La educación escolar pública chilena ha venido perdiendo estudiantes año tras año, desde que el Estado comenzó a financiar escuelas públicas y privadas en los ochenta. Por ejemplo, mientras en 1990 el 61.2% de los estudiantes chilenos estudiaba en colegios públicos, en 2005 sólo lo hacía el 48%. Como contraparte, en 1990 los estudiantes de colegios particulares subvencionados representaban el 31.8% de la matrícula nacional y en 2005 ese porcentaje había ascendido al 45%. Tal ha sido la pérdida de matrícula estatal, que desde el año 2006 la matricula privada-subvencionada supera la pública-municipal a nivel país. Información del año 2008 confirma la tendencia: Mientras un 43.3% de estudiantes chilenos asistió ese año a escuelas públicas, un 48.1% asistió a escuelas particulares subvencionadas.

Diversas razones y motivos explican esta baja en la matrícula escolar pública. Factores tales como la facilidad para la apertura de colegios privado-subvencionados, su escasa regulación y control, la falta de un tope al número de establecimientos privados que se pueden abrir por comuna, el atractivo que este tipo de colegios significa para las familias por su nueva infraestructura y equipamiento, la falta de un plan de fortalecimiento del sistema público que le de competitividad al sistema público frente al privado, entre otros, explican la tendencia.

¿Cómo aborda el gobierno esta problemática? Nada dice del asunto. ¿Se considera que esta situación es un problema? A juzgar por lo señalado en la introducción del documento, pareciera ser que no. En la primera parte del escrito se identifican una serie de principios y valores esenciales que es fundamental que el Estado y la sociedad reconozcan, respeten y promuevan. Entre ellos cabe mencionar, el derecho de todo niño y joven de acceder a una educación de calidad de acuerdo a sus méritos y esfuerzos, el derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, la libertad de creación y administración de instituciones educacionales y la pluralidad de modelos educativos, el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas modalidades y opciones educacionales, y el deber del Estado de promover la existencia de proyectos educativos diversos, dotar a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones adecuadas, respetar sus decisiones, velar por la calidad de las instituciones educacionales y asegurar la existencia de condiciones financieras para que efectivamente ellos dispongan de alternativas y puedan elegir. Estos son valores relevantes de respetar y promover en un sistema educativo, pero no son los únicos, y por sí mismos no garantizan la equidad educativa ni la integración social al interior del sistema.

En general, los principios y valores mencionados se aglutinan y convergen en torno a la idea de la libertad de enseñanza -la libertad de creación y administración de instituciones educacionales- y a la preponderancia que deben tener las elecciones individuales y familiares en educación -el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas opciones educativas. Como contraparte, en el documento no hace mención explícita a la importancia que tienen los valores e intereses públicos en educación -la educación entendida como derecho ciudadano garantizado por el Estado, y el deber del Estado a proveer de una educación pública de calidad. Esta omisión refleja el paradigma ideológico –neoliberal- sobre el cual se está construyendo la propuesta; el mismo sobre el cual se fundó el sistema educativo en los ochenta. Al mismo tiempo, al no mencionar estos principios, la propuesta gubernamental no hace suyas las ideas que están en “el corazón” de las demandas del movimiento estudiantil y ciudadano.

“El documento del gobierno muestra avances importantes, comparándolo al limitado proyecto GANE presentado por Lavín. El problema es que los principios orientadores esbozados son los mismos que han inspirado a la derecha desde los ochenta”.

El paradigma neoliberal conceptualiza la educación como un mercado donde los individuos y las familias tienen el derecho de elegir el establecimiento donde educar a sus hijos, y donde el Estado cumple fundamentalmente un rol regulador y subsidiario. De este modo, el modelo considera a las escuelas como organizaciones individuales que deben competir entre sí y demostrar que son capaces de entregar un servicio de calidad. Si no lo entregan, serán castigadas por las familias –o consumidores- quienes cambiarán la escuela – o el producto- por otro.

Uno de los mayores problemas de esta visión neoliberal de la educación es que al poner excesivo acento en los derechos de elección individual de las personas y las familias, se olvida de las dimensiones colectivas y comunitarias del derecho. Por otra parte, al concebir a las escuelas como unidades educativas equivalentes que deben competir entre sí, el paradigma no reconoce las diferencias de contexto sobre las cuales operan los establecimientos y se olvida de las necesidades que tienen las escuelas de trabajar en conjunto, colaborar entre sí y recibir apoyos externos. Finalmente, el modelo no reconoce que dejado al libre albedrío de las familias, y sin una mayor regulación por parte del Estado, la elección de escuela solo funcionará para algunos –los que pueden pagar, los más informados, los que quedan seleccionados en una escuela-, mientras que el resto deberá conformarse con la escuela que quede disponible.

En el caso chileno, el paradigma neoliberal es incapaz de dar cuenta de –y menos de resolver por sí mismo- problemas tales como la excesiva segregación social y económica que existe entre escuelas públicas y privadas en el país, la falta de integración social del sistema educativo, las desigualdades de aprendizaje que se derivan de esta segregación, las dificultades de financiamiento de la educación pública-municipal especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social, la escasa regulación de que son objeto los colegios privado-subvencionados, la falta de espacios para la colaboración entre escuelas públicas y privado-subvencionadas, entre otros.

Son precisamente estas problemáticas las que el documento omite o a las cuales no hace referencia explícita. Tampoco menciona la pérdida de matrícula pública como un problema a resolver, justamente porque bajo el paradigma neoliberal el Estado más que proveer servicios educativos debe promover e incentivar la existencia de proyectos educativos diversos. ¿Pero, no es acaso la educación pública y laica entregada ya sea por los municipios o por nuevos organismos públicos descentralizados también un modelo educativo que requiere promoverse y apoyarse? Dada la situación alarmante en que se encuentra la educación escolar pública, ésta debiera ser una de las principales prioridades de la agenda educacional para los próximos años, pero el gobierno se resiste a proponer y discutir un plan específico.

Al respecto, múltiples ideas se encuentran circulando. El gobierno propone crear liceos de excelencia –tipo Instituto Nacional- a lo largo de Chile a los cuales las familias y estudiantes podrán postular y eventualmente quedar seleccionados mediante pruebas de ingreso. Esta propuesta puede contribuir a fortalecer escuelas específicas, pero al mismo tiempo puede perjudicar a otras escuelas públicas desde donde los mejores estudiantes están emigrando. Por lo mismo, esta propuesta por sí misma no resuelve el problema de la educación pública. Otra idea es crear un sistema o red de liceos técnico-profesionales públicos que, con nuevos recursos y apoyos, fortalezca esta modalidad educativa a largo del país. La Concertación en su documento “Compromiso de la Concertación en educación” esboza la idea a nivel superior al proponer la creación de una red formación técnica e institutos profesionales de carácter público, especialmente en aquellas regiones donde no exista una oferta privada de calidad. Similar red de establecimientos podría crearse a nivel secundario. Otra alternativa para fortalecer la educación escolar pública dice relación con fortalecer los liceos humanista-científicos en el país. Una política pública interesante al respecto sería crear redes de liceos a nivel regional que se vinculen entre sí y con las universidades públicas en cada región para crear sinergias entre los distintos niveles educativos. Por ejemplo, las universidades, en particular las facultades de educación, podrían prestar servicios a los liceos, y los liceos podrían hacer uso de las instalaciones universitarias tanto para fines curriculares como extra-programáticos. Esta asociación liceos públicos/universidad pública podría no sólo podría beneficiar a los liceos en el corto plazo, sino que también a las universidades en el largo plazo, ya que los estudiantes podrían motivarse por realizar sus estudios superiores en esas universidades.

En resumen, el documento del gobierno muestra avances importantes, comparándolo al limitado proyecto GANE presentado por el Ex Ministro de Educación Joaquín Lavín y el propio Presidente Sebastián Piñera, y se abre a discutir aspectos claves como la desmunicipalización y la regulación del lucro. El problema es que los principios orientadores esbozados son los mismos que han inspirado a la derecha desde los ochenta, y que las ideas planteadas son muy generales. El gobierno requiere de más audacia, así como también lo requiere la oposición política en el parlamento para plantear ideas y sacar adelante proyectos. Es tiempo de que el conjunto del espectro político se haga cargo y establezca una agenda clara y alternativas concretas para el fortalecimiento de la educación pública. El movimiento estudiantil y ciudadano merece una respuesta que se haga cargo “del corazón” de las demandas. Es la única manera de que avancemos hacia la existencia de una educación escolar pública de calidad y hacia un sistema educativo mixto, público y privado, donde ambos tipos de escuelas sean reconocidos y valorados, y donde ambos no sólo compitan, sino que también colaboren y se potencien entre sí.

Josefina Bilbao, presidenta de la Comisión Nacional de Centro de Formación Técnica (CONIFOS) y ex ministra del Presidente Eduardo Frei, presentó en 2006, una acción legal en contra de la Organización de Consumidores (ODECU), “por maliciosa propaganda” a raíz de la publicación de un informe sobre la mala calidad de estos establecimientos. Josefina Bilbao señaló que en el estudio de la ODECU había un uso falso de información, lo que habría significado una baja importante en el número de matriculas de estos centros educacionales en 2006. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección de la ex ministra.

La actitud de Josefina Bilbao demostró la poca sensibilidad que existía en las autoridades de la Concertación sobre el real estado de la educación en Chile. ¿Qué decía el informe de la organización de consumidores de 2006?

El Sistema de Educación Superior de Educación chileno contaba entonces con 60 Universidades, 38 Institutos Profesionales y 109 Centros de Formación Técnica. Los Centros de Formación Técnica reconocidos por el Estado tenían una matricula total de 68.862 alumnos.

El informe decía que la información que recibían los estudiantes acerca de la calidad y el carácter institucional de los Centros de Formación Técnica aparecía muy disminuida y que los estudiantes en general no tenían una cabal comprensión del funcionamiento del sistema. La información no llegaba con claridad a los usuarios y era muy posible que la escasa información llevara a confusiones y a decisiones erróneas. El informe se basaba en los datos publicados por el Ministerio de Educación, institución que vigila a los Centros de Formación Técnica.

Pero, además, la conclusión del estudio indicaba preocupantes diferencias en la calidad y en la estabilidad institucional de entre los 109 Centros de Formación Técnica (CFT).

El estudio estableció que nueve Centros estaban en proceso de cierre o de drástica fiscalización y que, según el estudio, no era recomendable de ningún modo matricularse allí. Otros 27 estaban supervisados y no tenían un real proyecto de desarrollo institucional. Frente a estos, el estudio recomendaba a apoderados y alumnos tener especial precaución al momento de matricularse. Existían 57 Centros de Formación que estaban en proceso de acreditación de su autonomía, pero que aún no han obtenido la autonomía.

Frente a estos el estudio de la ODECU recomendaba que los usuarios estudiaran concretamente los antecedentes de cada uno de estos Centros, antes de matricularse. El estudio reconocía que existían CFT que impartían una buena formación y que eran una alternativa viable para muchos jóvenes que quieren estudiar carreras técnicas cortas e insertarse rápidamente en el mundo laboral. Pero, esos centros eran los menos, y eran los que se encontraban en el rango de autónomos y autónomos acreditados institucionales. ODECU realizó el mismo estudio al año siguiente con similares resultados.

Hoy, según las cifras oficiales, hay 77 CFT y sólo 12 acreditados. Los CFT tienen 128 mil estudiantes matriculados.

La Concertación equivocó el camino en cuanto a la educación superior. Y el gobierno de Sebastián Piñera también se equivoca hoy. En el fondo, Piñera y la Concertación desean conservar el actual sistema, pero lo único que harán será reventarlo. Los Centros de Formación técnica no funcionarán con más becas. Los CFT seguirán su camino errado y seguirán apareciendo instituciones brujas, seudo institutos. Los costos se traspasarán a los estudiantes. El camino al infierno está lleno de buenas declaraciones.

La Concertación convirtió la educación técnica superior en algo sin valor. El gobierno de Piñera no entrega soluciones y lo único que hará será aumentar las desigualdades, legitimará definitivamente el lucro, el despilfarro de recursos públicos y aumentará el descontento.

Lo que el país necesita es una educación pública sólida y de carácter, el país necesita educación técnica pública que vaya a superar la tremenda, la horrible diferencia entre la educación para los ricos (la minoría) y los pobres (la mayoría).

La Nissan no es ni por lejos el auto más costoso que el hermano menor del Presidente de la República tiene inscrito a su nombre. Tampoco es un juguete que su dueño se empeñe en conservar por un asunto afectivo. Lo conserva porque de momento no puede hacer otra cosa con él. En 2007, a raíz de una demanda laboral de ex empleados del pub Entrenegros, un tribunal decretó su embargo y estuvo a punto de ir a remate. Sin embargo, ayudado por los abogados del estudio Barros & Errázuriz, los mismos que se encargan de los asuntos legales de su hermano Presidente, Miguel Piñera logró que el embargo nunca se hiciera efectivo. Y de paso, a diferencia de sus antiguos socios en el Entrenegros de calle Suecia, consiguió eludir el pago de lo adeudado en cotizaciones, sueldos e indemnizaciones.

