El diputado de Renovación Nacional, Gaspar Rivas, anunció que presentará un proyecto de ley que busca prohibirle a los periodistas formular preguntas “en forma imprudente, invasiva y hostigosa”. Aparentemente, la principal preocupación del honorable es que los reporteros… no hagan su trabajo.

Sería interesante preguntarle al diputado Rivas qué entiende por una pregunta “imprudente, invasiva y/u hostigosa”: Invasivo es quien irrumpe, que entra y ocupa un lugar. A veces, en oposición a alguien o algunos. Imprudente significa que es quien no tiene cautela, que no actúa con moderación. Y una pregunta hostigosa es una pregunta molesta y fastidiosa. A mi juicio, suena a exactamente lo que un reportero debe hacer frente a los poderosos: meterse en los rincones donde éstos no quieren que la prensa husmee; indagar en aquello que otros prefieren silenciar y preguntarle lo que haya que preguntar a quien ostenta cargos de poder, como un diputado, y que, por definición, debe rendir cuentas a la opinión pública.

La iniciativa es, a todas luces, curiosa por decir lo menos. Curiosa, porque estamos en el siglo XXI y en las últimas dos décadas Chile ha sido condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica sobre libertad de expresión: por prohibir La Última Tentación de Cristo, por el caso Palamara y por negar el acceso a la información sobre el proyecto Trillium.

Adicionalmente, nuestro país aún penaliza los llamados delitos de opinión a través de las figuras de injurias y calumnias y los reporteros arriesgan penas de cárcel si usan cámaras ocultas, en oposición a la tendencia en la región y a las recomendaciones del sistema interamericano respecto a despenalizar los delitos de información y opinión. Eso, sin contar innumerables casos de violación directa a la libertad de expresión, como fue el caso de El Libro Negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus, en las postrimerías de la década de los ’90, entre tantos otros; y de violación indirecta a este derecho humano fundamental, como es la enorme desigualdad en la entrega de concesiones radioeléctricas, que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones como AMARC y la misma Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Aún no hemos aprendido nada.

Así las cosas, el diputado Rivas parece desconocer este triste record nacional e insiste en lo que otros antes que él han impulsado con otros nombres, en otros momentos: restringir la labor de la prensa. Los parlamentarios suelen tener una de las epidermis más sensibles frente a la acción de los reporteros. Hace algunos años, el Parlamento quiso restringir formalmente el ingreso de periodistas al Congreso e, incluso, quería acotar lo que éstos podían o no reportear.

Pero no por ser un intento más en los esfuerzos de ciertos sectores por constreñir la labor de los periodistas es que debiéramos dejarlo pasar y quedarnos en el mero gesto burlón. Es absurdo y risible, claro está. Pero es riesgoso: un proyecto de ley puede, de acuerdo a los vaivenes políticos y a las sensibilidades del minuto, ser discutido y aprobado… tal como lo propone el honorable Rivas.

Una cosa es que seamos críticos al rol contemporáneo de los medios de comunicación con su espectacularización y el irrespeto a ciertos imperativos éticos, donde el caso de las escuchas ilegales en News of the World es el paradigma, y otra cosa muy distinta es no comprender lo que debe hacer la prensa y el periodismo en una sociedad democrática contemporánea.

El diseño y estructura del nuevo Diario Oficial en formato digital ya fue encargado por el Ministerio del Interior. El gobierno pretende además, rebajar al mínimo las tarifas por la publicación de avisos legales obligatorios. De esta forma las millonarias utilidades del Diario Oficial no seguirán subsidiando al diario La Nación. La decisión de La Moneda significa un choque frontal con los integrantes de la sociedad privada Colliguay que hoy controla la Empresa Periodística La Nación y que durante dos décadas se ha beneficiado con las ganancias del Diario Oficial. Un taxativo informe en derecho encargado por el gobierno avala la decisión de cuestionar la validez de la actual sociedad. Lo único que resta por decidir en Palacio, aseguran, es qué pasará con La Nación. Pero ya se barajan alternativas para darle continuidad.

Las millonarias utilidades del Diario Oficial no seguirán financiando la publicación del diario La Nación. Esa es la decisión categórica que ya tomó La Moneda después de conocer el informe en derecho sobre la estructura societaria de la Empresa Periodística La Nación, bajo cuyo alero se edita el Diario Oficial, solicitado por el Ministerio del Interior. “El subsidio del Diario Oficial se acaba. Eso es un hecho. Lo que se debe decidir ahora es qué hacer con el diario La Nación, que arroja pérdidas anuales de hasta 3 mil millones de pesos, como ocurrió en 2009. Como están las cosas ahora, sin las utilidades del Diario Oficial, La Nación iría a la quiebra”, señala una alta fuente de La Moneda que ha participado en las discusiones sobre el tema y que conoció el informe en derecho.

En efecto, los balances de la empresa periodística arrojan utilidades que superan los 2 mil millones de pesos. En 2008, la utilidad del ejercicio fue de $2.234 millones; en 2009, subió a $2.494 millones, dinero que proviene exclusivamente de las ganancias del Diario Oficial.

-El motor del negocio es el Diario Oficial. Todas las utilidades provienen de él. Imprimir y comercializar La Nación tiene un costo negativo que puede ir de $1.500 a $2.000 millones, según el año –confirma un ejecutivo de la empresa.

A pesar de la disparidad en las cifras en torno a las pérdidas de La Nación entre las versiones del gobierno y las de los ejecutivos de la empresa, lo cierto es que las ganancias finales provienen exclusivamente de los ingresos que cosecha el Diario Oficial. Esto se debe a la obligación legal que tienen las sociedades comerciales de publicar su constitución y cada modificación posterior en el Diario Oficial, el que les cobra entre 60 mil y 130 mil pesos, dependiendo de la cantidad de caracteres del extracto que se difundirá.

La decisión que ya se adoptó en Palacio es poner fin a estos cobros, que se consideran excesivos. Para ello se estudia habilitar una plataforma digital, de acceso público, donde se difundan las publicaciones que la ley le exige a las sociedades comerciales.

-Nada justifica hoy mantener un diario en papel para cumplir con la obligación de difundir las leyes y la constitución y modificación de empresas, entre otras materias. Por ello, estamos trabajando en otra estructura y en una rebaja de los costos por publicación a unos 3.500 pesos -asegura la misma fuente gubernamental.

La iniciativa es presentada en La Moneda como un esfuerzo por “mejorar la redistribución de ingresos”, ya que aseguran que hoy los costos de las publicaciones en el Diario Oficial impactan fuertemente en las sociedades de las pequeñas y medianas empresas. Un primer paso en esta dirección, dicen en Palacio, fue el proyecto de ley que rebaja los costos y reduce los tiempos para la formación de sociedades comerciales.

No obstante, la idea de bajar las utilidades del Diario Oficial, no sólo tiene por objeto el loable esfuerzo de aliviar el bolsillo de las Pymes. La iniciativa también busca evitar que los privados que participan en la sociedad de la Empresa Periodística La Nación sigan beneficiándose con las utilidades que arroja el Diario Oficial. Efectivamente, poco más del 29% de la propiedad de La Nación está en manos de la Sociedad de Inversiones Colliguay, una curiosa entidad comercial conformada por tres socios provenientes de nichos políticos tan disímiles como el gremialismo, la democracia cristiana y el socialismo.

Las jugadas de Colliguay

Enrique Alcalde (UDI), Luis Eduardo Thayer (DC) y Raimundo Valenzuela (PS), son los actuales integrantes de Colliguay, una sociedad que nació poco después del retorno de la democracia en 1990 para adquirir el paquete de acciones “preferentes” de La Nación que la dictadura había repartido entre un par de funcionarios de confianza del régimen y la radio Nacional. Aunque el sentido común indicaba que tales acciones no tenían valor, por las deudas que arrastraba La Nación, Colliguay se aseguró así el control del Diario Oficial, una gallina de huevos de oro cuyo potencial sólo algunos elegidos conocían en esos años.

La extensa investigación periodística publicada el año pasado por la periodista Alejandra Matus en El Mostrador, cuenta en detalle el sinuoso camino que recorrió Colliguay para participar en las ganancias del Diario Oficial. Una ruta cuyo inicio Matus fija en un perdonazo tributario que devolvió los números azules a La Nación en 1991, pero cuyos efectos fueron obviados en el balance de ese año, lo que le permitió a Colliguay comprar las acciones “preferentes” en menos de 20 millones de pesos, una cifra insignificante en relación a las ganancias que le reportaría la operación en las siguientes dos décadas.

La jugada se completó en 1992, cuando Colliguay logró que se aprobara que las “preferencias” de sus acciones mantuvieran vigencia por 40 años: hasta 2042. Y en 1993 consiguió un cambio de estatutos que le dio el control total de la Empresa Periodística La Nación, al ampliar el directorio de cinco a siete miembros, tres de los cuales deben ser representantes de las acciones “preferentes”, es decir, de Colliguay. Además, la reforma dejó establecido que toda decisión que afecte la marcha del negocio no puede ser adoptada sin el voto favorable de dos de los tres directores “preferentes” y que la misma condición se aplica para el nombramiento de los directores de La Nación y el Diario Oficial, así como para la nominación del gerente general de la empresa.

En resumen, La Nación es una empresa pública donde el Estado es dueño del 69% de las acciones, pero el control lo ostenta una sociedad privada que tiene en su poder el 29% de los títulos –porque son acciones “preferentes”-, la que se ha beneficiado en los últimos 20 años de las tarifas que cobra el Diario Oficial.

-Vamos a deshacer un entuerto que tiene una muy mala presentación. No es posible que particulares estén beneficiándose de esta manera con un sistema cuya función es difundir las nuevas leyes, lo que el Estado debe proporcionar en forma casi gratuita –dice una fuente de La Moneda.

El informe de Zepeda

Tres son las conclusiones contenidas en el informe en derecho preparado para el Ministerio del Interior por el abogado Carlos Zepeda -del estudio Espina, Zepeda & Acosta- que colisionan frontalmente con los intereses de Colliguay. Aunque Zepeda, de cuyo estudio es socio el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, se excusó de comentar el texto, argumentando que es propiedad de su cliente, CIPER tuvo acceso a dos fuentes que le confirmaron el contenido.

En primer lugar el informe establece que el Ministerio del Interior tiene facultades para fijar las tarifas del Diario Oficial. Eso significa que legalmente el gobierno puede decidir ahora -y sin que nadie lo cuestione- la rebaja o incluso la gratuidad de los pagos por las publicaciones obligatorias. En segundo término indica que las “preferencias” de las acciones que hoy están en poder de Colliguay se extinguieron en 1985. Y en tercer término, señala que la edición del Diario Oficial es una concesión del Estado a la Empresa Periodística La Nación.

Tanto la primera como la tercera conclusión podrían dotar a La Moneda de artillería para bajar radicalmente las utilidades del Diario Oficial, obligando a Colliguay a una negociación en la que termine cediendo su parte y dejando al Fisco como único propietario. Pero las fuentes de Palacio dicen que como el primer punto es incuestionable desde el punto de vista legal, el tercero deja de tener contenido ya que al fijar un precio mínimo o gratuito la concesión ya no da fruto comercial.

Por lo tanto, La Moneda ha decidido darle sustento legal a su estrategia con la segunda conclusión del informe en derecho. Si las “preferencias” de las acciones de Colliguay están extinguidas, la reforma a los estatutos que le dio el control total de la empresa en 1992 sería inválida. De esa forma, las decisiones futuras sobre la continuidad del diario La Nación y las tarifas y el formato de las publicaciones del Diario Oficial, serían resorte exclusivo del sector público, que volvería a tener control en el directorio.

De acuerdo con el informe de Zepeda, las “preferencias” se extinguieron en 1985, cuando se cumplió el plazo de vigencia de la sociedad original que dio vida a la empresa La Nación. Si bien ese año los integrantes de la sociedad resolvieron darle continuidad a la misma, nada dijeron respecto de las “preferencias” y se siguió actuando de hecho como si éstas estuviesen vigentes. Pero de acuerdo con el informe, era necesario establecer un reglamento que normara la operatividad de las “preferencias”, requisito que no se cumplió.

Fuentes allegadas a Colliguay indicaron a CIPER que si La Moneda sigue está ruta, el conflicto se va a judicializar.

-Para los socios de Colliguay no hay duda de que siempre ha estado vigente la distinción entre acciones ordinarias y preferentes, porque la sociedad en su origen le dio esa calidad a los títulos. En 1932 se formó la compañía como una sociedad anónima conformada por el Fisco y un grupo de privados que eran acreedores del diario, porque La Nación estaba quebrada. Los privados capitalizaron las deudas como su parte en la propiedad, por eso son acciones preferentes. Y el Fisco, para ingresar a la sociedad, puso los bienes de la Imprenta Nacional y el Diario Oficial –dice una fuente cercana a los socios de Colliguay.

La misma fuente agrega que Colliguay considera que “es válido hasta hoy que la edición del Diario Oficial es parte constitutiva de la compañía, es un activo, porque fue el aporte del Estado a la sociedad, para garantizar a los accionistas preferentes que recuperarían su inversión”. De esta manera, los privados rechazan que la edición del Diario Oficial sea una concesión del Estado.

Flujos futuros: concepto clave

Una persona que se relaciona estrechamente con los socios de Colliguay, indicó que si el gobierno quiere separar a La Nación del Diario Oficial o transformar este último en una plataforma digital de consulta pública, sin negociar con los dueños de las acciones “preferentes”, el asunto va a terminar en tribunales. Y asegura que para Colliguay un escenario de negociación debe incluir, necesariamente, la valorización de todos los activos de La Nación, entre ellos los flujos futuros del Diario Oficial hasta 2042, fecha en que termina la actual sociedad.

