Es el caso de la Ley Corta de Isapres, un reordenamiento que implicará importantes cambios para los usuarios del sistema, pero que en definitiva mantiene intacta la esencia del seguro privado de salud chileno. Es decir, ampara a un administrador previsional que persigue el lucro, dotándolo de amplias facultades que le permiten reajustar las cotizaciones o bien disminuir los beneficios médicos que otorga a las personas.

“La Ley Corta de Isapres ampara a un administrador previsional que persigue el lucro, dotándolo de amplias facultades que le permiten reajustar las cotizaciones o bien disminuir los beneficios médicos que otorga a las personas”.

Por cumplirse siete años desde que fuera implementada la Reforma de las Garantías Explícitas en Salud (GES), el legislador vuelve a introducir modificaciones que, básicamente, persiguen el mismo objetivo: incorporar criterios de solidaridad y garantizar derechos.

El resultado obtenido con las anteriores reformas ha sido magro. En los pasados 12 años, los planes de Isapre incrementaron su valor en un 67% real, en tanto, la conformación de un sistema de atención integrado por una infinidad de modalidades médicas ha generado gran complejidad operacional, y un fraccionamiento del seguro de salud.

Efectivamente, las modificaciones legales realizadas al sistema Isapre han significado en la práctica, un desdoblamiento del seguro de salud en varios formatos de atención médica, cada uno regido por normativas específicas. Lo anterior supone una dispersión del riesgo asegurado, lo que necesariamente acarrea una multiplicación en los costos de administración, como también, una disminución relativa en las coberturas otorgadas. En otras palabras, una disminución en la eficiencia del seguro médico.

La Ley Corta de Isapres y su consecuencia práctica, el Plan Garantizado de Salud (PGS), apuntan en esta misma línea. Es decir, se creará un nuevo compartimiento de atención médica, cerrado y obligatorio, que deberá convivir con las restantes modalidades de atención existentes (Libre elección, Ges, y Caec). Esto incrementará lo que es quizás, el peor defecto que exhibe el seguro privado de salud en Chile: su segmentación en excesivos formatos de atención médica.

“La instauración del PGS encarecerá el seguro médico a todos los afiliados al sistema isapre. Se estima que medio millón de beneficiarios no financiarán el reajuste, y migrarán al seguro público de salud (Fonasa)”.

La instauración del PGS encarecerá el seguro médico a todos los afiliados al sistema Isapre. Se estima que medio millón de beneficiarios no financiarán el reajuste y migrarán al seguro público de salud (Fonasa). La desafiliación masiva de individuos no riesgosos, incrementará la siniestralidad promedio de los que permanezcan adscritos, perdiéndose el efecto amortiguador que buscaba el subsidio solidario cruzado y que factibilizaba la tarifa plana a un costo razonable.

Los individuos que cuenten con el PGS como seguro único de salud, deberán restringirse a un modelo de atención médica cerrado, perdiendo la libre elección. Cálculos preliminares (Copetta 2011) establecen que las coberturas serán menores a los promedios actuales.

A la vista de la información disponible, los afiliados que quieran conservar la libre elección médica, deberán contratar un Plan Complementario de Salud que se regirá por una normativa tarifaria similar a la actual. Es decir, recobran validez las tablas de factores de riesgo, ahora levemente atenuadas; como también se da continuidad a las enfermedades preexistentes, por ende, a la cautividad.

Para añadir mayor complejidad, el PGS se regirá por un método de reajustabilidad independiente: el IPC de la salud. La implantación de este índice, único en el mundo, conllevaría a que las cuatro modalidades de atención médica incluidas en un plan isapre (Libre Elección, Caec, Ges, PGS), tendrían una forma distinta para valorar y reajustar sus respectivas primas. Establecer un IPC particular para la salud, no parece ser una buena idea en un país que envejece a un ritmo alarmante, y en donde las isapres están económicamente ligadas a los prestadores de los servicios médicos. Por tanto, se potencia un sistema de reajustes en los planes de salud, que depende de un costo controlado por el mismo asegurador.

“La Ley Corta de Isapres pretende introducir elementos de solidaridad a un seguro de salud que se rige por un código estrictamente financiero, apelando al sacrificio de sus propios afiliados”.

La Ley Corta de Isapres pretende introducir elementos de solidaridad a un seguro de salud que se rige por un código estrictamente financiero, apelando al sacrificio de sus propios afiliados. Para estos fines, obligará a todos los usuarios a incorporar en sus planes de salud un nuevo formato de atención médica (PGS), que funcionará con la lógica de un sistema de reparto (iguales aportes, iguales beneficios). Sin embargo, si el afiliado opta por mantener el derecho a elegir sus prestadores médicos, deberá contratar un Plan Complementario de Salud; en el que el administrador previsional mantiene incólumes sus facultades para reajustar el valor de la cotización.

En consecuencia, el cambio propuesto por el Ejecutivo no resolverá la judicialización que victimizaba al sistema asegurador, generando como efectos colaterales un encarecimiento del seguro de salud, una disminución en los beneficios médicos a las personas, y probablemente invariabilidad en el rentable negocio previsional que explotan las isapres y sus empresas relacionadas.

Doctor Rodrigo Martínez Peric
RUT: 8205255-0

Vea investigación de CIPER: 31 profesionales del Hospital del Tórax revelan serias irregularidades que pagan los pacientes

-Quisiera comenzar hablando del caso más grave, la muerte del paciente Orlando González Anabalón.

Lamento que ese caso desafortunado haya perdido la confidencialidad de la relación médico-paciente y haya salido a la palestra pública. Esto es una trasgresión de la privacidad de la historia clínica. No he tenido tiempo de revisarlo todo, pero tengo entendido que el paciente llegó con síndrome coronario agudo y se estabilizó con medicamentos. Luego se determinó que la mejor terapia para él era un tratamiento con cirugía de bypass coronario, lo convencional para este tipo de casos. La cirugía se llevó a cabo en los tiempos habituales. El doctor (Mauricio) Villavicencio, que lo operó de urgencia, tiene sus antecedentes clínicos. Pero desafortunadamente, tuvo un desastre en el momento de la inducción de la anestesia: el paciente hizo un paro cardíaco. En el 99.9 % de los casos similares el paciente fallece. Nosotros nos la jugamos, por ser un hombre joven, así que autoricé el uso de una terapia extraordinaria para estabilizarlo (la instalación de un dispositivo de asistencia biventricular), corregir las deficiencias que habían causado este desastre y posteriormente evaluar si era candidato a un transplante de corazón. Fue una intervención de altísimo riesgo que se efectuó con éxito. Tras 48 horas en la Clínica Dávila, estable en su condición con este apoyo, los médicos estimaron que el paciente estaba en condiciones de ser trasladado de vuelta al Instituto Nacional del Tórax (INT). Se preveía que el período de estabilización iba a ser de tres a cuatro semanas y en ese tiempo nosotros ya íbamos a tener toda nuestra infraestructura caminando. Además, sabemos como manejar ese tipo de pacientes.

-A su juicio, ¿había condiciones para llevarlo de vuelta?

Por supuesto que las había. Eso que se dijo de que el traslado fue por una cuestión económica es totalmente falso. Mantener a un paciente conectado a esta bomba mientras entra a una etapa en que puede ser transplantado cuesta alrededor de $10.000.000, más una serie de costos adicionales.
Nosotros hemos tenido pacientes conectados por tres meses a estos instrumentos. Ahora, dentro de nuestro convenio, bajo ningún punto de vista teníamos contemplados tratamientos extraordinarios como éste, pero los asumimos en función de nuestros pacientes.

-¿Es pertinente el traslado del paciente en esas condiciones?

Desde el momento en que los médicos tratantes me manifiestan que el paciente está en condiciones de traslado, yo tomo la decisión, avalado de esta opinión clínica, porque soy el responsable de los recursos físicos, médicos y económicos de este hospital. Tomé la decisión de trasladarlo hacia acá con todas las precauciones. No hay dudas al respecto. Pero no fue una decisión económica; lo que primamos es que estaremos en condiciones de hacer transplantes apenas tengamos nuestra unidad operativa.

-Pero el INT no tenía pabellón disponible ni sala UCI en condiciones.

Sala UCI teníamos. No había problema con la sala UCI, ninguno.

-¿No estaba ocupada la mitad de la sala?

No. Tenemos una sala UCI perfectamente capaz de manejar no solamente eso, sino muchas otras cosas. Habitualmente ubicada en el quinto piso, había sido trasladada con todos sus instrumentos al cuarto con los mismos equipamientos, los mismos profesionales e incluso mejor equipada que la que estaba arriba. Desde esa perspectiva, teníamos condiciones de uso y contábamos con los expertos nacionales en el tema.

-¿Quiénes eran?

El doctor Mauricio Villavicencio y el doctor Víctor Rossel.

-¿No estaban de viaje en los Estados Unidos?

No, estaban aquí. Pero eso es irrelevante. Lo concreto es que el paciente cumplía criterios clínicos y nuestra única limitación, en caso de que necesitara una reexploración, era trasladarlo de vuelta a la clínica. Y eso se podía hacer y se hizo. Así que no fue temerario traérselo al INT para que viniera a tener un desastre aquí. Por supuesto que en condiciones ideales, al paciente lo mantengo el tiempo que sea necesario en mi UCI del quinto piso y no lo muevo hasta que lo transplante.

-Hay un correo que le envió a usted el jefe de servicio subrogante de pabellón, el doctor Rafael Selman, donde le dice que los médicos a los que se refiere estaban en el extranjero.

Esa es información interna del hospital. El colega que envió el correo estaba reemplazando como tercer jefe de la unidad porque el primero estaba en un curso en el extranjero y el segundo pidió permiso administrativo. En el mail pedía instrucciones de qué hacer con un paciente al que eventualmente podían estar fallándole estos dispositivos. Y la opinión de los médicos tratantes era que el dispositivo no estaba fallando. Eso fue categórico y así se puso en la ficha.

-En ese correo, el doctor Selman le dice que los médicos tratantes (Mauricio Villavicencio y Eduardo Turner) estaban en el extranjero y que no dejaron a cargo del paciente a ningún cirujano entrenado en manejo de asistencia ventricular. En la respuesta que usted le envió no lo refutó.