Esa camioneta es un símbolo, y no sólo porque sigue en poder de la modelo Belén Hidalgo: representa el estilo con que el hermano del Presidente ha llevado su vida y desarrollado su carrera musical y de empresario de locales nocturnos. Un estilo accidentado, informal y ladino que le ha traído fortuna pero también serios problemas legales. Un símbolo porque además, a partir del juicio que derivó en el embargo del auto, Miguel Piñera evitó a abrir sociedades con su nombre. En adelante prefirió usar intermediarios y testaferros que lo representaron en negocios que hizo con gente como el controvertido abogado Marcelo Jadue, el asesor del ministerio del Interior Cristián Barra y los socios del sicario José Ruz.

José Miguel Carlos Piñera Echenique, de 56 años, transita al borde de la legalidad y sus líos no son travesuras de adolescente. Acaba de llegar a un acuerdo extrajudicial para detener una querella por amenazas de muerte contra el dueño de Sala Murano. Acuerdo similar al que suscribió un par de años atrás con otro empresario por los mismos motivos.

El último de los juicios laborales en su contra, por el que resultó condenado, fue archivado a comienzos de este año sin que pagara un solo peso. Y aunque el año pasado desembolsó seis millones para que le fuera suspendida la causa que se le siguió por embestir su enorme Hummer contra un Austin mini y darse a la fuga, el mes próximo está citado a una audiencia por no haber acreditado el cumplimiento de las 50 horas de trabajo comunitario que le impuso un tribunal por su responsabilidad en el accidente.

El menor de los Piñera Echenique vive al límite y ahora, tras separarse y permanecer un mes en una clínica de rehabilitación, acapara titulares. En otra época su situación podría haber sido materia de la farándula. Hoy es un asunto de Estado.

Nostalgia ochentera

De tan repetido el cuento ya parece mentira: antes de morir en 2000, mediante una carta, la madre de Sebastián Piñera le pidió que cuidara y se ocupara de su hermano menor. Razones tenía de sobra para preocuparse. A esas alturas Miguel Piñera no salía de un lío cuando ya estaba metido en otro.

Los mayores problemas empezaron a mediados de los noventa, a la par con el auge de su carrera de empresario de locales nocturnos, desarrollada junto a Miguelo, nombre artístico de Miguel Esbir Barco. Miguel y Miguelo. Los cantantes que habían hecho fama en dictadura se unieron en la siguiente década en torno a negocios que explotaban la nostalgia ochentera.

El primero que tuvieron en conjunto fue un local de Lo Barnechea que bautizaron Entre Negros y Blancos y marcó la pauta de los venideros. Gozó de éxito comercial pero su administración resultó tan desastrosa que terminó con querellas y embargos judiciales. El Seriatutix seguiría un derrotero similar.

Inaugurado a comienzos de los noventa, el local de avenida Colón esquina Sebastián Elcano no tomó vuelo hasta la segunda mitad de esa década, cuando el dúo de cantantes se asoció a los empresarios Ricardo Muller y Ricardo Bezanilla. Miguel y Miguelo eran la cara del local. Solían actuar y hacer vida social ahí. Piñera estaba tan comprometido que vivía en un departamento frente a esa esquina. A pasos de su lugar de trabajo. Era mediados de los noventa y el local era punto de referencia de la farándula y oficinistas y ejecutivos con ánimo de desenfreno. Ese ánimo también contagiaba a sus dueños, que confiaban la administración a Domingo Pino Sastre, Chumita para los amigos. Sastre es hermano del esposo de Patricia Maldonado y dueño del desaparecido bar Confetti, donde se divertían los altos agentes de seguridad del régimen militar.

–Chumita era el brazo derecho del Negro, su hombre de confianza, porque él es re contra desordenado y al lote y no tiene idea de negocios. En esos tiempos si necesitaba plata él iba a la caja del Seriatutix y la sacaba, lo que le provocaba problemas con sus socios –recuerda un ex empleado de confianza.

Las cosas no terminaron bien en el Seriatutix. Tampoco en el Entrengros, que sucedió al otro y tuvo más fama y controversia. Miguelo fue a dar a la cárcel por giro doloso de cheques y fue objeto de embargos de sus bienes personales. Miguel tuvo mejor suerte y la ayuda de su hermano Sebastián, quien ha honrado la petición de cuidar a su hermano menor que su madre le hizo poco antes de morir.

Hacerse cargo de que tenga los mejores abogados para defenderse es una de las formas en que Sebastián Piñera cumple su promesa. Según se lee en el libro Piñera. Historia de un ascenso, de Loreto Daza y Bernardita del Solar: “Sebastián no ha faltado a ese compromiso. ‘Resuelvan el problema’, ordena a sus abogados, cada vez que El Negro se mete en un lío, algo bastante frecuente y desgastante, puesto que ejercer esa tutela no sólo demanda asesoría legal y recursos económicos, sino que también una gran dosis de paciencia. Sobre todo, cuando un abogado cercano a Piñera dice que apenas una mínima parte de los líos en que se mete el cantante son conocidos por la opinión pública”.

La última intervención conocida del Presidente tuvo que ver con la farándula. Según publicó el viernes 3 de junio el diario La Cuarta, Miguel Piñera estaba a punto de darle una entrevista televisiva a Giancarlo Petaccia, cuando un llamado telefónico de su hermano lo hizo cancelar todo.

Invitado de piedra

La historia de Miguel Piñera tiene un capítulo episódico que determina su suerte en la escena musical chilena. Un capítulo al que su protagonista se ha empeñado en imprimirle un carácter épico, legendario incluso, pero que en la práctica se constituye de elementos estrictamente prosaicos.

Ocurrió en 1975, cuando se embarcó en una suerte de viaje de iniciación por Latinoamérica. Lo acompañó el guitarrista Oscar Ratón Pérez, con quien formaba un dúo musical llamado Miguel y Ratón que solía presentarse en un programa televisivo animado por Pepe Gallinato. Los dos amigos soñaban con una carrera artística, pero considerando como estaban las cosas después del golpe de Estado, se conformaban con arrancar del ambiente opresivo que había en el país.

Tras recorrer Bolivia, Perú y Ecuador, el dúo llegó a la casa de unos amigos en común en Río de Janeiro. A decir verdad, sólo Ratón Pérez conocía a los dueños de casa, un trío de músicos chilenos que formaban parte del grupo Agua y hacían carrera en Brasil. Piñera era un invitado de piedra, más todavía considerando que no cayó nada bien entre los dueños de casa y llegó acompañado de una novia estadounidense que conoció en el camino.

–Nosotros vivíamos en comunidad, compartíamos todo, pero él no calzaba con ese esquema. Era individualista, muy rara vez aportaba, se salvaba solo. Igual aceptamos que se quedara en la casa porque andaba con Ratón Pérez, que era nuestro amigo y comenzó a tocar con nosotros –recuerda el guitarrista de Agua, Nelson Araya.

Fue en esa casa de Río de Janeiro que Miguel Piñera escuchó por primera vez La luna llena. Compuesta por Araya, era uno de los temas que el grupo tocaba habitualmente en sus presentaciones en Brasil. También tocaban las clásicas canciones chilenas y latinoamericanas de raíz folclórica que más tarde Piñera integró al repertorio de su carrera solista.

El beneficio fue completo cuando Milton Nascimento descubrió al grupo chileno y lo invitó a participar en la grabación de Geraes (1976), su disco más famoso. Piñera no formaba parte del grupo ni era del agrado del cantautor brasileño. Según uno de los músicos de Agua, lo consideraba “oportunista y fanfarrón, se quería colgar de su fama”. Pero igualmente el chileno se las arregló para estar presente en la grabación y tener una modestísima participación en uno de los coros. Lo justo para que en la contraportada de Fusión latina (1982), su disco debut, se lea que “tocó y grabó junto a Milton Nascimento”.

Sin compromisos

En Músicapopular.cl, la más erudita enciclopedia de música chilena, se consigna que Miguel Piñera saltó a la fama a partir del programa televisivo Vamos a ver, donde Raúl Matas lo presentó como un músico joven, recién llegado de Estados Unidos, que era “hijo menor de don José Piñera”.

Su éxito fue súbito y sorprendió al propio Piñera, a decir de uno de los músicos de Fusión Latina: como no tenía repertorio suficiente, echó a mano a las canciones de Agua y Hot Chile, otro grupo chileno, con el que había tocado en su paso de fines de los setenta por California. Dos de los músicos de esa formación se integraron a Fusión Latina. Otros dos se quejaron de que uno de los temas que Piñera grabó y patentó a su nombre les pertenecía. Ese tema es Dulce América, que José Miguel de la Fuente y Cristián Bianchi reclaman como propio.

Nelson Araya, el autor de La luna llena, dice que alcanzó a registrar a tiempo su tema en Chile. Entonces vivía en Brasil y fue alertado de que la persona que había alojado en su casa pretendía grabar su canción sin su autorización. No fue la única oportunidad en que se sintió pasado a llevar. A fines de esa década, cuando Sebastián Piñera usó La luna llena como eslogan de su campaña a senador, el compositor lo demandó y consiguió una retribución por cuatro millones de pesos de la época.

El menor de los Piñera Echenique gozó de la fama pero también pagó por ella. Algunos de los músicos de su banda terminaron enemistándose con él por incumplimientos y abusos laborales: el líder se llevaba el 75% y el 25% restante se repartía en partes iguales entre sus músicos. Él era el rostro del grupo, la voz de una suerte de Canto Nuevo ligero, edulcorado y apolítico que despertaba admiración de las masas pero también sospechas y enconos.

En un número de 1983 de la revista La Bicicleta, Álvaro Godoy enjuicia el fenómeno de Miguel Piñera y se pregunta quién es ese cantante que “usa boina como el Che y se declara apolítico. Canta a Violeta Parra y Silvio Rodríguez, pero los diarios lo apoyan, la televisión lo contrata como enferma y la izquierda lo rechaza”. En el mismo artículo algunas voces autorizadas intentan explicar el fenómeno y en un recuadro el aludido plantea sus descargos: “No me quiero encasillar, y creo que algunos compositores del Canto Nuevo están un poco comprometidos en contra de este gobierno. Yo prefiero no comprometerme, quedarme al margen”.

Uno de los músicos de Fusión Latina dice que a Piñera las críticas no le resbalaban. Por el contrario. A veces se mostraba tan susceptible que durante un tiempo anduvo atormentado pensando que Nunca quedas mal con nadie, de Los Prisioneros, estaba dedicado a él.

Asesoría financiera

Para fines de los noventa, cuando Miguel Piñera había vuelto a ser una celebridad, vivía en un departamento de Providencia con vista al Entrenegros. Un décimo piso en cuya terraza sobresalía un jacuzzi adornado con flores de hule y una galería de guitarras expuestas en la pared del living. Contaba con varios locales a su haber y una novia 25 años menor llamada Carla Ochoa. Había relanzado el disco Fusión Latina y anunciaba la próxima aparición de un disco de canciones chilenas del que no se volvió a tener noticias.

Fue un periodo intenso, descomedido, sin pausa. En el Entrenegros, lugar de reunión de la farándula criolla, él era una de las principales atracciones. Cantaba con su banda, hacía vida social y, a su modo, defendía sus intereses en el negocio. Un amigo y ex empleado de confianza recuerda que, tal como había hecho en el Seriatutix, solía retirar el dinero de las cajas y echárselo al bolsillo.

–La administración era desastrosa, no podía ser de otra forma, pero así y todo ganaba plata a manos llenas –dice el ex empleado, a quien el cantante le comentó que fue su hermano Sebastián quien le aconsejó invertir en la bolsa.

Las inversiones eran diversas y no necesariamente en la bolsa. Según quedó consignado en una causa de la jueza Eleonora Domínguez, que investigó el caso de La Cutufa II, Miguel Piñera fue uno de los nombres que apareció vinculado a la financiera ilegal dirigida por el capitán de Ejército y ex agente de la CNI Patricio Castro. La lista apareció en un computador que le fue incautado a Marcelo Jadue, abogado y socio del cantante. A esa evidencia se sumó el testimonio de Beatriz Ugarte, denunciante del caso, que atestiguó haber presenciado una reunión realizada en Buenos Aires entre el dueño del Entrenegros y el ex capitán de Ejército y cerebro de la operación.

Patricio Castro y su ex esposa, la actriz Carolina Arregui, eran asiduos al Entrenegros de calle Suecia, que a la vez era administrado por Domingo Pino Sastre. Chumita fue también uno de los hombres a través de los cuales el cantante abrió negocios a contar del 2000.