-La clave es que el gobierno incluya los flujos futuros del Diario Oficial, es decir, valorizar sus ingresos futuros y traerlos a valor presente. Si no es así, Colliguay puede alegar que se trata de un proceso expropiatorio ilegal, porque se entendería que la están despojando de su propiedad. Y eso abiertamente vulnera la ley –asegura la misma fuente, quien acota que el gobierno en ese cuadro debería pagar una indemnización si quiere sacar a Colliguay.

En el diseño de La Moneda ese aspecto tampoco los inquieta. Si el Ministerio del Interior utiliza su facultad para reducir al mínimo los cobros por publicación en el Diario Oficial, o establece que sean gratuitos, los flujos futuros de la empresa serán irrelevantes.

Hasta ahora no ha habido un solo gesto de acercamiento de La Moneda a Colliguay. Y en Palacio aseguran que no lo habrá. “No hay nada que negociar”, reiteran. Si la decisión que adopte el gobierno sobre el futuro de La Nación y del Diario Oficial termina con Colliguay recurriendo a los tribunales, tiene sin cuidado a los principales ocupantes de La Moneda:

-Que vayan a tribunales. Es lo mejor para la transparencia de lo que ocurrió. Tendrán que explicar y declarar ante la justicia cómo fue que obtuvieron las acciones -dice un alto funcionario.

En La Moneda aseguran que el informe en derecho que hizo Zepeda no es el único sobre la materia. Los nuevos ocupantes del Ministerio del Interior se encontraron con dos anteriores, uno hecho bajo el gobierno de Eduardo Frei y otro en el período de Ricardo Lagos:

-Ambos concluyeron que era inconstitucional la forma en que se estaba administrando el Diario Oficial -dice la fuente. Y añade que lo único que impidió que el problema se resolviera fue que bajo los gobiernos de la Concertación no hubo “voluntad política” para solucionarlo.

Ahora que al parecer la “voluntad política” de Palacio está empeñada en sacar de la vereda a Colliguay, queda por resolver cuál será su receta para el diario La Nación. El periódico, si bien arroja pérdidas en el balance final, tiene ingresos nada despreciables que en promedio alcanzan los mil millones de pesos cada año. Esto se debe a que el diario tiene tarifas convenientes para publicar avisos legales (como por extravío de cheques) y una sólida parrilla de avisos estatales.

-Se podría racionalizar la compañía y ajustar sus costos a esos ingresos. El Presidente Piñera, que es bueno para poner tareas a los ministros, bien podría ponerle esa tarea al diario para los próximos años -dice un ejecutivo que conoce los números del matutino.

-Hay una legítima discusión abierta respecto del futuro de La Nación. Nada justifica que un gobierno tenga un diario, pero si ya existe, hay una posibilidad de que continúe, pero no como lo usaron los gobiernos de la Concertación. Dos serían los requisitos indispensables para que el diario La Nación, ahora sin el subsidio del Diario Oficial, se mantenga: que sea autosustentable y pluralista. Eso requiere un cambio radical en su administración, que dé transparencia y confianza en su gestión; y un directorio que dé garantías de pluralismo en la línea editorial –señala una fuente de gobierno.

Por ahora, las piezas están puestas en el tablero. En La Moneda al parecer la decisión está cerrada sobre el futuro del Diario Oficial. Los estudios sobre el financiamiento y la estructura que requiere un moderno portal de Internet que reemplace al diario de papel ya están encargados. Lo que viene respecto al diario La Nación no está claro. Y aunque muchos presionan alrededor de La Moneda porque se termine de una vez con el diario, para disputarse la parrilla publicitaria del Estado que hoy capitaliza el matutino, el pie no está puesto en el acelerador. “Si bien este es un tema importante de política social, no es prioritario”, acota una alta fuente de gobierno.

Desde el año 2000 han sido asesinados 49 periodistas en México, ocho están desaparecidos y decenas han recibido amenazas. Según Reporteros Sin Fronteras, es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El primero es Iraq. Hace poco más de tres años, unos encapuchados atacaron el diario El Mañana de Nuevo Laredo, una ciudad enclavada en la frontera norte. El reportero Jaime Orozco Tey, quien aquel 6 de febrero de 2006 cumplía 43 años, resultó gravemente herido de cinco disparos. Quedó en silla de ruedas. Esta es la reconstrucción de un atentado por el que aún no hay ni un solo detenido.

Algo acaba de explotar. El estallido ha dejado un hueco en el piso y ha repercutido en el estómago de todos. Unos encapuchados entran y aprietan con sus manos las culatas y los gatillos de las ametralladoras. Son manos que actúan de manera automática. Disparan a todos lados. Las balas perforan paredes, rompen vidrios y lámparas, un cuerpo humano.

Y esos que disparan, ¿son dos, tres? ¿Quizá hay más? ¿Otros allá afuera?…

¿Es posible? Sentir de repente una bofetada de pavor ante el estruendoso eco de los disparos. ¿Eco? No, es la siguiente ráfaga.

Miedo. Silencio. Un silencio espeso y extraño. La resonancia sorpresiva de lo que acaba se pasar y la incertidumbre de lo que vendrá.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Es ese grito y más ráfagas. Y otra granada.

No, esto no es un campo de batalla. Es la redacción de un periódico.

Aquí ya todo es posible.

Apenas esta mañana la jornada de trabajo se desarrollaba sin sobresaltos. Quizá porque este lunes parece domingo. Hoy es 6 de febrero de 2006 y ayer se conmemoró un aniversario más de la Constitución mexicana. Por disposición oficial, el día de asueto es hoy. Por eso, los que acuden a trabajar reciben doble paga. Esto lo han tomado con gusto por lo menos aquellos que forman parte de los departamentos de Redacción, Fotografía y Diseño del rotativo El Mañana, el más influyente de Nuevo Laredo. Solo a los que pertenecen al área administrativa y a los empleados del comedor les han concedido descanso.

Entre los reporteros y editores se respira satisfacción profesional. El periódico publicó en primera plana el fin de semana una lista con nombres de reporteros (entre ellos uno de El Mañana), columnistas y medios informativos que, incluidos en una nómina, reciben dinero de la alcaldía local. La nota despertó varias reacciones en distintos sectores de la sociedad. Este lunes algunos reporteros han salido a recabar más opiniones, sobre todo de los regidores de oposición. En la agenda informativa también está el seguimiento del caso de la colonia Blanca Navidad, un predio, al poniente de la ciudad, habitado por unas 800 familias que llegaron ahí porque no tenían dónde y que fue desalojado de forma violenta la semana pasada.

Al mediodía, la primera plana para la edición de mañana martes va tomando forma. Después de acudir, como todos los lunes, a los honores a la bandera en la explanada de la alcaldía, un reportero ha llegado al periódico para buscar en el archivo fotográfico imágenes que evidencien a unos maleantes detenidos, pues hasta hace unas semanas eran policías federales, y nadie ha hecho público ese detalle.

Lo más probable es que esa sea la nota principal. Y también el seguimiento de los periodistas corruptos debe ocupar un lugar destacado. Además, hay dos noticias sobre los candidatos presidenciales: la Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado a cargo de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador al general Audomaro Martínez y Felipe Calderón ha negado un gasto millonario en su campaña publicitaria. Del otro lado del mundo, la francesa Isabelle Dinoire ha mostrado su nueva cara después del trasplante facial que le han realizado. Algunas notas locales, deportivas y de espectáculos van terminándose.

Como hoy el comedor no funciona, varios empleados encargan comida. Luego, los dedos comienzan a caer sobre las teclas de la computadora. El trabajo se combina con algunos momentos de charla de cuya utilidad a veces se duda, risas, pasos. Hasta este momento, todo indica que en unas horas se cerrará la edición y todos volverán a casa un poco más temprano que de costumbre.

Nuevo Laredo está en la frontera entre México y Estados Unidos. Era parte de Laredo, Texas, hasta que en la guerra entre estos dos países México perdió la mitad de su territorio. Entonces, en 1848, la ciudad se tuvo que partir en dos. Al norte del río Bravo quedó Laredo y al sur, Nuevo Laredo. Con el paso de los años comenzaron a trazarse las actuales calles y avenidas, a construirse casas para ser habitadas, en su mayoría, por gente foránea que quería iniciar una nueva vida aquí y algunos edificios y hoteles para los “turistas de negocios”. Por Nuevo Laredo pasa una tercera parte del comercio exterior de México. Tiene cuatro puentes internacionales por donde circulan todos los días peatones, carros particulares, autobuses de pasajeros, camiones cargados de mercancías. Durante la Navidad, hay largas filas de automóviles de “paisanos”, que es como llaman a los mexicanos que se han ido a vivir a Estados Unidos pero que regresan en esas fechas a ver a sus familias.

Hoy es una ciudad de cerca de medio millón de habitantes. Aquellos que cuentan con la visa estadounidense cruzan la frontera seguido solo para ir de compras a Texas. Sobre todo en las temporadas en que los centros comerciales comienzan las rebajas.

El clima en Nuevo Laredo es extremo. En invierno la temperatura puede descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero. Pero en verano hay que aguantar 40 grados centígrados de un calor seco, asfixiante. Estas condiciones no impiden que a lo largo de todo el año, pero en especial durante la primavera, la ciudad se convierta en una de las principales antesalas para los migrantes indocumentados. Llegan de muchas partes del país y de Centroamérica dispuestos a cruzar el río para alcanzar el territorio estadounidense.

Pero por este paso fronterizo, además de seres humanos, se trafican drogas. Los narcotraficantes han hecho de esta ciudad una plaza clave para su negocio. Desde hace varios años, la violencia es cosa de todos los días. Las bandas de narcos se matan entre sí, matan a sus vecinos, a los policías o a los soldados que intentan combatirlos. Y cuando algo que los incomoda aparece en un medio de comunicación, amenazan a los periodistas o quizá algo peor.

Durante años, los periodistas de El Mañana han trabajado bajo cierto grado de censura, de pavor, de riesgo. Un riesgo cercano y tangible en varias ocasiones. En 1996, por ejemplo, Ninfa Deándar, presidenta y dueña del periódico, y sus hijos fueron amenazados de muerte. Se distribuyó entonces un folleto lleno de infamias contra ella sin que nadie impidiera su circulación. En cambio, en noviembre de ese mismo año, Ninfa Deándar fue sometida a un proceso judicial por difamación, acusada por la entonces alcaldesa Mónica García Velázquez.

El periodista Raymundo Ramos, a su vez, fue secuestrado durante unas horas y conminado a que “ya no atacara al gobernador” de Tamaulipas, Manuel Cavazos.

Pero el más rotundo atentado contra El Mañana sobrevino el 19 de marzo de 2004. Poco después de salir de la redacción, en la madrugada, y cuando se hallaba a las puertas de su casa, fue asesinado a puñaladas el director editorial del diario, Roberto Mora García.

Del año 2000 a la fecha en México han asesinado a 49 periodistas, ocho han sido desaparecidos y decenas, amenazados. El último deceso ocurrió el domingo 22 de febrero. Luis Daniel Méndez Hernández, un reportero de La Poderosa, una estación radial de Tuxpan, en el estado de Veracruz, fue baleado por la espalda. Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, después de Iraq, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Con el caer de la noche, la tranquilidad instalada durante el día parece esfumarse en El Mañana. En la recepción del edificio hoy se encuentra un guardia de seguridad. La recepcionista tuvo el día libre. Es un hombre fuerte, maduro, casi 50 años, con nietos. A unos cuantos metros de la recepción, siguiendo un pequeño pasillo, están las oficinas de las subdirecciones Local y Nacional, ocupadas por sus respectivos encargados. En el primer pasillo de la redacción, el que da hacia la calle, un editor, dos correctores de estilo y el director de La Tarde –el diario vespertino de Editora Argos, la misma empresa que edita El Mañana– revisan algunas notas. En el segundo pasillo hay tres editores y un reportero, quienes se encargan de los últimos detalles de las secciones Nacional, Local y de la revista, para integrar el primer tiro del diario. En el tercer pasillo, la sección deportiva está terminando de editarse. De pie, frente a un mapa de la ciudad colgado en la pared, dos reporteros revisan unas fotos. Uno de ellos es Jaime Orozco Tey.

El baño de mujeres está ocupado por una editora. Las acristaladas sala de juntas, oficina central y oficina de edición de Local se encuentran vacías y con las puertas cerradas. En el departamento de Diseño hay ocho personas frente a las computadoras cumpliendo sus funciones. En Fotografía Digital hay una única persona, al igual que en la oficina de Clasificados. Arriba, en el segundo piso, una muchacha termina de hacer el aseo cerca del área de sistemas, en donde se encuentran dos más. La rotativa permanece vacía porque los trabajadores no llegan hasta las 9 de la noche. A lo mucho, dentro del edificio hay unas 40 personas.

Faltan 17 minutos para las 8 de la noche y es entonces cuando se escucha la explosión.

Han lanzado una granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales, pero se cimbra todo el edificio, como si se tratara de un temblor. Del techo cae tierra y polvo.

La mayoría de la gente corre para resguardarse. Se dirigen hacía Diseño y Prensa. Hay quien solo alcanza a tirarse al suelo para esconderse bajo los muebles de las computadoras. Y ahí permanecen, quietos.

Los encapuchados entran por la puerta principal del edificio y comienza la balacera.

Todos permanecen quietos. Intentan imaginar qué es lo que puede pasar. Hay nerviosismo. Se siente miedo, un miedo físico y atroz. Un miedo real, sin paliativos ni defensa. Quizá de esta ya no los libra nadie.

A las 7:45 por la calle pasa una señora con su hijo a bordo de un auto. La luz roja del semáforo en el cruce de las calles Juárez y Perú, la esquina donde está el periódico, le indica que se detenga y los sonidos de los balazos que se voltee. Pero la mujer se pasa el alto con aparente tranquilidad. Porque así son las cosas aquí en Nuevo Laredo: haces como que no ves ni oyes para no meterte en problemas.

