* Lea además: El hotel donde se maltrata a los trabajadores accidentados.

El miércoles 8 de junio CIPER difundió un reportaje de investigación con impactantes testimonios que daban cuenta de las denigrantes condiciones en que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) hospeda a los trabajadores accidentados de regiones. Un video con imágenes de personas discapacitadas debiendo literalmente trepar por escaleras sin barandas hasta el segundo y tercer piso del Hotel Victoria Simpson, donde se ubican dormitorios y comedor, fue obtenido por el periodista Gustavo Villarrubia, autor de la investigación.

El video y los testimonios de los trabajadores que deben seguir sus tratamientos en Santiago, fueron difundidos esa misma noche del 8 de junio por las pantallas de Canal Vía X, en el programa “Cadena Nacional”. Hasta los estudios del canal llegó un comunicado de la ACHS, sin firma pero con timbre, justificando la ausencia en el panel de debate que se instaló ante las cámaras de un representante de la entidad. Sobre las condiciones del cuestionado hotel, la ACHS afirmó que “efectuó las evaluaciones e informes técnicos que garantizaran su operatividad para los requerimientos pertinentes, verificándose que cumplía con los estándares solicitados”.

En el mismo comunicado se puntualiza que los trabajadores de regiones accidentados que allí son derivados son “autovalentes, y se trasladan por sí solos. Lo único que requieren es un lugar de hospedaje y alimentación mientras permanecen en Santiago para sus controles médicos, pues no requieren hospitalización”.

Lo anterior quedó claramente desmentido tanto por las imágenes del video exhibido como por los testimonios de trabajadores que en esos mismos minutos se hospedaban en el Hotel Victoria Simpson, ubicado en Almirante Simpson Nº 3, a pocos metros de Vicuña Mackenna

TRASLADO EN MENOS DE 24 HORAS

Cuando Cecilia Cerda y Orfilia Orellana, las dos trabajadoras que esa noche del miércoles 8 de junio entregaron su testimonio en Via X, regresaron al hotel, se encontraron sorpresivamente con el propietario del establecimiento, Carlos Moya León, quien en tono amenazador les informó que al día siguiente presentaría una querella en su contra.

La noche para las dos mujeres, ambas profesoras, se hizo larga. Muy larga. Al día siguiente todos los pacientes del Hospital del Trabajador que allí se hospedaban (más de 20), despertaron en un clima de tensión y temor. La incertidumbre se instaló entre sus paredes mientras escuchaban que todos los que habían reclamado debían hacer sus maletas.

De improviso, pasadas las 19 horas, ingresaron al Hotel Victoria Simpson Verónica Herrera, gerente de Salud de la Asociación Chilena de Seguridad, acompañada de dos personas. El temor se acrecentó cuando invitó a todos los huéspedes a reunirse. La sorpresa fue mayúscula. Con tono cálido Herrera leyó una breve declaración del gerente general de la ACHS, Cristián Prado, informando que serían trasladados al Hotel Principado de Asturias, ubicado a pocos metros, en Ramón Carnicer Nº 21. Y el traslado era inmediato.

Seis vehículos llegaron para movilizar a los trabajadores a su nuevo hotel. Un establecimiento de cuatro estrellas y que cuenta con habitaciones y baños para discapacitados, además de condiciones de primer nivel en ventilación, espacio y calefacción. De la comida, ni hablar. Antes de veinticuatro horas de difundido el reportaje, la situación de los trabajadores accidentados de regiones había cambiado radicalmente. La emoción estalló.

El Hotel Victoria Simpson quedó vacío.

EL COMUNICADO

El comunicado de Cristián Prado, gerente general de la ACHS, que los pacientes del Victoria Simpson conocieron al menos en parte, fue difundido una hora antes del traslado, a las 18:13 horas del 9 de junio, a la planta ejecutiva de la ACHS en todo el país. Allí se dice:

Estimados Colaboradores:
He estimado oportuno compartir con ustedes las medidas que hemos tomado en relación con las denuncias formuladas en el programa Cadena Nacional transmitido ayer 8 de junio de 2011 por el canal cable Vía X, basado en la investigación periodística realizada por el Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile.

En el mencionado programa, se han formulado críticas a las condiciones ofrecidas por el Hotel Victoria Simpson, en el cual nuestra organización tenía definido que se hospedaran nuestros pacientes de provincia que eran controlados en el HTS (Hospital del Trabajador de Santiago).

Efectivamente la Asociación Chilena de Seguridad mantenía un convenio con el Hotel Simpson, licitado en el año 2007, a raíz de su proximidad con el Hospital del Trabajador de Santiago (HTS), y porque habría contado con las condiciones necesarias para hospedar a los trabajadores en ese momento. Se trata de pacientes autovalentes, que se trasladan por sí mismos y que no requieren hospitalización, pero sí de un lugar adecuado de hospedaje y alimentación mientras permanecen en Santiago para sus
controles médicos.

Dadas las quejas recibidas de algunos pacientes, unido a las denuncias del programa antes mencionado, solicité conjuntamente con la Gerencia de Salud de la ACHS, trasladar inmediatamente a los pacientes a un nuevo Hotel (Principado de Asturias), de forma transitoria, hasta que se dé la solución más adecuada y definitiva para este tipo de pacientes.

Como es conocido por todos ustedes, la Asociación Chilena de Seguridad tiene máxima preocupación para que los trabajadores afiliados cuenten con la mejor atención y, por ello, se ha dado una solución adecuada a esta situación puntual que se presentó con uno de nuestros proveedores.

Adicionalmente, he solicitado que se analice con máxima profundidad la decisión que se tomó en su momento, el procedimiento que tiene la organización para administrar este proceso y las responsabilidades existentes, con la finalidad de fortalecer y mejorar nuestro control.

Atentamente,
Cristóbal Prado F.

NUEVAS REPLICAS

La reacción express de la plana ejecutiva de la ACHS tenía aroma y color de urgencia. Y se entiende. Porque el reportaje de CIPER también fue visto por el gabinete de la Primera Dama, Cecilia Morel, la que había sido requerida por los trabajadores accidentados que sufrían de los malos tratos en el Hotel Victoria Simpson. Y también por altos funcionarios de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), entidad a la que el gabinete de Morel derivó los reclamos. Esa misma mañana, al tiempo que recibían otros reclamos sobre el mismo problema, la gerencia de la ACHS debió responder las llamadas de la superintendente de Seguridad Social, María José Zaldívar Larraín.

Sólo unas pocas horas tardó la SUSESO en reaccionar. Porque en la misma tarde del 9 de junio, su titular le envió un oficio al gerente general de la ACHS, Cristóbal Prado, el cual se inicia con la mención a la carta que una de las trabajadoras accidentadas que la ACHS derivó al Hotel Victoria Simpson, Arlethy Morales, le envió a la Primera Dama Cecilia Morel, denunciando las condiciones del hospedaje e instalaciones y las “represalias” de las que fueron objeto ella y otros trabajadores de regiones accidentados por la misma ACHS luego de sus reclamos.

En dicho oficio se cita textual el memorándum que la ACHS envió en noviembre de 2010 luego de una visita inspectiva efectuada el 2 de noviembre de 2010 al Hotel Victoria Simpson. Allí se indica que el Departamento de Higiene Ambiental del SNS ha realizado en más de una oportunidad “inspecciones” a dicho hotel “sin encontrar observaciones negativas al respecto”. El memorándum de la ACHS agrega: “El hotel dispone de servicios para ser proporcionados a pacientes en sillas de ruedas o bien con dificultad de movilidad, tiene un acceso a través de una rampla de pendiente adecuada y con baranda y antideslizante”. Y concluye: “El Hotel Simpson cuenta con condiciones para recibir a estos pacientes según su diagnóstico”.

El mismo documento de la ACHS a que se refiere el oficio de SUSESO, hace mención a los reclamos que han hecho llegar algunos pacientes, y afirma que “de acuerdo a la visita efectuada, ellos no corresponden a lo observado”. Luego de reseñar otras bondades del establecimiento, en el memorándum se señala: “El Hotel Victoria Simpson es un lugar que cuenta con espacio y servicios que son acorde a las necesidades que los pacientes de la ACHS en calidad de regionales puedan requerir a fin de permanecer y dar continuidad a sus tratamiento médico en el Hospital del Trabajador”.

A reglón seguido, el oficio de María José Zaldívar al gerente de la ACHS señala: “Sin embargo, usted me manifestó el 9 de junio (es decir, el mismo día en que se despachó el oficio) que el Hotel Victoria Simpson no reúne las condiciones para otorgar servicios de alojamiento, hospedaje y pensión a los pacientes ambulatorios provenientes de sus regionales que vienen a controles o bien a concluir su proceso de rehabilitación, por lo que dispuso el traslado de los mismos. Por ello, es menester que precise cómo se condice tal aseveración con lo informado en la citada carta y sus anexos, aclarando si desde noviembre de 2010 a la fecha cambiaron las condiciones de dicho hotel que expliquen tal contradicción”.

Zaldívar puntualiza en su misiva: “Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que a esta Superintendencia le corresponde fiscalizar a los Organismos Fiscalizadores de la Ley 16.744, careciendo de competencia para fiscalizar las condiciones de higiene y seguridad del mencionado hotel, por lo que nuestra función se ve determinada por las información proporcionada por su fiscalizado, la que por ende debe ser confiable, fidedigna y actualizada”.

La carta de la Superintendente de Seguridad Social finaliza con la exigencia de que en un plazo de cinco días hábiles remita un documentado informe que explique “la contradicción referida en el párrafo anterior”. Al mismo tiempo la SUSESO pide que se le envíe en el mismo plazo las medidas que la ACHS adoptará para garantizar que sus pacientes de regiones serán hospedados en recintos que reúnan todas las condiciones que se requieren.

Otros dos puntos clave fueron incorporados en el informe que la superintendente de Seguridad Social envió al gerente general de la ACHS. El primero dice relación con los informes médicos que emitió la misma institución sobre los tres trabajadores de regiones accidentados que reclamaron por las condiciones del Hotel Victoria Simpson y a los que se les quitaron los controles y tratamientos en Santiago, además de un beneficio de pensión: Arlethy Morales, Iván Toro y Roberto Ortulla. Zaldívar pide que se le envíen todos los informes médicos que den cuenta de su situación actual para someterlos a revisión.

El segundo acápite es que la Superintendencia de Seguridad Social le pide a Cristóbal Prado, gerente general de la ACHS, que le remita los informes que menciona la ACHS en su memorándum, emitidos por la Secretaría Regional de Salud de la Región Metropolitana en su inspección de noviembre pasado al Hotel Victoria Simpson. Lo anterior da cuenta de la sospecha que se abriga en la entidad fiscalizadora sobre la autenticidad de dicho informe. Ello se origina en que, tal como lo indica Zaldívar en su oficio, en la carta que envió la ACHS en noviembre a la Superintendencia -aclarando que los reclamos no son efectivos-, se indica que esa inspección la habría realizado “el Departamento de Higiene Ambiental del SNS”, entidad que ya no existe.

El oficio de la SUSESO fue recepcionado en la Asociación Chilena de Seguridad el 13 de junio. El plazo para responder se cumple el próximo lunes 20 de junio. Hay movimiento y efervescencia en la ACHS. Un clima radicalmente distinto al que se vive entre los trabajadores accidentados de regiones que ahora se hospedan en el Hotel Principado de Asturias.

Las minas tienen grandes fallas de seguridad, a pesar de las ganancias de las empresas. Si en los últimos cinco años las utilidades de las mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. El incremento no tuvo correlato en la seguridad laboral.

La cuenta regresiva más dramática que ha vivido Chile en los últimos años ya se inició. El pulso y la esperanza se instalaron en un pequeño punto de Atacama, donde se prepara el rescate de 33 trabajadores de la Mina San José, atrapados a 700 metros bajo tierra desde hace dos meses y cuatro días. La operación ha demandado millones de dólares que hasta ahora han salido del bolsillo de todos los chilenos. Un absurdo, porque los mineros fueron sepultados por las pésimas condiciones de seguridad laboral en las que funcionaba una mina que registraba millonarias ganancias.

De hecho, sus dos propietarios están bajo arraigo, pero no por los daños que han experimentado en su prolongado encierro 33 de los mineros que trabajan para ellos. El dictamen judicial obedeció a un derrumbe acaecido el pasado 3 de julio y que terminó con un minero seriamente herido y con una pierna amputada.

“La empresa aseguró la producción antes que la integridad física y síquica de sus trabajadores”, afirmó en el juicio el fiscal regional. Una acusación en la que la Mina San José no es la excepción. Ni en seguridad laboral ni en ganancias.

Si en los últimos cinco años las utilidades de las empresas mineras crecieron aceleradamente, este año ascendieron en forma explosiva: sólo en el primer semestre registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70%. A modo de comparación con otro sector de alta rentabilidad, vale la pena anotar que hasta agosto de este año los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.

De allí el nerviosismo con que el sector empresarial minero ha seguido las vicisitudes de los 33 mineros atrapados. Desde las entrañas de la tierra los chilenos han recibido durante dos meses un mensaje lacerante que les señala que los beneficios que obtienen las empresas del rubro no se condicen con el aporte que hacen al país y menos con los que obtienen los trabajadores del sector.

Un efecto claro de esta simple operación matemática fue el acuerdo logrado el 6 de octubre pasado entre el gobierno y la oposición para aumentar la tributación de las mineras. Lo que se anunciaba como un debate duro e interminable, con un poderoso lobby opositor de las empresas, se finiquitó entre risas y abrazos.

El aumento comenzará a regir por completo en 2018, con una tasa variable de entre 5% y 14%. Además, fija un periodo de transición con un gravamen de 4% a 9% entre 2010 y 2012. Otro absurdo. El 2011, cuando el tributo será menor, será un año en que todos los expertos prevén que el precio del cobre llegará a su mayor valor en cuatro décadas: entre US$ 3,5 y US$ 4 la libra (el precio promedio de este año llega a US$ 3,2).

Aún así, las empresas del rubro están disparando sus últimos misiles. Anuncian que esta alza de tributos afectará directamente la inversión extranjera en el sector, la que deberá buscar nuevos puertos. El mensaje llega directo a La Moneda y al Congreso, el que tendrá que legalizar el nuevo acuerdo tributario. Y se entiende. En carpeta para el período que va entre 2010 y 2015 se espera una inversión de US$ 50 mil millones en el sector minero.

El temor a una huída de la inversión extranjera, no es nuevo. Fue en 2002 cuando la agenda pública se inundó de la misma campaña. Entonces, el gobierno de Ricardo Lagos propicio por primera vez un aumento de los tributos a través de un royalty minero. El impuesto, cercenado, fue despachado en el Congreso. Y los resultados están a la vista. No sólo no hubo empresas que abandonaran Chile, sino que la inversión se duplicó al mismo ritmo que la multiplicación de sus ganancias.

