Un nuevo coletazo en las irregularidades de las asignaciones parlamentarias dejó la Ley de Presupuesto. El presupuesto del Congreso incluyó una inédita glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. El senador Hosaín Sabag dice que esto permite demostrar que a los parlamentarios no se les aplican las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afecta directamente a su hijo Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible”. Ya en agosto pasado el Congreso debatió la idea de crear un delito especial para los parlamentarios, pero destacados penalistas les aclararon que significaría “sustraerse del sistema penal” además de replicar lo que ya existe en el Código Penal.

Son sólo tres líneas. Y aunque ellas son el primer texto legal que establece específicamente la libre disposición de las asignaciones parlamentarias, pasaron completamente inadvertidas. La inédita glosa fue incluida en la partida presupuestaria para el 2010 del Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos y podría no tener ninguna importancia, si no fuera porque el fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, está investigando si diputados de distintas bancadas hicieron mal uso de dichas asignaciones.

La Cámara Baja ha defendido ante el fiscal Abbott la tesis de que las asignaciones parlamentarias son de libre disposición: Por ello, para la mayoría de los parlamentarios consultados por CIPER la glosa sólo ratifica la situación actual (Ver recuadro). Pero para el senador Hosain Sabag (DC), las tres líneas en cuestión tienen implicancias mayores. Y aunque Sabag afirma que su inclusión solo busca defender la autonomía del Congreso, su activa participación en este acápite toca directamente la delicada situación que afecta a su hijo, el diputado Jorge Sabag, investigado por Abbott por “negociación incompatible”.

Según consta en el acta de la subcomisión mixta que analizó el presupuesto del Congreso Nacional, “(el senador Sabag) advirtió que si no se aclara la libre disposición de las asignaciones parlamentarias todo el Poder Legislativo podría verse amenazado por la aplicación de los artículos 260 y 240 del Código Penal”.

¿De qué habla Sabag? El artículo 260 define quiénes son considerados en materia penal como empleados públicos, especificando que incluye a los que ostentan un cargo de elección popular. El artículo 240 es el que establece la negociación incompatible para los funcionarios públicos, castigando a quienes saquen provecho de negocios celebrados en virtud de sus cargos. El artículo incluye a quienes beneficien a sus familiares o socios.

Ese es precisamente el foco de la investigación que lleva a cabo el fiscal Abbott sobre el hijo de Sabag. Y lo que el fiscal está en vías de determinar es si el diputado incurrió en dicho ilícito al utilizar los fondos que la Cámara de Diputados le entregó para arriendo de sedes distritales al pagarle a una sociedad formada por sus padres, gerenteada por su hermano, y en cuya dirección funcionan las empresas de la familia Sabag.

La investigación de Abbott se originó tras un reportaje de CIPER, en el que Jorge Sabag aseguró que se trataba sólo de una forma de organización financiera, pues en realidad la sociedad de sus padres pagaba el arriendo de otras tres sedes que sí funcionaban como oficinas parlamentarias.

De acuerdo a la tesis que intenta imponer, entre otros, su padre Hosain Sabag, los parlamentarios no son empleados públicos y por lo tanto no se les puede aplicar la figura de negociación incompatible. “En su opinión no se pueden asimilar los Parlamentarios a los funcionarios públicos, porque se trata de funciones distintas y menos se pueden aplicar los delitos contemplados para los funcionarios públicos a los Parlamentarios. En efecto, acotó que los Parlamentarios tienen la libre disposición de sus dietas y de sus asignaciones parlamentarias, situación distinta a los empleados públicos, puesto que los Parlamentarios no están obligados por ley a rendir cuenta de la administración de sus asignaciones”, recoge el acta de la sesión celebrada el 28 de octubre pasado.

La argumentación de Sabag ante la comisión mixta busca que se deje legalmente establecido que las asignaciones que reciben los parlamentarios son fondos de libre disposición y sin fiscalización externa: “En este sentido, manifestó su apoyo a la propuesta de agregar una nueva glosa que declare la continuidad de la libre disponibilidad de las asignaciones parlamentarias, para así evitar que nuestro Parlamento continúe siendo sometido a diversos vejámenes. La idea, continuó, es defender a nuestra institución y a su autonomía, y a los Parlamentarios. Asimismo, sostuvo que no se pueden sentir constantemente amenazados por otros poderes, porque los fondos de la dieta parlamentaria, así como los de las asignaciones parlamentarias son de libre disposición, sujetos únicamente a la revisión y a las disposiciones que dicte la Comisión de Régimen Interior de cada Cámara”.

En su intervención en la subcomisión de presupuesto, Sabag hizo una crítica velada al trabajo del Ministerio Público, sosteniendo que “el propio Congreso Nacional ha aprobado una serie de instituciones con poderes ilimitados y que hoy día se han encargado de denostar a una institución tan antigua como el Congreso Nacional”.

Y para dar mayor fuerza a su argumentación, asimiló las asignaciones de los parlamentarios a los gastos reservados del Ejecutivo, que “pueden ser invertidos discrecionalmente por la autoridad superior del organismo al que se asignan, para las distintas necesidades comprendidas en la órbita de las funciones y objetivos públicos que le competen, en tanto que dichos gastos no estén prohibidos por ley, sin necesidad de rendir cuenta”.

El senador se encargó también en la subcomisión de señalar el origen de las tres líneas al “valorar” que el presidente del Senado, Jovino Novoa, haya “promovido” ante el Ejecutivo la indicación en la que se establece la libre disposición de dichos fondos. Consultado por CIPER acerca de si fue el senador Novoa el que decidió el agregado, Sabag aclaró que en realidad entendía que se trataba de una preocupación que hace tiempo tenían Novoa y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez. Sin embargo, tanto Novoa –a través de su encargada de prensa-, como Álvarez, negaron alguna responsabilidad en el origen de la indicación.

-La glosa evidentemente no se aplica a ningún problema del pasado -enfatiza Álvarez, quien insiste en que los fondos siempre han sido de libre disposición, pero que deben ser gastados de acuerdo al fin para el cual fueron destinados por la comisión de Régimen Interno.

El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN), uno de los tres que votó a favor de la aprobación de la polémica indicación, dijo no saber su origen. “Me limité a aprobarlo”, sostuvo. Además de Kuschel y Sabag, la indicación fue aprobada gracias al voto del diputado socialista Carlos Montes, quien sostuvo:

-El que hizo toda esa gestión fue Hosaín Sabag. Por lo tanto, hay que preguntarle a él.

Montes agregó que no cree que la inclusión de la glosa tenga relación con la investigación que sigue el Ministerio Público, pues los fondos siempre han sido de libre disposición, sino simplemente a la ambigüedad con que el tema quedó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Congreso Nacional, que acaba de ser aprobada por la Cámara de Diputados.

La reforma a la LOC incluye un cambio que hace más llamativa la indicación que nadie reconoce haber pedido: las partidas del Congreso Nacional tendrán glosas definidas a partir del 2011, pues hasta ahora –a diferencia del presupuesto de los otros organismos públicos- sólo contenía una descripción genérica de los gastos. Por eso la glosa en cuestión, añadida por el Ejecutivo, es la única que contiene el presupuesto de la Cámara de Diputados para el 2010. “Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que continuarán siendo de libre disposición”, dice la glosa asociada a Bienes y Servicios de Consumo y a Transferencias Corrientes.

El Senado se adelantó a los cambios de la LOC y este año incluyó tres glosas en su presupuesto (relacionadas con la dotación de autos, personal, viáticos, horas extraordinarias y capacitación). A ellas se agregó la polémica indicación sobre las asignaciones parlamentarias, la cuarta glosa, que es exactamente igual a la de la Cámara: establece que son de libre disposición.

Diputados bajo la lupa

Los cambios a la LOC del Congreso fueron gatillados por la reforma a la Constitución de 2005, que hizo urgente adecuarla. Pero la tramitación fue compleja y tras las modificaciones introducidas en el Senado y la Cámara de Diputados, el texto terminó en Comisión Mixta. Ahí estaba cuando en junio de este año el programa Informe Especial de TVN hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en los arriendos de sedes distritales, al que siguió un reportaje de La Nación sobre el mismo tema. Ambos reportajes provocaron gran impacto público.

El fiscal de Valparaíso Jorge Abbott empezó entonces a investigar masivamente el uso de las asignaciones parlamentarias, ampliando su radio de acción, hasta entonces limitado a las irregularidades detectadas en el pago de asesores por la diputada Claudia Nogueira (UDI). La polémica pública cambió drásticamente el escenario de la discusión de la LOC. Los timoneles de ambas cámaras, Novoa y Álvarez, decidieron entonces coordinarse para impulsar una serie de cambios que buscan regular mejor el sistema de asignaciones y separar a los parlamentarios de las decisiones económicas, creando comités independientes que determinen cómo se gastan los dineros y sus posteriores auditorías. Reformas para el Congreso del Bicentenario, lo bautizaron.

En el intertanto, Abbott siguió avanzando en su investigación judicial. Ya se descartaron irregularidades en los pagos realizados por los diputados Julio Dittborn (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Joaquín Godoy (RN) y la independiente Marta Issasi. No tuvo la misma suerte el diputado Maximiano Errázuriz (renunció a RN y no se presentó a la reelección), quien fue formalizado el pasado 6 de noviembre por fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado falso al triangular fondos para arriendo de sus sedes distritales.

Lo que viene es en parte conocido. Ya se sabe que el fiscal resolvió formalizar a la diputada Claudia Nogueira –trámite aplazado por distintas diligencias solicitadas por su defensa-, por haber recibido en su cuenta corriente parte de los pagos realizados por la Cámara a sus asesores. Entre esas diligencias, a la fiscalía le ha correspondido investigar a fondo la lista de otros 12 diputados, entregados por la defensa de la diputada UDI, que habrían usado mecanismos similares. En total, una veintena de parlamentarios han sido investigados este año por el Ministerio Público. Nada menos que un sexto de los integrantes de la Cámara Baja.

Y es precisamente allí donde se explica la inquietud del senador Sabag. Su hijo, el diputado Jorge Sabag (DC) y el diputado René Aedo (RN) son dos de los diputados que no han sido descartados por la fiscalía y cuyos antecedentes son evaluados en estos momentos para determinar los pasos a seguir judicialmente.

Los parlamentarios se han debatido entre el esfuerzo por mejorar la gestión y la fiscalización de los recursos que manejan, y atisbos de defensa corporativa respecto a la sanción por irregularidades ocurridas en el pasado. “De lado y lado ha habido intenciones de beneficiar a los afectados”, reconoce un diputado de la Alianza.

