La satisfacción del Presidente es entendible. El Plan AUGE -que establece garantías para que los pacientes reciban tratamiento dentro de plazos perentorios- es la columna vertebral del sistema de salud. Adoptada bajo los gobiernos de la Concertación en 2005, la iniciativa ya incorpora 69 patologías cubiertas por garantías de atención. No obstante, desde el mismo año en que entró en funcionamiento se acumularon garantías no cumplidas, es decir, pacientes a los que se debía atender dentro un periodo determinado -o de lo contrario derivarlos al sistema privado sin costo para ellos- que sencillamente no recibieron tratamiento a tiempo. Se formó así la odiosa “lista de espera”. La nómina llegó a incluir a unos 380 mil pacientes, de acuerdo con las cifras entregadas al inicio de este gobierno en un gesto de sinceramiento que las administraciones de la Concertación siempre eludieron.

El reciente anuncio de Mañalich generó polémica, pues hay actores del sector Salud que estiman que detrás no hay más que una jugada comunicacional. Sostienen que el gobierno ha manejado la información dando a entender que la lista de espera se redujo principalmente por una agilización de las atenciones médicas, pero sospechan que la reducción se produjo en mayor medida por el descarte de pacientes debido a razones administrativas.

CIPER investigó en hospitales y Servicios de Salud y pudo determinar que un componente importante de la reducción de la lista de espera son casos que salieron sin atención médica porque fueron considerados “excepciones” y, por otra parte, porque había pacientes que habían sido atendidos fuera de plazo pero que aún figuraban en espera. CIPER tuvo acceso a correos electrónicos de funcionarios que manejan el sistema estadístico AUGE y comprobó que en algunos hospitales las listas de espera se rebajaron de un mes a otro en miles de casos.

La drástica disminución también despertó la curiosidad de los funcionarios de la red de salud, los que luego de hacer por diversas vías una auscultación de las cifras, concluyeron que en gran medida la reducción fue posible porque se “actualizaron” los registros. Según explicó a CIPER un médico y alto funcionario con acceso al sistema que lleva las estadísticas AUGE (Sigges), en muchos hospitales lo que se hizo fue reforzar el equipo administrativo que procesa los datos y poner al día los casos que habían sido atendidos con atraso. En el fondo, explicó, “la lista de espera no era tan grande como figuraba en la estadística y se normalizaron los registros”.

El mismo facultativo explicó que otro motivo que redujo la nómina de espera del AUGE es que muchas personas fueron sacadas de la lista porque no recibieron o no completaron el tratamiento por razones distintas a un retraso en la atención y que se denominan “excepciones”. Se trata de pacientes que no fueron ubicados, no asistieron a la cita con el doctor, rechazaron el tratamiento, fallecieron o hubo una decisión médica que desaconsejó aplicar la terapia.

LOS DATOS DE RANCAGUA

CIPER accedió a las estadísticas del Hospital de Rancagua, establecimiento que al 30 de junio de este año registraba 2.482 pacientes con Garantías Explicitas de Salud vencidas -es decir, en lista de espera- y que sólo un mes después, al 31 de julio, se redujeron a 851 casos. Esto significa que salieron de la nómina 1.631 personas. Hecho el análisis caso a caso de los pacientes que salieron de la lista, lo que quedó claro es que sólo 55 de los 1.631 recibieron un tratamiento médico completo.

Los encargados de las estadísticas pusieron bajo la lupa el caso de Rancagua y analizaron un periodo más amplio. Estudiaron el número de garantías vencidas (la lista de espera) que el hospital exhibía al 23 de mayo pasado y las cruzaron con las “excepciones” (pacientes que salieron de la lista sin recibir atención) registradas en el trimestre mayo, junio y julio. Así, detectaron que en esos tres meses 2.598 casos salieron de la lista, correspondientes al 41% de las garantías vencidas que había en mayo. Todos fueron rotulados como “excepciones” que salieron del sistema sin obtener tratamiento médico por las causas que se desglosan a continuación:

• Decisión profesional: 103
• No gestionables por el Servicio de Salud: 546
• Voluntad del paciente: 19
• Inasistencia: 817
• Rechazo del prestador: 5
• Rechazo tratamiento: 10
• Otra Causa: 1.098

El alto número de personas que salieron de la lista de espera bajo el inexpresivo ítem de “Otra causa”, llevó a que el Sigges de la Sexta Región anunciara una auditoría al Hospital de Rancagua para revisar los “medios de verificación” de las citaciones a las cuales los pacientes no asistieron, examinar las excepciones definidas bajo el concepto de “otras causas”, chequear los casos estipulados como “no gestionable por el Servicio de Salud” y la situación de pacientes con cáncer que salieron de la lista de espera calificados como “excepción” entre mayo y julio de 2011.

Según fuentes del Sigges las autoridades de Salud de la Sexta Región revisaron las cifras del hospital y comprobaron que los pacientes sacados de la lista de espera por “inasistencia” u “otras causas” efectivamente habían sido avisados de su cita médica y que se había intentado ubicarlos infructuosamente, lo que estaba detallado en sus fichas clínicas. Por lo mismo, los encargados del Sigges local estimaron que un amplio porcentaje de la lista de espera no tenía su origen en la falta de atención de los pacientes, sino por la desactualización de los datos ingresados a la estadística.

En la auditoría, el hospital acreditó que muchas personas que aparecían en espera ya habían sido atendidas -aunque fuera del plazo estipulado en la garantía- o habían sido catalogados como “excepciones”, pero eso no se había ingresado oportunamente al Sigges. En el fondo, había un manejo desprolijo del registro estadístico y eso fue corregido por el gobierno.

Cristián Gabella, jefe del Servicio de Salud de la Sexta Región, informó que el total de pacientes atendidos en esa zona con Garantías Explícitas de Salud (GES) a noviembre de 2011 es de 46.824. De ellos, 37.471 fueron atendidos dentro de los plazos determinados por las garantías (cerca del 80% del total). Por lo tanto, los pacientes que figuraron en lista de espera porque no fueron asistidos dentro del tiempo fijado por la garantía, suman 9.353 (20% del total). Entre estos últimos se cuentan 3.638 que recibieron el tratamiento, pero fuera de plazo (denominados pacientes “incumplidos con hito”), y 5.715 que no recibieron atención médica porque se les calificó como “excepciones”. Es decir, las excepciones suman el 61% de los 9.353 pacientes que estuvieron en espera y el 12,2% del total de 46.824 casos ingresados al sistema AUGE en la región.

TRANSPARENCIA

Uno de los grupos que critican el anuncio del “cumplimiento” hecho por Mañalich es el movimiento Salud Un Derecho, que en enero pidió mediante la Ley de Transparencia que las autoridades entreguen las estadísticas oficiales de pacientes que salieron de las listas de espera del sistema AUGE, indicando las causas del egreso. La información aún se desconoce, a pesar del fallo del Consejo para la Transparencia favorable a que Fonasa la facilite.

Fonasa sólo entregó una respuesta parcial, que no permite establecer las causas por las cuales los pacientes salieron de la lista de espera, y señaló que la difusión de información asociada a diagnósticos clínicos vulneraría la privacidad de los pacientes. El director de Fonasa, Mikel Uriarte, argumenta además que esos antecedentes no están en su institución y que deben ser pedidos a cada hospital. Por su parte, el ministro Mañalich explicó su rechazo a la entrega de dicha información en las oficinas del mismo Consejo para la Transparencia este miércoles 30:

-Nosotros, nos lo exija quien lo exija, no vamos a entregar información sensible. Si eso significa ir a tribunales, lo haremos. Los datos que son partes de la curación de una persona no los vamos a entregar -sostuvo el ministro.

Consultado por CIPER a la salida de su reunión en el Consejo para la Transparencia respecto de por qué no se entrega la información tarjando el nombre de los pacientes si lo que se quiere es proteger sus identidades, posibilidad expresamente estipulada en el artículo 11 letra “e” de la Ley de Transparencia, el ministro no respondió.

Para los integrantes de Salud Un Derecho sólo la difusión de la estadística oficial permitirá comprobar si la reducción de la lista de espera se debe en mayor medida a un incremento en los tratamientos médicos o principalmente a un ajuste estadístico que sacó de las nóminas a miles de pacientes que no pudieron ser notificados del tratamiento que recibirían, que no asistieron a las terapias, que fallecieron o estaban hospitalizados cuando les correspondía la atención, entre otras causas. Asimismo, los críticos aseguran que la lista también habría sido depurada de personas que ya habían recibido terapia, aunque fuera de plazo, pero que aún figuraban en los registros sin asistencia médica.

