Con el argumento de que es necesario resguardar las garantías de los inculpados, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el cierre temporal del juicio por las irregularidades en una millonaria licitación del Registro Civil. El fallo enfatiza que se trata de un sobreseimiento transitorio y que puede levantarse, por lo tanto no significa la impunidad de los acusados.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones confirmó que el juicio por las irregularidades en la licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil quedará paralizado temporalmente. Para que el proceso retome su curso sería necesario que se garantice que los imputados puedan ejercer su derecho a defensa que, a juicio de la justicia, no se ha respetado al no tener acceso a todos los antecedentes de la investigación.

La resolución da la razón a la jueza de Garantía Carla Capello, quien el 2 de noviembre pasado decretó el sobreseimiento temporal de la causa, luego de que así lo solicitara una veintena de ex funcionarios públicos y ejecutivos de empresas privadas que se encuentran formalizados por distintos delitos como cohecho y fraude.

Así, el fallo se sumó a la larga lista de cuestionamientos y retrasos que ha sufrido la causa desde que se abrió la investigación en abril de 2008, luego de que CIPER revelara las irregularidades en la licitación adjudicada a la empresa india TATA. De hecho, la jueza Capello se encuentra actualmente inhabilitada, a la espera que la corte resuelva las recusaciones que presentaron el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, quienes estiman que adelantó opiniones respecto a la causa.

Los abogados de los imputados reclaman que no han tenido acceso a todos los antecedentes de la investigación, lo que impedía una defensa justa, mientras que el Ministerio Público ha asegurado que puso a su disposición todo lo que fundamenta la acusación. “Es bueno precisar que el derecho a defensa y la igualdad de armas exigen que el acusador, que corresponde al Ministerio Público, ponga a disposición del acusado –varios en el caso de la especie– todos los antecedentes de la investigación”, dice el fallo de los ministros Mario Rojas y Jessica González, quienes enfatizan que los imputados han cuestionado permanentemente la falta de cautela de sus garantías.

Ahora la Fiscalía Centro Norte, cuyo mando acaba de asumir el abogado Andrés Montes, deberá hacerse cargo de aquellos cuestionamientos que sufrió la investigación realizada por la fiscal Alejandra Godoy. Si quiere reabrir la causa debe asegurar el acceso a todas las partes de todos los antecedentes recopilados durante las pesquisas, en orden y de forma en que se asegure su examen.

La Corte de Apelaciones puso énfasis en el carácter temporal del sobreseimiento: “no es posible concluir que el sobreseimiento temporal decretado como cautela del derecho a defensa invocado, tenga como efecto la impunidad de los acusados, desde que, satisfecha la exigencia concreta que se ha impuesto, el procedimiento podría continuar su normal tramitación”.

Respecto a las quejas por irregularidades en la investigación que llevó a cabo la fiscal Godoy, en cuanto a que incluyó grabaciones de conversaciones entre los imputados y sus abogados o que se rompió la cadena de custodia de las pruebas, entre otras, la corte estimó que éstas deben ser analizadas por el tribunal que vea la causa, el que deberá determinar si se trata de pruebas ilícitas o no.

El fallo contó con el voto de minoría de la abogado integrante Claudia Chaimovich, quien estimaba que debía revocarse la resolución de la jueza Capello y levantarse el sobreseimiento temporal.

Con esta decisión se paraliza todo lo realizado desde marzo de 2008, cuando CIPER dio a conocer una serie de irregularidades en una licitación por US$ 80 millones para la renovación de la plataforma tecnológica del Registro Civil, adjudicada a la empresa india TATA. La publicación motivó la anulación del contrato, la remoción de la cúpula del servicio y una denuncia del gobierno al Ministerio Público. La investigación cayó en manos de la fiscal Alejandra Godoy, quien desde un comienzo ha sido criticada por las defensas de los imputados.

En esta oportunidad, los abogados presentaron un recurso acusando a la fiscalía de no darles acceso a todas las evidencias recopiladas durante la investigación y de realizar diligencias intrusivas, como la grabación de conversaciones entre los imputados y sus abogados, lo que le habría permitido conocer sus estrategias judiciales.

La Fiscalía Centro Norte negó estas acusaciones y aseguró que siempre han puesto a disposición de las partes los voluminosos antecedentes de la investigación. Al momento de preparar su acusación, en mayo pasado, la fiscalía presentó más trescientos testigos, casi nueve mil documentos y aproximadamente doscientos objetos incautado, según consta en la resolución.

Sin embargo, la jueza Capello recordó que pese a que se entregaron los documentos en forma digital, las defensas de los imputados han reclamado por la dificultad de acceder a las pruebas, porque los archivos no siempre podían leerse y porque faltaban antecedentes relevantes.

“Esta sentenciadora ha podido constatar que debido a la abrumadora cantidad de prueba recopilada durante la investigación hasta el día de hoy existe confusión sobre cual es la totalidad de esa documentación, puesto que siguen apareciendo antecedentes que si bien no fueron ofrecidos como prueba de cargo de la fiscalía, son evidencia incautada que podría servir a las defensas para desvirtuar las imputaciones que pesan sobre sus representados, aun las defensas señalan que no es posible abrir todos los archivos que contienen los documentos digitalizados, que existen archivos que se encuentran en blanco, que faltan antecedentes como correos electrónicos, computadores incautados, resultados de diligencias que fueron ordenas por la fiscal adjunta, de las que no hay registro sobre su efectiva realización, problemas de doble foliación que dificultan hasta casi imposibilitar la localización de los documentos buscados, interrupciones en la cadena de custodia de la evidencia incautada que impide realizar pericias particulares a los objetos custodiados toda vez que ya no son los que originalmente se incautaron y, por lo tanto se duda con justa razón sobre su integridad y autenticidad. De todo esto, el Ministerio Público no ha dado respuestas satisfactorias que hagan pensar al Tribunal que, al menos la fiscalía tiene control de su investigación”, sentenció la magistrada.

Por todo lo anterior, la jueza Capello dio la razón a los imputados, en cuanto a que se estaba afectando su derecho a defensa y a que no tenían todos los elementos necesarios para intentar desvirtuar la acusación de la fiscalía. En su resolución, se acogió “la petición de las defensas en el sentido de sobreseer temporalmente el procedimiento hasta que se cumplan las condiciones necesarias para garantizar a los acusados el adecuado ejercicio de sus derechos, en el sentido de asegurar el total y completo acceso a toda la prueba recopilada por la fiscalía durante la investigación y no solo a aquella que fue ofrecida en la acusación, la cual sin perjuicio de lo anterior, debe estar en perfectas condiciones de orden y registro que asegure también su examen por parte de las defensas”. Sin embargo, rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo.

La decisión judicial representa un duro golpe para el Ministerio Público, que ya anunció que presentará un recurso para revertirla.

Tras dos años y medio de investigación, hasta ahora el principal acusado, el ex asesor paralelo de TATA y el Registro Civil en la licitación, Andrés Contardo, fue condenado a tres años y un día y a 542 días con libertad vigilada tras aceptar cargos por revelación de secreto con grave daño a la causa pública, en enero pasado. Posteriormente, en julio, casi la mitad de los imputados se acogió a salidas alternativas de trabajo comunitario y firma mensual, con la que la lista de imputados se redujo a una veintena.

Entre los principales acusados destacan aún el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, y altos ejecutivos de la multinacional TATA, incluyendo a su presidente Henry Manzano.

Indra se adjudicaría así un contrato por cerca de US$300 después de un accidentado proceso de licitación iniciado en la administración de Guillermo Arenas. El ex director del Registro Civil está acusado de haber cometido diversos delitos vinculados a éste y otros contratos en curso durante su gestión. La fiscalía lo llevará a juicio en los próximos meses y pide 16 años de cárcel para Arenas y otros tantos para funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa informática TATA, que también pretendía la licitación de las cédulas y pasaportes.

Fue precisamente en medio de esa investigación de la fiscalía Centro Norte que uno de los principales involucrados en el caso, el asesor informático Andrés Contardo, dio cuenta de las irregularidades que se gestaron en torno a esta última licitación.

En su última declaración a fiscalía, fechada el 27 de octubre de 2009, Contardo testificó haber asistido a una reunión en las oficinas del Registro Civil, donde Guillermo Arenas, su antiguo director, le anunció que el negocio estaba arreglado previamente en favor de la española Indra.

“Lo que me dejó entrever Guillermo Arenas es que esta decisión de adjudicar a Indra venía ordenada de afuera, lo que yo entiendo es que venía del Ministerio de Defensa (…) Con Guillermo Arenas nos reunimos varias veces con la gente de Indra, me refiero a un uruguayo de nombre Eric, cuyo apellido no recuerdo. Nos reunimos con él varias veces en el Hotel Sheraton”, dijo Contardo en su última declaración. Tras ésta, llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser llevado a juicio abreviado, donde recibió una condena de tres años y un día y otra de 542 días.

En ese mismo testimonio, el asesor informático también dio cuenta de los lobistas y amigos de Arenas que pretendieron influir en este negocio, mencionando al ex diputado Jorge Schaulsohn y al ex ministro de Justicia, Isidro Solís. Entre los operadores en favor de la firma española lanzó el nombre del ex oficial de Carabineros Segundo Joaquín Mora, a quien identificó como “el lobista de Indra”. Ninguno de los tres, así como tampoco el uruguayo Eric mencionado por Contardo –cuyo nombre coinciden con un ejecutivo de Indra– fue imputado formalmente por la fiscalía.

Durante la investigación Contardo jamás involucró a los ejecutivos de TATA, la empresa para la que prestaba servicios al tiempo que asesoraba al Registro Civil en materias de licitaciones públicas. Esto, pese a que una de las dos condenas que recibió por revelación de secreto con grave daño a la causa pública tuvo relación con el traspaso a TATA de información de las pautas con que se definiría el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes.

Boletas de garantía cuestionadas

Una vez que CIPER dio a conocer las anomalías en la licitación sobre tecnología e informática que favoreció a TATA, investigación periodística que significó la salida de Arenas y su directiva y el inicio de las indagaciones del Ministerio Público, las nuevas autoridades del Registro Civil decidieron volver a revisar las dos principales licitaciones del servicio. La primera, sobre plataforma informática, comunicaciones y tecnología, tiene un valor cercano a los US$80 millones y aún está en curso. La segunda, sobre cédulas y pasaportes, es la que está en su etapa final. Los puntajes ya fueron asignados y sólo falta que se adjudique, lo que debiera ocurrir en los próximos días.

El proceso ha tenido varios retrasos y dificultades. A las irregularidades detectadas en la gestión de Arenas, se sumó la reclamación de la española Indra contra cinco de los siete participantes por incumplimientos en la entrega de boletas de garantía. Esto estancó el avance de la licitación hasta octubre del año pasado, cuando el Tribunal de Contratación Pública rechazó los argumentos de la empresa.

Dicho tribunal mantiene otros dos reclamos pendientes desde abril pasado contra el Registro Civil por la misma licitación. Siemens cuestionó el haber sido marginado por el retraso en la entrega de antecedentes, mientras que Coasin objeta su descalificación por problemas en la boleta de garantía.

Y ahora que Indra figura con los mayores puntajes, otras empresas que participaron en la licitación planean impugnar el proceso tanto ante el mismo Tribunal de Contratación Pública como ante Contraloría. Fuentes de la industria informática aseveran que se intentará recusar a la firma española por la supuesta tardanza en la renovación de la última boleta de garantía, cuyo valor es de $US 500 mil, lo que estaría reñido con las bases. También podrían cuestionar algunos aspectos de la evaluación técnica.

El director del Registro Civil, Christian Behm, ha defendido el proceso de licitación que se ha llevado a cabo bajo su gestión. Argumenta que sólo para la evaluación de la parte técnica han tomado parte cerca de 25 expertos, cuya labor ha sido auditado por la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, DICTUC.

De confirmarse la adjudicación a Indra, lo que parece muy probable en vista de que los puntajes ya están asignados, la empresa española tendría un nuevo contrato en el país. De acuerdo a la información de su página web, Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre y aéreo. Se trata de una multinacional tecnológica de grandes proporciones, con presencia también en el rubro de la defensa. Según datos de la compañía, Indra ya tiene experiencia como fabricante de documentos de identidad en España, Argentina, Portugal, Angola, Panamá y México.

Frente a los últimos intentos de fraude, en la dirección nacional del servicio han tomado resguardos excepcionales para demostrar transparencia en la fase final de la licitación para los nuevos carnés de identidad y pasaportes. Los evaluadores están sujetos a una cláusula de confidencialidad y la supervisión de ingenieros de la UC y de otros ministerios. La adjudicación del negocio por US$ 300 millones está anunciada para este mes pero bien podría postergarse para el próximo gobierno, tal como ocurrirá con la licitación para renovar la plataforma tecnológica, que administra la base de datos de todos los chilenos y que ha sido objeto de cuestionamientos de Contraloría por fallas de seguridad. Las irregularidades cometidas por el ex doble asesor Andrés Contardo retrasaron el proceso, afectando la modernización del servicio.

En el tercer piso de la dirección general del Registro Civil, Catedral casi esquina Manuel Rodríguez, un grupo de funcionarios y asesores permanece trabajando en condiciones excepcionales. Pasan gran parte del día recluidos en una oficina de acceso restringido y sin comunicación a Internet, sujetos a una cláusula de confidencialidad que les prohíbe comentar con terceros cualquier aspecto relacionado con sus funciones. Ese grupo es el responsable de evaluar las propuestas para la licitación de las nuevas cédulas de identidad y pasaportes, que debería adjudicarse –de no mediar nuevos retrasos– a mediados de febrero. El proyecto involucra US$ 300 millones y estuvo precedido de fundadas sospechas de fraude.

