintas de catalogar los ingresos. De ellas, sólo una, llamada “aportes privados de carácter público” o “aportes públicos”, implican que el candidato identifique a los donantes en forma precisa. Eso sería lo más cercano a derribar el tabú, porque el resto de los dineros que entran sólo se clasifican como aportes del partido político del candidato; préstamos o comodatos de vehículos o inmuebles por parte de terceros; créditos o intereses de los mismos contraídos con la banca; anticipos, reembolsos, y los masivos aportes reservados y anónimos.

De los 120 diputados que hoy se sientan en la Cámara, apenas 49 declararon entre sus ingresos al menos un “aporte público” el 2005. Buena parte de ellos incluyeron bajo esa glosa préstamos de vehículos y otros enseres, otros “confesaron” que hubo parientes o amigos que les aportaron dinero, y muy pocos indicaron que hubo personas o empresas ajenas a ellos que los financiaron.

Los financistas de los 71 diputados restantes optaron por no entregar tanta información (ver listado). Los parlamentarios se limitaron a declarar que su campaña se financió con platas de sus partidos, créditos, reembolsos, muchísimos aportes reservados o anónimos y una nada despreciable dosis de “trabajo voluntario”. Precisamente, una de las particularidades de la ley es que les permite a los candidatos registrar como ingreso hasta la labor de desinteresados brigadistas que supuestamente trabajan gratis, con tal de que el postulante lo “valorice” como mejor estime. Desde esta perspectiva, una mirada a muchas de las plantillas de ingresos podría explicar por qué, al final, las cuentas –ingresos versus gastos- siempre cuadran.

Muy pocas empresas “grandes” muestran sus cartas

Así y todo, los detalles de los ingresos arrojan por primera vez empresas conocidas que habrían aceptado ser mencionadas como financistas de la campaña parlamentaria 2005. Tres destacan. Una es Córpora Tres Montes S.A., dueña de Lucchetti y vinculada al grupo Ibáñez. Uno de los beneficiados fue un miembro de esta última familia: el entonces diputado Gonzalo Ibáñez (UDI). Aunque perdió la reelección, declaró haber recibido $ 7 millones de Córpora Tres Montes. Poco en contraste con los $54 millones que dijo haber puesto él mismo.

Córpora Tres Montes también registra el mayor “aporte público” hecho por una empresa: el senador RN Andrés Allamand declaró haber recibido de la misma empresa $20 millones. Algo que podría entenderse a partir de la cercanía de algunos miembros de del clan Ibáñez con el histórico dirigente opositor, quien tras su regreso a Chile luego de su “travesía por el desierto”, se instaló en otro de los estandartes de la familia: la Universidad Adolfo Ibáñez, donde llegó a ser Decano de la Escuela de Gobierno. Lo sabroso del asunto fue que su fichaje académico provocó más de algún roce entre el diputado Gonzalo Ibáñez -a quien no le gustó la aparición de Allamand- y sus parientes.

Aunque con montos menores, hubo otras empresas conocidas que quedaron registradas como donantes. La Isapre Colmena Golden Cross S.A., por ejemplo, figura aportando $2 millones a la campaña de la hoy diputada Denise Pascal (PS), menos de un mes antes de la elección. Ese fue el único “aporte público” que declaró Pascal.

Cerrando la breve lista –y registrando un aporte aún menor- se encuentra Echeverría Izquierdo Ingeniería: $800 mil para la campaña del diputado PPD Patricio Hales, según lo indicó este último.

Fuera de esta nómina, el resto de empresas mencionadas corresponden a sociedades menos conocidas. No pocas están vinculadas de uno u otro modo a los mismos candidatos, lo que refleja otro aspecto interesante de estas rendiciones: la tendencia a declarar como ingresos –y no como gastos- dinero o bienes propios, de la respectiva familia o de su mismo equipo de campaña. Son sólo algunos de los bocadillos que arrojan los datos del Servel.

La familia, los amigos y el bolsillo propio

Son muchos los diputados que dijeron haberse metido la mano al bolsillo y lo declararon como ingreso. Entre ellos figura la diputada Carolina Goic (DC), que en su rendición incluyó el usufructuo de su propio vehículo para ser usado en la campaña, lo que valorizó en $ 1.500.000. Algo similar hizo el también falangista Eduardo Saffirio, al estimar el uso que le dio a su propia camioneta como un insumo de $2.250.000. Lo mismo hizo Patricio Walker (DC) con una camioneta y un jeep suyos, cuyo uso tasó en $1.600.000.

Otros recurrieron a la familia. El RN Joaquín Godoy –que hoy postula a la reelección – declaró muy pocos ingresos plenamente identificados. Uno de ellos fue lo que declaró como un aporte de su madre, la entonces también diputada RN Carmen Ibáñez: como le permitió usar su sede parlamentaria para la campaña, entonces Godoy estimó que eran $ 600 mil más a favor. Lo que no se dice, es si dicha sede era pagada con la asignación parlamentaria de la diputada.

Un poco más de ayuda familiar dijo haber recibido la RN Ximena Valcarce. Declaró que su padre, el polémico ex alcalde de Arica Carlos Valcarce, le entregó $720 mil, más un vehículo valorizado en $300 mil. La diputada también declaró haber recibido $4.521.980 de la empresa Enfasis Publicidad Visual Limitada, que opera en el norte del país postulando a contratos y licitaciones.

Descontando una donación de la UDI por $ 2 millones, el diputado de ese mismo partido Marcelo Forni sólo declara un aporte público proveniente de privados: el comodato de un letrero caminero de la empresa Publivía S.A., por $600 mil. Fuera de ello, Forni documentó ingresos por un total de $51.299.510.

Una lógica distinta aplicó el UDI Darío Paya para los donantes que identificó. En vez de pedirle dinero a los suyos, registró como un ingreso de $900 mil el uso en comodato de la camioneta de su entonces jefa de campaña, Carol Bown Sepúlveda. Esta última fue después candidata a alcaldesa por Quilicura y es hija del presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Ronald Bown. Paya no declaró ningún otro tipo de aporte “público”.

Otros diputados fueron más allá, al anotar como ingresos ya no sólo aportes de sus cercanos, sino dinero en efectivo que colocaron ellos mismos: muchos figuran entregando parte de su dieta parlamentaria o liquidaciones de sueldo. Un ejemplo es Claudia Nogueira (UDI), hoy investigada por irregularidades en el manejo de sus gastos parlamentarios y cuyo marido, Gonzalo Cornejo, no fue a la reelección como alcalde de Recoleta por su rol en el bullado caso GMA. La diputada dijo haberse aportado a sí misma poco más de $10 millones. Pero también declaró como ingreso una suma de $21.745.000 lo que calificó como “trabajo de voluntarios” en su campaña.

Nicolás Monckeberg (RN), por ejemplo, no anotó ningún aporte de terceros con nombre y apellido, pero declaró haberse “donado” a sí mismo $3 millones. Claro que eso es una cifra pequeña al lado de los “aportes reservados” que recibió y que alcanzaron a $45.517.442.

Reservados y anónimos

Es precisamente bajo el rótulo de aportes “reservados” donde se encuentra registrado el grueso de los ingresos de las campañas del 2005: nadie sabe quién puso cuánto y a quién. Corresponde a dineros canalizados a través del Servicio Electoral, y que en las planillas aparecen muchas veces agrupadas bajo una cifra global. Es decir, en el papel no hay límites. La diputada Marcela Cubillos (UDI), por ejemplo, declaró haber recibido en forma reservada $80.248.768, y no identificó a ninguno de sus financistas, descontando los fondos provenientes de su mismo partido.