“ACTOS CLÍNICOS”

CIPER exhibió los datos del Hospital de Rancagua al director de Fonasa, Mikel Uriarte, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, y les consultó a cuánto ascendían las “excepciones” dentro de los 340 mil casos que estaban en lista de espera y cuya resolución fue anunciada por el gobierno. Ambos dijeron que no saben cuánto de la reducción de la lista de espera se debe a una actualización de la estadística y cuánto a tratamientos finalizados. Agregaron que ese nivel de detalle debe ser requerido en los hospitales. En todo caso, confirmaron que efectivamente hubo un ajuste en las estadísticas que permitió sacar de la nómina a pacientes caratulados como “excepciones”

Uriarte y Castillo señalaron que una parte de los “cumplimientos” efectivamente son “excepciones” que no recibieron atención y salieron de la nómina por otras razones. Según explicaron, a ellos les llega la estadística de casos cumplidos, sin el detalle de si se cumplieron por atención médica o no. Esa información, indicaron, la maneja cada establecimiento de salud que ingresa datos de pacientes en el Sigges.

-Para mí, desde el punto de vista de Fonasa, lo que me interesa no es lo que hagan en la “cañería”. Yo soy ingeniero comercial y no me interesa cómo se hace una pila, sino que cuando se use la pila, funcione. Cómo se hacen las cosas en la cañería, no sé, pero espero que funcione. Hoy puedo decir que no hay reclamos a Fonasa por Garantías Explícitas en Salud incumplidas -señala Uriarte.

“No tenemos ni clave del Sigges”, añade el subsecretario Castillo, para graficar que no manejan el detalle de las cifras. Pero el director de Fonasa y el subsecretario reconocen que se ordenó el Sigges y aceptan que efectivamente había datos no actualizados. Pero, respecto de difundir las cifras de “excepciones” para transparentar el sistema, Uriarte y Castillo insisten en que esos números no son tan relevantes, como sí lo es que los casos aparezcan como “cumplidos” dentro de los registros y que conste, por ejemplo, que se avisó con tiempo a la persona que no asistió a la atención médica.

Según Castillo, se da por cumplida la meta de término de la lista de espera AUGE porque en todos los casos de pacientes que salieron de esa nómina hubo un “acto clínico”. Pero el subsecretario aclara que un “acto clínico” no necesariamente es una atención médica o un tratamiento. Para Castillo los “actos clínicos” incluyen las “excepciones”:

-El hecho de decir que no es pertinente un caso, que no corresponde (que se atienda por AUGE), es un acto clínico, lo mismo que las inasistencias, o porque se murió o porque está hospitalizado -dice Castillo.

El subsecretario de Redes Asistenciales desestima las críticas que indican que la lista de espera se redujo por la vía administrativa. Castillo sostiene que los casos que se descartan por razones administrativas son aquellos que surgen por errores cometidos al procesar los datos de los pacientes. En cambio, dice, en los casos descartados por un “acto clínico” interviene “un profesional de blanco”. Los ajustes administrativos, sostiene, se hicieron en 2010 y con ellos se bajó de 380 mil a 340 mil la lista de espera: “Ahí se ordenaron los datos de quienes aparecían dos veces en el sistema, con errores en el RUT o mal registrados. Esos son errores en el papel y a eso me refiero como gestión administrativa, donde no hay metido un profesional de blanco en el proceso”.

-Pero si un ciudadano ve al ministro diciendo “cumplimos”, puede pensar que los médicos atendieron a los 340 mil pacientes y no se imagina que existen miles de “excepciones” sin atención hasta ahora no cuantificadas.
-Es que ahí hay un problema de lenguaje. Cuando el ministro dice eso, quiere decir que no hay ninguna de esas garantías retrasadas, ninguna de esas personas está en situación de reclamo (…). No hemos visto a ninguno de esos pacientes que haya venido a quejarse a Fonasa. Y ese es el sentido del “cumplido” -responde Uriarte.

Las 20 personas se hicieron el examen del Sida en el Hospital del Salvador en 2007. Sus resultados fueron registrados por el Instituto de Salud Pública (ISP) en el mismo “legajo” y lo grave es que, al menos en uno de esos casos, se pudo comprobar que no se notificó al paciente que sí tenía el virus. Por esa razón, se sospecha que todo el legajo, guardado en un mismo sobre, pudo haberse extraviado y que los otros 19 pacientes tampoco recibieron sus resultados.

A pesar de todos los intentos desplegados por CIPER ante las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital del Salvador, ninguna de esas entidades aclararon qué ocurrió con los exámenes de los 19 restantes.

La situación es delicada. Se trata de una veintena de potenciales portadores de VIH que, desinformados de su condición de seropositivos, pueden haber transmitido el virus a otras personas en estos cuatro años. En los hechos, es una alarma de salud pública. Con el agravante de que surge precisamente cuando el Estado presenta una campaña en que llama a la población a confiar en su red de atención para hacerse este mismo examen.

Ya en 2008 la entonces ministra de Salud, María Soledad Barría, debió abandonar su cargo tras conocerse que 25 personas no fueron notificadas de los resultados positivos de los exámenes de Sida que se practicaron en el Hospital de Iquique. En esa oportunidad, la muerte de una dueña de casa y de su marido -que al fallecer dejaron a dos hijas- porque no recibieron tratamiento a tiempo, agudizó la crisis.

A esto se suman otros dos casos de abierta irregularidad en la notificación, ambos del Hospital de Talca, de mujeres embarazadas que fueron informadas erróneamente como portadoras del virus. Uno de estos episodios ocurrió en 2006 y el otro en 2007. En el primero, la Corte de Apelaciones de Talca ordenó pagar una indemnización de $20 millones a la afectada; y en el segundo, un fallo de primera instancia estimó que debe repararse a la víctima con $30 millones.

CIPER consultó al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador por la suerte que corrió el legajo con los resultados de los 20 pacientes que se hicieron el examen en 2007, pero no recibió respuesta. Desde el ministerio se informó que no se referirán al tema porque están en medio de la investigación. En tanto, la directora del hospital, María Luisa Sepúlveda, se comprometió a entregar a CIPER una respuesta formal el lunes 21, pero eso no se cumplió.

LA DENUNCIA DE M.G.

El lunes 14 el ministro Mañalich formalizó el lanzamiento de la nueva campaña, cuyos spots son protagonizados por personajes del espectáculo y la TV, entre ellos el cantante Leo Rey, vocalista del grupo tropical La Noche, quien paradójicamente el año pasado se vio envuelto en un escándalo por la adulteración de su examen de sangre para realizar una alcoholemia. Los spots serán transmitidos desde diciembre a febrero bajo el eslogan “Yo me hice el examen del Sida. Sea positivo o negativo, siempre gano”.

El que resultó siendo un neto perdedor fue M.G., un joven abogado que se hizo el examen respectivo en 2007 en el Hospital del Salvador (HDS) y al que no le comunicaron que el resultado fue “positivo”, es decir, que era portador del virus y que si no se sometía a tratamiento desarrollaría la enfermedad. M.G. lo descubrió casi tres años después, cuando decidió volver a hacerse el test por su propia iniciativa, debido al complicado estado de salud que lo afectaba. Y se entiende, sus datos clínicos indican que a esa fecha el silencioso avance del Sida le había hecho perder 15 kilos, además de provocarle diarreas crónicas y de tener el cuerpo inundado de extrañas manchas en su piel.

M.G. se hizo el examen en el mismo Hospital del Salvador en octubre de 2007 debido a una derivación calificada como “urgente” por el médico Raúl Novoa tras haber examinado al paciente. En esa ocasión, M.G. firmó la carta de consentimiento que exige la normativa y la ficha de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), con todos sus datos, incluyendo los de su pareja, para que en caso de ser positivo el resultado pudiesen comunicárselo a la brevedad.

Después de tres semanas sin tener información del resultado por parte del recinto hospitalario, M.G. concurrió a la Unidad de Dermatología del hospital donde recibió una respuesta verbal:

-Me dijeron que no debía preocuparme, pues no había ningún resultado positivo con mis datos y que atendido al tiempo pasado –tres semanas- era seguro un resultado negativo, pero que en todo caso, tenían todos mis antecedentes para localizarme ante un resultado desfavorable -cuenta el afectado.

El abogado confió en el sistema de salud y siguió con su vida normal, tanto laboral como afectiva. Exactamente un año después, en octubre de 2008, debido a un evidente desgaste físico y mental, se practicó un nuevo examen, esta vez en el laboratorio privado Medicenter, que tenía convenio con su isapre. Una semana más tarde fue notificado por el laboratorio de que el resultado de su examen era negativo: no tenía el virus (vea el documento).