Delito penal para parlamentarios

Una de las propuestas -leída por algunos como un intento desesperado de defensa corporativa- fue una indicación presentada por Novoa y Álvarez que establecía una figura penal especial para los parlamentarios. Conscientes de lo delicado de los cambios que estaban promoviendo, los parlamentarios se hicieron asesorar por destacados abogados de la plaza, quienes rápidamente los convencieron de desestimar la idea.

La cita con los juristas tuvo lugar el lunes 17 de agosto pasado en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Los convocados fueron los penalistas Jorge Bofill, Jean Pierre Matus y Juan Domingo Acosta –quienes debían analizar la polémica figura-, y los constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Patricio Zapata, quienes expusieron sobre la autonomía del Congreso Nacional.

“La fórmula era completamente impresentable, política y jurídicamente”, comenta uno de los abogados que asistió ese día y quien considera que la propuesta era reñida con el estándar de igualdad ante la ley de los parlamentarios.

Otro de los abogados consultado explica que lo más complejo era que se establecía un plazo de prescripción más corto para los delitos cometidos por los parlamentarios que para el resto de los ciudadanos. El artículo establecía la prescripción sólo seis meses después de que las cuentas de la Cámara fueran aprobadas por la Comisión de Auditoría, mientras que hoy las figuras penales para los mismos delitos prescriben entre 5 y 10 años después de cometido el ilícito. “Significaba sustraerse del sistema penal”, concluye uno de los abogados.

-Tomamos un concepto nuevo, que es el de la función parlamentaria, y en un minuto consideramos que era necesario impulsar tipos penales especiales, pero los abogados nos dijeron que no era así y ahí quedó -explica Álvarez.

Pese a los duros cuestionamientos que generó la iniciativa, varios de los juristas que asistieron ese día creen que no había mala voluntad en la propuesta de Álvarez y Novoa. Aunque todos coinciden en que era una pésima idea. “Los penalistas fueron muy críticos, pues más allá de la intención, podía interpretarse como una forma de bajar el castigo y por lo tanto una defensa corporativa. Mostraron con ejemplos cómo se les daría un tratamiento desigual”, recuerda Patricio Zapata.

De acuerdo al análisis de uno de los abogados, las penas establecidas en el artículo –pecuniarias, de prisión y de prohibición de ejercer cargos públicos- en algunos casos eran mayores y en otros menores que las que rigen actualmente. Pero al parecer, fueron hechas sin considerar que en abril pasado hubo una modificación del Código Penal que endureció las sanciones a delitos similares a los diseñados para los parlamentarios. Éstos castigaban a quienes en ejercicio de su función defraudaran o consintieran en defraudar a la corporación o usaran los fondos para un fin distinto para el cual le fueran asignados, tanto para cosas ajenas a su función como para actividades parlamentarias distintas del fin original. (Vea el artículo)

Un cambio en las sanciones y plazos es particularmente delicado. Y ello porque en principio, en cualquier juicio penal, el imputado tiene derecho a que se le juzgue con la norma que más lo beneficie, aunque ésta se haya dictado después de cometido el delito. En este caso, los cambios en los tipos penales podían tener impacto en las investigaciones que afectan actualmente a diputados en ejercicio.

-El proyecto introducía distorsiones. Se nos preguntó si estos hechos ya eran delitos y la opinión unánime fue que era así y que por lo tanto no se justificaba un tipo penal especial -cuenta otro de los abogados.

Otra pregunta que debieron responder los juristas es si los parlamentarios son o no funcionarios públicos. Más allá de las interpretaciones del senador Sabag, a la mayoría de los asistentes les quedó claro que si bien administrativamente no son funcionarios públicos, sí lo son para los tipos especiales de delitos considerados en el Código Penal. Esa fue una de las razones por las cuales no es necesario crear tipos nuevos.

Hasta ahora sólo se ha conocido el contenido de una de las respuestas de la Comisión de Régimen Interno al fiscal Abbot, la que fue publicada hace algunas semanas por El Mostrador. El texto señala expresamente que los parlamentarios “en caso alguno son funcionarios públicos”, sostiene que las asignaciones parlamentarias no son fondos fiscales sino que públicos, y que la LOC y el reglamento de la cámara son “el único marco del Derecho Parlamentario –especialmente financiero, autónomo y de aplicación previa y preferente a cualquier otro orden legal o administrativo” y diferente al Derecho Administrativo Público.

Esta interpretación los dejaría fuera de las normas penales aplicables a los funcionarios públicos, que en muchos casos agravan las penas con respecto a los ciudadanos comunes. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, aclara que el oficio fue enviado antes de escuchar la opinión de los penalistas y que ha llegado al convencimiento de que a los parlamentarios sí se les pueden aplicar algunos de los artículos con los que el Código Penal sanciona exclusivamente a los funcionarios públicos.

Además asegura que lo que se intentó dejar sentado fue que si bien originalmente los dineros asignados por la Ley de Presupuesto son fondos fiscales, es el Congreso el que controla su gasto, lo que los convertiría en fondos públicos. “Eso rompe varias líneas de defensa”, acota otro diputado.

Lea más sobre las prácticas del Senado que reveló está respuesta, AQUI.

El Senado anunció recientes cambios al sistema de fiscalización de las asignaciones parlamentarias. Lo que no se dijo fue que hasta ahora una parte importante de los gastos de los senadores eran reembolsados sin que nadie les exigiera la entrega de comprobantes. La falta de control se conoció luego de que CIPER solicitara las rendiciones mediante la Ley de Transparencia y se respondiera que no existían. Ello permitía, por ejemplo, que los senadores hicieran donaciones a sus electores sin rendir cuenta de a quiénes y para qué, incluyéndolas como gastos de oficina. Ahora deberán entregar los comprobantes de sus gastos y dispondrán de $200 mil para “apoyo a organizaciones”.

Un monto de $ 2 mil 800 millones fue destinado este año para que los 38 senadores financien el arriendo de sus sedes, personal de apoyo y materiales de oficina. El sistema les permite a los representantes de regiones gastar hasta $6.119.589 mensuales en este ítem, mientras que para los de la Región Metropolitana el monto se eleva a $6.430.089. Parte de esos pagos son hechos por los senadores y luego reembolsados por la corporación. Para saber cómo y en qué se gasta ese dinero, CIPER invocó la Ley de Transparencia y pidió al Senado las rendiciones de los gastos de oficina de los parlamentarios. Sorpresa: la Corporación no guarda recibos, pues hasta julio de este año no exigía la entrega de comprobantes. Para obtener su reembolso, bastaba con que el senador llenara una planilla informando cuánto había ocupado.

En total, cada senador dispone al año de más de $70 millones para pagar los gastos en el rubro oficina. Por ello, el control sobre cómo se utilizan esos dineros es lo que interesa. Si se analizan los datos disponibles en la página web del Senado, entre marzo y julio de este año poco más de $800 millones del total fue cancelado directamente por el Departamento de Finanzas del Senado a los destinatarios que cada senador identificó previamente. El resto, más de $300 millones, fueron reembolsados a los parlamentarios sin exigir comprobantes.

Los desembolsos hechos por la Corporación se refieren mayoritariamente a arriendos y sueldos del personal. En cuanto al dinero reembolsado directamente a los senadores, no se sabe con certeza a qué corresponde.

Según se desprende de entrevistas sostenidas con senadores de todos los sectores, al menos una parte de ese dinero es ocupado en donaciones a particulares u organizaciones de sus circunscripciones. Pero el sistema cambió el 12 de agosto pasado, cuando se anunciaron modificaciones a las asignaciones parlamentarias (VER RECUADRO). Lo que se hizo, entre otras cosas, fue regularizar este tipo de gastos estableciendo un fondo especial de “apoyo a organizaciones sociales”, el que deberá acreditarse con un comprobante o recibo.

Así se formalizó algo que, en palabras del senador socialista Jaime Gazmuri, “son prácticas muy consuetudinarias que estaban establecidas como posibles”. Pero en los hechos, esas donaciones no tienen ninguna relación con el funcionamiento de oficinas parlamentarias, ítem desde donde obtenían los fondos.

Las modificaciones a las asignaciones parlamentarias se iniciaron inmediatamente después del polémico capítulo de Informe Especial de TVN que reveló irregularidades en las sedes de distintos diputados y que tiene a varios de ellos bajo la mira de la Fiscalía de Valparaíso. El programa se emitió el 6 de junio pasado y 11 días más tarde la Comisión de Régimen Interior del Senado decidía los primeros cambios al sistema de fiscalización de los gastos de los parlamentarios.

-Por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interior, adoptado en sesión de 17 de junio de 2009, las rendiciones de gastos de los señores senadores se deben enviar al Departamento de Finanzas, desde agosto de este año, acompañadas de los respectivos comprobantes, salvo un monto mínimo destinado a gastos menores. Hasta esa fecha, los comprobantes quedaban en poder de los señores senadores, pero a disposición, para ser revisados si se estimaba conveniente- explicó la subjefe de informaciones del Senado, María Eliana Peña, en su respuesta a la solicitud de información pública hecha por CIPER.

El Senado no especificó cuántas veces se había revisado los comprobantes de los pagos, pero en una ronda de consultas con diversos parlamentarios, ninguno reconoció haber sido requerido por ese motivo. Sólo el senador Jaime Naranjo (PS) dijo que creía recordar que alguna vez le habían pedido los contratos de arriendo de sus sedes porque había habido un cambio de dirección, pero no estaba seguro. En la práctica, hasta julio, el sistema se basaba en la confianza y buena fe de los senadores.

A Roberto Muñoz Barra (ex PPD) nunca le han pedido acreditar nada, pero dice andar “más o menos con una bolsa para guardar las boletas”. Como integrante de la comisión de Régimen Interior, justifica así los cambios adoptados:

-El cambio lo acordamos en junio y fue por los casos que se conocieron públicamente en que algunos miembros de la Cámara de Diputados arrendaban como oficinas inmuebles que no cumplían con un criterio de transparencia, como casas particulares u oficinas donde funcionaban abogados. Con la modificación, a partir de agosto, esto se regula mejor, porque hay que especificar bien en el contrato la ubicación física del inmueble que se arrienda y su uso exclusivo como oficina del parlamentario. Ahora hay una rigurosidad más estricta para evitar interpretaciones que permitan gastos en que no hay claridad.

Su compañero de comisión, Jaime Naranjo, lo desmiente. Asegura que la decisión nada tuvo que ver con la polémica de la Cámara de Diputados y que la única motivación fue la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en abril pasado. “Ahora los datos deben hacerse públicos todos los meses, entonces es mejor para el sistema entregarlos antes y centralizarlos”, dice.