La decisión de hacer un convenio con una clínica particular estaba dada por la capacidad de resolver los problemas clínicos en su globalidad y, desafortunadamente, parte de estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos como el doctor Rafael Selman. Se lo digo para que quede constancia de esto, porque me lo dice como un hecho de la causa, como una verdad que tengo que salir a rebatir sólo porque el doctor Selman dictaminó en un mail que el médico tratante no estaba en Chile.

La decisión de hacer un convenio con una clínica particular estaba dada por la capacidad de resolver los problemas clínicos en su globalidad y, desafortunadamente, parte de estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos como el doctor Rafael Selman.

-CIPER tuvo acceso a esos correos y en su respuesta usted nunca le dijo al doctor Selman que eso no era cierto. Por el contrario, le dice que ellos dejaron al doctor Ernesto Larraín a cargo. Aquí no hay interpretaciones.

Quiero hacerle un alcance: cuando el Servicio de Salud contrata a una entidad, contrata la globalidad de sus servicios. En los casos de los 42 pacientes que han sido operados han participado más de 45 médicos en sus cuidados, entre los cuales, por el azar de estar contratados en la Clínica Dávila, dos de ellos que son cardiocirujanos y que además tienen la posibilidad de trabajar en el INT. Sin embargo, con fines de transparencia, en ese momento esos médicos estaban en servicio sin goce de sueldo. Yo no tenía cómo saber cuáles eran sus actividades afuera porque ya no los tenía bajo mi control. Si el doctor que operaba a los pacientes era “Pedro de los Palotes”, Larraín u otro, no tenía cómo controlarlo. Yo contraté los servicios y el equipo de la Clínica Dávila me ofrecía la globalidad de la atención que necesitaba para mis pacientes, incluyendo cardiocirugías, transplantes y asistencias ventriculares, cosa que ninguno de los otros lugares a los que podíamos optar cumplían. Tenía que tomar una decisión en ese momento y ese fue el centro que tomé. Y no solamente por razones de globalidad de atención clínica, sino que también por costos.

Entre los cuarenta y tantos médicos que atendieron en nuestros casos había también dos perfusionistas, que son los mismos que están contratados acá, y al menos dos anestesistas. Y ninguno de ellos está en comisión de servicio sin goce de sueldo. Desde esa perspectiva, el manejo clínico tanto en la Dávila como en el INT, fue razonablemente bueno. Cuando surgió la sospecha de que algo podría estar pasando con la cánula de este paciente (Orlando González), personalmente me acerqué un día sábado y conversé con el equipo tratante. Incluso solicité al doctor Larraín que se apersonara porque, si había que hacer algo, él tenía que estar involucrado. Los parámetros de laboratorio indicaban que estaba gravísimo, pero estable, con diálisis, respirador mecánico y desangramiento. Los parámetros de oxigenación de ventilación de ácido base estaban equilibrados. De todas maneras, por la sospecha, el doctor Larraín y el equipo tratante decidieron llevarlo de vuelta a la Clínica Dávila. Desafortunadamente, después de la operación el paciente presentó una hipertensión pulmonar refractaria al tratamiento y falleció.

-Considerando las condiciones en que se encontraba este paciente y las capacidades que tenían en el INT para recibirlo, ¿sinceramente cree que no afectó en nada el haberlo trasladado desde la Clínica Dávila?

En las condiciones gravísimas en que estaba desde un comienzo, el que haya sido manejado con una asistencia ventricular en la Clínica Dávila y después trasladado para acá, no tiene mayor relevancia. En los pacientes con paro cardíaco y que hacen shock, la mortalidad es de un 99% a un 100%. Nosotros lo sacamos de esa situación, pero aunque lo hubiéramos tenido acá, no lo hubiéramos podido transplantar porque estaba con diálisis y con insuficiencia respiratoria. Lamentablemente es así. Que eso se tenga como perspectiva, ya que lo que hacemos hoy hasta hace poco sólo se veía en clínicas privadas y para un segmento muy chico de la población. Nosotros trabajamos para el 80% de la población del país, la que está afiliada a Fonasa. Para eso estamos. Este paciente tuvo un adverso y falleció a pesar de todo el esfuerzo, pero dudo que en una clínica privada, siendo un paciente Fonasa, le hubiesen dado el mismo apoyo.

EL CONVENIO SIN LICITACION

-¿El convenio con la Clínica Dávila era la mejor opción? Las otras alternativas que le presentaron (Clínica Tabancura y Hospital Dipreca), según varios médicos, eran mejores, y fueron rechazadas sin que hubiera una explicación…

El objetivo era conseguir un lugar para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes en un espectro que nos diera todas las posibilidades que requeríamos y con una urgencia administrativa de hacerlo de inmediato. Con la rigidez del sistema público, fue difícil llevar adelante un proceso de resolución inmediata y a un costo comparable o mejor que el que nos ofrecían las otras alternativas, pero lo hicimos. Todo el proceso administrativo fue enviado a la Contraloría General de la República para ser aprobado o rechazado. Tengo entendido que mañana (viernes 13 de abril) o pasado estará el informe final de su dictamen. La decisión de cerrar el trato con la Clínica Dávila se fundó en que nos podían dar la totalidad de las atenciones que hacíamos y a un costo que claramente era mejor. No es verdad que en el Hospital Dipreca y en la Clínica Tabancura iba a costar más barato y así se lo hicimos ver a las distintas personas que se quejaron, pero al parecer no quisieron escuchar.

-¿Es verdad que el acuerdo se cerró sin conocimiento del jefe de servicio de pabellón? Las personas consultadas por CIPER indican que él se enteró sólo cuando hubo que hacer el primer traslado de un paciente para ser intervenido quirúrgicamente y que en el convenio sólo podían participar dos médicos y dos cirujanos del equipo del INT que también trabajaban en la clínica.

La decisión estratégica del hospital de cuándo y dónde puedo mandar a hacer la producción de la cual soy responsable final, no se le consulta al jefe de servicio, se le comunica. Él no tiene potestad para disponer de los recursos físicos o económicos del hospital. Nosotros hicimos el intento formal para que nuestros médicos fueran a operar a la Clínica Dávila, pero por condiciones de acreditación sanitaria o por las razones que fueran, la clínica estaba en todo su derecho de decirnos lo que nos dijo: “No necesitamos más doctores. Yo tengo tres o cuatro cardiocirujanos que pueden hacer la producción que ustedes me están pidiendo, independiente de cómo se llamen, y tengo mis anestesistas”. Por más que quisiera que ellos trabajaran también en la clínica, no podía. ¿Qué es más importante: la satisfacción de un equipo de cardiocirujanos o la salud y amplitud de servicio de los pacientes? Yo consideré que lo era la posibilidad de darle todos los servicios concentrados en un solo lugar y a un costo más económico porque me permitía atender con los mismos recursos más pacientes. El doctor Rafael Selman, que trabaja en el Hospital Dipreca, quería que el convenio fuera con esa institución y por eso se sintió muy afectado. Pero Dipreca está en una situación muy delicada desde el punto vista asistencial, por dificultades administrativas internas. Así que no hubiéramos podido hacer la producción allá.

Desconozco si hemos vulnerado alguna norma, y tal vez peque de ingenuo porque no puedo leer todas las normas que saca el Ministerio. Y si quiere enfocarlo bajo esa perspectiva, sí, podemos tener algún grado de responsabilidad.

-¿Por qué se permitieron las obras siendo que existe una circular muy clara del Ministerio de Salud sobre cómo proceder para evitar casos de aspergilosis cuando se está con pacientes propensos a contagio?

Hay cosas que escapan a nuestro control. Nos preocupamos de atender a nuestros pacientes, pero es de común conocimiento que los hospitales del sistema público no están en condiciones ideales. Escapa a nuestro control que nuestra vecina, la Fundación Arturo López Pérez, haya decidido seis meses atrás hacer remodelaciones. Tampoco impedir que se modifique una estructura vetusta y se construya un nuevo jardín infantil para los funcionarios del Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) a 30 metros del hospital. El programa Mi Hospital se Pone a Punto se implementó para mejorar los baños, las salas de espera, el aspecto, el acceso y la credibilidad. En medio de ese entorno que no podemos controlar, tuvimos en nuestro programa anual de transplantes de 2011 una racha que uno no puede predecir. Uno no puede planificar cuándo tener transplantes y dejar a los pacientes que tienen este acceso sin transplante por una condición potencial.

¿Pero no se está vulnerando una norma del Ministerio de Salud?

Lo desconozco, y tal vez peque de ingenuo porque no puedo leer todas las normas que saca el Ministerio. Y si quiere enfocarlo bajo esa perspectiva, sí, podemos tener algún grado de responsabilidad. En ningún momento se trató de una aspergilosis invasiva de brote. Nosotros sabíamos que el hospital no está construido idealmente para ejercer acciones tan complejas como las que realizamos, pero igual decidimos hacerlas. Tenemos que tomar las medidas preventivas para que no ocurran eventos inesperados, y para eso contamos con un protocolo de prevención, detección y manejo precoz de las posibles infecciones de pacientes sumamente complicados, como son los de transplantes. Este hongo de aspergilo está en todas partes: en su ropa, en la mía, en el polvo; y ciertamente cuando hay una obra física o hay ventoleras o movimiento de tierras uno debe estar muy atento para evitar los desastres.

UNA ENFERMEDAD OCULTA

-¿Por qué no se dio aviso de esos contagios al Ministerio de Salud?

La normativa dice que hay que avisar sobre los brotes, pero no tuvimos brote. El brote de aspergilosis es cuando muchos pacientes empiezan a infectarse y presentan una enfermedad clínica con el mismo tipo de hongo, la misma cepa. Eso no fue lo que pasó acá. No era el mismo hongo y ninguno de los pacientes desarrolló una enfermedad clínica porque nosotros, como parte del proyecto de protección de estos pacientes, dado que no tenemos las condiciones óptimas, les hicimos exámenes en etapa pre-clínica, por si acaso, a un costo bastante alto. Y apenas se detectó en estos pacientes la infección, se les hizo un tratamiento para salvaguardar sus vidas que también es bastante caro.