Otro caso es el ex diputado RN Maximiano Errázuriz, expulsado de su partido, cuestionado e investigado por la Contraloría y el Ministerio Público a raíz de gruesas irregularidades en sus sedes distritales. En su momento sólo declaró tres aportes: uno propio por algo más de $1 millón, un reembolso solicitado por poco más de $ 30 millones, y un solitario aporte reservado de $69.055.473. A diferencia de la gran mayoría de los casos, en su planilla no se especifica la fecha ni otros detalles de ninguno de sus ingresos.

Varios diputados que prefirieron dejar en el anonimato a sus financistas no sólo anotaron aportes “reservados” sino que también “anónimos”. La diferencia es que estos últimos sólo son en dinero y en conjunto no pueden superar el 20% del límite de gastos; además, cada uno de los “aportes anónimos” tiene un límite de 20 UF.

El resultado fue que varios parlamentarios ingresaron estos dineros sin remitente al límite de la norma, armando extensas listas de aportes, todos por el mismo monto. El diputado Roberto Sepúlveda (RN), por ejemplo –quien no identificó a ninguno de sus financistas-, fue casi simétrico: declaró 100 “anónimos” por $100 mil y otros 72 por $200 mil, hasta completar $24.400.000 por esa vía.

Otro diputado cuyos ingresos se mantuvieron en la discreción máxima fue Rodrigo González (PPD), quien salvó de ser procesado en el juicio por los “empleos brujos” de la Quinta Región. Los aportes anónimos y reservados que declaró alcanzan a $57.274.081.

Y aunque las normas estaban claras, hubo quienes las pasaron por alto. No resultó electo, pero el ex diputado y actual subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros (DC), declaró un “aporte anónimo” por $3.774.780, sobre el cual no entrega ninguna fecha. Como ya se dijo, el monto excede lo permitido para ese tipo de ingresos: 20 UF. Al 1 de diciembre del 2005, 20 UF eran $359.520

De compromisos y apuestas fallidas

Entre los ingresos de los candidatos también pesaron, en algunos casos, lo que puso cada partido: eso refleja qué tan fuerte se apostó por tal o cual abanderado. Los que recibieron “poco” registraron aportes de su colectividad por 1 ó 2 millones, cifra notoriamente superior en otros casos. Claro que no siempre los gestos se devuelven.

Así pasó, por ejemplo, con el diputado Eduardo Díaz (PRI). Ex UDI, ex DC, ex independiente y hoy militante del partido de Adolfo Zaldívar, el 2005 fue electo por la DC. Los entonces dirigentes de la Falange probablemente habrían reconsiderado la decisión de donarle $12 millones a su campaña si hubiesen sabido lo que venía después. Díaz declaró además, haberse aportado poco más de $10 millones, a lo que sumó el uso de una camioneta suya, avaluado en $1.350.000.

¿Dirá lo mismo el senador Guido Girardi del actor y diputado Álvaro Escobar? Este último fue electo por el PPD, pero luego renunció criticando duramente a sus dirigentes, entre ellos al polémico Girardi. Resulta que este último le aportó a la campaña de Escobar $525 mil para financiar un evento en Cerro Navia, según señalan las planillas de ingresos. El diputado, que hoy apoya entusiastamente a Marco Enríquez-Ominami, también declaró como aporte el uso del vehículo de su pareja, Paulina Aguilar.

Pese a que el hoy subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete (PRSD) perdió la elección en el 2005, su partido no parecía tenerle poca fe, pues le aportó $33 millones.

Algo parecido ocurrió con Sergio Espejo (DC). Antes de llegar al Ministerio de Transportes para inaugurar el Transantiago –cuyo fracaso le costó la salida del cargo- postuló a la Cámara el 2005. Aunque perdió, la Democracia Cristiana de todas formas le aportó $15 millones.

También perdió, pero el hoy presidente del Metro y yerno del ministro Edmundo Pérez Yoma, Clemente Pérez (DC), estuvo a punto de romper el doblaje RN-UDI en Las Condes el 2005. Entre sus donantes identificó a Alwyin Abogados Ltda con $500 mil y a Inversiones y Desarrollo Alfil Limitada con $300 mil. Esta última cuenta entre sus socios al ingeniero civil Luis Elías Arze Cyr, quien fue director de la sanitaria Esval durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Pero si de donaciones políticas y compromisos se trata, uno de los casos más curiosos es el del diputado Gabriel Silber (DC). De partida, es casi el único que identifica a la mayoría de sus financistas: 8 de 12 de los ingresos que certificó. Segundo, la mayoría eran funcionarios públicos o lo serían poco después de la elección, partiendo por su madre y entonces alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo, que le donó $8 millones.

En tanto, Alejandro Smythe Etcheber, que fue director de la Conama Metropolitana entre enero de 2006 y marzo de este año, le entregó a Silber $ 2 millones. La misma cifra le aportó Isidoro Guitilitz Assael, gobernador provincial de Chacabuco entre junio de 2008 y enero de este año. Con el mismo monto se puso Marcel Méndez, entonces administrador municipal de Quilicura. El mismo Silber se aportó $ 3 millones.

Pero Silber además declaró haber recibido $18 millones de la empresa Aridos Quintay S.A. Lo curioso es que dicha empresa tuvo posteriormente numerosos problemas con el mismo municipio de Quilicura y con la Conama –en la época que Smythe estaba en el cargo- a raíz de diversas irregularidades e infracciones ambientales que culminaron cuando la Corema Metropolitana sancionó a la empresa en enero de 2008, ordenando la paralización de obras de su proyecto “Regularización de áridos cantera Cerro Portezuelo y Planta de Procesamiento”.

Lea más sobre las prácticas del Senado que reveló está respuesta, AQUI.

En total, cada senador dispone al año de más de $70 millones para pagar los gastos en el rubro oficina. Por ello, el control sobre cómo se utilizan esos dineros es lo que interesa. Si se analizan los datos disponibles en la página web del Senado, entre marzo y julio de este año poco más de $800 millones del total fue cancelado directamente por el Departamento de Finanzas del Senado a los destinatarios que cada senador identificó previamente. El resto, más de $300 millones, fueron reembolsados a los parlamentarios sin exigir comprobantes.

Los desembolsos hechos por la Corporación se refieren mayoritariamente a arriendos y sueldos del personal. En cuanto al dinero reembolsado directamente a los senadores, no se sabe con certeza a qué corresponde.

Según se desprende de entrevistas sostenidas con senadores de todos los sectores, al menos una parte de ese dinero es ocupado en donaciones a particulares u organizaciones de sus circunscripciones. Pero el sistema cambió el 12 de agosto pasado, cuando se anunciaron modificaciones a las asignaciones parlamentarias (VER RECUADRO). Lo que se hizo, entre otras cosas, fue regularizar este tipo de gastos estableciendo un fondo especial de “apoyo a organizaciones sociales”, el que deberá acreditarse con un comprobante o recibo.

Así se formalizó algo que, en palabras del senador socialista Jaime Gazmuri, “son prácticas muy consuetudinarias que estaban establecidas como posibles”. Pero en los hechos, esas donaciones no tienen ninguna relación con el funcionamiento de oficinas parlamentarias, ítem desde donde obtenían los fondos.

Las modificaciones a las asignaciones parlamentarias se iniciaron inmediatamente después del polémico capítulo de Informe Especial de TVN que reveló irregularidades en las sedes de distintos diputados y que tiene a varios de ellos bajo la mira de la Fiscalía de Valparaíso. El programa se emitió el 6 de junio pasado y 11 días más tarde la Comisión de Régimen Interior del Senado decidía los primeros cambios al sistema de fiscalización de los gastos de los parlamentarios.

-Por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en sesión de 17 de junio de 2009, las rendiciones de gastos de los señores senadores se deben enviar al Departamento de Finanzas, desde agosto de este año, acompañadas de los respectivos comprobantes, salvo un monto mínimo destinado a gastos menores. Hasta esa fecha, los comprobantes quedaban en poder de los señores senadores, pero a disposición, para ser revisados si se estimaba conveniente- explicó la subjefe de informaciones del Senado, María Eliana Peña, en su respuesta a la solicitud de información pública hecha por CIPER.