Efectos inmediatos

Una revisión detallada de la información divulgada por el Senado en su página web, muestra que en los últimos dos meses –después del cambio en la fiscalización anunciado en junio e implementado a partir de agosto-, algunos parlamentarios disminuyeron sus gastos a rendir y aumentaron aquellos pagados directamente por la Corporación.

Por ejemplo, el senador Jorge Pizarro (DC) utilizó el fondo a rendir entre marzo y junio por montos que oscilaban entre $2,7 millones y $3 millones. En julio, en cambio, sólo usó $652 mil; y en agosto $702 mil. Ahora aumentó los pagos hechos por el Senado, pero en la suma y resta mantuvo su gasto global. “Es por el cambio y por un cierto ordenamiento nuevo en las oficinas que me permita ir rindiendo todos los gastos. A la gente que trabaja en las cuatro oficinas que tengo en la región le ha costado acostumbrarse al sistema, el que cambió completamente”, admite Pizarro.

Otro senador que redistribuyó sus pagos en el ítem oficina, es Sergio Romero (RN), quien atribuyó el traspaso desde gastos a rendir a pago directo “a un asunto de orden interno”.

Muy distinta es la situación del senador Jorge Arancibia (UDI), quien no contestó los llamados de CIPER. Entre marzo y julio pidió reembolsos por $2.500.000 mensuales. La cifra es redonda e idéntica cada mes. Algo que no ocurre con ninguno de sus colegas, pues se trata de gastos variables. Sin embargo, en agosto sólo pidió al Departamento de Finanzas del Senado que le devolvieran una décima parte de lo habitual. Simplemente sus gastos bajaron en más de $2 millones tras la exigencia de entregar comprobantes.

El parlamentario con la mayor proporción de gastos reembolsables es Hosain Sabag (DC). Cada mes, utiliza más de $5,5 millones por esa vía. La exigencia de comprobantes no parece haberlo afectado: en agosto incluso aumentó sus pagos.

El segundo lugar en ese ranking, lo ocupa el senador Eduardo Frei (DC), cuyos gastos a rendir oscilaron entre $3,4 millones y $4,1 millones entre marzo y julio. Sus gastos de oficina no bajaron pese a que ha disminuido su actividad parlamentaria por la campaña presidencial. En el programa Tolerancia Cero reconoció que ya no asiste a comisiones y sólo participa del trabajo de sala, donde tiene el 75% de asistencia. “Soy candidato presidencial y tengo que hacer el trabajo, no puedo estar en el Senado y también ser candidato”, dijo ante las pantallas de Chilevisión. Sin embargo, su gasto total en oficinas –incluyendo lo que desembolsa directamente el Senado- se ha mantenido entre los $5 millones y $6 millones. Sólo sus gastos reembolsables cayeron a la mitad en agosto, pero se compensaron por la otra vía.

Jaime Naranjo es el único senador que todos los meses gasta exactamente el 100% del ítem para gastos de oficina. Según explica, esto se debe a que todos los meses se pasa del límite. Los pagos por ese concepto de Andrés Allamand (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) varían todos los meses, pero la suma publicada en la página web del Senado calza exactamente con el total asignado. Antonio Horwath (RN), Alberto Espina (RN), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hernán Larraín (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jaime Gazmuri (PS), Carlos Ominami (ex PS) y Guido Girardi (PPD) han gastado por sobre el límite entre marzo y agosto, pero pueden compensarlo en los meses siguientes, ya que se trata de un ítem acumulativo.

Aunque en teoría hasta julio pasado a los senadores les estaba permitido ocupar el monto total de este ítem por la vía de reembolsos, un asesor parlamentario comenta que son pocos los que tienen las espaldas financieras para sacar todo el dinero de su bolsillo mientras esperan que les sea devuelto. Por eso, la mayoría opta por que la corporación pague los gastos fijos, como arriendos y salarios. Y cuatro senadores tienen el 100% de sus gastos desembolsados directamente por el Senado. No rinden ni un peso. Ellos son Andrés Alamand (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro Navarro (MAS) y Adolfo Zaldívar (PRI).

De gasto de oficina a donaciones particulares

En una breve conversación telefónica, la senadora Evelyn Matthei (UDI) se mostró molesta con la nueva fórmula que ahora la obligará a entregar los comprobantes para que le sea reembolsado el dinero. Sus gastos a rendir entre marzo y mayo fueron mucho menores que el promedio de sus colegas -$400 mil a mes-, pero desaparecieron en julio y agosto, después del anuncio de que se exigiría rendirlos con comprobantes.

-Lo que pasa es que yo hago muchos regalos a gente de escasos recursos que me pide porque está en problemas. A veces doy $10 mil para alguien que está enfermo, otras veces $14 mil para otra cosa similar. Y no estoy acostumbrada a estar pidiendo boletas o haciendo que esas personas, que están en un problema, me firmen un vale. Lo encuentro asqueroso, feo. Yo no lo hago. Así que como no tengo las boletas, no rindo esa plata no más. Ahora la pierdo. Al final, la pago yo -dijo Matthei.

Para todos los senadores consultados, el donar parte de las asignaciones para gastos de oficinas es algo natural. Entre los ejemplos que a juicio de los parlamentarios justifican estos desembolsos mencionaron la compra de premios para bingos de beneficencia, remedios para enfermos, mantención de instalaciones de comités de agua potable rural, arreglos de sedes sociales, pasajes y ayuda para clubes deportivos, de rodeo u organizaciones estudiantiles.

-No es que gastemos plata del presupuesto del Senado, forma parte del gasto de representación y de las oficinas que uno tiene instaladas. Me parece bien que existan las normas y transparencia, pero la exigencia de la gente respecto de los parlamentarios es muy alta. Es una mezcla de acción social. La gente entiende que uno es su representante y tiene que ayudar -argumenta Jorge Pizarro.

Un abogado experto en administración pública discrepa. Y asegura que aunque se trate de una práctica generalizada y habitual entre los parlamentarios, raya en la ilegalidad. Esto, debido a que el artículo 236 del Código Penal establece que no se pueden destinar recursos para fines diferentes a los legalmente establecidos. En este caso, gastos para oficinas que terminan como donaciones a particulares. Y precisó que el Congreso tiene autonomía presupuestaria, pero el dinero debiera destinarse a lo que los propios senadores establecieron con anterioridad.

Los cambios anunciados el 12 de agosto pasado al menos regularizan la situación, al incluir un ítem de $200 mil pesos mensuales para “apoyo a organizaciones” sociales, los que deberán justificarse mediante un documento que acredite quién lo recibió y con qué fin. Un monto similar podrá destinarse a pagos menores que no requieren de respaldo de recibos o boletas.

A juicio del senador Gazmuri, el nuevo fondo debería ser suficiente para lo que él llama “aportes específicos en situaciones de emergencia social”.

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La Ley 19.886 detalla quienes no pueden “suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”. Y añade: “Las mismas prohibiciones del inciso anterior se
aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso”.

Respecto a los casos excepcionales, señala el mecanismo: “Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.”

En su respuesta a CIPER, el Senado señala que no se han conocido antecedentes vinculados al caso anterior. Además, aclara que “estas disposiciones aluden a contratos administrativos, por lo que no se aplican a los contratos de trabajo y prestación de servicios a honorarios, regidos por el Derecho del Trabajo y el Derecho Civil, respectivamente, que celebran los señores senadores con su personal y que figuran en nuestro portal institucional en Internet”.

De acuerdo a esta interpretación, la norma sólo rige para los contratos hechos por el Senado y no por aquellos suscritos por los senadores con dineros entregados por la institución. Eso explica por qué, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro no tuvo que justificar la contratación de su hermano Julio como asesor previsional. O por qué el senador Mariano Ruiz-Esquide no debió notificar a la comisión de Ética que su hija María era su jefa de gabinete.

Ante la misma consulta, la Cámara de Diputados entregó una interpretación muy diferente. Luego de la entrada en vigencia de la ley descrita anteriormente, la Comisión de Conducta de la Cámara Baja autorizó la contratación de dieciocho familiares de diputados, previa entrega de los antecedentes que fundan las “circunstancias excepcionales”.

Sin embargo, no fue posible conocer cuáles fueron esos fundamentos, se negó el acceso a la información. En su respuesta, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, explicó que la resolución es previa a la vigencia de la Ley de Transparencia y al amparo de la reserva establecida en el Código de Conductas parlamentarias.

El mismo día en que la Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisaba una apelación de CIPER para hacer públicas las leyes secretas del régimen militar, el presidente de la Cámara Alta, Jovino Novoa, anunció que se aceleraría la tramitación de un proyecto que permite desclasificar dichas normas. Mientras, la Contraloría analiza una solicitud de los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro que busca interpretar la actual legislación para publicar automáticamente las leyes secretas. El ente contralor estudia además dar publicidad a los decretos reservados. Si alguna de estas iniciativas funciona, podrían conocerse los documentos que el Senado y la Contraloría guardan en sus respectivas cajas fuertes y cuya publicidad ha fracasado en repetidas oportunidades en los últimos 30 años.
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Desde que entró en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER ha presentado más de de medio centenar de solicitudes de acceso de información pública. La mayoría de las reparticiones se toman los 20 días hábiles legales para responder, pero el Senado fue uno de los más veloces: sólo seis días tardó en negar acceso a las leyes secretas dictadas durante el régimen militar. Ante la respuesta, CIPER apeló a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, que sesionó esta semana y enviaría su deliberación en los próximos días.

La misma jornada en que la instancia parlamentaria se reunió a analizar la solicitud, el senador Jovino Novoa anunció que pidió a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia que acelerara la discusión de un proyecto de ley que levanta el secreto de dichos cuerpos legales. Según dijo a La Tercera, es una de las últimas tareas pendientes en cuanto a transparencia.

Una semana después de la primera solicitud hecha por CIPER al Senado, los senadores Nelson Ávila y Alejandro Navarro hicieron una presentación ante la Contraloría General de la República requiriendo “fiscalización e informe” respecto a la legalidad de mantener como secretas la leyes dictadas entre 1973 y 1990. El argumento de los senadores es que se requería una ley de quórum calificado para levantar el secreto y que la Ley de Transparencia se transforma en forma tácita en el cuerpo legal que deroga el carácter secreto,  “pues esa ley de quórum calificado viene a regir la transparencia de los órganos del Estado”.

Si bien la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar a un poder autónomo constitucional como el Legislativo, sí puede interpretar las leyes en cuestiones administrativas, por lo que actualmente se encuentra analizando si corresponde emitir una opinión jurídica. Sin embargo, en el entorno del contralor Ramiro Mendoza comentan que, conociendo su estilo, es altamente probable que tras el anuncio de Jovino Novoa se espere el avance legislativo antes de pronunciarse, de modo de no interferir en el trabajo del Senado.