-La mañana del jueves 13 de abril, durante la inspección del SSMO, la enfermera jefe de pabellón les informó que usted la había presionado por estar preguntando por el nombre de los contagiados de aspergiliosis para que no se diera a conocer esto.

Desconozco eso. No he presionado a nadie para que no dé información. Yo me debo al estatuto que dice que no puedo revelar información clínica que le corresponde al paciente y divulgar sus nombres. No soy yo quien debe dar esa autorización. En Chile existe una confidencialidad de la relación médico-paciente y de los archivos clínicos. Por lo tanto, ni siquiera el director del hospital puede revelar los nombres.

-¿Usted presionó a alguien o intentó ocultar este tema del contagio de aspergilosis?

No, ¡enfáticamente no! Habría que ser muy mala leche para eso.

-Hablamos con los pacientes y ninguno sabía que habían sido contagiados con aspergilosis. ¿Por qué se les oculto también a ellos?

(Antes de que el director del INT alcanzara a decir algo, tomó la palabra el doctor Mauricio Villavicencio [MV], que también estaba en la oficina) Todos los pacientes sabían que estaban recibiendo medicamentos para el aspergilo. La mayoría de ellos no se acuerdan de todo lo que le damos por que son como 15 remedios y, auque uno le explica en la medida de lo humanamente posible, después se olvidan… Con los transplantes que se realizaron acá, el año pasado aumentamos en 200% los transplantes en Chile y se logró aumentar un 50% la tasa de transplante de corazón en el país. Lamentablemente existe sólo un equipo de transplante de corazón y pulmón. Y cada uno de los que lo conformamos hicimos un entrenamiento de transplante. Por eso me duele que los que no han hecho ese entrenamiento hablen de esto porque la verdad es que no saben. Me duele mucho que a la gente que está entrenada para esto no se le haya preguntado y el informe se haya publicado.

-¿O sea usted dice que los 31 profesionales que firman el documento que se entregó al Ministro de Salud, a las comisiones de Salud del Congreso, al Colegio Médico y a la directora del SSMO no tienen idea de nada y que mienten?

MV: No, no es que no tengan idea de nada, pero ellos no son especialistas en transplante…

Mi obligación como servidor público es responder con la verdad, la misma que ya he expuesto en las instancias que me lo han requerido. Yo me ofrezco a darle mi opinión una vez que los tenga a la mano para hacer un mea culpa público al respecto o exigir las disculpas de aquellos que pudiesen haberse equivocado en sus apreciaciones.

(El doctor Carlos Deck lo interrumpe y sigue con la respuesta) Hay que reconocer que muchos de los médicos que firman son anestesistas que participan en los transplantes y tienen acceso a todo lo que ocurre durante las operaciones. Pero también hay que decir que en la lista de 31 firmantes noté al menos a un becado y a dos personas que no son médicos, sino que enfermeros perfusionistas. Además aparece firmando una doctora que no es funcionaria del hospital, sino que viene a desarrollar actividades académicas o de investigación. La planta médica del hospital es de 86 médicos de una comunidad hospitalaria de 500. Por lo tanto es inexacto hablar de la mayoría de médicos: sólo 28 de esos 86 pusieron su firma. De los demás, muchos no están de acuerdo con esa carta. Aunque es cierto que hay que respetarla porque es un ejercicio de la libertad de expresión y creo que es bueno revisar los procesos para ver si se cometen errores, sobre todo en beneficio de nuestros pacientes.

-¿Usted cree que los médicos, los 28 que menciona como válidos, han faltado a la verdad en la denuncia que hacen a las diferentes instancias públicas?

Mire, tengo una opinión personal al respecto que me la voy a reservar porque hay procesos de auditoría que están evaluando nuestras actividades y aún están abiertos en la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y el SSMO. Sería muy poco prudente pronunciarme antes de que esos dictámenes estén disponibles. Mi obligación como servidor público es responder con la verdad, la misma que ya he expuesto en las instancias que me lo han requerido. Ahora estoy esperando esos dictámenes para que me digan si estoy o no en lo correcto. Yo me ofrezco a darle mi opinión una vez que los tenga a la mano para hacer un mea culpa público al respecto o exigir las disculpas de aquellos que pudiesen haberse equivocado en sus apreciaciones.

Vea también la entrevista al director de INT Carlos Deck: “Estas denuncias están fundamentadas por problemas interpretativos de ciertos facultativos”

Orlando González Anabalón llegó el jueves 8 de marzo a media mañana al Hospital del Salvador. El intenso dolor toráxico que había comenzado a sentir esa madrugada le seguía martillando cada vez con mayor intensidad. Para los médicos que lo evaluaron, no había duda: este hombre de 47 años presentaba un principio de infarto. Había que actuar con celeridad. Lo derivaron al hospital público con los profesionales de mayor experiencia en este tipo de patologías: el Instituto Nacional del Tórax (INT).

Sin embargo, la tranquilidad que le dieron los profesionales del Hospital del Salvador a Orlando González y a su familia, de estar siendo derivado a un establecimiento hospitalario público con los mejores especialistas para el problema que le aquejaba, demostró en las horas siguientes no tener sustento. Algo extraño estaba pasando en el Instituto Nacional del Tórax. Una situación que no estaba en conocimiento de los profesionales del Hospital del Salvador. Tampoco de Orlando González y su familia.

Hacia varios meses que por problemas administrativos y de gestión interna, la eficiencia del hospital al que llegó Orlando González estaba fallando. Y el paciente que ingresó ese 8 de marzo con diagnóstico de principio de infarto pasaría a ser una víctima de esos problemas que ya amenazaban con estallar.

Apenas González llegó al Hospital del Tórax, fue estabilizado por los profesionales que se encontraban en ese momento de turno. Su reacción fue positiva. Pero una vez que se le diagnosticó un infarto agudo del miocardio, la decisión del equipo médico no tardó: el paciente debería pasar por el quirófano.

A inicios de este año, el Instituto Nacional del Tórax, gracias a un aumento de su presupuesto anual que le otorgó el Ministerio de Salud, decidió remodelar los pabellones quirúrgicos y la unidad de cuidados intensivos (UCI), entre otras dependencias. La noticia fue recibida con mucho entusiasmo por el equipo de profesionales que allí se desempeña y que realiza al año más de 2.000 cirugías y unos 30 transplantes. Había urgencia de mejores condiciones.

Poco duró la algarabía. Muy pronto comenzaron los problemas. Con trabajos en ejecución, ya no hubo ni pabellón ni sala UCI disponible, por lo que el Hospital del Tórax necesitó hacer un convenio con alguna clínica u hospital donde se pudieran realizar las cirugías que ya estaban agendadas para el 2012. Fue así como un grupo de siete cirujanos –de los nueve de planta que laboran en dicho establecimiento- comenzó a buscar la mejor alternativa de convenio para realizar las cirugías ya comprometidas y aquellas que surgieran mientras durasen las obras de remodelación en el hospital.

El trabajo fue acucioso y rápido. Las alternativas fueron presentadas a la subdirectora del hospital, la doctora Natalia Siervo (ver alternativas): la Clínica Tabancura y otra con el Hospital de Carabineros, DIPRECA. Allí figuraban los nombres de todos los profesionales -cirujanos y anestesistas del INT- para participar de las cirugías, con los respectivos precios que eso involucraba.

-Pero el tema ya había sido resuelto, a puertas cerradas, por el director del hospital, el doctor Carlos Deck, quien ni siquiera le informó al jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del hospital, el doctor Lorenzo Naranjo, el que se enteró del convenio con la Clínica Dávila un día antes de derivar al primer paciente que necesitó una intervención quirúrgica. Lo increíble es que se pagó más caro que lo establecido en las alternativas propuestas: $ 5.600.000, monto que no incluye oxigenadores ni dispositivos valvulares. Pero además, el director dejó afuera a la mayoría de los profesionales que trabajan en el INT, ya que el convenio solo incluía a dos de los nueve cirujanos, y a dos de los nueve anestesiólogos. Ese cúmulo de hechos inexplicables generó una gran desconfianza en el equipo –relató a CIPER, el doctor Luciano González, cuyo nombre sí estaba incluido en el convenio con la Clínica Dávila.

La elección de los dos anestesiólogos provocó otro remezón. Los dos profesionales trabajan además para una empresa externa al Instituto Nacional del Tórax que le vende servicios a la Clínica Dávila.

El 26 de febrero pasado, transcurrido apenas un mes del convenio del Hospital del Tórax con la Clínica Dávila, un mayoritario grupo de profesionales del establecimiento le envió una carta al doctor y diputado Marco Antonio Núñez Lozano, en su calidad de integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Allí explican lo que a su juicio evidencia una evidente irregularidad:

“Este convenio especifica que solo 2 de los 9 cirujanos cardiacos del staff del INT pueden operar en la Clínica Dávila a los pacientes derivados del INT. Estos cirujanos serian el Dr. Eduardo Turner y el Dr. Mauricio Villavicencio, que son a su vez staff de la Clínica Dávila, agregándose además al Dr. Ernesto Larraín que no pertenece al INT. Estos cirujanos, a pesar de tener cargos de planta (Dr. Turner) y a contrata (Dr. Villavicencio) con honorarios públicos, en el caso de estos pacientes se habrían pactado pagos de honorarios privados por cada paciente por montos muy superiores a los que reciben en el INT”.

En otra parte del escrito agregan: “Además, como los doctores Turner y Villavicencio han operado y están operando en su horario funcionario, el doctor Deck les está gestionando un permiso administrativo sin goce de remuneraciones, pero hasta el 24 de febrero del presente aún no había sido firmado”.

La carta generó el oficio de fiscalización Nº5893 que el diputado Núñez envió al Ministerio de Salud con fecha 15 de marzo de 2012. Para entonces los problemas derivados de la remodelación y las decisiones adoptadas por el director del Instituto Nacional del Tórax, estaban colapsando no sólo las instalaciones sino también la garantía de buena atención a los pacientes que llegan al INT.

Fue precisamente lo que le ocurrió a Orlando González Anabalón, quien aterrizó de urgencia con su amenazante dolor al tórax en medio de estas discusiones internas y pérdidas de confianza del equipo. Una vez que se le diagnóstico infarto agudo al miocardio y la necesidad de practicarle una cirugía, lo que venía era claro: debía ser operado pero en la Clínica Dávila.