El Senado no especificó cuántas veces se había revisado los comprobantes de los pagos, pero en una ronda de consultas con diversos parlamentarios, ninguno reconoció haber sido requerido por ese motivo. Sólo el senador Jaime Naranjo (PS) dijo que creía recordar que alguna vez le habían pedido los contratos de arriendo de sus sedes porque había habido un cambio de dirección, pero no estaba seguro. En la práctica, hasta julio, el sistema se basaba en la confianza y buena fe de los senadores.

A Roberto Muñoz Barra (ex PPD) nunca le han pedido acreditar nada, pero dice andar “más o menos con una bolsa para guardar las boletas”. Como integrante de la comisión de Régimen Interior, justifica así los cambios adoptados:

-El cambio lo acordamos en junio y fue por los casos que se conocieron públicamente en que algunos miembros de la Cámara de Diputados arrendaban como oficinas inmuebles que no cumplían con un criterio de transparencia, como casas particulares u oficinas donde funcionaban abogados. Con la modificación, a partir de agosto, esto se regula mejor, porque hay que especificar bien en el contrato la ubicación física del inmueble que se arrienda y su uso exclusivo como oficina del parlamentario. Ahora hay una rigurosidad más estricta para evitar interpretaciones que permitan gastos en que no hay claridad.

Su compañero de comisión, Jaime Naranjo, lo desmiente. Asegura que la decisión nada tuvo que ver con la polémica de la Cámara de Diputados y que la única motivación fue la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en abril pasado. “Ahora los datos deben hacerse públicos todos los meses, entonces es mejor para el sistema entregarlos antes y centralizarlos”, dice.

Efectos inmediatos

Una revisión detallada de la información divulgada por el Senado en su página web, muestra que en los últimos dos meses –después del cambio en la fiscalización anunciado en junio e implementado a partir de agosto-, algunos parlamentarios disminuyeron sus gastos a rendir y aumentaron aquellos pagados directamente por la Corporación.

Por ejemplo, el senador Jorge Pizarro (DC) utilizó el fondo a rendir entre marzo y junio por montos que oscilaban entre $2,7 millones y $3 millones. En julio, en cambio, sólo usó $652 mil; y en agosto $702 mil. Ahora aumentó los pagos hechos por el Senado, pero en la suma y resta mantuvo su gasto global. “Es por el cambio y por un cierto ordenamiento nuevo en las oficinas que me permita ir rindiendo todos los gastos. A la gente que trabaja en las cuatro oficinas que tengo en la región le ha costado acostumbrarse al sistema, el que cambió completamente”, admite Pizarro.

Otro senador que redistribuyó sus pagos en el ítem oficina, es Sergio Romero (RN), quien atribuyó el traspaso desde gastos a rendir a pago directo “a un asunto de orden interno”.

Muy distinta es la situación del senador Jorge Arancibia (UDI), quien no contestó los llamados de CIPER. Entre marzo y julio pidió reembolsos por $2.500.000 mensuales. La cifra es redonda e idéntica cada mes. Algo que no ocurre con ninguno de sus colegas, pues se trata de gastos variables. Sin embargo, en agosto sólo pidió al Departamento de Finanzas del Senado que le devolvieran una décima parte de lo habitual. Simplemente sus gastos bajaron en más de $2 millones tras la exigencia de entregar comprobantes.

El parlamentario con la mayor proporción de gastos reembolsables es Hosain Sabag (DC). Cada mes, utiliza más de $5,5 millones por esa vía. La exigencia de comprobantes no parece haberlo afectado: en agosto incluso aumentó sus pagos.

El segundo lugar en ese ranking, lo ocupa el senador Eduardo Frei (DC), cuyos gastos a rendir oscilaron entre $3,4 millones y $4,1 millones entre marzo y julio. Sus gastos de oficina no bajaron pese a que ha disminuido su actividad parlamentaria por la campaña presidencial. En el programa Tolerancia Cero reconoció que ya no asiste a comisiones y sólo participa del trabajo de sala, donde tiene el 75% de asistencia. “Soy candidato presidencial y tengo que hacer el trabajo, no puedo estar en el Senado y también ser candidato”, dijo ante las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su gasto total en oficinas –incluyendo lo que desembolsa directamente el Senado- se ha mantenido entre los $5 millones y $6 millones. Sólo sus gastos reembolsables cayeron a la mitad en agosto, pero se compensaron por la otra vía.

Jaime Naranjo es el único senador que todos los meses gasta exactamente el 100% del ítem para gastos de oficina. Según explica, esto se debe a que todos los meses se pasa del límite. Los pagos por ese concepto de Andrés Allamand (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) varían todos los meses, pero la suma publicada en la página web del Senado calza exactamente con el total asignado. Antonio Horwath (RN), Alberto Espina (RN), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jaime Gazmuri (PS), Carlos Ominami (ex PS) y Guido Girardi (PPD) han gastado por sobre el límite entre marzo y agosto, pero pueden compensarlo en los meses siguientes, ya que se trata de un ítem acumulativo.

Aunque en teoría hasta julio pasado a los senadores les estaba permitido ocupar el monto total de este ítem por la vía de reembolsos, un asesor parlamentario comenta que son pocos los que tienen las espaldas financieras para sacar todo el dinero de su bolsillo mientras esperan que les sea devuelto. Por eso, la mayoría opta por que la corporación pague los gastos fijos, como arriendos y salarios. Y cuatro senadores tienen el 100% de sus gastos desembolsados directamente por el Senado. No rinden ni un peso. Ellos son Andrés Alamand (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Adolfo Zaldívar (PRI).

De gasto de oficina a donaciones particulares

En una breve conversación telefónica, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mostró molesta con la nueva fórmula que ahora la obligará a entregar los comprobantes para que le sea reembolsado el dinero. Sus gastos a rendir entre marzo y mayo fueron mucho menores que el promedio de sus colegas -$400 mil a mes-, pero desaparecieron en julio y agosto, después del anuncio de que se exigiría rendirlos con comprobantes.

-Lo que pasa es que yo hago muchos regalos a gente de escasos recursos que me pide porque está en problemas. A veces doy $10 mil para alguien que está enfermo, otras veces $14 mil para otra cosa similar. Y no estoy acostumbrada a estar pidiendo boletas o haciendo que esas personas, que están en un problema, me firmen un vale. Lo encuentro asqueroso, feo. Yo no lo hago. Así que como no tengo las boletas, no rindo esa plata no más. Ahora la pierdo. Al final, la pago yo -dijo Matthei.

Para todos los senadores consultados, el donar parte de las asignaciones para gastos de oficinas es algo natural. Entre los ejemplos que a juicio de los parlamentarios justifican estos desembolsos mencionaron la compra de premios para bingos de beneficencia, remedios para enfermos, mantención de instalaciones de comités de agua potable rural, arreglos de sedes sociales, pasajes y ayuda para clubes deportivos, de rodeo u organizaciones estudiantiles.

-No es que gastemos plata del presupuesto del Senado, forma parte del gasto de representación y de las oficinas que uno tiene instaladas. Me parece bien que existan las normas y transparencia, pero la exigencia de la gente respecto de los parlamentarios es muy alta. Es una mezcla de acción social. La gente entiende que uno es su representante y tiene que ayudar -argumenta Jorge Pizarro.

Un abogado experto en administración pública discrepa. Y asegura que aunque se trate de una práctica generalizada y habitual entre los parlamentarios, raya en la ilegalidad. Esto, debido a que el artículo 236 del Código Penal establece que no se pueden destinar recursos para fines diferentes a los legalmente establecidos. En este caso, gastos para oficinas que terminan como donaciones a particulares. Y precisó que el Congreso tiene autonomía presupuestaria, pero el dinero debiera destinarse a lo que los propios senadores establecieron con anterioridad.