La solicitud de los dos senadores no es la única que analizan en este momento. También recibieron una petición del Museo de la Memoria para que la Contraloría desclasifique aquellos documentos de caracter reservado que mantiene guardados en sus archivos.

En poder de la Contraloría se encuentran actualmente cientos de decretos caratulados como reservados. Compaginados en gruesos tomos empastados de color rojo, quienes los han visto relatan que éstos se encuentran en una caja fuerte ubicada en una oficina contigua al despacho del contralor Ramiro Mendoza. Una clave secreta los resguarda. Nueve de los volúmenes corresponden a decretos firmados durante el régimen militar. El décimo comienza en ese período, en 1988, pero termina en 1997, en plena democracia. Estos últimos serían relativos a materias de seguridad nacional.

Fuentes del ente contralor señalan que en términos generales, el espíritu del organismo es mantener la menor cantidad posible de documentos bajo el carácter de secreto o reservado, limitándose exclusivamente a aquellos que correspondan por ley, como por ejemplo los que afecten la seguridad nacional.

Las exigencias de mayor transparencia acordes a los nuevos tiempos y la vigencia de la Ley de Acceso a la Información podrían permitir que todos aquellos documentos salieran a la luz pública y ayudaran a reconstruir las decisiones administrativas de la Junta de Gobierno y del ex presidente Augusto Pinochet. (Ver recuadro)

Las polémicas leyes secretas

Pese a la negativa del Senado de dar a conocer las leyes secretas (vea la solicitud de CIPER y la respuesta del Secretario del Senado), invocamos el principio de divisibilidad establecido en la nueva Ley de Transparencia y el secretario del Senado, Carlos Hoffmann, acogió la solicitud de entregar al menos la nómina de las leyes. Nos envió un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de 1991. Éste incluye el primer estudio oficial sobre las leyes reservadas del régimen militar y una lista con el nombre y número de todos estos documentos, que actualmente se encuentran guardados en la bóveda del Senado (ver listado completo).

El análisis realizado en ese momento incluye información en manos de la Contraloría (57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley) y también del Diario Oficial, que envió una nómina de159 cuerpos normativos. Éstos cumplieron con la formalidad de ser publicados, pero en ediciones restringidas y de contados ejemplares, con lo cual mantuvieron su carácter secreto. En algunos casos no se ubicó el texto de la norma y no se sabe quiénes eran los destinatarios de los ejemplares que se imprimieron. Otros fueron publicados en el Boletín Oficial del Ejército e incluso hay algunos previos a la Constitución de 1980 que no se sabe si alguna vez cumplieron con el requisito legal de ser publicados.

Por ejemplo el DL 1629 de 1976 que modifica la Ley de Movilización Nacional, que al parecer solo fue comunicado a las autoridades que debían darle cumplimiento, pese a que su sanción máxima llegaba a la pena de muerte.

La norma estuvo vigente durante 14 años y el diputado Jorge Burgos reveló el contenido del artículo 32 en la sala de la Cámara Baja en junio de 2004: “Aquellos que propalaren noticias o divulgaren secretos, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento utilizado por el Estado, de conformidad con el artículo 12, letra g) del presente decreto ley, serán penados con presidio mayor, en cualquiera de sus grados, a muerte.”

-Vamos a dejar atrás el discutible privilegio de pertenecer al club legislativo más curioso del mundo, el de los países con leyes secretas-, decía entonces Burgos, en el medio de la sesión en que se debatía un proyecto de ley presentado por el diputado Gabriel Ascencio que buscaba terminar con la reserva de estas leyes. Sin embargo, su tramitación se estancó en el Senado.

Gran parte de las leyes reservadas hablan de las plantas de funcionarios de las FF.AA y también de la CNI (DL Nº 2.991), pero el mismo Ascencio reveló en sala el contenido de varias otras normas secretas que llaman la atención, pues hablan de millonarias operaciones financieras:

• DL Nº 1.589, de 1976, que autorizó el traspaso de 1.017 millones de dólares de sobresueldos a gastos generales en la Armada.
• DL Nº 1.599, de 1976, que autorizó el traspaso a la Armada de 150 mil dólares desde sobresueldos a material militar policial y gastos de maniobras.
• DL Nº 2.576, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para la Fuerza Aérea de Chile.
• DL Nº 2.822, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para el Ejército.
• DL Nº 2.823, de 1979, que autorizó al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 80 millones de dólares para la Armada.
• DL Nº 3.527, de 1980, que dispone que la Tesorería General de la República asignará 50 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico.
• Ley Nº 18.090, que asigna 100 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional.
• DL Nº 3.466, de 1980, que autorizó al Presidente de la República de la época para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil 259 millones 640 mil schillings austriacos o dólares estadounidenses. Del objetivo de este decreto ley, obviamente, no existe información y eso lo ha convertido en uno de los más cuestionados.

Durante la tramitación del proyecto de Ascencio, los diputados estuvieron de acuerdo en la desclasificación. Se detectó que desde 1900 se habían dictado 205 leyes secretas, de las cuales 143 correspondían al régimen militar. Había incluso cuatro normas reservadas de 1998.

La entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aprobó la iniciativa y su subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, fue el encargado de monitorear el avance legal. Ante la Comisión de Defensa, Mackenney hizo la prevención de que había textos que se referían a “materias que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la defensa nacional”, por lo que los diputados acordaron excluir 33 leyes de la desclasificación. De aquellas que había detallado Ascencio en la sala, sólo se haría pública aquella referida a la planta de la CNI. Todas las otras, que hablan de millonarios movimientos presupuestarios para las Fuerzas Armadas, permanecerían secretas. Según testigos de la época y acorde con las fechas, esto se debería a que se referían a compras de armamentos debido a conflictos con países limítrofes.

“El proyecto pasó al Senado, donde quedó paralizada hasta hoy, porque no tuvo empuje. En la Cámara se movió por el interés de Ascencio y mío hasta donde pudimos, porque el gobierno no tenía interés en este tema, por el contrario, diría que le molestaba, que le preocupaba”, recuerda el diputado Burgos.

El proyecto de ley se dormiría para siempre en el Senado, donde otro texto de similares características ya había corrido la misma suerte en 1997.

Historia de un hallazgo

“Artículo único transitorio.- Los artículos 9°, 10 y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”. La frase final del DL 521 de 1974 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue la hebra seguida por largo tiempo por el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Se trataba de un resquicio legal que permitía que esos tres artículos permanecieran secretos.

Para Garretón el descubrimiento era importante no sólo porque -como escribiría más tarde- esos tres artículo “explican el inmenso poder que tuvo la DINA y la participación en sus operativos de agentes de todos los servicios de Inteligencia”. Su persistencia le permitió descubrir algunas “joyas”, como el decreto de movilización nacional que tenía artículos secretos que incluían sanciones penales. El mismo que décadas más tarde sorprendería al diputado Burgos y cuya existencia en esa época fue negada por el entonces abogado del Ministerio del Interior, Ambrosio Rodríguez. “Era una ley penal, con delitos, que en determinados casos podía llegar hasta la pena de muerte y no estaba publicada la ley”, enfatiza Garretón.

Revisó entonces las colecciones de leyes, fue al Diario Oficial, donde descubrió que había decretos y leyes que aún no habían sido publicadas, y en la colección de la Contraloría, que resultó ser mucho más afinada. Ahí se encontró con decretos de ley reservados o confidenciales, que esta vez sí estaban rotuladas como tales. Empezó a anotar los resultados de sus pesquisas. Revisó también la información de la Corte Suprema y los índices históricos del Colegio de Abogados, donde descubrió que existían leyes secretas en democracia. Cuando en 1985 publicó un largo artículo en la revista de derechos humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, su catastro era detallado: 12 normas secretas entre 1926 y 1973; 50 entre el golpe de estado y 1980; 18 tras la vigencia de la nueva Constitución.

Su interés estaba íntimamente ligado a su rol como abogado de derechos humanos. Como en principio la DINA no tenía facultades para detener personas, quedaba la duda de si los artículos secretos de su decreto ley lo autorizaban. Comenzaron a alegar en los amparos en la corte para que se dieran a conocer las normas secretas.

-A la quinientava vez, la corte pidió al secretario certifíquese si se ha recibido (esa norma) y certificaron que sí se había recibido, pero que era secreta y no nos dieron el contenido. Nunca nos dieron el contenido, pero estaba claro y les quedó claro, para todos los que ahora dicen “yo no supe”, que sí había leyes secretas.

Nota: En la columna derecha puede descargar los documentos relativos a este reportaje y los artículos relacionados.

El surgimiento de nuevas tecnologías cambió radicalmente la forma en que se distribuye el conocimiento y la nueva Ley de Propiedad Intelectual definirá cómo se regula nuestra cultura en este nuevo escenario. No debe proteger el bolsillo de algunas empresas o de grupos de interés, sino lograr un equilibrio entre los titulares de los derechos y el resguardo del interés público.

La próxima semana volverá a la agenda legislativa el proyecto que reforma la ley de propiedad intelectual que data del lejano 1970. Esta reforma se tramita desde marzo de 2007 y tiene la particularidad de ser la primera, de las más de 6 modificaciones que se le han hecho a esta ley desde su publicación, en plantear normativamente la necesidad de establecer un equilibrio entre los intereses de los autores, de las industrias culturales y del público.

Así como a través del aumento progresivo de los plazos de protección, la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de las penas frente a las infracciones se pretende proteger el interés de los titulares de derechos, con el establecimiento de excepciones y el fortalecimiento del dominio público se busca se resguardar el interés del público.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo.

Del análisis de nuestra ley actual resulta dramático ver el estado de las excepciones al derecho de autor. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, donde existen excepciones específicas para bibliotecas, otras que permiten la adaptación de obras a beneficio de discapacitados visuales, o excepciones que legalizan ciertos usos justos o legítimos por parte del público -como transformar un disco compacto en formato digital-, en Chile todas estas actividades son contrarias a la ley. Es por todo esto, que el mensaje presidencial que presentó este proyecto de ley al Congreso fue visto como una reforma necesaria por parte de buena parte de la comunidad de bibliotecarios, de editores y de organizaciones sociales en general, que desde hace muchos años vienen tratando de promover el tema de los derechos de autor desde el interés público en el debate político.