Según se relata en un documento de 53 páginas, firmado por 31 profesionales (29 médicos y dos enfermeros) del Instituto Nacional del Tórax, al inicio de la intervención quirúrgica, el paciente Orlando González presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que se debió suspender la operación, procediendo a instalarle un dispositivo de asistencia biventricular -que en palabras sencillas funciona como un corazón artificial transitorio- para posteriormente ser trasladado a la Unidad Coronaria de la misma Clínica Dávila.

Hasta allí todo funcionaba normalmente. El problema surgió cuando al cabo de 48 horas, habiéndose cumplido el tiempo estipulado en el convenio firmado por el director del INT y la Clínica Dávila, había que llevarse al paciente de la clínica. Y se hizo a pesar de que Orlando González no presentaba una buena evolución, un cuadro agravado porque en el Instituto Nacional del Tórax, hospital al que fue llevado de regreso, no tenían las mínimas condiciones para estabilizarlo.

El sábado 26 de marzo, pocos días después de su incomprensible traslado, Orlando González Anabalón falleció. Su deceso se produjo en el pabellón de la Clínica Dávila, ya que después de permanecer varios días en el INT, sin las condiciones necesarias para manejar las eventuales complicaciones de una operación de esa envergadura, tuvo que ser devuelto a la clínica para una nueva intervención. Ya era tarde.

Su muerte, la que los profesionales opinan que pudo haberse evitado con una adecuada atención, provocó una corriente de estupor e ira que en pocas horas invadió cada rincón del INT. De allí saldría el documento de 51 páginas que el 5 de abril, 31 profesionales del Hospital del Tórax le entregaron al ministro de Salud, Jaime Mañalich; al subsecretario de Salud, Luis Castillo; a las comisiones de Salud de la Cámara y el Senado; al Colegio Médico y a la doctora María Angélica Silva, directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, bajo cuya dependencia está el Instituto Nacional del Tórax, entre otros destinatarios.

En el escrito se lee:

“La decisión de trasladar un paciente en las condiciones ya descritas constituye un acto de extremo riesgo y difícil de justificar dadas las siguientes condiciones:

Creemos que decisiones como esta implican riesgos a los cuales no debiéramos exponer a nuestros pacientes puesto que no existen razones médicas que la justifiquen o avalen”.

CONTAGIO CON ASPERGILOSIS

Entre los firmantes figura la jefa de anestesiólogos del Instituto Nacional del Tórax, la doctora Mariana Varas:

-Si bien el paciente Orlando González estaba en un estado crítico, y uno nunca sabe en qué puede terminar un caso así, está claro que trasladarlo en ese estado desde la Clínica Dávila, por un interés claramente reñido con la ética médica, fue nefasto. Nos dejó a todos los profesionales que trabajamos en el INT en una pésima situación: no teníamos ni pabellón ni sala UCI en condiciones para recibir un paciente en esas condiciones.

Para la doctora Varas este no es el único problema que ha hecho estallar la protesta al interior del INT. A ella le tocó personalmente enfrentar un grave contagio de cuatro pacientes con Aspergilosis, una enfermedad provocada por distintos tipo de hongos, situación que “de todas maneras también podría y debería haberse evitado”. Este fue su relato:

-EL 14 de diciembre pasado, nos encontrábamos haciendo un transplante de pulmón al paciente J. P., y cuando salgo al hall de ingreso del área de Pabellón-UCI, me encuentro con una persona vestida de overol y con una paleta en su mano raspando la pared. Me quedé estupefacta, pues es algo que está totalmente prohibido hacer en un lugar donde estás tratando a pacientes con patologías respiratorias complejas. Le dije que parara inmediatamente, que yo era la jefa del Servicio de Pabellón y que eso estaba prohibido. Ahora, para que entendamos el problema, lo que ese hombre estaba haciendo no se debería haber hecho ni ahí ni en ninguna dependencia del hospital, ya que por la condición de estos pacientes, son muy propensos a adquirir la enfermedad (Aspergilosis), que incluso puede llevarlos a la muerte. Le informe de esto inmediatamente a la infectóloga del INT, quien a su vez está a cargo del Comité de Infecciones Intrahospitalarias del INT, y con su ayuda se logró que los hombres dejaran de pintar en el hall del piso del pabellón, pero siguieron en otras dependencias del hospital.

Debido al origen de la Aspergilosis (provocada por hongos), están prohibidos los trabajos de cualquier tipo en aquellos lugares donde se encuentran pacientes con problemas respiratorios, que son precisamente aquellas personas que han sido sometidas a trasplantes y cirugía cardíaca. Sin embargo, en el Instituto Nacional del Tórax los trabajos de pintura continuaron tanto en la sala UCI como en la de cuidados intermedios, lo que terminó con cuatro pacientes contagiados. Uno de ellos con un cuadro clínico grave.

-Si bien la intención del programa, que se dio a conocer con el nombre “Mi Hospital se Pone a Punto”, tenía el excelente propósito de mejorar las condiciones del hospital, una vez más la ejecución fue inoportuna. Y ello porque antes de comenzar los trabajos se debió haber trasladado a todos los pacientes a otro recinto hospitalario. O no realizar trasplantes o cirugías de alto riesgo, procedimientos que hacemos todos los días, en el período en que se hicieron la pintura y las reparaciones. Al final, esto redundó en el contagio de cuatro pacientes –reflexiona la doctora Mariana Varas.

En el documento que los 31 profesionales del Instituto Nacional del Torax le entregaron al ministro Mañalich, se agrega un nuevo antecedente sobre el contagio de los cuatro pacientes con Aspergilosis: la infección y el contagio fueron ocultados al Ministerio de Salud, a pesar de que por norma ministerial todo brote epidemiológico debe ser notificado. Con ello se vulneró las normas estipuladas en una circular -“Las Normas para la prevención de infecciones asociadas a modificaciones estructurales y otras actividades que generan polvo ambiental en establecimientos hospitalarios”- enviada por la autoridad sanitaria sólo siete meses antes (2 de mayo del 2011). (Ver documento) y que establece que la notificación le corresponde a la dirección del establecimiento de salud.

La situación de los cuatro pacientes del INT contagiados con Aspergilosis, tiene también su propia historia. Además del costo asociado al tratamiento que debió asumir el hospital, a los cuatro el contagio les significó complicaciones de salud que prolongaron su estadía en el INT. Por ejemplo, M.S. pasó 12 días en el hospital antes que le dieran el alta. En cuanto a J. P., la persona que estaba siendo sometida a un transplante de pulmón en el mismo momento que a pocos metros se encontraba un maestro con overol raspando la pared, aún se encuentra conectado a un respirador artificial en el cuarto piso del hospital, en la sala de Cuidados Intermedios, y sin fecha de alta.

CIPER se comunicó con tres de los cuatro contagiados y ninguno de ellos tenía conocimiento del contagio de Aspergilosis del que fueron víctimas por los errores cometidos en la dirección del Instituto Nacional del Tórax.

La satisfacción del Presidente es entendible. El Plan AUGE -que establece garantías para que los pacientes reciban tratamiento dentro de plazos perentorios- es la columna vertebral del sistema de salud. Adoptada bajo los gobiernos de la Concertación en 2005, la iniciativa ya incorpora 69 patologías cubiertas por garantías de atención. No obstante, desde el mismo año en que entró en funcionamiento se acumularon garantías no cumplidas, es decir, pacientes a los que se debía atender dentro un periodo determinado -o de lo contrario derivarlos al sistema privado sin costo para ellos- que sencillamente no recibieron tratamiento a tiempo. Se formó así la odiosa “lista de espera”. La nómina llegó a incluir a unos 380 mil pacientes, de acuerdo con las cifras entregadas al inicio de este gobierno en un gesto de sinceramiento que las administraciones de la Concertación siempre eludieron.

El reciente anuncio de Mañalich generó polémica, pues hay actores del sector Salud que estiman que detrás no hay más que una jugada comunicacional. Sostienen que el gobierno ha manejado la información dando a entender que la lista de espera se redujo principalmente por una agilización de las atenciones médicas, pero sospechan que la reducción se produjo en mayor medida por el descarte de pacientes debido a razones administrativas.

CIPER investigó en hospitales y Servicios de Salud y pudo determinar que un componente importante de la reducción de la lista de espera son casos que salieron sin atención médica porque fueron considerados “excepciones” y, por otra parte, porque había pacientes que habían sido atendidos fuera de plazo pero que aún figuraban en espera. CIPER tuvo acceso a correos electrónicos de funcionarios que manejan el sistema estadístico AUGE y comprobó que en algunos hospitales las listas de espera se rebajaron de un mes a otro en miles de casos.

La drástica disminución también despertó la curiosidad de los funcionarios de la red de salud, los que luego de hacer por diversas vías una auscultación de las cifras, concluyeron que en gran medida la reducción fue posible porque se “actualizaron” los registros. Según explicó a CIPER un médico y alto funcionario con acceso al sistema que lleva las estadísticas AUGE (Sigges), en muchos hospitales lo que se hizo fue reforzar el equipo administrativo que procesa los datos y poner al día los casos que habían sido atendidos con atraso. En el fondo, explicó, “la lista de espera no era tan grande como figuraba en la estadística y se normalizaron los registros”.

El mismo facultativo explicó que otro motivo que redujo la nómina de espera del AUGE es que muchas personas fueron sacadas de la lista porque no recibieron o no completaron el tratamiento por razones distintas a un retraso en la atención y que se denominan “excepciones”. Se trata de pacientes que no fueron ubicados, no asistieron a la cita con el doctor, rechazaron el tratamiento, fallecieron o hubo una decisión médica que desaconsejó aplicar la terapia.

LOS DATOS DE RANCAGUA

CIPER accedió a las estadísticas del Hospital de Rancagua, establecimiento que al 30 de junio de este año registraba 2.482 pacientes con Garantías Explicitas de Salud vencidas -es decir, en lista de espera- y que sólo un mes después, al 31 de julio, se redujeron a 851 casos. Esto significa que salieron de la nómina 1.631 personas. Hecho el análisis caso a caso de los pacientes que salieron de la lista, lo que quedó claro es que sólo 55 de los 1.631 recibieron un tratamiento médico completo.

