Gonzalo García, uno de los abogados que alegó sobre la Ley de Isapres ante el Tribunal Constitucional, analiza los mensajes que el reciente fallo envía a los distintos actores. Al gobierno y al Congreso, que legisle pronto; a la Superintendencia de Salud, que no se le ocurra regular los planes; y a las isapres, que su libertad contractual tiene límites.
Considerado uno de los ejecutivos más ortodoxo y reacio a las regulaciones del sistema de Isapres, Luis Romero dejó la subgerencia general de Colmena en febrero pasado y a partir del 8 de julio próximo será el encargado de fiscalizarla. En el camino queda el hasta ahora superintendente de Salud, Vito Sciaraffia, quien tenía una tensa relación con el ministro del ramo, Jaime Mañalich. Éste defendió ayer el nombramiento de Romero, argumentando que no intervendría en la regulación del sector ni en el diseño de la nueva ley corta de Isapres y que precisamente por conocer el sistema por dentro, sería un duro fiscalizador. El hecho cierto es que la Ley de Probidad le impediría fiscalizar a su ex empleador por dos años.
Existe una enorme expectación en torno a la decisión del Tribunal Constitucional que podría eliminar los mayores cobros que enfrentan mujeres, adultos mayores y niños pequeños en el sistema de Isapres. Las empresas privadas auguraron un panorama de terror en caso de que eso ocurra, con encarecimiento de planes y éxodo masivos a Fonasa, con el consecuente colapso del sistema estatal. Otros organismos, en cambio, abogaron por el fin de la discriminación y el establecimiento de un sistema más solidario. El gobierno insistió en que impulsaría cambios legales y advirtió sobre el riesgo de que se produzca un vacío legal si se deroga el polémico artículo antes de que se haya diseñado la nueva ley. Cualquiera sea el resultado, el proceso forzará una reforma radical al sistema de salud privado, que ya está siendo seriamente cuestionado por miles de fallos de la justicia ordinaria.
Opinión: Inconstitucionalidad de la Tabla de Factores de Riesgo de las Isapre
Opinión: Las Isapres ante el Tribunal Constitucional: Urgen reglas claras
Cuatro profesores de Derecho Constitucional expusieron esta semana ante el Tribunal Constitucional para argumentar que el artículo que permite aumentar los precios de los planes de isapre de salud según sexo y edad es inconstitucional. Aquí explican por qué y descartan un efecto catastrófico de la eventual derogación de la norma.
El abogado que defendió ante el Tribunal Constitucional los intereses de la Isapre Colmena, explica en esta columna por qué la derogación del artículo 38 ter “no eliminaría de nuestra legislación ni tornaría prohibidas” las polémicas tablas que determinan el alza de los planes. Y pide que en función de que las Isapres han sido “prácticamente invitadas por el Estado a participar en este mercado, con determinadas reglas”, se asuman los efectos de cambiarlas, lo que repercute en sus planes de negocios.
El 27% de las licencias médicas son rechazadas por las isapres. Una de cada cuatro. La cifra dobla las estadísticas del sistema público y da cuenta de uno de los mayores cuestionamientos a las aseguradoras privadas, por cuanto son juez y parte interesada a la hora de autorizar o rechazar los días de reposo. La Superintendencia de Salud ha establecido sanciones por irregularidades que apuntan a rechazos masivos que no son visados por médicos, tal como lo establece la ley. Testimonios recogidos por CIPER apuntan a los mismos vicios, que reportan un ahorro millonario para las isapres. Pese a ello, el gobierno acaba de enviar un proyecto de ley que endurece las penas contra médicos y pacientes que hagan mal uso de las licencias, manteniendo intacto el poder de las isapres para decidir cuánto reposo deben guardar sus enfermos para mejorarse.
Las isapres están en alerta. Los recursos de protección por alzas de precio en los planes de salud que han perdido se cuentan en miles. Las aseguradoras ya han pagado 3 mil millones en costas a abogados que no cobran a los cotizantes. Además, el Tribunal Constitucional ha cuestionado la tabla de factores de riesgo, que permite elevar los precios según sexo y edad. Las isapres temen al efecto de bola de nieve y por ello han fichado a grandes estudios de abogados y se allanaron a negociar un proyecto de autorregulación sobre los aspectos más cuestionables del sistema, adelantándose a una nueva reforma al sector.