Antes de aventar otra granada los sicarios siguen descargando sus armas y lanzan su sentencia.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Otra explosión. De nuevo parece que el edificio se derrumba. El sonido es similar a cuando se echa abajo una construcción. El polvo dificulta la respiración. Arden las narices.

Tensión. Miedo de no saber actuar a la altura de las circunstancias. Ojos desencajados. Rostros fruncidos, estupefactos. Es todo tan confuso. Sucede tan rápido. ¿Ya habrán matado a alguien? ¿Llegarán hasta nosotros?

En el instante en el que solo existen los estampidos de los disparos todo parece detenerse. Apenas se alcanzan a escuchar los gemidos truncados y el ruido de un cuerpo al caer. Dos minutos suelen ser muy poco tiempo, pero ahora parecen una eternidad.

Unas cuantas ráfagas más y los tipos se despiden.

Afuera, tres carros y dos camionetas, vehículos que cercaron las esquinas Morelos-Perú y Perú-Juárez, encienden motores. Se escapan a toda velocidad. Adentro, quedan los boquetes producidos por las granadas y las balas, vidrios rotos, el miedo.

Silencio. ¿Se han ido? Sí, parece que ya se fueron. Hay quien tiene por un momento la sensación de ser el único sobreviviente. Viene el desdoblamiento, el horror, el estremecimiento de presenciar una pesadilla. ¿Qué hacer? Las miradas se encuentran. No se pronuncian palabras. Es suficiente verse reflejado en los ojos de los otros. Es sentirse unidos en esta vida que ahora parece escaparse. ¿Llorar?

Alguien se queja.
—¡Ayuda!… ayuda —grita lo más fuerte que puede.

Al principio nadie le responde y mucho menos salen de sus escondites por temor a que los encapuchados regresen. No saben todavía que el que pide ayuda es Jaime Orozco Tey ni que su cuerpo está perforado por cinco disparos. Cuatro los recibió por la espalda y le dañaron la columna vertebral y un pulmón. Un proyectil más le perforó el hombro por delante.

Tey, como le dicen todos sus compañeros, está cumpliendo hoy 43 años de edad. Hasta este momento, 15 de ellos en el periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, tiene dos hijas y es bromista. Es el reportero de guardia de El Mañana. Entra a las 5 de la tarde y sale a la 1 de la madrugada. Cubre los sucesos que surjan durante ese horario o ayuda a algún editor si la jornada está tranquila.

Mientras comenzaban los disparos, Tey y otro reportero se encontraban frente al mapa que está a la entrada de la redacción. Ambos revisaban unas cuantas fotografías y seleccionaban la que habían de publicar para evidenciar que los maleantes detenidos hace unos días fueron policías federales. Tey dio media vuelta para dirigirse a la subdirección editorial Nacional. El otro reportero, en sentido contrario, se adentró en la redacción. Los encapuchados lanzaron la granada y las esquirlas cayeron en el rostro de Tey. Luego vinieron las ráfagas que lo lesionaron mientras él permanecía detrás de una pared de tabla roca.

La editora que estaba en el baño se quedó ahí durante la balacera. Apagó la luz, se refugió en un rincón y no hizo ruido. Al salir pensó que encontraría a todos sus compañeros muertos. Diseñadores y reporteros habían corrido para esconderse en Prensa, entre la tinta, la maquinaria y los rollos de papel. Un chico, corrector de estilo, salió de la oficina de la subdirección editorial Nacional, subió unas escaleras. En el segundo piso se encontró con la muchacha de la limpieza y ambos corrieron hacia el pequeño patio que está afuera del comedor. Los subdirectores editoriales solo alcanzaron a esconderse debajo de sus escritorios.

Después del tiroteo la que reaccionó primero fue la persona de la oficina de Clasificados. Se dirigió a la puerta. Con calma, despacito. Pero alguien la vio y de inmediato la jaló para esconderla una vez más. Los matones pueden volver, pensaban.

Poco a poco, todos salían e iban acercándose a Tey.

El dolor del reportero herido se transmite al instante a todos los que le observan. Y esa es la señal de que ya todo es posible. Así ha quedado trágicamente claro. Ya no solo matan a los periodistas, también atacan sus centros de trabajo.

Cada respiración de Tey parece un paso más hacia el final. Hay tanta sangre. Está derrumbado de espaldas y a primera vista solo se percibe el disparo que tiene en el hombro, pero ese enorme charco de sangre que tiene abajo indica algo más.

Luego se sabrá que las heridas producidas le dañaron parte de la médula ósea y que además tuvieron que extirparle unos 30 centímetros de intestino afectado por las balas. Quedó en silla de ruedas después de permanecer cuatro meses hospitalizado.

El vigilante se levanta del suelo. Toma el teléfono de la recepción y llama a la policía. Alguien más avisa de lo sucedido a la presidenta y dueña del periódico, quien llega junto con sus hijos en unos 15 minutos, antes que la policía. Enseguida arriba la ambulancia. Y, al final, los policías, algunos reporteros en busca de la nota y los infaltables curiosos.

Los agentes entran al edificio y examinan el lugar en busca de casquillos. Toman declaraciones y fotografías. “Quizá, solo quizá, fue para intimidar”, es lo primero que dicen.

Ninfa Deándar trata de infundir ánimos a su gente.
—¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo! –les dice.

Algunos no le hacen caso. El shock ha sido descomunal y lo único que quieren es regresar a casa para sufrir en privado. Pero otros aceptan quedarse para sacar adelante el trabajo.

Reciben 89 llamadas telefónicas de medios nacionales e internacionales pidiendo informes acerca de lo sucedido. No obstante, hasta las 10:30 de la noche El Mañana no envía un boletín a diferentes medios y asociaciones de periodistas. Hay quien se encarga de terminar con la revisión de notas y fotos. Otros limpian los vidrios esparcidos por el piso y la sangre derramada que a su paso había manchado las imágenes seleccionadas para la nota de los policías delincuentes. Editores y diseñadores continúan formando planas. Y así lo hacen hasta las 3:32 de la madrugada, hora en que se cierra la edición.

A las pocas horas, El Mañana ya circula en las calles de Nuevo Laredo con un editorial titulado Guerra ajena a la sociedad:

“Desde el asesinato de Roberto Mora vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas. Esto nos llevó a tomar medidas como autocensurarnos con temas delicados donde veíamos riesgos, cubrir exclusivamente los hechos, no mencionar nombres de algunos cárteles; haciendo malabares con la información para tratar de sobrevivir esta guerra ajena al periódico y a la sociedad de Nuevo Laredo.

Tomaron de campo de batalla a Nuevo Laredo, porque esta es una plaza muy peleada. Cruzan seis mil tráileres diarios y las autoridades norteamericanas sólo revisan físicamente 50 o 60. Esto hace a esta plaza más importante que Tijuana o Ciudad Juárez.

¿Quién fue el responsable? (del atentado de anoche). No lo sabemos, pudo haber sido cualquiera. Son fantasmas. Muchas veces nos utilizan a los medios agrediéndonos para perjudicar a la banda contraria y así justificar que la supuesta autoridad ejerza más presión sobre un grupo rival. Es una nueva forma de hacer terrorismo.”

El martes 7 de febrero algunos deciden no ir a trabajar y otros quieren permanecer todo el tiempo encerrados en el edificio ahora custodiado por la policía. Se mandó construir un muro de contención y cámaras de video en la entrada principal del edificio. A los fotógrafos les dieron chalecos antibalas. A raíz del atentado, 28 empleados se fueron del rotativo por miedo. Hubo quien solo se armó de coraje y valor, y algunos de los que se quedaron exigieron un aumento de sueldo a cambio de estar dispuestos a seguir en la ciudad viviendo con ese miedo que aquí es el precio por informar. Se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero todavía los hechos no han sido esclarecidos. Solo se reforzó la hipótesis de que el crimen organizado del narcotráfico podría ser el culpable, pero ni una sola persona ha sido detenida.

Tres años después, Jaime Orozco Tey sigue en rehabilitación y no pierde la esperanza de volver a caminar algún día. Entre los reporteros de El Mañana se impuso algo peor que la censura: la autocensura. El tema del narcotráfico ya casi no se aborda y cuando se hace, las notas salen sin firma. Porque en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México, dar una noticia puede costar la vida.

*Este texto fue publicado originalmente en la revista Séptimo Sello del diario La Prensa de El Salvador.

El texto que determina el método y los alcances de la ley fue finalmente publicado este lunes 13 en el Diario Oficial, una semana antes de que la nueva legislación entre en vigencia. Respecto del reglamento que originalmente el gobierno ingresó y retiró de Contraloría en marzo, se modificó la forma en la que se difundirán los ingresos de los funcionarios públicos, los que no serán conocidos en su totalidad. Además, se consagra el secreto de la documentación y alegatos que haya tenido a la vista el Consejo para la Transparencia al declarar que una información es reservada.

A sólo siete días de que entre en vigencia el 20 de abril la nueva Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, más conocida como Ley de Transparencia, fue publicado en el Diario Oficial el reglamento que define qué documentos se podrán pedir invocando esta norma y cuáles seguirán bajo el rótulo de reservados. La promulgación de la ley en agosto pasado dejó un apretado cronograma de ocho meses para la elaboración del reglamento y la organización de los entes públicos para dar respuesta a los ciudadanos, generando una carrera contra el tiempo.

En ese lapso, debatieron hasta el último minuto tres actores principales: la Contraloría, que debía dar luz verde al reglamento; el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde se redactó el texto; y el nuevo Consejo para la Transparencia, que deberá resolver los casos en que un usuario estime que recibió una respuesta insatisfactoria de parte de un servicio público.

El reglamento definitivo publicado este lunes 13 es el segundo texto redactado por el gobierno. El primero fue devuelto por la Contraloría con sugerencia de modificaciones y cuestionado por el nuevo Consejo para la Transparencia por algunos artículos que limitaban el acceso a la información pública. Desde el otro extremo, La Moneda recibía las presiones de las asociaciones de funcionarios públicos que rechazaron la disposición del texto original que obligaba a publicar los ingresos totales de las personas que trabajan en organismos públicos. Sus reclamos fueron atendidos, pero los gremios no quedaron satisfechos con la redacción final.

El reglamento no sólo se modificó en lo concerniente a los ingresos de los empleados fiscales -los que finalmente no podremos conocer en su totalidad-, sino que suprimió otros párrafos y mantuvo algunos que han atizado el debate entre los actores interesados en profundizar la “transparencia informativa”. Varias de estas modificaciones fueron recibidas con beneplácito en estos círculos, pero otras encendieron las alarmas.

Polémicas remuneraciones

El texto del reglamento original -difundido por Ciper en su artículo Ley de Transparencia: retiran reglamento que amenazaba con limitar acceso a información- indicaba que los organismos públicos estarían obligados a publicar en internet, actualizar mensualmente y mantener durante cinco años: “La planta del personal y el personal a contrata y honorarios, con las correspondientes remuneraciones. Para estos efectos se entenderá por remuneraciones todas las contraprestaciones en dinero que el funcionario o servidor público tenga derecho a percibir en razón de su empleo, función o contrato“.

En el reglamento definitivo, ese párrafo breve y claro fue cambiado por una fórmula más compleja (artículo 51 letra d) en la que cada funcionario será asociado a un grado en la escala de remuneraciones del organismo público en el que se desempeñe. Esa escala consignará “la remuneración bruta mensualizada que equivale a la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para cada grado o cargo con jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en razón de su empleo o función en forma habitual o permanente“.

Felipe del Solar, quien encabeza la Comisión de Probidad y Transparencia del gobierno -la entidad encargada de preparar a los organismos públicos para cumplir con los objetivos de la nueva ley-, explica la razón del cambio en el reglamento respecto de las remuneraciones y qué es lo que finalmente podrá conocerse en este rubro:

-Yo no comparto que se haya pasado de un párrafo breve y claro a algo más complejo. La modificación se debe a que el criterio de la Contraloría fue limitarse a lo que dice la ley. Y la ley dice que deben ser públicas las “remuneraciones”. La Contraloría tiene el criterio de que remuneraciones son los ingresos permanentes y habituales, lo que excluye algunos bonos especiales, las horas extras no habituales, las asignaciones de zona. Pero sí van a estar, por ejemplo, las asignaciones por función crítica (ingresos complementarios que reciben algunos funcionarios por su mayor responsabilidad en la toma de decisiones).

Siempre quedará el recurso de que un particular solicite directamente a un organismo público, amparado en la nueva ley, la información sobre los ingresos totales de un funcionario. Todas las solicitudes que se formulen correctamente (ver instructivo para realizarlas), deben ser respondidas. Por lo tanto, si una persona quiere saber los ingresos globales de un empleado público, en teoría puede pedirlo. Si el solicitante considera que la respuesta es insatisfactoria -por información denegada o incompleta-, puede reclamar al Consejo para la Transparencia, el que decidirá caso a caso y deberá sentar jurisprudencia en cuanto a los alcances de la norma. Y si la resolución del consejo le sigue pareciendo que no se ajusta a la ley, puede apelar a la Corte de Apelaciones.

No obstante, el reglamento estipula (artículo 7º número 2) que deben quedar bajo reserva aquellas informaciones que afecten “los derechos de carácter comercial o económico” de las personas. Bajo este precepto, es probable que sean denegadas las solicitudes que pidan conocer los ingresos totales de un funcionario.

La experiencia en materia de acceso a información indica que los derechos comerciales o económicos se consideran afectados si la divulgación de datos compromete la competitividad de esa persona o de su empresa en el mercado. Es lo que habitualmente se argumenta en el sector privado para no dar a conocer los sueldos de sus ejecutivos y que empresas del Estado, como Codelco y otras, han hecho suyo bajo la premisa de que perjudica su competitividad en el mercado.