El ex asesor informático del Registro Civil, Andrés Contardo Santibáñez, acaba de ser condenado a 341 días de pena remitida por haber filtrado antecedentes de esa licitación hacia una de las empresas interesadas en el negocio, TATA Consultancy Services. El delito fue tipificado como revelación de secreto con grave daño a la causa pública en carácter de frustrado, pues no se consumó el fraude. A esa condena se le sumó otra de 3 años y un día por el mismo delito, pero esta vez en carácter de consumado: el asesor hizo lo mismo en la licitación de la plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática. Ese negocio sí alcanzó a adjudicarse en un principio a TATA y luego fue anulado, una vez que CIPER revelara las irregularidades del proceso.

Este último proyecto también forma parte del plan de modernización del servicio y resulta vital para el funcionamiento del país: la plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática permite ni más ni menos el registro y administración de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios, posesiones efectivas, antecedentes penales y catastro de vehículos motorizados, conductores y multas, entre otros datos esenciales. En buenas cuentas, el historial completo de los chilenos.

Después de múltiples tropiezos y demoras, que anteceden incluso el intento de fraude, el Registro Civil publicó a principios de este año las nuevas bases de licitación para la plataforma tecnológica. Un equipo de funcionarios y asesores ya trabaja en este proyecto, cuyo monto alcanza los US$ 80 millones, y al igual como ocurre con el primero, está cruzado por exigencias excepcionales de transparencia y supervisión. En vista de las irregularidades ocurridas en la administración de Guillermo Arenas, que siguen siendo investigadas por el Ministerio Público, los celos no parecen desmedidos.

VIAJE DE NEGOCIOS

“Sobre todo por experiencias anteriores, nosotros hemos querido salvaguardar la transparencia y tener un proceso auditable”, dice Christian Behm, director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, refiriéndose al rol que en la actual licitación sobre carnés de identidad y pasaportes cumple la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, DICTUC. Esta entidad privada ha tenido la función de preparar los equipos evaluadores y visar el cumplimiento de las etapas del proceso de acuerdo con las bases de licitación.

A los “garantes” de la DICTUC se suman funcionarios de los ministerios de Justicia, Hacienda y Relaciones Exteriores que cumplen una tarea similar a los ingenieros de la UC. El equipo de evaluadores propiamente tal está conformado por cerca de 25 personas que trabajan a diario en las oficinas del Registro Civil en un régimen que el director nacional califica de “reclusión” e “independencia”.

“Nadie más que el coordinador se relaciona con este grupo, ni siquiera yo”, dice Behm, señalando que los resultados de este equipo son revisados en etapas por los ingenieros de la UC, mediante un “informe ciego” en el que éstos desconocen a qué oferentes corresponden las evaluaciones que revisan. Asimismo, en un modelo que será replicado por la licitación de la plataforma tecnológica, destaca que las ofertas económicas serán abiertas una vez que los puntajes técnicos hayan sido asignados.

Para graficar de manera más elocuente la transparencia del equipo evaluador, el director nacional del Registro Civil dice que la sala en la que trabajan cuenta con una cámara de seguridad “para efectos de que quien me quiera auditar vaya a mirar quién entró y salió”.

Pero en este proceso resulta inevitable no sólo que los evaluadores entren en contacto con las empresas postulantes al millonario negocio, sino también que puedan ser objeto de atenciones. Así ocurrió la primera quincena de noviembre, cuando 19 evaluadores pertenecientes al Registro Civil, a los ministerios y a la UC se turnaron para cumplir con pruebas técnicas en las fábricas y laboratorios de los siete consorcios multinacionales que postulan al negocio. De acuerdo con una fuente ligada a la industria, los gastos fueron cancelados en su totalidad por las empresas y en algunos casos consideraron pasajes de avión en primera clase con destino final a Estados Unidos y ciudades europeas como París, Londres y Berlín, donde los técnicos chilenos realizaron pruebas.

En las visitas, los consorcios liderados por Sonda, Bundesdrukerei, Coasin, Indra, Sagem, SICE y Siemens debieron probar sus tecnologías biométricas (reconocimiento dactilar) y simular una oficina del Registro Civil donde emitieron prototipos de cédulas de identidad y pasaportes cuya calidad sería chequeada posteriormente.

FALLAS DE SEGURIDAD

Mientras el proceso de adjudicación de los carnés de identidad y pasaportes entra en su fase final, en el Registro Civil preparan los equipos que se harán cargo de la licitación de la plataforma tecnológica, de comunicación e informática. Ambos proyectos están retrasados y han debido prolongar los contratos con sus correspondientes proveedores actuales. En el caso del primero es Sonda.; en el segundo, Adexus. Pero la renovación de este último contrato resulta más urgente, considerando que ha sufrido tres postergaciones que han generado importantes costos para el Registro Civil y su atención a los usuarios.

Aunque en el Registro Civil afirman que el servicio de Adexus ha funcionado correctamente, y que la caída del sistema de principios de enero fue el primero en 15 años y se debió a un error interno “de mantención de rutina”, reconocen que el fracaso de las últimas licitaciones ha afectado la renovación programada. De haberse adjudicado oportunamente, según las exigencias de las últimas bases, el Registro Civil podría estar comercializando servicios como consultas a su base de datos por parte de bancos y casas comerciales a través de distribuidores. Actualmente opera únicamente como verificador de identidad.

Hay un segundo costo asociado a la prórroga del contrato. Una auditoría de Contraloría, dada a conocer hace un año, estableció fallas en la seguridad de la información que administra el Registro Civil. Entre otros problemas, el órgano contralor reparó en el libre acceso al sistema que tenían ex funcionarios y usuarios ajenos al servicio, lo que ponía en riesgo datos sensibles. Meses antes Contraloría había señalado serias deficiencias en la vigilancia de los registros de condena.

Las bases de licitación que acaban de ser publicadas exigen mayores estándares de seguridad. De ahí que en el juicio abreviado al asesor informático Andrés Contardo, al argumentar la solicitud de una de las dos penas por revelación de secreto, la fiscal Alejandra Godoy dijo que, producto de este hecho, “al día de hoy el servicio no cuenta con plataforma informática moderna y eficiente”.

NEGOCIO REDONDO

Adexus, presidida por el ingeniero Carlos Busso, ha sido el único proveedor de la plataforma tecnológica del Registro Civil en la materia desde el retorno a la democracia. Ganó la licitación implementada a principios de los noventa, que inauguró las atenciones en línea, entre otros beneficios. Al término de ese primer contrato, cinco años y medio después, volvió a adjudicárselo por el mismo periodo. Desde entonces la renovación del soporte computacional ha fracasado en tres oportunidades, la última tras el intento de fraude detectado en la administración de Guillermo Arenas. Eso, además de un perjuicio para el público, ha redundado en importantes ganancias para el proveedor actual.

Un ingeniero vinculado a la industria de las empresas de informática explica que éstas, al adjudicarse un contrato de magnitud, realizan las principales inversiones de equipamiento en los primeros tres años. “En el último periodo de los contratos, aparte de los costos operativos fijos, como las comunicaciones y el personal, casi todo son utilidades”.

Algo similar ha ocurrido con Sonda, vinculada al empresario Andrés Navarro, cuyo contrato con el Registro Civil para la fabricación de los actuales carnés de identidad y pasaportes fue adjudicado en 2001 y vencía en 2009. La extensión del negocio obedeció a las irregularidades detectadas bajo la gestión de Arenas.

11 DE MARZO

De acuerdo con el último cronograma, la adjudicación de los nuevos carnés de identidad y pasaportes debería anunciarse a fines de febrero. Y si bien en el Registro Civil no prevén nuevas postergaciones, tampoco las descartan. “Lo que menos queremos es apurar a los equipos para efectos de que haga una evaluación rápida. Mi rol es salvaguardar que los equipos trabajen tranquilos y profesionalmente”, dice Christian Behm.

Una fuente de la industria informática sostiene que aún no concluyen los tests de legibilidad, que consisten en poner a prueba documentos envejecidos artificialmente para verificar como responden ante lectores de chips y códigos de barra. De ahí que no pocos proyecten que la decisión final ocurrirá bajo el próximo gobierno.

En el caso de la licitación para la plataforma informática, es probable que así sea. Recién en julio se abrirán las propuestas técnicas y los pronósticos más optimistas sitúan la adjudicación para fines de este año. Para entonces no es claro que el actual director nacional permanezca en sus funciones.

Aunque fue seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública, el ingeniero agrónomo y ex gerente de banca Christian Behm Sepúlveda (38) puede ser removido por sus superiores a voluntad. En la práctica ocupa un cargo de confianza. Por eso no sabe qué ocurrirá con él. Desde su oficina del tercer piso del edificio del Registro Civil de calle Huérfanos, vecina de la sala donde en estos días se decide la millonaria licitación de cédulas de identidad y pasaportes, el director nacional, que no declara militancia ni simpatías políticas, dice: “No estoy pensando en que se me acaba mi trabajo el 11 de marzo, y si es así, me gustaría que me lo dijeran a tiempo por un tema de educación”.

El juicio abreviado fue realizado el miércoles 20 y se tradujo en dos penas para el doble asesor: una de tres años y un día por revelación de secreto con carácter de consumado y una segunda de 541 días por el mismo hecho, pero frustrado. Si bien podrá cumplir el castigo en régimen de libertad vigilada, y se le aplicó una multa de sólo 36 UTM ($1.320.444) que podrá pagar en doce cuotas, fue un hecho significativo: es el primer condenado en un caso de múltiples aristas e imputados. Aunque Contardo no es cualquier imputado.

Además de ser el nexo fundamental entre el Registro Civil y la empresa TATA, asomó como la punta de un iceberg de lo que la fiscalía considera un plan mayor de defraudación. De ahí la importancia de lo que dijo y calló el doble asesor en su declaración ante la fiscalía.

Entre lo que calló se cuenta todo lo relativo al rol de los ejecutivos de TATA. En cambio sí apuntó contra el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, y el grupo de influencia que giraba a su alrededor, imputándoles haber hecho gestiones por distintas empresas en los tiempos en que el servicio preparaba dos millonarias licitaciones. Una sobre plataforma tecnológica, de comunicaciones e informática, por US$ 80 millones. La otra para producir los carnés de identidad y pasaportes, por US$ 300 millones. De acuerdo con el citado testimonio, mientras ambos procesos estaban en curso, Arenas solía reunirse en las oficinas del servicio con el ex diputado Jorge Schaulsohn y el ex ministro de Justicia Isidro Solís, dos de sus antiguos correligionarios y amigos.

Según Contardo, no eran reuniones de camaradería. Schaulsohn representaba a la empresa norteamericana Digimarc, interesada en adjudicarse la licitación por los US$ 300 millones. El ex asesor asegura que sus reuniones con Arenas tenían el objetivo de conseguir ese contrato, algo que Schaulsohn ha negado.

Aún más alto apuntó Contardo al identificar al ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, como representante de Entel en la misma licitación.

A los políticos agregó a un abogado que identificó como Alejandro Vergara, quien habría actuado en representación de Solem, una empresa que se adjudicó una tercera licitación para un laboratorio de biometría facial.

Contardo también lanzó el nombre del ex carabinero Segundo Joaquín Mora, acusándolo de actuar en favor de la firma española Indra en una licitación que el ex director no alcanzó a asignar antes de ser removido. Arenas habría decidido favorecer a esta multinacional, adjudicándole el negocio de los carnés de identidad y pasaporte desde antes que las bases de licitación fueran publicadas.

Los cuatro personajes –Schaulsohn, Solís, Vergara y Mora- circulaban habitualmente por las oficinas de Guillermo Arenas y, según la misma declaración, manejaban códigos de lealtad y confianza entre sí.

A la citada declaración de octubre le siguió una última, fechada el 22 de diciembre, que no varió mayormente de la anterior. Con excepción de ciertas precisiones sobre errores y detalles referentes a algunas de las personas aludidas, el asesor informático ratificó los dichos previos que sellaron la negociación para llevarlo a juicio abreviado.

En rigor, las últimas dos declaraciones no constituyen una confesión ni entregan pruebas de sus acusaciones. Sin embargo, pueden tener impacto político y pueden ser de utilidad para los propósitos de la fiscalía y los querellantes: demostrar que el ex director del Registro Civil utilizaba su cargo para conseguir coimas a cambio de la adjudicación de millonarias licitaciones.

PRINCIPIOS FIRMES

El nombre de Jorge Schaulsohn salió por primera a la luz pública en este caso cuando el ministro de Justicia, el radical Carlos Maldonado, denunció ante el Ministerio Público que el nombre del primero estaba entre las personas que ejercían “ofertas de influencias indebidas” para conseguir negocios con el Registro Civil. La denuncia fue gatillada por una investigación publicada sólo cuatro días antes por CIPER, lo que detonó el escándalo por la relación de TATA con Contardo y las irregularidades en la licitación.

Ante los dichos del ministro de Justicia, el aludido reconoció ser amigo de Guillermo Arenas y representante legal de la firma norteamericana Digimarc, que pretendía el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes. Pero no obstante ello, el ex dirigente PPD y actual ChilePrimero, quien en 2006 dejó la Concertación denunciando que a ésta la animaba una “ideología de la corrupción”, negó haber ejercido influencias con su amigo. De paso, dijo además que quienes pretendan involucrarlo en asuntos turbios “se van a pisar la cola”.