A pesar de la tranquilizadora respuesta de Medicenter, a fines de 2009, M.G. volvió a sufrir un grave desgaste físico. Convencido de que no tenía Sida y que sólo podía ser un cuadro de estrés por razones laborales, el profesional tomó otras medidas y no puso como prioridad realizarse un nuevo examen para detectar el virus VIH.

Poco después, a principios de marzo de 2010, M.G. sufrió un deterioro grave y evidente de su estado de salud. Visitó varios médicos y se realizó una serie de exámenes de laboratorio. Los especialistas le explicaron –cuenta- “que se trataba de un cuadro por estrés producto del terremoto y las pérdidas materiales de mi familia en Talca”.

Pero la salud de M.G. seguía empeorando. A mediados de abril de 2010, decidió junto a su pareja asistir a la Red de Salud de Conchalí, donde se sometieron nuevamente al examen de Sida. En apenas una hora les informaron que ambos resultados eran positivos y que se enviarían muestras al laboratorio del ISP para confirmarlo. Una semana después M.G concurrió personalmente al ISP a pedir los resultados. Si ya estaba estresado por la situación de salud que lo aquejaba, la respuesta que recibió lo golpeó duramente:

-Me informaron que fue innecesario confirmar en el ISP la última muestra (la de abril de 2010), porque fue considerada confirmación del resultado positivo del examen que me había hecho en octubre de 2007 en el Hospital del Salvador. Es decir, el ISP me tenía registrado con VIH positivo hacía dos años y medio, desde que el hospital les envió la primera muestra que me tomaron -dice M.G.

DISCRIMINACIÓN LABORAL

 La noticia desestabilizó a M.G. Los datos proporcionados por el ISP le indicaban no sólo que estaba afectado por el virus VIH, sino también que él era responsable del contagio de su pareja. El cuadro de estrés agudo y de ansiedad que desarrolló a partir de ese momento fue inevitable. Eso se sumó a su creciente pérdida de peso, a la colitis crónica y a la agudización de sus problemas dermatológicos. M.G. estuvo a las puertas de la muerte:

-Por no ser informado y no recibir la terapia a tiempo, desarrollé hasta la tercera fase de la enfermedad, que tiene cuatro. Yo estuve grave, con toxoplasmosis, a punto de pasar a la cuarta fase.

La dramática experiencia que vivió este joven abogado no terminó ahí. Desde que fue notificado como seropositivo, M.G. presentó licencias médicas en su trabajo. En ese momento ocupaba una plaza de abogado en una institución del aparato público. Al tramitar una cuarta licencia la encargada de Recursos Humanos de la entidad le advirtió que había dudas acerca de la veracidad de sus enfermedades y le señaló que serían rechazadas. En esa situación extrema, M.G. decidió sincerarse y contarle su situación. Todo esto bajo el entendido de que se trataba de antecedentes cuya reserva está amparada por ley. Dos semanas después fue notificado de su despido por “necesidades del Servicio”. (vea el documento)

El escritor y presidente de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, que ha brindado apoyo a M.G., señala que éste fue derechamente discriminado en su empleo por su condición de salud:

-Si tuviéramos una ley antidiscriminación, podría haber una demanda. Si hay un lugar donde debemos respetar el principio de igualdad y no discriminación, es en el aparato público. Esta nueva campaña del Ministerio de Salud llama a hacerse el examen (de Sida), pero después que la gente lo hace, la despiden del trabajo -señala Simonetti.

Por esta misma razón, Simonetti rechazó este año ser uno de los “rostros” de la campaña porque concordó con las críticas de las ONG dedicadas a defender a la población afectada por el virus y a prevenir su expansión. Los principales cuestionamientos apuntan a que el contenido de la campaña no fue consultado con las organizaciones civiles (como lo establece la ley) y a que nuevamente se incurrió en el error de no poner el acento en conductas preventivas de autocuidado, como el uso del preservativo. (Ver recuadro)

La senadora Ximena Rincón (DC) fue contactada por Simonetti, quien le expuso la dramática experiencia de M.G. La parlamentaria envió un oficio al ministro de Salud por intermedio de la presidencia del Senado, para que Mañalich le informe “qué gestiones y/o soluciones en su oportunidad se dieron al interesado, qué gestiones y/o soluciones se entregarán a futuro en estos casos y, además, entregar una respuesta en detalle a mi persona”. A más de un mes de enviado el oficio, la senadora Rincón confirmó a CIPER que hasta hoy no tiene respuesta.

LA BATALLA LEGAL

A mediados de agosto de 2010, a casi tres años desde que el ISP lo registró como portador del virus VIH, M.G. recién estaba iniciando su tratamiento. Una vez estabilizada su condición física y asimilado el golpe inicial, recién el joven abogado comenzó a razonar sobre las implicancias legales de lo que había sucedido.

Lo primero que hizo fue concurrir al ISP a pedir explicaciones. Ahí le entregaron una serie de documentos que demuestran que el resultado de su examen fue enviado a tiempo por ese instituto al Hospital del Salvador. El más importante de ellos es una planilla donde figura el legajo con 20 resultados individualizados con códigos -para proteger la identidad de los pacientes-, entre los cuales está el suyo. La planilla lleva al margen del legajo la firma del estafeta del hospital que retiró los 20 resultados el 24 de octubre de 2007. Con ese documento, el ISP acredita que efectivamente envió la información al Hospital del Salvador y que fue en el hospital donde, por las razones que ahora se investigan en el Ministerio de Salud, no se notificó a M.G.

Lo preocupante es que mientras el hospital y el ministerio no entreguen los resultados de su indagatoria, persiste la posibilidad de que ninguno de los 20 resultados haya sido notificado. Y es altamente probable que dentro del legajo hubiese otros resultados positivos, toda vez que los hospitales y consultorios envían al ISP las muestras que dieron positivo en sus propios laboratorios para que sean rechequeadas.

Con estos antecedentes, M.G. presentó ante la Unidad de Mediaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la denuncia y una solicitud de mediación, como paso previo a una posible demanda de indemnización. La mediadora designada por el CDE fue María Elena Piñeiro Ruiz de Gamboa.

-Mis pretensiones de indemnizaciones económicas por daño emergente, lucro cesante y daño moral, ascendían a $308 millones. En la primera reunión de la mediación, el hospital me ofreció $22 millones. Yo les respondí que mi piso era $77 millones, pero con la posibilidad de llegar a un punto medio -dice M.G.

La postura inicial del hospital, cuenta el abogado, cambió en las siguientes sesiones de la mediación. El representante del Hospital del Salvador, el abogado Mauricio Morales Bertetti, no volvió a ofrecer una indemnización e intentó traspasar la responsabilidad primero al ISP, luego al Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) y por último a la empresa de Correos. Pero M.G. exhibe documentos que exculpan a estas entidades.

-El representante del Hospital del Salvador me dice que ellos no son responsables y que no tienen por qué indemnizarme, porque los responsables serían del SSMO. Hice las consultas por Ley de Transparencia al SSMO y me responden que el responsable siempre es el establecimiento hospitalario. En la misma audiencia me dicen que lo pensaron bien y que el responsable era el ISP, porque ellos son los encargados de remitir el resultado positivo y no lo hicieron. Pero el ISP tiene documentos que demuestran que el estafeta del hospital retiró los resultados -cuenta M.G.

Respecto de una posible falla de correos, M.G. dice que en la audiencia de mediación los abogados del hospital indicaron que él se había cambiado del domicilio que registró cuando se hizo el examen y que por eso no pudo ser notificado. Pero el joven abogado demuestra, con certificados extendidos por su corredora de propiedades, que mantuvo la misma residencia durante todo el periodo en que debió ser informado.

Fracasada la mediación lo que viene es una demanda contra el Hospital del Salvador y otra contra el laboratorio Medicenter, que le notificó un resultado negativo cuando él, según los registros del ISP, ya figuraba como seropositivo. Medicenter rehusó someterse a una mediación y comunicó a la Superintendencia de Salud que, de darse el caso, ejercería las defensas legales que considerara pertinentes (ver respuesta del laboratorio).

Material clave para estos juicios será el resultado de la investigación que lleva a cabo en estos días el Ministerio de Salud. Pero los avances de esa pesquisa y, en particular, qué pasó con los otros 19 pacientes que debieron ser notificados del resultado de sus exámenes de Sida junto con M.G., son antecedentes que la cartera, de acuerdo con lo informado por sus encargados de comunicaciones, mantiene bajo estricta reserva. Y ello, a pesar de que se cometió un error que podría acarrear consecuencias nefastas –incluso letales- para muchas personas.