No ocurrió lo mismo con la seguridad laboral. Un problema que hasta el 5 de agosto pasado, cuando el país entero se conmocionó con el derrumbe que sepultó a los 33 mineros en pleno desierto de Atacama, era invisible. Y ello, a pesar de que la minería es la actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, con un 15,5% del total en 2009.

Transcurridos 65 días, no hay escuela, oficina o comercio donde no se sepa que ello fue producto de la carencia absoluta de las mínimas condiciones de seguridad y la débil fiscalización del Estado a las faenas mineras para garantizar el derecho a la vida de quienes extraen el llamado “sueldo de Chile”.

(*)Este artículo fue publicado originalmente por el diario argentino Clarín, el domingo 10 de octubre.

El reciente secuestro de cuatro reporteros que cubrían un motín en Durango, al norte de México, por narcotraficantes que amenazaron sus vidas para obligar a dos importantes cadenas de televisión (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video con sus mensajes, dejó al descubierto ante la opinión pública mundial la grave situación que vive la prensa mexicana. Censura, amenazas de muerte, torturas, secuestros y asesinatos forman parte del acoso permanente que enfrentan los periodistas ante el silencio cómplice de un gobierno que no acostumbra investigar los crímenes contra la prensa. Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Vea además:
La carta a los dueños y directivos de los medios de comunicación de los periodistas mexicanos
La carta abierta de los periodistas mexicanos a la sociedad civil
Comunicado de los periodistas mexicanos convocando a la Marcha “Los queremos vivos”
Periodistas que se encuentran desaparecidos (2000-2010)
La solidaridad del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) con los periodistas mexicanos bajo amenaza.

Tras atender la llamada nocturna el periodista se levantó de la cama, se vistió con rapidez -botas, jeans, camisa-, les dio un beso a sus hijos, se despidió de su esposa y se sentó en el living a esperar a que llegara el comando armado a buscarlo.

“Estaba listo para salir a la calle a entregarme en cuanto los escuchara llegar. Yo no iba a permitir que entraran a mi casa, que dejaran traumada a mi familia ni que me encontraran tirado en una zanja en chanclas y calzones”, explica el periodista en una tienda de autoservicio cercana a su casa, el sitio más seguro que encontró para platicar con esta reportera sin llamar la atención en su ciudad, una de muchas del norte del país donde los reporteros viven bajo la ley del “silencio o plomo”.

Pero esa noche, la más larga de su vida, los enviados de la muerte se estacionaron afuera de la casa de otro reportero que cubría como él los asuntos policiacos de la ciudad. Con violencia lo sacaron a la fuerza de su hogar ante el horror de sus niños y de su esposa. Su cadáver fue encontrado al día siguiente en un canal de riego.

El periodista sobreviviente no pudo siquiera acudir al velorio de su colega: él y varios reporteros de ese estado norteño fueron advertidos que ni se aparecieran. Los pocos valientes profesionales que llegaron al velorio lo hicieron con el miedo invadiendo sus huesos al imaginar que su osadía les costaría ser asesinados de un granadazo.

El gatillo asesino surtió efecto: activó el silencio. Los directivos de los medios de comunicación de toda la región decidieron no publicar los enfrentamientos que se libran en las calles que se disputan dos cárteles de la droga. Las balaceras que todo mundo escucha y que impactan en las casas. Y su balance: el reguero de muertos que cada tanto aparecen tirados como bolsas de basura.

De esa información que atemoriza a los ciudadanos no se habló más. Desde ese día los informativos comenzaron a reseñar una realidad paralela a la sufrida por todos, una en la que no tiene espacio la violencia cotidiana. Desde ese momento, la única asignación de trabajo que recibe este reportero es reseñar los eventos de la ‘Alta Sociedad’ de su ciudad. Nada de investigación, menos ‘nota roja’.

Meses después del crimen el reportero vagaba como alma en pena por la redacción de su empresa repitiéndose para sí: “Nos hundieron el barco, nos lo hundieron”.

Sus compañeros de trabajo lo miraban con conmiseración. “Me trataban como enfermo terminal. Cada noche que nos despedíamos me decían ‘cuídate’, como con lástima”, rumió triste durante la entrevista, siempre alerta a los movimientos de la calle.

-En la redacción me siento un fantasma –repitió una y otra vez.

Este periodista y padre treinteañero ya superó la etapa de las pesadillas nocturnas que en las “zonas de silencio” –aquellas controladas por la delincuencia organizada- comparten los periodistas mexicanos. Lo que aún no resuelve es la duda de por qué los narcos rompieron su costumbre de sólo “levantar” a los reporteros de la noticia policiaca para reclamarles o castigarlos físicamente por la noticia o la foto que les molestó. Cuando los castigos de los hombres armados no pasaban de los golpes.

Fue a partir de 2009 que en su tierra comenzaron a silenciar a los periodistas a balazos.

Lo que narra este periodista -que pidió el anonimato porque aún se siente en la mira de los criminales- es la experiencia que comparten a lo largo del país los reporteros, especialmente los que cubren asuntos policiacos o la corrupción de políticos.

Si sumamos los reportes de organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Cepet, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Cencos y Artículo 19, las zonas de alto riesgo para ejercer el periodismo hoy en México son: Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Durango, seguidas en menciones por Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal y Quintana Roo.

En cada región la amenaza de los grupos criminales opera de manera similar, aunque con algunas particularidades.

-Primero son las amenazas, telefónicas, por internet, o que llegan directamente a la redacción cuando aparecen y te dicen “esta foto o esta noticia no la publiques”. En lugares como Tamaulipas primero te advierten lo que no quieren que hagas, y si llevas la contraria, asignan a un reportero (a sueldo) para que te vigile siempre y que te sigue a todos lados. Si no cumples, a la tercera (falta) van por ti, te llevan y te dejan medio muerto. O te matan -dice Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En Tamaulipas también son conocidos “los tablazos”, otro método de castigo que los delincuentes usan contra sus enemigos, incluidos los periodistas: “Te amarran y te pegan con una tabla en la espalda hasta que casi te matan”, explica la misma corresponsal.

Los reporteros defeños no están a salvo: reciben la visita de los abogados de los narcotraficantes quienes transmiten sus mensajes o sus órdenes. Por ello, en los periódicos ha cundido la costumbre de publicar investigaciones sin la firma del periodista que la realizó, aunque algunas organizaciones han expresado dudas sobre si esa medida protege realmente al autor.

-Aunque no firmemos las notas los delincuentes, militares y demás nos tienen identificados. Para ellos los reporteros policiacos somos el rostro de nuestra empresa – explica un periodista de Coahuila.

En algunos casos los periodistas amenazados renuncian al trabajo o huyen de su estado o del país intentando empezar una nueva vida. En otras, los jefes dan vacaciones al amenazado hasta que la situación se calme. Y en la mayoría de los medios de comunicación, simplemente los cambian de frente noticioso unos días hasta que la situación se tranquilice. Sólo en contados casos las empresas han financiado su exilio temporal.

Lo grave es que, según RSF, la mayoría de los periodistas amenazados subestiman las amenazas. Hasta que ellas se concretan.

La cuenta en vidas ha sido dura: entre el año 2000 y 2010 han asesinado a 67 periodistas. Más de la mitad de ellos murió entre 2007 y 2010, en el periodo del Presidente Felipe Calderón. Sólo el año pasado fueron 13. Además, 11 periodistas están desaparecidos.

La SIP criticó el 16 de febrero pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ya que de 16 casos de asesinatos o desapariciones de reporteros ocurridos entre 2000 y 2009, ninguno “se considera resuelto y, por el contrario, están paralizados, porque no hay órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y no existen personas detenidas o sentenciadas”.

La mitad de los expedientes sobre las muertes de estos periodistas están empolvados: llevan entre 3 y 10 años arrumbados.

No sólo los periodistas o los editores son amenazados, también las instalaciones de los medios de comunicación. En el recuento de las agresiones se tiene registro de las dos hieleras con cabezas de cerdo dejadas en las sedes de los periódicos El Nuevo Día y El Diario de Sonora, en Nogales; el ataque con metralletas a El Siglo de Torreón; los granadazos que impactaron en El Mañana, de Tamaulipas, y a Televisa, Monterrey y la cortina metálica rota de la imprenta del semanario sinaloense RíoDoce, donde arrojaron una granada, entre muchas otras.

Estos atentados han provocado que varias regiones del país -algunas que resistían heroicas a los dictados del crimen organizado- se transformen en “zonas de silencio”. La corresponsal Balbina Flores ubica dentro de esta categoría a Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, y en cierto grado a Sinaloa y Chihuahua.

Y cuenta una anécdota: aunque el 11 de noviembre de 2009 fue secuestrada la reportera María Esther Aguilar Casimbe de , sólo ocho días después RSF pudo confirmar su desaparición. Sin embargo, cuando investigaba el caso, se percató que todos los colegas de María Esther lo sabían, pero no podían decirlo: un grupo del narcotráfico los tenía amordazados.

(María Esther tiene dos hijas y poco más de 30 años. Varios testimonios señalan que en una reunión convocada por narcos locales para dictar reglas a la prensa ella intentó salirse, pero fue obligada a quedarse. Antes de su desaparición publicó tres notas exclusivas referentes a la policía, a un capo de la droga y a un alcalde vinculado a la delincuencia).

ZONAS DE SILENCIO

El capítulo más crítico, en el que la prensa claudicó a su misión de informar aplicándose la autocensura, fue quizás el que se vivió en febrero pasado en Tamaulipas.

-Hubo especialmente una semana de violencia, prácticamente de Camargo a Matamoros, en la que por todos lados hubo enfrentamientos. Se calcula que en esas semanas hubo de 200 a 600 muertos. Y fue una etapa de silencio de los medios y de desinformación general. Los ciudadanos prácticamente quedaron abandonados aunque aprovecharon hasta el menor resquicio (a través de blogs,twitter, facebook o videos caseros) para testificar lo que las autoridades no quisieron reconocer y los periodistas no pudieron informar -señala el director del Mcallen Times, Jorge Luis Sierra.

En esos días los tamaulipecos se informaban por twiter o facebook por qué calles había balaceras; blogueros grababan los sonidos de los disparos y hasta una ama de casa subió a internet imágenes de cadáveres cercanos que captó con un video casero. Todo para dejar constancia.

El 8 de marzo, el Dallas Morning News informó que sólo en la ciudad de Reynosa ocho periodistas habían sido “levantados” en los 14 días anteriores: uno murió de coma diabético (aunque las organizaciones periodísticas tienen testimonios de que se lo ocasionó la golpiza previa que recibió), cinco estaban desaparecidos y dos enviados de Milenio Televisión fueron retenidos, golpeados y liberados después de horas con una advertencia: “¡Lárguense, dejen de calentar la plaza!”.

-Un grupo de poder fue capaz de silenciar a toda una región. No sólo a los medios mexicanos, también a las organizaciones periodísticas del otro lado de la frontera, porque hubo una semana que las televisoras (texanas) sólo transmitían información oficial y ningún reportero cruzó la frontera porque estaban amenazados. La condición de silencio se trasnacionalizó y la prensa se replegó por orden de la delincuencia organizada -dice Sierra, periodista experto en temas de seguridad.

Sierra considera que la operación de silenciamiento que activaron los narcotraficantes en Tamaulipas es la misma, aunque más concentrada, que la que se ejecuta en lugares como Michoacán, la Laguna o Guerrero.

Y recuerda la ocasión en que la sorpresa inicial fue superada por los reporteros de las grandes cadenas estadounidenses que lograron traspasar el “cerco del silencio” e informar sobre la situación:

-Las organizaciones periodísticas sólidas, con más planificación de sus coberturas, con buenos protocolos de seguridad, estaban en mejores condiciones para penetrar esas zonas de silencio. Los medios mexicanos tendrían que leer esa experiencia porque la situación sorprendió a sus periódicos prácticamente sin recursos para defenderse, con la guardia baja. Los que no fueron controlados, no tenían la forma de defenderse; algunos estaban penetrados y vivían el terror internamente.

ENEMIGO EN CASA

La violencia en Tamaulipas evidenció un secreto a voces: hay empresas periodísticas infiltradas por personas al servicio de los grupos criminales.

El 12 de marzo pasado la agencia Reuters publicó que los cárteles pagan 500 dólares al mes y obsequian licor y prostitutas a periodistas tamaulipecos para que intimiden y silencien a sus colegas.

Esa infiltración no es una novedad. Ya en 1993, el entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, informó que investigaba a periodistas (después se supo que eran 11, entre directores de revistas, reporteros de diarios capitalinos y un ex reportero de televisión) por brindar información a narcotraficantes. Pero nunca tuvo elementos para probarlo.

Hoy en día la situación es extendida.

El editor de un diario del occidente del país cuenta una anécdota escalofriante: entre sus subordinados había una reportera que le advertía de antemano a quién debía dejar de ver porque próximamente iba a ser asesinado. Al punto que llegó a tramitar viáticos a una comunidad rural días antes de que se perpetrara una matanza de la que ella ya había sido informada. Quería la exclusiva.

-¿Y por qué no la despidieron? –se le preguntó al editor.
-¿Quién iba a ser el valiente que se atreviera a decirle algo? –respondió.

Con el tiempo la periodista renunció. Y él suspiró aliviado.

-Antes podíamos dar la pelea y defender la libertad de expresión. Ahora la única medida de protección es no publicar. Y no podemos hacer nada desde que los periodistas dejaron de ser neutrales -justificó ante esta reportera el director de un diario norteño que estima que la autocensura es un recurso para cuidar a sus reporteros.

Un periodista de Sinaloa consultado por correo electrónico sobre este tema, comentó: “En la redacción hay compañeros que tratan de trabajar bien, pero también hay los otros, pero de esos prefiero que hablemos en corto, porque esa situación ha llegado a poner en riesgo a los otros colegas”.

-Es muy complejo resolver la infiltración en las salas de redacción porque ya en algunas no se puede hablar o escribir tranquilamente. En Coahuila me dijeron que tenían que salirse de la redacción para platicar; en otros estados hay fotógrafos que retratan a los reporteros que llegan a cubrir algún crimen para identificar a quién hizo la nota. Y sabemos que en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Michoacán existen los famosos “voceros”, periodistas que operan para la gente del narcotráfico y les advierten qué se publica. Estos controlan a los compañeros: los llaman, saben dónde viven, a veces les pagan, los vigilan y no dudamos que son los que llaman a las redacciones para exigir “léeme lo que vas a publicar mañana” y censuran –afirma Balbina Flores, la corresponsal de RSF.