Los encargados de las estadísticas pusieron bajo la lupa el caso de Rancagua y analizaron un periodo más amplio. Estudiaron el número de garantías vencidas (la lista de espera) que el hospital exhibía al 23 de mayo pasado y las cruzaron con las “excepciones” (pacientes que salieron de la lista sin recibir atención) registradas en el trimestre mayo, junio y julio. Así, detectaron que en esos tres meses 2.598 casos salieron de la lista, correspondientes al 41% de las garantías vencidas que había en mayo. Todos fueron rotulados como “excepciones” que salieron del sistema sin obtener tratamiento médico por las causas que se desglosan a continuación:

• Decisión profesional: 103
• No gestionables por el Servicio de Salud: 546
• Voluntad del paciente: 19
• Inasistencia: 817
• Rechazo del prestador: 5
• Rechazo tratamiento: 10
• Otra Causa: 1.098

El alto número de personas que salieron de la lista de espera bajo el inexpresivo ítem de “Otra causa”, llevó a que el Sigges de la Sexta Región anunciara una auditoría al Hospital de Rancagua para revisar los “medios de verificación” de las citaciones a las cuales los pacientes no asistieron, examinar las excepciones definidas bajo el concepto de “otras causas”, chequear los casos estipulados como “no gestionable por el Servicio de Salud” y la situación de pacientes con cáncer que salieron de la lista de espera calificados como “excepción” entre mayo y julio de 2011.

Según fuentes del Sigges las autoridades de Salud de la Sexta Región revisaron las cifras del hospital y comprobaron que los pacientes sacados de la lista de espera por “inasistencia” u “otras causas” efectivamente habían sido avisados de su cita médica y que se había intentado ubicarlos infructuosamente, lo que estaba detallado en sus fichas clínicas. Por lo mismo, los encargados del Sigges local estimaron que un amplio porcentaje de la lista de espera no tenía su origen en la falta de atención de los pacientes, sino por la desactualización de los datos ingresados a la estadística.

En la auditoría, el hospital acreditó que muchas personas que aparecían en espera ya habían sido atendidas -aunque fuera del plazo estipulado en la garantía- o habían sido catalogados como “excepciones”, pero eso no se había ingresado oportunamente al Sigges. En el fondo, había un manejo desprolijo del registro estadístico y eso fue corregido por el gobierno.

Cristián Gabella, jefe del Servicio de Salud de la Sexta Región, informó que el total de pacientes atendidos en esa zona con Garantías Explícitas de Salud (GES) a noviembre de 2011 es de 46.824. De ellos, 37.471 fueron atendidos dentro de los plazos determinados por las garantías (cerca del 80% del total). Por lo tanto, los pacientes que figuraron en lista de espera porque no fueron asistidos dentro del tiempo fijado por la garantía, suman 9.353 (20% del total). Entre estos últimos se cuentan 3.638 que recibieron el tratamiento, pero fuera de plazo (denominados pacientes “incumplidos con hito”), y 5.715 que no recibieron atención médica porque se les calificó como “excepciones”. Es decir, las excepciones suman el 61% de los 9.353 pacientes que estuvieron en espera y el 12,2% del total de 46.824 casos ingresados al sistema AUGE en la región.

TRANSPARENCIA

Uno de los grupos que critican el anuncio del “cumplimiento” hecho por Mañalich es el movimiento Salud Un Derecho, que en enero pidió mediante la Ley de Transparencia que las autoridades entreguen las estadísticas oficiales de pacientes que salieron de las listas de espera del sistema AUGE, indicando las causas del egreso. La información aún se desconoce, a pesar del fallo del Consejo para la Transparencia favorable a que Fonasa la facilite.

Fonasa sólo entregó una respuesta parcial, que no permite establecer las causas por las cuales los pacientes salieron de la lista de espera, y señaló que la difusión de información asociada a diagnósticos clínicos vulneraría la privacidad de los pacientes. El director de Fonasa, Mikel Uriarte, argumenta además que esos antecedentes no están en su institución y que deben ser pedidos a cada hospital. Por su parte, el ministro Mañalich explicó su rechazo a la entrega de dicha información en las oficinas del mismo Consejo para la Transparencia este miércoles 30:

-Nosotros, nos lo exija quien lo exija, no vamos a entregar información sensible. Si eso significa ir a tribunales, lo haremos. Los datos que son partes de la curación de una persona no los vamos a entregar -sostuvo el ministro.

Consultado por CIPER a la salida de su reunión en el Consejo para la Transparencia respecto de por qué no se entrega la información tarjando el nombre de los pacientes si lo que se quiere es proteger sus identidades, posibilidad expresamente estipulada en el artículo 11 letra “e” de la Ley de Transparencia, el ministro no respondió.

Para los integrantes de Salud Un Derecho sólo la difusión de la estadística oficial permitirá comprobar si la reducción de la lista de espera se debe en mayor medida a un incremento en los tratamientos médicos o principalmente a un ajuste estadístico que sacó de las nóminas a miles de pacientes que no pudieron ser notificados del tratamiento que recibirían, que no asistieron a las terapias, que fallecieron o estaban hospitalizados cuando les correspondía la atención, entre otras causas. Asimismo, los críticos aseguran que la lista también habría sido depurada de personas que ya habían recibido terapia, aunque fuera de plazo, pero que aún figuraban en los registros sin asistencia médica.

“ACTOS CLÍNICOS”

CIPER exhibió los datos del Hospital de Rancagua al director de Fonasa, Mikel Uriarte, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y les consultó a cuánto ascendían las “excepciones” dentro de los 340 mil casos que estaban en lista de espera y cuya resolución fue anunciada por el gobierno. Ambos dijeron que no saben cuánto de la reducción de la lista de espera se debe a una actualización de la estadística y cuánto a tratamientos finalizados. Agregaron que ese nivel de detalle debe ser requerido en los hospitales. En todo caso, confirmaron que efectivamente hubo un ajuste en las estadísticas que permitió sacar de la nómina a pacientes caratulados como “excepciones”

Uriarte y Castillo señalaron que una parte de los “cumplimientos” efectivamente son “excepciones” que no recibieron atención y salieron de la nómina por otras razones. Según explicaron, a ellos les llega la estadística de casos cumplidos, sin el detalle de si se cumplieron por atención médica o no. Esa información, indicaron, la maneja cada establecimiento de salud que ingresa datos de pacientes en el Sigges.

-Para mí, desde el punto de vista de Fonasa, lo que me interesa no es lo que hagan en la “cañería”. Yo soy ingeniero comercial y no me interesa cómo se hace una pila, sino que cuando se use la pila, funcione. Cómo se hacen las cosas en la cañería, no sé, pero espero que funcione. Hoy puedo decir que no hay reclamos a Fonasa por Garantías Explícitas en Salud incumplidas -señala Uriarte.

“No tenemos ni clave del Sigges”, añade el subsecretario Castillo, para graficar que no manejan el detalle de las cifras. Pero el director de Fonasa y el subsecretario reconocen que se ordenó el Sigges y aceptan que efectivamente había datos no actualizados. Pero, respecto de difundir las cifras de “excepciones” para transparentar el sistema, Uriarte y Castillo insisten en que esos números no son tan relevantes, como sí lo es que los casos aparezcan como “cumplidos” dentro de los registros y que conste, por ejemplo, que se avisó con tiempo a la persona que no asistió a la atención médica.

Según Castillo, se da por cumplida la meta de término de la lista de espera AUGE porque en todos los casos de pacientes que salieron de esa nómina hubo un “acto clínico”. Pero el subsecretario aclara que un “acto clínico” no necesariamente es una atención médica o un tratamiento. Para Castillo los “actos clínicos” incluyen las “excepciones”:

-El hecho de decir que no es pertinente un caso, que no corresponde (que se atienda por AUGE), es un acto clínico, lo mismo que las inasistencias, o porque se murió o porque está hospitalizado -dice Castillo.

El subsecretario de Redes Asistenciales desestima las críticas que indican que la lista de espera se redujo por la vía administrativa. Castillo sostiene que los casos que se descartan por razones administrativas son aquellos que surgen por errores cometidos al procesar los datos de los pacientes. En cambio, dice, en los casos descartados por un “acto clínico” interviene “un profesional de blanco”. Los ajustes administrativos, sostiene, se hicieron en 2010 y con ellos se bajó de 380 mil a 340 mil la lista de espera: “Ahí se ordenaron los datos de quienes aparecían dos veces en el sistema, con errores en el RUT o mal registrados. Esos son errores en el papel y a eso me refiero como gestión administrativa, donde no hay metido un profesional de blanco en el proceso”.

-Pero si un ciudadano ve al ministro diciendo “cumplimos”, puede pensar que los médicos atendieron a los 340 mil pacientes y no se imagina que existen miles de “excepciones” sin atención hasta ahora no cuantificadas.
-Es que ahí hay un problema de lenguaje. Cuando el ministro dice eso, quiere decir que no hay ninguna de esas garantías retrasadas, ninguna de esas personas está en situación de reclamo (…). No hemos visto a ninguno de esos pacientes que haya venido a quejarse a Fonasa. Y ese es el sentido del “cumplido” -responde Uriarte.

Las 20 personas se hicieron el examen del Sida en el Hospital del Salvador en 2007. Sus resultados fueron registrados por el Instituto de Salud Pública (ISP) en el mismo “legajo” y lo grave es que, al menos en uno de esos casos, se pudo comprobar que no se notificó al paciente que sí tenía el virus. Por esa razón, se sospecha que todo el legajo, guardado en un mismo sobre, pudo haberse extraviado y que los otros 19 pacientes tampoco recibieron sus resultados.

A pesar de todos los intentos desplegados por CIPER ante las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital del Salvador, ninguna de esas entidades aclararon qué ocurrió con los exámenes de los 19 restantes.

La situación es delicada. Se trata de una veintena de potenciales portadores de VIH que, desinformados de su condición de seropositivos, pueden haber transmitido el virus a otras personas en estos cuatro años. En los hechos, es una alarma de salud pública. Con el agravante de que surge precisamente cuando el Estado presenta una campaña en que llama a la población a confiar en su red de atención para hacerse este mismo examen.

