Dicha modificación estableció en esencia que el Presidente, los ministros, diputados y senadores, entre otros funcionarios públicos, deben declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Y en aquellos casos que posean bienes que supongan conflicto de intereses con su función, la ley evaluará si corresponde delegar en terceros su administración o incluso enajenarlos.

¿Ha ocurrido algo en estos años que conviertan esta norma declarativa en obligaciones concretas?

“Es usual que existan personas que por la vía de honorarios reciban emolumentos muy superiores a la planta. Un ejemplo concreto en el ministerio de Economía es el asesor Gonzalo Cornejo, quien recibe $6.000.000 mensuales. De aprobarse esta ley, deberá hacer declaración de patrimonio”

La semana pasada la Cámara de Diputados, por amplísima mayoría, aprobó el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre probidad en la función pública y de prevención del conflicto de interés.

Este proyecto de ley, originalmente presentado por la Presidenta Bachelet y conocido como fideicomiso ciego, fue retirado del trámite legislativo por la actual administración, para reponerlo luego de seis meses con cambios sustanciales.

Luego de una larga tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara (más de 20 sesiones), se pudo consensuar el grueso de sus disposiciones y surgió un informe que obtuvo una virtual unanimidad en la sala de la Cámara. Es de esperar que en su siguiente trámite en el Senado los congresistas y el gobierno -a través de las urgencias- pongan de su parte para darle un trámite riguroso, pero con sentido de urgencia.

Algunas normas que incorpora este proyecto son las siguientes:

a) En materia de declaración de intereses y patrimonio: Aumentan las autoridades y funcionarios obligados a declarar sus intereses y patrimonio, entre ellos los agentes públicos y ciertas personas sujetas a contrato de honorarios, cuando sus remuneraciones son equivalentes o superan a las de un jefe de división.

Todos sabemos que una parte importante de quienes trabajan en la administración pública lo hacen bajo la modalidad de contrato de honorarios. Hasta la fecha no están obligados a declarar su patrimonio. Es usual que tanto en la Presidencia como en los gabinetes ministeriales, exista un número de personas que por la vía de honorarios reciban emolumentos muy superiores a la planta. Un ejemplo concreto y público en el Ministerio de Economía es el asesor Gonzalo Cornejo, quien recibe $6.000.000 mensuales. De aprobarse esta ley, deberá hacer declaración de patrimonio.

Honorarios de esa magnitud existen hoy y también existieron en pasadas administraciones.

Se perfecciona también la declaración de interés y patrimonio de modo que se baste a si misma para conocer el real patrimonio del declarante. Eso implica dar más detalles sobre el patrimonio. Por ejemplo, ya no será suficiente que alguien diga: “Soy el dueño del 20% de tal sociedad”. Con esta ley, deberá especificar los valores subyacentes en esa propiedad. En efecto, hasta la fecha es habitual que los obligados cumplan publicando el porcentaje de propiedad que tienen en determinada sociedad, pero si esa propiedad importa acciones sobre una sociedad anónima listada (sociedades que se transan en el IPSA), jamás lo sabremos. En consecuencia, y entre otras cosas, el riesgo de conflicto de interés permanece oculto.

“Al Presidente le basta, para cumplir con la ley, señalar en su declaración de patrimonio que es dueño del 26,6% de CBM Chile S.A. Pero no sabemos cuáles son las propiedades e inversiones que tiene esa sociedad declarada, si tiene posiciones en el mercado accionario, si participa en áreas de la economía concesionadas o sujetas a regulación tarifaria”

Los ejemplos son muchos, pero déjeme singularizarlo en que a la principal autoridad del país le basta para cumplir con la ley señalar en su declaración de patrimonio que es dueño del 26,6% de CBM Chile S.A. Cuáles son las propiedades e inversiones que tiene esa sociedad declarada, en particular si tiene posiciones en el mercado accionario, si participa en áreas de la economía concesionadas o sujetas a regulación tarifaria, no lo sabremos. Al menos hasta que la modificación en comento sea ley de la república. La verdad es que situaciones como éstas son múltiples ahora y antes.

Aquellos que no hagan su declaración en tiempo y forma serán individualizados en la página web del servicio respectivo. Para fiscalizar este tema se le entregarán más instrumentos a la Contraloría General de la República.

b) En materia de mandato para la administración de bienes, el proyecto distingue dos modalidades: Un mandato general que entrega la administración de determinados valores que pueden ser causa de conflicto de interés; y otro que implica un plan de liquidación de valores y la posterior administración del producto de tal liquidación.

Además, se establece la obligación de constituir mandato para las más altas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en especial cuando se trata de acciones sobre sociedades anónimas abiertas.

Otros funcionaros deberán constituir mandato cuando se trata de valores que poseen vinculados a áreas sujetas a su área de injerencia administrativa.

c) Enajenación de activos obligatoria para el Presidente de la República, senadores, diputados y contralor, en dos circunstancias: cuando tengan propiedad significativa (5% o más) en empresas proveedoras del Estado (más de 100.000 UF) o cuando se trate de propiedad significativa (5% o más) de empresas sujetas a tarifas reguladas o que exploten concesiones.

Sin duda se trata de un importante avance que no busca inhibir que personas con importantes patrimonios puedan ejercer cargos públicos, pues no habría razón justa para ello, sino que busca transparencia y reglas de prevención del conflicto de interés.

Para J.G.A. Pocock, por su parte, la enunciación de los conceptos en la historia también deviene un acto político desde el momento mismo en que en una palabra o concepto se convierte en una imagen cuya potencia y sensibilidad remiten inmediatamente a un sentido contemporáneo que la vuelve siempre actual. Es por eso que difícilmente cuando hablamos de política los conceptos puedan reflejar el falso atributo de la neutralidad, aunque un buen manejo de la retórica pueda hacerlos parecer como tal. Sea de manera consciente o inconsciente, el lenguaje nunca está desprendido de su propia capacidad para construir sentidos sobre la realidad de la que habla. Esto es lo que Pierre Manent define como la fuerza política de la palabra.