No pasó mucho tiempo antes de que alguien desoyera sus advertencias. Primero fue el dueño de Sonda, Andrés Navarro, quien en una entrevista con Qué Pasa dijo haber sido visitado por Schaulsohn para ofrecerle sus buenos oficios ante las licitaciones en curso del Registro Civil. Sin embargo, tras ratificar sus dichos ante la fiscalía, Navarro se negó a firmar su declaración.

Después fue el turno de José Orlandini, gerente de la división de servicios de integración y outsourcing de Sonda. El ejecutivo dio cuenta ante la fiscalía de que el nombre de Schaulsohn era mencionado a modo de rumor en la industria como uno de los lobbistas que ofrecía sus servicios a cambio del 8% del valor de la propuesta. Unos 24 millones de dólares.

El gerente general de la empresa de informática y telecomunicaciones Protab, Felipe de Vidts, también tuvo algo importante que decir al respecto. Según el diario La Segunda, ante la fiscal Alejandra Godoy, quien conduce la investigación, De Vidts dijo que el dirigente de ChilePrimero se había acercado a él para ofrecerle “una participación privilegiada en el proceso” de licitación de las cédulas de identidad y pasaportes. “El da a entender que tiene la llegada, que conoce el Registro Civil”.

De acuerdo con este testimonio, la idea de Schaulsohn era que Protab se aliara a Digimarc y actuara como ejecutor de proyecto. Así se lo habría hecho saber a De Vidts. También le habría informado que la licitación para la plataforma tecnológica del servicio, que precedía a la otra, ya estaba adjudicada en favor de TATA.

Jorge Schaulsohn ha negado las imputaciones anteriores. También ha desconocido haber siquiera visto a Andrés Contardo, no obstante que éste refiere que fue Arenas quien los presentó en las oficinas del Registro Civil. Schaulsohn y Arenas son amigos entrañables desde los años en que militaban en la juventud del Partido Radical. De ello da cuenta un díptico de campaña de la candidatura a diputado por el distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel) que Arenas emprendió sin éxito en 1997, en el cual Schaulsohn firma la siguiente declaración: “Con Guillermo trabajamos desde los 14 años. Hemos estado en muchas jornadas de lucha. Tiene opiniones claras y firmes principios”.

EL EX MINISTRO

El Partido Radical (PR) es también el origen de la amistad entre Guillermo Arenas e Isidro Solís, el otro político señalado por el asesor informático como uno de los intermediarios en las licitaciones del Registro Civil. Aunque a fines de los ’80 el primero se mudó al PPD y el segundo permaneció en el PR, ambos amigos coincidirían en destinaciones políticas.

A comienzos de los ’90 Arenas asumiría como jefe de Administración y Finanzas de la Dirección de Seguridad Publica e Información, más conocida como La Oficina, de la que Solís sería director. Este último, al comienzo del gobierno de Michelle Bachelet, fue nombrado ministro de Justicia y propuso el nombre de su amigo Arenas a la cabeza del Registro Civil, dependiente de esa cartera.

El entonces vicepresidente del Partido Radical permaneció sólo un año al frente del Ministerio de Justicia. En marzo de 2007 la Presidenta la pidió la renuncia. Su regreso a la actividad privada coincidió con el inicio del proceso de licitación de los carnés de identidad y pasaportes en la que Solís, de acuerdo con el testimonio del asesor informático, habría procurado influir en favor de la empresa Entel. En ese entonces el conglomerado de telecomunicaciones chileno apostaba a adjudicarse el negocio mediante una alianza con la empresa norteamericana L-1 Identity Solutions. Esta última, que fabrica verificadores y cédulas de conducir, adquirió en 2008 Digimarc, la empresa que representaba Jorge Schaulsohn.

Entel también tenía intereses en la licitación de la plataforma tecnológica. Mediante una alianza con la multinacional TATA, que resultó favorecida en circunstancias irregulares, ofreció el servicio de comunicaciones. Su propuesta tenía un costo cercano a 9.000 UF mensuales, casi el triple de lo ofrecido en este ítem por los otros dos competidores representados por Sonda y Quintec.

Hoy Entel postula a la licitación de los carnés de identidad y pasaportes a través de Cientec, de su propiedad, que a la vez actúa en sociedad con la francesa Sagem Sécurité. Su representante en este proceso de licitación es el ex ministro y abogado radical Juan Agustín Figueroa.

CARABINERO EN RETIRO

Pese al lobby que según Contardo habrían ejercido los amigos de Arenas, el mismo asesor asegura que para 2007 el negocio de las cédulas de identidad y pasaportes ya estaba adjudicado a la española Indra. Esta poderosa multinacional habría contado con los influyentes oficios del ex oficial de Carabineros, Segundo Joaquín Mora. El asesor informático lo señala como uno de los hombres de confianza de Arenas y quien habría intermediado para la concreción del negocio. Según su versión, el acuerdo habría sido afinado en varias reuniones en las que participaron Arenas, Contardo y representantes de los españoles.

Contardo asegura haber escuchado de boca del propio Arenas que la decisión de adjudicar irregularmente el negocio a la firma española provenía del ministerio de Defensa chileno. También le habría confidenciado que para los españoles el negocio no era muy relevante en términos monetarios.

Indra ha prestado servicios en Chile en áreas como puertos, ferrocarriles y tráfico terrestre. También es uno de los siete postulantes para la fabricación de las nuevas cédulas y pasaportes que debe dirimirse en febrero. Sin embargo, quedó en un mal pie al impugnar sin éxito el actual proceso.

Aunque el asesor informático no entrega mayores antecedentes respecto de Segundo Joaquín Mora, CIPER pudo establecer que éste fue jefe de Comunicaciones de Carabineros y hombre de confianza del ex director de la institución, Rodolfo Stange. Desde 1991, cuando pasó a retiro como teniente coronel, se dedicó a los negocios.

Fue en estas nuevas ocupaciones, por intermedio de un socio, que Mora conoció a Eric Schnake. Trabaron amistad y al tiempo el primero se mudó a las oficinas del abogado en calle Catedral y comenzó a tratar a los amigos del dirigente PPD. Uno de ellos era Guillermo Arenas, quien llegó a trabajar a las oficinas de Schnake una vez que salió del Instituto de Salud Pública. Se hicieron amigos y socios en negocios inmobiliarios. Una década después, cuando Arenas asumió la dirección del Registro Civil, Mora comenzó a visitar las oficinas del servicio para tratar acerca de los negocios venideros.

CIPER comenzó a investigar la relación entre Arenas y Mora en mayo de 2008, estableciendo los vínculos pero no logrando certificar irregularidades. El trabajo de reporteo llegó rápidamente a oídos de Arenas, según consta en las interceptaciones telefónicas ordenadas por la fiscalía. Aunque la información que tenía sobre el trabajo periodístico contenía numerosos errores, el ex director del Registro Civil llamó alarmado a su amigo Isidro Solís para pedirle que ejerciera influencias para parar la publicación:

“Pero acuérdate que Joaquín Mora es mi amigo. Páralos para que no lo nombren (…) Es un ex oficial de Carabineros de alta weá. Yo tuve con él estrictamente negocios inmobiliarios. Tres negocios inmobiliarios. El primero de ellos con una factura de él de más de 100 millones, de hace más de 10 años atrás, donde me compré mi casa, con el pelado Schnake, pero en esta otra weá. Cero, coma cero, cero. ¿Cachai?”, le dijo Arenas a Isidro Solís en una conversación grabada por la policía.

CONSULTORA INTERNACIONAL

Mora no sólo habría oficiado de intermediario con la española Indra. También tomó contacto con la empresa Quintec para ofrecer sus servicios en la adjudicación de las licitaciones del Registro Civil bajo la administración de Arenas. Los vínculos de Mora con Quintec se remontaban a un proyecto de licitación de la central de comunicaciones de Carabineros en el que el ex uniformado ofició de asesor para esa empresa. Los contactos se retomaron en 2007, y según dijo a CIPER un ejecutivo de Quintec, en esa oportunidad Mora “habló de un plan estratégico de tres licitaciones que el director del Registro Civil tenía contemplado para el servicio en materia informática”.

En particular a Mora le interesaba promocionar un proyecto para la venta externa al servicio de certificados emitidos por el Registro Civil. “Nos dijo ‘esto es lo que hemos diseñado con el director del servicio, Guillermo Arenas’, informándonos que para esta licitación el contrato tendría una duración de cuatro años y su monto alcanzaba US$ 40 millones”.

Mora gestionó con Arenas una reunión en la que participaron ambos junto a otros representantes del Registro Civil y Quintec. Pero de acuerdo con la misma versión, las gestiones habrían sido interrumpidas una vez que los ejecutivos de Quintec recibieron el recado proveniente de la dirección del servicio: la adjudicación del negocio implicaba el pago de $100 millones al momento de la licitación y otros $100 por cada uno de los cuatro años que establecía el contrato. Fuentes cercanas a Mora descartan cualquier irregularidad y sólo admiten que se gestionaron reuniones con Arenas para el proyecto con Quintec.

El proyecto de modernización para el Registro Civil trazado por Guillermo Arenas consideró además una cuarta licitación que hoy está bajo cuestionamiento. La idea esta vez consistía en implementar un laboratorio de biometría facial destinado a la instrucción de los funcionarios del servicio en la materia y cuyo costo bordeaba el millón de dólares.

De acuerdo con la última declaración del asesor informático, en la adjudicación a la empresa Solem intervino un abogado llamado Alejandro Vergara, otro de los lobbistas del círculo de Arenas, quien también rondaba las oficinas del fallecido Eric Schnake.

Pero según Contardo, los planes de Guillermo Arenas no se habrían limitado a administrar las licitaciones del servicio. Una vez que concluyera el “proceso de modernización”, y con la experiencia acumulada, pretendía formar junto a su hijo una consultora internacional en materia de registros civiles.

PATRIA Y LIBERTAD

Si bien Andrés Contardo entrega antecedentes valiosos, pues contribuyen a magnificar el plan de defraudación que a juicio de la fiscalía Guillermo Arenas habría montado durante su gestión en Registro Civil, sus últimas declaraciones resultan parciales y en cierto modo decepcionantes para efectos de la persecución penal.

El asesor informático no implica directamente a Arenas en actos ilícitos. Dice no conocer al gestor de negocios Danilo Rivas, señalado por otros imputados como uno de los actores clave en la irregular adjudicación a la empresa TATA por la plataforma tecnológica. No menciona a Rodrigo Codorniu, otro de los personajes señalados como lobbistas. Y no hay una sola palabra que aluda a la responsabilidad que le cupo a los ejecutivos de TATA en el millonario intento de defraudación.

Quienes han seguido de cerca la investigación consideran que si Contardo pasó casi seis meses en prisión y no habló contra sus antiguos empleadores en la empresa india, no lo hará nunca.

Aunque en esos meses de encierro se lo vio deteriorado, por días muy a mal traer, el asesor informático se mantuvo firme en su reserva con respecto a TATA. Tan firme como se mostró al terminó del juicio abreviado del miércoles: pese a la insistencia de los periodistas, Andrés Ruperto Contardo Santibáñez no pronunció palabra.

De 58 años, este ingeniero sin título universitario que se presenta como experto en informática es un hombre formado en cierto rigor militar. Mientras estudiaba Ingeniería en Ejecución en la Universidad de Chile, carrera que no terminó, Contardo militó en Patria y Libertad. No tuvo gran figuración en ese movimiento de extrema derecha, pero uno de sus compañeros de entonces, el empresario y dirigente salmonero César Barros, quien también estuvo en Patria y Libertad, lo recuerda como un cuadro perseverante entre “el lote de la Universidad de Chile”.

El convencimiento de que Contardo no declararía contra los ejecutivos de TATA llevó a la fiscal Alejandra Godoy a negociar un juicio oral con él. Pero no fue la única razón ni menos la principal. El asesor informático es considerado una pieza menor en el entramado de irregularidades investigadas por el Ministerio Público hace un año y diez meses. Y considerando que el objetivo mayor está centrado en demostrar la culpabilidad de Arenas y los más altos ejecutivos de filial de TATA en Chile, el hecho de que Contardo haya sido condenado antes de que se celebren los juicios orales contra aquellos, resulta beneficioso para la fiscalía.

Hay además un factor subjetivo: ante al fracaso de los últimos juicios por fraude al fisco, al menos la fiscalía parte asegurándose una condena. Aunque ésta sea menor y con pena remitida.

No obstante lo anterior, la decisión de resolver la situación de Andrés Contardo mediante juicio abreviado fue intensamente discutida en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) donde hubo voces disidentes. No todos estaban de acuerdo con esta estrategia de la fiscalía, que además excluía la acusación de cohecho planteada inicialmente en la demanda del CDE. Finalmente se optó por no impugnar el juicio oral, aceptando que la condena permitirá reafirmar las imputaciones contra los jefes del asesor informático.

La decisión judicial sobre Contardo es un hecho significativo. Pero sólo el punto de partida. Inmediatamente después de la condena contra el asesor informático, en una audiencia de apercibimiento de cierre, la fiscal Alejandra Godoy pidió ampliar el plazo de la investigación. Le fue concedido, pero sólo parcialmente. El plazo vence el 27 de marzo. Hay aún diligencias pendientes. Y según anunció la misma fiscal en la audiencia, es probable que sobrevengan nuevas formalizaciones antes de las anunciadas para marzo contra uno de los ejecutivos de TATA. Esto recién está comenzando.