Sierra, sin embargo, considera que los infiltrados en las redacciones no pueden llamarse periodistas: “Son publirrelacionistas de los narcotraficantes que en buena medida están tratando de impactar la mente y el corazón de la gente a través del terror y que usan a los medios como su herramienta”.

Ambos coinciden en que este es un debate pendiente y ha sido la excusa permanente de las autoridades para no investigar los homicidios de comunicadores.

ALMAS ROTAS

En una ciudad de Michoacán, los reporteros se disfrazan de mujer (con peluca y lentes de sol) para que los fotógrafos que trabajan para los cárteles no los identifiquen en la escena del crimen. Los juarenses, aunque trabajen para empresas distintas, están comunicados por radio para llegar juntos a cubrir los hechos sangrientos. Algunos periodistas defeños se rehúsan a recibir exclusivas si sus informantes los citan en lugares secretos y no quieren acudir a la sala de redacción.

Esas son algunas medidas de seguridad que los reporteros, generalmente por iniciativa propia, han improvisado para protegerse en los últimos tres años, desde que se desató la llamada “guerra contra las drogas”, cuando los violentos de este país se descararon y llevaron sus pleitos a las calles.

-Después que sufrimos los granadazos contra El Debate (en Culiacán) creamos un plan preventivo de trabajar en conjunto los operativos policiacos, de estar en contacto entre todos, de no acudir a ningún hecho hasta confirmarlo, reportar cualquier cosa sospechosa y acreditar siempre la información a la autoridad que corresponda -narró un reportero sinaloense.

“Nosotros tratamos de informar sin calificativos y sólo lo oficial para que no se enojen los grupos criminales antagónicos. Esos tipos ya nos dejaron claro que no les gusta que escribamos sus derrotas o malas actuaciones. Ellos se sienten redentores y hasta revolucionarios. Yo no puedo escribir siquiera el termino ‘sicario’ porque lo escuchan despectivo. Los cito como ‘sujetos’ o, peor aún, ‘civiles armados’. Además, ya sabemos que ellos nunca ‘huyen’ sólo se ‘retiran’ del lugar”, señaló un reportero del norte que considera que por más medidas de seguridad que se impongan no darán gusto a los delincuentes en sus exigencias.

Movidos por la violencia, los periodistas comienzan a incorporar como propio el lenguaje de los servicios de seguridad: discuten la utilización de “planes de acción” o “protocolos de seguridad”, usan lenguaje cifrado al igual que los empleados de las compañías petroleras en países extraños, e incluso algunas organizaciones les ofrecen chalecos blindados.

Así, algunos periodistas de medios nacionales enviados a zonas de riesgo comienzan e acostumbrarse a concertar previamente entrevistas para usar lo menos posible el teléfono sobre terreno, mantienen contacto con sus jefes a horas preestablecidas para confirmar que están bien, mandan mensajes en clave para no exponerse y elaboran un plan de acción previo al viaje con instrucciones para reaccionar rápido por si algo les llegara a ocurrir.

Pero, según Balbina Flores, la gran mayoría no toma en serio su seguridad o se rindió a la censura. Una situación que confirmaron a esta reportera otros colegas.
-Somos el jamón del sándwich y no podemos protegernos porque estamos atrapados en medio de fuerzas desconocidas. El narcotráfico acabó con el espíritu del periodista de investigación –afirma un profesional de la prensa guerrerense que sabe que en su redacción reciben presiones de La Familia, Los Zetas –ambas mafias del crimen organizado- y la policía.

Igual que sus colegas, él recibe en su correo electrónico videos con torturas o decapitamientos en vivo que los grupos criminales envían con la orden de publicarlas. Y él, como muchos, está sometido a una inusual presión psicológica.

-A veces no puedo dormir. No entiendo tanta violencia, tanta brutalidad, todo tan sanguinario… Me ha tocado ver cosas que parecen sacadas de una película satánica o del Alarma -narra un fotógrafo que trabajó para El Noroeste de Sinaloa y ejerce desde hace más de una década.

Este reportero gráfico carga con una pesadilla desde octubre de 2006: llegó a fotografiar una camioneta con más de 100 impactos de bala y encontró en su interior a tres niños muertos y debajo de sus cuerpos, a una niña viva, agonizante, cubierta de sangre, que extendía la mano pidiendo ayuda. Al instante descubrió que eran los vecinitos con los que siempre jugaba su hijo.

El psicólogo y antropólogo médico Rogelio Flores, que desde hace dos años elabora su tesis doctoral sobre estrés postraumático entre reporteros, tiene la hipótesis de que los síntomas que presentan quienes cubren narcotráfico son los mismos -e incluso mayores-a los impactos que deja la cobertura de guerras: “He platicado con periodistas de Juárez, Culiacán, Chilpancingo y los veo psicológicamente alterados, anímicamente extenuados. Una reportera de Juárez que cubrió matanzas se dio cuenta de que está bebiendo demasiado por su oficio y no por problemas personales”.

-Los síntomas que deja la exposición a tanta violencia pueden manifestarse a través de sueños y recuerdos repetitivos y perturbadores del suceso traumático, fuertes latidos del corazón, dificultad para respirar, sudoración excesiva, evasión, pérdida de interés, apatía, depresión, irritación, explosiones de rabia, dificultad para concentrarse, estado de alerta o defensivo, además de mareo, nerviosismo, temblor de manos y hasta ideación suicida –explica el psicólogo

AGENDA PENDIENTE

El lunes 11 de marzo casi un centenar de periodistas de varios estados del país se reunieron en el encuentro “Ni un periodista Menos”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Durante la inédita jornada se escucharon voces de editores de pequeños diarios que lidian con los caprichos de la policía y los narcos; fotógrafos desconcertados porque cargar una cámara los pone en riesgo y testimonios de la mordaza autoimpuesta en varias redacciones para salvar la vida. Y tuvo incluso un producto también inédito: un catálogo de tips para proteger la vida en vista de que ni las instituciones de gobierno ni muchos dueños de los medios toman en serio el peligro que acecha a los periodistas.

Hubo una crítica unánime al trabajo de la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión para periodistas de la Cámara de Diputados, que además de cobrar por investigar los crímenes contra el gremio, no han dado resultados.

Entre las conclusiones para reforzar la seguridad gremial se decidió involucrar a los directores y dueños de medios de comunicación en la discusión; promover que cada empresa cree sus planes de acción, evaluaciones de riesgo y protocolos de seguridad; profesionalizar a los periodistas y dignificar sus condiciones laborales; vigilar la impartición de justicia de los crímenes y crear mecanismos para romper las ‘zonas de silencio’.

Elia Baltazar, de la Red “Periodistas de a Pie”, organizadora logística del encuentro, explica que, al quedarse la sociedad sin sus mensajeros, todos pierden: “Una sociedad que permite las agresiones contra sus periodistas se está jugando su único espacio de contrapeso y vigilancia del poder, se está sacando sus propios ojos y cortando su lengua. Es renunciar a la construcción y perfeccionamiento de nuestra democracia”.

Diversas organizaciones coinciden en que México se ha convertido en el país más peligroso del continente para ejercer el oficio del periodismo. Y aunque ese diagnóstico es conocido por todos, algo está fallando. Una muestra: el año pasado, antes de ser asesinado en Durango, el reportero Bladimir Antuna puso una denuncia penal por amenazas y alertó a organizaciones protectoras de periodistas de su situación. Pero esa medida no le salvó la vida.

Antes de ser desaparecida, la michoacana María Esther Aguilar Casimbe había dejado un mensaje en el periódico colombiano El País: “Hola, yo también trabajo en un medio de comunicación, no me considero periodista, pero sí reportera y de las buenas, soy de México y me gustaría tener contactos en Colombia, vivo en el estado de Michoacán”.

Lejos de mejorar, la salud de la prensa mexicana se agrava. El último capítulo ocurrió la semana pasada cuando cuatro periodistas que cubrían un motín en Durango, al norte de México, fueron secuestrados por unos narcotraficantes que querían obligar a las dos televisoras importantes de difusión nacional para las que trabajaban (Televisa y Multimedios) a que transmitieran un video. En un operativo del que aún no se conocen detalles, la Policía Federal liberó a los secuestrados que sufrieron golpes e intimidaciones y que todo el tiempo creyeron que sólo iban a salir del encierro en un ataúd.

El episodio, que por primera vez afectó a periodistas de la capital -y que fue seguido con conmoción en todo el país- no logró convocar a los dueños de los medios para que establezcan medidas de protección a los trabajadores de sus empresas. Tampoco motivó al gobierno a garantizar protección para los comunicadores.

Como medida de presión, el sábado 7 de agosto marcharán periodistas en la ciudad de México y en seis estados del país exigiendo el esclarecimiento de los crímenes contra el gremio y que se les garantice el derecho a la libre expresión y a los ciudadanos el derecho a estar informados.

Por mientras, a falta de condiciones de seguridad, algunos periodistas que viven amenazados están tomando medidas preventivas extremas. Unos han huido del país, otros están comprando seguros de vida y están también los que han redactado su testamento. Así lo hizo un reportero norteño de asuntos policíacos que dejó el siguiente legado a sus jefes: “Si unos narcos van por mí y me ‘levantan’ no lo difundan de inmediato, denme tiempo a ver si me liberan, porque si lo publicitan y hacen ruido muy rápido colaboran a que jalen el gatillo y salpiquen mi sangre”.

*La versión original de este texto fue publicado en la revista mexicana Proceso, en la Edición Especial Número29 “La Guerra del Narco” segunda parte

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Creo que Carabineros, al igual que cualquier institución pública, tiene deficiencias. Pero cuando son requeridos para actuar en un determinado procedimiento, tienen la obligación constitucional y legal de responder. No quiero decir que no sea cierto que haya vecinos que han tenido y tienen la experiencia de llamar a Carabineros y no tener respuesta. Es probable que ocurra en algunos sectores, pero no es la generalidad en las poblaciones.

-El reclamo lo escuchamos reiteradamente de los vecinos en las poblaciones que CIPER recorrió: dicen que cuando hay enfrentamientos de bandas, llaman a la policía y o no les responden o les dicen que los llamen cuando todo haya terminado, “después de que se hayan matado”.

Eso es súper fácil de comprobar. Todos los llamados al 133 quedan grabados. Le aseguro que no todos ellos son tan reales como lo cuentan.

“Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz”.

-Pero también están los teléfonos del Plan Cuadrante. ¿Esos llamados también quedan grabados?

No, esos no.

-En todas las poblaciones donde fuimos los vecinos reconocen que ya no existe confianza en las policías, porque deben convivir con grupos armados y traficantes y cuando llaman a Carabineros no obtienen respuesta o es tardía. ¿Qué políticas está desarrollando el Estado en este tipo de zonas, además del Plan Cuadrante?

Efectivamente, desde la década de los ’90 empezó a surgir un fenómeno en algunos barrios de las grandes ciudades que se caracterizó por la aparición de bandas de delincuentes ligados al microtráfico y al tráfico de drogas. Se instalaron en determinados barrios sin que necesariamente vivieran ahí. En aquella época se comenzó a desarrollar un esquema de trabajo denominado Barrio Seguro (en convenio con el BID) y que partió en 2001 con La Legua. Al año siguiente se agregó la Santa Adriana, la población Yungay; y después entraron poblaciones de afuera de Santiago, como la Intendente Saavedra, en Valparaíso.

-Las llamadas “intervenciones” que hizo el Ministerio del Interior.

Intervención no es el nombre apropiado, porque generas dos efectos: uno, estigmatizas a la población completa; y dos, no da cuenta de lo que se hizo con el programa Barrio Seguro, cuyas líneas fundamentales eran mantener la estrategia de control policial en el perímetro y al interior de estos barrios y disponer a todos los servicios públicos en una línea de trabajo con los vecinos para fortalecer las organizaciones comunitarias y la capacitación laboral. Son poblaciones donde, producto de la acción de las bandas, toda la estructura social empezó a desaparecer de las calles. Las organizaciones que aún existían eran las vinculadas con algún tipo de “protección” a estas bandas. Hubo un trabajo también muy fuerte en materia de prevención sicológica y social a través del Conace, los Cosam…

-Pero si uno examina los planes y sus efectos, finalmente han sido soluciones parche, que quizás funcionan, pero sólo por un tiempo.

Uno puede decir que son parches en el sentido de que eran acotadas en el tiempo, pero como había distintos tipos de programas, hubo una acción permanente. Conace ha hecho muchas cosas con agrupaciones de jóvenes en temas deportivos, culturales y artísticos. Y hubo también una intervención más visible, vinculada a la infraestructura, para recuperar espacios como canchas, sitios eriazos, equipamiento. Toda la inversión del programa Barrio Seguro -en las diez o doce poblaciones donde se implementó este trabajo- debe andar por sobre los $2.500 millones. No trabajamos sobre la población vulnerada, sino con sujetos que vulneran un entorno, habitualmente los mismos y que circulan entre la población y la cárcel. De allí la coordinación con las policías y Gendarmería para saber cuándo salen.

Patricio Rosende, subsecretario del interior

-¿Qué tan efectivos han sido los programas? ¿Cuál es la evaluación?

No sé si se puede hacer una evaluación de cuál fue el efecto de Barrio Seguro. Creo que instaló una metodología de trabajo que se ha ido aplicando en muchas poblaciones y que básicamente es cómo se transforma a un vecino solitario en uno solidario. Lo que estamos tratando de hacer en estas villas es generar redes sociales que les permitan a los vecinos recuperar su entorno y aislar a los que vulneran su barrio. Si uno compara con la situación de las poblaciones del país en 2000, cuando partió el programa, creo que hemos tenido éxito en muchas poblaciones. Hay algunas donde es probable que uno pueda decir que no hubo efecto alguno…

-¿De qué depende?

Del funcionamiento del Plan Cuadrante, de la efectividad de las políticas, de que hayamos logrado o no generar un entorno vecinal proclive a un trabajo de más largo plazo. No es llegar y decir vamos a capacitar, arreglar una plaza, poner luz y nos vamos.

-Pero en la población Yungay, emblemática del programa, estuvieron tres años: pavimentaron algunas calles y veredas, iluminaron rincones oscuros, pusieron lomos de toro, pero los vecinos cuentan que después que se fueron la cosa sigue igual o peor, que las balaceras son algo cotidiano.