Estas premisas, que pueden ser obvias para muchos, no lo son en el caso del polémico cambio de la palabra dictadura por régimen militar en el currículo escolar chileno. Detrás del llamado de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación a usar un concepto más neutral, se oculta un sofisma que, a través de un artificio retórico, pretende desprender de sentido a un proceso histórico que se proyectó durante 17 años bajo la excusa de la carga negativa que la palabra dictadura de suyo posee. En el caso de la historia contemporánea de Chile que estudia el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura militar, resulta inquietante desestimar la precisión conceptual de la palabra dictadura reemplazándola por otra aparentemente neutral pero desprendida de toda historicidad.

Si los técnicos del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Educación carecen de competencias técnicas para hacerse cargo de este tema, sería importante que antes de tomar una decisión de este tipo realizaran una simple revisión de los principales textos académicos y diccionarios de ciencia política que abordan el concepto de dictadura. En el Diccionario de Política, escrito por Norberto Bobbio, Niccola Matteucci y Gianfranco Pasquino, por citar solo uno de los más conocidos, se puede constatar que las características propias del régimen cívico-militar presidido por el general Augusto Pinochet responden claramente a la definición politológica de una dictadura moderna, cuyos ejes centrales son:

a) La concentración y el carácter absoluto del poder político.
b) La supresión de los procedimientos democráticos y su legitimidad no autorizada inicialmente por reglas constitucionales.
c) Una instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamentos del orden social.
d) El trastorno del orden político preexistente movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con violencia a la otra.
e) Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos y carece de reglas claras para su propia sucesión.
f) Legitimación del orden de facto mediante una nueva constitución, lo que la convierte en una dictadura constitucional.
f) Su duración no está fijada con anticipación, pese a que se presenta como temporal, sino que depende de las vicisitudes históricas en las que se desenvuelve, convirtiéndose en una forma de gobierno “normal” y permanente.

Junto a esta precisión terminológica, ciertamente necesaria, es preciso no olvidar que además de los conceptos, hay ciertos acontecimientos y procesos conflictivos de la historia que son vulnerables a determinados usos políticos del pasado. En este caso, pretender una asepsia conceptual de uno de los períodos más sombríos y violentos de la historia de Chile, en el cual la tortura, el exilio y las desapariciones de miles de compatriotas estuvieron a la orden del día, no solo es de una ambigüedad y una ceguera intelectual inaceptable sino también de un descriterio a la hora de enseñar a los futuros ciudadanos de Chile los valores de la democracia y los derechos humanos. El humanismo moderno, escribe Tzvetan Todorov, se distingue por dos características ‹‹el reconocimiento del horror de que son capaces los seres humanos (…) y la posibilidad del bien.››

La historia, en tanto estudio de los hombres en la sociedad y relato interpretativo a partir de los indicios que el pasado nos lega, es una disciplina que debe aportar un sentido crítico y para ello el uso correcto de los conceptos políticos en su aplicación a la historia es un imperativo. Solamente a través de su correcta transmisión a las futuras generaciones podremos construir una sociedad que sea capaz de mirarse a sí misma lejos del resentimiento causado por aquellas heridas que jamás serán cerradas con una mirada autocomplaciente de nuestro pasado reciente. Por ello, el uso crítico de los conceptos que refieren al pasado no solo es esencial para todo ciudadano como parte central de la vida política, sino que también es un ejercicio de honestidad intelectual para quienes estudian y enseñan la historia, sin mirar si esta interfiere o no con las intenciones del gobierno de turno.

En definitiva, las autoridades deberían velar por una enseñanza de la historia con un sentido público fundado en el reconocimiento, pero para ello es preciso no revestir con eufemismos aquellos conceptos que remiten correctamente al horror del pasado reciente. De lo contrario, seguiremos mirándonos en un espejo trizado sin poder observar jamás el verdadero rostro de nuestra democracia imperfecta.

Vea el informe completo publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo.

Estamos en el momento justo para realizar un análisis del sistema político, que incluya tanto al sistema electoral como todo el régimen electoral. Esto, debido a la evidencia existente en los datos del padrón electoral y a las constantes propuestas para mejorar el sistema, así como las críticas y sugerencias que han hecho políticos, académicos y representantes de la sociedad civil.

La motivación principal del trabajo de Libertad y Desarrollo en este tema es analizar por completo la situación, desde las evidencias disponibles sobre el funcionamiento del sistema binominal hasta la representatividad, efectividad y participación electoral, en el marco más objetivo posible. Además, en el informe se simularon los escenarios de las principales propuestas de cambio al sistema electoral que se han hecho, para ver sus méritos y obtener un diagnóstico de estas distintas soluciones que han sido planteadas.

En el informe de LyD se plantean lineamientos de reforma, basados en la experiencia internacional y casos analizados, que apuntan a maximizar la madurez de nuestra democracia, pero siempre teniendo en cuenta las variables de representatividad, efectividad y participación, de manera de no tomar una posición sesgada ante la evidencia mostrada.

Lo que muestran los datos es que el sistema binominal originalmente fue pensado para dar gobernabilidad al país y generar consensos mediante la reducción de la fragmentación y el número de los partidos políticos. Y si bien ha dado pruebas de que genera gobernabilidad, no ha cumplido con el objetivo relacionado con los partidos y está cuestionado por su nivel de representatividad. Esto último, principalmente por los beneficios que este sistema ha otorgado a las dos coaliciones más grandes. Efectivamente, en tres elecciones ha beneficiado a la Concertación (1989, 1997 y 2001) y en otras tres, a la Alianza (1993, 2005 y 2009).

El politólogo Diether Nohlen describe las principales falencias del sistema binominal, señalando que excluye a los partidos que no son capaces de incorporarse a las coaliciones y que la competencia se traslada al interior de cada coalición, pues la disputa se genera en la directiva de los partidos para definir a los candidatos, lo que le quita incertidumbre a los resultados.

Por ello, nuestra propuesta se basa principalmente en aumentar la competencia en una primera etapa. Luego, un período de evaluación y perfeccionamiento de la representatividad, como segunda etapa.