Existe un centenar de estudios que sindican al timerosal como tóxico, pero si quiere aplicar solo el sentido común basta con saber que está conformado en un 49,6% por mercurio, el segundo veneno más tóxico en el planeta después del uranio; que los operarios que manipulan mercurio trabajan protegidos como astronautas y lo almacenan a cinco metros bajo tierra; que en 1991 fue retirado de las vacunas para perros; que existe un sinnúmero de convenios y tratados internacionales que han creado protocolos para su comercialización, transporte, distribución y almacenamiento; que la URSS y todos los países europeos del antiguo “bloque soviético” prohibieron el timerosal en las vacunas infantiles en 1985 y que Austria, Japón, el Reino Unido y todos los países escandinavos siguieron su ejemplo. Esto último, debido a las conclusiones de una investigación desarrollada en 1983 por un equipo de científicos rusos dirigido por Kravchenko.

“El timerosal produce cambios celulares mutagénicos por lo cual puede originar cambios celulares. Su uso médico, especialmente en el campo pediátrico es INADMISIBLE”, indica el estudio de Kravchenko y sus colaboradores.

Cabe mencionar que los estudios “a favor” del timerosal son sólo cerca de 12, todos de tipo epidemiológico, donde se trabaja sobre la base de datos estadísticos; una muestra de la que se puede manejar su procedencia, su número, etc.

En Chile el 5 de mayo pasado se aprobó en la Cámara de Diputados en forma unánime la remoción del timerosal de las vacunas. En agosto los senadores igualmente apoyaron este proyecto de ley, pero antes de que volviera al Ejecutivo surgieron ciertas indicaciones que solicitan mantener trazas de timerosal. Este concepto de “traza” no es tan inocente como parece; puede significar hasta 1 microgramo de mercurio, lo que es demasiado y suficiente para hacer daño en un bebe o niño, al ser inyectado directo al torrente sanguíneo. Hay otra indicación que da a entender que en ciertas circunstancias el Presidente de turno podrá autorizar el uso de timerosal. Por favor, juzgue usted mismo leyendo un extracto de este proyecto de ley:

Prohíbese la importación, comercialización o distribución, a cualquier título, de todo tipo de vacunas que, dentro de sus compuestos, contengan timerosal o compuestos organomercúricos. Sin embargo, se permitirá que en el proceso de fabricación se utilice el etilmercurio con tiosalicilato. Con todo, no se permitirá en el momento de suministrar la vacuna trazas superiores o iguales a un microgramo de etilmercurio por dosis. Solo podrán utilizarse vacunas con etilmercurio, siempre que sean desarrolladas y producidas con posterioridad a la vigencia de esta ley y no existan vacunas que produzcan los mismos efectos que las que contengan el compuesto antes dicho, y el Presidente de la República por decreto y razones fundadas así lo autorice.

La nueva ley comenzaría a regir en un año más, eso podría dar tiempo para “aprovechar” las vacunas FUERA DE TODA NORMA que hay actualmente en stock (con 25 microgramos cada dosis).

¿Por qué es tan difícil entender que no sacamos nada con hacer campañas de Teletón si estamos invalidando los cerebros de niños en masa? Qué parte de las características del timerosal como veneno cancerígeno, teratogénico, mutagénico y neurotóxico no se entiende? Desterremos ABSOLUTAMENTE Y PARA SIEMPRE al timerosal que ha torturado a nuestros niños por décadas. Nadie ha podido defenderlos, ni siquiera nosotros, sus padres, que los hemos llevado, sin saber, como ovejas al matadero; ni los legisladores ni los médicos cómplices silentes ni los medios de comunicación. ¿Quién defenderá entonces los derechos de nuestros niños? Dios mediante, guardo la esperanza de que se apruebe esta ley en Chile, pero sin letra chica, para despedirnos de una vez por todas de la hiperactividad, del déficit atencional, de los trastornos de lenguaje, de los trastornos de aprendizaje… y del ritalín…o su homólogo.

El problemas es que éstas últimas licencias no se pueden cobrar, según el Art.4º del D.F.L. Nº 44 de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque las anteriores están rechazadas, ¿Es posible que me tramiten más de un año para dejarme sin mi justificado ingreso? ¿Es posible que tres médicos de la COMPIN autoricen con todo criterio mi reposo y una Contraloría Médica de COMPIN y SUSESO tengan otro criterio y me rechacen mis licencias sin siquiera citarme a un examen?

Sufro de una afección cardiaca. Los trámites me han agotado física y psicológicamente. Me han solicitado exámenes, informes médicos y todo tipo de antecedentes: fichas clínicas completas del Hospital San Luis de Buin y del Instituto Nacional del Tórax. Todo lo he entregado. Me han hecho incurrir en gran cantidad de gastos en viajes desde Buin, donde vivo, hasta Santiago, sumando los gastos de fotocopias, internet y en innumerables trámites. Todo para encerrarme en un círculo vicioso que sólo conduce a no cancelarme lo que justificadamente me corresponde. ¿Se puede vivir sin un sueldo (mi subsidio) durante más de un año?

Estoy copado de préstamos, saturado de la buena voluntad de parientes, voluntad que también tiene un límite. Hoy, a mis 77 años, tengo una pensión de vejez que ha disminuido por los préstamos que he sido obligado a adquirir; y lo poco de esta pensión que me queda es para cancelar los intereses de la carrera universitaria de mi hija, que para mí es lo más importante. Ante esta situación, he decidido no pedir más préstamos, porque no podré cancelarlos. Lo único que deseo es percibir el pago de mis siete licencias y volver a trabajar.

Con el último oficio de SUSESO negándome las licencias, me han destruido. Nunca antes me había desmoralizado ni me había desesperado, pero ahora creo que uno vale más muerto que vivo, por los seguros de vida y de desgravámenes que se pagan al fallecer. Soy luchador por naturaleza, he superado muchas crisis, pero a mi edad las energías empiezan a agotarse.

Hace unos días tuve que llevar de urgencia a mi esposa al Consultorio Dr. Héctor García por un severo ataque al colon, producto de su estrés ante la determinación de la COMPIN y SUSESO de no cancelar mis licencias médicas. Además, anulé todas mis citaciones al Instituto Nacional del Tórax para un control con el cardiólogo Sergio Bernal y exámenes de laboratorio, por no tener dinero para movilizarme desde Buin a Santiago.

Hoy exijo que se me cancelen mis siete licencias médicas. No voy a aceptar que me traten como un paciente con número de RUT. Soy un ser humano pensante y sensible que cometió “el error” de enfermarse. He invertido mucho dinero en cotizaciones de salud durante casi 60 años, como para que ahora me nieguen este derecho.

Quiero aclarar que no soy un “fresco” que desea descansar a costa de otros. Al contrario, quiero recuperarme parcialmente para volver a mi ocupación, pero para ello necesito urgentemente la cancelación de mis licencias, lo que me permitiría desempeñarme normalmente y subsistir hasta mi primer sueldo.

He solicitado, a través de una carta, una entrevista con la Superintendenta de Seguridad Social, Sra. María José Zaldívar; con la Seremi de Salud, Sra. Rosa Oyarce; con el Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich; con la Ministra del Trabajo, Sra. Evelyn Matthei, y hasta con el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera. Estoy absolutamente seguro de que las autoridades citadas ignoran lo que sus subalternos arbitrariamente determinan. No pueden existir tantas contradicciones y abusos con la venia de autoridades tan importantes. Aún espero la respuesta a mi misiva.

Pienso que en situaciones como ésta debería intervenir la Contraloría de la República o el Consejo de Seguridad del Estado o hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque mi situación es una clara vulneración a los derechos de un ciudadano chileno.

Víctor Sergio Romo Guzmán
RUT Nº 3.647.390-8

El día martes 25 de octubre, mi familia decidió llevarla al Hospital El Salvador. En dicho hospital nos explicaron que tampoco atenderían a mi bisabuela por tener 104 años. Según se nos dijo, es política del hospital que los mayores de 100 años no sean atendidos en ese establecimiento. Esto significa que para poder obtener salud después de cumplir los 100 años, hay que tener dinero para que atiendan a esa persona en una clínica privada. Además, la persona que estaba en la ventanilla encargada de la recepción de los pacientes ese día, dijo que si nuestra bisabuela ya tenía 104 años era preferible que falleciera en su casa en vez de morir en un hospital.