-Si no está afectada la competitividad, no habría razón para rechazar una solicitud que pida conocer todos los ingresos de una persona que recibe pagos del Estado -dice Moisés Sánchez, abogado de la fundación Pro Acceso.

El encargado de poner al día el aparato del Estado para el cumplimiento de esta ley, Felipe Del Solar, tiene otra mirada:

-En estos casos será el Consejo para la Transparencia el que tendrá que analizar y resolver, sentando jurisprudencia. Pero creo que una solicitud de este tipo podría chocar con las normas de protección de la vida privada e iría más allá de lo que obliga la ley en materia de Transparencia Activa (la información que los organismos públicos deben publicar y actualizar en sus páginas web).

Secretos en el Consejo

Aunque el Consejo para la Transparencia manifestó su desacuerdo, el reglamento definitivo (artículo 48) otorga carácter secreto a los documentos, escritos y actuaciones que hayan sido vistos y considerados por el mismo consejo si finalmente resuelve denegar una solicitud de información.

Con este artículo, los ciudadanos quedarán impedidos de conocer los argumentos jurídicos y técnicos que se tengan en cuenta para declarar que una actuación o resolución de autoridades u organismos públicos es secreta. En los hechos, al impedir que los ciudadanos conozcan los detalles de los fundamentos y la deliberación del consejo, la norma consagra un verdadero contrasentido, porque se trata de una entidad creada para resguardar la transparencia de la información pública.

El mismo reglamento consagra el “principio de divisibilidad” de la información pública (artículo 14): “Si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda“. Así, perfectamente se podría invocar ese principio para que el consejo haga públicos sólo los antecedentes que lo llevaron a declarar la reserva, siempre que no vulneren el secreto.

Al estar estipulado el “principio de la divisibilidad”, quedó en el aire y a la espera de la jurisprudencia que siente el consejo, cómo se entregarán los documentos que contengan al mismo tiempo información pública y secreta. Una posibilidad es que la autoridad entregue esos antecedentes como una “versión pública editada”, distinta al documento original, sólo con los aspectos que se pueden difundir. La alternativa es que se entregue una copia del documento original en la que aparezca tachada la información declarada bajo reserva, como se desclasifican documentos oficiales en Estados Unidos. Para los medios de comunicación, la segunda vía es más seductora, pues aporta datos de contexto físico, como la ubicación y relevancia de lo tachado.

Resoluciones y deliberaciones

Una buena noticia para las entidades que promueven la “transparencia” fue que el reglamento nuevo excluyó la definición de “información pública” contenida en el anterior, la que se limitaba a los actos o resoluciones de las autoridades administrativas. En esa definición original que ya no rige, la información que podía ser solicitada se reducía únicamente a “decisiones finales” de la autoridades, incluyendo los documentos que las fundamentaran. Es decir, sólo se podían pedir los llamados “actos administrativos”, que son los decretos supremos -firmados por el Presidente o por ministros de Estado por orden del Mandatario-, las resoluciones de autoridades administrativas (hasta los jefes de servicio) y los dictámenes de los órganos de la administración.

Sin embargo, el reglamento final (artículo 7º número 1 letra b), en concordancia con lo que dice la ley, expresa la reserva de los “antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política (…). Se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios“.

De acuerdo con el párrafo anterior, los documentos de funcionarios de rango menor a un jefe de servicio y los intercambios de opiniones entre funcionarios que no terminen en una “resolución”, “medida” o “política”, no se pueden pedir. Así, no se podrán solicitar, por ejemplo, los documentos relativos a cómo y por qué se adoptaron procedimientos o metodologías de trabajo para enfrentar un problema de interés público si no hay una resolución sobre el mismo. Teniendo a la vista la gran cantidad de vacíos en distintas materias de interés cotidiano, la omisión es relevante.

Si una autoridad “entrampa” un proceso y extiende artificialmente el tiempo de deliberación destinado a adoptar una resolución o política pública -porque cerrar el proceso podría obligarlo a divulgar informaciones que considera perjudiciales- la Ley de Transparencia sencillamente no sirve para desactivar esa maniobra:

-Hay otras leyes que determinan los plazos en que deben resolverse los procesos administrativos. Ciertas materias requieren reserva antes de la resolución, como las licitaciones. Si alguien pide los documentos técnicos de una licitación que aún se está estudiando y las deliberaciones de los funcionarios que deben hacer las bases, es información que puede afectar la competitividad de los interesados en presentarse a esa licitación -explica Felipe del Solar.

Caso a caso

El reglamento original dejaba sin opción de reclamar ante el Consejo para la Transparencia a las personas que piden información pública sobre trámites que los afectan individualmente (en virtud de la Ley de Bases de Administración del Estado). Por ejemplo, solicitudes hechas por ciudadanos que exigen que se les explique por qué no calificaron para un subsidio o por qué se ha extendido el proceso que debía evaluarlos para obtener una beca o una pensión. La Comisión de Probidad y Transparencia del gobierno estimaba que incluir este tipo de peticiones dentro de las que puede resolver el consejo podía provocar un grave atochamiento en el flujo de casos (algo similar a lo que sucedió con los Tribunales de Familia y que terminó por afectar la confianza pública en ese sistema). Pero la Contraloría y el Consejo para la Transparencia no compartieron ese criterio, por lo que se excluyó del reglamento.

Otro párrafo que voló del texto final y que provocaba resquemores entre las entidades que abogan por la transparencia era el que establecía que “en ningún caso, la solicitud de acceso (a información pública) implicará la obligación por parte del órgano requerido de elaborar, producir, procesar o consolidar información”. El cambió atendió a las críticas que indicaban que podía ser usado de manera arbitraria para denegar antecedentes.

Pero, el reglamento final expresa que debe declararse la reserva (artículo 7º, número 1 letra c) si la solicitud de información “requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales“. Y el texto detalla: “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales“. La definición es muy amplia y deja rebotando la pelota en la cancha del Consejo para la Transparencia, el que deberá resolver en cada caso si acepta ese argumento.

Hay otra justificación de reserva que quedó enmarcada en una definición a primera vista bastante amplia. Se trata de aquella que indica (artículo 7º, número 4) que se denegará acceso a una información “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses comerciales y económicos del país“. Si alguien pide los procedimientos ocupados por el Estado para defenderse en un tribunal internacional o los costos de una campaña para posicionar los productos chilenos en mercados externos o los gastos de una cena en honor de un dignatario extranjero, podría encontrar el camino bloqueado por este artículo. Una vez más, será clave la jurisprudencia que establezca el consejo.

Resulta importante saber que si una información es denegada por un organismo público y el peticionario no recurre al consejo, los documentos quedarán rotulados bajo secreto o reserva por cinco años, prorrogables por otros cinco. Podría darse el caso de que un segundo solicitante se tope con esa declaración de reserva, pero que de todas maneras intente elevar el asunto al consejo.

-Como toda solicitud de información, debe ser respondida y puede ser llevada al consejo, el que tendrá a la vista el antecedente de la declaración de reserva previa para resolver -indica Del Solar.

En países con legislaciones similares, ya se han visto casos de autoridades que al verse complicadas con la divulgación de una información podrían usar la herramienta de pedir a un cercano que solicite los antecedentes para declararlos reservados. Como se sabe de antemano que el requirente no apelará, quedan rotulados como secretos.

Sanciones

Para que la nueva ley no sea letra muerta el reglamento definitivo establece que serán sancionados con un 20% a 50% de su sueldo mensual los funcionarios responsables de denegar infundadamente una información solicitada bajo los preceptos de la Ley de Transparencia o que entreguen una respuesta insuficiente o fuera de plazo. La persistencia de esta conducta puede significar que se duplique la sanción y que se complemente con la suspensión del cargo por cinco días.

Las sanciones deberán ser publicadas en los sitios electrónicos del consejo y del organismo público afectado, dentro del plazo de cinco días hábiles después de que se resuelva aplicar el castigo. El reglamento original estipulaba que esa publicación debía permanecer sólo por espacio de un año. Pero la Contraloría no estuvo de acuerdo con ese criterio, por lo que en el nuevo reglamento se eliminó esa frase. Así, el registro público de la sanción deberá permanecer de manera indefinida en el ciberespacio.

El texto -que debe entrar en vigencia el 20 de abril- fue enviado a comienzos de marzo a la Contraloría para la “toma de razón”. Pero el trámite no se completó y el documento volvió a manos del gobierno. Expertos en el tema indican que el reglamento original contenía aspectos que limitaban fuertemente el acceso a la información pública y esperan que su retorno a La Moneda permita modificarlos. El tiempo comienza a apremiar.

Cuando sólo quedan 21 días para la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, el reglamento que fijará el marco de los documentos que se podrán solicitar al amparo de esa norma destinada a asegurar el acceso a la información pública, sigue siendo un misterio. Elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el reglamento fue enviado a la Contraloría a comienzos de marzo para su toma de razón. El trámite no se completó. El documento volvió a la cartera, donde hasta este lunes 30 se seguía trabajando en su redacción definitiva.

El reglamento que fue enviado y retirado de la Contraloría – cuya copia reproduce CIPER-, comenzó a circular hace algunos días en organismos públicos y privados especializados en el tema. Y el texto causó sorpresa. Varios son los aspectos del documento que encendieron las alarmas de entidades que trabajan en torno al concepto de “transparencia informativa”, las que consideran que tal como fue enviado al contralor limitaba demasiado el acceso a la información pública, por lo que esperaban que los redactores del reglamento aprovechen de revisar estos conceptos ahora que el texto volvió a sus manos.

La Ley de Transparencia o Ley 20.285 fue promulgada en agosto de 2008, cuando se dispuso un plazo de ocho meses para que entrara en vigencia. En ese lapso debían adaptarse todas las reparticiones públicas para que cuenten con un sistema que permita responder las demandas de información. Ese plazo se cumple el 20 de abril, el mismo día en que debe comenzar a funcionar el reglamento de la ley que -entre otras cosas- define el rol del Consejo para la Transparencia. Se trata de una entidad de cuatro miembros -encabezados por el abogado Juan Pablo Olmedo-, encargada de revisar las reclamaciones de los ciudadanos que consideren que una entidad pública les denegó información de manera arbitraria, les entregó información insuficiente o no respondió dentro de los plazos.

Una fuente allegada al Consejo para la Transparencia confirmó que esa entidad hizo varias observaciones al reglamento original que envió la Secretaría General de la Presidencia a la Contraloría a comienzos de marzo. Según esta versión, el contralor Ramiro Mendoza “acogió un 80%” de las opiniones manifestadas por el Consejo y los abogados del ministerio también manifestaron su interés de retirar el texto para hacerle cambios. Por eso, el documento volvió al ministerio para que sus redactores le hicieran modificaciones acordes “con el espíritu de la ley”. La misma fuente indicó que se esperaba que el reglamento -cuya redacción está a cargo de la Comisión de Probidad y Transparencia que encabeza Felipe del Solar- reingresara a la Contraloría este martes 31 o, a más tardar, el miércoles 1. CIPER intentó comunicarse con el secretario ejecutivo de la comisión Probidad y Transparencia del gobierno, Felipe del Solar, pero el contacto no se concretó.

Decisiones finales

Uno de los puntos del reglamento que inicialmente estudió la Contraloría y que más resistencia generó entre los profesionales que manejan la materia, es el que define como información pública sólo los “actos o resoluciones” de los órganos de la Administración del Estado (artículo 3º letra g). En otras palabras, el universo de la información que podría ser solicitada por los ciudadanos invocando la nueva ley se reducía estrictamente a las “decisiones finales” de la autoridades, incluyendo los documentos que den fundamento a esa resoluciones.

Son considerados actos administrativos los decretos supremos -firmados por el Presidente de la República o por ministros de Estado por orden del Primer Mandatario-, las resoluciones de autoridades administrativas dotadas de poder de resolución (es decir, hasta los jefes de servicio) y los dictámenes que realicen los órganos de la administración pública.

Esto dejaba fuera de las informaciones que se podían pedir en virtud de la Ley de Transparencia a todos los documentos suscritos por funcionarios de menor rango que un jefe de servicio, los intercambios de documentos o memos entre funcionarios que no necesariamente terminen en una “resolución” o los antecedentes sobre procesos administrativos que aún estén en marcha al momento de elevar la solicitud.

Por ejemplo, si se deseara conocer las razones del retraso de una nominación o contratación de una persona para un cargo, no sería posible obtener esa información porque precisamente no habría aún una “resolución” al respecto. Lo mismo podría pasar si un ciudadano pide los requisitos o parámetros que se tomaron en cuenta para asignar un subsidio o una beca con recursos públicos si éstas aún no son asignadas.

En todo caso, una fuente vinculada al Consejo para la Transparencia dice que esa entidad manifestó ante el contralor y el gobierno sus reparos a esta disposición, los que habrían sido acogidos: “El reglamento lo hizo el gobierno, pero el Consejo fue consultado y manifestó su opinión sobre diversos aspectos. De hecho, lo que se envió a la Contraloría a inicios de marzo ya era bastante distinto de lo que el Consejo vio inicialmente”.

Otro punto que generaba controversia era el carácter secreto que otorgaba el reglamento original a todos los documentos, escritos y alegatos que tuviese a la vista el Consejo para la Transparencia para rechazar una solicitud de información (artículo 46). “Salvo en los casos en que los datos que se entreguen al Consejo afecten la seguridad nacional o la honra de las personas, esa disposición es excesiva. Los ciudadanos tiene derecho a conocer las posiciones que se expresen ante el Consejo para sopesar adecuadamente las decisiones que adopte esa entidad”, señala un experto que prefiere mantener su nombre bajo reserva mientras el reglamento no salga de la Contraloría. Mantener en secreto los antecedentes de una entidad que vela por la transparencia sería un contrasentido.