Para aumentar la competencia, en la primera etapa se plantean varias reformas al régimen político:

a) Más y nuevos electores: Es fundamental incorporar a los cuatro millones de chilenos que actualmente no tienen la posibilidad de votar. Por ello la urgencia de aprobar el proyecto de inscripción automática, voto en el extranjero (sin vínculo) y un sistema de primarias vinculantes para generar que más chilenos puedan elegir a sus representantes y que la decisión sea validada por ellos, generando una mayor incertidumbre sobre los candidatos finales que presentan los partidos y acerca del resultado último de la elección.

b) Primarias: Voluntarias, vinculantes, simultáneas y nacionales entre los partidos, de manera de generar posibles pactos electorales; organizadas por el Servicio Electoral y sujetas a las regulaciones de la ley sobre gasto electoral, para generar más transparencia, competencia y participación, todos factores que según diferentes encuestas son las peticiones más requeridas por la ciudadanía. Este tipo de primarias potencian la confianza en los sistemas políticos y que los ciudadanos tomen conciencia de que son actores clave del proceso de determinación de los candidatos, al tiempo que generan un ambiente próspero de información, participación y vinculación de las personas con la política.

c) Redistritaje: Es necesario que la desproporcionalidad territorial existente se reduzca, para tratar de honrar el principio de “un elector, un voto”. Nuestra Cámara de Diputados actualmente tiene subrepresentación en las áreas de mayor población. Por ejemplo, el voto de un ciudadano del distrito 6 (Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar) vale seis veces el de uno del distrito 20 (Cerrillos, Maipú y Estación Central), ya que el distrito 6 posee 20.000 electores por diputados, y el 20 tiene 120.000. En ese sentido, calculando el Malapportionent (forma de medir la desproporcionalidad del voto), un 15% de los escaños están situados en distritos que podrían no haberlos recibido si hubiese un sistema totalmente proporcional al principio “un elector, un voto”. Eso sí, se debe buscar un equilibrio para que el principio mencionado no desconsidere el aporte al país de los ciudadanos que viven en áreas con menor densidad urbana, como es el caso de las zonas aisladas. Un redistritaje puede considerar el análisis completo del sistema actual o la creación de nuevos distritos al dividir los territorios con más electores.

d) Otras medidas: Límite de reelección a las autoridades en cargos de elección popular, presentación de un mayor número de candidatos por pacto y elevar o eliminar los umbrales de gasto electoral a los candidatos desafiantes.

Una segunda etapa contempla la evaluación de las medidas anteriormente descritas y si aún perdura la desproporcionalidad y exclusión de sectores políticos minoritarios, sería totalmente razonable considerar alternativas que entreguen cupos compensatorios a esos grupos. Una alternativa es la propuesta de Tomás Duval (2006), que plantea asignar 30 nuevos escaños a diputados nacionales. Otra es la de Pepe Auth, que incorpora 30 escaños a las listas que superen el 5% de los votos a nivel nacional.

Nuestro régimen electoral necesita un nuevo aire y creo que una propuesta incremental en dos etapas es lo ideal para concretar modificaciones que sean aprobadas de forma transversal y logren apoyo político, ya que realizar cambios drásticos en el corto plazo es difícil por el status quo de los incumbentes (parlamentarios) que deben aprobarlos. Los grandes cambios siempre son graduales, pero eso no significa que no sean necesarios o que no se deba empezar a trabajar en ellos lo antes posible.

En este sentido, la legitimidad del parlamento es fundamental para garantizar el balance entre los poderes del Estado. La relación entre el poder ejecutivo y legislativo está en el corazón de la cuestión republicana, más aún considerando que nuestra democracia es presidencialista y que, por lo tanto, nuestros presidentes gozan de amplios poderes formales.

El sistema electoral chileno conspira contra esta necesaria legitimidad: genera exclusión, desincentiva la competencia y produce desigualdades territoriales importantes desde el punto de vista de la representación. Cuento aparte es la debilidad que tiene en materia de financiamiento, de representatividad de los partidos políticos y las cifras de abstención electoral. En otras palabras, admite críticas no sólo en cuanto a su origen (una dictadura), sino también en cuanto a su desapego de los principios básicos de un sistema electoral democrático. Diagnósticos hay muchos, la mayoría coincide en que existe una crisis de representatividad y legitimidad del sistema. Lo que toca ahora es enfrentar el desafío que implica hacerse cargo de esta situación, y la pregunta inevitable es cómo.

Primero, suscribo que negarse a la discusión política es una forma mediocre de fijar la agenda. La tarea democrática va más allá de la democracia electoral: debe organizar la sociedad para asegurar y expandir los derechos ciudadanos de los individuos. Esta tarea es eminentemente política. Por tanto, debe ponerse sobre la mesa.

Segundo, es imperioso asumir la crisis y discutir el tipo de sistema que el país requiere, el tipo de democracia al que aspiramos los chilenos. En la capacidad que Gobierno y oposición tengan para abrir el debate –de cara y no de espalda a los movimientos sociales-, para cuestionar al modelo, buscar y negociar alternativas de solución, se juega en buena medida la superación o agudización de la crisis de representación que hoy vive nuestra democracia.

Elecciones primarias, financiamiento de la política y de las campañas electorales; inscripción automática y voto voluntario; voto de los chilenos en el extranjero; fortalecimiento efectivo de los organismos de administración y control electoral (SERVEL); modificación del mapa electoral, etc. son buenas intenciones que se ven coartadas por el “no se puede” de siempre. Chile se jacta de estar en los mejores lugares en todo tipo de rankings internacionales (normalmente de tipo económico) en comparación con el vecindario. De forma tal que es interesante ver si en los temas políticos esto se repite. Vamos viendo:

Elecciones primarias: Validan a los candidatos y le dan legitimidad indudable a la actividad política. Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Honduras y Venezuela las reconocen legalmente hace años. En Chile dependen de la voluntad de los involucrados (la experiencia más nefasta es la primaria de la Concertación del año 2009).