Por medio de la sociedad Gastronómica New York USA, Pino representó a Piñera en la apertura de dos restoranes de Providencia, New York Sushi y Confesionario. Los otros dos socios fueron el abogado Marcelo Jadue y el empresario Claudio Rocafort Concha.

Marcelo Jadue representó al coronel (r) Castro y fue uno de los gestores de la página www.despiertachile.cl, vinculada a ex agentes CNI. En 2008 resultó condenado por extorsionar al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado.

Claudio Rocafort, en tanto, fue pololo de Cecilia Bolocco un tiempo antes que se coronara Miss Universo en 1987. Representó a una empresa de armamentos, fue demandado por golpear duramente a uno de sus empleados y es dueño de la cadena de restoranes Sushita. Su inolvidable campaña publicitaria tuvo al Negro Piñera de rostro, flanqueado por un modelo recostada y envuelta en sushis de palta, masago y salmón.

Orden de embargo

En 2003, cuando el Entrenegros de calle Suecia bajó la cortina, Miguel y Miguelo estaban distanciados. Ambos se responsabilizaban de malos manejos financieros que poco después derivaron en la detención del segundo por giro doloso de cheques y una demanda laboral de ex empleados que traerá consecuencia para los dos cantantes y un tercer partícipe de la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada, Andrés Vidal Villalón, que oficiaba de representante legal.

A Miguelo la justicia lo obligó a responder con el sueldo que ganaba en el programa Rojo Vip. Y en noviembre 2007, a raíz de la demanda de un sonidista del pub, el Quinto Juzgado del Trabajo ordenó embargar vehículos de los tres socios.

Miguelo perdió una moto y Vidal un taxi Lada. Pero cuando una receptora judicial llegó a la casa de Piñera para embargarle la Nissan Pathfinder que usaba su esposa, la funcionaria adujo la imposibilidad de cumplir la tarea “por oposición de persona adulta del lugar, quien no se identificó”. Sujeta a embargo, la camioneta siguió en poder de su dueño y acumuló multas del tránsito y kilómetros, no obstante que el tribunal encargó su búsqueda a Carabineros.

No era la primera vez que enfrentaba una orden de embargo. A principios de 2000, a raíz de una demanda de ex empleados del local Entre Negros y Blancos, el primero que tuvo en sociedad con Miguelo, el Entrenegros de calle Suecia fue prácticamente desmantelado por un receptor judicial. La experiencia convenció al autor de Como el sol de la utilidad de hacer negocios por medio de terceros.

En algún momento se ufanó a través de la prensa de la existencia de más de doce sucursales del Entrenegros repartidas por todo Chile. Ninguno de esos locales era suyo, pero el negocio estaba en que la gente creyera lo contrario. Él cobraba un dinero por autorizar la marca y representarla a través de presentaciones periódicas, a veces ni eso: bastaba con que se diera unas vueltas para atraer clientela. También se ufanó de ser el propietario de decenas de otros locales que se abrieron en Santiago pero donde su nombre no aparecía en ninguna escritura. Fue el caso de Studio 54, inaugurada en el antiguo recinto de la discoteca Eve por el actual asesor del ministerio del Interior Cristián Barra Zambra. El cantante anunció a los cuatro vientos que la nueva discoteca era obra suya, pero ningún papel lo avalaba.

Según un reportaje de La Nación Domingo, el negocio derivó en una querella del dueño del inmueble por el extravío de un conjunto de equipos de música y en una posterior orden de aprehensión. El reportaje indica que el litigio fue resuelto en 2005 mediante un acuerdo extrajudicial en el que intervinieron abogados del actual Presidente.

Una resolución similar tuvo el embargo de la Nissan Pathfinder. En abril de 2009, la abogada Verónica Fernández Omar consiguió que la Corte Suprema dejara sin efecto el embargo de la camioneta. Esto a pesar de que el cantante ni siquiera respondió con el mínimo del millón y medio de pesos al que se comprometió cuando suscribió la sociedad Miguel y Miguelo’s Pub Limitada. La abogada pertenece al estudio Barros & Errázuriz, que ve los asuntos financieros de Sebastián Piñera.

Al ser contactado telefónicamente sobre sus negocios, Miguel Piñera precisó que actualmente no tiene participación en locales. “De negocios sé re poco, compadre. Lo mío es la música, las relaciones públicas”, dijo.

Socios del sicario

En octubre de 2010, en el transcurso del juicio oral por la muerte de Diego Schmidt-Hebbel, el sicario José Ruz Rodríguez apareció en la audiencia vistiendo una polera con el emblema del Entrenegros. En apariencia el hecho no pasó de ser una anécdota. El propio cantante, al ser consultado por el tema en La Cuarta, se mostró extrañado y lo adjudicó a una casualidad sin mayor trasfondo. Pudo haberse sorprendido, pero no extrañado.

El sicario es primo de Marcos Silva Ruz, quien en el juicio declaró que antes del asesinato planeaban abrir una discoteca en La Florida. Ambos participan de una sociedad familiar dueña de cafés con piernas en el centro de Santiago. En esa sociedad llamada Inversiones El Romeral participan José Ruz, Marcos Silva Ruz, Cristian Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo y otros familiares. Estos dos últimos tomaron contacto con Miguel Piñera para revivir en 2008 una apoteósica versión del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio.

Según quedó consignado en el Diario Oficial, la Productora de Eventos Entre Negros Limitada que dio origen a la discoteca fue constituida en 2007 por Cristián Alexander Silva Donoso, Mickel Ignacio Silva Gallardo, Claudio Andrés González Ruz e Iván Steve Ponce Valenzuela. Este último es un disc jockey cercano a Miguel Piñera. Trabajó en sus locales y en la campaña presidencial de 2005 de su hermano Sebastián. De acuerdo con Silva Donoso, Iván Steve Ponce fue la persona que intermedió por el cantante en el negocio de la discoteca.

–Fue sólo un acuerdo de palabra, no hubo nada firmado con Piñera –dice Silva Donoso–. Nos juntamos en un local de Manuel Montt, conversamos del proyecto y juntamos las manos, las levantamos y gritamos ehhhh. Eso fue todo. Los detalles los vio el (Iván) Steve Ponce, que era quien tenía el contacto con el Negro.

Cristián Silva habla desde el subterráneo del café Ikabarú de la galería Alessandri, en el centro de Santiago, donde opera la administración del negocio. Bordea los treinta años y sonríe al recordar la experiencia del Entrenegros en el Mall Plaza Vespucio que le dejó buenos recuerdos y una deuda millonaria. No sólo a él, sino también a su tío Marcos, primo del sicario, que actuó como inversionista sin aparecer en la sociedad.

–Fue un proyecto emblema para el Negro, porque marcaba su retorno. Él tenía el compromiso de estar ahí, de ser el rostro, iba casi todos los días pero no tenía un porcentaje. Cuando quería plata, pedía y cobraba. Lo pasamos muy bien pero perdimos mucha plata. Entiendo que el Negro cobraba principalmente por el uso de la marca, ese era su negocio –dice Cristián Silva.

En una de esas noches de juerga, poco antes de que la discoteca cerrara sus puertas en noviembre de 2009, el dueño de un local vecino del Entrenegros denunció haber sido amenazado de muerte después de llamarle la atención a Piñera y sus amigos por estar en su local consumiendo alcohol traído de la discoteca. La causa quedó radicada en la Fiscalía Oriente pero fue archivada después de que las partes llegaron a un acuerdo en que prometieron reserva.

Una fórmula similar fue empleada ante la querella presentada por Fernando de la Cerda, dueño de la discoteca sala Murano, que a fines de abril último denunció haber sido amenazado por Miguel Piñera. Éste habría sospechado una relación entre Cerda y Belén Hidalgo. Según informó la revista Qué Pasa, los representantes legales de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial que se mantiene en reserva. La defensa de Piñera estuvo a cargo de Gonzalo Cisternas, quien aseguró a La Tercera que “la querella fue retirada porque las denuncias no son serias”.

Cisternas pertenece al estudio Espina, Zepeda y Acosta, donde son socios, además del senador Alberto Espina, los abogados Carlos Zepeda y Domingo Acosta, todos cercanos a Sebastián Piñera, a quien han asesorado en La Moneda. Según Qué Pasa, el propio Presidente discutió con ellos las estrategias legales para defender a su hermano. Mal que mal, según la misma publicación, el dueño de la sala Murano había sido advertido por el cantante de que no sabía con quien se estaba metiendo: “Estás hablando con el hermano del Presidente”.

La cercanía del ex diputado UDI con los funcionarios de la embajada estadounidense puede haber contribuido a su designación en el organismo con sede en Washington. Al menos en seis de los cables a los que tuvo acceso CIPER, Paya aparece citado como una de las fuentes mediante las cuales los diplomáticos se informan del acontecer político chileno. No es el único, por cierto, pero sí destaca por ser el más crítico del actual Presidente Sebastián Piñera.

En noviembre de 2005 es mencionado en un análisis político inocuo, pero el 19 de diciembre del mismo año, tras la derrota de Joaquín Lavín, se sincera con un funcionario diplomático (identificado como poloff, political officer) sobre el sentir de la UDI ante el escenario de una segunda vuelta entre Piñera y Michelle Bachelet.

De acuerdo al cable Nº 48249 titulado “Elecciones en Chile: Bachelet y Piñera cerca”, Paya dijo que la UDI y sus partidarios no se estaban tomando muy bien la derrota de Lavín y que no les agradaba la idea de tener a Piñera en la Presidencia. A su juicio, el principal error de Lavín fue no tomarle el peso a la amenaza que significaba Piñera para la UDI y para la Alianza por Chile y sostuvo que ya en enero del año anterior era claro que el empresario correría hasta el final la carrera presidencial y no renunciaría para apoyar a Lavín, como había hecho en 1999.

Estas palabras fueron dichas en un año de especial tensión entre Renovación Nacional y la UDI, con el recuerdo fresco del caso Spiniak, en el medio del cual Lavín había presionado a Piñera para que renunciara a la presidencia de su partido. Con la derrota electoral aún muy reciente y la Alianza por Chile debilitada, Paya fue más allá y sostuvo que “Piñera se preocupa sólo de una persona: él mismo”.

Aunque reconoció que algunos partidarios de la UDI preferirían boicotear la elección antes que votar por Piñera, Paya se mostró confiado en que la mayor parte de ellos sí lo haría pues no había otra opción. Esto, porque pese a la “vieja mala sangre” y las “diferencias ideológicas”, RN y la UDI coincidían en que la presidencia de Piñera sería mejor para Chile que la de Bachelet. Sin embargo, después hay una frase de Paya que probablemente contiene un error, pues se lo cita diciendo que “él (Piñera) es el peor de los dos demonios”, pese a que el contexto parece indicar que quiso decir que era “el mejor de los dos demonios”, aunque un demonio al fin y al cabo.

La capacidad de Piñera de movilizar a la “maquinaria de la UDI y persuadir a los votantes de Lavín” era, a juicio de la embajada, un riesgo para Bachelet, a quien veían “lejos de tener una victoria asegurada”. De hecho, Piñera había logrado fichar a Lavín como su generalísimo para la segunda vuelta, mientras que, en una situación que se califica de embarazosa, Bachelet no había conseguido convencer a Soledad Alvear de ser la suya. Mientras Paya era la fuente de la embajada en la UDI, en la DC lo era Tomás Jocelyn-Holt, quien expresó sus “reservas” por algunas tendencias demasiado izquierdistas de Bachelet.

“LA VIEJA GUARDIA VS. EL MAGNATE”

Cuatro años más tarde, en febrero de 2009, las diferencias de Paya con Piñera parecían haber aumentado. En el cable Nº 192475 titulado “Cómo la derecha chilena ve las elecciones: La vieja guardia vs. el magnate”, se describe a Paya como “un influyente líder político conservador a quien le preocupa la reputación que tiene Piñera como un ‘imbécil’ que desobedece las reglas”.

De acuerdo a la descripción del cable, en la derecha estaban fascinados por tener por primera vez un contrincante débil como lo era Eduardo Frei, pero no estaban muy entusiasmados con su propio candidato, Sebastián Piñera. Esto lo concluyen luego de hablar con el analista del Instituto Libertad Rodrigo Yáñez y con el dirigente de RN Samuel Valenzuela, que no dicen demasiado. A quien califican como el más abierto en sus críticas es a Darío Paya.

-(Paya) Lo describe (a Piñera) como alguien con un “gran ego” y le dice a Poloff que “Piñera es un imbécil, pero puede hacer el trabajo”. Piñera padece de la percepción de que compra su camino por la vida y desobedece las reglas que gobiernan a la mayoría de los chilenos. Los ejemplos son desde idiosincráticos (estacionar ilegalmente su helicóptero en una cancha municipal de fútbol) hasta graves (una multa de US$ 680.000 por uso de información privilegiada)-, se lee en el documento.