Hoy, nuestra ley considera delincuentes a los jóvenes artistas que utilizan las herramientas que les entregan las nuevas tecnologías. Hemos transformado el derecho de autor en un derecho contra el autor. Y esto tenemos que cambiarlo. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Algunos, como asociaciones del software, debatieron respecto del alcance de la excepción de ingeniería reversa, que permite obtener información de un programa computacional con el fin de saber cómo funciona. Otros, estaban preocupados de la eficacia de las herramientas procesales para la persecución de los delitos derivados de la piratería. Algunos vociferaron con la necesidad de protección de los autores nacionales mientras promovían intereses un poco más espurios. De entre todos, la más insólita parece ser la posición de la Cámara Chilena del Libro, que en una postura derechamente inquietante se ha opuesto tozudamente a cada una de las excepciones que se pretenden establecer en la ley.

En este partido donde no se vislumbra aún el resultado final, el Ministerio de Cultura ha tenido una posición ambivalente. Mientras en una primera etapa de la discusión defendió con vehemencia los objetivos establecidos en el mensaje presidencial de la presidenta Bachelet, con el tiempo han ido cediendo a posiciones más acomodadas con la industria. En un principio la ministra Paulina Urrutia defendió la importancia de las excepciones en nuestro precario sistema de derechos de autor, pero meses después lograba acuerdos políticos con la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD) eliminando ciertas normas de control sobre sus cobros a particulares y otras que permitían el establecimiento de una regla de usos justos en la legislación chilena.

El éxito de esta reforma legislativa pasa necesariamente, entonces, por equilibrar los intereses en juego y no utilizar la ley para la protección de modelos de negocio obsoletos. Chile tiene una gran oportunidad para actualizar una ley que estuvo pensada para regular un mundo analógico, el de los libros y los fonogramas y que se hace inaplicable en un mundo digital. En la medida en la que nuestras normas de propiedad intelectual sólo piensen en la propietarización de la cultura y sólo den cabida a los intereses privados involucrados, no habrá manera en la que podemos dar un salto cualitativo hacia el desarrollo de nuestra cultura y nuestro arte.

Desde el punto de vista del interés público, la verdad es que esta ley tiene mucho que decirnos. No sólo respecto de cómo nuestros representantes en el Congreso responderán a las presiones de los poderosos grupos de interés tras una tesis maximalista de los derechos de autor. La pregunta a responder será cuál es el tipo de ley que queremos, cómo queremos regular la creatividad y la generación de cultura sobre todo ante la emergencia de estas nuevas tecnologías que suponen un cambio radical en la forma en la que distribuimos el conocimiento. Porque la ley de propiedad intelectual no tiene por objeto sólo proteger los bolsillos de determinadas empresas o los de una asociación de privilegiados, una ley de propiedad intelectual finalmente define cómo regulamos y entendemos nuestra cultura.

Hacer un documental puede tomar varios años en la vida de un director. Captar un momento histórico puede tomarle toda la vida a un camarógrafo independiente. Sin embargo, sus trabajos hoy están a punto de ser desmantelados y apropiados por los canales de televisión gracias a las modificaciones que se han hecho en el parlamento a la Ley de Propiedad Intelectual.

El Movimiento Documental Chileno representado por la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC), organismo de representación gremial con ocho años de antigüedad y que hoy trabaja en acuerdo con la Asociación de Directores (ADG), ve con enorme preocupación una serie de excepciones que actualmente contempla el proyecto que modifica la actual Ley de Propiedad Intelectual y que nos afecta seriamente.

Se trata del llamado “derecho a cita”, es decir, el uso de extractos de obras protegidas, sin pago ni autorización explícita de sus autores, “con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor”, según explica el artículo 71B del proyecto de ley 17.336, actualmente en el Congreso. El concepto, que puede sonar perfectamente razonable para un académico que rememora brevemente los textos de otros autores en sus escritos, se vuelve particularmente alarmante para los documentalistas si consideramos una indicación introducida a esa ley por los senadores Nuñez, Ominami, Naranjo y Navarro (artículo 71P), en el que se considera que “el uso justo de las obras protegidas por el derecho de autor con el propósito de crítica, parodia, comentario, información de noticias, enseñanza, o interés académico, no constituye una infracción al derecho de autor”.

Entendemos que en 1970, cuando la actual ley fue redactada, el derecho a cita tenía sentido para textos de carácter cultural, científico o didáctico asegurando el derecho a la educación como el avance y debate de las ideas. Sin embargo, estas recientes modificaciones afectan notoriamente la normal explotación comercial de la obra audiovisual, aquello de lo que viven camarógrafos y documentalistas en Chile.

No es que estos abusos sean nuevos. Por décadas los canales de TV y otros medios de comunicación, todas empresas privadas con ánimo de lucro (o en el caso de TVN, empresa pública con obligación de autofinanciamiento) han ocupado impunemente extractos de nuestras obras sin pagar ni pedir autorización alguna. La pobre legislación que hemos tenido hasta ahora nunca fue explícita en la defensa de estos derechos de autor; en adelante, se pretende que, además, sea explícita en socavarlos.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

Ocurre en los documentales de naturaleza y en los históricos. Conseguir la imagen de la migración de un grupo de ballenas o de un grupo de huemules puede costarle años de trabajo, esfuerzo y recursos económicos a un equipo documental; las últimas palabras de un artista o líder político obtenidas en una entrevista, o la confesión en cámara de un torturador es el resultado de una larga investigación y trabajo persistente. Sin ir más lejos, es todavía invaluable el material registrado en los años ochenta por camarógrafos independientes como Pablo Salas o Raúl Cuevas, quienes arriesgaron su vida en obtener imágenes que hoy es la fuente de sus ingresos a través de la venta de su archivo.

No es lo mismo citar un poema en un libro de castellano que exhibir un fragmento de un documental en un noticiario. Las aulas de las escuelas públicas se parecen poco a las oficinas de prensa de las estaciones de televisión.

En el mundo de la televisión internacional se paga por esos archivos, por minuto y hasta por segundo. La protección de ese archivo es parte del patrimonio de países desarrollados, y se entiende que la titularidad de esos derechos es retribuida cuando existe un ánimo comercial de su uso. Que una ley considere que estas imágenes son meros “fragmentos” y las ponga a disposición de cualquier medio de comunicación en forma totalmente gratuita pone en peligro todo nuestro trabajo y es simplemente un situación de despojo institucionalizada.

Por cierto, en todos estos casos, esas imágenes no son meramente fragmentos: pertenecen a una obra en su totalidad.

El documental chileno ha logrado un enorme reconocimiento nacional e internacional. Como laboramos de manera independiente, nos ocupamos de una realidad que los medios de comunicación evitan y registramos temáticas, personajes, mundos y conflictos que la televisión chilena rechaza por su carácter “anticomercial”.

Ya se trate de temas polémicos que critican la impunidad del poder (“El Diario de Agustín”, “El Despojo”), de denuncia ecológica (“Ciudad de Papel”), de admiración a personajes olvidados por nuestra historia (“La Colorina”), de atención a la pérdida de nuestra identidad (“La Última Huella”) o de rescate de nuestra memoria histórica (“La Batalla de Chile”, “Actores Secundarios”, “Estadio Nacional”, etc.), todos nuestros trabajos comparten el hecho de ser realizados en forma independiente, con una dedicación que se extiende a años de paciente seguimiento e investigación, con un punto de vista claro y sólido, y que habitualmente son omitidos por los medios masivos y censurados por la televisión.

Por nuestra convicción habitualmente estamos donde la televisión no está dispuesta a ir, y sin embargo, cuando pasan los años y ese material toma valor para la televisión, es cuando se nos exige que lo entreguemos gratuitamente y sin nuestro consentimiento.

Más paradójica es la situación si lo vemos desde la perspectiva opuesta. Las estaciones de televisión tienen conciencia del valor de su archivo y cobran por él. Si un documentalista desea utilizar las imágenes que son propiedad de un canal de televisión para ocuparlo en una película documental la tarifa de ese uso sobrepasa los dos mil dólares por minuto. Eso es lo que efectivamente cobra TVN por usar un minuto de su archivo. Pero cuando TVN ofrece comprar documentales para su exhibición ofrece la misma cantidad o menos: dos mil dólares, por toda una película como máximo. Es decir, para la televisión pública el valor de un documental como “Calle Santa Fé” de Carmen Castillo u “Opus Dei, una cruzada silenciosa” de Marcela Said, por dar ejemplos recientes y confirmables, no tiene más valor que la venta de un minuto de su archivo, aunque sea éste el material de cámara de un choque registrado por prensa esta misma mañana.

No queremos que se entienda equivocadamente nuestra demanda: creemos que en el espíritu los parlamentarios pretenden legislar pensando en casos concretos como la educación pública, la sobrevivencia de medios locales y alternativos y en el libre acceso de los consumidores de Internet a contenidos culturales e informativos con el objeto de fortalecer la democracia y la libertad. Pero en este afán pueden lograr exactamente lo contrario: beneficiar finalmente a las grandes empresas y consorcios monopólicos.

Es este un enorme perjuicio que pone en riesgo todo nuestro quehacer.

Nos sentimos impotentes cuando año a año los mismos canales que nos censuran nos roban nuestro trabajo sin remuneración ni reconocimiento alguno, amparados por lo difícil y oneroso que significa llevar estos casos a tribunales y por una ley que considerará que nuestro trabajo en un bien público de uso ilimitado.

Estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por otro lado el documental es una declaración del punto de vista del autor frente la realidad. A los medios de comunicación no les importa esta postura ética, política y social presente en un trabajo artístico autoral. Les interesa el valor del fragmento en sí. De esta manera el proyecto ampara casos comunes como la utilización para prensa de un segmento de un documental sobre el alcoholismo para “ilustrar” la proliferación de “curaditos”en sus simpáticas notas dieciocheras o de imágenes de una ficción para “comentar” la infidelidad femenina.

Queremos agregar que esta la ley también consagra otra serie de excepciones que en definitiva permitirán a museos, bibliotecas y ciertos establecimientos culturales difundir y exhibir nuestro trabajo sin pagar ni pedir autorización. Es un grave problema, por ejemplo, para el documental con fines educacionales. En otros países el pago por parte de universidades es una importantísima fuente de financiamiento para el mundo documental. Además el museo moderno, histórico, se construye en base a exhibición de material audiovisual, como son los museos temáticos post Guerras Mundiales, cuyas exhibiciones son en gran medida materiales documentales. ¿Tampoco deben retribuir nuestro trabajo?

Entendemos que a la hora de legislar, los parlamentarios tienen en mente situaciones como la exhibición de un documental en una sala de clases de una escuela pública. Queremos decirles que nunca hemos prohibido algo así, y que no está en nuestro ánimo hacerlo. Por el contrario, constantemente los directores estamos dictando charlas gratuitas en innumerables aulas de clases.