Ya en 2008 la entonces ministra de Salud, María Soledad Barría, debió abandonar su cargo tras conocerse que 25 personas no fueron notificadas de los resultados positivos de los exámenes de Sida que se practicaron en el Hospital de Iquique. En esa oportunidad, la muerte de una dueña de casa y de su marido -que al fallecer dejaron a dos hijas- porque no recibieron tratamiento a tiempo, agudizó la crisis.

A esto se suman otros dos casos de abierta irregularidad en la notificación, ambos del Hospital de Talca, de mujeres embarazadas que fueron informadas erróneamente como portadoras del virus. Uno de estos episodios ocurrió en 2006 y el otro en 2007. En el primero, la Corte de Apelaciones de Talca ordenó pagar una indemnización de $20 millones a la afectada; y en el segundo, un fallo de primera instancia estimó que debe repararse a la víctima con $30 millones.

CIPER consultó al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador por la suerte que corrió el legajo con los resultados de los 20 pacientes que se hicieron el examen en 2007, pero no recibió respuesta. Desde el ministerio se informó que no se referirán al tema porque están en medio de la investigación. En tanto, la directora del hospital, María Luisa Sepúlveda, se comprometió a entregar a CIPER una respuesta formal el lunes 21, pero eso no se cumplió.

LA DENUNCIA DE M.G.

El lunes 14 el ministro Mañalich formalizó el lanzamiento de la nueva campaña, cuyos spots son protagonizados por personajes del espectáculo y la TV, entre ellos el cantante Leo Rey, vocalista del grupo tropical La Noche, quien paradójicamente el año pasado se vio envuelto en un escándalo por la adulteración de su examen de sangre para realizar una alcoholemia. Los spots serán transmitidos desde diciembre a febrero bajo el eslogan “Yo me hice el examen del Sida. Sea positivo o negativo, siempre gano”.

El que resultó siendo un neto perdedor fue M.G., un joven abogado que se hizo el examen respectivo en 2007 en el Hospital del Salvador (HDS) y al que no le comunicaron que el resultado fue “positivo”, es decir, que era portador del virus y que si no se sometía a tratamiento desarrollaría la enfermedad. M.G. lo descubrió casi tres años después, cuando decidió volver a hacerse el test por su propia iniciativa, debido al complicado estado de salud que lo afectaba. Y se entiende, sus datos clínicos indican que a esa fecha el silencioso avance del Sida le había hecho perder 15 kilos, además de provocarle diarreas crónicas y de tener el cuerpo inundado de extrañas manchas en su piel.

M.G. se hizo el examen en el mismo Hospital del Salvador en octubre de 2007 debido a una derivación calificada como “urgente” por el médico Raúl Novoa tras haber examinado al paciente. En esa ocasión, M.G. firmó la carta de consentimiento que exige la normativa y la ficha de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), con todos sus datos, incluyendo los de su pareja, para que en caso de ser positivo el resultado pudiesen comunicárselo a la brevedad.

Después de tres semanas sin tener información del resultado por parte del recinto hospitalario, M.G. concurrió a la Unidad de Dermatología del hospital donde recibió una respuesta verbal:

-Me dijeron que no debía preocuparme, pues no había ningún resultado positivo con mis datos y que atendido al tiempo pasado –tres semanas- era seguro un resultado negativo, pero que en todo caso, tenían todos mis antecedentes para localizarme ante un resultado desfavorable -cuenta el afectado.

El abogado confió en el sistema de salud y siguió con su vida normal, tanto laboral como afectiva. Exactamente un año después, en octubre de 2008, debido a un evidente desgaste físico y mental, se practicó un nuevo examen, esta vez en el laboratorio privado Medicenter, que tenía convenio con su isapre. Una semana más tarde fue notificado por el laboratorio de que el resultado de su examen era negativo: no tenía el virus (vea el documento).

A pesar de la tranquilizadora respuesta de Medicenter, a fines de 2009, M.G. volvió a sufrir un grave desgaste físico. Convencido de que no tenía Sida y que sólo podía ser un cuadro de estrés por razones laborales, el profesional tomó otras medidas y no puso como prioridad realizarse un nuevo examen para detectar el virus VIH.

Poco después, a principios de marzo de 2010, M.G. sufrió un deterioro grave y evidente de su estado de salud. Visitó varios médicos y se realizó una serie de exámenes de laboratorio. Los especialistas le explicaron –cuenta- “que se trataba de un cuadro por estrés producto del terremoto y las pérdidas materiales de mi familia en Talca”.

Pero la salud de M.G. seguía empeorando. A mediados de abril de 2010, decidió junto a su pareja asistir a la Red de Salud de Conchalí, donde se sometieron nuevamente al examen de Sida. En apenas una hora les informaron que ambos resultados eran positivos y que se enviarían muestras al laboratorio del ISP para confirmarlo. Una semana después M.G concurrió personalmente al ISP a pedir los resultados. Si ya estaba estresado por la situación de salud que lo aquejaba, la respuesta que recibió lo golpeó duramente:

-Me informaron que fue innecesario confirmar en el ISP la última muestra (la de abril de 2010), porque fue considerada confirmación del resultado positivo del examen que me había hecho en octubre de 2007 en el Hospital del Salvador. Es decir, el ISP me tenía registrado con VIH positivo hacía dos años y medio, desde que el hospital les envió la primera muestra que me tomaron -dice M.G.

DISCRIMINACIÓN LABORAL

 La noticia desestabilizó a M.G. Los datos proporcionados por el ISP le indicaban no sólo que estaba afectado por el virus VIH, sino también que él era responsable del contagio de su pareja. El cuadro de estrés agudo y de ansiedad que desarrolló a partir de ese momento fue inevitable. Eso se sumó a su creciente pérdida de peso, a la colitis crónica y a la agudización de sus problemas dermatológicos. M.G. estuvo a las puertas de la muerte:

-Por no ser informado y no recibir la terapia a tiempo, desarrollé hasta la tercera fase de la enfermedad, que tiene cuatro. Yo estuve grave, con toxoplasmosis, a punto de pasar a la cuarta fase.

La dramática experiencia que vivió este joven abogado no terminó ahí. Desde que fue notificado como seropositivo, M.G. presentó licencias médicas en su trabajo. En ese momento ocupaba una plaza de abogado en una institución del aparato público. Al tramitar una cuarta licencia la encargada de Recursos Humanos de la entidad le advirtió que había dudas acerca de la veracidad de sus enfermedades y le señaló que serían rechazadas. En esa situación extrema, M.G. decidió sincerarse y contarle su situación. Todo esto bajo el entendido de que se trataba de antecedentes cuya reserva está amparada por ley. Dos semanas después fue notificado de su despido por “necesidades del Servicio”. (vea el documento)

El escritor y presidente de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, que ha brindado apoyo a M.G., señala que éste fue derechamente discriminado en su empleo por su condición de salud:

-Si tuviéramos una ley antidiscriminación, podría haber una demanda. Si hay un lugar donde debemos respetar el principio de igualdad y no discriminación, es en el aparato público. Esta nueva campaña del Ministerio de Salud llama a hacerse el examen (de Sida), pero después que la gente lo hace, la despiden del trabajo -señala Simonetti.

Por esta misma razón, Simonetti rechazó este año ser uno de los “rostros” de la campaña porque concordó con las críticas de las ONG dedicadas a defender a la población afectada por el virus y a prevenir su expansión. Los principales cuestionamientos apuntan a que el contenido de la campaña no fue consultado con las organizaciones civiles (como lo establece la ley) y a que nuevamente se incurrió en el error de no poner el acento en conductas preventivas de autocuidado, como el uso del preservativo. (Ver recuadro)

La senadora Ximena Rincón (DC) fue contactada por Simonetti, quien le expuso la dramática experiencia de M.G. La parlamentaria envió un oficio al ministro de Salud por intermedio de la presidencia del Senado, para que Mañalich le informe “qué gestiones y/o soluciones en su oportunidad se dieron al interesado, qué gestiones y/o soluciones se entregarán a futuro en estos casos y, además, entregar una respuesta en detalle a mi persona”. A más de un mes de enviado el oficio, la senadora Rincón confirmó a CIPER que hasta hoy no tiene respuesta.

LA BATALLA LEGAL

A mediados de agosto de 2010, a casi tres años desde que el ISP lo registró como portador del virus VIH, M.G. recién estaba iniciando su tratamiento. Una vez estabilizada su condición física y asimilado el golpe inicial, recién el joven abogado comenzó a razonar sobre las implicancias legales de lo que había sucedido.

Lo primero que hizo fue concurrir al ISP a pedir explicaciones. Ahí le entregaron una serie de documentos que demuestran que el resultado de su examen fue enviado a tiempo por ese instituto al Hospital del Salvador. El más importante de ellos es una planilla donde figura el legajo con 20 resultados individualizados con códigos -para proteger la identidad de los pacientes-, entre los cuales está el suyo. La planilla lleva al margen del legajo la firma del estafeta del hospital que retiró los 20 resultados el 24 de octubre de 2007. Con ese documento, el ISP acredita que efectivamente envió la información al Hospital del Salvador y que fue en el hospital donde, por las razones que ahora se investigan en el Ministerio de Salud, no se notificó a M.G.

Lo preocupante es que mientras el hospital y el ministerio no entreguen los resultados de su indagatoria, persiste la posibilidad de que ninguno de los 20 resultados haya sido notificado. Y es altamente probable que dentro del legajo hubiese otros resultados positivos, toda vez que los hospitales y consultorios envían al ISP las muestras que dieron positivo en sus propios laboratorios para que sean rechequeadas.

Con estos antecedentes, M.G. presentó ante la Unidad de Mediaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la denuncia y una solicitud de mediación, como paso previo a una posible demanda de indemnización. La mediadora designada por el CDE fue María Elena Piñeiro Ruiz de Gamboa.

-Mis pretensiones de indemnizaciones económicas por daño emergente, lucro cesante y daño moral, ascendían a $308 millones. En la primera reunión de la mediación, el hospital me ofreció $22 millones. Yo les respondí que mi piso era $77 millones, pero con la posibilidad de llegar a un punto medio -dice M.G.