Definiciones amplias

Otro pasaje del reglamento original que atizaba polémicas era el contenido en su artículo 6º número 6. Textualmente, dice: “En ningún caso, la solicitud de acceso (a información pública) implicará la obligación por parte del órgano requerido de elaborar, producir, procesar o consolidar información”. Si bien con esto se pretende cautelar que las entidades públicas no distraigan recursos (humanos y materiales) de manera excesiva para responder a una solicitud de información, esta disposición podría ser usada de manera arbitraria para rechazar una petición.

“Se corre el riesgo de que si el documento no está en el escritorio mismo del funcionario o que los datos estén efectivamente en su oficina pero disgregados, no acepte informar argumentando que tendría que dedicar tiempo a la búsqueda o elaboración de la respuesta”, indica un experto. La definición, a juicio de la misma fuente, es demasiado amplia y puede dar pie a que las entidades públicas rechacen conformar oficinas especializadas para responder los requerimientos ciudadanos y mantener la información organizada y al día.

La controversia también se instaló en la materia relacionada con el artículo 6º número 4 del reglamento, que dejaba fuera de las solicitudes que pueden ser revisadas por el Consejo de Transparencia aquellas que se hacen en virtud de la Ley de Bases de Administración del Estado (Ley 19.880). Estas solicitudes, por ejemplo, son las de ciudadanos que reclaman porque un trámite que los afecta se ha alargado en demasía. Por ejemplo, una persona que lleva meses esperando por el pago de su pensión o por un subsidio habitacional.

La Comisión Defensora Ciudadana, dependiente del mismo Ministerio Secretaría General de la Presidencia, recibe permanentemente este tipo de reclamaciones. La ley de Bases de Administración del Estado que supuestamente obliga a que se les responda, no tiene sanciones y los funcionarios no se sienten obligados a responder. De hecho la Comisión Defensora Ciudadana hizo un programa llamado “ciudadano incógnito” que solicitó información a diversas reparticiones públicas: el 71% de las consultas hechas a través de Internet no recibió respuesta, lo que habla de la magnitud del problema.

La Ley de Transparencia en cambio, define plazos perentorios para que los funcionarios respondan y se exponen a multas que van desde 20% a 50% de su sueldo si lo hacen fuera de tiempo, si niegan la información arbitrariamente o la entregan de manera insuficiente.

Por último, también ha originado críticas el punto del reglamento original referido a que se considerará causal de secreto o reserva -parcial o total- el que la información que pretende ser divulgada “afecte o incida negativa o positivamente los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada, sus datos sensibles o derechos de carácter comercial o económico”.

El objetivo es proteger la privacidad de los funcionarios y se entiende que así sea en los ámbitos de seguridad, salud, vida privada y datos sensibles (que son las características físicas, morales, religiosas, ideológicas, hábitos de la vida privada y la vida sexual). Pero, al incluir también los derechos de carácter comercial y económico -que afecten positiva o negativamente al funcionario-, es altamente probable que se use ese argumento para limitar investigaciones que se relacionen con los ingresos de los empleados públicos o asesores de entidades estatales.

Por otra parte, algunos expertos indican que la ley no habla de “efectos positivos o negativos” de la información que se divulgue, por lo que rechazan que el reglamento introduzca una calificación que consideran “improcedente”, pues creen que va más allá de lo legislado.

Sueldos e ingresos

Son nada menos que 346 municipios y 248 entidades estatales (ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, además de “todos los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa”), los que van regirse por este reglamento. Aunque quedan igualmente sometidos a Ley de Transparencia, hay algunas entidades públicas que no serán reguladas por el reglamento y que, por lo mismo, no quedarán dentro de la jurisdicción del Consejo para la Transparencia, como la Contraloría, el Banco Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Congreso Nacional, las empresas públicas creadas por ley y las empresas o sociedades en que el Estado tenga más del 50% de las acciones o mayoría en el directorio.

En fuentes de gobierno y de entidades relacionadas con el tema de la “transparencia”, se especulaba que el ministerio Secretaría General de la Presidencia probablemente aprovecharía el retorno del reglamento a sus manos para hacer ajustes a los aspectos relacionados con la divulgación de los ingresos de las personas que trabajan en el ámbito público. Se trata de una información particularmente sensible para La Moneda este año, porque hasta hoy nadie la ha sistematizado y si se comprueba que hay funcionarios o asesores con más de un ingreso proveniente de las arcas públicas, eso puede convertirse en una bala de cañón para el arsenal de la campaña electoral de la derecha.

Un especialista que ha participado en la discusión de la Ley de Transparencia confidenció que uno de los temores que recorre a los responsables de la redacción del reglamento, es que aparezca un funcionario que gane más que la Presidenta Bachelet o que el timonel del Banco Central. De hecho, el ingreso del máximo ejecutivo del instituto emisor (que bordea los $ 9 millones mensuales) fue fijado como tope a las remuneraciones públicas por un instructivo presidencial de 2002, aún en vigencia.

El nuevo reglamento debería ser presentado en las próximas horas, pero aún no está claro si todos los artículos cuestionados serán modificados en la nueva versión.

Aunque el recientemente fallecido Ricardo Claro logró reconocimiento por sus éxitos empresariales, la fama pública le llegó con el Kiotazo que hundió en 1992 a Sebastián Piñera y Evelyn Matthei. Esa no fue la primera ni la única operación en la que participó para influir en la política nacional y en beneficio de sus negocios. Ya en 1983 conspiró con la oposición al régimen y consiguió llevar a prisión al entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. CIPER logró que distintas personas relaten cómo el dueño de un holding de empresas y medios guardó y usó información privilegiada para lograr sus objetivos. Conozca los secretos de quien se jactaba de ser el hombre más informado de Chile.

La noche del domingo 23 de agosto de 1992, antes de apretar play en la radiocasete Kioto y provocar el mayor escándalo político de la transición a la democracia, Ricardo Claro se despachó la siguiente introducción frente a las cámaras del canal de su propiedad:

“Hoy día he recibido una información bastante grave, en el sentido de que la independencia de este programa puede aparecer amenazada. Ustedes saben que yo recibo mucha información, la información llega de la forma más increíble, sin que la pida yo, y hoy día, después de almuerzo, recibí a un señor, a quien no conocía, que me dijo: ‘Usted se precia de ser muy independiente, pero en su canal hay gente que está interviniendo’, y me entregó una cinta grabada”.

La cinta contenía la grabación telefónica que delataba el intento de Sebastián Piñera por perjudicar a Evelyn Matthei en su carrera a La Moneda. Entonces, ambos pertenecían a la denominada “Patrulla Juvenil” de Renovación Nacional. Auque en el proceso judicial que siguió el ministro Alberto Chaigneau quedó establecido que Claro obtuvo la grabación de un mensajero de Matthei, quien a su vez la recibió del capitán de Ejército Fernando Diez, en la introducción ante las cámaras de Megavisión aquél dijo algo enteramente cierto: a lo largo de su vida cultivó fuentes de información diversas, algunas al parecer no muy santas, que sirvieron para afianzar su poder e influencia, además de infundir temor.

Dueño de un consorcio de medios de comunicación, entre varias otras empresas avaluadas por revista Forbes en US$ 550 millones, Claro se jactaba de ser uno de los hombres mejor informados de Chile. Diariamente recibía dos informes sobre economía y política internacional, elaborados por un equipo de expertos, y en sus oficinas guardaba bajo llave uno de sus más preciados tesoros: un archivo de carpetas con informes reservados, apuntes y recortes de prensa clasificados por temas y personas que acumuló por décadas.

La existencia de ese archivo, unido a operaciones políticas, conexiones internacionales y la costumbre de elevar el volumen de su radio cuando se proponía revelar secretos, conforman una personalidad típicamente conspirativa, propia de una lógica de Guerra Fría, la que se manifestó mucho antes de provocar el estallido del Piñeragate.

ABRE PUERTAS

En 1956, una década antes de irrumpir en el mundo de los negocios, Ricardo Claro Valdés protagonizó su primera gran polémica pública. Tenía 21 años y adscribía a la Juventud Conservadora cuando el joven estudiante de Derecho de la Universidad de Chile tuvo la ocurrencia de delatar a una compañera de curso por su militancia comunista. La Ley de Defensa de la Democracia aún estaba vigente y el estudiante adujo razones morales y religiosas para acusar a la mujer ante Carabineros.

“Soy católico y, por lo tanto, forzosamente tengo que respetar la declaración del Sumo Pontífice que ha declarado al comunismo como una doctrina intrínsecamente perversa”, se justificó entonces en declaraciones a revista Vistazo.

El hecho, que fue recordado profusamente en el número 117 de The Clinic, no sólo condujo a la expulsión de Ricardo Claro de la Federación de Estudiantes de Chile, FECH. También marcó la pauta de un estilo que en adelante se expresará en un nivel más selecto y reservado, propio del espionaje internacional, con el propósito de influir en la vida nacional.

Las biografías publicadas tras su muerte hablaron del abogado implacable pero sobre todo del empresario exitoso. Del dueño de Sudamericana de Vapores, Elecmetal, Viña Santa Rita, Cristalerías Chile y Megavisión, entre otras empresas, que amasó la quinta mayor fortuna del país a partir de su actuación en el grupo “Los Pirañas”. Formado junto a Javier Vial y Fernando Larraín, el grupo obtuvo el apodo por su afán depredador de especies mayores. Entonces Claro era un pez chico de dientes afilados.

Las biografías también recordaron el carácter ultra conservador y antimarxista del empresario, aunque la mayoría obvió el hecho de que, poco después de que asumiera Salvador Allende la presidencia, Claro se radicó en Madrid. Ninguna reseña biográfica relató las actividades que éste realizó en el extranjero en ese periodo.

Un dirigente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de la época, que pide reserva de su nombre, cuenta que Ricardo Claro no sólo permaneció en Madrid y se dedicó únicamente a los negocios. En esos primeros meses de gobierno de la Unidad Popular, el abogado contribuyó a que dirigentes empresariales chilenos tomaran contacto con autoridades políticas de Estados Unidos. Los contactos también se extendían al ámbito empresarial europeo y estaban orientados a conspirar contra el gobierno de Allende.

“Esas misteriosas relaciones privilegiadas que Claro tenía con los norteamericanos eran una rara mezcla de política y economía empresarial”, señala el ex dirigente de la Sofofa, quien participó en algunas de las reuniones con los norteamericanos. “Para empezar, gente como Charles A. Meyer, el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, que había sido gerente de Sears. También el secretario del Tesoro y jefe del Consejo de Política Económica de Nixon, George Schultz. Gente de mucho calibre en Washington”.

El ex dirigente empresarial precisa que los contactos con autoridades políticas estadounidenses jamás se tradujeron en ayuda monetaria:

-Fueron siempre de análisis e intercambio de información. Las gestiones de Ricardo resultaron muy útiles. Era un gran abridor de puertas, de un modo similar a Agustín Edwards -acota.

Este es el origen de las versiones que vincularon al dueño de Megavisión con la CIA. Lejos de ofenderse, Claro parecía sentir un cierto orgullo cuando alguien sugería sus conexiones con los servicios secretos de Estados Unidos. A veces respondía con silencio y esa típica mirada suspicaz e intrigante. Otras, lo negaba abiertamente. Aunque en el famoso artículo de 2001 de El Mercurio que lo señaló como el personaje más temido de Chile, por sobre Manuel Contreras, se lee que alguna vez reconoció que “fue amigo de dos ex directores de la agencia de inteligencia norteamericana cuando ya habían dejado sus cargos”.

EL ASESOR

Unos días después del golpe de Estado, sin que nadie lo llamara, Ricardo Claro se ofreció a colaborar con el nuevo gobierno. Sus contactos con los militares eran a través de dirigentes de la Sofofa, que sabían de sus conexiones internacionales y lo recomendaron como asesor económico en el ministerio de Relaciones Exteriores. Fue el comienzo de una relación de altibajos, de dulce y agraz, con el régimen militar.

Sin descuidar sus actividades privadas, Claro se tomó muy en serio su tarea de asesor. En 1976, en calidad de embajador especial en Pekín, logró el apoyo del gobierno chino para evitar una condena de Naciones Unidas contra Chile por violaciones a los derechos humanos. Y a mediados de ese mismo año, al asumir la coordinación general de la Sexta Asamblea de la OEA realizada en Santiago, gestionó la participación del secretario de Estado Henry Kissinger. Los servicios prestados le valieron figuración pública y un futuro ofrecimiento de Pinochet para que se hiciera cargo de la embajada de Chile en Washington.

Aunque se trataba de un gran reconocimiento, el asesor lo rechazó. Aspiraba al puesto de canciller.

Esta primera decepción estuvo aparejada de sus primeros desencuentros con colaboradores civiles del régimen, especialmente con los gremialistas a cargo de la economía y con el canciller Hernán Cubillos, a quien responsabilizó públicamente del bochornoso viaje de Pinochet a Filipinas.

De todas formas, hasta principios de los ’80 fue un incondicional partidario de la dictadura. Sus vínculos al interior del gobierno eran vastos y profundos. Según El Mercurio, en un artículo publicado en 1992 a propósito del Piñeragate, “se ha dicho también que alguna ligazón ha mantenido con los servicios de seguridad, lo que nunca se ha podido demostrar”. Al respecto, recientemente The Clinic publicó un reportaje donde se recogen testimonios de ex agentes de la DINA que lo vinculan a la agencia dirigida por Manuel Contreras.

EL VISIONARIO

En la época, Claro no pasaba de ser un actor de segundo o tercer orden en la política chilena. Ya sin cargo alguno en el gobierno, su influencia operaba desde las sombras, o bien, desde la columna semanal que tuvo a partir de 1979 en La Tercera. En esa tribuna, además de comulgar con el régimen y la Santa Sede, hacía gala de su permanente actualización en política internacional.