Estos programas evolucionan al mismo ritmo que lo hace la actividad delictual. Es cierto que en la Yungay uno podría decir que el efecto durante la intervención se produjo y se sintió; y cuando terminó, la gente puede decir que los abandonamos. Pero no es verdad. Por ejemplo, en Santa Adriana, La Legua, Los Centinelas en Concepción y en una serie de poblaciones estos programas van cambiando. Hoy se llama Quiero Mi Barrio, otra modalidad producto de Barrio Seguro.

-Si uno mira el listado de sectores donde está presente Quiero Mi Barrio, la mayoría de los considerados críticos queda fuera. Por ejemplo, en casi ninguna de las poblaciones de La Pintana están.

Hay distintos tipos de acciones. Quiero Mi Barrio es sólo uno. Por ejemplo, en la Santa Adriana, una zona compleja por el tema de seguridad vinculada con el microtráfico, estamos desarrollando un programa que le va a cambiar la cara a la población. En La Legua pronto vamos a inaugurar el Centro Cívico. En distintas poblaciones hay varios tipos de acciones que van acompañadas de control policial, que puede ser deficitario, insuficiente porque efectivamente hay una demanda y tenemos un déficit de Carabineros. No hay duda.

-En junio se informó de una carencia estimada en 4.500 carabineros.

De 5.200 en estricto rigor para los próximos cuatro años. Durante este gobierno se han agregado a la dotación 6.000 carabineros, 1.500 carabineros por año. Pero uno no saca nada poniendo carabineros en todas las cuadras. Un Estado policial nunca va a ser suficiente. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo con las organizaciones vecinales. Puede tener todos los defectos, situaciones que corregir además de reforzar la presencia policial en muchas de estas poblaciones, pero hay que comparar la evolución de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150.

-El promedio de distancia entre las poblaciones y el recinto policial más cercano es de 2 ó 2,5 kilómetros. Quizás esa distancia influye en la lentitud de la acción. Se ha propuesto la creación de retenes y comisarías al interior de estas zonas y finalmente no se hace. ¿Por qué?

Nosotros lo hemos desincentivado por un motivo muy simple: lo que nos interesa es tener mayor eficiencia policial. La presencia de un retén o una tenencia en un determinado lugar genera un entorno de mayor protección, pero lo mismo hace la pareja de policías o el vehículo que cumple su función de manera periódica en un sector. En un retén trabajan siete funcionarios. De ellos, tres están con permiso, dos tienen labores administrativas y sólo quedan dos operativos. O sea, la peor inversión es instalar retenes. El sentido del Plan Cuadrante es precisamente tener mayor cercanía entre los Carabineros y un determinado sector.

“Hay que comparar la evolución de esta institución y de la seguridad desde hace 10 años a la fecha. Porque puedes decir que en Santiago hay 80 de estas poblaciones, pero te aseguro que en el 2000 había 150”.

-Pero el Plan Cuadrante no ha tenido la mejor de las evaluaciones.

Sería absurdo afirmar que con la dimensión de los cuadrantes que tenemos en Santiago no hay déficit. Lo hay: de carabineros y de vehículos. Eso se está paulatinamente corrigiendo. Pero no creo que sea esa la razón por la que todavía tenemos poblaciones donde hay grupos que las vulneran de manera periódica.

-Usted dijo que la acción de estos grupos ha cambiado por completo el sistema social de estas poblaciones, pero también que el foco principal del trabajo estatal son las bandas. ¿Qué se está haciendo con la gente afectada por esas bandas?

Eso es lo que uno trata de reflejar en el programa comunal de seguridad: empoderar a los vecinos, crear redes comunitarias. Hace un tiempo partimos con un programa de instalación de alarmas que ha generado una comunidad distinta. Al vecino que vive solo o que es mayor, le sirve frente a un asalto y ante cualquier problema: toca la alarma y se genera una reacción del vecindario completo. Lo estamos viendo en Puente Alto, La Florida, Maipú. El sistema ha sido muy potente por la capacidad que han tenido los vecinos de reagruparse y tomar posesión de sus barrios. Más que poner rejas o cerrar los pasajes, que al final se transforma en un obstáculo para la entrega de servicios. También la inversión en luminarias. Los delincuentes actúan donde está oscuro y los vecinos están encerrados. Pero cuando éstos salen a las calles y se toman los espacios, los delincuentes tienden a replegarse. Hay que generar las condiciones para que puedan salir a la calle. En esa línea estamos trabajando.

-Volviendo al tema de las bandas. ¿Cuál es el protocolo de acción cuando hay enfrentamientos? En todas las poblaciones dicen que se repiten todos los fines de semana y que Carabineros no llega sino hasta después de ocurrido el problema. Lo mismo con las ambulancias.

Me cuesta aceptar -como si fuera la normalidad- que cuando esto pasa y llaman a Carabineros, éstos no llegan. Es una conducta inadecuada e impropia. Debe ser una excepción. Si eso fuera así, me costaría encontrar razones para que Carabineros siga siendo la institución con más alta credibilidad en el país. Estoy seguro que si uno hace una revisión completa de los procedimientos, son muchos más los casos en que sí llegan y oportunamente. El protocolo de Carabineros es de estándar internacional. Cuando hay una llamada de emergencia, quien responde por el cumplimiento es el oficial de más alto grado. Por eso me cuesta decir que lo normal es que a estas poblaciones los Carabineros no llegan.

Patricio Rosende inaugura proyecto de recuperación de espacios públicos en Recoleta

-Pero si alguien sabe de lo que allí ocurre son los propios vecinos.

No digo que no suceda. Si errores e incumplimiento a los procedimientos existen y habitualmente, pero lo normal es que lleguen y adopten los mecanismos que correspondan. En todo caso, las condiciones en estos barrios vulnerables no dependen exclusivamente de la mayor o menor presencia o frecuencia de las rondas policiales. Por eso hacemos tanto hincapié en que hay que hacer prevención, sin dejar de lado la responsabilidad policial. Carabineros y la PDI tienen un rol que cumplir. Para eso se les entregan los recursos. Lo que importa en estas poblaciones es cómo se genera seguridad comunitaria, porque nunca vamos a tener la cantidad de Carabineros que la gente quisiera tener en la calle. Por eso hay que reforzar la seguridad comunitaria, que se expresa en la rearticulación de las redes vecinales, familiares y escolares. Muchos de los jóvenes que actúan en estas bandas han abandonado la educación formal. Estamos en un trabajo fuerte para recuperarlos en los colegios.

-En muchas de estas poblaciones no hay colegios en las cercanías y en varios casos sólo son de básica y el que imparte educación media está al otro lado de la comuna.

Sí, pero esa no es una realidad que sólo ocurra en las zonas vulneradas, así que uno no puede decir que ese sea el elemento que detona la situación.

-En las zonas vulnerables sí hay problemas de locomoción y a muchos lugares aún no llegan las micros. Y cuando llegan, después de cierta hora dejan de hacerlo. Eso también ayuda a que los espacios comunes sean tomados por grupos que consumen drogas, alcohol y perpetran delitos.

Pero uno también podría decir que las viviendas son tan chicas que la gente no tiene cómo estar adentro de las casas…

-Y también es así.

Sí. Y gran parte de los problemas que hay en estas poblaciones es precisamente producto de la forma en cómo la ciudad de Santiago ha ido concentrando realidades complejas en los mismos sectores.

-Desde que el ’79 se liberalizó el uso de suelo, hubo una explosión en la construcción y entrega de viviendas sociales en la periferia, sin los servicios necesarios.

Así es. Ese es un déficit importante en muchas de estas poblaciones. Eso es verdad.

-Y se mantiene hasta hoy.

No, porque la política de vivienda actual es completamente distinta, incluso a la de cinco años atrás. Hoy la calidad de la vivienda social es mucho mejor: es más grande y con mejores instalaciones. No hay ningún barrio nuevo que se entregue sin servicios asociados.

“La forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando”.

-Pero si hablamos de poblaciones nuevas, las que se instalaron hace unos 10 años, en ellas aún se encuentran estos problemas.

Sí. Siguen teniendo esos problemas porque cuando debes optar, como política pública, entre terminar o disminuir el déficit habitacional, te preocupas de lo primero. El componente de calidad de vida es accesorio ante una demanda que es mucho más urgente. Pero hoy eso casi no existe en los barrios nuevos. Es verdad que se construyeron miles y miles de viviendas sin servicios, sin centros comunitarios, sin escuelas. Es cosa de ir a darse una vuelta. Sin duda que hay una demanda insatisfecha en muchísimas poblaciones donde hay mucha gente.

-¿De qué manera ese déficit ha influido en el deterioro de la seguridad en estos sectores?

Creo que influyen mucho las condiciones urbanísticas de una ciudad para facilitar la comisión de delitos. Esa forma de diseñar las ciudades, con carencias en infraestructuras y servicios, hace que la gente se encierre en sus casas. En muchas de las poblaciones, a pesar del tamaño de las viviendas, la gente no sabe quién vive al lado ni atrás ni adelante. Se generan situaciones de alta desconfianza, vecinos solitarios muchas veces asustados y escondidos. Y no porque la gente haya optado por eso, sino porque el entorno que se les construyó iba orientado en ese sentido. Y ellos tampoco lograron tener los apoyos para generar condiciones de vida y de ciudad distintas. Ahí hay una deuda muy fuerte que estamos enfrentando. Es muy difícil, porque pasar del temor y la desconfianza a la condición de vecinos más empoderados, más involucrados en una vida de barrio, requiere de muchas energías que confluyan en el mismo sentido.

-A la hora de diseñar un nuevo barrio, ¿se trabaja en conjunto con la Subsecretaría del Interior para ver la seguridad?

Claro. No sólo para la seguridad. Hoy sigue existiendo déficit habitacional, pero las condiciones en que se construyen las viviendas sociales son muy distintas. Antes sólo se entregaban viviendas casi en obra gruesa; hoy ninguna se entrega sin calefón o revestimiento de interiores. Es otro concepto que también influye en la dignidad de la familia. En los ’90, una vivienda Serviu era muy poco acogedora: murallas sin revestimientos, piso de radie, lavatorios pequeñísimos… Hoy se entrega otra casa, para que los vecinos no sólo se sientan dueños de su espacio, sino también de un barrio que los acoge. Eso no existió en la gran obra de vivienda de los primeros 15 años de los gobiernos de la Concertación. No hemos logrado resolver nudos importantes en algunas de estas poblaciones.

-¿Cuáles son esos nudos?

Son barrios que no reúnen las condiciones elementales de una ciudad. Esa marginalidad permite la aparición de estos grupos que se adueñan de los sectores y vulneran a la mayoría de sus habitantes que quiere vivir en paz. Esa es nuestra apuesta: que esos muchos más logren empoderarse. Para eso el Estado tiene que poner no sólo el control policial, sino que generar espacios para que esa gente pueda salir a la calle con confianza y a determinada hora del día los puedan usar los niños, la tercera edad y los jóvenes. Eso requiere mucha coordinación y acción proactiva del Estado, las municipalidades y los vecinos.

-Habla de “grupos que se adueñan de los sectores”. ¿Reconoce que bandas delictuales han tomado el control de algunos sectores?

Hay grupos y bandas que actúan en algunas poblaciones y que causan un problema complejo. Nosotros estamos trabajando para controlarlas y sacarlas de esos lugares.

Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) identificó a la Cuatro de Septiembre como una de las 171 poblaciones con mayores índices de delitos graves y tráfico de drogas de la Región Metropolitana. Según los registros de Gendarmería, homicidios, secuestros, robos, hurtos, tráfico de drogas, porte de armas y lesiones son los principales delitos por los que han sido encarcelados algunos de sus moradores. Al 3 de marzo de este año, había 32 personas de esa población privadas de libertad (19 reincidentes). Ello muestra que la gran mayoría de sus pobladores son trabajadores, dueñas de casa y estudiantes. Por ello, los vecinos acusan: “esa minoría es la que decide las reglas de nuestra vida cotidiana”.

Para ellos, la muerte del “Peto” no fue algo extraordinario. La junta de vecinos tiene empadronadas las 615 casas de la población donde viven poco más de 4.000 habitantes. La mayoría –dicen sus dirigentes- ya está acostumbrada a refugiarse en sus hogares por las balaceras que estallan sorpresivamente; a que cada noche los traficantes transen su mercancía en las esquinas; a los asaltos de los propios vecinos; a que los niños tengan que pasar el día encerrados y a que sus juegos y canciones estén relacionados con las drogas. Pero sobre todo, a que nadie haga nada para cambiar la situación.

En muchas de las zonas ocupadas, los vecinos deben convivir con basurales, sitios eriazos y perros vagos.

CIPER investigó lo que ocurre en las zonas más vulnerables de la capital y descubrió que a esta población, y al menos a otras 79 de Santiago (ver Mapa), son muy pocos los extraños dispuestos a ingresar. En medio de basurales, jaurías de perros vagos y animitas dispersas, lejos de colegios, centros de salud, comercio, farmacias y bancos o centros de pago, estos sectores se han convertido en las “zonas rojas” de los servicios básicos. No hay teléfonos públicos en las calles porque las empresas se cansaron de reponerlos. Las numerosas redes de cables clandestinos de electricidad son un peligro permanente para niños y adultos, y las filtraciones de cañerías no se reparan porque a los contratistas de la compañía sanitaria los apedrean al entrar. Las cartas no llegan porque a los carteros los asaltan y muchos vecinos mueren simplemente porque no llegan ni ambulancias ni bomberos ni policías.

-Vivimos en una villa donde tenemos toda la gama de adicciones: marihuana, pasta base, cocaína y alcohol. No tenemos farmacias, pero sí un récord de botillerías. Hay mucho microtráfico y violencia. Uno llama a Carabineros y dicen que no tienen carros o bencina o personal, que los vecinos hagamos algo. ¡Pero qué vamos a hacer, si los tipos andan armados! La gente vive con miedo… Da rabia tener que estar encerrados en nuestras casas mientras esos tipos andan libres por nuestras calles. Estamos completamente olvidados –dice José Manuel Aliaga, dirigente de la junta vecinal de la población Cuatro de Septiembre.

Las deudas del diseño urbano

La noche del viernes 13 de febrero hubo un enfrentamiento a balazos entre pandillas rivales en la población Francisco Coloane, una de las 45 villas ubicadas al sur poniente de Puente Alto, donde habitan cerca de 11.500 personas. Todo ocurrió frente a la casa de Pilar, quien cuenta que eso ocurre todos los fines de semana y, a veces, también en días hábiles: “cada viernes y sábado los jóvenes se toman las plazas y asaltan a los que llegan en las micros”.