¿Quién es el responsable de que una mujer de 104 años no sea atendida en el sistema público? ¿Cuántas personas están concientes de esta situación? ¿A cuántas personas más se les cerrarán las puertas de los hospitales por superar los 100 años de edad?

A continuación analizaré los principales problemas de la propuesta:

1. Con el precio propuesto, $17 mil por persona, más de la mitad de los dineros del 7% NO serían utilizados para comprar el Plan Universal. La propuesta establece que si el 7% que aporta un afiliado es mayor al precio del plan universal, el dinero sobrante tendrá que ser usado por el beneficiario para comprar planes adicionales, o sea planes donde se discrimina por sexo, edad y estado de salud. En consecuencia, el tema de la discriminación seguirá muy presente en la administración de los dineros del 7% (Fuente de los cálculos: Casen 2009 más supuestos establecidos por el autor).

2. El sistema Isapre se vuelve aún más elitista. Menos de tres millones de chilenos están en el sistema Isapre y son más que nada individuos de clase media-alta para arriba. A ellos su 7% no les alcanza para el plan universal y, según la propuesta, probablemente se irían del sistema Isapre. Simulaciones hechas por el autor, que coinciden con otras aparecidas en la prensa, señalan que un 20% de los afiliados podría salir del sistema Isapre, pues con sus remuneraciones actuales no podrán cubrir los costos del plan para ellos y sus familias. Eso sí, también es cierto que más de alguien se cambiará de Fonasa a Isapre.

3. La financiación del plan universal favorece a los ricos. Cuando se propone un plan universal, es decir, que todos pagarán lo mismo, surge naturalmente una pregunta: ¿de dónde saldrán esos recursos? Una alternativa son los impuestos generales. En este caso, sin embargo, el milagro de cobrar lo mismo a jóvenes y viejos se logra gracias a un sistema que para todos los efectos podemos llamar de reparto. Esto es, un cruce de recursos desde los más jóvenes a los más viejos. Pero esta medida es regresiva si se toman en cuenta las características de los afiliados a las isapres. Dentro de ellos, los segmentos más acomodados son al mismo tiempo más viejos. Por eso el reparto de jóvenes a viejos implica un reparto “hacia ricos”, por decirlo así. Bajo las condiciones del sistema actual, un 10% de los subsidios implícitos en el plan universal serían asignados injustamente al 20% más rico de Chile (Fuente: Cálculos del autor).

4. No se detalla cuál es la magnitud del cambio real que experimentarán los afiliados al sistema Isapre. La mitad de los afiliados al sistema Isapre paga un plan familiar de alrededor de $100 mil, ¿en qué cambiaría para ellos la entrada de un plan familiar de $34 mil? La entrada del Plan Auge en Isapre también auguraba un cambio sustancial en el sistema, pero aparentemente tuvo un impacto modestísimo, pues las Isapres ya tenían incorporados los beneficios y tiempos de atención del Auge. ¿Puede explicar la comisión por qué este plan tendrá un impacto mayor?

5. La iniciativa se levanta sobre supuestos inciertos. Los afiliados jóvenes pagarían aportes solidarios, pero algún día serán viejos y para entonces recibirán subsidios. Pero, ¿se quedarán toda su vida en el sistema Isapre? ¿Hay alguna razón para suponer que recibirán (en promedio) tanto como aportaron a lo largo de sus vidas?

6. Falta de coherencia. ¿Cuál es la coherencia entre el sistema de subsidios de Fonasa y el sistema de subsidios implícito en el plan universal propuesto para las Isapres? La propuesta no se pronuncia sobre dónde y por qué la contribución solidaria de los cotizantes sería mayor: en Fonasa o en Isapre.

El Plan Universal propuesto tiene muchas cosas buenas. Crea un espacio de igualdad y le soluciona problemas tanto a los afiliados como a las Isapres. Pero sin una verdadera discusión sobre los pilares fundamentales de nuestro sistema de Salud, inevitablemente la iniciativa planteada se levanta sobre una escenografía cuestionable, resquebrajada, llena de incertidumbres y desigualdades.

Apenas un 17% de los chilenos están en Isapres, sin embargo discutimos sin cesar una serie de arreglos para ellos: eliminar preexistencias, controlar las alzas de precios, resolver recursos de protección, regular la tabla de factores, controlar la expulsión de afiliados, proteger los excedentes… la lista es larga. El desafío hoy es mucho mayor. Debemos abordar, de una vez por todas, el debate sobre qué sistema de salud pública necesita Chile. Me refiero, por ejemplo, a los costos y eficiencia del sistema de Salud, a su justicia y solidaridad.

Es bueno hacer un poco de historia y recordar que Chile es uno de los tres países con más obesidad a nivel mundial, enfermedad crónica no transmisible que es la determinante del desarrollo de otras enfermedades crónicas y de las principales causas de muerte en el país, como son las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

El análisis de la situación epidemiológica y las recomendaciones provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron la base para que un grupo de senadores presentara en el Congreso, el año 2007, un proyecto de ley con el objetivo de mejorar el resultado de una serie de actividades que se realizaban en el país para la prevención de estas enfermedades, pero que definitivamente no tenían impacto en la epidemia de obesidad. Se hacía necesario entonces desarrollar y aplicar otras medidas legales como era la calificación de los alimentos en saludables, medianamente saludables y no saludables, a través de una señalética auto-explicativa y la limitación de la publicidad cuando éstos no cumplieran con la calificación de saludables. (Ver informe de la OMS sobre el impacto marketing de los alimentos en los niños)

La iniciativa fue presentada y discutida en el año 2008 en la denominada “Cumbre de Valparaíso” en el Congreso Nacional. En ella participaron connotados expertos internacionales y nacionales, sociedades científicas, asociaciones de consumidores, profesionales y ciudadanos ávidos de ser partícipe de lo que se esperaba fuera la base de uno de los cambios más relevantes en la historia de la salud pública reciente.

Pero la historia de esta ley no podía ser distinta a lo que hemos observado en otros temas. En una sociedad acostumbrada a mirarlo todo desde la libertad y que ha olvidado la importancia y necesidad de otros principios como son la igualdad, la equidad, la fraternidad, la magna reunión tuvo su primera dosis de realidad cuando la industria de alimentos se negó a participar. Los argumentos eran que el proyecto atentaba contra la libertad de las personas a elegir y estigmatizaba los alimentos. Curiosamente los argumentos eran casi los mismos que podemos encontrar en la historia de la discusión del Proyecto de Ley del Tabaco, las frases eran casi iguales. (Ver Ley 19.419-1995)

Pero mientras el Proyecto daba vueltas en el Congreso, con suficientes pausas para largas discusiones y “lobby” empresarial, la cantidad de personas en Chile, niños y adultos con obesidad, seguía creciendo, alcanzando una cifra superior al 22 % en el caso de los niños y una superior en adultos y embarazadas. Éste definitivamente era un tema, la prensa hacia reportajes de lo poco saludable de los alimentos en los colegios, de lo difícil que era controlar la adicción de comer de las personas, los expertos daban clases en los matinales, en los noticieros, las universidades desarrollaban actividades y materiales educativos, pero en definitiva, seamos sinceros, nada ha dado buenos resultados.

El proyecto original en su trámite legislativo fue cambiado, podado, transformado y gran parte del espíritu original se perdió. El lobby es poderoso. En enero de este año, un grupo de senadores en comisión mixta logra reponer parte del articulado que permitía cumplir con los objetivos iniciales del proyecto de ley. Es decir, permitiría a los consumidores chilenos poder elegir de una manera fácil alimentos saludables, que los colegios cambiaran su oferta, que se aumentaran las horas de actividad física y que no se abusara de la credulidad y de la ingenuidad de los niños a través de la publicidad. Tal como el chocolate del Súper 8 cuando está en el bolsillo de los escolares y escurre con el calor, estos articulados se empezaron a esfumar. Sí, porque no todo podía ser tan fácil.

El Ministerio de Salud, escuchando probablemente a las empresas de alimentos, presiona a los parlamentarios para que el articulado del proyecto se cambie. La oposición negocia con el Gobierno un veto, nadie sabe por qué, ni en qué momento, pero negocian y firman un acuerdo para modificar tres puntos del proyecto a cambio de su aprobación: retirar la prohibición de venta de comida chatarra en las universidades; eliminar el artículo que daba sustento a una recomendación OMS para propiciar la lactancia materna exclusiva y que permitía prohibir la publicidad de fórmulas lácteas infantiles y la obligación de incluir la educación nutricional en los curriculum escolares. Al final, acuerdo mediante, la ley es votada favorablemente por ambas Cámaras.