Los cambios anunciados el 12 de agosto pasado al menos regularizan la situación, al incluir un ítem de $200 mil pesos mensuales para “apoyo a organizaciones” sociales, los que deberán justificarse mediante un documento que acredite quién lo recibió y con qué fin. Un monto similar podrá destinarse a pagos menores que no requieren de respaldo de recibos o boletas.

A juicio del senador Gazmuri, el nuevo fondo debería ser suficiente para lo que él llama “aportes específicos en situaciones de emergencia social”.

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La Ley 19.886 detalla quienes no pueden “suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”. Y añade: “Las mismas prohibiciones del inciso anterior se
aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso”.

Respecto a los casos excepcionales, señala el mecanismo: “Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.”

En su respuesta a CIPER, el Senado señala que no se han conocido antecedentes vinculados al caso anterior. Además, aclara que “estas disposiciones aluden a contratos administrativos, por lo que no se aplican a los contratos de trabajo y prestación de servicios a honorarios, regidos por el Derecho del Trabajo y el Derecho Civil, respectivamente, que celebran los señores senadores con su personal y que figuran en nuestro portal institucional en Internet”.

De acuerdo a esta interpretación, la norma sólo rige para los contratos hechos por el Senado y no por aquellos suscritos por los senadores con dineros entregados por la institución. Eso explica por qué, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro no tuvo que justificar la contratación de su hermano Julio como asesor previsional. O por qué el senador Mariano Ruiz-Esquide no debió notificar a la comisión de Ética que su hija María era su jefa de gabinete.

Ante la misma consulta, la Cámara de Diputados entregó una interpretación muy diferente. Luego de la entrada en vigencia de la ley descrita anteriormente, la Comisión de Conducta de la Cámara Baja autorizó la contratación de dieciocho familiares de diputados, previa entrega de los antecedentes que fundan las “circunstancias excepcionales”.

Sin embargo, no fue posible conocer cuáles fueron esos fundamentos, se negó el acceso a la información. En su respuesta, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, explicó que la resolución es previa a la vigencia de la Ley de Transparencia y al amparo de la reserva establecida en el Código de Conductas parlamentarias.

El mismo día en que la Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisaba una apelación de CIPER para hacer públicas las leyes secretas del régimen militar, el presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, anunció que se aceleraría la tramitación de un proyecto que permite desclasificar dichas normas. Mientras, la Contraloría analiza una solicitud de los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro que busca interpretar la actual legislación para publicar automáticamente las leyes secretas. El ente contralor estudia además dar publicidad a los decretos reservados. Si alguna de estas iniciativas funciona, podrían conocerse los documentos que el Senado y la Contraloría guardan en sus respectivas cajas fuertes y cuya publicidad ha fracasado en repetidas oportunidades en los últimos 30 años.
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Desde que entró en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER ha presentado más de de medio centenar de solicitudes de acceso de información pública. La mayoría de las reparticiones se toman los 20 días hábiles legales para responder, pero el Senado fue uno de los más veloces: sólo seis días tardó en negar acceso a las leyes secretas dictadas durante el régimen militar. Ante la respuesta, CIPER apeló a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, que sesionó esta semana y enviaría su deliberación en los próximos días.

La misma jornada en que la instancia parlamentaria se reunió a analizar la solicitud, el senador Jovino Novoa anunció que pidió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia que acelerara la discusión de un proyecto de ley que levanta el secreto de dichos cuerpos legales. Según dijo a La Tercera, es una de las últimas tareas pendientes en cuanto a transparencia.

Una semana después de la primera solicitud hecha por CIPER al Senado, los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro hicieron una presentación ante la Contraloría General de la República requiriendo “fiscalización e informe” respecto a la legalidad de mantener como secretas la leyes dictadas entre 1973 y 1990. El argumento de los senadores es que se requería una ley de quórum calificado para levantar el secreto y que la Ley de Transparencia se transforma en forma tácita en el cuerpo legal que deroga el carácter secreto,  “pues esa ley de quórum calificado viene a regir la transparencia de los órganos del Estado”.

Si bien la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar a un poder autónomo constitucional como el Legislativo, sí puede interpretar las leyes en cuestiones administrativas, por lo que actualmente se encuentra analizando si corresponde emitir una opinión jurídica. Sin embargo, en el entorno del contralor Ramiro Mendoza comentan que, conociendo su estilo, es altamente probable que tras el anuncio de Jovino Novoa se espere el avance legislativo antes de pronunciarse, de modo de no interferir en el trabajo del Senado.

La solicitud de los dos senadores no es la única que analizan en este momento. También recibieron una petición del Museo de la Memoria para que la Contraloría desclasifique aquellos documentos de caracter reservado que mantiene guardados en sus archivos.

En poder de la Contraloría se encuentran actualmente cientos de decretos caratulados como reservados. Compaginados en gruesos tomos empastados de color rojo, quienes los han visto relatan que éstos se encuentran en una caja fuerte ubicada en una oficina contigua al despacho del contralor Ramiro Mendoza. Una clave secreta los resguarda. Nueve de los volúmenes corresponden a decretos firmados durante el régimen militar. El décimo comienza en ese período, en 1988, pero termina en 1997, en plena democracia. Estos últimos serían relativos a materias de seguridad nacional.

Fuentes del ente contralor señalan que en términos generales, el espíritu del organismo es mantener la menor cantidad posible de documentos bajo el carácter de secreto o reservado, limitándose exclusivamente a aquellos que correspondan por ley, como por ejemplo los que afecten la seguridad nacional.

Las exigencias de mayor transparencia acordes a los nuevos tiempos y la vigencia de la Ley de Acceso a la Información podrían permitir que todos aquellos documentos salieran a la luz pública y ayudaran a reconstruir las decisiones administrativas de la Junta de Gobierno y del ex presidente Augusto Pinochet. (Ver recuadro)

Las polémicas leyes secretas

Pese a la negativa del Senado de dar a conocer las leyes secretas (vea la solicitud de CIPER y la respuesta del Secretario del Senado), invocamos el principio de divisibilidad establecido en la nueva Ley de Transparencia y el secretario del Senado, Carlos Hoffmann, acogió la solicitud de entregar al menos la nómina de las leyes. Nos envió un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de 1991. Éste incluye el primer estudio oficial sobre las leyes reservadas del régimen militar y una lista con el nombre y número de todos estos documentos, que actualmente se encuentran guardados en la bóveda del Senado (ver listado completo).

El análisis realizado en ese momento incluye información en manos de la Contraloría (57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley) y también del Diario Oficial, que envió una nómina de159 cuerpos normativos. Éstos cumplieron con la formalidad de ser publicados, pero en ediciones restringidas y de contados ejemplares, con lo cual mantuvieron su carácter secreto. En algunos casos no se ubicó el texto de la norma y no se sabe quiénes eran los destinatarios de los ejemplares que se imprimieron. Otros fueron publicados en el Boletín Oficial del Ejército e incluso hay algunos previos a la Constitución de 1980 que no se sabe si alguna vez cumplieron con el requisito legal de ser publicados.

Por ejemplo el DL 1629 de 1976 que modifica la Ley de Movilización Nacional, que al parecer solo fue comunicado a las autoridades que debían darle cumplimiento, pese a que su sanción máxima llegaba a la pena de muerte.

La norma estuvo vigente durante 14 años y el diputado Jorge Burgos reveló el contenido del artículo 32 en la sala de la Cámara Baja en junio de 2004: “Aquellos que propalaren noticias o divulgaren secretos, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento utilizado por el Estado, de conformidad con el artículo 12, letra g) del presente decreto ley, serán penados con presidio mayor, en cualquiera de sus grados, a muerte.”