Pilar y Viviana, ambas dirigentas de la junta de vecinos, han trabajado en conjunto con sus pares de las otras poblaciones del sector (Marta Brunet, Pedro Lira y El Volcán). Y en todas enfrentan los mismos problemas: hacinamiento y drogadicción que derivan en violencia intrafamiliar, delincuencia, balaceras, asesinatos y falta de espacios públicos y acceso a servicios. Ellas tienen identificados a los responsables: “las drogas, la falta de voluntad de las autoridades para encontrar soluciones y las políticas públicas de vivienda”. En esto último, muchos expertos están de acuerdo.

La Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación Metropolitana (Serplac) realizó en 2007 un estudio para la implementación de su programa Zonas Urbanas Vulnerables en las distintas poblaciones y villas de la capital. El resultado arrojó que en Santiago hay 180 poblaciones vulnerables y 2,5 millones de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Las poblaciones detectadas por CIPER se encuentran en pésimas condiciones y alejadas de la mayoría de los servicios.

El problema, según Mario Bugueño, coordinador del programa, “radica en las políticas sociales históricas que ha elaborado el Estado y se manifiesta en el diseño urbano de Santiago”. En 1979, el régimen militar liberalizó el uso de suelos a través de su Política Nacional de Desarrollo Urbano. Con esto, la construcción de viviendas sociales se privatizó y el mercado inmobiliario dedicado a la vivienda social mejoró considerablemente la oferta cuantitativa, pero los estándares de vida y la calidad dejaron de ser una prioridad.

-Esto provocó una explosión sin control de la construcción a baja altura y de bajo costo. Este tipo de construcciones ha ocupado las periferias más pobres aumentando la condición de marginalidad en la población: los sectores en los que más se ha desarrollado este tipo de proyectos están alejados de equipamientos y servicios –dice Mónica Bustos, coordinadora de los tres barrios críticos (Las Viñitas, Santa Adriana y Unidad Vecinal Portales) contemplados en el programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda.

Entre 1980 y principios de 2000, la lógica del proceso de vivienda social no consideró las demás variables, como el círculo social o urbano. Se han entregado casas, pero sin colegios o consultorios o centros comerciales para satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores. Además, las políticas focalizadas se han encargado de eliminar focos conflictivos, distribuyendo a los pobladores hacia otros sectores.

-De esta forma –dice Bugueño-, lo que se hace es exportar y diseminar el delito. No se trata sólo de dar casas, sino también de entregar servicios eficientes. Eso es algo que recién desde hace unos cuatro años se está tomando en cuenta, pero el 70% de los que han sido instalados en lugares distintos ha tenido problemas. Eso ocurrió, por ejemplo, en la población El Volcán, en Puente Alto. Para eliminar los focos de delincuencia de La Legua y de otros lugares, los han trasladado hasta allá, pero sin hacer un trabajo social. Eso ha permitido que surjan nuevos focos de delincuencia diseminados por las poblaciones de la ciudad.

Eso es precisamente lo que pasó en el sector donde Pilar y Viviana viven y en muchas de las poblaciones investigadas en terreno por CIPER. La locomoción es un problema: los chóferes de micros, taxis y colectivos tienen miedo de ingresar a esas poblaciones en las noches. Los vecinos también se quejan de que los pasajes no estén pavimentados ni iluminados y de que no haya lugares de entretención para los jóvenes, por lo que plazas y esquinas se convierten en centros de consumo de drogas y alcohol. O de que no haya farmacias y que tengan que comprar remedios en las ferias libres o en casas de vecinos. Tampoco tienen cerca un supermercado, un retén de policía o un banco.

Hace dos años, mientras hacía pan en su casa, una vecina de Pilar recibió una bala perdida de un enfrentamiento en la calle. Pilar llamó pidiendo una ambulancia. No llegó. Su vecina murió.

Que se maten, después los vamos a recoger

La Chimba es una pequeña población en Recoleta que partió hace más de 50 años con una toma. Sus pasajes o no están pavimentados o allí donde alguna vez hubo pavimento hoy predominan los hoyos donde se acumula agua sucia y basura. Todas las casas son distintas porque al instalar la villa, el Estado les dio un terreno y los mismos pobladores edificaron sus viviendas. Son pequeñas y casi todas enrejadas. Algunas tienen segundo piso y muros sólidos; otras, sólo son planchas de madera y de metal apiladas.

Las animitas y murales en homenaje a los asesinados en las poblaciones son una imagen que se repite en casi todas las zonas ocupadas de Santiago.

Juan Flores es de la camada inicial de pobladores. También el dirigente deportivo de la población. Pero desde hace más de cuatro años en La Chimba ya no se hace deporte: la cancha exhibe piedras puntiagudas y afiladas. Cuando algunos se atreven a jugar, terminan con heridas y piedras enterradas.

-¿Vienen a menudo los carabineros? –le preguntamos.

-Sí. Tengo buena relación con ellos, de confianza. Conversamos harto…

-Pero Juan –le interrumpe José Ponce, el presidente de la junta de vecinos-, ¿vienen cuando uno los llama? ¿Llegan a poner orden cuando hay peleas?

-Ah… no. Nunca he visto a los carabineros haciendo eso por acá.

En las zonas investigadas por CIPER son pocos los que confían en las policías. Ponce dice que hasta hace poco tenía contacto directo con los carabineros del Plan Cuadrante. Pero ya no. Cuenta que le contestaban después de varios intentos para decirle que los funcionarios estaban en otro operativo y que tendría que esperar al menos 45 minutos. Finalmente no llegaban. Aunque el manual de operaciones multi institucional ante emergencias dice que Carabineros deberá hacerse presente “en toda emergencia que requiera de un procedimiento policial”.

-Un carabinero me explicó que no se meten a La Chimba porque los sobrepasan, porque es muy peligroso –cuenta Ponce.

Lo mismo pasa en la Villa Lago Puyehue, en pleno sector Santo Tomás de La Pintana. Según sus habitantes, “es como un pueblo sin ley”.

Los dirigentes de esa junta de vecinos cuentan que los pobladores no pueden salir tranquilos de sus casas, que los niños no pueden salir a jugar porque les puede llegar un balazo, que los enfrentamientos pueden ser en cualquier minuto. Mientras hablan, por la ventana se ven al menos tres vehículos policiales pasar en casi dos horas.

-Es que es la mañana. Pero cuando empiezan los balazos llamamos a los pacos y nunca llegan. Nos dicen “que se maten los hueones. Cuando haya pasado, los vamos a recoger” –cuenta Raquel, la presidenta de la agrupación.

Muchos jóvenes andan armados por las calles de las poblaciones. En esta imagen tomada en Puente Alto, dos jóvenes posan con sus armas de fuego.

En algunos sectores de Lo Hermida, en Peñalolén, la historia es similar. Los pobladores cuentan que han hecho fiestas y Carabineros ha llegado por ruidos molestos. Pero que cuando los llaman por las balaceras, los asaltos y el tráfico, no llegan. Y que cuando lo hacen, ya es muy tarde: si hay heridos, los vecinos ya se los llevaron porque las ambulancias tampoco aparecen.

Pero eso no pasa sólo en las balaceras. Los vecinos de las zonas ocupadas de Santiago aseguran que lo mismo ocurre cuando hay ataques cardíacos o accidentes.

-Muchas veces nos cansamos de esperar la ambulancia y tenemos que trasladar a las personas en autos particulares –cuenta Iván Chacón, uno de los dirigentes vecinales de Lo Hermida.

Sectores con “eventos”

El consultorio Karol Wojtyla, en la población Pedro Lira de Puente Alto, está entre los blocks de la población y un peladero donde se acumulan basura y pastizales secos. Allí hay sólo una ambulancia para atender a 15 barrios. Y generalmente está estacionada junto a la entrada.

Trabajadores del consultorio cuentan que casi siempre llegan personas baleadas o apuñaladas y que son los vecinos quienes los llevan. Una semana antes de que CIPER visitara el lugar, llegó un joven con la pierna destrozada a balazos.

-Acá es más tranquilo. En el consultorio Cardenal Silva Henríquez (que atiende a las demás poblaciones del sector sur poniente de la comuna, en la población El Volcán) ingresan los heridos y detrás llegan los que les dispararon para rematarlos –dice un funcionario del recinto municipal de salud.

La falta de recursos es otro problema. En el SAMU Metropolitano cuentan con sólo 38 ambulancias para cubrir toda el área metropolitana. Allí reconocen que hay sectores a los que, en determinados “eventos”, las ambulancias no entran. Un “evento” es un 11 de septiembre, el día del joven combatiente o cualquier riña entre bandas. No tienen un estudio oficial, pero en conversaciones con CIPER los funcionarios identificaron a 48 de las poblaciones de la Región Metropolitana mencionadas en los informes de la PDI y Carabineros como las más peligrosas: la población San Luis, en Maipú; la San Gregorio, en La Granja; El Manzano, en San Bernardo; y Cerro 18, en Lo Barnechea, entre otras.

-Después de recibir el llamado evaluamos la situación: si hay armas involucradas, si hay heridos y si hay vías de entrada y salida libres. Porque en muchas poblaciones han instalado postes y pilares que no les permiten a los chóferes maniobrar, o basurales y hoyos que impiden el paso. En el 50% de los casos las llamadas nos llegan desde Carabineros y a esas les damos prioridad. Pero nuestros vehículos no llegan al sector hasta que Carabineros haya asegurado el área. Si el área no está asegurada, simplemente no vamos –dice un alto funcionario del SAMU.

Los choferes relatan el caso de un niño de dos años que se había caído en la población El Castillo, de La Pintana. Al llegar la ambulancia, los paramédicos examinaron al pequeño y descubrieron que había sido golpeado. El padre sacó un revólver y los amenazó. Los paramédicos se tiraron bajo la ambulancia con el niño en brazos. Entre gritos y balas, se subieron al vehículo y se fueron con el menor. También cuentan que en La Legua Emergencia, en San Joaquín, a uno de ellos le pusieron una pistola en la frente y le robaron los equipos del vehículo. Estas son sólo dos de las cientos de historias que los llevaron a decidir a qué sectores no ingresaban.

Ingrid es ajena a esa violencia, pero vivió las consecuencias. Estaba en su casa, en la población Cuatro de Septiembre en El Bosque, cuando su marido sufrió una hemorragia interna. Llamó a la ambulancia y a carabineros. Nada. Después de esperar un par de horas lo llevó al Hospital Barros Luco con ayuda de sus hijos. Allí esperaron otras cuatro horas sin ser atendidos. Finalmente les dijeron que se fueran al Hospital El Pino, en San Bernardo. Ahí sí los atendieron, pero el marido de Ingrid murió antes de 24 horas de ocurrida la hemorragia. El médico le dijo que si hubiese llegado a tiempo se hubiera salvado. Recién habían cumplido 36 años de matrimonio.

“Aquí pagan justos por pecadores”

En las zonas ocupadas de Santiago es común que las casas y departamentos estén rodeados de rejas y alambres. Marisol Orrego vive en un departamento junto a su familia y a la de Olga, en la población Andes, en San Bernardo. “Vivir aquí es como estar en un ghetto, prisioneros en nuestras propias casas”, dice.

Lo mismo ocurre en la población El Castillo, en La Pintana. Pero acá la situación es mas grave porque muchos departamentos han sido abandonados por sus propietarios al no soportar más la inseguridad y vivir encerrados. La mayoría termina desmantelado. En algunos sectores, los edificios parecen haber sido bombardeados. Los vecinos que quedan, deben vivir tras las rejas.

La situación en los pocos recintos comerciales que aun permanecen en la mayoría de estas 80 poblaciones no es mejor: los negocios están cercados con verjas y alambres y muchos de ellos están abarrotados incluso al interior.

Supermercado enrejado en La Pintana

Durante los primeros 13 años de existencia de la Villa Lago Puyehue, en La Pintana, ningún supermercado se instaló cerca. Sólo había pequeños almacenes y varias botillerías. Hasta que en enero de este año se inauguró un pequeño supermercado sobre la avenida general Arriagada, a media cuadra de Las Parcelas.

El supermercado está junto a un enorme sitio eriazo lleno de basura, escombros y perros vagos. Allí se reunió ansiosa la gente el día de la apertura. Apenas abrieron, un tumulto entró. En cosa de minutos se robaron casi todo dejando las estanterías vacías.

-La gente tomaba las cajas grandes de aceite y se las llevaba -relata uno de los guardias del recinto.
El supermercado cerró sus puertas. Al día siguiente fue cercado por alambres electrificados y cámaras de seguridad y en la entrada y salida instalaron una reja que impide el paso rápido. Ya nadie puede ingresar con bolsos. “Aquí pagan justos por pecadores”, dice otro guardia, quien debe informar por radio ante cualquier sospecha. Cuatro hombres custodian hoy el local: dos uniformados y dos encubiertos.

Cuando todos duermen

En noviembre pasado, el sindicato nacional de Correos de Chile presentó a la empresa un estudio identificando las “zonas rojas” en tres comunas (La Pintana, Puente Alto y La Florida) que avaló la petición de un bono de riesgo, ya que en esos sectores nadie paga los $30 que están autorizados a cobrar por carta. Aseguran que, por ejemplo, en los 152 blocks de la población Santo Tomás, nadie paga. La empresa aún no les ha respondido. Para ellos el problema pasó a ser una prioridad de seguridad.

-Cada vez que entro no sé si voy a salir. Los asaltos, las balaceras y los cobros de peajes son cosa de todos los días. Hay compañeros que han salido acuchillados, a otros les han robado el bolso y la bicicleta y a uno, en la población San Luis de Maipú, lo asaltaron y lo golpearon muy duro -asegura Patricio Arias, cartero en la población Pablo de Rockha, de La Pintana.

Como la situación se repite en la población Yungay de La Granja y en muchas otras más, los carteros adoptaron soluciones. Sólo entran cuando en las poblaciones la gente “peligrosa” duerme: entre las 10:00 y las 13:00 horas. En algunos sectores han contratado a gente domiciliada en la población para entregar la correspondencia y en otros, como en la Carol Urzúa de Puente Alto, dejan las cartas en la iglesia o la sede vecinal durante meses.

En los últimos tres años, Telefónica registró casi 9.000 cortes de red por el robo de cerca de 12.000 kilómetros de cable de cobre. Si bien ese robo ha disminuido, aseguran que al ir a reponerlos, los trabajadores han sido asaltados: no sólo les quitan el cable nuevo, sino también la camioneta y las herramientas. Omar González es uno de ellos. En cinco años trabajando en El Castillo lo asaltaron 20 veces. La última fue el año pasado, cuando lo encañonaron y le quitaron la camioneta con todo lo que tenía adentro. Al día siguiente, el vehículo apareció desvalijado en la población Libertad, en San Ramón.

Para las empresas sanitarias, uno de los mayores problemas es la manipulación ilegal de los grifos. No sólo los usan para capear el calor, sino también como barrera para detener autos y asaltarlos.