Chile debe avanzar en este tema, tiene todas las capacidades y oportunidades para hacerlo, sólo falta la voluntad. Al día de hoy, el ejecutivo tiene presentado un proyecto de Ley, en mi opinión bastante vago y que no recoge la rica experiencia internacional en la materia.

Inscripción automática y voto voluntario: Aquí nos encontramos con la manifestación más vergonzosa de inconsistencia. “Me parece que el registro civil no cuenta con las condiciones técnicas para implementar un sistema de estas características” es la frase comodín que nuestros parlamentarios han repetido casi al unísono el último tiempo.

“La investigación publicada por CIPER destacó que algunos diputados representan un 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos. A esto yo agregaría que el proceso de diseño del mapa electoral de Chile, no existió el más mínimo resguardo del principio de representatividad”.

La experiencia internacional indica que para votar en un sistema de estas características, es posible pedir al elector que se registre en un sistema, indicando sus datos básicos y su domicilio. Todo esto antes de la elección por supuesto, de hecho antes de cada elección. Así, el día D, el individuo en cuestión sabrá dónde debe concurrir a votar. Todo el escenario dantesco que argumentan quienes indican que no estamos preparados, no es tal, toda vez que al momento de registrarse, el sistema le asignaría un local de votación al elector y éste será informado (tal como hasta ahora) de cómo debe proceder.

Aunque la mayoría de los países latinoamericanos ha impuesto el derecho al voto como una obligación(1), (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay) me parece adecuado implementar en Chile la voluntariedad, entendiendo el acto de votar como un derecho ciudadano que se puede ejercer o no.

Tenemos infraestructura y capital para implementar sistemas de registro, para diseñar un modelo de gestión que soporte los flujos de electores de manera adecuada, lo que no he visto es (nuevamente) voluntad para implementarlo, asumir el cambio del electorado potencial e invertir en la implementación del sistema.

Financiamiento de la política: La frase célebre en este ámbito viene de la derecha: “Eso no es lo que le importa a la señora en su casa”.

La calidad de la democracia depende, entre muchos factores, de la limpieza y equidad de la competencia electoral y la transparencia de la acción del gobierno. Financiamiento y crisis de representación están así profundamente vinculados.

Chile cuenta con una ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que no tiene nada que ver con financiar la “actividad política” y que, por lo demás, muchos administradores de campaña no saben utilizar. El país requiere una ley “madura” que, por ejemplo, en un escenario de primarias legales, defina las normas de financiamiento que debieran regular también esa etapa del proceso. Lo que no tenemos es la voluntad (nuevamente) de invertir recursos en esto.

Redistritaje: La investigación publicada por CIPER destacó que algunos diputados representan un 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos. A esto yo agregaría que en el proceso de diseño del mapa electoral de Chile, no existió el más mínimo resguardo del principio de representatividad (2) y que el resultado final no tiene ninguna relación con las características geográficas ni mucho menos demográficas de nuestro país (3). En este sentido, genera una escandalosa diferencia en la relación de habitantes por escaño provocando que, como el peso de cada voto es tan disímil, pueda ocurrir que una fuerza política obtenga la mayoría de los votos nacionales y quede en minoría en la Cámara.

Es evidente la necesidad de intervenir el mapa electoral, pero ¿cómo? Identificando y atacando las causas primero. Buscando después en la experiencia internacional y recogiendo los ejercicios hechos por investigadores nacionales que indican que, sea cual sea el nuevo distritaje, debe ser producto de la aplicación de una fórmula donde criterios tales como contigüidad, compacidad, el incremento en número de representantes a elegir por distrito, la frecuencia con que este mapa debe revisarse y ajustarse, la distribución geográfica y las características demográficas de la población entre otros, deben estar presentes.

Todo esto sin perder de vista que los distritos electorales son piezas de una geografía que cobra sentido sólo en el contexto electoral y que siempre existirá la posibilidad de manipularlas a favor o en contra de uno o más sectores y considerando, al final del día, que la “redistritación” es un problema de representación y, en este sentido, su valor no se relaciona con el grado de sofisticación de las aplicaciones utilizadas o lo complejo e innovador que pueda llegar a ser, sino con el hecho que los distritos resultantes sean adecuados para garantizar la representación de la población y que estos sean válidos y legítimos.

Voto de los chilenos en el exterior: Existe una serie de condiciones propuestas para aceptar este punto, tales como haber estado en el país cierto tiempo, mantener vínculos económicos, familiares y otros. ¿Cuál es el espíritu de estos requerimientos? Evitar que un universo no conocido de electores se sume al padrón, cambiando el comportamiento de éste, agregando incertidumbre a la elección de autoridades. Muchas suposiciones y limitaciones sin mucho fundamento, que se relacionan más bien con mantener el status quo de los parlamentarios actuales y futuros que con la calidad de nuestro sistema.

Países como Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Venezuela y otros, ya han legislado sobre este tema. ¿Qué nos falta para dar el paso?, una vez más (a riesgo de ser reiterativa) voluntad para debatir en profundidad y presupuesto para ejecutar.

Lo que está claro es que el modelo está agotado. Hay que cambiarlo. La legitimidad debe recuperarse definiendo un nuevo sistema electoral desde sus fundamentos hasta los procedimientos. Lamentablemente, todo indica que por ahora el país no ha sido invitado a la mesa donde se discuten estos asuntos, es más, lamentablemente nos tocará presenciar sólo los debates poco sofisticados que se reeditan cada año electoral: ¿Puede Chile implementar un sistema de voto electrónico?, ¿cuánto sueldo se debe pagar a los vocales de mesa?, ¿feriado irrenunciable el día de la elección?… y que no apuntan al verdadero problema, no están alineados con ningún plan ni proyecto de mejora sustantivo y menos corresponden a una expresión de voluntad política de mejorar efectivamente el problema de representatividad del parlamento.
Nos hace falta invertir en un cambio profundo. Repensar las reglas del juego, definir nuevas y mejores (porque estas sí pueden cambiarse si no son buenas) y, de una vez por todas, actuar en consecuencia. El punto es que los parlamentarios no tienen ningún incentivo para hacerlo, por el contrario, la posibilidad de perder poder es un más bien un desincentivo. Sin embargo, nos queda aún la esperanza de llevar la discusión desde la calle al parlamento, ya que al día de hoy, este poncho a nuestros representantes les sigue quedando grande, y las reformas menores que se han propuesto, sólo intentan vestir a nuestra democracia con un traje que le queda largo de mangas.