Pero el acuerdo de tres puntos no fue respetado por el Gobierno y el veto presidencial modifica a través de adiciones, sustituciones y supresiones todo el articulado de la ley recientemente aprobada. El proyecto quedó transformado, limitado y cambiado. Mentes y manos expertas en lo legal modificaron con la precisión de un relojero suizo el articulado dejando a la oposición en la dificultosa tarea de tener que rechazar el veto, pero sin la seguridad de poder reponer el articulado original dado la necesidad de un alto quórum. La oposición está en un dilema: lo pierde todo o negocia y acepta parte del veto. El resultado será de todas formas una mala ley, casi decorativa.

Quizás es esta forma de hacer la política, de espalda a la ciudadanía y a los consumidores, la que contribuye a que todas aquellas medidas destinadas al bien común se pierdan en los largos pasadizos del Congreso. Ya no hay vuelta, el chocolate del Súper 8 se ha derretido. Y el chocolate cuando se derrite suele ensuciar, hay que lavar y limpiar, como probablemente habrá que hacer para recuperar una vez más la confianza en la clase política. Pero, por mucha azúcar que tenga el Súper 8, el sabor amargo será difícil de superar. Lo que no cabe duda es que escucharemos muchas declamaciones acerca del éxito de contar con una ley como ésta, pero la realidad será otra: nuestros niños seguirán comiendo Súper 8 y enfermando. Al final de cuentas y al igual que en otros temas, todos habremos perdido algo de la confianza en nuestra clase política y en la forma de gobernar.

Como toda escoba nueva, los primeros meses todo anduvo bien. Los pacientes asistían a la clínica, se les atendía (y se les atiende) con los mejores materiales dentales, buenas acomodaciones, mejores laboratorios. En fin, como cualquier otro paciente particular. El problema no está en el paciente pues él cancela la totalidad de su atención antes de ingresar. En mi caso el problema no está en mí, y de ello pueden dar fe cada uno de los pacientes a los que yo he atendido, SIN EXCEPCIÓN, y que hoy lamentan la situación en la que estoy y en la que están los pacientes que se siguen suscribiendo al programa.

El problema está en Areadent, empresa que les ha entregado maliciosamente información sesgada en cuanto a tratamientos y coberturas. Por otra parte, el programa ha estado cambiando sostenidamente las reglas del juego en relación a pagos, pues unilateralmente ha determinado requisar un 10% de los valores por concepto de “comisión”, aparte de los gastos de administración que suelen ser hasta de un 20% (ya van 30% menos del costo que paga el paciente aparte de la actual incorporación de $39.900) y, más encima, debe descontar un 10% por boleta profesional. Este total disminuido de esta forma debiera pagarse en dos partes, pero he allí el problema: CHILESONRÍE NO ESTÁ PAGANDO A LOS ODONTÓLOGOS QUE INGRESAMOS AL PROGRAMA. Y, según me vengo a enterar, esto viene sucediendo hace bastante tiempo. Por lo que veo, captan a un colega, lo tratan bien al comienzo para que se entusiasme y luego comienzan las trabas: nuevas modalidades, nuevos descuentos, falta de pago en las fechas indicadas, devolución de boletas por cualquier concepto (la cosa es tirar la pelota hasta que termine el partido).

La primera vez que me dijeron que no había pago, la razón fue “falta de liquidez”. Ahora, simplemente no hubo razón para el no pago. En estos momentos estoy a la espera de que cumplan la promesa de pago para el 17 de mayo, 17 de junio y 17 de julio. Mientras tanto, me angustia ver cómo mis pacientes se desesperan porque no saben si sus dineros serán entregados a su dentista tratante. Muchos de ellos han reclamado telefónicamente al programa, pero no hay solución. Así es que sigo tratándolos, pagando mi error para que ellos no pierdan su plata. Otra vez pierde el dentista. Los pacientes y nosotros hemos sido engañados. El problema es que ya no quiero seguir atendiendo, pues veo que lo estoy haciendo a riesgo de perder todo. Avisé al programa que detendría las atenciones. ¿Qué pasará cuando los dentistas al fin nos unamos y decidamos no seguir atendiendo a estos pacientes? Ufff… es terrible. Soy colegiada y he acudido al Colegio de Dentistas de mi región. Espero que el Colegio Nacional resuelva pronto. ¡Ah! debo decir que, aparte de esto, la evasión de impuestos es salvaje, ya que los pacientes no reciben boletas por sus dineros, sólo el comprobante de depósito. Tampoco envían a los dentistas una boleta por concepto de cobro de comisión, la cual he pedido hasta el cansancio, sin obtener resultados.

Bueno, ésta es la otra cara de la moneda. Como ven, alguien está ganando mucha, pero mucha plata y no somos los dentistas asociados a este programa, que aún se publicita de la forma más engañosa, ni son mucho menos nuestro crédulos pacientes. POR FAVOR, A QUIENES ESTÁN AÚN EN LA DUDA, NO ARRIESGUEN SU PLATITA.

Respecto del primer punto su respuesta fue: “Tómese un antiinflamatorio (me dio una receta para comprar Celebra) y sáquese una ecografía y me la trae”.

Respecto al segundo punto, y tras señalarle que para tratar la epicondilitis ya había sido infiltrado dos veces y además tenido más de 30 sesiones de kinesiología, me dijo “lo mejor es operar”. Le señalé que la información que yo tenía es que ni el 2% de las epicondilitis se opera, porque el resultado es malo. “Tráigame la ecografía del pie y ahí vemos”.

El viernes 8, y viendo que aumentaban el dolor y la dureza en la planta del pie, concurrí nuevamente a la Clínica Santa María donde el doctor Azócar. Me señalaron que no estaba. Pedí atenderme con otro médico, ya que el dolor aumentaba y tenía la ecografía. Me dieron hora con el doctor Díaz.

El doctor Díaz, con ecografía en mano y viendo la protuberancia de la planta del pie, me indicó que tomara un antibiótico (me dio una receta para comprar Flucloxacilina) y que mantuviera reposo. Le señalé que me parecía extraño esperar, ya que sin ser yo médico y viendo que se veía ennegrecida la piel, creía indicado hacer una incisión para tomar una muestra. Me dijo que volviera el lunes y lo vería conjuntamente con el doctor Azócar.

Le tomé una foto al pie con mi celular (fue una tincada).

Hice el reposo indicado. La molestia fue aumentando y la planta del pie se siguió hinchando y cambiando de color.

Durante la noche del domingo sentí fuertes dolores, que no me dejaron dormir bien. Tomé cuatro paracetamol durante la noche.

El lunes 11 decidí concurrir a Urgencia de la Clínica Dávila, ya que mi plan con isapre Vida Tres la considera como convenio. Manejé con gran dificultad. Llegué a eso de las 10:30. Estacioné frente a la puerta de Urgencia y le pedí a un guardia que me ayudara. Trajo una silla de ruedas y dejé estacionado el auto en ese mismo lugar. Le pregunté si le dejaba las llaves por si había que moverlo. Me respondió que si era necesario, me ubicaría. Me acercó en la silla de ruedas al mesón donde me preguntaron lo habitual para una urgencia y me hicieron firmar un pagaré para recién entonces ver si había posibilidad de atención. Después de esperar cerca de media hora, me llevaron a un box.

Apareció un médico joven (creo que se llamaba doctor Lira), que me preguntó por lo que me traía a Urgencia, mientras miraba el estado en que se encontraba el pie. Tras comentar que se veía feo, fue a llamar al médico a cargo, el doctor Terrazas, que apareció después de 15 minutos. (Se me ocurrió tomar una foto del pie, como prueba del estado en que llegué a la clínica). El doctor Terrazas repitió que se veía feo. Me preguntó si tenía diabetes. Respondí que no. Me dijo que pediría la opinión de otro medico especialista y apareció tras otros 15 minutos con el traumatólogo doctor Monasterio. Me preguntó si tenía diabetes. Le dije que no. Tras comentar este último que esto se veía feo, señaló que sería conveniente hacer un drenaje. Al parecer “alguien” se atrevió a ordenarlo (¿?) y fue ejecutado por personal auxiliar. Afortunadamente, “alguien” contactó a un infectólogo, quien ordenó un cultivo, que fue efectuado sobre la marcha. En un momento había cuatro médicos y dos auxiliares en el box. Me preocupé: mucha gente para un caso… Luego, desaparecieron todos. Cogí el celular y saqué una foto tras el drenaje.

Después de otra media hora de espera, el doctor Terrazas apareció y me señaló que era conveniente que me internaran para aplicarme unos antibióticos intravenosos, a lo que asentí. Me señalaron que el doctor Zink había sido asignado al caso.