El gestor de la millonaria adjudicación ilícita de la plataforma tecnológica del Registro Civil, fue formalizado por el delito de cohecho. Pero Danilo Rivas Zlatar, uno de los administradores de los bienes de la Masonería, es mucho más que eso. Esta investigación de CIPER revela su historia como gestor de negocios en las sombras y que lo vincula a la fabricación y exportación de armas de Carlos Cardoen, a la triangulación para el ocultamiento de las platas de Pinochet y de su hijo Marco Antonio y a otras operaciones dudosas desde las múltiples sociedades en las que participó.

La cena que Danilo Rivas Zlatar organizó en su casa en septiembre de 2006 marcaría un antes y un después en la vida de los comensales y provocaría un terremoto en la Masonería chilena. Fue en esa cena –de acuerdo a la acusación del Ministerio Público- que se acordaron las bases para la adjudicación irregular por US$ 80 millones de la plataforma tecnológica del Registro Civil a la transnacional Tata. Ahí estaban los principales ejecutivos de la compañía india y el entonces director del Registro Civil, Guillermo Arenas, todos ellos recién formalizados junto a Rivas por el delito de cohecho y fraude al Fisco frustrado.

Esa reservada reunión terminó también con el historial de operador de negocios en las sombras que Danilo Rivas logró mantener por más de tres décadas. Eso permitió que CIPER descubriera sus estrechos vínculos -hasta ahora desconocidos- con los dineros para la fabricación y exportación de armas de Carlos Cardoen y las platas ocultas del clan Pinochet.

Lo anterior sí debió ser conocido por el socio histórico que Danilo Rivas ha tenido en sus negocios: Pedro Salas Ocampo, tesorero de la Gran Logia de Chile. Por ello, sorprendió a muchos que Rivas fuera sólo suspendido y no estuviera entre los expulsados de la Masonería el 17 de junio pasado, sanción anunciada por el diario La Segunda y que le costó la expulsión a otros dos involucrados en el caso del Registro Civil, Guillermo Arenas y al ex rector de la Universidad de Santiago Ubaldo Zuñiga. Ambos se enteraron de la mala noticia en prisión.

Ahora que Rivas fue formalizado como autor del delito de cohecho, se espera un nuevo pronunciamiento del Gran Maestro Juan José Oyarzún. Y ello porque Danilo Rivas detenta un rol relevante en la Masonería: ex venerable maestro de la Logia Cóndor Nº 9 y de la Logia Prometeo Nº 101, de la cual son miembros la mayoría de los sancionados, y director desde 2008 de la Inmobiliaria La República, encargada de administrar los bienes de la masonería capitular chilena, sociedad de la cual es gerente general su socio: Pedro Salas Ocampo.

Un gestor de negocios en apuros

Guillermo Arenas, durante la formalización

El primero en iniciar nerviosos movimientos apenas CIPER reveló las pruebas (17 de marzo de 2008), de cómo se fraguó la licitación fraudulenta del Registro Civil -lo que provocaría su anulación 48 horas después- fue Danilo Rivas. Andrés Contardo, quien encabezó el proceso de licitación trabajando simultáneamente para Tata, capturó la atención pública. También Guillermo Arenas, director del servicio, jefe de Contardo y quien aparece como cómplice de la operación.

Pero Rivas, como redactor del acuerdo, sabía dónde, cuándo y cómo se gestó el negocio ilícito. Y sospechó que el equipo que encabeza Alejandra Godoy, de la Fiscalía Centro Norte, no tardaría en atar cabos. Si quería seguir manteniendo sus negocios a salvo debía evitar que la fiscal conociera los detalles de la reunión en su casa.

Fue así como Rivas empezó su recorrido entre los participes de la cena: Guillermo Arenas, su amigo desde fines de los ‘60; dos de los máximos ejecutivos de la empresa Tata Consultancy Service, Henry Manzano y Andrés Tupper; además de Flavio Venturini, a quien se le pidió prestar su consultora para la triangulación de las comisiones. Fue tanto lo que Rivas se urgió, que algunos de los interpelados lo acusaron de intentar desvincularse de su real intervención en la anulada licitación.

Lo que Rivas también buscó impedir es que, a consecuencias de la investigación judicial por la repartición de $405 millones en coimas por la adjudicación del contrato a Tata (cifra entregada en el tribunal por la fiscal), saliera a la luz pública su intrincado historial de negocios desde su salida del Banco Central, en 1978. Y casi lo logró. Porque desde que estalló el escándalo del Registro Civil, no se mencionó su participación protagónica en las filiales chilenas del holding Transamérica y Transáfrica, sociedades en las que el clan Pinochet ocultó y movió dineros, cuyo origen en parte se origina en las comisiones por venta y compra de armas, como ha quedado demostrado en tribunales.

Pablo Cisternas, ex gerente general de TATA

No es su única conexión con el oscuro mercado de armas. El nexo data desde el régimen militar, cuando Carlos Cardoen creó con millones de dólares entregados por el Estado su empresa de fabricación y exportación de armamentos. Para esas operaciones ultra secretas, Cardoen escogió como auditores a la consultora de la cual Rivas era gerente: Consaudit. La relación entre Cardoen y Rivas se prolongó más tarde en el Banco del Pacífico, entidad financiera que Cardoen compró a fines de los ’80 y que luego vendió -también con participación de Rivas- al Banesto de España.

CIPER descubrió otro nexo entre ambos: un poder que le entrega el propio Cardoen para que Rivas actúe a través de CFI International Corporation. Las sociedades nombradas, además de Socimer y Monex, sirvieron de intermediarias en distintas operaciones dudosas y vinculan a Rivas a una red de ejecutivos que manejaron dineros de Pinochet. Un vínculo que se mantiene hasta hoy con Marco Antonio Pinochet Hiriart.

En ese historial de negocios triangulados, Rivas tiene un rol importante. Pero nunca público. No hay una sola foto que permita identificar su rostro en los archivos de medios. La única pista pública se remonta a casi 40 años, durante su paso por el Banco Central bajo el gobierno de Salvador Allende y luego en dictadura.

Transacción de divisas en los inicios

El departamento de Comercio Exterior del Banco Central marca el inicio de su afición por las transacciones financieras. De su paso por esa entidad se saben dos cosas. La primera, que se especializó en cambio de divisas y transacciones con bonos de la deuda externa. La segunda, que a principios de 1970 desplegó cierto liderazgo gremial al ser elegido director de la Asociación de Funcionarios de la entidad, convirtiéndose en su presidente en 1972, representando al Partido Radical.

Fue una breve exploración. Las bases del organismo le exigieron su renuncia acusándolo de no haber defendido en la junta directiva del instituto emisor los acuerdos de los trabajadores. Al año siguiente se retiró finalizando así su única incursión política pública. A partir de ahí comenzó a cultivar el bajo perfil que mantuvo hasta ahora.

El salto al mundo privado lo hizo de la mano de su amigo y hermano de logia en la Masonería, Pedro Salas Ocampo. A fines de la década del ‘70, se integró como socio a KGM Consaudit-Auditores Consultores, donde se desempeñó como gerente de la División de Consultoría Financiera. La sociedad fue creada por Salas Ocampo y otros tres contadores auditores. Los vínculos comerciales entre Rivas y Salas Ocampo se expandieron: en 1978, crearon Rincón Stereo Distribuidora Limitada (Rinstel), instalando un local de venta de artículos electrónicos y línea blanca en calle San Antonio, en Santiago.

A pesar de que Rivas en su currículum dice haberse desvinculado de los negocios de Salas Ocampo desde 1985, las escrituras de la serie de sociedades que CIPER logró detectar en los archivos del Registro de Comercio de Santiago, demuestran lo contrario. En 1989 aparecen ambos vinculados a la Comercial Dakan y lo mismo se aprecia en la sociedad Confinsa Consultores, a través de la cual crearon la Inmobiliaria San Esteban S.A., sociedad que vendieron en 2006.

La relación comercial entre Rivas y Salas Ocampo continúa hasta hoy. Salas es el socio mayoritario de HBL Consaudit -nombre actual de la empresa consultora-, donde Rivas aparece con un 5% de participación. Ambos además comparten la dirección de la gestión de Inmobiliaria La República, sociedad que administra los bienes de la Masonería.

En 2003, Consaudit fue cuestionada por haber auditado los estados financieros de Inverlink Administradora General de Fondos, en circunstancias que dos de sus socios, Pedro Salas Ocampo y Hernán Quililongo Canales, mantenían lazos societarios con uno de los dueños del consorcio que provocó uno de los mayores escándalos financieros de la época: Ignacio Wulf. A juicio de expertos tributarios, la estrecha relación entre Wulf y Consaudit, constituía una práctica reñida con el comportamiento que se les exige a las auditoras.

Negocios blindados

Carlos Cardoen junto a Saddam Hussein

De cómo Danilo Rivas se convirtió en director de de la sociedad fantasma CFI International Corporation, domiciliada en Nueva York, no hay información. Sólo una escueta notificación en la Superintendencia de Valores (SVS), informa que Rivas asumió como director de la misma desde mediados de los ‘80. Muy distinto al rol que consigna el poder que el propio Rivas legalizó en abril de 1984 ante el notario Samuel Klecky Rapaport. Ese documento lo constituye como el único representante legal de la compañía en Chile, con amplios poderes.

El poder señala que CFI, representada por su presidente, el estadounidense Peter C. Gmunder; y su secretario, el abogado cubano-estadounidense Mario Díaz Cruz III, le otorgó plenas facultades a Rivas para “cualquier y todo acto en representación de la sociedad según él y a su exclusiva discreción considerase necesario o pertinente, incluyendo pero sin limitarse a la formalización y extensión de cualquier tipo de certificados, notificaciones, convenios y otros instrumentos necesarios para administrar los negocios, intereses y bienes de la sociedad en Chile”.

Al parecer, CFI -cuyo único apoderado hasta ahora conocido en Chile fue Rivas- tuvo un rol importante en el desarrollo de la fábrica de armamentos de Cardoen. Así lo revela otro de los documentos descubiertos por CIPER. En 1989, Industrias Cardoen Limitada le otorgó a CFI en garantía y por un monto de US$10 millones, diversos bienes a cambio de que CFI le gestionara un préstamo en el extranjero por la misma cantidad, según lo permite el Capítulo XIV de las normas cambiarias del Banco Central.

El contrato notarial “de prenda sin desplazamiento”, dejó bajo la tutela de CFI bienes de la planta de Iquique de la industria de armamentos de Cardoen y fue suscrito por Danilo Rivas representando a CFI y Pedro Arancibia Solar, teniente (R) de la Armada, en representación de Industrias Cardoen S.A. Arancibia fue condenado hace pocos días (junio de 2009) a 3 años y 1 día por la Corte de Apelaciones de Valparaíso como uno de los autores del secuestro y desaparición del ingeniero socialista Jaime Aldoney.

De la utilización que le daría Cardoen a esos US$ 10 millones no hay palabra en el documento. En la víspera de que la Concertación entrara a La Moneda, era imposible pensar en la expansión de su industria de armas. No así en el extranjero. Dos meses antes de la firma del convenio con CFI, Cardoen aún contaba con el respaldo de Estados Unidos para vender armas al régimen dictatorial de Saddam Husein y estaba en pleno proceso de construcción de dos plantas en las afueras de Bagdad a donde llevó operarios e ingenieros chilenos. Una investigación de la revista española Tiempo de octubre de 1990, señala que en esas plantas se habrían invertido US$ 40 millones.

Poco después se producirían los primeros problemas entre Cardoen y el régimen de Hussein, los que culminaron en agosto de 1990 con la retención de siete ingenieros chilenos que trabajaban para Cardoen en Bagdad. Fue la antesala del conflicto del principal fabricante de armas chileno con el gobierno de Estados Unidos, cuyo hito fue el juicio iniciado en su contra en 1993 y que mantiene sobre el ingeniero una orden de captura internacional que le impide salir de Chile.

Instalaciones de Industrias Cardoen

Atrincherarse en Chile a partir de 1993 no fue su opción, sino una imposición para Cardoen. Ya con el retorno a la democracia y habiendo reordenado y concentrado la propiedad de las múltiples empresas y sociedades que formó durante el régimen militar, en 1993 decide vender el Banco del Pacífico. El comprador fue el banco español Banesto. La operación se concretó ese mismo año a través de Socimer Chile S.A., filial de la transnacional suizo-española y en cuyo directorio estaba con amplios poderes Danilo Rivas. Él mismo reconoció su rol en esa venta. En su declaración judicial del 5 de octubre de 2008, declaró:

“Yo no tengo profesión con título, pero me desempeño hace mas de 30 años en una actividad de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Me involucro en la compra y venta de empresas y en la obtención de fondos para desarrollar proyectos…Como ejemplo, lideré la venta del Banco del Pacífico al Banesto de España en 1992…”

Las empresas madre de Socimer eran Transáfrica y Transamérica, cuyas sedes en Chile funcionaban en Alameda 949, piso 13, la misma dirección de la filial local de Socimer. Y en los círculos financieros ya era conocido que Pinochet triangulaba dineros a través de Transáfrica y Transamérica. Rivas no era ajeno a esas operaciones. En la misma época en que Danilo Rivas actuó –a través de CFI- como gestor de un millonario crédito internacional para Cardoen, el fabricante de armas lo designó junto a Francisco Lyon Ossa como director del Banco del Pacífico de su propiedad. Ambos eran paralelamente miembros de la plana gerencial de Socimer Chile S.A. y el ingeniero Lyon Ossa ya manejaba dineros de la familia de Pinochet. Un rol que mantiene hasta hoy.