Vea también:
Vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito
Vea el cuadro con la representatividad real distrito por distrito
Vea el cuadro con la representatividad real a nivel nacional

Elizabeth Oliva (40 años) es auxiliar paramédico de odontología, vive en Pudahuel, es casada y tiene un hijo. Nunca se inscribió en los registros electorales y jamás ha puesto una raya junto al nombre de un candidato en una papeleta. Ella es parte de los 5,5 millones de chilenos que en la última elección parlamentaria, de acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, optaron por no elegir un representante al Congreso. Pero no se engañe, Elizabeth Oliva tiene opinión política. Una opinión crítica y preñada de descontento, especialmente con el manejo económico de las cúpulas gobernantes:

-Los políticos se preocupan más de los indigentes y no de la clase media. Nos tienen descuidados. Y esto viene de años, ya que ningún gobierno ha establecido reformas para corregir las desigualdades -dice Elizabeth, quien cuenta que le quedan nueve años para saldar su préstamo hipotecario, por el que paga $ 58 mil mensuales, que debe $700 mil a una caja de compensación y otros $600 mil en multitiendas.

Admite que la única vez que sintió deseos de votar fue en la última presidencial: “Quise participar en el cambio del gobierno de la Concertación al de la derecha. Pero el cambio prometido no ha sido tan así, porque lo que se prometió no se cumplió”.

Elizabeth Oliva no es anarquista ni bolchevique. Ni ecologista ni hippie. Tampoco ha salido a marchar con los estudiantes. Es una mujer de clase media, con estudios, empleada y endeudada, como la mayoría de los chilenos que han decidido permanecer al margen del sistema político y electoral. Un grupo que de continuar la tendencia actual, será mayoritario al cabo de unos diez años. Hoy, según la investigación de CIPER, suman el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. En 1988 eran sólo el 17,9%, pero subieron a 29,1% en 1999 y a 38,5% en 2005. De continuar la tendencia y si no hay reformas que impulsen la participación electoral, al 2021 superarán con comodidad el 50%.

Errázuriz, Platovsky y los estudiantes

-Los partidos no tienen conexión con el ciudadano y está agotado el sistema (político) que tenemos. Es muy bueno que se analice el cambio del sistema binominal y la renovación de los políticos, porque en 20 años hemos creado una casta. De senador pasan a ministro y luego volverán a ser senador o presidente de partido (…). La población se ha dado cuenta de que estos señores que son profesionales de la política no los representan.

Estas palabras, que retratan con acierto a quienes comparten la posición de Elizabeth Oliva, resonaron en un salón universitario sólo un día después de la marcha del 9 de agosto que congregó a más de 100 mil manifestantes. Pero no las pronunció un dirigente estudiantil ante una asamblea. Fueron dichas en las aulas de la conservadora Universidad Finis Terrae. Para mayor precisión, en el encuentro mensual del Club Monetario de esa casa de estudios. Y su autor fue nada menos que el principal “gurú” de los inversionistas chilenos, el hombre cuyas decisiones iluminan el mercado y señalan el camino a quienes buscan el lucro: Jorge Errázuriz Grez, presidente de Celfin Corredores de Bolsa y miembro del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El “hombre fuerte” del mercado chileno debía hablar sobre los riesgos de la crisis económica internacional, pero -según la versión de La Segunda- sacudió a la audiencia indicando que los problemas de Chile no están en las ruedas bursátiles: “Están en la calle y son mucho más serios (…). El interlocutor del gobierno no es la oposición, sino dirigentes estudiantiles. Y la democracia republicana que tenemos, no sabe cómo reaccionar”.

En esos días el gobierno se esforzaba por radicar el quemante conflicto estudiantil en el Congreso Nacional y los presidentes de las dos cámaras legislativas se apuraban a ofrecer el Parlamento para albergar las negociaciones. La respuesta de los jóvenes fue un “no” rotundo. Entre las razones que esgrimieron, señalaron que el Congreso ya no es representativo de la sociedad chilena y que sus integrantes surgen de un sistema electoral excluyente.

Si ya resultaba curiosa la sintonía de Errázuriz y los líderes estudiantiles en sus diagnósticos sobre el agotamiento del sistema político y electoral, se les sumó el empresario Daniel Platovsky, amigo del Presidente Sebastián Piñera y militante de Renovación Nacional:

-El que se exija más calidad en la educación demuestra que tenemos una ciudadanía ilustrada, que se da cuenta de que no hay igualdad de oportunidades (…). Al inicio de la transición se produjo un acuerdo de actores políticos, que le dio estabilidad al país (…). Hoy la realidad es diametralmente distinta, por lo que la gente exige un nuevo pacto social, donde todos se sientan integrados –dijo en La Tercera del 22 de agosto.

¿Cuán divorciado está el sistema político de las demandas de la ciudadanía? ¿Cuán profunda es la falta de representatividad del Congreso Nacional? CIPER intentó responder estas preguntas y revisó, distrito por distrito, los resultados de la última elección de diputados, comparando el número de chilenos que dieron su voto a un candidato y la cifra de compatriotas que optó por no elegir representante. Las conclusiones son decidoras (vea la representatividad real de los parlamentarios de su distrito).

¿Jubilados o estudiantes?

El 45,68% del universo total de chilenos mayores de 18 años prefirió no elegir un candidato a diputado en las votaciones de 2009. Sólo el 54,32 % de la población que cumple con el requisito de ser mayor de edad efectivamente eligió un postulante. Y apenas el 32,54% de todos los mayores de 18 años está representado en el Congreso por el candidato al que le dio su voto. Más alarmante aún es que en el hemiciclo hay diputados que se sientan en sus escaños aunque sólo obtuvieron el respaldo del 7 u 8 por ciento del total de mayores de edad que residen en sus distritos.