Me trasladaron a un habitáculo con cortinas, donde me tuvieron por más de una hora hasta que apareció un funcionario que, tras señalarme que yo era apto de crédito, pues habían visto en el sistema si tenía Dicom, me pidió firmar otro pagaré y gentilmente me dio a elegir el tipo de habitación.

Alrededor de las 16:00 llegué a la habitación 523 b, donde me recibió la enfermera señorita Gisela. Me hizo las preguntas de rigor (léase alergias, enfermedades, etc.)
Al preguntarle si podía tomar agua y si era factible comer algo, ya que estaba en ayunas, me señaló que tenía que consultarlo con el médico asignado al caso, el doctor Zink, pero que no sabía dónde ubicarlo.

Eran las 18:00 y aún no aparecía el doctor Zink. Nuevamente le pregunté a la enfermera señorita Gisela si podía beber y comer algo. Me contestó que dependía del doctor. Tampoco me permitió ir a orinar. Respecto del doctor Zink, sólo me señaló que “parece que está en pabellón”.

A las 19:30 apareció en la habitación el doctor Manfred Zink. Me preguntó si tenía diabetes. Le dije que no. Luego me dijo que él no tenía nada que ver con este tipo de problema, que debería verlo un traumatólogo especialista en pie.

Ante esta situación me exasperé y le dije que esto estaba rayando en lo increíble. Horas esperando sin agua, sin comida, sin un médico a cargo, sin poder orinar, con una enfermera inepta, siendo un caso de Urgencia. Me dijo que había un libro de reclamos.

Se fue y volvió a la media hora. Me dijo que había contactado a un traumatólogo, el doctor Besser, y a una infectóloga, la doctora Bustamante, pero que me verían al día siguiente. Autorizó una dieta normal y pude ir al baño. Asimismo cogió instrumental e hizo una curación provisoria, cortando los excedentes de piel después del drenaje.

A las 22:00 apareció una auxiliar con comida liviana y una botella de agua. Posteriormente me pusieron una aguja y empezaron a introducir analgésicos y otras cosas desconocidas.

El martes 12, alrededor de las 10:00 vino el doctor Zink para ver cómo estaba. Me reiteró que vendrían los médicos ya mencionados. A eso del medio día apareció el doctor Besser. Vio la herida y dijo que eso no lo veía él, que llamaran al doctor Salas para que efectuara un aseo quirúrgico y se fue, sin antes preguntarme si tenía diabetes.

Después de las 14:00 llegó la doctora Bustamante. Me dijo que había visto el preinforme del cultivo y que había indicado unos antibióticos. Agregó que tendría que esperar hasta el día siguiente para ver el resultado definitivo.

Por la tarde apareció el doctor Salas para decirme, amablemente, que había solicitado pabellón y que se programó para las 20:00. A las 20:15 pasó a decir que lo postergaron para las 22:00, que tuviera paciencia y cenara tranquilo. A eso de las 22:00 nuevamente me dijo que habían postergado el pabellón para las 24:00. Me dormí. De repente sentí que alguien me despertaba. Era el doctor Zink que pasaba a verme. Le comenté de las postergaciones en pabellón.

Recién a la 01:30 del miércoles 13 me llevaron a pabellón para el aseo quirúrgico. Se acercaron dos doctoras anestesistas muy amables. Me dieron alternativas de anestesias (raquídea o total), todo ello al ritmo de la música ambiental (salsa y reggaeton). Escogí raquídea y les pedí que me indujeran el sueño porque estaba tenso y más con esa música. Accedieron.

El doctor Salas me preguntó si tenía diabetes. Le dije que no. Al parecer no me creyó. Ordenó una muestra inmediata. Confirmado: No tengo diabetes. Le consulté al doctor Salas por qué tantas veces la misma pregunta y me respondió que el examen que me hicieron en Urgencia mostraba índices altos (¿?).

Me dormí.

Desperté a las 03.45 en recuperación. A las 04:00 estaba en la habitación. Exhausto. Me pregunto cómo estaría el doctor Salas después de 20 horas de trabajo continuo. Yo sólo esperaba que hubiera hecho un buen trabajo en esas condiciones laborales. Dormí un par de horas. A las 06:00 ya estaba la auxiliar despertándome para hacer el aseo personal.

Durante el día apareció el doctor Zink, muy atento, para saber cómo iba todo. Le pregunté si seguía a dieta, ya que el desayuno y las comidas eran un tanto frugales. Me señaló que podía comer normalmente.

Me acordé que el auto lo había dejado en la puerta de Urgencia. Tres días estacionado frente al acceso y nadie reclamó ni me pidió las llaves. Llamé a un amigo para que lo viniera a buscar.

El jueves fue distinto. Parece que surtió efecto el reclamo respecto de la dieta. Cambió la cantidad. El desayuno se duplicó. El almuerzo fue bueno. La enfermera era otra. Me dijo que la doctora Bustamante vendría por la tarde. No apareció. Apareció el doctor Salas, para comentarme que había tomado otra muestra de tejido para análisis. Me pareció proactivo de su parte.

Me dieron “once” contundente. Pensé: “¿Me estarán dorando la píldora por lo mal que me atendieron al principio?” A las 19:30 trajeron la cena. No pude comerlo todo. Me llamó la atención nuevamente que la misma auxiliar de día estaba en el turno de noche. Explicación: falta personal.

El viernes 15 nuevamente me visitó el doctor Zink. Muy gentil. En la misma mañana apareció el doctor Salas a hacer la curación. Encontró que había evolucionado bien la herida. Le tomé una foto. Le pregunté si podía irme. Me señaló que la doctora Bustamante definía si estaba en condiciones para el alta.

Después de almuerzo, a las 13:00, apareció la doctora Bustamante. Vio la foto de la herida tras la curación. Me dijo que estaba muy bien. Que había sido un stafilococcus. Algo que todo el mundo tiene en la piel y que se mete al organismo por cualquier lugar de tejido débil. Es muy común. Me recetó un antibiótico -Cefadroxilo, un gramo cada ocho horas por 10 días- y que podía irme. Pero el alta no lo daba ella, sino el doctor Salas (¿?). Me anotó el nombre de otra doctora para que me controlara en una semana, porque ella no tiene consulta (¿?).

Llamé a la enfermera señorita Gisela (la misma del primer día que me tuvo sin agua y sin comida) para pedirle que ubicara al doctor Salas para el alta. Me dijo que no podía ubicarlo, porque los teléfonos no funcionaban (¡!). Tras esperar por largas horas le comenté a una auxiliar lo de los teléfonos. Me señaló que era cierto, pero que ella ubicaría al doctor Salas. En menos de 15 minutos estaba el doctor Salas con el alta, lamentando haberme hecho esperar torpemente toda la tarde. Nadie le había avisado. Me indicó que volviera el lunes 18 entre las 17:00 y 19:00 en la zona de consultas para hacer una curación. Agregó que fuera a la consulta del doctor Besser (Vidaintegra) para ver si era necesario un injerto de tejido (¿?).

A las 18:15 me dieron el alta. La auxiliar que me llevó en silla de ruedas hasta la salida de la clínica me hizo firmar un papel y me entregó otro que decía: “Ud. tiene un plazo de tantos días para arreglar el pago”.

Tomé un taxi y arranqué de la Clínica Dávila.

Otros antecedentes:
-El suscrito es cliente de isapre Vida Tres desde 2003. Tiene 56 años.
-En 2005 enfermó de depresión severa. La isapre le caducó el contrato por supuesta preexistencia. Por orden de la Superintendencia de Salud debió reincorporarlo.
-Trasladó su domicilio donde su madre de 89 años actualmente, por falta de medios económicos.
-Dificultaron el pago de Licencias Médicas durante más de 16 meses, teniendo que ir periódicamente a la Compin . Sufrió varias recaídas.
-Dejaron de pagar las Licencias Médicas durante más de 10 meses.
-Por orden de la Superintendencia de Seguridad Social le pagaron todo de una vez.
-El suscrito fue pensionado por Invalidez Transitoria en 2008 con $410 mil mensuales.
-Se acogió a Ges-Auge con diagnóstico Depresión severa refractaria. Está en terapia semanal y control médico psiquiátrico periódicamente desde hace tres años.
-La isapre Vida Tres comunicó al suscrito la modificación de valor de su plan por cambio en el factor etáreo, aumentando el valor en más de 50%, por lo que presentó ante la Superintendencia de Salud un solicitud de arbitraje, para suspender ese reajuste.
-Por lo anterior el suscrito es cliente cautivo de isapre Vida Tres.