Mirage: la otra intermediación de armas

A juzgar por las operaciones de CFI International Corporation que CIPER logró pesquisar, su mercado predilecto fue el de armamentos. Porque otro episodio en el que actúa como intermediario fue develado por la justicia belga en la investigación por el pago de U$S15 millones en comisiones ilegales por la venta de 25 aviones Mirage a Chile (19 de junio de 1994).

Cuando François De Smet, representante de Sabca en Chile y uno de los intermediarios del negocio de los Mirage, declaró ante la justicia belga, dijo que parte de la comisión de US$ 1 millón que recibió fue transferida a CFI. Esas operaciones, agregó, “fueron realizadas siguiendo los consejos del señor Danilo Rivas, quien trabaja actualmente para el Banco Monex”.

Lo que omitió De Smet en su testimonio, fue que Danilo Rivas era el único representante en Chile de CFI y que su consejo de a dónde dirigir los depósitos de las comisiones ilícitas fue clave para no llamar la atención de los organismos de control bancario nacionales. Está probado por la justicia belga –según informó El Mercurio el 30 de enero pasado- que ese millón de dólares le fue depositado a De Smet por la sociedad de papel Berthier (del comerciante de armas Karel Honzic) a su cuenta Atere N° 43617 en el Banco de Luxemburgo y desde allí derivado a cuentas de CFI y de S.I.B.L.F. Ambas le transfirieron después esos dineros a sus cuentas en Chile.

Avión de combate Mirage cargado con bombas de racimo

“Si suponemos los hechos probados, esas prácticas son susceptibles de constituir actividades de blanqueo de dinero”, concluyó el tribunal belga que investigó el millonario ilícito. La justicia belga no esclareció a qué sociedad correspondía S.I.B.L.F., pero CIPER sí lo hizo. Se trata de la sigla bajo la cual actuaba el Banco Socimer con sede en Montevideo, Uruguay. Una entidad que bien conocía Danilo Rivas.

Desplazar dineros oscuros se convirtió en una de las habilidades de CFI. Así lo prueban algunas de las transferencias que realizó Pinochet para mantener en secreto su millonaria fortuna. En el proceso que se sigue en Chile por el origen de esos dineros, CFI International Corporation figura manejando fondos de G.L.P. Limited, una de las 11 sociedades de papel creadas por Pinochet para ocultar el dinero que acumuló en el extranjero.

La prueba: El 23 de julio de 2003, el ejecutivo del Banco de Chile de Nueva York a cargo de la cuenta secreta de Pinochet a nombre de GLP, recibió la orden de transferir US$ 279 mil a una cuenta de CFI International Corporation (cuyo único representante en Chile era Danilo Rivas) en el Banco Orinoco de Venezuela. Al día siguiente, la misma cantidad de dinero fue transferida por CFI al Banco de Chile de Nueva York, pero esta vez a una cuenta a nombre de Jacqueline Pinochet. El dinero sería utilizado por la hija menor del dictador para pagar la casa en Vitacura en la que aún reside.

Las “platas negras” de Socimer

Danilo Rivas se incorporó a Socimer Chile S.A. -filial de la firma suizo-española del mismo nombre, controlada por las multinacionales Transáfrica y Transamérica-, desde su creación en 1987. A partir de 1991 ocupó un sillón en el directorio. Allí estaba en 1998, cuando el holding entró en un proceso de liquidación a nivel mundial.

La prensa hispana de la época informó que el agujero financiero tuvo su origen en 1996, a raíz de la compra del Banco UNB Medefín (de Argentina) por Socimer International Bank Limited (Danilo Rivas figura como su representante en 1997), filial de Socimer y de Transáfrica. La alarma financiera internacional se encendió cuando las auditorías al Banco UNB Medefín revelaron un déficit patrimonial de 15.000 millones de pesetas. Poco después la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) denunció que Socimer había gravado o vendido fondos de sus clientes que tenía bajo custodia en España por un monto total de 15.000 millones de pesetas. La misma suma que debía aportar para subsanar el hoyo del Banco UNB Medefín.

Como el domicilio de Socimer International Bank era Bahamas, el Banco Central de ese país decretó su intervención provocando que Transáfrica y dos de sus filiales (Pescafina y Pez Austral) entraran en suspensión de pagos, debiendo asumir un pasivo global de 20.500 millones de pesetas. El proceso de liquidación continúa hasta hoy.

Danilo Rivas junto a sus abogados

La debacle de Transamérica, Transáfrica y Socimer repercutió en las filiales en Chile. En 1999, Socimer Chile S.A. dejó de operar. Según la información de prensa de la época, el desplome habría ocasionado pérdidas por US$ 40 millones a inversionistas chilenos. A pesar de los millones en juego, muchos de ellos decidieron no reclamar sus patrimonios ante los tribunales.

El periodista Fernando Paulsen, en un artículo en el diario La Hora, dio la clave sobre por qué los afectados aparecían atados de mano: Muchos de estos dineros es lo que llamamos platas negras, dinero recibido por servicios o ventas que no han sido declarados como ingresos oficiales, por lo que no forman parte de la declaración de impuestos de esas personas. En otros casos, pueden ser dineros registrados y declarados, pero la utilidad de ellos devengada en el exterior, gracias a las inversiones de Socimer, no ha pagado impuestos cuando vuelve al país. Y esto ha ocurrido así por años.

La explicación de Paulsen tenía asidero en otra de las aristas de negocios de Socimer: servir de intermediaria en la compra de bonos de la deuda extranjera nacional mediante el Capítulo XIX de la Ley del Banco Central. Este mecanismo permitía a inversionistas extranjeros la compra de estos papeles en el mercado internacional a un precio menor a su valor nominal (entre el 40 y el 60% menos), para luego -y a condición de ser reinvertidos en Chile-, canjearlos ante el instituto emisor a un precio superior. Pero la franquicia estaba prohibida para los inversionistas nacionales ya que su fin era incentivar el ingreso de capitales foráneos. La irregularidad fue que algunas entidades financieras actuaron como fiduciarios de esas inversiones, para enmascarar a inversionistas chilenos que aprovecharon la franquicia para engrosar sus capitales.

En marzo de 1998, y a solo siete meses de iniciar sus actividades, Socimer Austral Ltda. (perteneciente al holding) acumulaba operaciones de deuda externa por US$ 400 millones. Así lo informó su gerente general Hipólito Lagos Schmidt, quien era también el principal representante de Transamérica y sus filiales en Chile. Lagos sabía de este negocio. Se convirtió en un experto siendo gerente de Operaciones del Banco Central entre 1950 y 1976, año en que se fue del principal instituto emisor para regresar en 1985 como director de Política Monetaria.

Fue en el Banco Central donde Hipólito Lagos se cruzó por primera vez con Danilo Rivas. Se volverían a encontrar en Transamérica y Socimer, y también en Iansa, empresa de la que Hipólito Lagos fue director al momento de su privatización. En esa operación, Lagos actuó junto a Peter Grembler Zeh, quien también fue director de Transamérica y Socimer. Según un informe de la Contraloría, esa privatización dejó una pérdida para el Estado chileno de US$ 47,6 millones.

En su declaración ante la fiscal Alejandra Godoy, Danilo Rivas afirmó “Lideré la venta de acciones Iansa a Campos Chilenos en 1987 ó 1988; la venta de Lan Chile al grupo Cueto e Hirmas en 1993 ó 1994 y la venta del Hotel Pucón al Grupo Martínez”. En todas ellas actuó representando a Socimer, sociedad en la que permaneció hasta 2001, año en que la representó en la venta de Inversiones Bello Horizonte Ltda. Capítulo aparte merece su paso como director de Socimer Corredores de Bolsa (1994-1996), la que dejó de operar en la Bolsa de Comercio de Santiago en agosto de 1997 (ver recuadro).

Socimer, Famae y Pinochet

No sólo CFI International Corporation vincula a Danilo Rivas con la fortuna secreta de Pinochet. Los nexos de Socimer con los movimientos de esos dineros aparecen en la investigación judicial en Chile del llamado Caso Riggs en los años en que Rivas era director.

El 30 de mayo de 1995, desde una cuenta de Cornwall Overseas Corp., una de las sociedades off shore que el albacea del dictador, Óscar Aitken, le creó en el extranjero, se hizo una transferencia por US$ 250 mil a una cuenta de Berthier Invest Inc., sociedad de papel para la captación de comisiones por la compra y venta de armas. La cuenta estaba registrada en el Socimer International Bank, del cual Rivas fue representante. En 1996, el mismo monto fue girado a la cuenta DDA Nº 763918 145850 de Famae Limited, en el Banco de Chile en Nueva York.
Famae Limited fue una sociedad que Pinochet y su círculo de hierro mantuvo en absoluto secreto desde que se creó como Ultracam, para recepcionar los dineros de las ventas ilícitas de armas que se hicieron desde Famae. La venta que terminó con el secreto fue la del tráfico de armas a Croacia, cargamento rotulado como ayuda humanitaria, descubierto en el aeropuerto de Budapest en 1991.

El banco Socimer de Montevideo aparece también en marzo de 1997, enviando un giro por US$ 398.531 a la cuenta N° 5251472172 que la sociedad de papel Cornwall mantenía en el Banco Coutts, en otra triangulación con la sociedad de papel Berthier Inv (por comisiones de armas).

Augusto Pinochet inspecciona el cohete rayo fabricado por Famae

Otro nexo entre Socimer International Bank y las operaciones clandestinas de Famae, fue revelado por el diario La Nación en marzo de 2006. En 1989, la industria de armamentos del Ejército solicitó a la Corfo un crédito por cerca de US$10 millones, entregando como garantía acciones de la entonces Empresa Nacional de Explosivos (Enaex). Pero el mecanismo resultó demasiado rígido para obtener la cantidad de fondos que requería Famae. En la urgencia, se acordó modificar el sistema y usar pagarés de la Tesorería General de la República. La entidad que garantizó el crédito fue Socimer International Bank. Los dineros fueron transferidos desde la institución bancaria a una firma en Panamá llamada FAX, perteneciente a Famae.

Curiosamente es el mismo año (1989) en que Cardoen pide la misma cantidad (US$10 millones) a través de CFI (con un poder a Danilo Rivas) a un banco extranjero. Y es el año en que se desata una guerra entre Industrias Cardoen y la empresa pantalla de Famae (Ferrimar) por la venta al extranjero de las bombas de racimo.

Lo cierto es que tanto Cardoen como Pinochet confiaban en Socimer. Así lo demostró el dictador en 1992, cuando le vendió a Socimer Corredores de Bolsa S.A., sociedad de la que Rivas era director, 370.464 acciones de Endesa en $45.689.325. El paquete lo había adquirido en 1989 en $6.112.656, bajo la franquicia del capitalismo popular. La operación le significó utilidades por más de $ 39 millones.

Las “TMI” de Marco Antonio

La confianza que depositó Pinochet en los directivos de Socimer, la continuó su hijo Marco Antonio. Actualmente, algunos de los ex directores y ejecutivos de Socimer Chile S.A. y el holding al que pertenecía, están a cargo de sus negocios. Hipólito Lagos, Eugenio Camus, Peter Grembler, Francisco Lyon Ossa, Roberto Parra Hernández y Juan Christian Dellamaggiora son los nombres que se repiten en las sociedades continuadoras de Transamérica S.A. de Comercio Exterior, y otras que se encuentran estrechamente ligadas a los negocios de Marco Antonio Pinochet

En octubre de 2005, el diario La Nación reveló los principales personajes vinculados a los negocios que en ese momento mantenía el hijo del fallecido general a través de Mantenimientos Integrales TMI S.A., servicios de lavado, limpieza y aseo industrial, domiciliada en Concepción. Su presidente: Francisco Lyon Ossa, el mismo ex director y gerente de Socimer Chile S.A. junto a Danilo Rivas como director.

El vínculo entre TMI y la sucesora de Transamérica es tan estrecho que una de las sociedades propietarias de TMI S.A., Rentas Colico S.A., establece en sus estatutos que en caso de muerte de uno de sus socios, sus acciones pasan automáticamente a Transamérica Merchant International, sociedad matriz de TMI, domiciliada en Santiago. Todas ellas realizaban sus sesiones de directorio en las mismas oficinas: avenida Las Condes 11.400.

Transamerica Merchant International apareció vinculada al clan Pinochet en el segundo informe del Senado estadounidense sobre sus cuentas secretas. Allí se lee: “El 29 de enero de 1999, ‘Ramón Ugarte’ envió una transferencia electrónica de US$ 499.985 (casi $250 millones de la época) a Transamérica Merchant International, desde una cuenta del Banco Atlántico en Gibraltar”. El Diario Oficial indica que la actual Transamérica Merchant Chile S.A. –razón social de la TMI capitalina- fue creada en agosto de 1997 por Inversiones Transamérica Chile, representada por Hipólito Lagos Schmidt, Eugenio Camus Camus y Peter Gremler Zeh, entonces socios principales de Socimer Chile S.A. y de la firma que fue su controladora, Transamérica S.A. de Comercio Exterior.

Marco Antonio Pinochet

Francisco Lyon Ossa es el nexo entre Rentas Colico, la TMI capitalina y la TMI penquista, pues es ejecutivo de las dos primeras sociedades y presidente del directorio de la empresa de lavado y limpieza sureña. Los otros dos ejecutivos de la TMI de Santiago, Roberto Parra Hernández y Juan Christian Della Maggiora, pertenecieron también a Socimer, primero en cargos gerenciales y, luego, como representantes de Transamérica S.A. en el directorio de Socimer.