En una de esas columnas, en septiembre de 1981, sorprendió al destacar la importancia de las reformas económicas que había emprendido el gobierno de la República Popular China. Citando un artículo de la prensa extranjera, señaló que “la economía china se halla en el punto de viraje más importante desde la socialización del sistema de propiedad sobre los medios de producción”.

El análisis sobre lo que venía ocurriendo en China no sólo estaba confiado a lecturas. Varios años después Claro contará que en 1978, en un viaje a Pekín realizado junto al canciller Cubillos, Deng Xiaoping recibió en privado a la delegación chilena y expuso sobre las reformas económicas que apuntaban a la apertura de capital y tecnología extranjera.

Desde entonces, el futuro controlador de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSVA), la más globalizada de las empresas chilenas, estrechó lazos con autoridades y empresarios chinos. Hoy la CSVA tiene su filial norasia en ese país, además de nueve oficinas.

Ya a partir de fines de los ‘70, cuando muy pocos apostaban por China, el empresario chileno movía sus piezas en ese sentido. Lo corrobora el abogado Gregorio Amunátegui, que ha sido director de las empresas de Ricardo Claro y su amigo de infancia:

-En ese tiempo recuerdo que Ricardo me comentó en más de una oportunidad que China sería el país del futuro, pese a sus limitaciones políticas. Y junto con eso, aparte de predecir el desastre que se venía en la Unión Soviética, más tarde también anticipó la crisis asiática y la actual recesión en Estados Unidos. Era un hombre tremendamente bien informado.

En más de una oportunidad también se jactó de haber predicho la recesión de 1982. Dijo incluso habérselo anunciado al general Pinochet en persona, sin que haya sido tomado en serio. Ese fue el punto de inflexión. El fin de su romance con el régimen. La prueba está en el apodo de “gásfiter” que recibió ante sus criticas públicas a los conductores de la política económica.

En 1982 el desafecto subió de nivel. La crisis económica estaba desatada cuando el columnista de La Tercera lanzó durísimas críticas contra el ministro Sergio de Castro, contra el conjunto de los Chicago Boys y, de paso, contra El Mercurio, al que calificó como “el periódico que incita a la destrucción sistemática de la economía del país”. La columna se tituló ¡Basta! y no fue publicada hasta la muerte del empresario.

Censurado por el diario de su amigo Germán Picó Cañas, y en franco enfrentamiento con los gremialistas, estrechó sus vínculos con la oposición y llegó a declararse disidente al régimen. Eso, en el lenguaje de Ricardo Claro, era una declaración de hostilidades.

PINTURA DE GUERRA

El panfleto comenzó a circular a mediados de 1983, pocos meses después de que la columna contra los Chicago Boys fuera censurada. Se trató de un cuadernillo anónimo y fotocopiado en el que se denunciaba el modo en que Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, había pasado de ser un modesto empleado público a uno de los hombres más ricos de Chile.

En resumidas cuentas, el folletín acusaba al yerno del dictador de haberse beneficiado de sus privilegiadas posiciones en la dirección de empresas públicas como Corfo, Conaf, Enami, Endesa, Soquimich y Compañía de Teléfonos, al tiempo que realizaba millonarias inversiones vinculadas a la actividad forestal y ganadera. “Un verdadero escándalo nacional, que los chilenos murmuran a viva voz, entre incrédulos y furiosos”, se lee en el anónimo.

Aunque circuló de manera clandestina, de mano en mano, el panfleto provocó consecuencias insospechadas.

La primera de ellas significó la salida de Ponce Lerou de la gerencia de Corfo. En la carta de renuncia dirigida a Pinochet, su yerno se lamentó de que “desde hace un tiempo he sido blanco de los más deleznables ataques y calumnias, que sin asidero ninguno en la verdad y en forma anónima y cobarde se han lanzado en mi contra”.

La segunda consecuencia fue más mediática y sabrosa: entrevistado por revista Qué Pasa, donde por cierto negó las acusaciones, Ponce Lerou acusó a Ricardo Claro y al ex fiscal militar Alfonso Podlech (actualmente detenido en Roma por sus actuaciones como fiscal militar en Temuco durante la dictadura) de ser los autores intelectuales del libelo. Como autora material apuntó a la periodista Vivianne Schnitzer. La respuesta del primero no tardó en llegar.

A la semana siguiente, en la misma revista, Ricardo Claro negó la imputación en los siguientes términos: “La opinión pública, que me conoce, sabe que cuando quiero criticar o atacar lo hago directamente, bajo mi firma, no obstante las amenazas de que he sido objeto”. Luego advirtió que no permanecería impasible y demoró unos pocos días en querellarse por injurias.

No hay certezas acerca de las motivaciones que pudo haber tenido el futuro dueño de Megavisión para embestir contra el yerno de Pinochet. Pueden haber sido cuentas pendientes con el general. Pueden también haber influido los intereses que Claro tenía en un fundo de Villarrica, zona donde operaba Ponce Lerou en sus negocios privados. El hecho es que en este capítulo el empresario tuvo motivos para operar desde las sombras.

Al teléfono desde Estados Unidos, donde reside, la periodista Vivianne Schnitzer sostiene que Claro fue una de las personas que financió la investigación sobre Julio Ponce Lerou. “Nos contactamos a través de políticos de oposición de la zona y en una oportunidad nos reunimos en las cercanías de Temuco. Después no lo volví a ver. No quise saber de él”.

Aunque no se arrepiente de haber dado a conocer los negocios turbios del yerno de Pinochet en las condiciones descritas, la periodista, que entonces tenía 26 años y vivía en Temuco, reconoce haber sido víctima de su inexperiencia, por la que pagó un alto precio.

Hostigada por los servicios de seguridad del régimen, y arriesgando una condena por injurias, Schnitzer se vio obligada a abandonar abruptamente el país. En tanto Claro, representado por su socio y amigo Juan Agustín Figueroa, se solazaba con la batalla legal.

En esos días, la prensa de tribunales lo retrató “con una sonrisa de satisfacción y desafío”. De paso, recogió una provocación: “Me ha extrañado que el señor Ponce, que dice dar siempre la cara, no estuviera aquí (para el comparendo). Vine solo con mis abogados, sin guardaespaldas, sin agentes de seguridad, y él no apareció”.

Tenía al yerno de Pinochet contra las cuerdas y no lo soltó hasta que a fines de septiembre de 1983, transcurrido un mes de presentada la querella, el juez Carlos Botacci decretó la detención de Ponce Lerou. Recién entonces, con el adversario arrodillado, se allanó a negociar.

SUBAN EL VOLUMEN

No pasó mucho tiempo antes de que volviera a encontrar tribuna. Tras el abrupto fin de su columna de opinión en La Tercera, el abogado fue integrado como panelista estable del programa “Improvisando”, versión radial del programa televisivo “A Esta Hora se Improvisa”. Era transmitido los domingos por radio Chilena y contaba con personalidades como Ricardo Lagos, Herman Chadwick, Domingo Durán, Pablo Barahona, Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger y Jaime Celedón, que oficiaba de conductor.

En ese programa, según recuerdan panelistas, Claro acostumbraba a llegar con carpetas de su archivo y cada cierto tiempo entregaba una que otra primicia. La primicia a veces iba acompañada de una polémica.

Una de las más recordadas ocurrió en abril de 1986. En vivo y en directo, de manera sorpresiva, en un estilo que anticipó el Piñeragate, emplazó a Edgardo Boeninger a que explicara por qué la Democracia Cristiana mantenía reuniones secretas con el Partido Comunista. La acusación estaba basada en un documento foliado proveniente del último consejo nacional de la DC que había llegado a manos del empresario por medio de un informante.

“Ricardo Claro era de los que manejaba la mejor información en sentido periodístico, le gustaba impresionar con ella”, recuerda el periodista Jaime Moreno Laval, que oficiaba de conductor y director de prensa de radio Chilena. “Valoraba mucho el tener una buena información, lo mismo que un buen análisis, y él mismo era una muy buena fuente. Tenía conexiones muy transversales, no sólo en Chile, y estaba al tanto de absolutamente todos los temas más relevantes”.

Moreno Laval recuerda haberlo visitado en sus antiguas oficinas de calle Moneda, sobre el desaparecido cine Windsor, para consultarle acerca de temas de actualidad política o económica. En esas ocasiones, cuando quería tratar materias reservadas, el abogado tenía la costumbre de elevar el volumen de la radio:

-Sabía perfectamente que lo escuchaban (los servicios de seguridad) y hasta bromeábamos con eso. “Ya pues, don Ricardo, súbase el volumen”, le decía. Porque cada vez que subía el volumen de la radio era porque iba a soltar un buen dato –cuenta Moreno Laval.

El periodista también fue testigo de las carpetas que guardaba en su estudio de abogado y que más tarde trasladó a sus oficinas en Las Condes. Ese archivo, que ha dado pie a múltiples especulaciones sobre su origen y contenido, estuvo a la vista de su amigo de infancia Gregorio Amunategui.

-Lo de las carpetas viene desde siempre. Eran parte de su trabajo y las tenía guardadas con un cierto desorden que él entendía perfectamente –recuerda el abogado y director de Mega.

Claro parecía disfrutar del mito que contribuyó a crear sobre sí mismo. “En el fondo le encantaba que lo consideraran un hombre peligroso y de cuidado. Alguna vez alguien en la radio deslizó un comentario sobre sus supuestos vínculos con la CIA y él sonrió de manera irónica y misteriosa, sin confirmar ni desmentirlo. Le gustaba jugar con eso”, dice una de las personas que coincidió con él en el programa “Improvisando”.

Una muestra de lo anterior ocurrió en el segundo capítulo del programa radial. En esa edición, que tuvo a Juan Agustín Figueroa de invitado, Jaime Celedón preguntó si Claro también tenía que ver con la propiedad de la revista Cauce. Según se escucha en el registro de ese programa, el aludido, que según el relato de Celedón portaba una gorra china al estilo Mao Tse Tung, respondió haciéndose cargo de su leyenda:

“En cuanto a revista Cauce, son esos líos que me alistan, siempre me andan inventando toda clase de historias a mí. Desgraciadamente no lo soy porque habría ganado mucho dinero”.

EL HOLDING

A decir de sus cercanos, Claro siempre anheló tener un medio de comunicación. Ya a mediados de los ‘60, cuando se iniciaba de empresario, intentó sin éxito comprar parte de la editorial Zig-Zag. Y hacia fines de los ’80, una vez que consolidó su posición económica, también habría participado de tratativas para ingresar a la propiedad del Consocio Periodístico de Chile S.A., Copesa, que en ese entonces publicaba La Tercera, La Cuarta y Qué Pasa.

Gregorio Amunátegui sostiene que la atracción por los medios de comunicación es un asunto de larga data. “A Ricardo le interesó el periodismo desde muy joven. Pensaba que esa actividad podía ser muy formativa para la gente, de mucha utilidad. Por eso se tomó tan en serio su función de columnista en La Tercera y después en El Mercurio. Para él los medios de comunicación, y el periodismo en particular, eran un instrumento para orientar sus dos grandes preocupaciones: la religión y el bien del país”.

Como director de Mega desde los primeros días, Amunátegui fue testigo de que el interés por desembolsar más de 15 millones de dólares de la época por un canal de televisión estaba animado por un asunto que trascendía lo económico. De hecho, los primeros diez años el canal arrojó cifras rojas. Su mayor interés entonces, dice el abogado, era “el deseo de que Chile fuera un gran país”.

Lo anterior ayuda a explicar el modo particular en que se relacionaba con su canal de televisión. Aparte de atender a los lineamientos generales de la programación, estaba preocupado de los detalles. Según una fuente de Mega, fue iniciativa suya que gente como Claudio Sánchez y Raúl Hasbún, ambos marginados de Canal 13 durante la era de Rodrigo Jordán, llegaran a trabajar a Mega.

La idea de incorporar comentarios religiosos también fue obra suya, al igual que la decisión de sacar de la programación un proyecto de reality show, que a su entender reñía con la moral. De acuerdo con una fuente de Mega, más de una vez llamó para protestar por la escasa o nula cobertura de algún asunto de la Iglesia Católica, protesta que a la vez estaba motivada por llamados de religiosos cercanos a él, como el cardenal Jorge Medina, el entonces obispo de San Bernardo Orozimbo Fuenzalida o el mismo cura Hasbún. Otras veces, los llamados de atención no tenían nada que ver con la religión católica sino con una cosa personal. Todavía se recuerda en ese canal el día en que el dueño llamó para quejarse de un joven periodista de Mega que tras pedirle una impresión sobre un evento empresarial, le preguntó el nombre. “¿No sabe quién soy yo?”, fue su respuesta.

Los llamados no sólo eran internos. En agosto de 2000, cuando el programa “Aquí en Vivo” de Mega emitió un capítulo sobre el fenómeno de los desnudos, Claro entró en cólera y calificó el programa de “vulgar e inmoral”. El asunto no paró ahí. Enterado de que una periodista de La Tercera intentaba contactar por este tema al obispo Orozimbo Fuenzalida, identificado por la misma periodista como uno de los censores morales del canal, el empresario la llamó directamente. Le preguntó si sabía quién era él y le advirtió que podía perder su trabajo si seguía molestando al obispo.

Con algunas diferencias, esa relación también se trasladó a los otros medios de su holding, conformado por Mega, editorial Zig-Zag., revista Capital y el Diario Financiero. En el caso de la revista, por la que pagó US$ 6.5 millones, su estilo se hizo sentir al cabo de unos meses, luego que Celia Eluchans abandonara la dirección y el nuevo propietario nombrara a Héctor Soto en el cargo.