En julio de 2008, el Instituto de Salud Pública clausuró el laboratorio Bestpharma y anunció el retiro de todos sus productos. Luego de 31 sumarios desfavorables, se detectó que vendía un medicamento contra el cáncer que era inservible y cuyo registro ya había sido cancelado. Pero Bestpharma nunca dejó de vender sus productos al sistema público. Desde entonces, hospitales, consultorios y hasta la Subsecretaría de Salud le han comprado más de $250 millones en medicamentos. Esto, luego de que la Corte Suprema determinara que no podía producir, pero sí importar. Lo mismo que siempre ha hecho Bestpharma.
En abril de 2009 CIPER dirigió a la Fiscalía Nacional Económica dos solicitudes de acceso a información pública. En ambos casos se pedían documentos relacionados con la fiscalización de productores y comercializadores de medicamentos: laboratorios y farmacias. En todo momento la FNE mantuvo un expedito canal de comunicación para informar sobre los avances en la búsqueda de los documentos y en aquellos casos en que no tenía los antecedentes requeridos, indicó el lugar donde se podían ubicar y la fórmula para obtenerlos. Las respuestas formales a las solicitudes se recibieron el 24 de abril y el 14 de mayo. Revise acá los documentos.
A un mes de que se desatara en México la crisis por la aparición de la entonces llamada “gripe porcina”, una periodista mexicana cuenta cómo se vivió y que dejó la experiencia que tuvo a su país en estado de alerta máxima. Las medidas que sirvieron y las que sólo alentaron la paranoia, y las dudas que aún persisten sobre el comportamiento del virus, ayudan a iluminar la forma en que se debe enfrentar en Chile una enfermedad que recién llega.
Farmacias y laboratorios han sido desde siempre clientes frecuentes del sistema que garantiza la libre competencia. La denuncia que detonó la vigilancia de este mercado fue presentada en 1982 por el penalista Pablo Rodríguez Grez y el primer dictamen, un año más tarde, lleva la rúbrica del economista Cristián Larroulet. Desde entonces se acumula una quincena de resoluciones y dictámenes que -sin éxito- han intentado que las farmacias exhiban sus precios, que los laboratorios no favorezcan a las cadenas por sobre los locales chicos y que tampoco sugieran el precio de venta al público. El incumplimiento de las normas que regulan la competencia tiene nuevamente a las tres cadenas -Cruz Verde, SalcoBrand y FASA-, y a al menos nueve laboratorios, en la mira de la autoridad y la justicia.
La crisis desatada por la gripe porcina pilló a México sentado en la exclusiva mesa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero sin las herramientas básicas para enfrentar un problema sanitario. La influenza se extendió ayudada por la carencia brutal de los elementos más básicos para cortar la cadena de contagio en los hospitales, desde las mascarillas hasta el simple jabón. Seis de cada diez mexicanos quedan fuera del servicio de salud, acusan los expertos. Y la llegada de la gripe porcina desnudó la dura realidad.
Las compañías farmacéuticas encargadas de la vacuna contra la gripe porcina suben en Bolsa. Son 20 multinacionales las que trabajan para vender el remedio contra la epidemia, como hacen cada año con un nuevo brote de gripe. Su rol viene fraguándose meses antes de que hubiera una persona infectada. Las autoridades estadounidenses ya empezaron a repartirles muestras de los primeros casos, pero difícilmente tendrán un medicamento antes de tres meses. En 2010, las vacunas moverán 10.000 millones de dólares en todo el mundo.
Durante años el dueño de las farmacias Doctor Simi, Víctor González Torres, fue cuestionado en México por los laboratorios internacionales que criticaban la calidad de sus medicamentos. Ahora está poniendo sus productos en regla. Y los laboratorios farmacéuticos que ayer lo detestaban hoy lo buscan para hacer negocios. Conozca la sorprendente historia del hombre que levantó un imperio de medicamentos que este año facturará unos US$750 millones.
Los cuestionamientos a la calidad de los medicamentos obligaron a la Central Nacional de Abstecimiento (Cenabast) a reformular sus procedimientos. Eso redujo primero la participación de BestPharma en las compras públicas y luego, en 2007, alertó de una de las más graves faltas del laboratorio: una droga contra el cáncer que era infectiva y que fue clave en el cierre de BestPharma. De acuerdo a un estudio privado en desarrollo, el Instituto de Salud Pública (ISP) también debería hacer cambios profundos para poder garantizar la seguridad de los medicamentos.
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