Los ingenieros Lyon, Parra y Dellamaggiora tienen otro nexo en común: fueron ejecutivos de la oficina que instaló en Chile el Chicago Continental Bank en los ’80, para realizar operaciones de capítulo XIX de la Ley del Banco Central, trabajo ejecutado en paralelo con sus funciones en Socimer Chile S.A. La oficina en Chile del Chicago Continental Bank tomo un rol preponderante para que determinados capitales se hicieran del control de Iansa luego de su privatización.

La relación de Danilo Rivas con los dineros de Pinochet tiene otro fleco interesante. Tras la desaparición de Socimer, Danilo Rivas y el ingeniero comercial Carlos Olguín Pizarro –ex gerente de esa sociedad- se integraron al Banco Monex, autorizado para operar desde noviembre de 2002. Rivas como director y Olguín como gerente del proyecto. La entidad bancaria tiene como antecesores a Monex Corredores de Bolsa S.A. y a Monex Agencia de Valores S.A., ambas vinculadas a las cuentas de Pinochet a través de sus sociedades de papel.

En 2005, Danilo Rivas Zlatar dejó el Banco Monex para dedicarse a sus negocios privados y a su campo en Requínoa. Un año más tarde organizó la cena en la que se concretó el negocio del Registro Civil. El miércoles llegó a los tribunales flanqueado por sus dos abogados: Luis Hermosilla y Claudio Arellano Parker, dos pesos pesados en derecho penal. Sin mostrar nerviosismo, escuchó los cargos que se le imputan. Fue su manera de decir que todo está bajo control. Pero a los 63 años, Rivas sabe que ahora se empieza a escribir su otra historia, ahora pública.

El día en que Rivas no pudo acreditar su escolaridad

Durante los años en que Danilo Rivas ocupó cargos directivos en el grupo de sociedades ligadas a Socimer Chile S.A., muchos lo identifican como el hombre de confianza del principal representante de la firma en Chile: Hipólito Lagos Smidth.

Danilo Rivas

No extrañó entonces que en abril de 1994, Rivas asumiera como director de Socimer Corredores de Bolsa S.A. en reemplazo de Lagos, quien debió renunciar por no cumplir con los nuevos requisitos establecidos en ese momento por la Superintendencia de Valores y Seguros. La SVS, junto con consignar diversas inhabilidades para ejercer la función, estableció que los directores de este tipo de entidades debían acreditar estudios secundarios completos.

Aunque Danilo Rivas declaró haber cursado su educación en el Liceo de Hombres de Talca, en dos años nunca entregó el certificado correspondiente. Después de cuatro requerimientos oficiales de la SVS a la corredora, tras la formulación de cargos por infringir la normativa, Rivas renunció al directorio.

El 28 de marzo de 1996, en la respuesta que la corredora envió para explicar la situación, se dice: “Hemos decidido prescindir de dicho integrante del directorio, a fin de subsanar la irregularidad consistente en que dicho director no cumple por el momento con la totalidad de las exigencias legales y reglamentarias para desempeñar dicho cargo, especialmente en lo tocante a la documentación que se debe acompañar luego del respectivo nombramiento”.

Pese a los descargos, en septiembre de ese año, la SVS sancionó a Socimer Corredores de Bolsa S.A con una multa de 300 UF por esa y otras anomalías. Entre ellas, por no informar los cambios de gerente general y de miembros del directorio dentro del plazo legal; y por aumentar su capital social mediante la suma de las utilidades sin haberlas primero declarado como tales, lo que contravenía normas expresas del mercado.

Julio Jung y M. Elena Duvauchelle: los otros socios de Danilo Rivas

A mediados de los 80’, recién llegados desde el exilio, los actores María Elena Duvauchelle y Julio Jung asumieron el desafío de instalar una sala de teatro propia. En ese afán, conocieron a la gestora cultural Neda Rivas Zlatar, hermana mayor de Danilo. Las presentaciones las hizo Aníbal Palma (ex ministro radical de Allende)

Durante los primeros años, la relación de trabajo entre el matrimonio de actores y la gestora cultural fue fluida y estrecha. Neda les presentó a varios ex radicales, activos miembros de la oposición a Pinochet, como el publicista César Parra (estrecho amigo de Guillermo Arenas) y Ricardo Navarrete (actual subsecretario de Investigaciones)

En 1985, crearon la “Inmobiliaria Cultural Nuevo Grupo Valentín Letelier S.A.”, junto a Víctor Manuel Rebolledo González (ex diputado PPD), Nolberto Requena Véliz (PPD, ex concejal de Cerrillos y estrecho amigo de Guillermo Arenas) y Emilio Rojas (periodista, ex agregado cultural en Uruguay durante el gobierno de Aylwin, procesado por el ministro Madrid por obstrucción a la justicia en el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos).

Julio Jung, ex socio de Danilo Rivas

En los primeros estatutos de la sociedad se estableció que cualquier cambio en su número de integrantes o en su capital social debía ser aprobado en forma unánime por todos los accionistas. Los cinco dueños poseían igual número de acciones: 40.

Eso cambió a fines de los 80’, cuando Danilo Rivas, hermano de Neda, ingresó a la junta de accionistas. Ello fue posible porque Neda concentró en su poder las acciones de Rebolledo, Requena y Rojas, traspasándole 10 a su hermano y una a Juan Hurtado Jaramillo.

El gestor de negocios se sumó al proyecto como encargado de conseguir financiamiento para terminar la construcción de la Sala Nuval, un inmueble adquirido por la sociedad en calle Condell. Para ello hizo gestiones incluso ante la Unión Europea, obteniendo una donación de US$ 120.000.

Pero en menos de un año comenzó el quiebre. Julio Jung y María Elena Duvauchelle acusaron a los hermanos Rivas de haberlos marginado para decidir diversos cambios en la sociedad. Entre ellos, el aumento de un 2.000% del número de acciones de la compañía, operación que permitió que Danilo Rivas quedara como socio mayoritario, con más del 60%; mientras que Neda Rivas se situó como la segunda socia, con el 37,3%.

Jung y Duvauchelle seguían con 40 acciones cada uno, tal como originalmente se constituyó la Inmobiliaria, sólo que ahora representaban el 2,44% de participación. Jung dijo a CIPER que, desde el ingreso de Danilo Rivas a la sociedad, las juntas de directorio de carácter extraordinario -que se hicieron en su ausencia- fueron efectuadas en Alameda 949, 13º piso. En la época allí funcionaban las oficinas de Socimer Chile S.A.

Con los actores prácticamente fuera, en 1991 se inauguró la Sala Nuval, presentando importantes montajes teatrales y culturales. En junio de 1998, sus dos socios mayoritarios, Neda y Danilo Rivas, decidieron la disolución de la Inmobiliaria, designando al abogado Raúl Morales Matus como liquidador de la misma.

-Nos sacaron legalmente de la sociedad. Son fantásticos ellos. La intención era que fuera corporación cultural, que se abriera a otros directores y actores, que no tuviera fines de lucro. Pero como estábamos en dictadura y no nos iban a dar ese estatus, ellos encontraron la fórmula de la sociedad anónima –dice Julio Jung.

A pesar de haber anunciado acciones legales en contra de los hermanos Rivas, no lo hicieron. “En ese momento estábamos sin mucha plata. Luis Ortiz y Lucho Arévalo nos dijeron que necesitábamos plata, después lo mismo con Álvaro Varela. Necesitábamos mucha plata para pelear con esos huevones”, argumenta Jung

-Rivas es lo que se llama un gestor. Muy sociable, buena persona. Se sentía atraído por nosotros porque estábamos viviendo un momento especial y en el teatro se podían decir cosas y se llenaba de gente. Tenía discurso antidictadura –acota Jung.

Así como en Chile fue una investigación periodística la que reveló las irregularidades en una licitación del Registro Civil que tiene la cúpula ejecutiva de la empresa TATA a punto de ser formalizada, en México un reportaje reveló presuntas irregularidades en un contrato licitado por el estado a la misma multinacional india.

Amobos casos tienen varias semejanzas. De acuerdo a la revista digital Reporte Índigo, TATA se adjudicó una licitación pública con el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en octubre de 2007, dejando atrás a conocidas empresas como IBM, Unisys y Hewlett-Packard. El monto tope del contrato por Servicios de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo asciende a US$ 260 millones.

Al igual que en Chile la Contraloría objetó la adjudicación del contrato del Registro CIvil a TATA; en México su equivalente, la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuestionó la licitación y abrió un expediente. Sin embargo, meses más tarde ratificó el contrato otorgado a TATA.

Ahora Reporte Índigo reveló que durante diciembre de 2008, la compañía habría facturado 420 mil horas/hombre de consultoría, lo que equivaldría a a destinar 2 mil 625 programadores de tiempo completo, en turnos de ocho horas durante cinco días laborables, sólo para dar servicio a ese contrato.

Otro de los cuestionamientos apunta a que el profesional a cargo de la licitación es Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo. A esto se sumó un hecho dramático que agravó las críticas: al día siguiente de la publicaciónd el reportaje, ocurrió el incendio a la guardería donde murieron 44 ñiños. Las dos dueñas de la guardería eran casadas con altos funcionarios del estado de Sonora -quienes renunciaron a sus cargos- y una de ellas, Marcia Altagracia Gómez del Campo, tenía un parentezco -al parecer lejano- con la primera dama. Comos si fuera poco, el lugar estaba bajo tutela del IMSS.

La suma de ambos temas ha generado cierta repercusión política y el PRD ya pidió explicaciones al gobierno. Como antecedente, la prensa menciona el rol de TATA en el caso del Registro Civil en Chile, al que Reporte ïndigo ha llamado el “Tatagate”.

Haciendo click AQUÍ puede ver la versión multimedia de la revista digital Reporte Índigo.

Pero todavía faltaba lo peor. Al día siguiente, el lunes 16 de marzo, tuvo lugar la audiencia de formalización de los implicados en las irregularidades de los contratos entre el Registro Civil y la Universidad de Santiago (Usach) (Ver Recuadro). A Lobos no sólo se le imputó el delito de fraude al fisco, sino que se lo consideró un peligro para la sociedad y quedó detenido en el penal de Santiago 1.

Arenas y Lobos se conocieron hace más de 30 años en los pasillos de la Universidad de Chile, donde estudiaron Derecho. El dato fue relatado por ambos cuando declararon en el sumario que la Dicrep le abrió a Jorge Lobos y al que CIPER tuvo acceso. El corazón de la investigación fue determinar qué tanto sabía Lobos de las anomalías que se cometieron en la licitación del Registro Civil que se adjudicó la empresa india TATA. Tal como en las pesquisas a sigue la Fiscalía Centro Norte, fue María Isabel Moya, la jefa de informática de dicha entidad, quien lo acusó directamente de haber sabido con más de un año de antelación que Andrés Contardo, al mismo tiempo de asesorar en el proceso de licitación del Registro Civil, trabajaba para TATA.

María Isabel Moya aseguró que descubrió que Contardo trabajaba para TATA en enero de 2007, es decir, meses antes de que se diera inicio al proceso de licitación y más de un año antes de que el caso explotara. En su declaración, el jefe de infraestructura tecnológica, Claudio Pavez, agregó que desde un principio sospecharon de los movimientos del asesor: “Cuando empezamos a ver lo que tenía hecho Contardo, nos pareció dudoso y su fundamento técnico era poco. No fue capaz de defender su trabajo”. Su colega Walter Montenegro, jefe de seguridad informática, declaró que ante la persistencia de las dudas, decidieron revisar los documentos de Contardo. Sorpresa: “Encontramos documentos que venían con la autoría de TATA”.

Al descubrir que los archivos presentados por Contardo al Registro Civil habían sido creados en un computador de la multinacional india, los profesionales anteriormente nombrados dijeron haber buscado en Internet hasta dar con el currículum del asesor. Y en él decía claramente que había trabajado en Comicrom, la empresa que compró TATA para entrar al mercado chileno. Allí estaba, dijeron, lo que explicaba la conexión.

En ese momento, faltaban meses para la apertura de la licitación y por lo tanto aún no había certeza de que TATA participaría en ella, pero de todos modos María Isabel Moya afirmó haber denunciado el hecho ante Lobos y Arenas. “En esas ocasiones no fui muy bien tratada ni recibida. Me dijo Arenas dos días después Te guste o no te guste vamos a seguir trabajando con Contardo (…) Lobos trató de minimizar la situación. Dijo que no podíamos hacernos cargo de rumores. Yo le dije que no eran rumores, que era una información cierta”, declaró Moya.

Ante la fiscalía, la jefa de informática agregó que cuando explotó el escándalo por el artículo de CIPER, Arenas le pidió ocultar lo sucedido. “La reunión que sostuvimos en la cual tú me informaste que Contardo trabajaba para TATA, nunca, nunca, nunca existió“, le habría dicho Arenas según la versión de Moya.

En su declaración por el sumario de la Dicrep, Lobos negó haber sabido que Contardo trabajaba para TATA y aseguró haberse enterado sólo a través del reportaje de CIPER. Arenas, quien en el sumario se define a sí mismo como “un ciudadano común”, también desmiente e ironiza sobre los dichos de Moya: “¿En qué bola de cristal adivinó (Moya) que ocho meses después se iba a presentar TATA? (…) Yo a María Isabel Moya le tengo compasión, ella tiene una vida privada muy delicada y es a lo único que atribuyo esta incoherencia. En mi declaración ante la fiscalía señalé que el equipo de informática fue penetrado por la empresa privada”. Arenas acusó además a María Isabel Moya de haber mentido ante la fiscalía y afirmó que ésta rectificó la fecha en la cual dice haberle informado de la relación de Contardo con TATA.