-Vamos a dejar atrás el discutible privilegio de pertenecer al club legislativo más curioso del mundo, el de los países con leyes secretas-, decía entonces Burgos, en el medio de la sesión en que se debatía un proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Ascencio que buscaba terminar con la reserva de estas leyes. Sin embargo, su tramitación se estancó en el Senado.

Gran parte de las leyes reservadas hablan de las plantas de funcionarios de las FF.AA y también de la CNI (DL Nº 2.991), pero el mismo Ascencio reveló en sala el contenido de varias otras normas secretas que llaman la atención, pues hablan de millonarias operaciones financieras:

• DL Nº 1.589, de 1976, que autorizó el traspaso de 1.017 millones de dólares de sobresueldos a gastos generales en la Armada.
• DL Nº 1.599, de 1976, que autorizó el traspaso a la Armada de 150 mil dólares desde sobresueldos a material militar policial y gastos de maniobras.
• DL Nº 2.576, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para la Fuerza Aérea de Chile.
• DL Nº 2.822, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para el Ejército.
• DL Nº 2.823, de 1979, que autorizó al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 80 millones de dólares para la Armada.
• DL Nº 3.527, de 1980, que dispone que la Tesorería General de la República asignará 50 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico.
• Ley Nº 18.090, que asigna 100 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional.
• DL Nº 3.466, de 1980, que autorizó al Presidente de la República de la época para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil 259 millones 640 mil schillings austriacos o dólares estadounidenses. Del objetivo de este decreto ley, obviamente, no existe información y eso lo ha convertido en uno de los más cuestionados.

Durante la tramitación del proyecto de Ascencio, los diputados estuvieron de acuerdo en la desclasificación. Se detectó que desde 1900 se habían dictado 205 leyes secretas, de las cuales 143 correspondían al régimen militar. Había incluso cuatro normas reservadas de 1998.

La entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aprobó la iniciativa y su subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, fue el encargado de monitorear el avance legal. Ante la Comisión de Defensa, Mackenney hizo la prevención de que había textos que se referían a “materias que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la defensa nacional”, por lo que los diputados acordaron excluir 33 leyes de la desclasificación. De aquellas que había detallado Ascencio en la sala, sólo se haría pública aquella referida a la planta de la CNI. Todas las otras, que hablan de millonarios movimientos presupuestarios para las Fuerzas Armadas, permanecerían secretas. Según testigos de la época y acorde con las fechas, esto se debería a que se referían a compras de armamentos debido a conflictos con países limítrofes.

“El proyecto pasó al Senado, donde quedó paralizada hasta hoy, porque no tuvo empuje. En la Cámara se movió por el interés de Ascencio y mío hasta donde pudimos, porque el gobierno no tenía interés en este tema, por el contrario, diría que le molestaba, que le preocupaba”, recuerda el diputado Burgos.

El proyecto de ley se dormiría para siempre en el Senado, donde otro texto de similares características ya había corrido la misma suerte en 1997.

Historia de un hallazgo

“Artículo único transitorio.- Los artículos 9°, 10 y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”. La frase final del DL 521 de 1974 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue la hebra seguida por largo tiempo por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Se trataba de un resquicio legal que permitía que esos tres artículos permanecieran secretos.

Para Garretón el descubrimiento era importante no sólo porque -como escribiría más tarde- esos tres artículo “explican el inmenso poder que tuvo la DINA y la participación en sus operativos de agentes de todos los servicios de Inteligencia”. Su persistencia le permitió descubrir algunas “joyas”, como el decreto de movilización nacional que tenía artículos secretos que incluían sanciones penales. El mismo que décadas más tarde sorprendería al diputado Burgos y cuya existencia en esa época fue negada por el entonces abogado del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez. “Era una ley penal, con delitos, que en determinados casos podía llegar hasta la pena de muerte y no estaba publicada la ley”, enfatiza Garretón.

Revisó entonces las colecciones de leyes, fue al Diario Oficial, donde descubrió que había decretos y leyes que aún no habían sido publicadas, y en la colección de la Contraloría, que resultó ser mucho más afinada. Ahí se encontró con decretos de ley reservados o confidenciales, que esta vez sí estaban rotuladas como tales. Empezó a anotar los resultados de sus pesquisas. Revisó también la información de la Corte Suprema y los índices históricos del Colegio de Abogados, donde descubrió que existían leyes secretas en democracia. Cuando en 1985 publicó un largo artículo en la revista de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, su catastro era detallado: 12 normas secretas entre 1926 y 1973; 50 entre el golpe de estado y 1980; 18 tras la vigencia de la nueva Constitución.

Su interés estaba íntimamente ligado a su rol como abogado de derechos humanos. Como en principio la DINA no tenía facultades para detener personas, quedaba la duda de si los artículos secretos de su decreto ley lo autorizaban. Comenzaron a alegar en los amparos en la corte para que se dieran a conocer las normas secretas.

-A la quinientava vez, la corte pidió al secretario certifíquese si se ha recibido (esa norma) y certificaron que sí se había recibido, pero que era secreta y no nos dieron el contenido. Nunca nos dieron el contenido, pero estaba claro y les quedó claro, para todos los que ahora dicen “yo no supe”, que sí había leyes secretas.

Nota: En la columna derecha puede descargar los documentos relativos a este reportaje y los artículos relacionados.

El surgimiento de nuevas tecnologías cambió radicalmente la forma en que se distribuye el conocimiento y la nueva Ley de Propiedad Intelectual definirá cómo se regula nuestra cultura en este nuevo escenario. No debe proteger el bolsillo de algunas empresas o de grupos de interés, sino lograr un equilibrio entre los titulares de los derechos y el resguardo del interés público.

La próxima semana volverá a la agenda legislativa el proyecto que reforma la ley de propiedad intelectual que data del lejano 1970. Esta reforma se tramita desde marzo de 2007 y tiene la particularidad de ser la primera, de las más de 6 modificaciones que se le han hecho a esta ley desde su publicación, en plantear normativamente la necesidad de establecer un equilibrio entre los intereses de los autores, de las industrias culturales y del público.

Así como a través del aumento progresivo de los plazos de protección, la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas frente a las infracciones se pretende proteger el interés de los titulares de derechos, con el establecimiento de excepciones y el fortalecimiento del dominio público se busca se resguardar el interés del público.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo.

Del análisis de nuestra ley actual resulta dramático ver el estado de las excepciones al derecho de autor. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, donde existen excepciones específicas para bibliotecas, otras que permiten la adaptación de obras a beneficio de discapacitados visuales, o excepciones que legalizan ciertos usos justos o legítimos por parte del público -como transformar un disco compacto en formato digital-, en Chile todas estas actividades son contrarias a la ley. Es por todo esto, que el mensaje presidencial que presentó este proyecto de ley al Congreso fue visto como una reforma necesaria por parte de buena parte de la comunidad de bibliotecarios, de editores y de organizaciones sociales en general, que desde hace muchos años vienen tratando de promover el tema de los derechos de autor desde el interés público en el debate político.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos, como asociaciones del software, debatieron respecto del alcance de la excepción de ingeniería reversa, que permite obtener información de un programa computacional con el fin de saber cómo funciona. Otros, estaban preocupados de la eficacia de las herramientas procesales para la persecución de los delitos derivados de la piratería. Algunos vociferaron con la necesidad de protección de los autores nacionales mientras promovían intereses un poco más espurios. De entre todos, la más insólita parece ser la posición de la Cámara Chilena del Libro, que en una postura derechamente inquietante se ha opuesto tozudamente a cada una de las excepciones que se pretenden establecer en la ley.