Un riesgo mayor enfrentan los contratistas de los servicios de electricidad y agua. Cada vez que entran a esos sectores hay gente que los sigue para impedir que corten el suministro en una casa o por el miedo a que desmantelen a los “colgados” del sistema. Tanto en Chilectra como en Aguas Andinas, el 10% de sus pérdidas es por hurto a través de conexiones clandestinas al suministro. Y en las zonas ocupadas resulta evidente: los cables desde los departamentos hacia los postes se enredan como telarañas sobre las calles y las filtraciones de agua por reposiciones ilegales del servicio se ven en muros y techos.

En la población San Gregorio, en La Granja, los vecinos cuentan que han pasado autos de Chilectra que, sin detenerse, sacan un palo largo y arrasan con las conexiones ilegales. Los operarios de esas compañías dicen que es lo único que pueden hacer en las zonas ocupadas. Porque los testimonios de los riesgos que corren suman varias páginas. Como lo que le pasó a Raúl, un trabajador de una empresa sanitaria que fue a reparar una filtración en un block de departamentos en una población de Puente Alto. Un vecino llamó por el agua que se escurría desde el piso de arriba. Al tocar el timbre en el piso superior para revisar la conexión, se encontró con una pistola apuntando a su rostro.

-Si tocas las cañerías, te disparo –recuerda que escuchó.

Raúl se fue mientras el agua siguió escurriendo.

Algo de acción

Michel Garrido (20 años), vivía junto a su familia en la Villa La Orquesta de La Pintana. Allí volvería al salir de la cárcel. Pero el 13 de febrero participó en una riña en la Penitenciaría de Santiago. Un gendarme disparó perdigones de goma para intentar dispersar a los reos. Uno de ellos mató a Garrido. Dos días después, cuando el ataúd con el cuerpo de Garrido llegó a la casa de su familia, sus amigos lo esperaban con muchas coronas de flores. Los vecinos de la población corrieron a refugiarse en sus casas. Sabían que en cosa de segundos comenzaría el homenaje a Michel.

Sonó el primer disparo y luego una ráfaga de balas al aire. Hubo gritos y llantos. Una mujer cuenta que vio llegar a uno de los hombres que velaba a Michel con “una caja de esas que usan para llevar plátanos”, llena de marihuana y coca. Y que la puso en la mitad de la calle: el que quería sacaba. Los disparos continuaron. Cuando la procesión fúnebre partió rumbo al cementerio, sus amigos y familiares iban detrás cargando sus pistolas, escopetas e incluso, según algunos vecinos, subametralladoras UZI. Esa noche, una fuerte explosión despertó a los vecinos. Los más pequeños lloraban asustados. Al día siguiente, sus patios delanteros estaban llenos de casquillos y sus paredes y techos con impactos de bala.

A pocas cuadras de ahí, en la Villa Lago Puyehue, Raquel se queja del hacinamiento en que viven. Cuenta que en el sector hay un sólo colegio municipal y que los demás son particulares subvencionados; no tiene farmacias cerca y protesta por los bomberos que ya ni se aparecen cuando hay incendios y, sobre todo, por los policías que no responden a los llamados. Raquel está preocupada por lo que pasará el día siguiente.

-Esta mañana un vecino me avisó que había escuchado a unos cabros de la Villa La Orquesta diciendo que en este sector había mucha calma, que mañana tendrían que venir “a poner algo de acción” –cuenta Raquel.

-¿Qué significa eso?

-Que mañana no vamos a poder a salir porque en cualquier minuto van a llegar disparando.

Zona Multimedia:

En el caso de Carabineros, la información acerca de los montos percibidos en la institución por la prestación de servicios a particulares a través de su Dirección de Seguridad Privada (OS-10) se venía solicitando desde 2007, cuando CIPER investigaba los casos de policías vinculados a delitos. Luego se solicitó, con más detalles, en enero de 2009. Las respuestas a ambas petitorias fueron tardías, genéricas e incompletas. Y siempre faltó el dato más importante: cuántos ingresos recibe la institución por dicho concepto. Por eso, apenas entró en marcha la nueva Ley de Transparencia, CIPER pidió nuevamente la información.

El 20 de abril se envió una nueva solicitud a Carabineros, la tercera para obtener los mismos datos. El 12 de mayo llegó la respuesta. Esta vez sí se incluyeron los detalles de cuánto obtenía el OS-10 por evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados, los precios cobrados por el proceso, una tabla de ingresos v/s gastos correspondiente al año pasado y la nómina de sanciones que ha cursado dicho departamento a las empresas de seguridad.

Documentos enviados por Carabineros de Chile (12 de mayo de 2009)

Solicitud de acceso a información Carabineros.
Carta de respuesta de Carabineros.
Anexo 1: Ingresos percibidos por acreditaciones de guardias 2002-2008
Anexo 2: Planilla de ingresos v/s costos de OS-10 (2008)

Anexo 3 – Infracciones de empresas de seguridad detectadas por OS-10:
Infracciones, año 2005
Infracciones, año 2006
Infracciones, año 2007
Infracciones, año 2008
Infracciones, año 2009 (hasta mayo)

A la Dirección del Trabajo (DT) se le pidió la información referente al número de denuncias y multas presente en sus registros sobre empresas de seguridad. Para obtener la respuesta, también hubo que solicitarla en tres oportunidades.

La primera fue el 21 de noviembre de 2008: la respuesta del 16 de enero pasado dice que el acceso a la base de datos del servicio “es a partir del R.U.T. de cada una de las empresas o de la razón social de las mismas”. Por lo mismo, el 28 de enero CIPER envió nuevamente la solicitud, pero anexando una lista de empresas de seguridad: las que habían mencionado en entrevistas los trabajadores del área como las de peores condiciones laborales y las principales del rubro de transporte de valores. Como durante los tres meses siguientes no hubo respuesta, al día siguiente de la puesta en marcha de la nueva ley para el acceso a la información pública, CIPER volvió a pedir la información.

Los documentos llegaron el 19 de mayo.

Documentos enviados por la Dirección del Trabajo (19 de mayo de 2009)
Carta de respuesta de Dirección del Trabajo.
Listas de denuncias y multas contra empresas de seguridad:
Alfa Ltda. y Omega Ltda.
Megaservicios Ltda.
Pegasus Ltda.
Shield’s S.A. (I y II)
G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.
Brink’s (I, II y III)
Empresas Prosegur: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L.

Empresas Wagner: Wagner Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. y Wagner Custodia, Seguridad y Transporte de Valores S.A.

Vea además:
Acceso a Información Pública: Ingresos de Carabineros por acreditación de guardias y vigilantes privados

Serie de reportajes de Seguridad Privada:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo
Seguridad Privada II: Las historias no contadas del terror que impera en Wagner
Seguridad Privada III: Un negocio que genera abusos laborales e ingresos millonarios a Carabineros

Y no es la única en abusar de las leyes laborales entre las empresas que se dedican a vigilar bienes e inmuebles. CIPER solicitó a la Dirección del Trabajo (DT) y a Carabineros antecedentes sobre el cumplimiento de las empresas a las normativas que rigen al rubro. Las respuestas dan cuenta de un sector que acumula múltiples infracciones.

En todas las entrevistas hechas a trabajadores del sector destacaron las infracciones en el ámbito laboral de los dueños de G4S. Los datos enviados por la DT lo ratifican: entre las dos razones sociales de G4S (G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.) suman 250 páginas de denuncias y multas. La mayoría se refiere a infracciones relativas al contrato individual, aunque también las hay por no pago de cotizaciones previsionales, informalidad laboral y por no cumplir con las condiciones sanitarias básicas.

Group 4 Securicor (G4S), con presencia en Europa, Asia y África, adquirió en 2006 el 75% de la compañía chilena de guardias Segel Ltda. Y se convirtió en la más grande e importante entre las más de mil empresas dedicadas a los servicios de guardias de seguridad en Chile. En su sitio web, informa que cuenta con 8.400 empleados para desarrollar operaciones desde Arica a Puerto Montt. Los precios que cobra por cada guardia bordean el millón de pesos, uno de los más altos del mercado. Pero los sueldos que paga a cada uno de ellos promedia los $180.000.

Golpiza a indigente por parte de guardias de G4S

La multinacional acumula más de 3.100 denuncias laborales –más de una por cada tres trabajadores- y multas por sobre los $1.390 millones desde 2002 a la fecha. Si bien hay que considerar que es mucho más grande que las otras empresas que proveen de guardias –el 90% de las empresas del rubro poseen menos de mil empleados–, las infracciones que registra son proporcionalmente mayores que las de la competencia que también hacen abuso de las leyes. La información que recogió CIPER de las otras cuatro empresas mencionadas por la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech) con las peores condiciones laborales – Pegasus, Shields, Megaservicios y Alfa- así lo demuestra. Sumadas, tienen 191 multas desde 2001, por un total que supera los $72 millones.

De acuerdo a los registros proporcionados por la DT, Pegasus acumula multas por $31 millones desde 2001. Le sigue Shield’s S.A., la empresa del general en retiro de la FACH Carlos Ottone (sobre quien pesa una querella por violación a los derechos humanos), que se dedica principalmente a la seguridad de supermercados, con sanciones por casi $21,5 millones. Alfa registra multas por más de $17 millones, mientras que Megaservicios Ltda., si bien no presenta denuncias ante la DT en los últimos 18 meses, entre 2001 y 2002 tuvo 33. De ellas, diez terminaron en multas por poco más de 1,8 millones de pesos. Omega, la otra empresa de Jorge Arellano, el dueño de Alfa, cuyos guardias mataron a un hombre a golpes en noviembre de 2008 en un supermercado de Viña del Mar, no registra ni una sola denuncia en la DT.

Camiones blindados: Prosegur, la más multada

En el negocio de la seguridad privada, los casos más extremos de abusos a trabajadores son los ocurridos en Wagner, la empresa de transporte de valores del ex detective Gabriel Vargas Guerra. En su historial cuenta con amenazas con armas, denuncias por secuestro y golpizas a sus empleados. Pero no es ni la más denunciada ni la más multada del área por malas prácticas laborales.

CIPER también había pedido en dos ocasiones información a la Dirección del Trabajo (DT) sobre denuncias realizadas en contra de empresas de seguridad. La respuesta llegó el 19 de mayo, luego de enviar por tercera vez la solicitud, una vez que entrara en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública. Los resultados muestran que la marca Wagner, desde 2001, presenta 96 denuncias laborales y 51 multas por un total de casi $27,8 millones. Pese a ello, el presidente del sindicato de la empresa Pedro López, ratifica lo que ya dijo a CIPER su antecesor, Juan Correa, sobre la poca confianza que tienen al denunciar.

-Casi todas las denuncias que se han hecho en la Inspección del Trabajo de San Miguel han terminado en nada. Algo hay, porque Gabriel Vargas siempre sabe quién y por qué lo está denunciando sólo minutos después de haber hecho el trámite. Si ya casi ni ponemos denuncias allá… No tiene ningún sentido –dice López.

Entre las tres empresas más importantes del transporte de valores, Wagner cuenta con los castigos individuales más altos, pero ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias. Brink’s Ltda. no registra ni acusaciones ni multas mientras que Prosegur ha tenido que pagar más de $100 millones por las 128 sanciones que registran dos de las empresas que componen su holding en Chile: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L. Los montos pueden ser mayores debido a que la DT no envió información sobre Transportes de Valores Brinks Chile S.A. ni sobre Prosegur Ltda., las otras dos sociedades ligadas a ambas empresas.

Las reglas de la seguridad privada

Para trabajar en el lucrativo negocio de la seguridad privada hay que cumplir con varios requisitos. Los guardias, que con más de 92 mil agentes activos constituyen una fuerza laboral que casi triplica la dotación operativa de las policías, deben ser chilenos, mayores de edad, tener 8º básico rendido, estar contratados y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom. A los vigilantes privados, quienes tienen derecho a portar armas, se les exige además, haber sido funcionarios de alguna rama de las Fuerzas Armadas y de Orden o haber hecho el servicio militar.

Pero lo crucial para ingresar al rubro es aprobar los cursos que dictan las 230 empresas de capacitación registradas y la evaluación que toma cada semana la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10). Después de eso, los postulantes que hayan pasado las pruebas estarán acreditados para desempeñarse en un negocio que genera ingresos por más de US$1.100 millones al año. Pero el proceso no es gratis. Cada postulante debe pagar 0,5 UF por rendir el examen.

Antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER había enviado dos veces una solicitud de información pública a Carabineros para conocer los montos percibidos por la institución por concepto de evaluaciones y acreditaciones de guardias y vigilantes privados. La primera fue en octubre de 2007, durante una investigación sobre carabineros involucrados en delitos. La segunda fue en enero de este año, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS-10 entrega a guardias y vigilantes privados tienen un costo que se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En ambos casos las respuestas fueron vagas y tardías. Pero el 20 de abril –el mismo día de la puesta en marcha de la nueva ley– CIPER solicitó nuevamente la información. La respuesta llegó el 12 de mayo y los documentos muestran datos que rebaten por completo la información entregada a la primera de las peticiones.

El OS-10 es la única autoridad fiscalizadora de la seguridad privada. Y aunque la respuesta a la solicitud de 2007 dice que Carabineros “no presta servicios a particulares” a través de dicho departamento, lo cierto es que éste se financia en gran parte de lo que recibe de las empresas de seguridad al evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados. Si se considera que cada semana son en promedio 1.650 los evaluados y que cada uno paga 0,5 UF, los ingresos anuales percibidos se traducen en millones: entre 2002 y 2008, la suma de esos montos se alza sobre los $2.600.000.000. Sólo el año pasado, el OS-10 recaudó más de 384 millones de pesos, lo que le significó el 26% de sus ingresos. Esas platas no se suman al presupuesto anual de Carabineros, sino que forman parte de un fondo independiente que maneja el OS-10 para la mantención de las 34 prefecturas territoriales del país, que son las responsables de fiscalizar a las empresas de seguridad correspondientes a su respectiva jurisdicción. Los gastos efectuados el año pasado fueron por más de $1.248 millones.

Un dato oficial extraño: el ítem de “publicidad y difusión” fue el principal destino de lo recaudado con 128 millones de pesos.

Guardianes sancionados

Ante las múltiples informaciones sobre robos y acciones de violencia perpetrados por guardias de seguridad en los últimos meses, en su última solicitud, CIPER pidió también información sobre las sanciones a dichas empresas por parte del OS-10. Como respuesta, Carabineros envió documentos en los que se especifican las infracciones sancionadas desde 2005 a la fecha. De ahí también surgen datos interesantes: en lo que va de 2009 han impartido 1.251 infracciones, poco más de un tercio que en 2008. La sanción que más se repite es por el no porte de tarjeta de identificación obligatoria (324), pero también se han cursado 196 infracciones por mantener servicios de vigilancia sin la capacitación necesaria.