Luego el cable se pregunta si Piñera representa al centro y tras recorrer la historia política de su familia Demócrata Cristiana y su voto por el No en 1988, dice que siempre ha tratado de posicionarse como alguien de centro más que conservador. Sin embargo, cita a Paya diciendo que esa caracterización puede sonar vacía a los votantes, pues en Chile se identifica a la riqueza con la derecha y como millonario, “Piñera es definitivamente miembro del club”.

El cable termina así: “En 1999, (Frei) se benefició de la reputación de su padre, pero 10 años más tarde puede ser víctima de la fatiga de la Concertación. La suerte de Piñera es igualmente difícil de prever, aunque su estatus de millonario parece un tema de fondo: ¿Es Piñera el mesías que puede crear empleos y aislar a Chile de la tormenta financiera global? ¿O es el Judas corporativo que ha ganado sus 30 piezas de plata a costa de los consumidores chilenos que ahora viven una crisis económica? Una cosa es segura: si la Concertación pinta a Piñera como magnate codicioso, la Alianza apuntará de vuelta hacia Frei, quien fue un exitoso ingeniero por treinta años y se convirtió en socio de una de las empresas de ingeniería más grandes de Chile”.

EL SPARRING

Entre febrero y diciembre de 2009, muchas cosas habían cambiado en la relación entre Darío Paya y Sebastián Piñera. Tras decidir que no se repostularía a la Cámara de Diputados, Paya se sumó al trabajo del comando piñerista. Según La Tercera, fue el sparring del candidato para preparar los debates presidenciales y gestionó estudios de opinión (era uno de los dueños de la encuestadora Benchmarck).

Tras la elección, el nombre de Paya sonó para la subsecretaría del Interior, la Intendencia Metropolitana e incluso le habrían ofrecido ser el director de Comunicaciones del gobierno, cargo que habría declinado. Sí aceptó, en cambio, asumir como embajador en la OEA.

El acercamiento al piñerismo se nota en el cable Nº 239129, que cita una conversación del 4 de diciembre de 2009, apenas unos días antes de la primera vuelta. En ese texto se le identifica como asesor de Piñera y dice que para él una derrota parece algo casi impensable. “Habló poco de la estrategia de campaña y en cambió discutió los desafíos que enfrentaría una administración de Piñera y la incertidumbre respecto a las parlamentarias”, dice el documento.

* La palabra atribuida a Paya en inglés es “jerk”, un adjetivo cuya traducción varía. Los españoles suelen usar “gilipollas”, pero también se utiliza como “imbécil”, “idiota”, “huevón”, “estúpido” u otros calificativos similares.

El Servicio de Evaluación Ambiental reconoció que el megaproyecto de la Universidad San Sebastián -que pretendían instalar una gigantesca efigie del papa Juan Pablo II frente a la emblemática Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, lo que fue finalmente objetado-, no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Una ilegalidad que ninguna autoridad del Estado se atreve ahora a representar a esa díscola universidad. Una irregularidad que se repite en Temuco, donde un edificio de 12 pisos violenta las normas urbanas vigentes pero obtuvo su permiso ejerciendo presión. Dos ejemplos que ponen sobre la lupa el proclamado gobierno “de excelencia”.

Sebastián Piñera es un hombre inteligente, resuelto y sumamente oportunista y por ello le ha ido muy bien en sus negocios bursátiles y empresariales. Según dicen sus “biógrafos”, partió de la nada comprando terrenos baldíos en la periferia con su socio y coterráneo serenense Choclo Délano y más adelante dio en el clavo con la introducción de las tarjetas de crédito, contando para ello con la asistencia profesional de su colaboradora Evelyn Matthei. Después de algunos cuantos años ha llegado a ser uno de los particulares más ricos del país, mérito producto de su reconocido poder de convencimiento, sagacidad y conocimiento acabado de los distintos mercados.

En política sabe vender la pomada, entre otras cosas porque es de fácil palabra y aprovecha las diversas circunstancias para aparecer como un rápido solucionador de los problemas que “aquejan a la gente”. Habla del cambio en la política para atacar la inveterada corrupción de las cuatro administraciones anteriores a la suya y nos reitera que su gobierno es de excelencia, resaltando que el eje conductor en su calificada administración es el apego irrestricto a la probidad.

Como quien suscribe tiene ciertas dudas respecto de esos asertos presidenciales, damos a conocer dos situaciones puntuales en el ámbito en que nos desenvolvemos:

INVASIVA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO RECOLETA

El 14 de Octubre de 2009, quince meses atrás, publicamos en un medio de prensa la columna “Estatua privada en un espacio público” con ocasión de la polémica y voluminosa efigie del papa Juan Pablo II que los piadosos dueños de la Universidad San Sebastián querían instalar en medio del parque Poeta José Domingo Rojas Gómez, área verde pública materializada como tal, aunque deslucida por unos espaciosos avisos promocionales instalados enfrente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. La colocación de esa caprichosa estatua no prosperó por la razonada decisión adoptada por el Consejo de Monumentos Nacionales

En aquella ocasión decíamos que esa universidad privada, ese decir, “sin fines de lucro”, había obtenido de la Dirección de Obras de Recoleta unos permisos de edificación que vulneraban las normas reglamentarias fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) por cuanto no se respetaron, en una parte del predio, las alturas máximas permitidas en su propio Plan Regulador Comunal. En aquella época ya se había iniciado la construcción de la casa central y un centro de extensión de tal universidad y una de las tres torres habitacionales de 19 pisos proyectadas, la que actualmente está terminada. El acto administrativo se había cursado a la sociedad “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.”, propietaria del negocio ejecutándose en el cuadrante conformado por las calles Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue, terreno que tiene dos zonas distintas de edificación : altura libre y altura media.

También criticábamos que el titular del megaproyecto, tipificado como equipamiento mayor, no lo había ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como Estudio, sino que como una mera Declaración, trampa conocida y aceptada por todos aquellos, tanto públicos como privados, que se desenvuelven en este ámbito de materias. Pero lo más inaudito es que los ejecutivos de tal actividad constructiva decidieron enviar a la Conama sólo los antecedentes de las 3 torres y no las correspondientes a las edificaciones de la propia universidad y su ligado centro de extensión. Debemos suponer que los altos directivos de esa casa de estudios superiores no estaban al tanto de las travesuras que hacían sus mandos medios, porque aquellos son personajes del establishment que jamás se ensuciarían las manos para obtener ventajas indebidas en sus emprendimientos.

El Servicio de Evaluación Ambiental instaurado por la legislación que creó el Ministerio del Medio Ambiente reconoció que el megaproyecto en su conjunto, a pesar de que está construyéndose, no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, tremenda ilegalidad que nadie en la Administración del Estado se atreve a representárselo a esa díscola universidad. Ese temor a exigir el cumplimiento de las normas a los actores poderosos es recurrente en Chile y la gente que se desempeña en la institucionalidad ambiental ha llegado al extremo de atestiguar que están inhibidos para cursar sanciones. Es decir, nuestro país es un paraíso para aquellos inversionistas que sostienen que las leyes son solamente indicativas y que, por lo tanto, su acatamiento es voluntario. ¿ Será esta la fórmula que se promueve en el mundo para atraer capitales extranjeros ?

EDIFICIO DE 12 SOBRE UN PASAJE QUE PERMITE UNA ALTURA DE 2 PISOS

Desde el 2 de de febrero de 2010, está vigente el nuevo PRC de Temuco, instrumento normativo urbano que, por diferentes motivos, tardó muchos años en hacerse realidad. Hay que tener presente que el anterior instrumento era muy permisivo y de allí la explicación de la demora.

En un sector de esa ciudad residen en viviendas unifamiliares unos cuantos vecinos que rechazan la construcción de un edifico de 12 pisos sobre 3 terrenos que debían estar fusionados y el resultante inscrito en el Conservador de Bienes Raíces (CBR). Es obligatorio, para hacerse acreedor de un permiso de edificación, que el titular perfeccione esa tramitación porque el título de dominio de los inmuebles se demuestra con su registro en el CBR. Esta materia está muy bien aclarada en el marco regulatorio, a pesar de que sabemos que algunos funcionarios municipales que se creen autónomos inventaron una fórmula para facilitar los negocios del sector inmobiliario : con total desfachatez le expresan a los solicitantes de permisos que las fusiones y la debida inscripción sólo son exigibles para las recepciones finales de obras (sic).

La oposición de la comunidad se debe a que el proyecto rompe la escala del barrio, y por su volumen, generaría grandes impactos viales derivados del aumento desmedido de la densidad habitacional, ello por cuanto, aunque el lector no lo crea, el acceso al edificio de 90 departamentos con sus 95 estacionamientos es por medio de un angosto pasaje. Para lograrse ese espurio permiso, el Director de Obras recurrió al ardid de otorgar el carácter de calle (vía local) a un callejón que no era más que un simple pasaje con el agravante que además era ciego. De haberse ajustado ese funcionario municipal a la reglamentación vigente sólo podría haber autorizado una edificación habitacional de 2 pisos.

Debido a las fundadas reclamaciones de los vecinos formuladas a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía ésta se vio en la necesidad de instruir al Director de Obras de Temuco en orden a que invalidara el permiso mal otorgado, funcionario municipal que finalmente procedió en consecuencia por las evidencias demostradas por su superiora jerárquica. A raíz de lo anterior, empezaron las presiones corporativas para impedir la aplicación de la ley del Procedimiento Administrativo que consagra la invalidación de los actos contrarios a derecho y en una operación reservada, los agentes públicos del Minvu y de la municipalidad, se las arreglaron con total impudicia para revalidar ese permiso trucho.

CONCLUSIÓN

Piñera sabe ejercer un férreo control sobre todos sus ministros, de tal forma que estaremos atentos al desarrollo de los dos hechos relatados para estar en condiciones más adelante de afirmar que su gobierno sí es de excelencia y que, está dando muestras ciertas para atacar el flagelo de la corrupción. Veremos si nuestro multifacético presidente imparte las instrucciones de rigor para que las instituciones sectoriales funcionen. Bonito y concreto desafío para la ministra de Vivienda y Urbanismo, cuyo servicio público, desde hace mucho tiempo, conoce en detalle ambos casos.

Por el contrario, si estas situaciones anómalas se transforman en nuevos hechos ilegales consumados por inacción de las autoridades competentes, tendríamos la certidumbre de que la voceada excelencia no es más que un panfleto publicitario.

*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

La Constitución establece un orden de precedencia que define la prioridad que tiene cada ministro a la hora de subrogar al Presidente de la República cuando viaja, está de vacaciones o por fuerza mayor no puede ejercer el cargo. El primero en la lista vigente es el ministro del Interior, seguido por el canciller y el titular de Hacienda. Pero la norma es de 1927; tan antigua que incluye sólo nueve ministerios, muchos de ellos ya derogados, y no admite algunos que son nuevos. Y esa es la única disposición legal que existe para fijar el orden de subrogancia. En esta columna, el diputado Jorge Burgos desglosa la ley y explica la gravedad para la institución del Presidente la vigencia de una norma obsoleta y que, a través de un resquicio, hace un mes haya quedado como Vicepresidente de la República un ministro de una cartera que ni siquiera aparece en la nómina constitucional de posibles subrogantes.

Cuando el Presidente Sebastián Piñera viajó a Brasil a principios de enero, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet, fue quien lo reemplazó oficialmente en La Moneda. Pero según la ley que define quién lo subroga, no le correspondía. Es cierto que en los servicios se puede alterar el orden de subrogancia por norma administrativa y que el Presidente, también por decreto, puede disponer que a un ministro no lo subrogue el subsecretario respectivo sino que otro ministro. Pero con el Presidente de la República no sucede lo mismo.

De acuerdo al artículo 29 de la Constitución, si el Presidente no puede ejercer el cargo por impedimento temporal, por enfermedad, por ausencia del territorio u otro motivo grave, le subroga, con el título de Vicepresidente de la República, “el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal”. Y no es una disposición nueva. La Constitución de 1925 se refería a la materia en su artículo 66, indicando que la subrogancia le correspondía al “Ministro a quien favorezca el orden de precedencia que señale la ley”. Pero si bien la carta magna del ’25 indicaba que la ley debía determinar el número de los ministros y sus respectivos departamentos, no definía un orden que estableciera qué titulares de carteras subrogarían al Presidente en su ausencia.

Ese vacío se subsanó en la Constitución vigente. El artículo 33, inciso segundo, señala que corresponde a la ley determinar no sólo el número y organización de los Ministerios, sino “también el orden de precedencia de los Ministros titulares”. De este modo, en dos de sus disposiciones (artículos 29 y 33), la Constitución establece que el orden de precedencia legal de los ministros es materia de ley.