Cuando Papavilla, una serie de dibujos animados de MTV, levantó cierta polvareda con sus parodias al Papa, Claro resistió la columna escrita por Patricio Navia en la que se manifestaba en contra de que la serie fuese censurada. Finalmente accedió a publicar su artículo, a condición de que esa posición fuese contrapesada por una columna escrita por el abogado José María Eyzaguirre.

En su momento Claro también cuestionó que se pautease un reportaje sobre los 50 años del colegio San Ignacio. ¿Por qué el San Ignacio y no el San George?, se preguntó. El ruido en este caso tenía que ver puntualmente con sus consabidas diferencias con la orden de los jesuitas. El artículo igual se publicó, pero durante largo tiempo Claro insistió que ese establecimiento estaba en decadencia, no obstante que los puntajes y la matrícula decían otra cosa.

A propósito del tira y afloja con Papavilla, el antiguo director de Capital, Héctor Soto, recuerda que en una oportunidad, a puertas cerradas, Claro le confidenció que si estaba en el negocio editorial y en el mundo empresarial no era exactamente por el dinero. “Me dijo que lo único que realmente le importaba, no era la plata, no eran las empresas, sino la Iglesia y el Papa”.

Héctor Soto dice que su relación con Claro estuvo marcada por dos factores determinantes. “Uno eran las buenas maneras, el buen trato, como esas relaciones caballerosas, a la antigua, aspecto que para mí es importante y que soy el primero en valorar; el otro era una profunda y visceral desconfianza de él hacia mí. Tengo la impresión de que era una persona tremendamente desconfiada, especialmente con la gente que no conocía. Tuvimos algunas diferencias, muchas de ellas mínimas, y finalmente preferí renunciar atendido que era difícil en ese contexto de sospecha pensar en nuevos desarrollos del proyecto editorial”.

El sucesor de Soto en Capital, Guillermo Turner, cree que resulta natural y necesario que los dueños de medios de comunicación se involucren en sus empresas, “porque para eso son
presidentes y eso es lo que espera el resto de los accionistas: presidentes involucrados y responsables”.

“Ahora, si tu me preguntas si se metía en el detalle, en el titular, no. Era muy respetuoso en eso. Te lo pongo así: había semanas donde hablábamos todos los días y semanas en que no hablábamos nunca. La mayoría de las veces era para compartir y analizar noticias, particularmente vinculadas al sector económico e internacional. Ricardo Claro era una persona muy informada en todos los planos. Esa es la historia. Menos glamorosa y menos insidiosa de lo que la gente cree”.

Turner dice haber tenido una relación “muy llevadera” con el dueño de la revista. “Primero, porque le gustaban los medios y tenía una historia detrás. Y segundo, porque sabía que los medios tienen que ser económicamente sustentables en el tiempo, y para eso tienes que tener una pauta que responda a intereses tanto de avisadores como de audiencia. Eso hace que hayamos tenido una relación extremadamente profesional”.

Que Ricardo Claro usaba la influencia que le significaba ser dueño de medios, no hay duda. Una de sus últimas actuaciones como dueño de Capital ocurrió al momento de la muerte del general de Carabineros José Bernales. Claro pidió un espacio en la revista. No sólo quería hacerle un homenaje; de paso aludió al rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, llamándolo “columnista resentido que se dedica a la labor antivalórica”. A fin de cuentas, para eso tenía una revista.

Es la primera vez que el galardón se confiere a un periodista chileno. También es la primera vez que se otorga a un reportaje publicado en un medio periodístico on-line, como es el caso de CIPER. Anteriormente, la Fundación Nuevo Periodismo reconoció a la periodista Mónica González, co-directora de CIPER, con el Premio Homenaje a la trayectoria profesional.

Además del honroso premio, Peña recibirá $25.000 dólares que serán entregados en una ceremonia que se llevará a cabo a principios de septiembre en Monterrey, México.

En el anuncio del premio, el FNPI comentó la originalidad y calidad literaria del trabajo de Peña, que contó con la asistencia de la periodista Aurora Radich: “El jurado del Premio destacó el ángulo original del trabajo «sobre un personaje de quien se creía que ya se había dicho todo. Retrata la personalidad de Pinochet valiéndose de un relato claro, creativo y fluido. Hay un amplio trabajo de investigación y de consulta de fuentes que no deja preguntas sin respuesta.»”

También hizo hincapié en su publicación en un “nuevo medio”: “CIPER es un medio que publica información en otros medios, pero principalmente en su página Ciperchile.cl, por lo cual el jurado señaló que internet también puede ser un espacio para un periodismo de texto sólido, perdurable y creíble.”

El reportaje tiene una amplia galería de fotos, la mayoría de ellas inéditas, sobre la biblioteca de Pinochet y los libros y otros objetos coleccionados por el ex dictador.

CIPER, el Centro de Investigación e Información Periodística, fue fundado en mayo de 2007 por los periodistas Mónica González y John Dinges, y cuenta con el apoyo financiero de COPESA (Consorcio Periodístico de Chile S. A.) y de la Open Society Foundation de Londres. Sus publicaciones se concentran en investigaciones en profundidad, utilizando las últimas prácticas en ese campo, como la búsqueda sistemática de información en redes computacionales y almacenamiento de documentos públicos.

Entre las investigaciones de mayor impacto que ha publicado CIPER se cuenta un reportaje sobre el Registro Civil realizado por Cristóbal Peña y Mónica González. La investigación publicada en marzo último, que reveló irregularidades en ese organismo, provocó el descabezamiento del directorio de ese servicio público.

Peña, de 39 años, se incorporó al equipo de CIPER en octubre de 2007. El trabajo sobre la biblioteca de Pinochet fue publicado el 6 de diciembre de ese año y fue una de sus primeras investigaciones. Como periodista y autor ha tenido una larga trayectoria en los diarios El Mercurio, La Hora, La Nación y La Tercera. Además, ha colaborado en las revistas Rolling Stone, Gatopardo, Travesias y PLR. También es profesor de periodismo en la Universidad Diego Portales y autor de los libros Cecilia. La Vida en Llamas (Planeta, 2002) y Los Fusileros (Debate, 2007). El primero es una biografía sobre una cantante underground de los años 60; el segundo, una crónica sobre los orígenes y destino de los protagonistas del atentado a Pinochet, ocurrido en 1986.

Otros reconocimientos

En su séptima versión, el jurado de la categoría texto del Premio Nuevo Periodismo estuvo compuesto por las periodistas y escritoras Josefina Licitra de Argentina, Elvira Lobato de Brasil y Cristina Marcano de Venezuela. La evaluación final estuvo precedida por dos rondas de juzgamientos a cargo de seis periodistas internacionales, quienes evaluaron cientos de trabajos de habla hispana y portuguesa.

En la misma modalidad, el Premio Nuevo Periodismo también reconoció como finalistas los trabajos de Leonardo Faccio (Argentina), Andrés Felipe Solano (Colombia), Juan Manuel Robles (Perú) y Carlos Salinas Maldonado (Nicaragua). En la anterior preselección oficial, donde fueron escogidos 17 reportajes, destacó Pablo Vergara, de The Clinic, con el tema “La maldición del narco sin cabeza”.

En la sección reservada a la fotografía, el primer lugar fue para la argentina María Eugenia Cerutti por su trabajo “Un barrio, demasiadas ausencias”. Publicado en el diario Clarín de Argentina y la revista Etiqueta Negra de Perú, el reportaje gráfico de Cerutti trata sobre el paisaje y los efectos que ha causado una subestación eléctrica de alta tensión sobre los habitantes del barrio Ezpeleta, cerca de Buenos Aires, entre los que se cuentan 115 muertos y 116 enfermos de cáncer en una población de menos de dos mil personas.

El Premio Nuevo Periodismo entregó este año, por primera y única vez, el Premio Fórum 2007, orientado a reconocer trabajos que aborden temas sobre cuatro temáticas: Diversidad Cultural, Conocimiento, Paz y Sustentabilidad. En la primer categoría resultó ganadora la chilena Carol Schoihet por “Transexualidad Masculina”. Transmitido por Televisión Nacional de Chile, se trata de un reportaje sobre tres transexuales que luchan por la reivindicación de sus derechos.

El resto de los favorecidos del Premio Fórum 2007 fueron Inês Calado y el equipo de JC Online de Brasil, ganadores de la categoría Conocimiento por el reportaje “Límites, formación y trabajo”; la colombiana Natalia Acevedo, reconocida en Paz por el trabajo “Desenterrando la verdad”; y un equipo encabezado por Marcelo Canellas, ganador de la categoría Sustentabilidad, por la serie de crónicas “Tierra del miedo: Brasil invisible”.

Al cumplirse cien años del nacimiento de Salvador Allende, el último mensaje que pronunció a pocos minutos del bombardeo de La Moneda y de su propia muerte, ha vuelto a emerger en distintos rincones del mundo. De allí que el rescate de la cinta que lo contenía desde los estudios de Radio Magallanes, la única emisora que lo transmitió, sea un episodio histórico. Su protagonista hasta ahora era el periodista Hernán Barahona, recientemente fallecido. Pero esa historia es refutada por los testimonios que nos presenta el Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas: “Guillermo Ravest fue quien se dedicó junto con el radio controlador Amado Felipe a hacer numerosas copias del histórico discurso en pequeñas cintas magnéticas y fue él también quien las sacó del local de la radio, con evidente riesgo para su vida”. La controversia llegó al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, el que dictó su fallo el pasado 7 de abril.

Vuelvo a leer con emoción la crónica de Guillermo Ravest Santis, con su estilo terso y vibrante, modelo de gran estilo de periodismo, sobre el último discurso del Presidente Salvador Allende, transmitido por Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973, minutos antes del comienzo del bombardeo a la Moneda. Ravest, director de la emisora, fue quien se dedicó junto con el radio controlador Amado Felipe a hacer numerosas copias del histórico discurso en pequeñas cintas magnéticas y fue él también quien las sacó del local de la radio –con evidente riesgo para su vida, del que en ese momento no tuvo conciencia- y las hizo llegar a la dirección clandestina del Partido Comunista para su distribución entre los corresponsales extranjeros.

La crónica fue solicitada a Guillermo Ravest por Faride Zerán, directora de la revista Rocinante, en la que yo me desempeñaba como editor. Apareció en la edición Nº 58, de agosto de 2003, junto con un notable testimonio del periodista Leonardo Cáceres, responsable de los servicios noticiosos de Radio Magallanes. Ambos materiales constituyen un documento periodístico e histórico sobre un momento trascendental de la vida de Chile. Y por eso, me parece muy conveniente que se reproduzcan ahora en las páginas de CIPER. Conveniente y necesario, porque en torno a estos hechos y sus protagonistas se tejieron versiones erróneas.

Medio siglo de periodismo

Nacido en Llay Llay, importante nudo ferroviario de la V Región, el 3 de julio de 1927, Guillermo Ravest Santis proviene de una familia estrechamente vinculada a los ferrocarriles: su abuelo, su padre, sus tíos y otros parientes fueron todos ferroviarios. También él pudo haber seguido el recto camino de los rieles pero se enamoró tempranamente del periodismo. Con este oficio ha mantenido un romance de medio siglo, que dura todavía.

En 1950 trabajó en la agencia COPER (Cooperativa de Periodistas), creada por el veterano Albino Pezoa para dar trabajo a profesionales de la prensa “cesanteados” por motivos políticos por el régimen de Gabriel González Videla. Después, entre 1952 y 1972 trabajó en los diarios El Siglo, El Espectador, Ultima Hora y La Nación, en el Departamento de Prensa de Radio Balmaceda, en la revista Qué Pasa de Buenos Aires, en el diario Puro Chile, en Televisión Nacional y, por último, en Radio Magallanes. Junto con su esposa Ligeia Balladares, también periodista, debió partir al exilio después del golpe militar.

Ambos llegaron a Moscú en 1974 y organizaron el equipo de periodistas chilenos que produjo, bajo dirección de Ravest, los diarios programas “Radio Magallanes”, que se emitían por las ondas de la emisora estatal soviética, al mismo tiempo que los de “Escucha Chile”.

Viajaron en 1980 a México y regresaron a Chile en 1983, en cuanto sus nombres dejaron de aparecer en las listas de proscritos. Trabajaron en el diario ”Fortín Mapocho”, fuerte opositor a la dictadura. Entre 1983 y 1989, Guillermo trabajó en las ediciones clandestinas de “El Siglo”.

La pareja Ravest-Balladares reside desde hace más de 20 años en San Miguel Tlaixpán, pequeña localidad cercana a la Capital Federal de México. Ambos han seguido cultivando al periodismo y también la literatura en calidad de cuentistas y narradores casi clandestinos. Guillermo Ravest es autor de un libro de memorias titulado “Pretérito Imperfecto”, que ofrece, sin duda, enorme interés porque ha sido testigo privilegiado de un período histórico turbulento, cuyas consecuencias siguen proyectándose en el presente y en el futuro. Se espera que sea publicado pronto en Chile.

Hace algunas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre un informe enviado por el Estado de Chile, en el que se expresaban las medidas adoptadas por éste en materia de acceso a la información pública, y los avances en el cumplimiento de los mandatos que este tribunal internacional señaló para Chile en la sentencia de 19 de septiembre de 2006. Tal como se recordará, este fallo internacional estimó que la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras de entregar a organizaciones sociales y ciudadanos una serie de documentos e informes, respecto de un proyecto de contenido ambiental durante 1998, violaba el derecho de acceso a la información pública de los solicitantes, lo que de paso fue un importante reconocimiento de la existencia de este derecho a nivel internacional al establecer sus contenidos mínimos.