Otras infracciones recurrentes son contar con servicios de guardia sin presentar la directiva de funcionamiento –una especie de protocolo de funciones que el guardia debe cumplir en un puesto específico- (194) y el rechazo de empresas con servicios de vigilantes privados a ser visitadas por la autoridad fiscalizadora (158). Pero hay otras que, sin ser tan comunes, sí ameritan una mención especial: durante 2009 se han cursado 89 sanciones a vigilantes privados por porte de arma en la vía pública sin estar cumpliendo funciones de transporte de valores. El resguardo de esos bienes son los únicos que permiten el porte de armas en la vía pública.

Carabineros también tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de esas empresas de las leyes laborales con excepción de las prácticas antisindicales. En este año, la policía registra 46 multas a empresas por no otorgar el seguro de vida obligatorio a guardias, nocheros o rondines. Esta misma falta fue detectada 206 veces el año pasado.

-Todas las sanciones por incumplimiento son pecuniarias y van desde los 5 a los 100 ingresos mínimos mensuales ($159 mil) con cargo al fisco y siguen su curso en los juzgados de policía local. Cuando es por infracción, la multa va de 25 a 125 IMM. Y si hay reincidencia, la sanción es mayor. En todo caso, la ley da a la empresa un rango de 10 a 15 días para regularizar la observación y presentar descargos, lo que puede terminar con que se deje sin efecto la sanción. Y así sucede. La mayoría queda sin efecto –explicó a CIPER el subdirector del OS-10, coronel Alberto Etcheverry.

En las nóminas de infracciones no aparecen nombradas las empresas sancionadas porque Carabineros consideró que, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 19.628 (sobre protección de la vida privada), “resulta improcedente la individualización de los infractores”. Un criterio distinto al que aplicó la Dirección del Trabajo, que respondió a la solicitud hecha por CIPER con nombres y apellidos.

Nota:Los comentarios pueden tardar en aparecer. Son bienvenidas todas las opiniones pero no se publicarán comentarios injuriantes. CIPER se reserva el derecho a moderar y/o editar los comentarios.

Misleh recibió a Pérez en su oficina. No hubo preguntas.

-De inmediato me empezó a gritar insultándome y diciendo que entregara el dinero, que yo sabía dónde estaba. Le dije que no sabía de lo que me estaba hablando, pero él insistía, con groserías y amenazas -declaró Pérez en el tribunal que investigó los hechos.

Al rato ingresó a la oficina Arturo Enrique Araya Ruiz, el jefe de seguridad de la tesorería de Wagner, un ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) separado de la institución por dar “POSITIVO” en un control antidroga, según el informe oficial. Eso fue en abril del ‘99. Dos años después llegó a Wagner. Él fue quien descubrió -en uno de los estanques del baño- $50.000 en monedas de quinientos que supuestamente eran parte del dinero que faltaba en el arqueo.

Pérez recuerda que apenas Araya llegó a la oficina, se sumó a la golpiza que le propinaba Misleh, mientras le exigían información sobre los autores del robo. Después de un rato, lo condujeron a la oficina de Vargas. Allí lo dejaron solo y con el aire acondicionado encendido a pesar del frío.

Sociedades que nacen y se deshacen

En Wagner, a Vargas Guerra lo llaman el Munra (el villano de la serie animada Thundercats). Aseguran que mantiene pleno control de todo lo que sucede en su empresa.

-Gabriel Vargas siempre logra lo que quiere. Y le da lo mismo cómo hacerlo: es especialista en mover las piezas para llegar por el camino corto a sus objetivos –cuenta uno de sus colaboradores.

Su historia como empresario partió ocho meses después de que en diciembre de 1990 lo pasaran a la lista anual de retiro de la PDI por sacar la peor calificación de la escala: lista 4. Luego de un paso de 10 meses por la fabricación de muebles, creó su primera empresa de seguridad privada: V&S Seguridad Limitada. La sociedad con Sergio Schulz no perduró, pero el negocio lo capturó: en agosto de 1995, Vargas creó las empresas Wagner.

En un área en pleno auge, donde hay US$162 millones al año en ingresos, Wagner es hoy la tercera compañía más importante -después de Brink’s y Prosegur-, y la única con capital 100% nacional.

Vargas formó Wagner Seguridad Ltda. con el 60% de la participación ($12 millones). Al año, su socio –Carlos Salinas- se retiró y él le cedió sus derechos a su hijo Julio Vargas Gaete y a Marcela Murray. Pero siguió teniendo todo el control: se asignó el rol de gerente, a cargo de la administración “con amplias facultades y sin limitación alguna”. Cuatro años más tarde, en marzo de 1999, Gabriel Vargas y su familia se desvincularon de la empresa. En ese momento y según los registros del Poder Judicial, la empresa enfrentaba al menos 22 demandas en los juzgados laborales por despidos injustificados y no pago de imposiciones. Una de las últimas la interpuso la esposa de Vargas: Ana María Jerez.

Pero Vargas Guerra no abandonó el negocio de la seguridad privada. Al día siguiente de la venta de Wagner Seguridad Ltda., su esposa Ana María Jerez, la misma que había interpuesto una de las querellas, constituyó Wagner, Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. Con un capital de $5.000.000, ella aparece con el 90% de los derechos y responsable de la administración de la sociedad. En enero de 2001, Vargas Guerra recuperó su sitial como socio mayoritario y administrador. Tres meses después patentaron la marca que ocupan hasta hoy.

Los movimientos accionarios siguieron. Porque en octubre de 2002, Vargas Guerra cedió su participación a Ángel López Gutiérrez, quien junto a Trinidad Altamira Torres se convirtieron en los únicos propietarios de Wagner Ltda. Pero Vargas no pensaba renunciar a su empresa. Ese mismo mes creó Wagner Seguridad, Custodia y Transporte de Valores S.A., que –sin serlo- funciona como continuadora de Wagner Ltda. Fue una operación de camuflaje. Así al menos lo estimó la Dirección del Trabajo, la que incluso sancionó a Vargas por simulación de contratación de trabajadores a través de terceros: la venta sólo era una movida para desvincularse de su sindicato. La relación con sus trabajadores volvería a pesarle más tarde. En julio de 2003, por primera vez la prensa lo sacó del anonimato por prácticas antisindicales y amenazas con armas (Ver recuadro).

Por esa misma fecha Wagner Ltda. modificaría su razón social, se mudaría y pasaría a llamarse López y Compañía Ltda. Wagner S.A, en cambio, seguiría apareciendo como propiedad de Vargas, que esta vez se asociaba a su mujer Ana María Jerez y al hijo de ésta, Cristián Alejandro Catalán (protagonista en 2007 de un polémico secuestro hasta hoy no aclarado y que le significó a Vargas una nueva aparición en los medios). De hecho, mantendrían el domicilio que siempre tuvo Wagner Ltda: Ingeniero Budge 867, San Miguel. Y es ahí, al interior del inmueble cerrado por un gran portón metálico azul, cubierto por una enmarañada red de alambres púas, donde Misleh, el secretario personal de Vargas, interrogaba al cajero Américo Pérez ese viernes de junio de 2004.

Interrogatorio con guillotina

Américo Pérez vio regresar a Gabriel Misleh. Y con estupor lo observó sacar una guillotina pequeña al tiempo que lo escuchó decir que era para dedos, pero que también servía para “otras cosas… y eso duele”.

Minutos después entró Gonzalo Palacios Herrera, un ex funcionario del Ejército convertido en gerente de seguridad de Wagner, junto al ex PDI Ricardo Figueroa Arancézu, quien llegó a la empresa en marzo de 2001. Según las declaraciones de Pérez, ambos hicieron el “papel del guardia bueno”, aconsejándole que hablara. Pero Pérez siguió respondiendo que no sabía nada.

Le dijeron que habían encontrado un turro de monedas en el baño y que debía ser él quien lo había escondido.

-Hay cámaras de seguridad filmando en todos los lugares, hay que ver las filmaciones –les dijo Pérez.

No le hicieron caso. Ya las habían revisado. A pesar de que había cámaras en todos los rincones de la empresa que vigilaban rigurosamente los movimientos de los empleados, en las cintas no había pruebas.

Lo siguieron golpeando mientras le decían que le cargarían dinero y lo acusarían de robo. Cuatro horas después, Vargas Guerra llegó a la oficina. De inmediato se sumó al tratamiento. Según el testimonio de Pérez, Vargas le pegó y le dijo que tomara un cuchillo, mientras le apuntaba con una pistola. Pérez no lo tomó. Estaba asustado. Lo único que quería era salir de allí. Una y otra vez le pidieron nombres. Finalmente los dio. Al azar.

Uno a uno empezaron a subir los otros cajeros, quienes reciben y cuentan los dineros que se traslada. Antes los habían parado frente a una cámara para que Pérez viera la imagen desde la oficina de control y reconociera a los supuestos involucrados en el robo. Miguel Ángel Soto estaba entre ellos.

Todos negaron su participación, pero diez de ellos firmaron su renuncia. Porque los obligaron a hacerlo, porque tenían miedo, para evitar problemas, dirían después.

Soto también renunció, pero declaró haber sido golpeado. Pérez lo ratificó y dijo que mientras lo obligaban a involucrarlo, Vargas le pegaba y lo amenazaba. Soto firmó su “renuncia voluntaria” para defender a su padre, quien aún es mecánico en la empresa y que el año pasado se vio involucrado en la alteración de patentes de los camiones de la empresa para eludir pagos y embargos. Pero esa es otra historia. Ese 4 de junio de 2004, Soto firmó su renuncia y se fue.

Américo Pérez creyó que todo acabaría. Pero no. Hubo nuevos golpes. Ahora le preguntaron por vigilantes involucrados. Misleh sacó su pistola y apuntándole al cuello le dijo: “Te voy a matar si no hablas”. Así lo recordó Pérez en el tribunal.

Situaciones incómodas

El vigilante Walter Aguilera cuidaba desde las 8:30 los accesos de la empresa y doce horas más tarde estaba a punto de terminar su turno. Había escuchado gritos, combos, golpes contra el muro y llantos. Observó cómo Américo Pérez subió al segundo piso pasado el mediodía y todavía no lo veía bajar. Vio también a los cajeros subir uno tras otro y luego los vio salir, asustados.

La tensión fue creciendo. No pudo evitar comentar lo que pasaba. Y ello, a pesar de que desde que ingresó a Wagner –dice- vio y vivió en silencio situaciones incómodas. Desde obligarlo a estar armado cuando aún no contaba con el permiso, hasta los insultos de sus superiores. Y un asunto que lo tenía más que inquieto: la orden que llegaba sin aviso a las 2 ó 3 de la mañana para que fuera en camionetas de la empresa a buscar paquetes a La Legua.

Eso último le ocurrió al menos cuatro veces, relata Aguilera. Y recuerda que mientras esperaba en el vehículo, un compañero se bajaba a buscar unos bultos sellados de entre dos y tres kilos cuyo contenido nunca conoció. Su trabajo consistía en recibir los paquetes, no en revisarlos. Luego emprendían el regreso a la empresa en completo silencio. Aguilera dice que iban por orden directa de Gabriel Vargas.

Tenía claro que estaban prohibidos las preguntas y los comentarios. Pero el 4 de junio de 2004, después de escuchar la golpiza en el segundo piso, Aguilera quebró esa regla. Y le pasaron la cuenta.

Cuando llegó al segundo piso, Aguilera vio a Misleh, Araya, Vargas “y otros que entraban y salían”. Y divisó a los cajeros Américo Pérez y Christopher Marfull, en una pequeña sala al lado de la oficina de Vargas. A Marfull lo habían llamado poco antes de las 16: 30, antes de que terminara su jornada. Pedía pruebas de las acusaciones.

-¿Quieres pruebas? Estas son las pruebas –le dijeron mientras lo abofeteaban, según recordó más tarde en el Tribunal.

-Yo les exigía que me exhibieran los videos (…), pero ellos me decían que eran “ratis” y que no les costaba nada inventar pruebas para “cargarnos”. No sólo me amenazaban para que hablara, sino que también decían que mi familia sufriría la misma suerte mía –declaró Marfull, quien ya llevaba casi cuatro horas de interrogatorio cuando subió el vigilante Aguilera.

Las botas y el celular

Antes de empezar el interrogatorio, a Aguilera le sacaron la chaqueta y los anteojos. El arma ya se la habían quitado. Le dijeron que él conocía a Américo Pérez desde que ambos trabajaban en Brink’s, así que él debía ser el guardia que lo dejaba salir con monedas en sus calcetines. Rechazó las acusaciones.

Misleh sacó su pistola, una Glock calibre 40 que según el registro de control de armas estaba debidamente inscrita, y le apuntó a la cabeza. El cañón quedó a centímetros de su frente.

Misleh declararía después que guardaba el arma en su casa, que nunca la había llevado a la oficina. Pero Aguilera cuenta que en varias oportunidades lo vio pavoneándose con su pistola. Otros trabajadores lo ratificaron: pasaba la bala y le apuntaba a la gente jugando como niño. Pero ese 4 de junio Misleh no jugaba.

Walter Aguilera cuenta que Misleh lo amenazó con matarlo si no hablaba. Que conocía a su mujer y a sus hijos. Pedro López, actual presidente del sindicato de Wagner S.A., asegura que van a la casa de cada empleado para certificar que efectivamente es su domicilio y además hablan con vecinos y familiares para saber detalles de sus vidas. En el caso de Aguilera, el que verificó sus datos fue Arturo Araya, uno de sus interrogadores. Su temor se acrecentó.

El ambiente se calmó por unos segundos. La puerta se abrió y Misleh y Vargas salieron. Aguilera permaneció en la pequeña sala junto a los dos cajeros, custodiados por Palacios y Figueroa. Escucharon que Vargas y Misleh habían ido a comer.

El vigilante estaba de pie con sus botas negras, las mismas que usan los militares. En una de ellas escondía su celular, ya que tienen prohibido ingresar a la empresa con un teléfono móvil. Y esa vez le sirvió: en un momento de descuido de sus celadores, lo sacó y lo puso en su nuca. La llamada a su mujer fue tan corta como alarmante:

-¿Me escuchas? Están torturando en Ingeniero Budge. Llama a Carabineros -le dijo.

Poco después regresaron Misleh y Vargas. Cuando parecía que pretendían continuar con el “tratamiento”, irrumpió personal de Carabineros. Eran las 23:00.