La falta de representatividad se agrava en los distritos más populosos, como lo son San Bernardo-Buin, Maipú-Estación Central y La Pintana-Puente Alto (vea los cuadros de representatividad distrito por distrito y a nivel nacional).

Los especialistas en materia electoral señalan que en Chile cerca del 60% de las personas con derecho a voto están inscritas en el registro electoral. Un porcentaje aceptable en comparación a otras democracias consolidadas, tales como Alemania (64,6%) y Reino Unido (61%). Y francamente superior al de Francia (43%) y Estados Unidos (38,46%).

No obstante, la representatividad del sistema político chileno es bastante más baja de lo que indican estas cifras. En primer lugar, porque hay más de 1,6 millón de chilenos que estando inscrito, no vota o lo hace en blanco o nulo. Y en segundo término, porque a diferencia de lo que ocurre en sistemas como los de Francia y Estados Unidos, donde el padrón es bajo pero representa equitativamente los diversos grupos sociales, en Chile el registro electoral no es una “foto” fiel de la ciudadanía: es más “viejo” que el país real.

Así se dio la paradoja de que en la elección presidencial de 2005 el principal tema de campaña de los candidatos Bachelet, Piñera y Lavín fue la reforma al sistema de pensiones, pero a tres meses de iniciado el nuevo gobierno se produjo una revuelta estudiantil que puso en agenda un tema que nunca estuvo en los cálculos de las cúpulas -la reforma educacional- y que cinco años después sigue siendo el mayor foco de conflicto social.

Los que no eligen: 5,5 millones

Las multitudinarias marchas de las últimas semanas han dejado en evidencia que existe un amplio grupo de chilenos interesados en las políticas públicas, pero que no están inscritos en los registros electorales, no votan ni se sienten representados en el Parlamento. De hecho, el Presidente Piñera sorprendió al mundo político este martes 6 al anunciar que su gobierno está estudiando una reforma al sistema electoral: “Llegó el momento de reaccionar y no simplemente quedarnos indiferentes ante estos signos y gritos que la ciudadanía está dando, con mucha fuerza y claridad”.

Un día antes se había conocido la encuesta Adimark, uno de los oráculos más esperados por los políticos, que indicó que el 66% de los consultados desaprueba al bloque oficialista, el 71% a la Concertación, el 64 % a la Cámara de Diputados, el 69% al Senado, el 68% al Presidente Piñera y el 70% al gobierno. La representatividad del sistema político está en crisis y el director de Adimark, Roberto Méndez, tras conocer las cifras de la investigación de CIPER, señaló que “con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema se agotó” (vea la entrevista a Méndez).

CIPER tomó las proyecciones de población para el 2009 hechas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en cada comuna del país y las cruzó con las cifras de la elección parlamentaria de ese mismo año consignadas por el Servicio Electoral (Servel). La investigación arrojó una extensa base de datos que indica que en 2009 había 12.180.403 chilenos que cumplían con el requisito que exige la ley para votar: ser mayor de 18 años. De ellos, más de 5,5 millones prefirieron no votar por un candidato en la elección de diputados de 2009.

En los registros electorales hay 8.285.186 inscritos. Es decir, cerca de 3,9 millones de chilenos no están en el padrón. A éstos últimos, en la elección de diputados de 2009 se sumaron 1.021.649 personas que no concurrieron a votar, aunque estaban inscritas. Y se les agregaron también aquellos que fueron a sufragar, pero no manifestaron preferencia por alguno de los candidatos, es decir, los que votaron nulo o blanco (442.161 y 205.520, respectivamente).

En total, en la última elección de diputados, 5.564.547 chilenos no marcaron una preferencia para elegir un representante en el Parlamento. En contraste, sí votaron por una de las candidaturas en competencia un total de 6.615.856 personas (54,32% de todos los mayores de 18 años).

Los ciudadanos que votaron por un postulante que resultó electo y que son los únicos que con toda propiedad pueden sentirse representados en el Congreso Nacional, sumaron 3.963.651 electores, que corresponden sólo a un 32,54% del total de chilenos mayores de 18 años.

La subrepresentación se agrava en los distritos más populosos. En La Pintana-Puente Alto, por ejemplo, había 649.010 mayores de 18 años en 2009, pero los que no votaron por un candidato alcanzaron al 71,56% de esa cifra. Aunque los datos del Servicio Electoral (descontados los votos blancos y nulos, que se contabilizan dentro de quienes no eligieron candidato) indican que los diputados Osvaldo Andrade (PS) y Leopoldo Pérez (RN) fueron electos con un 26,34% y 21,71% de los sufragios, esos porcentajes se diluyen si se comparan con la población total de mayores de edad del distrito: la votación que obtuvo Andrade sólo representa el 8,5% de ese universo y la de Pérez, el 7,1%.

En San Bernardo-Buin, los que no votaron por un postulante suman el 64,99% de los 319.120 mayores de edad que hay en el distrito. Ahí los diputados Ramón Farías (PPD) y José Antonio Kast (UDI), representan el 9,19% y el 16,74%, respectivamente, de la población total que podría votar.

Y en Maipú-Estación Central, los que optaron por no elegir representante en el Parlamento alcanzan al 64,8% de los 686.395 mayores de edad que residen en el distrito. En esa zona, los votos que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD) corresponden al 7,28% del total de los mayores de edad y los que consiguió la diputada Mónica Zalaquett (UDI) suman el 8,18% de ese mismo universo.

El perfil de los desencantados

Diversos son los estudios que demuestran que el padrón electoral chileno está envejeciendo. En 1988 los inscritos que tenían entre 18 y 29 años correspondían al 36% de los votantes, constituyendo el grupo etário con mayor representación. Hoy sólo conforman el 8,1% del padrón.

En contrapartida, el grupo de “70 años y más” representaba el 5,4% del total de inscritos en 1988, pero ahora se empina sobre el 11,8%. Las estadísticas indican que hace 15 años el 50% de los inscritos tenían menos de 40 años y ahora sólo un 27% corresponde a ese rango de edad.