Esta sentencia ordenó a Chile la adopción de varias medidas: la entrega de la información requerida, la publicación del fallo en algún medio de comunicación, la adopción de una ley de acceso a información pública y la capacitación de los órganos y agentes de todos los poderes del Estado. En este sentido, la Corte valoró los avances generados a partir de 2006, entre los cuales están la tramitación del proyecto de ley sobre Transparencia y Acceso a Información Pública (ya aprobada por el Congreso y actualmente sujeta a examen por parte del Tribunal Constitucional), la revisión de las prácticas institucionales de información pública y la implementación de programas de capacitación y entrenamiento a los órganos del Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de este reconocimiento, también manifestó la necesidad de mantener su supervisión sobre algunos puntos que estima aún están pendientes. El primero de ellos se refiere a la compatibilidad de la futura ley de acceso a la información con los estándares generales establecidos para este derecho humano en la sentencia de 2006. En particular, llamó su atención que en dicha iniciativa legal exista un artículo que expresamente permite el secreto o reserva indefinida respecto de información vinculada a la defensa nacional, y la incorporación de una disposición transitoria que da validez a las normas de secreto dictadas con anterioridad a la reforma constitucional de 2005, época en la que fue incorporado a la Carta Fundamental un nuevo artículo 8 que estableció el carácter público de la información del Estado, y limitó las causales por las cuales se podría invocar la reserva de la misma.

Los artículos referidos afectan en forma grave el derecho de acceso a información, pues tanto la existencia de disposiciones de reserva perpetua, así como la legitimación automática de normas de secreto generadas con anterioridad al fallo de la Corte Interamericana, y a la aprobación de la ley de acceso a la información, contradicen los principios esenciales de este derecho humano, especialmente el de “máxima apertura o revelación” de la información que está en manos del Estado. Adicionalmente, estas normas entran en contradicción con el precedente sentado el año pasado por el Tribunal Constitucional, que reconoció el acceso a la información como un derecho humano a nivel nacional, pronunciamiento que se efectuó a propósito de la negativa a entregar cierta información por parte de Aduanas. De no subsanarse estas deficiencias en esta etapa, estos contenidos generarán problemas de aplicación en futuros casos concretos, conllevando el incumplimiento de la sentencia internacional y eventuales reclamos de inconstitucionalidad.

El segundo aspecto en que la Corte manifestó que mantendrá su supervisión -en razón de la ausencia de toda mención en el informe remitido por el Estado-, se refiere a las medidas de capacitación y entrenamiento que adopte el Poder Judicial en materia de acceso a la información. Ello por cuanto es el órgano responsable de atender y dar protección a solicitudes de información efectuadas por las personas, a través de la revisión de las decisiones del “Consejo para la Transparencia”, ente autónomo que esta iniciativa legal establece para resolver los conflictos entre las personas y el Estado en la entrega de información. Aquí la experiencia acumulada resulta preocupante. Los fallos recientes de los tribunales superiores muestran una validación de las prácticas de reserva de la Administración del Estado, en desmedro del derecho fundamental de acceso y una falta de consideración de los criterios interpretativos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, ello es reflejo de la inexistencia de esfuerzos sistemáticos de capacitación a los jueces, que les permitan entender la naturaleza, contenidos y alcances de este derecho.

Considerando el estado actual de tramitación del proyecto de ley de acceso a la información, es de esperar que el Tribunal Constitucional oriente su examen del mismo a su conformidad y consistencia con los estándares internacionales incorporados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Junto con ello, habiendo asignado el proyecto de ley a la Corte de Apelaciones la función de revisar los criterios de apertura del futuro Consejo para la Transparencia, resulta urgente implementar programas de capacitación en esa instancia de la Magistratura.

*Moisés Sánchez es abogado de la Universidad de Chile y director ejecutivo de Fundación Pro Acceso

Los 98 procesamientos dictados esta semana por el ministro de fuero Víctor Montiglio hablan de la magnitud de la organización detrás de la Operación Colombo, que terminó con el asesinato y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. Pero en la decisión judicial faltan actores: la prensa y el hombre que orquestó la campaña de desinformación, Álvaro Puga, así como los periodistas y miembros de los organismos de seguridad argentinos que participaron activamente en el más masivo de los asesinatos políticos de esa época.

El 24 de julio de 1975 los chilenos se encontraron en los kioscos con titulares sangrientos: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” (Las Últimas Noticias) y el emblemático “Exterminados como ratones” (La Segunda).

Los cuatro diarios dejaban impresas para la historia el sinnúmero de mentiras fabricadas para ocultar la Operación Colombo, la misma por la que esta semana el ministro de fuero Víctor Montiglio procesó a 98 personas por su responsabilidad en el asesinato de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.

Pese al casi centenar de personas imputadas, el juez no se adentró en el rol de la prensa de aquellos días, que fue clave para conseguir el “éxito del plan”. De esa historia se hizo cargo hace dos años el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que en un fallo de 35 páginas estableció quiénes redactaron y publicaron esas informaciones falsas, decretando sanciones.

El sumario estableció responsabilidades de los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y La Segunda, Mario Carneyro, aunque ambos fueron declarados inimputables por haber fallecido. También se sancionó con censura pública y suspensión de seis meses de colegiatura a los ex directores de Las Últimas Noticias, Fernando Díaz Palma, y La Tercera, Alberto Guerrero. Además, se sancionó a la periodista de El Mercurio, Beatriz Undurraga con tres meses de suspensión. A la autora de este reportaje se le amonestó por no declarar en el proceso.

Si bien el sumario se remite al momento culmine de la operación, ésta comenzó antes, con una noticia publicada por los diarios La Tercera, El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda el 12 y 13 de junio de 1975, días de toque de queda, de autos sin patente que recorrían calles y casas capturando ciudadanos que luego desaparecían. Días de terror.

“Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, fue el título de uno de los matutinos. Otros despachos provenientes de Argentina dieron cuenta en los días siguientes de nuevos movimientos de ese ejército insurgente que se aprestaba a cruzar la cordillera para derrocar a la Junta Militar. Y entre medio de esa información destinada a infundir terror entre aquellos partidarios de la dictadura que comenzaban a manifestar sus críticas por la violencia extrema de la represión, se deslizaba otro contrabando que preparaba el golpe mayor: “Se destacó también que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del Mir y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos” (La Tercera, 13 de junio).

Otro supuesto despacho de la Cancillería argentina, difundido por Reuters Latin, informaba el 16 de junio: “Gendarmería argentina cerca a guerrilleros” en los alrededores de la frontera.

Hasta que el 24 de julio se publicaron los titulares que encabezan este reportaje y que daban cuenta de un ajusticiamiento dentro de las filas del Mir en el exterior.

Durante varios días se destacó que por todos los muertos se habían presentado recursos de amparo, “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”.

Sólo un dato entregado por la prensa era verídico: los 119 chilenos que aparecían como abatidos por sus camaradas figuraban con recurso de amparo, en los que se entregaban datos y pruebas de cómo habían sido detenidos y hasta la dirección de la cárcel secreta donde se les vio por última vez con vida. Pero los jueces sin más trámite los rechazaban con sólo anexar el informe del Ministerio del Interior en que se negaba la detención.

La desesperación invadió a los familiares y amigos de los 119 chilenos allí nombrados. Golpearon cientos de puertas intentando que alguien escuchara y examinara las pruebas que demostraban que sus seres queridos estaban presos en Chile en alguna cárcel secreta. Fue inútil.

También en las cárceles y campos de detención, entonces repletas de prisioneros políticos, se vivieron momentos de dura tensión. Muchos prisioneros habían sido testigos de las brutales torturas a que gran parte de los 119 chilenos supuestamente asesinados por sus propios compañeros en Salta, Argentina, habían sido sometidos en las cárceles de la Dina. La huelga de hambre, encabezada entre otros por el encarcelado periodista José Carrasco (asesinado en 1986 por un comando de la CNI), tampoco provocó ni una sola reacción de la justicia.

Grafica el clima que se vivía esos días el relato que hizo ante el tribunal del Colegio la entonces dirigente de los familiares de las víctimas, Alicia Lorca, ante el tribunal del Colegio de Periodistas: “Pedimos la entrevista con el director del diario El Mercurio. Nos recibieron muy amablemente, y cuando le dijimos al director a lo que íbamos, se puso tan furioso que nos echó a grito pelado. Con decirle que mucha gente que estaba en el edificio salió a ver lo que pasaba. Tuvimos que bajar corriendo la escalera porque incluso nos amenazó con hacernos sacar con la guardia”.

Tampoco les aceptaron una inserción pagada. No había posibilidad de que se supiera la verdad.

O’Día y Lea: un milagro editorial

Las fuentes de la información difundida fueron el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil, que el 25 de junio informó del asesinato de 59 militantes del MIR –y daba los nombres- en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”; y la revista Lea de Buenos Aires del 15 de julio, que entregó otra nómina de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”.

Deberían pasar más de 10 años para desentrañar el misterio de O’Día, un antiguo diario de Brasil que sólo reapareció el 25 de junio con el único objetivo de hacer pública la nómina de los 59 extremistas “asesinados” por sus compañeros.

En agosto de 1992, la autora de esta crónica con una investigación en mano concurrió a las oficinas de la Intendencia metropolitana donde se desempeñaba como jefe de Comunicaciones Gerardo Roa, quien en democracia seguía ocupando el mismo cargo que en dictadura. No le quedó más remedio que asumir que efectivamente él había sido el hombre que negoció la reaparición de O’Día, y que las instrucciones, así como la nómina de muertos, se las había entregado Manuel Contreras.

Lo primero era cierto, lo segundo, no. Porque quien le entregó el artículo que saldría publicado fue Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina.
Lo anterior fue publicado en el diario La Nación (13 de agosto de 1992), pero Roa continuó por largo tiempo en su sillón en la Intendencia.

En cuanto a Lea, su edición en la que figura como director Juan Carlos Viera, fue editada por Codex, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de Argentina, cuyo titular era José López Rega, el jefe del grupo paramilitar “Triple A” que ya por esos días comenzaba a dejar un balance de muertos en el vecino país. También esa edición de 20 mil ejemplares fue la única. Nunca más salió a los kioscos.

El nombre de esta operación así como los detalles de su planificación en el exterior se hallaron en el archivo secreto de la Dina que conservaba su agente en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (condenado a prisión perpetua por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, pero hoy en libertad condicional) y que la autora de esta crónica hallaría en los archivos judiciales de ese país en 1986. Fue por esos documentos que se supo que la Dina había bautizado a ese crimen masivo como “Operación Colombo”.

En esos papeles está la copia del oficio N° 3 del 16 de mayo de 1975 enviado por Arancibia Clavel desde Buenos Aires al cuartel central de la Dina en Santiago: “Caso Colombo: Vicente me informó que Interpol Argentina envió todos los antecedentes como se habían solicitado el viernes 9 de mayo por vía aérea. Con esa información y previo consentimiento de COPIHUE SANTIAGO el operativo publicidad comenzará utilizando los servicios de Carlos Manuel Acuña, director de la Agencia periodística Prensa Argentina y también periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Se tiene contactado un servicio de recortes de diarios para este caso”.

Allí estaba el nexo de Arancibia y de la Dina con Interpol y con los grupos ejecutores para hacer aparecer en esos días cuerpos atrozmente quemados como sin fueran chilenos asesinados por el Mir, cuyas fotografías también guardaba Arancibia en su archivo y cuya identidad aun se desconoce.

Pero faltaba otro protagonista clave. En otros oficios que Arancibia despacha a Santiago, está el detalle. Para la confección de las fichas de extranjería falsa que probaban el paso de los 119 chilenos a la Argentina se contó con la ayuda de Héctor García Rey, entonces subsecretario de Seguridad Interior y posteriormente hombre de confianza del ex presidente Carlos Menem. Y en un acápite especial estaban también hojas manuscritas con los nombres de los 119 chilenos agrupados detrás de cada paso cordillerano por donde se les haría aparecer cruzando la cordillera.

Todo aquello fue coordinado por el entonces jefe del Departamento exterior de la Dina, coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

En Chile, el hombre encargado de orquestar la difusión de la información relativa a Colombo fue Álvaro Puga. Así lo probó el sumario realizado por el Colegio de Periodistas al recibir los testimonios de los periodistas que redactaron las informaciones de esos días y que dan cuenta de que Puga la entregó en el propio edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar. Por esos días, además de trabajar junto a Pinochet y a Manuel Contreras, Puga escribía columnas en La Segunda, las que firmaba con el seudónimo de Alexis.

Todavía se hace llamar de esa forma algunas veces en Despierta Chile, el sitio web ultrapinochetista que dirige hace algunos años. Su discurso no ha cambiado ni un ápice. Hace tres años dio una entrevista a The Clinic y repitió una versión sobre los desaparecidos que a estas alturas suena a ciencia ficción: “Muchos de ellos murieron en combate. Según lo que dicen los militares”.

Así lo ven treinta años después

Uno de los elementos mas reveladores del sumario del organismo gremial es la transcripción de las versiones entregadas por distintos periodistas requeridos.

El sancionado Fernando Díaz Palma, entonces director de Las Últimas Noticias, reconoció que fue una operación y un fraude. “30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando… Muertos, desaparecidos, desenterrando gente… Claro, si nosotros hubiéramos podido o hubiésemos sabido esas cosas las habríamos tenido que investigar sin perjuicio de correr riesgos… Faltó haber cubierto las cosas y haber hecho las investigaciones propias”.

Mirando hacia atrás, Alberto Guerrero, director de La Tercera de la época, declaró: “A lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado pero con el ambiente que vivíamos…, no sé, uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo… Con la perspectiva del tiempo a lo mejor diría me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase”.

El actual editor de servicios informativos de El Mercurio y entonces subdirector de La Tercera, Héctor Olave, también reflexionó sobre los tiempos que se vivían. “La pregunta es por qué se publica y por qué no se constata, por qué no se “chequea”. Y hay que estar haber viviendo en aquellos años…. No era tan simple la cuestión”, declaró.