Actualmente, dicho orden de precedencia está establecido en el antiguo D.F.L. 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado. Expresamente su artículo 1°, inciso segundo, señala que “el orden de precedencia de los Ministerios será el asignado en el presente decreto” y el orden que fija es el siguiente: “1° Interior, 2° Relaciones Exteriores, 3° Hacienda, 4° Educación Pública, 5° Justicia, 6° Guerra, 7° Marina, 8° Fomento y 9° Bienestar Social”.

Es fácil darse cuenta de que el listado está obsoleto. Los ministerios que lista y ordena son los que existían en aquella época. Algunos ya no existen o se refundieron, mientras que otros, creados con posterioridad, no figuran en esa nómina. Sin embargo, es la única disposición legal que fija el orden de subrogancia.

Consciente de ese desfase de casi 100 años, recientemente el Congreso Nacional, en el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública –que se encuentra para control preventivo ante el Tribunal Constitucional– actualizó este listado y fija la precedencia legal. El orden que establece es: 1° Interior y Seguridad Pública; 2° Relaciones Exteriores; 3° Defensa Nacional; 4° Hacienda; 5° Secretaría General de la Presidencia de la República; 6° Secretaría General de Gobierno; 7° Economía, Fomento y Turismo; 8° Planificación; 9° Educación; 10° Justicia; 11° Trabajo y Previsión Social; 12° Obras Públicas; 13° Salud; 14° Vivienda y Urbanismo; 15° Agricultura; 16° Minería; 17° Transportes y Telecomunicaciones; 18° Bienes Nacionales; 19º Energía, y 20º Medio Ambiente.

Con el nuevo listado no sólo se fija un orden, sino que también se actualiza a 2011 los ministerios existentes. Además, se equipara el orden protocolar –fijado en el Reglamento de Ceremonial y Protocolo- con el orden de precedencia legal de los ministerios.

Las razones para que sea la ley la que fije esa subrogancia es que ello da estabilidad a un asunto tan importante como asumir el cargo de Vicepresidente de la República: el reemplazo temporal del Jefe de Estado.

Tan importante es el asunto, que la propia Constitución señala, de una parte, que subrogan sólo los ministros titulares; y, de la otra, que si faltan todos los ministros, subroga “sucesivamente el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados (incorporado por reforma constitucional en 2005) y el Presidente de la Corte Suprema”. La Constitución, por tanto, no quiere sorpresas ni preferencias personales ni casuismo, estableciendo un orden de modo permanente, no sujeto a coyunturas. Es la ley -y no el decreto- la que determina el orden de los Ministros; y si ese orden legal falla, entra un orden que ella misma define.

No obstante lo anterior, mediante Decreto Supremo N° 1.075, de Interior, publicado en el Diario Oficial el pasado 4 de enero, se complementó el decreto que nombró el primer gabinete del Presidente Piñera. El texto establecía por cinco días al Ministro Secretario General de la Presidencia en el primer lugar del orden de precedencia. Se trata, en consecuencia, de una alteración temporal del orden de subrogancia.

Pero ello no terminó ahí. Mediante Decreto Supremo N° 1, de Interior, de 2011, publicado en el Diario Oficial diez días después, asumió como Vicepresidente el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Cristián Larroulet, por el día primero de enero de 2011, como consecuencia del viaje a Brasil del Presidente Piñera. O sea, la modificación del D.S. N° 1.075 tenía este propósito.

El decreto 1.075 se fundó, normativamente, en el D.F.L. N° 3.612, del 6 de agosto de 1930. Esta disposición autoriza al Presidente de la República para “designar en el decreto de nombramiento a cualquiera de sus Ministros para que ocupe el primer lugar en el orden de precedencia a que se refiere el artículo 66 de la Constitución Política, sin que esta designación altere el orden establecido en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley número 7.912, del 30 de noviembre de 1927, para los demás Ministros. En este caso, el Ministro del Interior ocupará el segundo lugar entre los Ministros”.

El D.F.L. N° 3.612 se dictó en ejercicio de la facultad delegada al Ejecutivo entregada por la ley delegatoria N° 4.795, publicada en el Diario Oficial el 22 de febrero de 1930. En los hechos, el documento permite que por decreto se modifique el orden de precedencia. Sin embargo, esta posibilidad incompatible con la norma constitucional de la época (artículo 66, Constitución de 1925) cayó en desuso.

La naturaleza de rango legal que requiere el orden de precedencia fue reconocida durante la Constitución de 1925 por la Contraloría General de la República. De hecho, en 1961 no dio curso a un decreto del Ministerio del Interior en la parte que establecía un nuevo orden de precedencia de los Ministros (dictamen 44.963 de 1961).

En la actualidad, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, el orden de precedencia de los Ministros no admite dudas: lo fija sólo la ley. Pero con sorpresa, hemos visto que esta práctica de hace 80 años atrás ha resucitado.

En los gobiernos de la Concertación, cuando el Presidente de la República salía al extranjero, conjuntamente con el Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, siempre subrogó el Ministro de Hacienda porque ese era el orden legal de precedencia vigente desde 1927. Así ocurrió en diciembre de 2004, cuando el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, subrogó al entonces Presidente Ricardo Lagos. En ese orden, Hacienda estaba antes que Educación, que Justicia, que Guerra.

Lo grave del decreto 1.075, es que, en primer lugar, se altera el orden de precedencia legal; en segundo lugar, se pone en el primer lugar del orden de la precedencia al titular de la Secretaría General de la Presidencia, una cartera creada recién en 1990 y, por lo mismo, ni siquiera reconocida por el D.F.L. de 1927; y, finalmente, dicha alteración del orden legal es por sólo cinco días.

Los gobiernos deben cuidar las instituciones. Más si afecta la subrogación del mismísimo Presidente de la República. Sería un bochorno nacional e internacional si alguien impugnara este decreto, pues habríamos tenido un Vicepresidente que no fue y sus actos adolecerían de nulidad.

En el pasado, cuando los gobiernos usaron normas antiguas, de otra época, para llevar a cabo sus medidas, se les reprochó que usaran “resquicios legales”. Se justificó muchas cosas en eso. Resulta curioso que el segundo gobierno de derecha después de la crisis de 1973 –el primero, qué duda cabe, fue el de Pinochet–, se entronque con ese pasado, recurriendo a prácticas que antaño rechazó vehemente.

Es cierto que esta vez los resquicios no afectan la propiedad. Pero la institución del Presidente de la
República merece ser cuidada por todos. También por el mismo Presidente de la República y por el Ministro encargado de asesorarlo legalmente.

(*) Jorge Burgos Varela es abogado y diputado por el Distrito Nº 21

A esa altura no era necesario preguntar a quién se refería. Aunque la celebración no era por él -al menos no oficialmente-, a nadie le daba igual si asistía o no. Incluso a quienes no les resulta simpático. Eran las 19 horas del sábado 6 de noviembre y los ex alumnos no paraban de llegar al Colegio del Verbo Divino. Esa era la hora de la cita, la de la misa. Los estacionamientos de avenida Presidente Errázuriz (entre Alcántara y Málaga), en el barrio El Golf, ya empezaban a coparse. En la puerta a todos les exigían su entrada. La mayoría había pagado $15.000 y sólo algunos, los egresados de las últimas cinco generaciones, $10.000. Dos meses antes se habían puesto a la venta, pero recién en las últimas dos semanas empezaron a ser compradas. Pudo haber sido por la magnitud del evento. Quizás fueron las ganas de ver de nuevo tantas caras conocidas. O sólo por una vez más competir por los mejores éxitos. Sea como sea, lo que estaba claro era que la fiesta era distinta a cualquier otra que hayan celebrado.

Durante las últimas seis décadas, el Verbo Divino ha sido uno de los colegios favoritos para la formación académica de la élite chilena. Desde su primera generación de egresados, en 1958, sus alumnos, educados por sacerdotes alemanes, han estado en la primera línea de los principales grupos económicos y políticos del país. Pero nunca habían sido los primeros. Históricamente, el Colegio Saint George siempre iba un paso más adelante.

-En esos años, el Saint George arrasaba en atletismo. El Verbo Divino competía por el 2º ó 3º lugar con el San Ignacio. Era un buen colegio también en atletismo, pero el Saint George era mucho mejor –recuerda René Lehuedé, gerente general del Banco BICE y egresado del colegio en 1963.

Lo deportivo cambiaría con la llegada del entrenador Alberto Labra, el mismo que haría que el egresado de la generación del ‘90, Sebastián Keitel, llegara a transformarse en su momento en el hombre blanco más rápido del mundo. Pero en lo demás, El Verbo no superaba la valla.

En 2008 la revista Forbes incluyó a 15 familias chilenas en su lista de fortunas superiores a los mil millones de dólares. El mayor patrimonio pertenecía a Roberto Angelini, quien estudió en el Verbo, pero no egresó de ahí. La tercera mayor fortuna era de Eliodoro Matte, ex alumno del Saint George, que alcanzaba los US$ 4.341 millones. Y aunque otras dos sí correspondían a ex alumnos del Verbo Divino, la de la Familia Yarur y Sebastián Piñera, ni siquiera sumadas alcanzaban la de los Matte.

Ese mismo año, el diario La Tercera sondeó entre gerentes de grandes empresas y políticos los colegios de los cuales habían egresado. El resultado con los primeros arrojó que el 50% de los gerentes venía de sólo cinco colegios. Tanto en el caso de los mayores de 50 años, como en el de los menores, el Verbo ocupaba el segundo lugar. Entre los políticos, que consideraba a los parlamentarios y ministros de Michelle Bachelet, el Verbo Divino aparecía cuarto entre los diez centros educacionales que más gente aportaba de sus filas. Estaba por detrás del Saint George, el San Ignacio y el Instituto Nacional. En ese orden.

Ahora, la situación se dio vuelta. Sus más de cinco mil egresados ya no sólo festejan los 60 años, sino que también, por fin, un primer lugar. Quizás por eso, en vez de usar Casa Piedra como en las dos celebraciones anteriores (2000 y 2005), esta vez se decidió festejar en la propia casa. El Verbo había obtenido el trofeo mayor, algo que el Saint George no les podría arrebatar. La única duda que quedaba era si el invitado de honor alcanzaría a llegar de su viaje a la Antártica.

-Nunca se había dado el “Premio al Ex alumno Destacado de Honor” porque se podía generar algún tipo de conflicto debido a la diversidad de los ex alumnos del colegio –dice Alfonso Dittborn, gerente general de Urbac Propiedades Industriales y Comerciales, ex presidente del Centro de Ex Alumnos del colegio y jefe de los productores del evento.

-¿Y si Sebastián Piñera no fuera Presidente de la República, igual existiría el reconocimiento? –le preguntamos.

-No. Este premio se creó para Piñera.

Disciplina über alles

Cuando Sebastián Piñera estaba en primera preparatoria, César Barros, actual presidente de SalmonChile y uno de sus compañeros, recuerda que la monja que les hacía clases preguntó al curso si alguno sabía escribir. El único que levantó la mano fue Raimundo Bascuñán, actualmente profesor de castellano con estudios de postgrado en Chile y España. Entonces, la religiosa lo hizo pasar al pizarrón para que escribiera su nombre. Pero Bascuñan había mentido. Sólo sabía dibujar el número 1. Y eso hizo. Pero en el colegio no se toleraba la mentira. Desde entonces, para la monja Bascuñán sería el “Señor 1”.

Cuando se fundó en 1950, el Verbo Divino se transformó en el quinto colegio a cargo de la congregación de sacerdotes alemanes dedicado a educar a la clase dirigente del país. En Santiago ya tenían el Liceo Alemán del Verbo Divino, en cuyo modelo de enseñanza la disciplina era lo primero. El mismo sistema se implementó en el nuevo colegio en El Golf.

-Lo que nos transmitieron en primera instancia fue disciplina. No disciplina por la disciplina. Disciplina de vida. Disciplina en términos de que lo que quisiéramos hacer, tenía que ser bien hecho. Que destaquemos. El mensaje era “hágalo y hágalo bien”. Y para eso, se requiere disciplina. Lo otro era el respeto. Nos enseñaron en la forma dura. El que se salía de ese respeto, recibía castigo físico. Son temas que nos marcaron fuerte –cuenta René Lehuedé.

Algunos ex alumnos creen que la dureza del sistema que aplicaban los sacerdotes radica en que muchos de ellos venían de haber vivido la IIª Guerra Mundial. El sacerdote Pablo Remmel era el prefecto de disciplina de la preparatoria. En su despacho tenía en un marco una foto suya con el tanque en el que combatió en el frente ruso y entre muchas otras historias, les contaba a los niños que tenía la mitad de la cabeza de acero. También de acero era la disciplina que impartía. Si uno de sus alumnos le respondía mal, le llegaba una cachetada. Lo mismo hacía cualquiera de los curas, hermanos y monjas que instruían en el establecimiento.