Pero estamos cansados de ver cómo gigantescas universidades privadas, con matriculas de altísimo valor, que no pagan impuestos, pueden programar nuestras obras para muestras gratuitas, gastando enormes cifras en publicidad en diarios y vía pública, servicios de banquetería, inserción pagada de fotos en páginas sociales, pago por equipos de proyección y de sonido, sin considerar el más mínimo pago al autor de la obra con la cual se publicitan.

Por cierto, también estamos alarmados ante la continua proliferación de sitios de internet que “gentilmente” ponen a disposición de todo público nuestros documentales y películas. El alto precio que cobran los proveedores de internet a sus consumidores va de la mano de campañas de publicidad que incentivan a “bajar lo que quieras”.

Son estos casos, habituales, comunes e injustos los que facilita este proyecto de ley. Queremos que sociedad tome conciencia que promulgar algo así significará un enorme daño para el movimiento documental en particular, y para los creadores audiovisuales en general. Pero por sobre la demanda de un sector, es este un grave daño a la construcción de la memoria audiovisual de un país.

En 1990, a propósito del desastre financiero que arrastraba TVN, una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados determinó que César Antonio Santis recibió de TVN una suma que en la actualidad equivale a 1.100 millones por su trabajo de animador y un conjunto de asesorías brujas. Además, a partir de antecedentes de Contraloría, quedó al descubierto que su programa estelar Porque hoy es Sábado resultó un desastre de sintonía y dejó pérdidas que en cifras de hoy corresponden a más de 2.200 millones. Pero al igual que lo ocurrido con otros casos en que se detectaron irregularidades económicas, el nuevo gobierno democrático habría optado por negociar o hacer la vista gorda. Ahora, tras ocho años fuera de pantalla, Santis reaparece en un rol protagónico del nuevo canal de los senadores.

El nuevo canal de TV Senado, que debutó el primer día hábil de 2009, tiene cosas de qué sorprenderse. Una de ellas dice relación con el retorno a la televisión de César Antonio Santis tras ocho años fuera de pantalla. Como en los viejos tiempos en que leía noticias y animaba estelares, el conductor es figura protagónica de una señal que nació con polémica. Es la voz institucional, prepara programas propios y cada tanto su figura aparece en pantalla para decir “Qué tal amigos” y comunicar que la nueva programación tiene un “alto énfasis en la información, la cultura y la educación cívica”.

Pero lo sorprendente no es que haya retornado a la televisión. Ya se sabe: los ’80 están de vuelta. Lo que llama la atención es que Santis sea el principal rostro del Senado, en circunstancias que un informe de la Cámara de Diputados lo señaló como uno de los responsables de las irregularidades que derivaron en millonarias pérdidas para Televisión Nacional de Chile, TVN.

El nombre de Santis surgió en el contexto de una serie de anomalías ocurridas desde mediados de los ‘80 en TVN y que salieron a flote en la década siguiente. Frente a la crítica situación financiera de la estación pública, cuya deuda superaba los 7.500 millones de pesos de la época, en abril de 1990 la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora sobre el conjunto de irregularidades que habría provocado el déficit.

Fue la primera comisión investigadora de la Cámara Baja que se constituyó tras el retorno a la democracia. Por lo mismo provocó mucha atención y expectativas, además de generar tensión con los militares, que mantenían al general Pinochet de comandante en jefe del Ejército. Fue entonces una comisión histórica. Entre sus integrantes hubo varios diputados que hoy son senadores: Baldo Prokurica, José García Ruminot, Pablo Longueira, Víctor Pérez y Hosain Sabag.

La comisión trabajó durante seis meses y sesionó en 16 oportunidades. Además de constituirse dos veces en TVN, recibió informes de Contraloría y testimonios de funcionarios y ex ejecutivos del canal. En ese contexto, al analizar las razones de la crisis financiera, patrimonial y de credibilidad del mismo, los diputados de gobierno y oposición se detuvieron en la responsabilidad particular que le cupo a César Antonio Santis Torrente.

ANIMADOR Y ASESOR

En enero de 1988, tras una larga permanencia en Canal 13, Santis fue contratado por TVN para que se hiciera cargo de la conducción del noticiero central y de un estelar llamado Porque hoy es sábado. Animado junto a Cecilia Bolocco, que el año anterior había sido coronada Miss Universo, el programa contó con una inversión millonaria y pretendía destronar a Mario Kreutzberger y su Sábado Gigante. El plan estaba digitado por La Moneda y apuntaba a reforzar la audiencia del canal oficialista en el año del Plebiscito que decidió la continuidad de Pinochet en el gobierno. La orden era no escatimar esfuerzos para lograr el objetivo.

Por eso se contrató a Santis y a la Bolocco. Por eso entregó premios millonarios. Y por eso también la producción de Porque hoy es sábado no tuvo escrúpulos en reclutar a don Manuel, un veterano y popular personaje de Sábado Gigante que durante años había aparecido destacado entre el público del programa de Don Francisco. Fue una guerra declarada y TVN perdió por paliza.

El estelar resultó un completo fracaso de sintonía y dejó pérdidas por $471.844.000. Hoy esa cifra equivale a más de 2.200 millones de pesos. Además Santis y Bolocco terminaron odiándose y don Manuel volvió a Sábado Gigante con la cola entre las piernas. De culto es el capítulo en que Don Francisco reta a don Manuel por haberlo traicionado. El único que ganó en esta batalla de trascendencia política fue César Antonio Santis.

Por las tareas de conductor del noticiero y animador, que realizó hasta marzo de 1989 y por un total de 14 meses, recibió honorarios por $26.814.000 y $40.221.108, respectivamente. Al día de hoy la suma de ambos sueldos corresponde a $326 millones. Pero no fue ni por el lejos el único ingreso que en esos días recibió de TVN.

En paralelo, a través de la empresa Alati Comunicaciones Ltda., el animador acordó un contrato de asesorías para sus propios programas. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en valores de hoy se trata de más de 1.100 millones que cobró a cambio de servicios que nunca fueron respaldados o justificados. El informe de la comisión investigadora, en tanto, calcula una cifra similar, aunque incorporando los pagos correspondiente al sueldo.

Las asesorías brujas fueron señaladas en un examen a las cuentas de TVN realizado en 1990. En lo que respecta a Santis, el informe final de Contraloría dice lo siguiente:

“No existe evidencia de la forma como la firma aludida prestó las asesorías contratadas. Por el contrario (…), todo el personal que trabajó en dichos programas pertenecían a la dotación estable de la empresa, o bien, fue contratado sobre la base de honorarios”.

EMPRESA FANTASMA

Entre otros aspectos anómalos, el mismo informe de Contraloría destaca que si bien Santis comprometió la asesoría de una empresa en la que no tiene participación legal, quienes aparecen cobrando los cheques son el propio animador y dos personas identificadas como Flavio y Gustavo Santis.

Citando los antecedentes proporcionados por Contraloría, el informe de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados señala lo siguiente sobre el caso Santis:

“El director de Televisión Nacional de esa época (general Carlos Krumm, procesado actualmente por el asesinato del coronel Gerardo Huber) no sometió los controles al trámite de toma de razón ni dictó las resoluciones exigidas por las normas que el organismo contralor ha dispuesto”.

Alati Comunicaciones Ltda., la empresa de asesorías que contrató TVN por intermedio del animador, figuraba entonces a nombre del matrimonio conformado por Juan Guillermo Hurtado y Verónica Escudero Ramos. Esos nombres volverán a cobrar figuración pública unos años después.

A mediados de los ‘90, cuando Hurtado era fiscal y subdirector de la Dirección General del Crédito Prendario, DICREP, apareció vinculado al otorgamiento irregular de millonarios créditos en la también llamada ‘Tía Rica’. Entonces ese organismo público estaba bajo la dirección del abogado Guillermo Arenas, quien actualmente es investigado por las irregularidades detectadas en una licitación en que se favoreció a la empresa india Tata, mientras aquél encabezó el Registro Civil.

Consultado por CIPER acerca de las acusaciones contenidas en el informe de la comisión investigadora que indagó la situación de TVN, Santis declinó a referirse al tema.

MISIÓN CUMPLIDA

En noviembre de 1990, a siete meses de que se constituyera la comisión investigadora sobre TVN, el Parlamento aprobó por amplia mayoría el informe de la misma. Con tres excepciones, diputados de gobierno y oposición concurrieron con su voto para respaldar una investigación que pintaba una situación indignante.

Consigna el informe que el canal público fue objeto no sólo de malas decisiones programáticas y financieras. Además sugiere malversaciones de dineros y cuestiona el modo en que se enajenó su patrimonio y su permanente utilización política.

Sobre este último punto, aparte de cuestionar la parcialidad y afán comercial de noticieros y programas proselitistas como “Gracias Presidente”, “Misión cumplida”, “Testimonios de una nación” y “Por Chile todo”, se destacó el acuerdo alcanzado entre TVN y la Fundación Nacional de la Cultura, a cargo de la hija mayor del general Pinochet.

El acuerdo, que se tradujo en que los funcionarios de TVN podían hacer uso de salas y talleres de la mencionada fundación de gobierno a cambio de avisos publicitarios, generó pérdidas para el canal por $888.700.766 de la época.

Pero los cuestionamientos más serios apuntan a la probable malversación de dineros. Uno de los casos sugeridos corresponde al de César Antonio Santis. Otro dice relación con desproporcionadas rebajas publicitarias y venta de avisos a través de intermediarios, que luego eran revendidos a precios notoriamente superiores. En el primer caso, se consignó que “cerca de doce importantes avisadores contrataron la suma de $5.384.000.000, pero sólo se pagaron $638.000.000, con un promedio de 88.46 por ciento de descuento”.

Frente al cuadro descrito, la comisión puso de relieve dos puntos. El primero indicaba que TVN estaba prácticamente en la quiebra. El segundo apuntaba a la necesidad de que la justicia tomara cartas en el asunto. Al respecto se lee que “existen numerosas situaciones irregulares que, en toda circunstancia, dan margen para iniciar acciones legales tendientes a establecer la responsabilidad de quienes han sido causantes de los graves daños patrimoniales ocasionados a la empresa”.

Sin embargo, pese a que los antecedentes sobraban, las acciones legales no prosperaron a la manera en que lo requirió el Parlamento.

TRANSICIÓN EN TVN

Jorge Donoso, futuro presidente de TVN y entonces asesor del ministerio Secretaría General de Gobierno, recuerda que en ese entonces se optó por establecer acuerdos que privilegiaran la recuperación de parte de los montos defraudados por parte de directivos y gerentes que aparecían más comprometidos. En esta decisión, Donoso sostiene que “no me cabe duda que tiene que haber influido la decisión precaria de la transición”.