En este partido donde no se vislumbra aún el resultado final, el Ministerio de Cultura ha tenido una posición ambivalente. Mientras en una primera etapa de la discusión defendió con vehemencia los objetivos establecidos en el mensaje presidencial de la presidenta Bachelet, con el tiempo han ido cediendo a posiciones más acomodadas con la industria. En un principio la ministra Paulina Urrutia defendió la importancia de las excepciones en nuestro precario sistema de derechos de autor, pero meses después lograba acuerdos políticos con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) eliminando ciertas normas de control sobre sus cobros a particulares y otras que permitían el establecimiento de una regla de usos justos en la legislación chilena.

El éxito de esta reforma legislativa pasa necesariamente, entonces, por equilibrar los intereses en juego y no utilizar la ley para la protección de modelos de negocio obsoletos. Chile tiene una gran oportunidad para actualizar una ley que estuvo pensada para regular un mundo analógico, el de los libros y los fonogramas y que se hace inaplicable en un mundo digital. En la medida en la que nuestras normas de propiedad intelectual sólo piensen en la propietarización de la cultura y sólo den cabida a los intereses privados involucrados, no habrá manera en la que podemos dar un salto cualitativo hacia el desarrollo de nuestra cultura y nuestro arte.

Desde el punto de vista del interés público, la verdad es que esta ley tiene mucho que decirnos. No sólo respecto de cómo nuestros representantes en el Congreso responderán a las presiones de los poderosos grupos de interés tras una tesis maximalista de los derechos de autor. La pregunta a responder será cuál es el tipo de ley que queremos, cómo queremos regular la creatividad y la generación de cultura sobre todo ante la emergencia de estas nuevas tecnologías que suponen un cambio radical en la forma en la que distribuimos el conocimiento. Porque la ley de propiedad intelectual no tiene por objeto sólo proteger los bolsillos de determinadas empresas o los de una asociación de privilegiados, una ley de propiedad intelectual finalmente define cómo regulamos y entendemos nuestra cultura.

Hacer un documental puede tomar varios años en la vida de un director. Captar un momento histórico puede tomarle toda la vida a un camarógrafo independiente. Sin embargo, sus trabajos hoy están a punto de ser desmantelados y apropiados por los canales de televisión gracias a las modificaciones que se han hecho en el parlamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

El Movimiento Documental Chileno representado por la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC), organismo de representación gremial con ocho años de antigüedad y que hoy trabaja en acuerdo con la Asociación de Directores (ADG), ve con enorme preocupación una serie de excepciones que actualmente contempla el proyecto que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual y que nos afecta seriamente.

Se trata del llamado “derecho a cita”, es decir, el uso de extractos de obras protegidas, sin pago ni autorización explícita de sus autores, “con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor”, según explica el artículo 71B del proyecto de ley 17.336, actualmente en el Congreso. El concepto, que puede sonar perfectamente razonable para un académico que rememora brevemente los textos de otros autores en sus escritos, se vuelve particularmente alarmante para los documentalistas si consideramos una indicación introducida a esa ley por los senadores Nuñez, Ominami, Naranjo y Navarro (artículo 71P), en el que se considera que “el uso justo de las obras protegidas por el derecho de autor con el propósito de crítica, parodia, comentario, información de noticias, enseñanza, o interés académico, no constituye una infracción al derecho de autor”.

Entendemos que en 1970, cuando la actual ley fue redactada, el derecho a cita tenía sentido para textos de carácter cultural, científico o didáctico asegurando el derecho a la educación como el avance y debate de las ideas. Sin embargo, estas recientes modificaciones afectan notoriamente la normal explotación comercial de la obra audiovisual, aquello de lo que viven camarógrafos y documentalistas en Chile.

No es que estos abusos sean nuevos. Por décadas los canales de TV y otros medios de comunicación, todas empresas privadas con ánimo de lucro (o en el caso de TVN, empresa pública con obligación de autofinanciamiento) han ocupado impunemente extractos de nuestras obras sin pagar ni pedir autorización alguna. La pobre legislación que hemos tenido hasta ahora nunca fue explícita en la defensa de estos derechos de autor; en adelante, se pretende que, además, sea explícita en socavarlos.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

Ocurre en los documentales de naturaleza y en los históricos. Conseguir la imagen de la migración de un grupo de ballenas o de un grupo de huemules puede costarle años de trabajo, esfuerzo y recursos económicos a un equipo documental; las últimas palabras de un artista o líder político obtenidas en una entrevista, o la confesión en cámara de un torturador es el resultado de una larga investigación y trabajo persistente. Sin ir más lejos, es todavía invaluable el material registrado en los años ochenta por camarógrafos independientes como Pablo Salas o Raúl Cuevas, quienes arriesgaron su vida en obtener imágenes que hoy es la fuente de sus ingresos a través de la venta de su archivo.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

En el mundo de la televisión internacional se paga por esos archivos, por minuto y hasta por segundo. La protección de ese archivo es parte del patrimonio de países desarrollados, y se entiende que la titularidad de esos derechos es retribuida cuando existe un ánimo comercial de su uso. Que una ley considere que estas imágenes son meros “fragmentos” y las ponga a disposición de cualquier medio de comunicación en forma totalmente gratuita pone en peligro todo nuestro trabajo y es simplemente un situación de despojo institucionalizada.

Por cierto, en todos estos casos, esas imágenes no son meramente fragmentos: pertenecen a una obra en su totalidad.

El documental chileno ha logrado un enorme reconocimiento nacional e internacional. Como laboramos de manera independiente, nos ocupamos de una realidad que los medios de comunicación evitan y registramos temáticas, personajes, mundos y conflictos que la televisión chilena rechaza por su carácter “anticomercial”.

Ya se trate de temas polémicos que critican la impunidad del poder (“El Diario de Agustín”, “El Despojo”), de denuncia ecológica (“Ciudad de Papel”), de admiración a personajes olvidados por nuestra historia (“La Colorina”), de atención a la pérdida de nuestra identidad (“La Última Huella”) o de rescate de nuestra memoria histórica (“La Batalla de Chile”, “Actores Secundarios”, “Estadio Nacional”, etc.), todos nuestros trabajos comparten el hecho de ser realizados en forma independiente, con una dedicación que se extiende a años de paciente seguimiento e investigación, con un punto de vista claro y sólido, y que habitualmente son omitidos por los medios masivos y censurados por la televisión.

Por nuestra convicción habitualmente estamos donde la televisión no está dispuesta a ir, y sin embargo, cuando pasan los años y ese material toma valor para la televisión, es cuando se nos exige que lo entreguemos gratuitamente y sin nuestro consentimiento.

Más paradójica es la situación si lo vemos desde la perspectiva opuesta. Las estaciones de televisión tienen conciencia del valor de su archivo y cobran por él. Si un documentalista desea utilizar las imágenes que son propiedad de un canal de televisión para ocuparlo en una película documental la tarifa de ese uso sobrepasa los dos mil dólares por minuto. Eso es lo que efectivamente cobra TVN por usar un minuto de su archivo. Pero cuando TVN ofrece comprar documentales para su exhibición ofrece la misma cantidad o menos: dos mil dólares, por toda una película como máximo. Es decir, para la televisión pública el valor de un documental como “Calle Santa Fé” de Carmen Castillo u “Opus Dei, una cruzada silenciosa” de Marcela Said, por dar ejemplos recientes y confirmables, no tiene más valor que la venta de un minuto de su archivo, aunque sea éste el material de cámara de un choque registrado por prensa esta misma mañana.

No queremos que se entienda equivocadamente nuestra demanda: creemos que en el espíritu los parlamentarios pretenden legislar pensando en casos concretos como la educación pública, la sobrevivencia de medios locales y alternativos y en el libre acceso de los consumidores de Internet a contenidos culturales e informativos con el objeto de fortalecer la democracia y la libertad. Pero en este afán pueden lograr exactamente lo contrario: beneficiar finalmente a las grandes empresas y consorcios monopólicos.