Al igual que en casi todos los colegios en la época, el uniforme era sagrado. Cuando el sacerdote Clemente Reimann era rector (1957-1962), se paraba todas las mañanas a recibir a los alumnos. Los saludaba y observaba. Podía ser la bastilla arrastrándose en el suelo o una corbata que no era del colegio. Lo cierto es que si algo del uniforme no estaba bien, el niño tenía que volver a su casa. O si se desordenaban durante alguna formación o evento, les agarraban las patillas y los levantaban hasta que soltaran alguna lágrima. Y si llegaban un par de minutos atrasados, debían quedarse una hora en la tarde escribiendo mil veces “No debo llegar tarde”.

-También nos pegaban con el canto de la regla. Ahora pasa eso y el profesor se va directo al Juzgado del Crimen. Pero en esa época uno llegaba con la marca a la casa y los papás te preguntaban: “¿qué te pasó en el brazo?”. “Me pegaron un reglazo”. “Bueno, te habrás portado mal” –recuerda el primo de Piñera, Herman Chadwick, presidente de Copsa y del Consejo Nacional de Televisión y ex alumno de la generación ‘61.

Aunque haya sido a porrazos, pareciera que la rigurosidad que aprendieron los alumnos del Verbo les ha servido para estar entre los mejores. Algunos han comandado o formado parte de los negocios más importantes de las últimas décadas o de los grupos empresariales más exitosos. Hay también políticos, médicos, abogados, actores y artistas (ver cuadro de ex alumnos). Muchos de ellos en la primera línea. El producto del colegio ya era de calidad, había tocado un techo. Un límite que, desde que obtuvo el sillón principal de La Moneda, sólo Sebastián Piñera ha logrado superar.

Los hombres del Verbo

Antes de que terminara la misa y se llenara de ex alumnos, el patio del Verbo Divino parecía una feria empresarial. En los bordes estaba lleno de stands con promotoras de las marcas que auspiciaban la fiesta de los 60 años, todas ligadas de una u otra forma al colegio. Al centro de todo, entre cuatro pendones que graficaban distintos aspectos del Verbo -como el grupo scout, los logros deportivos o el uniforme-, se habían dispuesto sofás blancos y mesas de centro. Era como un gran pub al aire libre en el que Felipe Kast, ministro de Planificación, se paseaba tranquilamente con jeans, polera y una cerveza en la mano mientras conversaba con algunos de sus compañeros de curso. Lo mismo hacía el fiscal nacional, Sabas Chahuán, con su grupo de amigos de la generación ’83. Ellos se refieren a él como “Sacha”. Si los curas alemanes los hubieran visto así cuando aún estudiaban en el Verbo, lo más probable es que los hubieran expulsado sin posibilidad de apelar.

En la misma situación habrían estado muchos nombres importantes del mundo de los negocios que pasaron por sus aulas. Resulta imposible calcular cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que cada año representan la suma de utilidades entre todas las empresas en que participan como socios o ejecutivos ex alumnos del Verbo. Lo más probable es que más de alguno haya intentado hacer el cálculo. Eso sí, no es poco. Sólo considerando 17 de las cientos de compañías donde tienen algún tipo de participación, la suma de las utilidades del año pasado superaron los US$ 30.380 millones, algo así como el 18,45% del PIB de 2009. De esos nombres, no eran pocos los que estaban en la celebración.

-Son muchos los alumnos del Verbo Divino que han llegado a la cima en distintas áreas. Ahora, uno se da cuenta que de chicos eran aplicados, ordenados, trabajadores, minuciosos o estudiosos. Así que uno podía saber más o menos cuáles iban a llegar y cuáles no. Si me preguntas si tengo alguna sorpresa por algún compañero de curso o colegio que haya tenido éxito y que en el colegio haya sido distinto, la respuesta es no –dice Herman Chadwick, cuyo hermano, el senador (UDI) Andrés Chadwick también pertenece a la cofradía del Verbo.

El ex presidente de la Sofofa, Bruno Philippi, estaba entre los asistentes. El actual miembro de los directorios de Cencosud y Transelec, fue uno de los formadores del grupo scout del Verbo Divino en 1953. Fue el primer guía de la patrulla Los Leones, que integraban el ex senador (PS) Jaime Gazmuri, el director del INDAP Ricardo Ariztía, el médico José Luis Barroilhet y Herman Chadwick.

Otro de los empresarios que no se perdió el festejo fue Juan Carlos Yarur, quizás uno de los más viejos del evento. El mayor de los tres hermanos Yarur Rey, salió del Verbo en 1958 con la primera generación de egresados. Actualmente, entre los tres manejan una de las fortunas familiares más grandes del país: a través de Inversiones Juan Yarur, poseen gran parte de Relsa, el 53,63% del Banco BCI y el 24,5% de Forum, la mayor compañía de financiamiento automotriz en el país.

Fabio Valdés, el mejor amigo y ex compañero de Piñera en la generación del ’66 (aunque el Presidente egresó un año después), también caminaba el sábado pasado por el patio entre los alumnos de las distintas generaciones. Valdés es vicepresidente de la Clínica Santa María, perteneciente al grupo Penta, fundado por otro amigo de Piñera y ex alumno del Saint George, Carlos Alberto Délano, cuyos hijos sí estudiaron en el Verbo. Del mismo colegio provienen otros hombres de las empresas de su holding. En la misma clínica, Máximo Silva Bafalluy es el presidente. Y Ernesto, su hermano, fundador de la UDI y ex hombre fuerte del Ministerio de Planificación de Pinochet, fue compañero de Piñera y hoy ocupa la presidencia de AFP Cuprum y es uno de los dueños –además de rector- de la Universidad del Desarrollo.

No todos los ex alumnos asistieron al aniversario. Por ejemplo, César Barros, presidente de SalmonChile y Bolsa de Productos, además de director de Viña Santa Rita, IANSA y Blanco y Negro S.A., no fue porque tenía un matrimonio donde también compartió con compañeros del Verbo. El ministro del Tribunal Constitucional, (PS) José Antonio Viera-Gallo, y el ex ministro de Hacienda y actual director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, (PPD) Nicolás Eyzaguirre, tampoco hicieron acto de presencia. Y al que todos esperaban, el primer Presidente de derecha electo democráticamente en los últimos 50 años y ex presidente de curso, el viaje a la Antártica programado para la mañana se le atrasó: aunque había confirmado su asistencia, Piñera no llegó.

Disidentes en El Golf

La primera experiencia política de Sebastián Piñera fue breve y aparece mencionada en su anuario: “Fue presidente de su curso, hace tiempo, pero lo fueron”.

Mientras estuvo en el Verbo, Piñera no demostró mucho interés por la política. De hecho, muy pocos de los políticos que provienen del Verbo militaban activamente en sus tiempos de estudiante. Tradicionalmente, y aunque muchos ex alumnos aseguran que es un colegio transversal donde “hay de todo” y donde nunca se habló mucho de política, lo cierto es que desde un comienzo el establecimiento ha estado ligado fuertemente a la derecha y, en su ala más liberal, a la Democracia Cristiana (DC). Los egresados que ocupan algún cargo en el Congreso y en el gobierno son una muestra de ello.

Entre los parlamentarios actuales, en la Cámara de Diputados hay sólo dos exponentes: Ernesto Silva Méndez, diputado por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura (hijo de Ernesto Silva Bafalluy), y Ramón Barros, diputado por el distrito Nº 35. Ambos son militantes de la UDI, el mismo partido de Andrés Chadwick, senador por la VI Región. En el gabinete de Sebastián Piñera, los ministros del Mideplan y Agricultura, Felipe Kast y José Antonio Galilea, también son egresados del Verbo. El ministro de Justicia Felipe Bulnes estudió en el Tabancura, pero sus hijos estudian en el Verbo. En esa tradición también se encuentran algunos disidentes, cuyas filas incluso el mismo Piñera en su momento engrosó y que cuenta incluso con un detenido desaparecido: el hermano de Ignacio Guerrero, uno de los amigos del Presidente y ex socio en CBM Prime y LAN.

Carlos Guerrero fue quizás el más radical de los egresados del Verbo. Su proceso está en trámite a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Pero hace 36 años, con 20 años, militancia en el MIR y una familia donde él era el único de izquierda, no pudo celebrar el Año Nuevo. Llevaba un mes y medio clandestino y ya le había informado a su familia que estaba siendo buscado por los organismos represivos. Y fue justo el último día de diciembre de 1974 cuando lo encontraron. Desde entonces, nunca más lo vieron. En un informe de la Vicaría de la Solidaridad, aparece que fue visto por última vez en Villa Grimaldi el 25 de enero del ’75. Según un amigo que estuvo secuestrado con él, “tenía las heridas de bala infectadas y se le había aplicado corriente en ellas”.

Fuera de Guerrero, los demás ‘disidentes políticos’ del Verbo eran más moderados. A excepción de Nicolás Eyzaguirre, que después de pasar por la DC militó en la Izquierda Cristiana y el Partido Comunista, la mayoría pertenecía al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el partido de izquierda que se desprendió de la DC a fines de los ’60. Piñera, que desde hacía un tiempo se había acercado al partido de su padre junto a su compañero de curso Blas Tomic, también se unió. Los otros compañeros de colegio que estuvieron allí fueron su primo Andrés Chadwick, José Antonio Viera-Gallo, Jaime Gazmuri y Mario Montanari. Todos, menos el último, terminaron sus estudios en el Verbo Divino. A Montanari lo echaron tres meses antes de egresar por pintar un cuadro de una mujer desnuda.

Lo que vino después es historia conocida. Piñera y su primo Andrés Chadwick viraron hacia la derecha. Viera-Gallo siguió su carrera política en el Partido Socialista siendo subsecretario de Salvador Allende y luego en el exilio, Montanari también trabajó en el gobierno de Allende y más tarde se dedicó a sus empresas. Eyzaguirre y Gazmuri siguieron como opositores durante el régimen militar para llegar a ser titular de Hacienda el primero y senador socialista el segundo.

Durante la dictadura, el Verbo se mantuvo como si nada. El colegio siguió ligado de una u otra forma al desarrollo político y económico del país. Bregando por formar a los mejores. Entre ellos estarían algunos de los hombres que protagonizarían uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos.

El nexo Karadima

A José Andrés Murillo y a sus compañeros del Verbo no les gustó el cambio. Era 1994 y en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Los Castaños (Vitacura), su confesor y guía espiritual Cristóbal Lira fue sacado abruptamente. El sacerdote Andrés Moro, que llegó en reemplazo de Lira, no logró cautivarlos. Debían buscar otra iglesia y otro guía.

-La relación con la Iglesia que nos inculcaban era bastante más normal que en otros colegios religiosos. Teníamos misas los viernes y había padres para confesarte, pero nadie te obligaba a nada. Era un colegio alemán. Una Iglesia alemana, más fría, quizás más lejana, pero también más profunda. Nos enseñaban a ser católicos a su manera, sin una mayor pasión, muy lejos de la beatería, de ese rezo fuerte, pero sí inculcando los valores propios del cristianismo y del humanismo –cuenta Herman Chadwick.

Aunque en el colegio la religión no se imponía a los alumnos, sí tenía que seguir la línea verbita de la disciplina. Y en ese entonces, el párroco de El Bosque, Fernando Karadima, era un referente de defensa del orden establecido y devoción. Por eso, los sacerdotes alemanes lo invitaban a dar charlas en el Verbo. Así fue que Murillo y sus amigos conocieron a Karadima. Ya habían encontrado su guía espiritual.

Al igual que los Chadwick, los Piñera, los Swett y muchos otros, los Murillo son familia del Verbo Divino. De hecho, José Agustín Murillo, el padre de José Andrés, compartió la sala de clases con Piñera. César Barros cuenta que por esa vía se enteraron antes que nadie de lo que pasó. Y lo que pasó, se supo 15 años después de que Murillo viera a Karadima en su colegio dando una charla y decidiera ser parte de los jóvenes de la Acción Católica de El Bosque.

En total, el grupo que migró de Los Castaños a El Bosque lo integraban 14 jóvenes. No todos eran del Verbo. Además de Murillo, estaban Rodrigo Díaz, Raimundo Varela, Andrés Sochting y Fernando Battle. Todos iban a diario por las tardes a la iglesia. Algunos incluso pasaban a la primera misa de la mañana, después iban al colegio y volvían a la iglesia al terminar las clases. Para ellos, Karadima era como un padre y la parroquia su casa.

En 2010 se destapó la olla. Murillo y Battle acusaban al párroco de haber abusado sexualmente de ellos. La acusación la habían presentado en 2003, pero la Iglesia chilena no había hecho nada. Comenzó entonces una investigación judicial y otra eclesiástica. Luego se descubrió que Karadima, el guía espiritual de miles de familias de la élite chilena –muchas del Verbo Divino– y formador de decenas de sacerdotes y obispos, manejaba un imperio inmobiliario a través de la Unión Sacerdotal, dirigida por el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga.