La isapre Vida Tres, la Clínica Santa María y la Clínica Dávila pertenecen al holding Banmedica, como asimismo Vidaintegra.

Chile, al igual que muchos países en el mundo, presenta un aumento creciente de niños y adultos con sobrepeso y obesidad, ubicándose dentro de los tres primeros con mayor prevalencia de obesidad infantil a nivel mundial. La principal causa de la obesidad está determinada por el exceso de ingesta de energía por sobre el gasto de la misma, mediado por factores sociales, genéticos y ambientales. El rápido aumento de la obesidad infantil en Chile -de un 16% en los años 90 a un 23% en 2010- sugiere que los factores genéticos no son la causa fundamental del problema, porque el patrimonio genético ha permanecido relativamente estable en el tiempo. Las causas son entonces, la expresión de factores ambientales inadecuados: una alimentación desbalanceada, por abandono de la dieta tradicional e incorporación de alimentos altamente industrializados con alto aporte de calorías, grasas, grasas trans, azúcar, sal y por un marcado sedentarismo.

El Proyecto de Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y elaborado por un grupo de expertos nacionales y connotados expertos internacionales, como los doctores Pekka Puska, Philip James y Ricardo Uauy, pretendía establecer la entrega de información clara y sencilla acerca de la composición nutricional de los alimentos, facilitando su selección al momento de la compra e incentivando a las empresas a producir alimentos más saludables.

Este proyecto extensamente discutido ha tenido un largo trámite, siendo sometido por la Comisión de Salud del Senado a una discusión pública con las autoridades de Salud del momento, académicos y miembros de la sociedad civil en marzo de 2007 durante la denominada Cumbre de Nutrición de Valparaíso, que se efectuó en el Congreso Nacional. Esta cumbre contó con la asistencia de alrededor de setecientas personas, en la que participaron sociedades científicas, universidades, organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, pero que curiosamente no contó con la participación de la empresa de alimentos chilena, ni de sus asociaciones gremiales que se autoexcluyeron de la convocatoria.

El problema es que una mala alimentación condiciona la obesidad infantil y determina la aparición de otras enfermedades crónicas (hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial) en una etapa precoz de la vida. Se estima que todas esta enfermedades se incrementarán aún más en las próximas generaciones, determinando mayores necesidades de atención médica, que se sumarán a las otras ya urgentes necesidades en salud de los chilenos. Indudablemente los costos en salud aumentarán, así como la necesidad de nuevas prestaciones de salud que permitan tratar adecuadamente a los enfermos.

Para enfrentar esta epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles existen dos vías de abordaje: el enfoque curativo tradicional que requiere de una gran cantidad de recursos para brindar una atención eficaz o la prevención primaria que traslada el enfoque desde una responsabilidad individual a una de mayor responsabilidad social.

Para el enfoque preventivo, lograr que la alimentación sea saludable es determinante, porque de ella depende el tipo de nutrientes y otros componentes que entran al cuerpo y que influyen no sólo en la salud y la enfermedad de las personas, sino también en su causa de muerte. Numerosos estudios muestran que los chilenos optan cada vez con mayor frecuencia por alimentos industrializados, con un alto porcentaje de grasa, grasas saturadas y trans, sal y azúcar, listos para el consumo o de fácil preparación, permitiendo a las personas satisfacer sus demandas alimentarias y optimizar su escaso tiempo libre, convirtiéndose en una alimentación poco saludable y desbalanceada, baja en verduras y frutas y con componentes riesgosos para la salud.

La ley de la oferta y la demanda, una ley básica de la economía, establece que a mayor demanda del bien existirá un mayor precio y que una menor demanda hará que los precios caigan. Pero a diferencia de las frutas y verduras, esto no aplica a este tipo de alimentos procesados porque cuando su demanda aumenta, los precios caen producto de un mayor volumen de producción, que permiten a las empresas aumentar sus ganancias por volumen de ventas, aún cuando el precio por volumen unitario sea menor.

No sólo el precio es determinante en la selección de estos alimentos. La mezcla de grasa, azúcar y sal, utilizada como un poderoso saborizante, cambia las preferencias alimentarias, especialmente de los niños, generando comportamientos cercanos a lo adictivo, desplazando el consumo de frutas, verduras y comida casera que no tienen los atractivos sensoriales de los industrializados. Si a esto agregamos su atractiva forma de comercialización con envases llenos de colores, en diferentes formatos, asociados a promociones, regalitos, figuritas y una potente publicidad en los medios masivos, la oferta es casi imposible de resistir. Ante este escenario, las campañas de alimentación saludable impulsadas por las autoridades, destacando sólo atributos nutricionales, son casi ingenuas y decorativas, incapaces de competir con todo un sistema científicamente desarrollado para incentivar el consumo, que utiliza la credulidad de los niños para optimizar sus resultados.

Juego desigual

Una vez presentado este proyecto de ley en el Congreso algunos artículos fueron excluidos tempranamente, como el que permitía el uso del “semáforo nutricional”, cuyo objetivo era ayudar al consumidor a identificar alimentos saludables, pero que según las empresas significaba estigmatizarlas y constituía un atentado contra la libertad de comercio.

El juego no puede ser más desigual para los consumidores. Las empresas pueden producir a su gusto, sin informar adecuadamente, con rotulados incomprensibles, con campañas millonarias de publicidad, con psicólogos, antropólogos y neurofisiólogos estudiando el comportamiento de compra de niños y adultos para optimizar las ventas. El resto de los chilenos debemos conformarnos con débiles campañas de alimentación saludable y promoción del deporte, que no alcanzan a informar adecuadamente la complejidad de la alimentación y los factores psicosociales involucrados que median en la alimentación y los estilos de vida.

Así, en la larga discusión del proyecto de ley muchos artículos originales fueron limitados o suprimidos, convirtiéndose en un proyecto diferente al original y que no cumplía con los objetivos iniciales. Quizás algunos pensaron “está bien aprobar el proyecto, pero cambiemos los artículos relevantes y dejemos un poco para que todo parezca mejor, pero que al final todo siga igual”. Afortunadamente, muchos de los artículos fueron repuestos en la Comisión Mixta parlamentaria que volvió a revisar el proyecto. Así llegó esta semana a su votación final en el Senado. Y a partir de ese momento pudimos ver cómo los grandes poderes se ponen en evidencia tratando de evitar su aprobación. Todo aquello declarado como “responsabilidad social empresarial” durante años, se va al suelo cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) declara que la aprobación del proyecto puede impedir el apoyo a campañas tan emblemáticas como la Teletón o los grandes eventos deportivos.

Los chilenos miramos atónitos cómo ese poder, que suele ser oculto, esta vez se manifestó en el Congreso Nacional en la forma más explícita y brutal, cómo los intereses privados pueden llegar a ser superiores al bien común. Quizás lo que más debiese doler a todos los chilenos fue haber presenciado, pocas horas después de la declaración de la SOFOFA, al ministro de Salud, que debe velar por el cuidado de todos los ciudadanos, manifestando que el proyecto era absurdo e inaplicable y que no contaba con el apoyo de su cartera.

¿Qué podemos pensar los chilenos? ¿Qué debemos pensar? La gente sencilla, las madres de los niños, son conscientes de que esta capacidad individual de elegir alimentos que tanto destacan la empresa y las autoridades, esto que llaman la “libertad de elegir”, se ve sobrepasada por la potente oferta, sabor y publicidad de estos alimentos no saludables, que aunque ellas quieran cuidar la alimentación de sus hijos no alcanzan a lograrlo, porque la oferta está siempre ahí, al lado, las seis a ocho horas que sus hijos permanecen en el colegio, cuando salen de la escuela y suben al bus de vuelta a casa, al prender el televisor y hasta en los textos escolares.

¿Cómo no darnos cuenta de que se abusa de la ternura e ingenuidad de los niños que desean sin filtros todo aquello que se les ofrece? Decir, entonces, que un proyecto que regula la publicidad y venta de alimentos no saludables en los colegios, que obliga a un rotulado fácil y comprensible en los envases de los alimentos para informar al consumidor sobre qué esta comprando y que entrega un mandato a la autoridad sanitaria para ejecutar estas acciones, es “absurdo e inaplicable” demuestra la indeferencia y la estrechez de corazón para con la salud de todos los ciudadanos, especialmente la de los niños. Los chilenos necesitamos este Proyecto de Ley, queremos saber qué comemos, queremos que nos ayuden a cuidar la salud de nuestros niños, que se elaboren alimentos saludables y que prime el bien común por sobre los grandes intereses corporativos. Somos la República de Chile y no una sociedad anónima.