La postura inicial del hospital, cuenta el abogado, cambió en las siguientes sesiones de la mediación. El representante del Hospital del Salvador, el abogado Mauricio Morales Bertetti, no volvió a ofrecer una indemnización e intentó traspasar la responsabilidad primero al ISP, luego al Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) y por último a la empresa de Correos. Pero M.G. exhibe documentos que exculpan a estas entidades.

-El representante del Hospital del Salvador me dice que ellos no son responsables y que no tienen por qué indemnizarme, porque los responsables serían del SSMO. Hice las consultas por Ley de Transparencia al SSMO y me responden que el responsable siempre es el establecimiento hospitalario. En la misma audiencia me dicen que lo pensaron bien y que el responsable era el ISP, porque ellos son los encargados de remitir el resultado positivo y no lo hicieron. Pero el ISP tiene documentos que demuestran que el estafeta del hospital retiró los resultados -cuenta M.G.

Respecto de una posible falla de correos, M.G. dice que en la audiencia de mediación los abogados del hospital indicaron que él se había cambiado del domicilio que registró cuando se hizo el examen y que por eso no pudo ser notificado. Pero el joven abogado demuestra, con certificados extendidos por su corredora de propiedades, que mantuvo la misma residencia durante todo el periodo en que debió ser informado.

Fracasada la mediación lo que viene es una demanda contra el Hospital del Salvador y otra contra el laboratorio Medicenter, que le notificó un resultado negativo cuando él, según los registros del ISP, ya figuraba como seropositivo. Medicenter rehusó someterse a una mediación y comunicó a la Superintendencia de Salud que, de darse el caso, ejercería las defensas legales que considerara pertinentes (ver respuesta del laboratorio).

Material clave para estos juicios será el resultado de la investigación que lleva a cabo en estos días el Ministerio de Salud. Pero los avances de esa pesquisa y, en particular, qué pasó con los otros 19 pacientes que debieron ser notificados del resultado de sus exámenes de Sida junto con M.G., son antecedentes que la cartera, de acuerdo con lo informado por sus encargados de comunicaciones, mantiene bajo estricta reserva. Y ello, a pesar de que se cometió un error que podría acarrear consecuencias nefastas –incluso letales- para muchas personas.

Existe un centenar de estudios que sindican al timerosal como tóxico, pero si quiere aplicar solo el sentido común basta con saber que está conformado en un 49,6% por mercurio, el segundo veneno más tóxico en el planeta después del uranio; que los operarios que manipulan mercurio trabajan protegidos como astronautas y lo almacenan a cinco metros bajo tierra; que en 1991 fue retirado de las vacunas para perros; que existe un sinnúmero de convenios y tratados internacionales que han creado protocolos para su comercialización, transporte, distribución y almacenamiento; que la URSS y todos los países europeos del antiguo “bloque soviético” prohibieron el timerosal en las vacunas infantiles en 1985 y que Austria, Japón, el Reino Unido y todos los países escandinavos siguieron su ejemplo. Esto último, debido a las conclusiones de una investigación desarrollada en 1983 por un equipo de científicos rusos dirigido por Kravchenko.

“El timerosal produce cambios celulares mutagénicos por lo cual puede originar cambios celulares. Su uso médico, especialmente en el campo pediátrico es INADMISIBLE”, indica el estudio de Kravchenko y sus colaboradores.

Cabe mencionar que los estudios “a favor” del timerosal son sólo cerca de 12, todos de tipo epidemiológico, donde se trabaja sobre la base de datos estadísticos; una muestra de la que se puede manejar su procedencia, su número, etc.

En Chile el 5 de mayo pasado se aprobó en la Cámara de Diputados en forma unánime la remoción del timerosal de las vacunas. En agosto los senadores igualmente apoyaron este proyecto de ley, pero antes de que volviera al Ejecutivo surgieron ciertas indicaciones que solicitan mantener trazas de timerosal. Este concepto de “traza” no es tan inocente como parece; puede significar hasta 1 microgramo de mercurio, lo que es demasiado y suficiente para hacer daño en un bebe o niño, al ser inyectado directo al torrente sanguíneo. Hay otra indicación que da a entender que en ciertas circunstancias el Presidente de turno podrá autorizar el uso de timerosal. Por favor, juzgue usted mismo leyendo un extracto de este proyecto de ley:

Prohíbese la importación, comercialización o distribución, a cualquier título, de todo tipo de vacunas que, dentro de sus compuestos, contengan timerosal o compuestos organomercúricos. Sin embargo, se permitirá que en el proceso de fabricación se utilice el etilmercurio con tiosalicilato. Con todo, no se permitirá en el momento de suministrar la vacuna trazas superiores o iguales a un microgramo de etilmercurio por dosis. Solo podrán utilizarse vacunas con etilmercurio, siempre que sean desarrolladas y producidas con posterioridad a la vigencia de esta ley y no existan vacunas que produzcan los mismos efectos que las que contengan el compuesto antes dicho, y el Presidente de la República por decreto y razones fundadas así lo autorice.

La nueva ley comenzaría a regir en un año más, eso podría dar tiempo para “aprovechar” las vacunas FUERA DE TODA NORMA que hay actualmente en stock (con 25 microgramos cada dosis).

¿Por qué es tan difícil entender que no sacamos nada con hacer campañas de Teletón si estamos invalidando los cerebros de niños en masa? Qué parte de las características del timerosal como veneno cancerígeno, teratogénico, mutagénico y neurotóxico no se entiende? Desterremos ABSOLUTAMENTE Y PARA SIEMPRE al timerosal que ha torturado a nuestros niños por décadas. Nadie ha podido defenderlos, ni siquiera nosotros, sus padres, que los hemos llevado, sin saber, como ovejas al matadero; ni los legisladores ni los médicos cómplices silentes ni los medios de comunicación. ¿Quién defenderá entonces los derechos de nuestros niños? Dios mediante, guardo la esperanza de que se apruebe esta ley en Chile, pero sin letra chica, para despedirnos de una vez por todas de la hiperactividad, del déficit atencional, de los trastornos de lenguaje, de los trastornos de aprendizaje… y del ritalín…o su homólogo.

El problemas es que éstas últimas licencias no se pueden cobrar, según el Art.4º del D.F.L. Nº 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque las anteriores están rechazadas, ¿Es posible que me tramiten más de un año para dejarme sin mi justificado ingreso? ¿Es posible que tres médicos de la COMPIN autoricen con todo criterio mi reposo y una Contraloría Médica de COMPIN y SUSESO tengan otro criterio y me rechacen mis licencias sin siquiera citarme a un examen?

Sufro de una afección cardiaca. Los trámites me han agotado física y psicológicamente. Me han solicitado exámenes, informes médicos y todo tipo de antecedentes: fichas clínicas completas del Hospital San Luis de Buin y del Instituto Nacional del Tórax. Todo lo he entregado. Me han hecho incurrir en gran cantidad de gastos en viajes desde Buin, donde vivo, hasta Santiago, sumando los gastos de fotocopias, internet y en innumerables trámites. Todo para encerrarme en un círculo vicioso que sólo conduce a no cancelarme lo que justificadamente me corresponde. ¿Se puede vivir sin un sueldo (mi subsidio) durante más de un año?

Estoy copado de préstamos, saturado de la buena voluntad de parientes, voluntad que también tiene un límite. Hoy, a mis 77 años, tengo una pensión de vejez que ha disminuido por los préstamos que he sido obligado a adquirir; y lo poco de esta pensión que me queda es para cancelar los intereses de la carrera universitaria de mi hija, que para mí es lo más importante. Ante esta situación, he decidido no pedir más préstamos, porque no podré cancelarlos. Lo único que deseo es percibir el pago de mis siete licencias y volver a trabajar.

Con el último oficio de SUSESO negándome las licencias, me han destruido. Nunca antes me había desmoralizado ni me había desesperado, pero ahora creo que uno vale más muerto que vivo, por los seguros de vida y de desgravámenes que se pagan al fallecer. Soy luchador por naturaleza, he superado muchas crisis, pero a mi edad las energías empiezan a agotarse.

Hace unos días tuve que llevar de urgencia a mi esposa al Consultorio Dr. Héctor García por un severo ataque al colon, producto de su estrés ante la determinación de la COMPIN y SUSESO de no cancelar mis licencias médicas. Además, anulé todas mis citaciones al Instituto Nacional del Tórax para un control con el cardiólogo Sergio Bernal y exámenes de laboratorio, por no tener dinero para movilizarme desde Buin a Santiago.

Hoy exijo que se me cancelen mis siete licencias médicas. No voy a aceptar que me traten como un paciente con número de RUT. Soy un ser humano pensante y sensible que cometió “el error” de enfermarse. He invertido mucho dinero en cotizaciones de salud durante casi 60 años, como para que ahora me nieguen este derecho.

Quiero aclarar que no soy un “fresco” que desea descansar a costa de otros. Al contrario, quiero recuperarme parcialmente para volver a mi ocupación, pero para ello necesito urgentemente la cancelación de mis licencias, lo que me permitiría desempeñarme normalmente y subsistir hasta mi primer sueldo.

He solicitado, a través de una carta, una entrevista con la Superintendenta de Seguridad Social, Sra. María José Zaldívar; con la Seremi de Salud, Sra. Rosa Oyarce; con el Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich; con la Ministra del Trabajo, Sra. Evelyn Matthei, y hasta con el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera. Estoy absolutamente seguro de que las autoridades citadas ignoran lo que sus subalternos arbitrariamente determinan. No pueden existir tantas contradicciones y abusos con la venia de autoridades tan importantes. Aún espero la respuesta a mi misiva.

Pienso que en situaciones como ésta debería intervenir la Contraloría de la República o el Consejo de Seguridad del Estado o hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque mi situación es una clara vulneración a los derechos de un ciudadano chileno.

Víctor Sergio Romo Guzmán
RUT Nº 3.647.390-8

El día martes 25 de octubre, mi familia decidió llevarla al Hospital El Salvador. En dicho hospital nos explicaron que tampoco atenderían a mi bisabuela por tener 104 años. Según se nos dijo, es política del hospital que los mayores de 100 años no sean atendidos en ese establecimiento. Esto significa que para poder obtener salud después de cumplir los 100 años, hay que tener dinero para que atiendan a esa persona en una clínica privada. Además, la persona que estaba en la ventanilla encargada de la recepción de los pacientes ese día, dijo que si nuestra bisabuela ya tenía 104 años era preferible que falleciera en su casa en vez de morir en un hospital.