Si bien todo esto pasó fuera del colegio, la historia comienza y termina con el Verbo. Hace menos de un mes a Karadima lo sacaron de El Bosque. Cuatro de los incondicionales que forman su último escudo son ex alumnos del Verbo: Francisco José Prochaska, los hermanos Gonzalo y Jaime Tocornal Vial (el segundo sacerdote) y Samuel Fernández Eyzaguirre, sacerdote nombrado recientemente por el cardenal Francisco Javier Errázuriz en la comisión que intervino la Unión Sacerdotal que controlaba Karadima. De los cuatro, el único que cortó lazos con Karadima ha sido Prochaska. El resto sigue proporcionándole refugios y compañía.

El secreto de Pelayo

Pero el sábado 6 de noviembre Karadima no fue nombrado en la celebración. En la comida que vino después del cocktail, no todos alcanzaron a tener asiento. Eran 250 mesas para 2.500 invitados. Según Alfonso Dittborn, el presidente del comité organizador, al menos cien personas quedaron de pie. Durante la cena, se entregó el Premio al Ex alumno Destacado de Honor a Piñera, pero como no estaba, el animador oficial leyó una carta que el Presidente envió a través de su amigo Fabio Valdés. Después se presentó ante todos el comediante Stephan Kramer. Una de sus rutinas fue una imitación del Presidente piloteando su helicóptero para rescatar a su hermano Miguel, el único de los cuatro Piñera Echenique que no salió del Verbo. Todos conversaban y reían. Se escucharon carcajadas. Puede que a más de alguno se le haya cruzado por la retina el rostro de Pelayo Flórez. Un secreto en el Verbo.

Pelayo tenía 16 años y sólo un amigo en el colegio. En 1994 estaba en tercero medio y quería ser ingeniero comercial. Le gustaba la economía, tocar piano y a veces colarse en la capilla para tocar el órgano que está en el segundo piso. Su pieza favorita era “Claro de Luna”, de Beethoven. Sus compañeros lo molestaban. Porque no se bañaba todos los días, tampoco después de las clases de gimnasia, o porque tenía espinillas. Hasta que un día, simplemente se hartó.

César Barros cuenta que en el Verbo “uno sobrevivía o moría”. En esos años no se hablaba del bullying. Pero en el colegio de la élite chilena, siempre ha existido.

En 2003, Fernando Ramírez, un ex alumno del Verbo Divino, hizo un documental sobre Pelayo para sus clases de periodismo en la Universidad Diego Portales. En el video aparece Jorge Rojas, un profesor del colegio que le hizo clases a Pelayo.

-Tiene que ver con el modelo cultural de lo que se puede entender ser varonil. Uno tiene que sobrevivir en este colegio, lidiar con la heterogeneidad. Cada uno tiene que saber defender su territorio, como animales que somos –dice el profesor en la cinta.

El viernes 22 de abril de 1994, Pelayo no volvió a su casa después de clases. Durante todo ese fin de semana nadie supo nada de él. Además de sus padres y Carabineros, el único que supo que había desaparecido fue Felipe Apablaza, su único amigo en el colegio. Pelayo no apareció hasta el lunes, cuando en la mañana abrieron el laboratorio de química y lo encontraron muerto después de haber preparado y tomado una porción de cianuro. En su certificado de defunción dice que murió ese día a las 7:50. La causa: signología asfíctica.

El rector, que actualmente ocupa el mismo cargo en el Liceo Alemán de Chicureo –donde encubrió a un sacerdote de ese colegio acusado de pedofilia–, llamó esa mañana a los alumnos a la sala de clases. “Pelayo ya no está con nosotros”, les dijo.

Un par de días después, Becker llamó a Apablaza a su oficina y le dijo que no dijera nada a nadie externo al colegio. Que lo que había hecho Pelayo era “producto de una mente enferma”. Luego de esa conversación, lo de Pelayo quedó en el olvido.

En el video, el periodista Fernando Ramírez le pregunta a Becker sobre lo que ocurrió. Pero el sacerdote no responde. Dice que no se acuerda. “Si tampoco fue tan tremendo”, remata.

Tú estabas en “el Colegio”

La celebración de los 60 años terminó en las primeras horas de la madrugada. El patio quedó llenó de vasos rotos, servilletas sucias y papas fritas. El orden y disciplina impuesto por los curas alemanes se pudo olvidar por unos momentos. No se le pudo dar el premio al Presidente, pero ya empezaron las gestiones para que los reciba alguno de estos días en La Moneda y allí entregarle personalmente la copia del libro de los 60 años y una reproducción del Cristo del colegio, obra del artista Sergio Castillo que se encuentra en la capilla y que es un símbolo del Verbo.

No se sabe cuándo será la próxima reunión. Poco importa. Siempre se encuentran. En los eventos políticos y empresariales siempre habrá alguien del Verbo. Y no serán necesarias las presentaciones.

-Cuando nos topamos sabemos que somos del Verbo Divino. Puede ser en un entierro, una comida o una reunión en la Sofofa o en cualquiera de las instituciones en que uno esté. Uno siempre cacha quién es del colegio. “Tú estabas en el colegio”. No se dice el Verbo Divino, se dice “el colegio”. Basta decir eso. Ese es nuestro código –dice Herman Chadwick.

El fallo es una buena noticia porque permite el escrutinio público de las actividades, origen y movimientos financieros de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, también establece restricciones no consagradas en la Ley de Transparencia al determinar que las actas de directorio no son públicas debido a que no están relacionadas con el ejercicio de un órgano administrativo. En ese sentido, la sentencia constituye un retroceso en materia de transparencia, limitando los alcances establecidos por el espíritu y la letra de la ley.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que las memorias y balances que la Fundación Futuro ha entregado al Ministerio de Justicia para su fiscalización, son documentos de carácter público, rechazando los argumentos de la defensa de la entidad para impedir que fueran entregados a periodistas. El dictamen obliga a la fundación a entregar copias de estos documentos a CIPER, que los pidió hace ya diecisiete meses a través de la Ley de Transparencia.

La entidad sin fines de lucro también obtuvo un punto a su favor: la Corte decidió que no podía exigírsele dar publicidad a las actas de sus sesiones de directorio, el que hasta hace algunos meses estuvo encabezado por su fundador, el Presidente Sebastián Piñera.

El criterio establecido por los ministros de Octava Sala indica que los documentos que anualmente entregan las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro al Ministerio de Justicia para su supervisión, pueden ser conocidos por cualquier ciudadano. De allí la relevancia del fallo dado que esa cartera ha reconocido que no tiene la capacidad de fiscalizar adecuadamente la información que recibe de cerca de 20 mil instituciones, por lo que permitir el escrutinio de la opinión pública resulta un avance en materia de transparencia.

Sin embargo, el fallo hace una distinción importante en cuanto a los documentos que pueden ser entregados a través de la Ley de Transparencia. Si bien ésta establece explícitamente que es pública toda la información que está en poder de los órganos del Estado, salvo que haya una causal específica de reserva, la resolución señala que esa publicidad “debe matizarse en función de la naturaleza, origen y destino de la información que está en poder del Estado, pues parece evidente que no toda merece el mismo tratamiento”. Este criterio no está contenido en la Ley de Transparencia, que contempla causales de reserva y secreto muy delimitadas, declarando público todo el resto.

Al fundamentar la diferenciación de criterios entre las actas y los balances y memorias de estas entidades, los ministros argumentaron:

–Parece evidente que la información relativa a las memorias y balances de una entidad sin fines de lucro sometida a la supervisión de la autoridad –en concreto, la Fundación Futuro– es siempre necesaria para el adecuado ejercicio de esta función pública, porque da –o debería dar– cuenta sistemática, periódica y rigurosa de la labor de la institución fiscalizada; sin que suceda lo mismo con las actas de su directorio o asamblea, que dan cuenta de etapas deliberativas o resolutivas propias de la vida del ente colectivo que no necesitan ser conocidos por la autoridad, a menos que se trate de algunas específicas –como podría ser la de reforma de estatutos o de constitución de poderes–, que debieran estar consignadas en algún ordenamiento objetivo y general, o cuya entrega haya sido ordenada en el ejercicio de la actividad fiscalizadora, a propósito de alguna irregularidad– dice la sentencia respecto a este caso en particular.

Siguiendo esa lógica, el fallo determina que “no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información proveniente de particulares, que está en poder del Estado, sea obligatoriamente pública”, y que “es preciso condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano administrativo”. Es por eso que declaró públicas las memorias y balances, no así las actas de directorio.

Esta excepción contó con el respaldo de los ministros Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich, pero con el voto contrario de la abogado integrante Regina Clark. De acuerdo a esta última, los límites de las excepciones están claramente determinados por la ley.

Cabe señalar que de acuerdo a la experiencia de CIPER, las actas de estas entidades sí son importantes para una debida fiscalización. Por ejemplo, en la investigación sobre la desconocida fundación “Corporación de Estudios Estratégicos”, creada por Patricio Rojas al finalizar su periodo como ministro de Defensa del gobierno de Patricio Aylwin, fue a través de las actas que descubrimos la participación en ella del ex comandante en jefe de la Fach, general Ramón Vega. Un hecho que el ex ministro había negado.

Otra de las consideraciones relevantes es que el fallo establece que no puede limitarse la transparencia sólo por “el mero carácter preventivo respecto de un eventual mal uso de ella”. En su alegato, el abogado de Fundación Futuro, David Cademártori, sugirió que la información sería utilizada “con un fin político”, por tratarse de la fundación de Sebastián Piñera y que por lo tanto los documentos no debían ser entregados.

Cademártori fue más allá y argumentó que por tratarse de una solicitud de acceso a la información hecha por un medio de comunicación, el fin no era “satisfacer el interés general sino el interés de un medio”. La defensa de la fundación volvió varias veces sobre este punto, insistiendo en que la ley estaba hecha para los ciudadanos y no para los periodistas.

Diecisiete meses en busca de los documentos

Apenas 21 días después de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, el 11 de mayo de 2009, CIPER solicitó al Ministerio de Justicia las copias de memorias, balances y actas de directorio de la Fundación Futuro. También pidió los documentos de la Fundación Eduardo Frei, con la idea de hacer un reportaje sobre las organizaciones sin fines de lucro de los dos principales candidatos presidenciales.

Mientras la Fundación Frei accedió de inmediato a entregar lo solicitado, con Futuro fue imposible. El Ministerio de Justicia no tenía en sus archivos ninguna de las memorias y balances que la fundación debió entregar anualmente desde 1994. Y no sabía si alguna vez los había entregado. Entonces, CIPER concurrió a las oficinas del Archivo Nacional para buscar allí los documentos requeridos. Buscamos entre millones de documentos de esa repartición pública que no están indexados y no los encontramos.

Si bien la fundación dijo haber entregado oportunamente sus antecedentes, no quiso exhibir los recibos timbrados que tenía en su poder. Recién en agosto envió a Justicia una nueva copia de los documentos, pero denegó su entrega a CIPER, argumentando que la información podía ser mal utilizada y que afectaba sus derechos económicos y comerciales.

Recurrimos entonces de amparo ante el Consejo para la Transparencia, que tras una audiencia pública realizada el 22 de enero de 2010, dio la razón a CIPER. Disconforme con el fallo, Fundación Futuro presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se escucharon los argumentos de las partes en septiembre pasado. La fundación estuvo nuevamente representada por el abogado Cademártori, el Consejo para la Transparencia por Jorge Gómez Oyarzo, y CIPER por Sebastián Mateluna.
Con el fallo conocido este 7 de octubre, culmina el proceso establecido por la Ley de Transparencia para el control jurisdiccional, aunque alguna de las partes podría presentar un recurso de queja si estima que se cometió alguna falta a la legislación vigente..

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Sebastián Piñera cuestionó duramente a su contendor Eduardo Frei por haber entregado indultos a homicidas y narcotraficantes. Pese a que el Ministerio de Justicia había sistematizado los datos oficiales de dichos beneficios, retrasó innecesariamente su entrega, recurriendo a resquicios de la Ley de Transparencia. La información llegó meses después de las elecciones, cuando parecían haber perdido valor periodístico. Sin embargo, a la luz del anuncio sobre nuevos indultos presidenciales caso a caso y con causales restingidas, resulta interesante constatar que de los 343 indultos otorgados por Frei, 14 corresponden a homicidios, 8 a parricidios y 56 a delitos ligados al tráfico de drogas. Los más comunes son por manejo en estado de ebriedad. Un documento obtenido tras un fallo del Consejo para la Transparencia permite revisar los argumentos caso a caso.

El anuncio de que no habrá un indulto general generó inédito respaldo de todos los sectores políticos al Presidente Sebastián Piñera, quien descartó así la propuesta de la Iglesia Católica para el bicentenario y en cambio evaluará caso a caso antes de ejercer la facultad presidencial de indultar. Delimitó además el tipo de condenas que se incluirá, restringiendo los candidatos al beneficio: no se permitirán delitos de lesa humanidad, narcotráfico y homicidio, entre otros.