Los uniformados pidieron ver a Aguilera. Gonzalo Palacios abrió el portón. Dijo que no podía dejarlo salir, que su turno terminaba en media hora. Pero su mujer, que estaba con los carabineros, dijo que mentía, que su jornada había finalizado hacía más de dos horas. Lo soltaron.

Una vez afuera, Aguilera bregó ante los policías para que también reclamaran la salida de Pérez y Marfull. Palacios dijo que no se preocuparan, que los llevarían en autos de la empresa a sus hogares. Los carabineros entraron a buscarlos. Según el parte policial, los dos cajeros “se notaban nerviosos y asustados”.

Al salir, y frente a Palacios, dijeron a la policía que nada había pasado. Pero en el camino al Hospital Barros Luco, donde constataron lesiones, lo contaron todo. Incluso la amenaza final: “cargarlos con robos” si hablaban de lo sucedido.

El certificado de Pérez informa de “erosión malar derecha, sin signos externos de lesiones torácicas y ansiedad reactiva” (aunque el día 11 le harían otro examen y le detectarían una lesión en el hemitórax izquierdo, “explicable por acción con elemento contundente”). A Marfull le diagnosticaron un “hematoma malar derecha traumática” y Aguilera no tenía “signos externos de lesiones”.

Los tres hombres presentaron la denuncia y quedaron citados en el 1º Juzgado del Crimen de San Miguel para ratificarla. Sería por amenazas, lesiones y secuestro.

El 9 de junio de 2004, ambas partes se declararon la guerra: al mismo tiempo que Pérez y Aguilera presentaron una querella, Vargas los demandó por apropiación indebida y asociación ilícita. La única prueba que entregó fue la confesión que Pérez le firmó en medio de la golpiza. Más de un año duraría el proceso, con declaraciones contradictorias, careos y amenazas en el mismo tribunal.

Robo sin pruebas

Antes de que en el segundo semestre de 2005 los medios y la opinión pública fueran seducidos por el supuesto descubrimiento de un tesoro pirata de 800 toneladas detectado por “Arturito”, el robot de Wagner, en el archipiélago de Juan Fernández, la investigación de ambos procesos avanzaba favorablemente para Aguilera, Pérez y Marfull.

El 30 de julio de 2004, el primer informe de la Bridec no logró acreditar la veracidad de la denuncia de Pérez y Aguilera. La policía había intentado interrogarlos para cotejar datos, pero no fueron ubicados en sus domicilios. Lo mismo ocurrió con Marfull. Después, sería la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), donde uno de sus abogados tomó el caso, la que entregaría la explicación de por qué ninguno respondió a las citaciones de la PDI. Simplemente temor: los tres sabían que en Wagner tanto el dueño como varios de sus jefes eran ex funcionarios de Investigaciones. Las diligencias continuaron.

En agosto de 2004 hubo una ronda de declaraciones. Ante el tribunal desfilaron Vargas, Misleh, Araya, Figueroa, Palacios y el ex funcionario del Ejército y supervisor de guardias de Wagner, Juan Enrique Palavecino. Y comenzaron las incongruencias: Araya dijo haber encontrado las bolsas con monedas al mediodía del 4 de junio, pero la denuncia hecha por Vargas decía que las monedas habían aparecido tres días antes. Misleh dijo que estuvo todo ese día preocupado por su madre internada en el hospital. Palacios dijo no haber visto nada y, al igual que Misleh, aseguró no haber participado en el “tratamiento”. Pero Palavecino declaró haber visto a Misleh interrogando a Aguilera y también a Pérez y Marfull junto a Arturo Araya y Gonzalo Palacios.

Vargas dijo que al salir de su empresa a las 23:00, se encontró con un carro de Carabineros. Que les preguntó qué sucedía. Que le dijeron que había unas personas secuestradas al interior. Y afirmó que fue él quien invitó a los policías a pasar.

Pero en el parte policial figura que los carabineros sólo hablaron con Palacios.

El segundo informe policial de fines de agosto, incluyó además las versiones de Pérez, Marfull, Soto, Aguilera y la esposa de este último y estableció la veracidad de la denuncia. También concluyó que se aprecia responsabilidad de todos los imputados en los delitos de amenazas, lesiones y secuestro.

Mientras que los primeros dos informes policiales investigaban la acusación de Aguilera y Pérez (en noviembre Marfull se unió a la denuncia), en octubre de 2004 salió un tercero referido al supuesto hurto de platas en Wagner. Se había intentado dilucidar cómo se realizó la investigación interna de la que hablaba Vargas, las pruebas para acusar de robo a determinadas personas y cómo las obtuvieron. Pero Araya, Misleh y Palacios no declararon. Sí lo hicieron todos los cajeros inculpados.

La investigación concluyó que si bien Wagner detectó el faltante de los $5.222.000, no se pudo determinar la responsabilidad de los imputados debido a “lo poco consistentes” de las acusaciones, “por cuanto se basan sólo en algunas supuestas confesiones escritas obtenidas por el área de seguridad de la empresa, (…) no existiendo otros medios de prueba que resulten más irrefutables para determinar su responsabilidad en la sustracción de dichos dineros”.

Amenazas en el tribunal

Se suponía que el careo entre las partes el 19 de enero de 2005 sería un procedimiento tranquilo. Pero al encontrarse en el 1º Juzgado del Crimen de San Miguel, el dueño de Wagner, Gabriel Vargas, ya no habló de un robo de $ 5 millones, sino que de $20 millones. Y su jefe de seguridad dijo haber encontrado $120 mil en monedas en un baño y no $50.000. En la sala de espera se desarrollaba otra historia.

Mientras Aguilera esperaba su turno para declarar, las amenazas seguían. Al punto que Consuelo León, la abogada de la CAJ, dejó un manuscrito en el tribunal: “mientras mi patrocinado Walter Aguilera esperaba cumplir con las diligencias del careo, los inculpados lo amenazaron en reiteradas oportunidades, lo cual importa agravar los hechos que US. investiga, que desde ya son gravísimos por los bienes jurídicos lesionados”.

Un mes después Wagner presentó varios testigos que dijeron no haber visto nada extraño el día de los hechos. Y Vanessa Mac-Dowell, la secretaria de Vargas, afirmó que su jefe no se había aparecido por la oficina ese día. Más tarde ella se convertiría en otro gran problema para el dueño de la empresa de seguridad.

En abril de 2005 se sometió a proceso por el delito de amenazas a Araya, Figueroa, Vargas, Misleh y Palacios. Los ex trabajadores de Wagner habían ganado la primera batalla. En junio su defensa la asumió la abogada de la CAJ Lily Torrejón. Y lo primero que debió enfrentar fue la apelación hecha por Fernando Uribe-Etxeverría, el abogado del dueño de Wagner y sus empleados de confianza.

La abogada Torrejón relató a CIPER que en los meses siguientes, Uribe-Etxeverría la llamó varias veces e incluso la visitó en la CAJ buscando un arreglo. Ella no lo aceptó. Quería ampliar el auto de procesamiento a secuestro. Más de dos meses estuvo la causa en tabla. Torrejón tenía su minuta lista, pero el alegato se pospuso una y otra vez. En esos momentos, cuenta Torrejón, el dueño de Wagner decía estar recibiendo ofertas desde el extranjero por “Arturito”, y un procesamiento por amenazas y secuestro afectaba su imagen. El abogado de Vargas reiteró el ofrecimiento de un acuerdo económico. Y se lo aceptaron.

¿Por qué lo hicieron? Aguilera cuenta que Marfull ya se había desentendido del proceso debido a que las amenazas a su familia continuaron al punto que su padre le dijo que tenían miedo y que se cambiarían de domicilio. Pérez no tenía trabajo y Wagner le ofreció $500.000 a cambio de su desistimiento. Aguilera estaba convencido de que el monto era irrisorio, pero evaluó la situación. La abogada les dijo que hicieran lo que creían conveniente.

Torrejón le comunicó a su contraparte la respuesta de sus representados: una compensación por cerca de $100 millones. Uribe-Etxeverría rió. Finalmente, fueron $6 millones para los tres.

Un nuevo problema para Wagner

El 14 de noviembre de 2005, la abogada Lily Torrejón llegó con sus defendidos al juzgado. Al entrar se encontraron con un grupo de hombres grandes “con pinta de matones”, cuenta Aguilera. “¿Dónde me vine a meter?”, recuerda la abogada Torrejón que se preguntó al ver a los hombres y divisar al fondo a Vargas, observando. El abogado de Vargas entregó el dinero. Aguilera lo contó, lo repartió, firmaron y entregaron en el tribunal el documento en el que ambas partes se desisten.

Un mes más tarde, el juzgado revocó “por ahora” el procesamiento por amenazas. La causa llegaba a su fin, pero no los problemas para Wagner.

Para mayo de 2006, el encargado de seguridad interna Gabriel Misleh ya había sido despedido por un asunto con varias versiones oscuras. En su reemplazo llegó Nelson Riquelme, a quien llaman El Rottweiler. Según el ex presidente del sindicato, Juan Correa, él estaría involucrado en dos golpizas más a vigilantes por supuestos robos de dineros: Sebastián Anabalón y Carlos Hidalgo. Ese mismo mes, Vanessa Mac-Dowell, la secretaria de Vargas, la mujer que tenía acceso a las bóvedas, guardaba las llaves de la caja fuerte y cargaba a veces con millones de pesos de la empresa en su cartera, también fue despedida.

Su salida abriría para Wagner un nuevo flanco. Mac-Dowell hizo una denuncia en el 2º Juzgado del Trabajo de San Miguel por despido injustificado, una de las 11 causas en juzgados laborales que registra la última razón social de Wagner. El segundo semestre de 2005 y el primero de 2006 la empresa apareció en la nómina de compañías sancionadas por prácticas antisindicales por la Dirección del Trabajo. Sus multas serían las más altas de las listas: 150 UTM.

A Mac-Dowell le ofrecieron volver a Wagner. Ella lo rechazó y pidió protección policial: había recibido un llamado con amenazas de muerte para ella y sus hijas. La amenaza fue justo en los momentos en que una denuncia llevó al OS-9 de Carabineros a descubrir que los camiones de Wagner circulaban con sus patentes alteradas, evitando el pago del Tag y el embargo judicial decretado para su flota.

Camiones sin identidad

El 26 de agosto del año pasado, Carabineros llegó hasta la playa de camiones de Wagner para incautar nueve vehículos que circulaban por las calles con sus patentes alteradas o cambiadas. En los registros de las autopistas aparecen distintos camiones de la empresa con la misma placa cruzando los pórticos. Incluso cambiaron la inscripción que por ley deben tener en el techo. El padre de Miguel Ángel Soto, uno de los cajeros golpeado el 4 de junio de 2004, sería uno de los responsables del montaje ordenado -según los trabajadores de la empresa- por Gabriel Vargas.

De los 9 camiones incautados, dos correspondían a los que habían sido embargados en la causa de Mac-Dowell. Todas las patentes tenían la revisión técnica al día, pero ninguna correspondía al vehículo al que aparecen registradas. Y los originales aún no aparecen.

Vargas intentó detener la crisis y le pagó $9.000.000 a Mac-Dowell. Pero su ex secretaria le reclama aún otros $7 millones y anuncia que pedirá nuevamente un embargo de camiones.

En febrero de 2009, el hasta entonces presidente del sindicato, Juan Correa, renunció. Como ocurre con todos los postulantes a ese cargo, él había sido nominado por Vargas. “No sé en qué estaba pensando cuando me nominó”, dice. Cuando CIPER habló con él, habían pasado tres meses desde que lo habían relegado desde su rol de vigilante en las rutas al cuidado del portón. Fue la respuesta a la denuncia que hizo ante la Inspección del Trabajo por el despido de trabajadores en septiembre pasado.

Correa dice que desde entonces le prohibieron el libre desplazamiento por la empresa, dejaron de pagarle las horas extra y lo cambiaron constantemente de horarios. En diciembre pasado, Manuel Salinas, el socio de Vargas en sus empresas de tecnología, le pasó una hoja con su renuncia voluntaria para que la firmara. Le dijo que le correspondía más plata, pero que sólo le pagarían $2.000.000. “Eso es lo que te ofrece Gabriel”, le dijo.

-Le pregunté por el fuero sindical, pero me dijo que tenía que renunciar a él. Esa era la oferta. Si no, me iba a quedar parado todo el día en el portón: abriéndolo y cerrándolo. Es una burla, una forma de denigrarme. Le dije que no –cuenta.

En la Dirección del Trabajo siguen con la mira puesta en la empresa por nuevas denuncias. Y en la Fiscalía Sur aún se investiga la responsabilidad del ex detective Gabriel Vargas Guerra en la alteración de las patentes de los camiones de Wagner. Hay nuevas pistas y una de ellas podría abrir un nuevo flanco para Wagner, ya que entrega respuestas sobre las misteriosas bolsas que Vargas enviaba en la madrugada a buscar a La Legua. En Ingeniero Budge, en San Miguel, sigue imperando el terror. Pero esta vez el miedo toca a la puerta de la oficina de Gabriel Vargas.

Vea además:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo

Zona Multimedia:
Cronología: Historias de terror que impera en Wagner

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Más de un año después, el 13 de enero 2009, CIPER volvió a solicitar la información. Esto, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS10 emite a guardias de seguridad y vigilantes privados tienen un costo de 0,25 y 0,15 UF, respectivamente, el cual se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En esa oportunidad se especificó más en la solicitud: se pidió el detalle de los precios cobrados por acreditaciones, de los montos percibidos por dicho concepto y de los destinos de esos dineros. A los nueve días, la subsecretaria Blanco respondió que había solicitado el informe respectivo a la Dirección General de la institución, desde donde llegaría la respuesta con la información solicitada. Hasta el momento, los datos pedidos no han sido entregados.

Actualización:

Con fecha 20 de marzo, ocho días después de que CIPER publicara el reportaje sobre la seguridad privada y más de dos meses después de solicitada la información, Carabineros envió a CIPER su respuesta. En una carta, se detallan los items en los cuales se gastan los ingresos obtenidos por la acreditación de vigilantes privados. La información es genérica e incompleta. Falta además el dato más importante: cuántos ingresos reciben por dicho concepto.

Vea las solicitudes y sus respuestas:
Primera solicitud de acceso a información para Javiera Blanco (10 de octubre de 2007)
Respuesta de la Dirección General de Carabineros (27 de noviembre de 2007)
Solicitud de acceso a información pública para Subsecretaría de Carabineros (13 de enero de 2009)
Respuesta de subsecretaria Javiera Blanco (22 de enero de 2009)
Respuesta de Carabineros de Chile (20 de marzo de 2009)