Circunscribir el fenómeno de los no votantes a una caricatura de jóvenes rebeldes y anarquistas o personas sin educación, es un grave error. Entre quienes hoy optan por no elegir a las autoridades, va aumentando paulatinamente el perfil de personas que superan los 30 años de edad, de clase media, con mayor escolaridad. Son jefes de familia, empleados, endeudados y críticos de un sistema electoral que no genera incertidumbre sobre sus resultados, pues dicen que siempre ganan los mismos -Concertación o Alianza-, sectores con los que no se sienten representados.

Con dos hijos y separada, Paulina Parada (36 años) es una jefa de hogar de Cerro Navia, trabaja en una carnicería, tiene deudas por $600 mil en ABC y Líder. No está inscrita y dice que los políticos la decepcionaron: “Yo me separé y estaba súper mal. Un político me prometió una mediagua si me inscribía en los registros electorales. Eran puras mentiras”. La única vez que tuvo ganas de votar, cuenta, fue en la elección presidencial de 2005. “Sentía simpatía por la Bachelet y por ella habría votado”.

José Pérez (44 años) es un desencantado. Se inscribió en 1988, pero después dejó de votar. Trabaja en la construcción, vive en La Florida, es casado, tiene dos hijos y está endeudado por los estudios universitarios de su hija mayor: “Ya no voto porque me decepcionó la política. Está muy lejos de la gente. Mira lo que ocurre con los estudiantes. Y la gente de clase media es la que más se da cuenta de esto, porque ha estudiado más. A las clases populares les cuesta comprender eso. Solamente voté para el Sí y el No. Ahora no me motiva ninguno de los sectores”.

“Si no estás en el padrón, no existes”

En el distrito Nº 20, donde Mónica Zalaquett (UDI) compitió para representar a las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú, en 2009 sólo votó por algunas de las listas el 35,18% de todos los mayores de 18 años. Ella obtuvo el 20,99% de los votos, lo que equivale a una representación efectiva en la Cámara de sólo un 8,19%. Si se suma el porcentaje que obtuvo el diputado Pepe Auth (PPD), entre los dos hacen un 15,47%: ese es el porcentaje de chilenos de ese distrito que tiene representación en el Parlamento.

Zalaquett recibió a CIPER en su oficina del Congreso. Allí tiene una vista privilegiada al puerto de Valparaíso, una foto de su hermano Pablo y otra de Jaime Guzmán. De entrada, aseguró que está conciente de la falta de representatividad en el Parlamento. Calculó que tres de cada diez personas votan. Según ella, fue precisamente por eso que compitió.

Después de ver las cifras del estudio de CIPER, Zalaquett dijo que la representatividad debe medirse en relación a la masa votante y no a la población mayor de 18 años. A su juicio, sólo habría que considerar a los que están inscritos y cumplen con su deber cívico: “Muchos alegan por sus derechos, pero no están conscientes de sus deberes”.

Mientras hablaba recibió un llamado. Dijo que debía bajar a votar y que al rato seguiría con la entrevista. La diputada bajó a votar el proyecto sobre el plebiscito que exigen los estudiantes. Antes de que esa propuesta se rechazara por 52 votos contra 48, el diputado Edmundo Eluchans, del mismo partido de Zalaquett, argumentó que los plebiscitos no correspondían porque el país tiene representación en el Congreso para esos temas. Tras la votación, el presidente de la Cámara, Patricio Melero, también UDI, dijo: “Este mayoritario rechazo deja en evidencia que la democracia representativa y la aprobación de distintos proyectos de ley son los caminos por los cuales se deben generar las modificaciones al sistema educacional”.

Zalaquett volvió a su oficina. Uno de los votos en contra del plebiscito fue el suyo. Consultada por qué se sumó a su partido bajo el argumento de que la representación política está en el Congreso, si recién había reconocido que había una crisis de representatividad en el Parlamento, respondió que aunque la poca participación electoral podría poner en peligro la democracia, el Congreso es la institución representativa del país. Y soltó una máxima dramática: “Si se quiere plebiscitar todo, que se acabe con el Congreso, pero mientras yo esté aquí no lo voy a permitir”.

El diputado Leopoldo Pérez (RN) revisó las cifras del estudio de CIPER y reconoció que su representación es bajísima: 7,01% de los mayores de edad que hay en La Pintana-Puente Alto:

-Claro que es bajo, pero esas son las reglas del juego. Por eso no creo que exista una crisis de representatividad. Guste o no, es el sistema que hay (…). La única forma de manifestarse es dentro del sistema. Si no estás dentro, no existes, no eres un voto. Si no estás en el padrón, no cuentas.

Uno de los chilenos que a juicio de Pérez no cuenta es Marcelo Arriagada (34 años), quien trabaja en Saxoline, vive en Santiago, estudia Administración de Empresas en la Universidad de las Américas y tiene una deuda por un año de estudios que cursó en la Universidad de Chile. Nunca se inscribió y para él, todos los parlamentarios tampoco cuentan: “Para mí, la política es un montón de tipos sentados en el Senado haciendo nada. Las revueltas sociales son reflejo del malestar popular”.

El diputado Pérez intenta explicar la baja participación electoral de su distrito con dos argumentos: que los jóvenes de esas comunas tienen poco interés en los temas públicos, ya que el 40% provienen de hogares vulnerables carentes de uno de los jefes del hogar; y que su distrito se ha poblado con erradicaciones de familias que vienen de otras comunas, por lo que sus habitantes votan en sus lugares de origen.

Efectivamente, hay comunas donde residen muchos ciudadanos que están inscritos en otros distritos. Por eso la investigación de CIPER hizo también el cálculo a nivel nacional, para corregir esas distorsiones. Se dan casos, por ejemplo, de comunas rurales donde hay más inscritos que residentes mayores de edad, porque muchas personas se sumaron al padrón antes de independizarse de sus familias y mudarse a otros lugares. También hay casos, como en Santiago, donde hay más inscritos que residentes en edad de votar porque muchas personas se inscriben en su lugar de trabajo.