El tema de los indultos ya estuvo en la agenda política varias veces el año pasado, pues el entonces candidato Piñera le enrostró en numerosas oportunidades a su contendor Eduardo Frei el haber sacado de la cárcel a Ángel Vargas Pargas, condenado por narcotráfico, durante su mandato.

Uno de los puntos más álgidos de la polémica se vivió durante un debate presidencial en octubre pasado, cuando Piñera acusó a Frei de haber indultado a otros 56 narcotraficantes y más de 20 homicidas, a lo cual el candidato de la Concertación replicó que se trataba de inexactitudes y “cifras cualquiera”.

“Esto de decir que me llevé todo el día indultando traficantes me parece exagerado…”, continuó Frei. Lo cierto es que en los datos duros Piñera no estaba tan equivocado. Antecedentes obtenidos a través de la Ley de Transparencia permiten constatar que efectivamente indultó a 56 personas condenadas a delitos ligados al tráfico de estupefacientes, mientras que benefició a 8 condenados por parricidio y 14 por homicidio. En todo caso los más numerosos fueron los casos por manejo en estado de ebriedad: 106.

Entre los argumentos más esgrimidos se encuentran los problemas de salud, motivos familiares, humanitarios y la reinserción social. Varios de los beneficiarios ya se encuentran fallecidos. El desglose completo con todos los indultos otorgados durante la administración Frei puede revisarse en un listado entregado por el Ministerio de Justicia luego de un fallo del Consejo para la Transparencia (ver documento). Estos argumentos son particularmente relevantes ahora que se debate si es adecuado que el Presidente de la República tenga la facultad de indultar.

De los presidentes de la Concertación, Frei fue el que más veces indultó: 343 oportunidades. De acuerdo a información publicada por distintos medios, lo siguen Lagos (244), Aylwin (227) y Bachelet, quien a julio de 2009 sólo había otorgado 61 indultos. Mientras Frei y Lagos tuvieron mandatos de seis años, Aylwin y Bachelet sólo gobernaron cuatro.

Gobierno de Bachelet dificultó entrega de los datos

Antes de obtener la información de manera oficial, fue necesario recurrir a la Ley de Transparencia. En julio de 2009 el gobierno había entregado a El Mercurio los datos referentes a la administración Bachelet, luego de que la Presidenta dijera en televisión que no sabía si había indultado a alguien, pues éstos se hacían a través del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, cuando CIPER pidió a esa cartera los datos de los indultos de la administración Frei a través de la Ley de Transparencia, la respuesta se enredó en la burocracia gubernamental. Si bien formalmente la respuesta que entregó el subsecretario (s) Patricio Reyes (en reemplazo del titular Jorge Frei) fue positiva, en la práctica constituía una denegación de acceso a la información. Esto, debido a que Justicia respondió que los decretos de indulto eran públicos pero se encontraban en el Archivo Nacional. Localizarlos todos ahí era una tarea larguísima e inútil, pues sabíamos que el ministerio tenía los datos en sus manos.

Recurrimos entonces al Consejo para la Transparencia, argumentando que el Ministerio de Justicia poseía dicha información sistematizada, pues la había entregado recientemente a parlamentarios que la habían solicitado (ver documentos). En sus descargos, dicha cartera defendió su decisión citando un artículo de la ley que establece que cuando la información está disponible en sitios públicos, se extingue la responsabilidad del servicio.

El ministerio aseguró que era muy fácil recopilar la información en el Archivo Nacional, pero luego reconoció que responder a los parlamentarios “significó un enorme costo personal y material”, pues debieron destinar a dos funcionarios a jornada completa a hacer dicho trabajo. Además dijo que desde 2005 contrató personal especialmente para realizar la tarea de sistematizar los datos de indultos desde 1980.

No fue difícil entonces que el Consejo para la Transparencia confirmara que los datos que pedíamos estaban en manos del ministerio y debían ser entregados. Además destacó que el Ministerio de Justicia sabía que tenía al menos parte de la información solicitada y la respuesta “constituye un infracción al principio de máxima divulgación, toda vez que pudo y debió entregar una respuesta más completa al solicitante, entregando parte de la información solicitada, adjuntando aquella información que consta en los informes enviados a la H. Cámara de Diputados y, en lo que fuese necesario, derivar al Archivo Nacional, pero identificando con exactitud la fuente, el lugar y la forma en que podría acceder a la información restante”. (ver fallo)

Pese a que finalmente la información fue enviada, esta experiencia da cuenta de que a veces los servicios públicos pueden retrasar innecesariamente la entrega de datos. Si el Ministerio de Justicia hubiera respondido adecuadamente, los datos habrían estado disponibles cuando era periodísticamente más relevantes, es decir, en medio de la campaña electoral.

* Con la colaboración de Bastián Fernández y Lissette Fossa

¿Tiene el Presidente un terminal en su escritorio en La Moneda que le permite estar informado permanentemente del pulso de la Bolsa pudiendo incluso efectuar transacciones? La pregunta, explosiva por sus implicancias, la generó un conceptuoso artículo sobre Piñera publicado en el periódico inglés Financial Times el miércoles 21 de julio, donde se afirma que el Presidente tiene en su escritorio un terminal de Bloomberg. Esta empresa lo desmintió. Jude Webber, periodista que escribió la nota, me aseguró que fue el propio Presidente quien le dio la información publicada. La controversia pone en el tapete la urgencia de que el Ejecutivo y el Parlamento solucionen la ausencia de una institucionalidad, como el fideicomiso ciego, que garantice que un Presidente, acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones, cumplirá con su deber y pondrá una muro entre él y sus negocios.

Gracias a El Mercurio nos enteramos el domingo 18 de julio de que el Presidente Sebastián Piñera tiene tres pantallas de computador en su despacho en La Moneda “por las que se desplaza libremente el mouse saltando de una a otra”. La foto que ilustra la entrevista al mandatario muestra que en dos de ellas tiene abierta la página web de El Mercurio, mientras que en la tercera se ve la foto de un niño –probablemente uno de sus nietos– como salvapantallas.

Publicaciones anteriores ya habían mostrado el despliegue de las pantallas del Presidente y en Twitter varios noa habíamos preguntado para qué usaba tantas y si una de ellas no sería un terminal de la Bolsa. Hace algunas semanas me contaron de un invitado a palacio que salió algo escandalizado luego de sacar la misma conclusión. El miércoles 21, un artículo del Financial Times le puso nombre y apellido a la pantalla: un terminal de Bloomberg.

“Si Chile fuese una empresa como aquellas donde el señor Piñera hizo sus billones, sería una historia de éxito: el crecimiento está alto, a pesar del duro panorama para muchos. El país tiene US$ 11 mil millones en reservas del cobre, su exportación bandera, y un envidiable récord de prudencia financiera. Pero casi cada pulgada del escritorio del señor Piñera en La Moneda está abarrotado de reportes sobre como el país podría mejorar. Tiene una calculadora a mano, un bloc de notas garabateado con números frente a él y un terminal Bloomberg”, afirma el artículo de Jude Webber en el Financial Times.

Según una nota de El Mostrador, en La Moneda negaron que existiera cualquier contrato con Bloomberg y luego dicha empresa se vio obligada a enviar una carta dirigida a la Secretaría de Comunicaciones confirmando que no hay terminales activos en el palacio de gobierno. Sin embargo, Jude Webber, periodista que entrevistó a Piñera y escribió la nota del Financial Times, me confirmó que fue el propio Presidente quien en el mismo despacho le dio la información publicada: cuando le preguntó si una de las pantallas era de Reuters, Piñera le respondió que no, que era Bloomberg.

El detalle es importante porque la suscripción de pago de Bloomberg no sólo provee de información premium sobre los mercados, sino que por ser bidireccionnal permite también hacer transacciones. La pregunta era obvia: ¿estaba el Presidente usando ese servicio?

Un amigo que conoce por dentro el mundo financiero me acusó de ser malpensada. Él también tiene tres pantallas sobre su escritorio que le permiten revisar múltiples informaciones simultáneamente, pero ninguno de ellos es Bloomberg, cuyo terminal que antes tuvo, hoy añora. Insiste en que se trata de una gran herramienta de análisis y que su presencia sólo daría cuenta de que Piñera es una persona bien informada. Quizás tiene razón.

No pretendo acusar al Presidente Piñera de estar haciendo transacciones financieras pese a haberse comprometido a desligarse del manejo de sus inversiones. Lo que preocupa es que no exista una institucionalidad que resguarde que así sea y todo se base en la confianza de que el Presidente –y uno que estaba acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones– cumplirá su promesa.

Durante la campaña presidencial, Piñera transfirió sus principales activos a cuatro instituciones financieras: Celfin, Larraín Vial, Moneda y Bice. Lo hizo sin tener obligación, configurando lo que llamó “fideicomiso voluntario”. Excluyó del paquete su participación en LAN (que terminó de vender poco después de iniciado su gobierno), Chilevisión (aún bajo su control después de una reciente venta fallida) y Blanco y Negro, lo que a su juicio da cuenta de su “compromiso con el deporte”.

Se trata de un “fideicomiso tuerto”, pues dejó fuera parte importante del patrimonio de Piñera y porque nada impediría que, de quererlo, el Presidente supiera cómo se están invirtiendo los activos que sí ha delegado. Se trata de un simple contrato entre privados.

El gobierno ha argumentado que la administración anterior no tuvo voluntad política para legislar sobre la figura del fideicomiso ciego y que ahora sí se impulsará su tramitación. Cuando en 2008 se envió el proyecto de ley, la oposición de entonces acusó de que se estaba legislando “con nombre y apellido” del candidato Piñera. Probablemente algo de eso hubo, pero el lento avance de la iniciativa demostró que la clase política no fue capaz de ponerse de acuerdo en un tema esencial para la sana democracia: legislar para resguardar la correcta separación de los intereses públicos y privados de las autoridades.

Es probable que la moción haya tenido defectos, pero éstos debieron subsanarse a tiempo y no ahora, cuando será el principal afectado por la ley el que marcará los tiempos y énfasis que lo regularán.

La falta de un marco jurídico específico fue relevada la semana pasada por la Contraloría en el dictamen que estableció que el Presidente tenía el mandato constitucional y legal no delegable de nombrar a autoridades ligadas al mercado televisivo, pese a tener intereses en el sector a través de Chilevisión. El documento señala que si bien a comienzos de enero una reforma constitucional estableció que una ley podría disponer de medidas para resolver conflictos de interés de las autoridades o incluso obligarlas a enajenar sus bienes, dicho cuerpo legal aún no ha sido dictado. En dichas condiciones, ni la Contraloría ni otro organismo tiene atribuciones para regular su patrimonio.

La promulgación de la reforma constitucional a la que aludió la Contraloría fue la condición puesta por la Alianza para seguir avanzando en el proyecto. Ya han pasado seis meses de aquello y el texto aún no pasa la barrera del primer trámite legislativo. En junio el gobierno presentó una indicación sustitutiva que no dejó conforme a nadie -”eso sí era un fideicomiso tuerto”, dicen en la oposición- y se está a la espera que envíe nuevas indicaciones antes del 4 de agosto.

El proyecto de ley original al menos establecía algunos puntos importantes. La redacción inicial disponía que las autoridades con patrimonios superiores a los US$ 20 millones debieran encomendar su manejo a terceros a través de un fideicomiso ciego. Los activos debían estar diversificados y debía garantizarse la independencia respecto del fideicomisario. Las comunicaciones entre ambas partes deberían ser por escrito y visadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se prohibía expresamente el conocimiento del destino de las inversiones y las comunicaciones directas entre ambos. La violación de esa cláusula de reserva implicaba costos graves. De partida una multa de 5.000 UTM (unos $180 millones), monto que se duplicaba si la autoridad reincidía. Lo mismo corría para el mandatario del fideicomiso, que además perdía su licencia para operarlo durante un año. Pero lo más grave es que, en caso de reincidencia, se le impediría operar en todo el sistema financiero durante el mismo periodo.

Es probable que el proyecto fuera perfectible –de hecho ha mutado hasta ser casi irreconocible–, pero resulta injustificable que aún no haya acuerdo. El episodio del terminal Bloomberg demostró que detalles insignificantes pueden exponer al Presidente a cuestionamientos innecesarios y poco sanos para la democracia. Pone a prueba de paso a los parlamentarios, varios de los cuales se ven afectados por la nueva redacción del proyecto y deberán legislar sobre sus propios intereses.

Hoy estamos frente al peor escenario y el gobierno debe dar señales claras de que tiene la voluntad de restringir al máximo la capacidad del Presidente de influir sobre el manejo de sus inversiones, así como a obligarlo a desprenderse de aquellos activos que lo ponen ante un claro conflicto de interés.