Las acusaciones de Arenas surtieron poco efecto ante la fiscal de la Dicrep, Alejandra Zúñiga. La fiscal no le creyó ni a él ni a Lobos que no existía entre ellos una relación de amistad y en cambio confió en los integrantes del equipo de informática para determinar que el vínculo era estrecho. Por ello, la declaración de Arenas en defensa de su ex jefe de gabinete no fue considerada válida. Y, lo más importante, la fiscal Zúñiga confió en Moya y su equipo al concluir que Lobos sabía que Contardo trabajaba para la empresa india.

Si seguimos el razonamiento de la fiscal, habría que creer en el retrato que hace Moya de los dos ex funcionarios del Registro Civil: “Lobos es una persona muy cálida, receptiva y sonriente. No se inmuta. Arenas era histriónico, casi exageradamente”.

Un sumario muy singular

Jorge Lobos era un antiguo funcionario de “La Tía Rica”. Fue ahí donde en 1994 se reencontró con su viejo conocido de los tiempos universitarios, Guillermo Arenas, quien ese año asumió la dirección de la Dicrep.

Durante la gestión de Arenas en la Dicrep, Lobos cometió una falta que recién ahora le cobró cuentas. En enero de 1996, autorizó un préstamo por un millón de pesos a la madre de su hijo, Erika Henríquez González, quien luego fue contratada en las oficinas de la Dicrep en Temuco. Como garantía, la mujer presentó un auto que dijo ser suyo, pero que en realidad era propiedad de Lobos. En 1998 la Contraloría investigó los hechos y determinó que “se estaría en presencia de una trasgresión al principio de probidad administrativa”. Sin embargo, no formuló cargos por estimar que la responsabilidad administrativa estaba prescrita.

Estaba prescrita pero no enterrada, pues el hecho fue considerado como agravante en la resolución de la fiscal Alejandra Zúñiga, cuyo sumario terminó por costarle su puesto como funcionario de la Dicrep.

Para los directivos de la “Tía Rica” el regreso de Jorge Lobos a la institución se había transformado en un dolor de cabeza. Durante su gestión en el Registro Civil, mantuvo la propiedad de su cargo en la Dicrep, por lo tanto tenía derecho a volver a ocuparlo. Anunció que arribaría el 14 de mayo de 2008. Las autoridades del organismo se preocuparon por la llegada de Lobos. El hombre que se reintegraba a sus funciones venía con la carga de ser el jefe de gabinete de Guillermo Arenas, quien fue obligado a renunciar -junto a toda la plana directiva del Registro Civil- a raíz de un escándalo de corrupción. Sus colegas también se pusieron en alerta: una dura carta de la Asociación de Funcionarios de la Dicrep (Anacrep), cuestionando su reintegro y recordando la irregularidad que cometió en 1996, empezó a circular.

Lobos retomó sus funciones en la Dicrep el 15 de mayo. Un día después de lo previsto. Se justificó diciendo que el primer día nadie lo recibió. El director subrogante, Juan Antonio Castillo, le pidió hacer una investigación del mausoleo de la Dicrep en el Cementerio General y un estudio de los bienes inmuebles. Y alcanzó a trabajar hasta el 20 de mayo –sólo cuatro días, con un fin de semana entremedio-, pues fue notificado de que se abría un sumario en su contra. En el proceso administrativo, Castillo calificó su disposición como displicente, se quejó de que en esos pocos días Lobos hizo un mal trabajo (nunca rindió cuentas de lo realizado), y calificó de grave que pasara a llevar a la jerarquía.

En su réplica, Lobos se defendió diciendo que entregó el resultado de su trabajo a un colega. Sin embargo, hasta hoy los antecedentes del mausoleo de la Dicrep están desaparecidos. Y acusó haber sido maltratado por su jefe, el que lo relegó a una oficina de la que no tenía llave y por lo tanto debió esperar tres horas a que le abrieran. Además, se quejó de que ni siquiera tenía un computador donde trabajar. Al final, la fiscal debió carear a Lobos con Castillo, quien afirmó que el computador funcionaba y sólo le faltaba la conexión a Internet.

La defensa de Lobos cuestionó el sumario pues la investigación principal versaba sobre hechos acontecidos en otro servicio (el Registro Civil), pero fueron los cargos por no haber hecho el trabajo sobre el mausoleo en la Dicrep los que validaron el sumario. En su resolución del 6 de marzo pasado, que dio curso a la remoción de Lobos, el contralor Ramiro Mendoza ratificó que si bien un servicio no puede sancionar las irregularidades cometidas en otro, no existen vicios en la sanción a las faltas cometidas por Lobos en la Dicrep.

Cuando se acerca una nueva oleada de formalizaciones por estafa y fraude al fisco en uno de los casos de corrupción más bullados de los últimos años, las sucesivas pesquisas del Ministerio Público están revelando que varios de los protagonistas que hasta ahora se conocen en la causa están conectados a través de la Masonería. Gracias a intercepciones telefónicas y otras diligencias, se sabe que el ex director del servicio, Guillermo Arenas –hoy formalizado- le pidió a Danilo Rivas, miembro de la Logia Prometeo N° 101 y uno de los gestores de la polémica licitación que destapó el caso, que intercediera ante sus compañeros de Logia, ya preocupados por el alcance de la investigación judicial. CIPER logró establecer que los principales actores de este proceso pertenecen a la Masonería y mantienen estrechos vínculos de amistad y negocios.

Fue la fiscal Alejandra Godoy, encargada de investigar las irregularidades ocurridas al interior del Servicio de Registro Civil e Identificación durante la gestión encabezada por el abogado PPD Guillermo Arenas Escudero, quien a mediados de enero pasado comenzó a dar las primeras luces sobre el origen de las relaciones que unen a los principales imputados en el caso.

En la extensa audiencia de formalización al ex director del organismo, la fiscal dio cuenta de que en 2005, en el Club de La República, Arenas y el ex rector de la Universidad de Santiago, Ubaldo Zúñiga Quintanilla, se habrían visto las caras por primera vez. Ambos eran antiguos miembros de la masonería y al año siguiente apoyaron firmemente la elección de Luis Riveros al cargo de Gran Maestro. Fue Arenas, de acuerdo con la declaración que Zúñiga prestó a la fiscal, quien le propuso a éste realizar trabajos en conjunto.

De esta forma se habría gestado el cuestionado convenio entre el Registro Civil y la Universidad de Santiago, tendiente a la ejecución de dos asesorías por un costo total de $ 400 millones. Este contrato forma parte de la investigación por el caso del Registro Civil que conduce la fiscal Alejandra Godoy y tiene a Arenas y Zúñiga enfrentados a cargos de fraude al fisco.

La masonería no sólo está presente en la relación entre Arenas y Zúñiga. En este caso hay también otros personajes de relieve vinculados a la Gran Logia chilena. Uno de ellos es el “gestor de negocios” Danilo Rivas Zlatar, quien cumplió un papel decisivo para que la empresa Tata Consultancy Services se adjudicara una licitación por US$ 80 millones para dotar al Registro Civil de la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática. Tras una publicación de Ciper, el contrato fue anulado y el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, presentó los antecedentes que dieron pie a la investigación de la Fiscalía Centro Norte.

Desde entonces las pesquisas se han extendido hacia otras anomalías que tienen a una veintena de personas ad portas de ser formalizadas por delitos de estafa y fraude al fisco, en una audiencia programada para el 16 de marzo. Ahí volverá a surgir el vínculo masón en torno a este caso.

Pero las relaciones de amistad masónica se arrastran desde una época más lejana a la establecida por la fiscalía. Según pudo establecer CIPER, los vínculos tienen su origen desde fines de la década del 60, cuando estos personajes comenzaron a relacionarse en torno a la juventud radical, así como en la masonería. Aunque ya ninguno de ellos milita en el Partido Radical, siguen siendo parte de los talleres adscritos a la Gran Logia de Chile. Este es el nexo que, según sus cercanos, les permitió desarrollar estrechos vínculos de amistad y lealtad que permanecen hasta hoy.

GRABACIONES TELEFÓNICAS

Uno de los antecedentes recogidos en las indagaciones, encabezadas por la fiscal Alejandra Godoy, refleja que el nexo con la masonería fue una de las principales y permanentes preocupaciones de Guillermo Arenas durante los inicios de la investigación penal. Las interceptaciones a sus conversaciones telefónicas, autorizadas por un tribunal, no sólo demuestran su intención de coordinar testimonios con otros imputados para intentar obstruir el caso, sino también la necesidad de buscar respaldo entre sus hermanos masones para que su situación judicial no perjudicara su pertenencia a la Logia.

En dichos diálogos, a los que tuvo acceso Ciper, Arenas insta a sus compañeros de Logia a acudir a las reuniones para pedir explicaciones del eventual “cambio de política” que estaría adoptando la alta oficialidad masónica respecto a transparentar todas las irregularidades en que podrían verse envueltos sus miembros. Al respecto, cita como ejemplo lo sucedido con la debacle de la Universidad La República, lo que gatilló la expulsión de una decena de masones junto al fallecido ex Gran Maestro Jorge Carvajal Muñoz.

En una de esas conversaciones, Arenas recomienda a un abogado de la masonería acudir a las reuniones del taller y manifestar su preocupación ante la posible modificación del reglamento interno de la Gran Logia:

-Entonces –dice Arenas-, al ex venerable dile po’ hueón que estamos urgidos (…) Ya po’, hueón, llámalo la próxima semana, asómate hueón o si no van a creer que ya no querís ser de la masonería.

Hay otro diálogo que el ex director del Registro Civil sostuvo con el gestor de negocios Danilo Rivas, uno de las recientes imputados en la causa:

Arenas: “Te llamo por lo siguiente. El venerable me salió con una hueá media rara el otro día, de que algunos radicales habían dicho que yo estaba medio complicado y que el Gran Maestro les había insinuado que no sería bueno que en estos tiempos…, que no era bueno para la imagen de la Logia (los) hueones con problemas. Una hueá rara. Entonces me dijo que quería conversar conmigo, yo le dije encantado. Yo no quiero ir a conversar (con él) antes de conversar contigo”.

Rivas: “Déjame, yo voy a conversar, voy a averiguar”.

Arenas: “Yo creo que es nada, que es timorato ese hueón.

Rivas: “Sí, no tiene mucho peso”.

El diálogo continúa con la propuesta del ex director del Registro Civil para que, tras la intervención de su amigo Rivas, concreten con éste un encuentro para almorzar o tomar un café en el Club de La República. “Porque estoy medio urgido, hueón”, se sincera Arenas.

La conversación termina con las palabras del gestor de negocios tranquilizando al abogado PPD: “Déjame a mí no más”.

Para entonces, cuando la conversación fue interceptada por la policía, Danilo Rivas guardaba la calma: la investigación penal estaba recién comenzando y aún no estaba en la mira de la fiscal.

EL CIRCULO DE PROMETEO

Aunque para la mayoría de los chilenos Danilo Rivas Zlatar es un ilustre desconocido, para los integrantes de la Asamblea de la Gran Logia de Chile es un personaje fácilmente identificable. No sólo por haber sido ex venerable maestro de la Logia Prometeo Nº 101, suerte de guía espiritual, sino por ser uno de los miembros de la oficialidad masónica que poco a poco ha ido ganando poder en ese círculo al que también pertenece el publicita César Parra -vecino y amigo de Guillermo Arenas-, que está siendo investigado por contratos con el Registro Civil.

En general, los miembros de esta orden se distinguen por ser profesionales estudiosos y destacados dentro de sus áreas de trabajo. Sin embargo, la premisa no se cumple en el caso Danilo Rivas: si bien ha logrado acumular un gran patrimonio personal, este hombre de 63 años no posee título universitario ni técnico. Muchos de quienes lo conocen afirman que sabe generar mucha empatía con empresarios y que está dotado de una gran capacidad de oratoria, poder de convencimiento y muy buen olfato para los negocios. Sus detractores lo califican como un tipo prepotente, de poca educación y que hace sentir su poder ante los masones más jóvenes.

En su primera declaración a fiscalía, Danilo Rivas entrega un perfil profesional de sí mismo:

-Yo no tengo profesión con título, pero me desempeño hace más de 30 años en una actividad de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Me involucro en la compra y venta de empresas y en la obtención de fondos para desarrollar proyectos (…) En todos estos casos obtengo el mandato para hacer los negocios o una de las partes me contrata como consultor para sacar adelante una negociación. Yo no soy lobbista.

Rivas fue citado a declarar el 15 de octubre último, una vez que quedó al descubierto la existencia de una cena realizada en su casa de Luis Pasteur, comuna de Vitacura. La cena se llevó a cabo el martes 5 de septiembre de 2006 y convocó al entonces jefe del Registro Civil, Guillermo Arenas; al presidente y al gerente general de Tata Chile, Herny Manzano y Andrés Tupper; y al consultor informático Flavio Venturini.

En esa reunión se habrían adoptado los acuerdos entre los asistentes para crear un mecanismo comercial que permitiera defraudar al Fisco y obtener recursos mensuales del orden de unas 3.900 UF. Los antecedentes están expuestos en querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los involucrados.