En esos días, en paralelo a las indagatorias sobre TVN, una segunda comisión especial investigadora de la Cámara Baja trabajaba en torno al caso conocido como Pinocheques. Éste involucraba de manera directa a Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del todavía comandante en jefe del Ejército, en una malversación por un millón de dólares de fondos fiscales.

Pero a fines de diciembre, a casi tres semanas de conocerse el informe sobre TVN, el Ejército protagonizó el llamado “ejercicio de enlace”, tendiente a inhibir la investigación que afectaba al hijo del general Pinochet. La maniobra del Ejército logró su cometido y pareció extenderse a otros ámbitos.

Pese a las evidencias, las acciones legales emprendidas por TVN fueron restringidas. Como lo señala el informe de la Cámara, dos de los procesos judiciales comenzaron en medio del trabajo de la comisión investigadora y en uno de ellos se llegó a acuerdo antes de que ésta concluyera.

Se trata de la acción presentada contra el ex gerente comercial Jorge Serrano Beza. Éste fue acusado de operar a través de un intermediario para cobrar la comisión por la venta de avisos. Tras el pago de 28 millones y medio de pesos, Serrano logró un acuerdo para cerrar del proceso en su contra.

No existen más antecedentes sobre acciones judiciales. La prensa sólo dio cuenta de la recomendación al respecto de los diputados y hoy el director ejecutivo de TVN, Daniel Fernández Koprich, al ser requerido para entregar información sobre querellas y actas del directorio de la época, señala que “los antecedentes requeridos, por el tiempo transcurrido, no se encuentran en nuestros archivos”.

La impunidad a los responsables del colapso financiero de TVN, especialmente aquellos que aparecían vinculados a la malversación de fondos públicos, pudo haber estado influido por otro factor político.

En los días en que fue a dado a conocer el informe, la situación financiera en TVN era insostenible. Su continuidad dependía de un millonario fondo público que la oposición se negaba a conceder. La discusión también iba aparejada con el proyecto para cambiar los estatutos legales del canal. En esto tampoco había acuerdo. La oposición quería privatizar la empresa y el oficialismo se negaba terminantemente. Sin embargo, el “ejercicio de enlace” coincidió con un giro drástico en las voluntades políticas.

Dos días después de que Pinochet alistara sus tropas, y a veinte de que se conociera el informe sobre TVN, sorpresivamente los senadores de oposición votaban a favor de un salvavidas por 2.500 millones de pesos para la estación pública.

Pese a las coincidencias, Jorge Donoso descarta que se haya negociado la impunidad para los responsables de irregularidades económicos a cambio de esos dineros. “No tuvo nada que ver una cosa con la otra. Lo que tratábamos en el Congreso eran los aspectos legales de TVN”, asegura el abogado DC, quien tomó parte activa de las mismas como asesor jurídico del ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo de Enrique Correa.

La transición chilena siguió su curso. TVN salvó su situación financiera y cambió estatutos legales, sin que se volviera a hablar de las razones de su crisis financiera. Como si no hubiese existido. Tan así fue que en 1994, a cuatro años del informe de la cámara, César Antonio Santis volvió a las pantallas de TVN y realizó cinco programas en el resto de esa década. El último de ellos se transmitió en 2000 con el nombre de Esos locos bajitos. Entonces desapareció del mapa televisivo y ahora, ocho después de su última experiencia, vuelve a decir “Qué tal amigos” por el canal del Senado.

Días antes de que se conociera la encuesta CEP, fue Rodrigo Hinzpeter, uno de los hombres de mayor confianza de Sebastián Piñera, quien le dio la señal a Eduardo Frei de que el candidato de la derecha ya lo consideraban su principal oponente en la carrera presidencial. Al cuestionar en una entrevista la “claridad” de las inversiones del senador DC, entró de lleno a un terreno que hasta ahora Piñera había esquivado, eludiendo una explicación clara y definitiva cada vez que era emplazado por el futuro de sus activos.

Más allá de la guerrilla electoral, el que un candidato millonario lidere las encuestas ha provocado que la necesaria transparencia del dinero en la política se imponga en el debate político por primera vez en profundidad. Una materia en la que Chile aún está en deuda.

Si hay un tema al que CIPER dedicó esfuerzo y espacio durante 2008, fue justamente a intentar transparentar lo más posible los patrimonios e intereses de distintas autoridades. Como el campo es demasiado amplio, nos focalizamos especialmente en los alcaldes –por tratarse de un año de elecciones municipales- y en el Senado, una de las pocas instituciones que evitaba darle publicidad a las declaraciones patrimoniales y de intereses de sus integrantes.

La polémica en torno al senador Eduardo Frei, sólo reafirma las conclusiones del trabajo de CIPER.

En una primera etapa, nos dedicamos a copiar a mano en las oficinas del Senado en Valparaíso las declaraciones presentadas por los parlamentarios, pues no fuimos autorizados a obtener fotocopias. Hasta entonces, si usted quería saber qué bienes e intereses tenía el senador de su zona, tenía que viajar hasta allá para conocerla. Un claro obstáculo para la transparencia.

Fue en junio de 2006, durante la gestión de Eduardo Frei en la presidencia del Senado, que entró en vigencia la ley que obliga a las autoridades a entregar estas declaraciones. Aunque la norma establece que son públicas, un fallo del Tribunal Constitucional puntualizó que eso no significaba que debían ser publicadas en algún lugar de libre acceso. Y el Senado decidió seguir fielmente estos lineamientos. De a poco, las instituciones las han ido subiendo a sus páginas web, adelantándose a la ley que entrará en vigencia en abril próximo y que lo hará obligatorio.

El Senado se puso al día recién en noviembre de este año, en una medida aprobada por la comisión de Régimen Interior luego de que CIPER publicara en mayo las copias de las declaraciones. Resultaba evidente para cualquier observador que la información entregada por los senadores no cumplía con el objetivo fijado por ley de prevenir el enriquecimiento ilícito y evitar que legislen en beneficio propio.

Ya que el tema fue puesto en el debate que animan Hinzpeter y Frei, la falta de eficacia de la ley sobre estas declaraciones quedó comprobada fácilmente con el caso del senador y candidato DC: si bien entrega más información que el promedio de sus colegas respecto de los bienes e inversiones que tienen a través de sociedades, de este documento no es posible deducir a cuánto asciende su patrimonio. No se trata de una omisión ilegal, sino que explícitamente la ley deja a voluntad de los declarantes el cuantificar el monto de sus activos, enunciar los bienes que poseen a través de sociedades comerciales y el rubro en que se desempeñan esas sociedades..

En su declaración de patrimonio, Freí sí detalla sus bienes: aun auto Chrysler del 2000 y la sociedad Inversiones Saturno S.A.. Entre los antecedentes voluntarios especifica que esta sociedad es dueña de su casa de calle Baztán, aquella de Hindenburg que fue de su padre, de dos parcelas en Santo Domingo, de dos sitios en Lo Barnechea, otro en Villarrica, una oficina por leasing en Providencia y otros dos autos. Nuevamente Frei entrega más datos que otros senadores, ya que agrega el número de rol de las propiedades, con lo cual puede consultarse el avalúo fiscal (no comercial) en la página web del Servicio de Impuestos Internos. En su declaración de intereses, dice que también tiene inversiones en depósitos a plazo en diversas instituciones financieras (no especifica cuáles).

Pese a los detalles entregados, hasta la actual polémica no era posible siquiera imaginar a cuánto ascendía su patrimonio. Sólo ahora que Frei fue cuestionado por el piñerismo, reveló que oscila entre US$4 y US$ 5 millones, pero no podemos compararlo con aquello que tenía al ingresar al Senado. No se trata de poner en duda la probidad del ex presidente, sino simplemente de dar cuenta de la inoperancia de la legislación en los objetivos que ella misma se fijó. En otras palabras, de los peligrosos vacíos de la actual legislación.

Además, la ley supone que hay que confiar a ciegas en lo declarado por las autoridades. Nadie chequea que el contenido sea verdadero. Y si por casualidad se descubriera que hay un error o falsedad, el Senado no dispone de sanciones para sus miembros, a diferencia de otras autoridades.

Ante esta evidencia, CIPER se abocó comprobar una por una las declaraciones de los senadores, detectando posibles anomalías en los documentos presentados por 30 de los 38 parlamentarios, tales como sociedades no declaradas o tenencia de acciones omitidas. El senador Frei fue uno de los ocho a los cuales no se le encontró inconsistencias.

También intentamos pesquisar si los senadores habían o no votado leyes que afectaran sus intereses, pero nuevamente la norma resultó inoperante, pues no exige a los declarantes precisar el rubro en que tienen invertido su patrimonio (basta con el nombre de la sociedad) y éstos tampoco suelen incluirlo en su declaración de intereses, la que tiene justamente ese objetivo.

Finalmente, cuando en noviembre pasado el Senado subió a su página web las declaraciones, las reprodujo sin corregir los errores revelados un mes antes por CIPER. Sólo tres senadores actualizaron sus datos. Dos de ellos son precandidatos presidenciales.

El senador radical José Antonio Gómez fue el único que actualizó el documento con los datos descubiertos por CIPER, al incluir la sociedad Inmobiliaria GKD S.A., entre otras modificaciones.

Los cambios hechos por el candidato del MAS, Alejandro Navarro, son más sorprendentes. Después de aparecer como el más austero de los parlamentarios, reconoció ahora una casa en Penco, siete autos y un bus. Nuevamente olvidó su ya famosa moto Honda.

La irrupción de Sebastián Piñera como el candidato presidencial con mayor posibilidades de llegar a La Moneda supone un desafío mayor. Si la ley hasta ahora ha sido inoperante frente a patrimonios e intereses relativamente modestos, los cambios legales que se debaten actualmente deben considerar no sólo nuevas figuras como el fideicomiso ciego, sino reglas más transparentes y sanciones más firmes.

Todos estos cuestionamientos partieron luego de que Frei le enrostrara a Piñera su multa por usar información privilegiada como director de Lan. El candidato RN decidió no apelar de la sanción de la Superintendencia de Valores y evitó llegar a la campaña con un juicio en curso, pero a cambio dejó abierto un flanco delicado. Y no es el primero, pues ya en 1997 fue duramente cuestionado cuando tras arremeter contra José Yuraszeck por el caso Chispas, vendió su participación en Enersis a Endesa España.

En esa época Piñera decía haber delegado el manejo de sus negocios a sus asesores y socios, pero como senador no dejó de ser protagonista en sus inversiones, ganándose críticas en sus propias filas:

“Hasta ahora nadie ha criticado, a diferencia de lo ocurrido con Yuraszeck, los aspectos jurídicos o legales de la operación de Piñera (con Endesa España). Pero, en la práctica, la gente dice que obtuvo un arreglo extraordinariamente beneficioso para él, precisamente por ser Piñera un importante senador de la República”, dijo entonces Andrés Allamand, constituyéndose en uno de los principales argumentos para legislar sobre la separación entre los negocios y la política.