Es este un enorme perjuicio que pone en riesgo todo nuestro quehacer.

Nos sentimos impotentes cuando año a año los mismos canales que nos censuran nos roban nuestro trabajo sin remuneración ni reconocimiento alguno, amparados por lo difícil y oneroso que significa llevar estos casos a tribunales y por una ley que considerará que nuestro trabajo en un bien público de uso ilimitado.

Estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por otro lado el documental es una declaración del punto de vista del autor frente la realidad. A los medios de comunicación no les importa esta postura ética, política y social presente en un trabajo artístico autoral. Les interesa el valor del fragmento en sí. De esta manera el proyecto ampara casos comunes como la utilización para prensa de un segmento de un documental sobre el alcoholismo para “ilustrar” la proliferación de “curaditos”en sus simpáticas notas dieciocheras o de imágenes de una ficción para “comentar” la infidelidad femenina.

Queremos agregar que esta la ley también consagra otra serie de excepciones que en definitiva permitirán a museos, bibliotecas y ciertos establecimientos culturales difundir y exhibir nuestro trabajo sin pagar ni pedir autorización. Es un grave problema, por ejemplo, para el documental con fines educacionales. En otros países el pago por parte de universidades es una importantísima fuente de financiamiento para el mundo documental. Además el museo moderno, histórico, se construye en base a exhibición de material audiovisual, como son los museos temáticos post Guerras Mundiales, cuyas exhibiciones son en gran medida materiales documentales. ¿Tampoco deben retribuir nuestro trabajo?

Entendemos que a la hora de legislar, los parlamentarios tienen en mente situaciones como la exhibición de un documental en una sala de clases de una escuela pública. Queremos decirles que nunca hemos prohibido algo así, y que no está en nuestro ánimo hacerlo. Por el contrario, constantemente los directores estamos dictando charlas gratuitas en innumerables aulas de clases.

Pero estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por cierto, también estamos alarmados ante la continua proliferación de sitios de internet que “gentilmente” ponen a disposición de todo público nuestros documentales y películas. El alto precio que cobran los proveedores de internet a sus consumidores va de la mano de campañas de publicidad que incentivan a “bajar lo que quieras”.

Son estos casos, habituales, comunes e injustos los que facilita este proyecto de ley. Queremos que sociedad tome conciencia que promulgar algo así significará un enorme daño para el movimiento documental en particular, y para los creadores audiovisuales en general. Pero por sobre la demanda de un sector, es este un grave daño a la construcción de la memoria audiovisual de un país.

En 1990, a propósito del desastre financiero que arrastraba TVN, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados determinó que César Antonio Santis recibió de TVN una suma que en la actualidad equivale a 1.100 millones por su trabajo de animador y un conjunto de asesorías brujas. Además, a partir de antecedentes de Contraloría, quedó al descubierto que su programa estelar Porque hoy es Sábado resultó un desastre de sintonía y dejó pérdidas que en cifras de hoy corresponden a más de 2.200 millones. Pero al igual que lo ocurrido con otros casos en que se detectaron irregularidades económicas, el nuevo gobierno democrático habría optado por negociar o hacer la vista gorda. Ahora, tras ocho años fuera de pantalla, Santis reaparece en un rol protagónico del nuevo canal de los senadores.

El nuevo canal de TV Senado, que debutó el primer día hábil de 2009, tiene cosas de qué sorprenderse. Una de ellas dice relación con el retorno a la televisión de César Antonio Santis tras ocho años fuera de pantalla. Como en los viejos tiempos en que leía noticias y animaba estelares, el conductor es figura protagónica de una señal que nació con polémica. Es la voz institucional, prepara programas propios y cada tanto su figura aparece en pantalla para decir “Qué tal amigos” y comunicar que la nueva programación tiene un “alto énfasis en la información, la cultura y la educación cívica”.

Pero lo sorprendente no es que haya retornado a la televisión. Ya se sabe: los ’80 están de vuelta. Lo que llama la atención es que Santis sea el principal rostro del Senado, en circunstancias que un informe de la Cámara de Diputados lo señaló como uno de los responsables de las irregularidades que derivaron en millonarias pérdidas para Televisión Nacional de Chile, TVN.

El nombre de Santis surgió en el contexto de una serie de anomalías ocurridas desde mediados de los ‘80 en TVN y que salieron a flote en la década siguiente. Frente a la crítica situación financiera de la estación pública, cuya deuda superaba los 7.500 millones de pesos de la época, en abril de 1990 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora sobre el conjunto de irregularidades que habría provocado el déficit.

Fue la primera comisión investigadora de la Cámara Baja que se constituyó tras el retorno a la democracia. Por lo mismo provocó mucha atención y expectativas, además de generar tensión con los militares, que mantenían al general Pinochet de comandante en jefe del Ejército. Fue entonces una comisión histórica. Entre sus integrantes hubo varios diputados que hoy son senadores: Baldo Prokurica, José García Ruminot, Pablo Longueira, Víctor Pérez y Hosain Sabag.

La comisión trabajó durante seis meses y sesionó en 16 oportunidades. Además de constituirse dos veces en TVN, recibió informes de Contraloría y testimonios de funcionarios y ex ejecutivos del canal. En ese contexto, al analizar las razones de la crisis financiera, patrimonial y de credibilidad del mismo, los diputados de gobierno y oposición se detuvieron en la responsabilidad particular que le cupo a César Antonio Santis Torrente.

ANIMADOR Y ASESOR

En enero de 1988, tras una larga permanencia en Canal 13, Santis fue contratado por TVN para que se hiciera cargo de la conducción del noticiero central y de un estelar llamado Porque hoy es sábado. Animado junto a Cecilia Bolocco, que el año anterior había sido coronada Miss Universo, el programa contó con una inversión millonaria y pretendía destronar a Mario Kreutzberger y su Sábado Gigante. El plan estaba digitado por La Moneda y apuntaba a reforzar la audiencia del canal oficialista en el año del Plebiscito que decidió la continuidad de Pinochet en el gobierno. La orden era no escatimar esfuerzos para lograr el objetivo.

Por eso se contrató a Santis y a la Bolocco. Por eso entregó premios millonarios. Y por eso también la producción de Porque hoy es sábado no tuvo escrúpulos en reclutar a don Manuel, un veterano y popular personaje de Sábado Gigante que durante años había aparecido destacado entre el público del programa de Don Francisco. Fue una guerra declarada y TVN perdió por paliza.

El estelar resultó un completo fracaso de sintonía y dejó pérdidas por $471.844.000. Hoy esa cifra equivale a más de 2.200 millones de pesos. Además Santis y Bolocco terminaron odiándose y don Manuel volvió a Sábado Gigante con la cola entre las piernas. De culto es el capítulo en que Don Francisco reta a don Manuel por haberlo traicionado. El único que ganó en esta batalla de trascendencia política fue César Antonio Santis.

Por las tareas de conductor del noticiero y animador, que realizó hasta marzo de 1989 y por un total de 14 meses, recibió honorarios por $26.814.000 y $40.221.108, respectivamente. Al día de hoy la suma de ambos sueldos corresponde a $326 millones. Pero no fue ni por el lejos el único ingreso que en esos días recibió de TVN.

En paralelo, a través de la empresa Alati Comunicaciones Ltda., el animador acordó un contrato de asesorías para sus propios programas. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en valores de hoy se trata de más de 1.100 millones que cobró a cambio de servicios que nunca fueron respaldados o justificados. El informe de la comisión investigadora, en tanto, calcula una cifra similar, aunque incorporando los pagos correspondiente al sueldo.