Pese a que Arenas dijo a la fiscal Godoy que su relación con el gestor financiero era muy lejana, Rivas reconoció que estuvo presente en el último cumpleaños de Arenas. El recién destituido director del Registro Civil cumplía 60 años cuando, en medio de la celebración realizada en su casa en Peñalolén, ésta fue allanada por funcionarios de Investigaciones que requisaron computadores personales. Danilo Rivas también estuvo invitado al matrimonio del hijo de Arenas, así como éste asistió al enlace de una de las hijas de aquél.

Hay otro elemento que da cuenta de los estrechos lazos entre ambos: en el registro de entradas al Registro Civil quedó constancia de varias reuniones que Arenas y Rivas sostuvieron durante el desarrollo de la licitación de la plataforma tecnológica, comunicaciones e informática.

La primera de ellas tuvo lugar el 29 de septiembre de 2006, mientras que la última ocurrió el 12 de noviembre de 2007, fecha en que la primera adjudicación a la empresa Tata ya se había concretado. En enero de 2008, la Contraloría ordenó rehacer el proceso de evaluación de las propuestas, ya que la ponderación de las mismas no se había ajustado a las bases de licitación.

RELACION DE NEGOCIOS

Tal vez el hecho que da cuenta de la importancia que ha ganado Danilo Rivas en la Gran Logia es el último cargo que detenta en la “Inmobiliaria La República S.A.”, que es la firma comercial encargada de administrar los bienes inmuebles de propiedad del Club de La República. Aunque el asesor de negocios no pertenece a la Gran Oficialidad de la masonería, llegó a ocupar un puesto como director de la sociedad debido a que fue elegido como uno de los cuatro miembros que representan a la Asamblea masónica.

Pero su paso por esta orden también se constata en algunos de sus trabajos de reflexión filosófica que han sido publicados en la Revista de la Masonería de Chile. En el número 5-6, año 1997, Rivas firma un articulo titulado “La Interacción Masónica Contemporánea”, donde postula que el quehacer filosófico de la logia no puede abstraerse de reflexionar sobre los problemas que aquejan al mundo profano (no masón).

Uno de los miembros más conocidos de la Logia Prometeo Nº 101 es Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile. Hoy Riveros es el Gran Orador de la Gran Logia, y -según sus cercanos- lo une una estrecha relación con Guillermo Arenas y Danilo Rivas, así como con el ex rector de la Usach, Ubaldo Zúñiga. De hecho, Riveros mantiene sociedades con los dos últimos: “Fundadores S.A.”, que lo une a Rivas, y “Acredita”, una firma en la que está asociado a Zúñiga y que se dedica al rubro de la acreditación de calidad de carreras universitarias.

Zúñiga estuvo presente en la última celebración del cumpleaños de Riveros, donde fue homenajeado con una torta en forma de humita gigante y a la que también asistieron otros insignes masones como Mario Papi, presidente de TVN, y Ricardo Navarrete, subsecretario de Investigaciones. El festejo tuvo lugar el pasado 18 de febrero en el Colegio de Contadores de Chile.

Una nueva auditoría detectó fallas en el resguardo de la información personal de todos los chilenos: ex funcionarios que mantienen claves de acceso a los datos, riesgo de fuga de información e ingresos a los servidores que no quedan registrados. Hace un mes, la Contraloría ya había cuestionado la falta de vigilancia en los registros de condena. En dicho informe, se reveló también la existencia de contratos de asesorías irregulares, algunos de los cuales se incluyeron en la formalización por fraude al fisco del ex director Guillermo Arenas, quien está detenido desde el sábado pasado.

El recién nombrado director del Registro Civil e Identificación, Christian Behm, tendrá una dura tarea cuando asuma el próximo 1 de marzo. Liderará un servicio sacudido por el escándalo de irregularidades en la anulada licitación de plataforma tecnológica que había ganado la empresa TATA, la que deberá relanzar, además de culminar la licitación del sistema de identificación (cédulas y pasaportes). Como si fuera poco, tendrá que corregir una serie de deficiencias en la seguridad de la información que maneja el Registro Civil, detectadas por la Contraloría en una auditoría que culminó el 28 de enero.

Pudo encontrarse con un panorama aún más oscuro. El informe inicial de la Contraloría detallaba graves falencias en las políticas y procedimientos de control relacionados con las tecnologías de la información y comunicaciones, vinculadas a los contratos que actualmente manejan las empresas Sonda y Adexus. Sin embargo, las autoridades del Registro Civil pudieron replicar y aclararon muchas de las observaciones (que seguirán siendo monitoreadas por la Contraloría), aunque sí mantuvieron preocupantes cuestionamientos a la forma en que se manejan los datos personales y privados de todos los chilenos.

Quizás la falla más grave esté en la forma caótica en que el servicio administra las cuentas de quienes tienen acceso a la información almacenada digitalmente. Al momento de realizarse la auditoría, se registraban 24.725 cuentas de usuarios, de las cuales 5.000 no tenían ninguna restricción de horario. En su respuesta, el Registro Civil disminuyó el número a 4.382 usuarios que pueden acceder al sistema durante las 24 horas, además de limitar a 15.591 el total de las cuentas activas. Lo anterior revela que hasta 2008 había cerca de 9.000 usuarios que debían ser cancelados.

El problema puede deberse a otro de los cuestionamientos de la Contraloría, que al intentar conciliar a los usuarios registrados con el personal listado por Recursos Humanos, obtuvo una concordancia de sólo 24%. “Por lo tanto, no es posible descartar la existencia de cuentas de usuarios pertenecientes a personal externo al servicio”, concluye el informe.

En otro acápite, se agrega que la expiración de las cuentas de los funcionarios desvinculados del servicio se realiza de forma extemporánea, detectándose que sólo el 10% de estos usuarios se encuentran en estado “cerrado”. En su réplica, el Registro Civil precisa que de 30.087 cuentas, 14.496 están cerradas y que 2.167 fueron caducadas durante 2008.

Además, el ente contralor cuestiona que haya usuarios externos al Registro Civil con privilegios de administrador, pese a que sólo deberían poder hacer consultas. En este caso están el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gendarmería, entre otros. Dentro del mismo servicio, también hay personas con acceso completo al sistema aunque sus labores están restringidas a ámbitos específicos.

En su respuesta, el Registro Civil asume el problema y culpa a la antigüedad de plataforma informática, que no ha podido ser modernizada. Aunque no lo dice, dicha plataforma es la que Adexus administra desde 1993 y cuya licitación ha fracasado ya tres veces, la última de las cuales fue en marzo de 2008, luego de que CIPER denunciara que el asesor Andrés Contardo, trabajaba paralelamente en la empresa ganadora, TATA Consultancy Services y en el Registro Civil. Una nueva licitación fue anunciada en diciembre pasado.

El servicio reconoce que ha tenido dificultades en mantener actualizado el número de cuentas debido a la alta rotación de personal entre oficinas y funciones. Si bien se han adoptado medidas al respecto, se explica que los resultados han sido lentos. Para solucionarlo, anuncia un informe mensual de usuarios activos que deberá ser chequeado por cada jefe, lo que funcionará a partir del segundo semestre de 2009. Durante el año pasado se avanzó en la regularización de cuentas, que actualmente se distribuyen en 13.298 asignadas a funcionarios del Registro Civil y 2.293 a entidades con las que se tiene convenios de colaboración.

Respecto al acceso externo un sistema llamado “monito web”, que permite que 136 instituciones como el Sename o las municipalidades consulten información como defunciones o fecha de nacimiento, entre otros datos personales, se detectó que hay un registro parcial de los accesos mediante correos electrónicos y sin antecedentes de cierre de los mismos. Ante esto, el servicio se comprometió a normar la asignación de cuentas durante el segundo semestre.

La falta de seguridad en el manejo de los usuarios que tienen acceso a la información del Registro Civil se suma a la ya detectada en una auditoría especial de la Contraloría revelada hace un mes, donde se alertó de falencias similares en los usuarios que acceden al registro de condenas.

Fuga de información

Otro de los riesgos que preocupan a la Contraloría es que los controles asociados a las teconologías de la información no tienen mecanismos que impidan la fuga de información por parte de funcionarios. Éstos pueden emitir documentos con información sensible, tales como posesión efectiva, certificado de antecedentes, de dominio o informes de direcciones, a personas no autorizadas.

El Registro Civil asume que efectivamente no se puede garantizar que la información sea entregada al dueño de ésta. Como solución, en la nueva licitación de integración de plataforma tecnológica, se exigirá que la identidad de las personas se certifique a través de reconocimiento dactilar. El servicio aprobó además una solución (no especifica cual) para disminuir el riesgo de fuga, que no se ha aplicado por problemas presupuestarios.

Como al final es un funcionario el encargado de entregar la información, el servicio aclara que siempre quedará ahí una brecha que depende exclusivamente de esa persona.

Pero para la Contraloría el riesgo de fuga no está sólo en el Registro Civil, sino también en Carabineros e Investigaciones, que tienen acceso a una aplicación web que “entrega información sensible de todos los ciudadanos” para el apoyo de la Reforma Procesal Penal.

El servicio concuerda con el riesgo, pero aclara que en su momento “realizó los reparos pertinentes por la cantidad de información que se entregaría a través de esta aplicación, sin embargo, los fines que pretendía cumplir ameritó su puesta en producción”. Como resguardo, hay información detallada de las acciones de cada usuario, las que de hecho han sido solicitadas por la Policía de Investigaciones. Ésta tiene cuentas de usuarios, las que sólo a futuro se habilitarán para Carabineros.

La fábrica de SONDA

Uno de los contratos auditados es el que la empresa tecnológica SONDA se adjudicó en 2001 para la fabricación de cédulas de identidad y pasaportes y que actualmente está siendo licitado nuevamente. El 23 de abril pasado, la Contraloría fue hasta la fábrica de los documentos, en calle Catedral, detectando que los empleados de la empresa encargados de la confección de cédulas y pasaportes están en el mismo espacio físico que el servidor de la base de datos que almacena la información.

Aunque los separa un cristal, para la Contraloría se trata de una división insuficiente, pues puede quebrarse y afectar el funcionamiento. Por eso dice que el servicio deberá buscar la forma de separar al personal de la fábrica “por constituir un riesgo de accesos indebidos al servidor de bases de datos”.

La seguridad física de la sala de servidores del Registro Civil también es motivo de preocupación para la Contraloría, entre otras cosas porque los funcionarios entran con una clave pero su acceso no queda registrado.

Transferencias de autos robados

La Contraloría dedica un largo acápite al registro de vehículos motorizados, indicando numerosas falencias y errores en el sistema computacional. Particularmente llamativo resulta el caso de los autos robados, pues se detectó que es posible transferir su propiedad. La respuesta del servicio es legal: la información de encargos por robo de Carabineros sólo se puede usar para advertir a los ciudadanos a través del certificado de anotaciones vigentes, pero no puede impedirse ni la venta ni la transferencia.

De todos modos la advertencia no es tan eficiente, pues la auditoría señala que los reportes de Carabineros se realizan sin una periodicidad fija, pudiendo ocurrir varias veces al día o cada once días.

La arista judicial

La primera auditoría de la Contraloría, entregada el 30 de diciembre pasado, había sido particularmente dura con la gestión del ex director Guillermo Arenas. Se cuestionaron desde los gastos de representación utilizados en restaurantes hasta contratos con asesores cuya labor no pudo confirmarse. Este último punto alimentó la arista judicial, pues el 21 de enero la fiscal Alejandra Godoy pidió la formalización de Arenas en base a 14 de estos asesores, divididos en 155 contratos en los que se imputó fraude al fisco. Lo acusó del mismo delito por dos contratos firmados con la Universidad de Santiago.

Si bien en esa oportunidad el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no aceptó la solicitud de detención de Arenas, esta decisión fue revocada el sábado pasado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde entonces Guillermo Arenas está recluido en el anexo Capitán Yaber.

La decisión del tribunal de alzada fue adoptada debido a la serie de escuchas telefónicas que demostraron que Arenas se comunicó con otros imputados en el caso para coordinar declaraciones ante la Fiscalía y por lo tanto estimó que mantenerlo en prisión es “indispensable para el éxito de la investigación”.

La resolución judicial es dura con el rol de Arenas en el caso: “A juicio de estos sentenciadores se está frente a una situación particularmente grave por cuanto quien aparece como responsable del mismo es el más alto funcionario del Servicio del Registro Civil, personero depositario de la confianza no sólo de las máximas autoridades del país –que lo designaron- como de toda la ciudadanía. De esta manera el imputado al violar la confianza otorgada incurre en un acto que manifiesta un desprecio hacia la estructura legal del país como del Estado de Derecho”.

Al formalizar a Guillermo Arenas, la fiscalía lo acusó de fraude al fisco por $636 millones, de los cuales $400 millones dicen relación con dos contratos firmados con la Universidad de Santiago (Usach). Según la fiscalía, el único informe entregado fue el relativo al rediseño institucional y fue copiado íntegramente de un estudio realizado por los propios funcionarios del Registro Civil. La segunda asesoría nunca se habría concretado. El objetivo era confeccionar las bases de la licitación de la plataforma tecnológica, pero al momento de firmar la extensión del convenio éstas ya estaban publicadas en Chilecompras.

La segunda arista de formalización se centró en los 14 contratos de asesores a honorarios que prestaron servicios durante la gestión de Arenas y quienes no habrían realizado labor alguna para el organismo. Por este capítulo, el abogado PPD también fue formalizado por fraude al Fisco reiterado, con un perjuicio de más de $ 236 millones en grado consumado y otros $ 31 millones en carácter frustrado.