Desde entonces sus negocios sólo han crecido y las críticas desde su sector no han cesado. Esta semana el senador UDI Pablo Longueira lo llamó a dar una “señal potente” de que se dedicará al servicio público y advirtió en Radio Zero que si no se deshace de su participación en Lan y Chilevisión, “va a pagar costos muy altos”.

Es obvio que desde que Frei fue presidente y Piñera senador las cosas han cambiado en esta materia. Hay una demanda activa de la opinión pública por mayor transparencia que debe tener respuesta. Más allá de los avances legales, todos los candidatos deberían dar una señal a la ciudadanía de que están abiertos al escrutinio y dar a conocer en detalle sus patrimonios e intereses durante la campaña, así como sus compromisos en cuanto a la administración de sus activos si llegan a La Moneda.

En mayo, CIPER se adelantó y publicó los formularios con los bienes, platas y deudas declarados por los senadores -que hasta antes de ayer sólo podían ser consultados en el mismo Congreso- y, a pesar de que en una investigación posterior establecimos que al menos 13 de los 38 parlamentarios omitieron información al llenar las planillas, sólo tres plasmaron cambios en su patrimonio.

En el mismo reportaje, quedó en evidencia que no existe un proceso de control de veracidad de la información registrada en estos documentos. Y lo más grave, que no hay sanciones para quienes omiten información en sus declaraciones de intereses. Precisamente para poder determinar eso fue que el 11 de julio solicitamos al presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, información acerca de las sanciones a las que los congresistas se exponen al omitir datos en dichos formularios, así como de las normativas que los regulan. La respuesta tardó, pero llegó.

El 11 de noviembre, cuatro meses después de pedir la información, recibimos una misiva firmada por Carlos Hoffmann y enviada por encargo del presidente de la Cámara. En ella, el secretario del Senado detalla las leyes y reglamentos que regulan el procedimiento, los que a su vez revelan la falta de prolijidad de los parlamentarios al llenar sus declaraciones de intereses.

Las reglas del juego

En la carta, Hoffmann dice que “la obligación de los senadores de efectuar las mencionadas declaraciones se encuentra regulada en los artículos 5ºC y 5ºD de la Ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional“. Según la mencionada normativa, en el caso de las declaraciones de patrimonio, los miembros del Senado deben cumplir con las mismas exigencias que los demás funcionarios de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, diputados y miembros de los tribunales superiores de justicia. Las multas a las que se refiere la ley se les aplican sólo en caso de atraso en la entrega (de 10 a 30 UTM, es decir hasta $1.120.000) y la no actualización cuando haya cambio en su patrimonio (de 5 a 15 UTM, hasta $560 mil).

Hoffmann agrega que “la Comisión de Ética del Senado conocerá y resolverá acerca de la aplicación de dichas sanciones”.

El problema es que nadie verifica que no haya omisiones o cambios patrimoniales que justifiquen una nueva declaración. De hecho, pese a las inconsistencias detectadas por CIPER, desde que la ley entró en vigencia en marzo de 2006, no han existido sanciones en la Cámara Alta.

Pero lo más grave ocurre con las declaraciones de intereses. Si las de patrimonio no cumplen el objetivo de entregar información que le ceda a la ciudadanía la capacidad de dimensionar de forma real lo que los senadores poseen -pues no exige valorizar los bienes-, la manera en que llenan las de intereses no permite ni siquiera hacerse una idea de qué materias son las que afectan su patrimonio. Esto, pues la ley detalla explícitamente el tipo de información que el formulario debe contener y muy pocos cumplen con lo exigido. Por lo mismo, resulta imposible fiscalizar si alguno de ellos votó o no a favor de algún proyecto que le pueda beneficiar directamente. Y más difícil aún, si los frutos le pueden llegar de forma indirecta.

Las reglas están contenidas en los artículos 2º al 6º del decreto Nº99 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que exige identificar claramente las actividades profesionales y comerciales de los declarantes. Y aunque el reglamento no especifica que los senadores se deban regir por él, la carta de Hoffmann asegura que es así. Pero en la práctica eso no ocurre. Y sólo basta con mirar las declaraciones que se encuentran en el nuevo sitio web del Senado para darse cuenta.

¿Cuáles son sus intereses?

Los datos que se deben incluir en las declaraciones de intereses son claros y muy específicos. En el formulario hay tres espacios de importancia en los que, según la normativa mencionada, hay que anotar toda la información que permita individualizar las actividades profesionales, las comerciales y las menciones u observaciones que el declarante estime procedentes. Y son precisamente esos espacios los que presentan problemas.

En la declaración de la ex presidenta de la DC, Soledad Alvear, dice: “Individualización de actividades profesionales: Abogada; Individualización de actividades económicas en que participa: Depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones”. Nada más. No específica dónde tomó los depósitos a plazo, en qué fondos mutuos invirtió y tampoco de cuáles empresas posee acciones. Tampoco, como lo solicita la ley, especifica el tipo de actividad profesional que realiza, la naturaleza de la contratación, la individualización de la persona natural o jurídica a quien presta los servicios, la remuneración o la circunstancia de no haberla, ni la antigüedad del vínculo. Todos esos datos quedan como una incógnita. Le preguntamos a la senadora sobre su declaración, pero no recibimos respuesta.

Lo mismo ocurre con la declaración del senador Carlos Cantero, quien anota: “Individualización de actividades profesionales: Geógrafo profesional, consultor; Individualización de actividades económicas en que participa: Inversiones Geoandes Limitada”. Sobre a qué área de negocios se dedica Inversiones Geoandes, ni una palabra. Con esa información resulta imposible saber cuáles son sus intereses.

Pero las de Alvear y Cantero no son las únicas declaraciones deficientes. CIPER comprobó que mucha de la información contenida en las declaraciones de patrimonio no es incluida en la de intereses, y viceversa. Sociedades, acciones o depósitos que son nombrados y no se explican o que, incluso, ni siquiera son mencionados.

El senador Fernando Flores nos explicó que no incluyó en su declaración de intereses la Fundación Mercator -que sí está consignada en la de patrimonio- porque, “por ser una fundación sin fines de lucro, no constituye intereses comerciales”. Pero el reglamento, que según Hoffmann rige tanto para funcionarios públicos como para parlamentarios, no le da esa opción: “Se entenderá por actividad económica el ejercicio o desarrollo por parte de la autoridad o funcionario, de toda industria, comercio u otra actividad que produzca o pueda producir renta o beneficios económicos, incluyendo toda participación en personas jurídicas con o sin fines de lucro”, dice en su artículo 5º.

Y así, son muchas las declaraciones que simplemente omiten información relevante. La sanción que se aplica en estos casos a los funcionarios públicos está establecida en el artículo 25º del reglamento: “La inclusión de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de información relevante en la declaración de intereses de los funcionarios y autoridades señaladas en los artículos 7º y 8º, serán sancionadas administrativamente con la medida disciplinaria de destitución”. Pero para los parlamentarios esa regla no corre. Tampoco la multa correspondiente si la entregan fuera de plazo.

-En caso de no efectuar la declaración de intereses, dentro de los plazos establecidos, el Secretario General del Senado dará a la publicidad la individualización de los parlamentarios que se encuentren en esa situación -escribe en su carta Carlos Hoffmann, sin agregar nada sobre el castigo por la no presentación del formulario.

Cambios en el patrimonio

A pesar de las consultas realizadas por CIPER a cada uno de los senadores por las diferencias y omisiones encontradas, todas las declaraciones de intereses que publicó la Cámara Alta en su nuevo sitio web son las mismas que entregaron sus miembros en 2006. Ninguno la hizo de nuevo. No sucedió lo mismo con los datos patrimoniales. De los 38 senadores, tres registran cambios en sus bienes y deudas: el radical José Antonio Gómez, el ahora ex PS Alejandro Navarro y el RN Sergio Romero.

En el caso de Gómez hay sumas y restas. El precandidato presidencial por el PRSD adiciona a su patrimonio un inmueble en Antofagasta por $48.000.000 y la sociedad Inmobiliaria GKD S.A., la misma cuya omisión ya había sido detectada por CIPER en el reportaje anterior. En su nueva declaración Gómez resta también todos los vehículos y los bienes de su cónyuge. Además, agrega tres pasivos: un crédito hipotecario y otros dos que cataloga como “comercial”.

Las modificaciones de Romero son menores: cambia de domicilio, pero no agrega inmuebles, y elimina un departamento con su respectiva bodega en Viña del Mar y la sociedad Chicureo Desarrollos Inmobiliarios.

El cambio que más resalta es el de Navarro: dejó de ser el más austero de los parlamentarios. En su antigua declaración de patrimonio -presentada en 31 de julio de 2006-, el senador incluía sólo un inmueble -un sitio en Tomé- por un valor aproximado de $1,5 millón, dos autos Subaru del año ’95, una micro Mercedes Benz de 1976 y tres deudas con el Banco del Desarrollo que sumaban $49 millones.

A propósito de la publicación de CIPER, Las Últimas Noticias lo entrevistó el 2 de junio pasado, resaltando el hecho de que era el más austero de los senadores. “No es malo ser rico, aunque hay que dar hasta que duela, claro que a unos les duele apenas se meten la mano al bolsillo. Esto es para mayor transparencia”, dijo entonces Navarro sobre la publicación de las declaraciones de patrimonio.

Lo que no dijo en esa entrevista, lo incluyó en un anexo complementario presentado el 3 de octubre pasado. En éste asegura haberse deshecho de los vehículos viejos. Además, consigna una casa en Penco (con un valor comercial de $37 millones) y otros siete vehículos adquiridos en los últimos dos años: dos Caravan Chrysler de 2007, dos FIAT (uno de 2005 y otro de 2002), una camioneta Chevrolet y un furgón KIA de 2003 (que en realidad está a nombre de su hermano Julio) y otra micro Mercedez Benz, aunque ésta es de 1990.

La tasación fiscal de los vehículos es de $40.800.000, aunque si tomamos en cuenta los valores del mercado, sólo por los automóviles el senador debió haber desembolsado, a lo menos, $56.000.000 en los últimos dos años. Todos ellos fueron adquiridos a través de Forum, una empresa de servicios financieros.

Pero Navarro no es famoso por sus múltiples autos, sino que por la moto en que llegó a renunciar al PS. De acuerdo a los registros oficiales, la moto fue adquirida mucho antes de la actualización de su declaración, en febrero de 2008. Su valor comercial bordea el millón de pesos.