Las asesorías brujas fueron señaladas en un examen a las cuentas de TVN realizado en 1990. En lo que respecta a Santis, el informe final de Contraloría dice lo siguiente:

“No existe evidencia de la forma como la firma aludida prestó las asesorías contratadas. Por el contrario (…), todo el personal que trabajó en dichos programas pertenecían a la dotación estable de la empresa, o bien, fue contratado sobre la base de honorarios”.

EMPRESA FANTASMA

Entre otros aspectos anómalos, el mismo informe de Contraloría destaca que si bien Santis comprometió la asesoría de una empresa en la que no tiene participación legal, quienes aparecen cobrando los cheques son el propio animador y dos personas identificadas como Flavio y Gustavo Santis.

Citando los antecedentes proporcionados por Contraloría, el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados señala lo siguiente sobre el caso Santis:

“El director de Televisión Nacional de esa época (general Carlos Krumm, procesado actualmente por el asesinato del coronel Gerardo Huber) no sometió los controles al trámite de toma de razón ni dictó las resoluciones exigidas por las normas que el organismo contralor ha dispuesto”.

Alati Comunicaciones Ltda., la empresa de asesorías que contrató TVN por intermedio del animador, figuraba entonces a nombre del matrimonio conformado por Juan Guillermo Hurtado y Verónica Escudero Ramos. Esos nombres volverán a cobrar figuración pública unos años después.

A mediados de los ‘90, cuando Hurtado era fiscal y subdirector de la Dirección General del Crédito Prendario, DICREP, apareció vinculado al otorgamiento irregular de millonarios créditos en la también llamada ‘Tía Rica’. Entonces ese organismo público estaba bajo la dirección del abogado Guillermo Arenas, quien actualmente es investigado por las irregularidades detectadas en una licitación en que se favoreció a la empresa india Tata, mientras aquél encabezó el Registro Civil.

Consultado por CIPER acerca de las acusaciones contenidas en el informe de la comisión investigadora que indagó la situación de TVN, Santis declinó a referirse al tema.

MISIÓN CUMPLIDA

En noviembre de 1990, a siete meses de que se constituyera la comisión investigadora sobre TVN, el Parlamento aprobó por amplia mayoría el informe de la misma. Con tres excepciones, diputados de gobierno y oposición concurrieron con su voto para respaldar una investigación que pintaba una situación indignante.

Consigna el informe que el canal público fue objeto no sólo de malas decisiones programáticas y financieras. Además sugiere malversaciones de dineros y cuestiona el modo en que se enajenó su patrimonio y su permanente utilización política.

Sobre este último punto, aparte de cuestionar la parcialidad y afán comercial de noticieros y programas proselitistas como “Gracias Presidente”, “Misión cumplida”, “Testimonios de una nación” y “Por Chile todo”, se destacó el acuerdo alcanzado entre TVN y la Fundación Nacional de la Cultura, a cargo de la hija mayor del general Pinochet.

El acuerdo, que se tradujo en que los funcionarios de TVN podían hacer uso de salas y talleres de la mencionada fundación de gobierno a cambio de avisos publicitarios, generó pérdidas para el canal por $888.700.766 de la época.

Pero los cuestionamientos más serios apuntan a la probable malversación de dineros. Uno de los casos sugeridos corresponde al de César Antonio Santis. Otro dice relación con desproporcionadas rebajas publicitarias y venta de avisos a través de intermediarios, que luego eran revendidos a precios notoriamente superiores. En el primer caso, se consignó que “cerca de doce importantes avisadores contrataron la suma de $5.384.000.000, pero sólo se pagaron $638.000.000, con un promedio de 88.46 por ciento de descuento”.

Frente al cuadro descrito, la comisión puso de relieve dos puntos. El primero indicaba que TVN estaba prácticamente en la quiebra. El segundo apuntaba a la necesidad de que la justicia tomara cartas en el asunto. Al respecto se lee que “existen numerosas situaciones irregulares que, en toda circunstancia, dan margen para iniciar acciones legales tendientes a establecer la responsabilidad de quienes han sido causantes de los graves daños patrimoniales ocasionados a la empresa”.

Sin embargo, pese a que los antecedentes sobraban, las acciones legales no prosperaron a la manera en que lo requirió el Parlamento.

TRANSICIÓN EN TVN

Jorge Donoso, futuro presidente de TVN y entonces asesor del ministerio Secretaría General de Gobierno, recuerda que en ese entonces se optó por establecer acuerdos que privilegiaran la recuperación de parte de los montos defraudados por parte de directivos y gerentes que aparecían más comprometidos. En esta decisión, Donoso sostiene que “no me cabe duda que tiene que haber influido la decisión precaria de la transición”.

En esos días, en paralelo a las indagatorias sobre TVN, una segunda comisión especial investigadora de la Cámara Baja trabajaba en torno al caso conocido como Pinocheques. Éste involucraba de manera directa a Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del todavía comandante en jefe del Ejército, en una malversación por un millón de dólares de fondos fiscales.

Pero a fines de diciembre, a casi tres semanas de conocerse el informe sobre TVN, el Ejército protagonizó el llamado “ejercicio de enlace”, tendiente a inhibir la investigación que afectaba al hijo del general Pinochet. La maniobra del Ejército logró su cometido y pareció extenderse a otros ámbitos.

Pese a las evidencias, las acciones legales emprendidas por TVN fueron restringidas. Como lo señala el informe de la Cámara, dos de los procesos judiciales comenzaron en medio del trabajo de la comisión investigadora y en uno de ellos se llegó a acuerdo antes de que ésta concluyera.

Se trata de la acción presentada contra el ex gerente comercial Jorge Serrano Beza. Éste fue acusado de operar a través de un intermediario para cobrar la comisión por la venta de avisos. Tras el pago de 28 millones y medio de pesos, Serrano logró un acuerdo para cerrar del proceso en su contra.

No existen más antecedentes sobre acciones judiciales. La prensa sólo dio cuenta de la recomendación al respecto de los diputados y hoy el director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández Koprich, al ser requerido para entregar información sobre querellas y actas del directorio de la época, señala que “los antecedentes requeridos, por el tiempo transcurrido, no se encuentran en nuestros archivos”.

La impunidad a los responsables del colapso financiero de TVN, especialmente aquellos que aparecían vinculados a la malversación de fondos públicos, pudo haber estado influido por otro factor político.

En los días en que fue a dado a conocer el informe, la situación financiera en TVN era insostenible. Su continuidad dependía de un millonario fondo público que la oposición se negaba a conceder. La discusión también iba aparejada con el proyecto para cambiar los estatutos legales del canal. En esto tampoco había acuerdo. La oposición quería privatizar la empresa y el oficialismo se negaba terminantemente. Sin embargo, el “ejercicio de enlace” coincidió con un giro drástico en las voluntades políticas.

Dos días después de que Pinochet alistara sus tropas, y a veinte de que se conociera el informe sobre TVN, sorpresivamente los senadores de oposición votaban a favor de un salvavidas por 2.500 millones de pesos para la estación pública.

Pese a las coincidencias, Jorge Donoso descarta que se haya negociado la impunidad para los responsables de irregularidades económicos a cambio de esos dineros. “No tuvo nada que ver una cosa con la otra. Lo que tratábamos en el Congreso eran los aspectos legales de TVN”, asegura el abogado DC, quien tomó parte activa de las mismas como asesor jurídico del ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo de Enrique Correa.

La transición chilena siguió su curso. TVN salvó su situación financiera y cambió estatutos legales, sin que se volviera a hablar de las razones de su crisis financiera. Como si no hubiese existido. Tan así fue que en 1994, a cuatro años del informe de la cámara, César Antonio Santis volvió a las pantallas de TVN y realizó cinco programas en el resto de esa década. El último de ellos se transmitió en 2000 con el nombre de Esos locos bajitos. Entonces desapareció del mapa televisivo y ahora, ocho después de su última experiencia, vuelve a decir “Qué tal amigos” por el canal del Senado.