¿Quién es el responsable de que una mujer de 104 años no sea atendida en el sistema público? ¿Cuántas personas están concientes de esta situación? ¿A cuántas personas más se les cerrarán las puertas de los hospitales por superar los 100 años de edad?

A continuación analizaré los principales problemas de la propuesta:

1. Con el precio propuesto, $17 mil por persona, más de la mitad de los dineros del 7% NO serían utilizados para comprar el Plan Universal. La propuesta establece que si el 7% que aporta un afiliado es mayor al precio del plan universal, el dinero sobrante tendrá que ser usado por el beneficiario para comprar planes adicionales, o sea planes donde se discrimina por sexo, edad y estado de salud. En consecuencia, el tema de la discriminación seguirá muy presente en la administración de los dineros del 7% (Fuente de los cálculos: Casen 2009 más supuestos establecidos por el autor).

2. El sistema Isapre se vuelve aún más elitista. Menos de tres millones de chilenos están en el sistema Isapre y son más que nada individuos de clase media-alta para arriba. A ellos su 7% no les alcanza para el plan universal y, según la propuesta, probablemente se irían del sistema Isapre. Simulaciones hechas por el autor, que coinciden con otras aparecidas en la prensa, señalan que un 20% de los afiliados podría salir del sistema Isapre, pues con sus remuneraciones actuales no podrán cubrir los costos del plan para ellos y sus familias. Eso sí, también es cierto que más de alguien se cambiará de Fonasa a Isapre.

3. La financiación del plan universal favorece a los ricos. Cuando se propone un plan universal, es decir, que todos pagarán lo mismo, surge naturalmente una pregunta: ¿de dónde saldrán esos recursos? Una alternativa son los impuestos generales. En este caso, sin embargo, el milagro de cobrar lo mismo a jóvenes y viejos se logra gracias a un sistema que para todos los efectos podemos llamar de reparto. Esto es, un cruce de recursos desde los más jóvenes a los más viejos. Pero esta medida es regresiva si se toman en cuenta las características de los afiliados a las isapres. Dentro de ellos, los segmentos más acomodados son al mismo tiempo más viejos. Por eso el reparto de jóvenes a viejos implica un reparto “hacia ricos”, por decirlo así. Bajo las condiciones del sistema actual, un 10% de los subsidios implícitos en el plan universal serían asignados injustamente al 20% más rico de Chile (Fuente: Cálculos del autor).

4. No se detalla cuál es la magnitud del cambio real que experimentarán los afiliados al sistema Isapre. La mitad de los afiliados al sistema Isapre paga un plan familiar de alrededor de $100 mil, ¿en qué cambiaría para ellos la entrada de un plan familiar de $34 mil? La entrada del Plan Auge en Isapre también auguraba un cambio sustancial en el sistema, pero aparentemente tuvo un impacto modestísimo, pues las Isapres ya tenían incorporados los beneficios y tiempos de atención del Auge. ¿Puede explicar la comisión por qué este plan tendrá un impacto mayor?

5. La iniciativa se levanta sobre supuestos inciertos. Los afiliados jóvenes pagarían aportes solidarios, pero algún día serán viejos y para entonces recibirán subsidios. Pero, ¿se quedarán toda su vida en el sistema Isapre? ¿Hay alguna razón para suponer que recibirán (en promedio) tanto como aportaron a lo largo de sus vidas?

6. Falta de coherencia. ¿Cuál es la coherencia entre el sistema de subsidios de Fonasa y el sistema de subsidios implícito en el plan universal propuesto para las Isapres? La propuesta no se pronuncia sobre dónde y por qué la contribución solidaria de los cotizantes sería mayor: en Fonasa o en Isapre.

El Plan Universal propuesto tiene muchas cosas buenas. Crea un espacio de igualdad y le soluciona problemas tanto a los afiliados como a las Isapres. Pero sin una verdadera discusión sobre los pilares fundamentales de nuestro sistema de Salud, inevitablemente la iniciativa planteada se levanta sobre una escenografía cuestionable, resquebrajada, llena de incertidumbres y desigualdades.

Apenas un 17% de los chilenos están en Isapres, sin embargo discutimos sin cesar una serie de arreglos para ellos: eliminar preexistencias, controlar las alzas de precios, resolver recursos de protección, regular la tabla de factores, controlar la expulsión de afiliados, proteger los excedentes… la lista es larga. El desafío hoy es mucho mayor. Debemos abordar, de una vez por todas, el debate sobre qué sistema de salud pública necesita Chile. Me refiero, por ejemplo, a los costos y eficiencia del sistema de Salud, a su justicia y solidaridad.

Es bueno hacer un poco de historia y recordar que Chile es uno de los tres países con más obesidad a nivel mundial, enfermedad crónica no transmisible que es la determinante del desarrollo de otras enfermedades crónicas y de las principales causas de muerte en el país, como son las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

El análisis de la situación epidemiológica y las recomendaciones provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron la base para que un grupo de senadores presentara en el Congreso, el año 2007, un proyecto de ley con el objetivo de mejorar el resultado de una serie de actividades que se realizaban en el país para la prevención de estas enfermedades, pero que definitivamente no tenían impacto en la epidemia de obesidad. Se hacía necesario entonces desarrollar y aplicar otras medidas legales como era la calificación de los alimentos en saludables, medianamente saludables y no saludables, a través de una señalética auto-explicativa y la limitación de la publicidad cuando éstos no cumplieran con la calificación de saludables. (Ver informe de la OMS sobre el impacto marketing de los alimentos en los niños)

La iniciativa fue presentada y discutida en el año 2008 en la denominada “Cumbre de Valparaíso” en el Congreso Nacional. En ella participaron connotados expertos internacionales y nacionales, sociedades científicas, asociaciones de consumidores, profesionales y ciudadanos ávidos de ser partícipe de lo que se esperaba fuera la base de uno de los cambios más relevantes en la historia de la salud pública reciente.

Pero la historia de esta ley no podía ser distinta a lo que hemos observado en otros temas. En una sociedad acostumbrada a mirarlo todo desde la libertad y que ha olvidado la importancia y necesidad de otros principios como son la igualdad, la equidad, la fraternidad, la magna reunión tuvo su primera dosis de realidad cuando la industria de alimentos se negó a participar. Los argumentos eran que el proyecto atentaba contra la libertad de las personas a elegir y estigmatizaba los alimentos. Curiosamente los argumentos eran casi los mismos que podemos encontrar en la historia de la discusión del Proyecto de Ley del Tabaco, las frases eran casi iguales. (Ver Ley 19.419-1995)

Pero mientras el Proyecto daba vueltas en el Congreso, con suficientes pausas para largas discusiones y “lobby” empresarial, la cantidad de personas en Chile, niños y adultos con obesidad, seguía creciendo, alcanzando una cifra superior al 22 % en el caso de los niños y una superior en adultos y embarazadas. Éste definitivamente era un tema, la prensa hacia reportajes de lo poco saludable de los alimentos en los colegios, de lo difícil que era controlar la adicción de comer de las personas, los expertos daban clases en los matinales, en los noticieros, las universidades desarrollaban actividades y materiales educativos, pero en definitiva, seamos sinceros, nada ha dado buenos resultados.

El proyecto original en su trámite legislativo fue cambiado, podado, transformado y gran parte del espíritu original se perdió. El lobby es poderoso. En enero de este año, un grupo de senadores en comisión mixta logra reponer parte del articulado que permitía cumplir con los objetivos iniciales del proyecto de ley. Es decir, permitiría a los consumidores chilenos poder elegir de una manera fácil alimentos saludables, que los colegios cambiaran su oferta, que se aumentaran las horas de actividad física y que no se abusara de la credulidad y de la ingenuidad de los niños a través de la publicidad. Tal como el chocolate del Súper 8 cuando está en el bolsillo de los escolares y escurre con el calor, estos articulados se empezaron a esfumar. Sí, porque no todo podía ser tan fácil.

El Ministerio de Salud, escuchando probablemente a las empresas de alimentos, presiona a los parlamentarios para que el articulado del proyecto se cambie. La oposición negocia con el Gobierno un veto, nadie sabe por qué, ni en qué momento, pero negocian y firman un acuerdo para modificar tres puntos del proyecto a cambio de su aprobación: retirar la prohibición de venta de comida chatarra en las universidades; eliminar el artículo que daba sustento a una recomendación OMS para propiciar la lactancia materna exclusiva y que permitía prohibir la publicidad de fórmulas lácteas infantiles y la obligación de incluir la educación nutricional en los curriculum escolares. Al final, acuerdo mediante, la ley es votada favorablemente por ambas Cámaras.

Pero el acuerdo de tres puntos no fue respetado por el Gobierno y el veto presidencial modifica a través de adiciones, sustituciones y supresiones todo el articulado de la ley recientemente aprobada. El proyecto quedó transformado, limitado y cambiado. Mentes y manos expertas en lo legal modificaron con la precisión de un relojero suizo el articulado dejando a la oposición en la dificultosa tarea de tener que rechazar el veto, pero sin la seguridad de poder reponer el articulado original dado la necesidad de un alto quórum. La oposición está en un dilema: lo pierde todo o negocia y acepta parte del veto. El resultado será de todas formas una mala ley, casi decorativa.

Quizás es esta forma de hacer la política, de espalda a la ciudadanía y a los consumidores, la que contribuye a que todas aquellas medidas destinadas al bien común se pierdan en los largos pasadizos del Congreso. Ya no hay vuelta, el chocolate del Súper 8 se ha derretido. Y el chocolate cuando se derrite suele ensuciar, hay que lavar y limpiar, como probablemente habrá que hacer para recuperar una vez más la confianza en la clase política. Pero, por mucha azúcar que tenga el Súper 8, el sabor amargo será difícil de superar. Lo que no cabe duda es que escucharemos muchas declamaciones acerca del éxito de contar con una ley como ésta, pero la realidad será otra: nuestros niños seguirán comiendo Súper 8 y enfermando. Al final de cuentas y al igual que en otros temas, todos habremos perdido algo de la confianza en nuestra clase política y en la forma de gobernar.