La reforma en el clóset

Pepe Auth (PPD), diputado por Maipú al igual que Mónica Zalaquett, representa al 7,28% de los mayores de 18 años de su distrito. Pero a diferencia de sus colegas, sí cree que hay una profunda crisis en el sistema y la divide en dos áreas: participación y representación.

-La crisis de participación es porque el padrón ha ido envejeciendo y el país electoral cada vez se corresponde menos con el país real, que es más joven. Entonces, la oferta de los candidatos se centra en los temas que interesan a las personas de más edad -dice Auth, quien paradójicamente llegó exhausto a la cita con CIPER después de bailar en Estación Central con una centena de veteranas que celebraban haber pasado agosto.

“Y la crisis de representación se refleja en que lo que está en el Parlamento no representa a toda la sociedad. Y con cada elección que pasa, el Congreso representa a un sector menor”, agrega.

A juicio de Auth, el principal escollo para mejorar la participación es el sistema electoral binominal: “El problema del binominal es doble. En primer lugar, la mayoría empata con la minoría y no puede generar cambios de fondo. Y el segundo problema es que excluye a todo aquel que no es de la primera o segunda mayoría. Uno puede constituir una fuerza del 20% o 25% y no existir. El binominal es un sistema proporcional distorsionado, porque proporciona entre los dos actores más fuertes y excluye al resto”.

Para Auth, la corrección pasa, en primer lugar, porque se cumpla con la reforma constitucional aprobada en 2009 que ya consagró la inscripción automática de los mayores de edad y el voto voluntario, un cambio que no se ha concretado porque el gobierno y los parlamentarios no han hecho las modificaciones a la ley orgánica que regula las votaciones:

-Cada día que pasa aumenta la deuda del sistema político con el país, porque la Constitución ya asegura el voto voluntario para todos los mayores de 18 años y alguien podría, incluso, acusar a las autoridades de notable abandono de deberes por negarle ese derecho constitucional- dice Auth.

De materializarse esa reforma, se ampliaría automáticamente el padrón a casi cuatro millones de nuevos electores. Y eso, dice Auth, aterroriza a algunos partidos y parlamentarios que temen perder sus escaños si hay más competencia: “Entre la derecha y una parte de la DC han bloqueado el cambio. El voto voluntario para millones de electores nuevos obligará a los candidatos a plantear temas de interés real para la gente, que pueden ser incómodos en algunos partidos. La próxima campaña podría enfrentar, por ejemplo, a los que están por el lucro y los que estamos en contra”.

Libertad y Desarrollo, por el cambio

Pero, a pesar de lo que sostiene Auth, no toda la derecha se opone a los cambios. José Francisco García y Álvaro Bellolio, expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, que presta asesoría legislativa a las bancadas oficialistas, trabajan actualmente en un texto con propuestas para activar la participación electoral, las que no excluyen eventuales cambios al binominal (vea la columna que ambos prepararon para CIPER).

Bellolio plantea que factores como la inscripción automática, voto voluntario, voto de chilenos en el extranjero, límite a la reelección, mayor financiamiento para candidatos que “desafían” a los autoridades que intentan reelegirse y primarias reguladas por el Servel, “podrían tener un impacto a corto plazo, al generar mayor representatividad y darle un aire fresco al padrón”. Otra opción, dice, es el redistritaje y/o aumentar el número de parlamentarios.

Ambos indican que para hacer modificaciones al sistema electoral debe consensuarse primero, cuál es el objetivo: más gobernabilidad o más proporcionalidad. El binominal privilegia la gobernabilidad. “Si el diagnóstico es que nuestro sistema adolece de niveles de proporcionalidad que son atentatorios contra principios de igualdad básicos, podrían darse perfeccionamientos”, dicen. Uno de ellos podría ser asignar un número de diputados “a las coaliciones que obtengan más del 5%, 6% ó 7% de la votación a nivel nacional”

-El sistema binominal está empantanado porque se están reforzando sus atributos de gobernabilidad. Aquello que uno querría que tuviera un sistema electoral, que es una competencia muy robusta, está frenado. Y las directivas de los partidos estarían teniendo demasiado poder (para designar candidatos con el triunfo casi asegurado) cuando uno querría un sistema más competitivo -acota García.

El poder de los partidos, en contraposición al principio de representatividad, llega al extremo cuando se trata de reemplazar a un parlamentario. En esos casos las directivas eligen sencillamente “a dedo”. A continuación, los tres casos que se han dado en la actual Cámara de Diputados, para que juzgue usted:

1. Gonzalo Uriarte fue designado senador en reemplazo de Evelyn Matthei, luego de que ésta asumiera como ministra del Trabajo, en enero de 2011. El cupo que dejó en la Cámara ahora lo ocupa el diputado Cristian Letelier, quien perdió con el 1,67% de los votos cuando en 2009 compitió en la Tercera Circunscripción Senatorial.

2. El diputado Alejandro García-Huidobro remplazó a principios de agosto a Andrés Chadwick en el Senado, luego de que éste asumiera la vocería del gobierno. García-Huidobro fue reemplazado en la Cámara por el historiador Issa Kort, ex seremi de Cultura de la VI Región. Kort nunca ha participado en una elección.

3. En abril de este año, el diputado Juan Lobos falleció en un accidente vehicular. En su reemplazo asumió a principios de mayo Joel Rosales. Éste último, al menos, había sido electo alcalde de Los Ángeles en 2008 con 33.739 votos.

(*) Esta investigación contó con la colaboración del estudiante en práctica Jorge Aliaga, y contempló sólo el universo de la Cámara de Diputados por ser esa entidad la que se renovó completamente en la última elección a nivel nacional.

-¿Esto es algo que se extrapola a todo el espectro político o sólo se concentra en el Congreso?
Las encuestas de opinión nos indican que las personas no se sienten representadas especialmente por el Congreso. Este sistema electoral que se aplica al Parlamento no es el mismo que corre para el presidente o para los alcaldes. Hay una mezcla de cosas, pero lo general es que en Chile tenemos una crisis de representación. Sobre eso se está generando un consenso y los datos de CIPER son un elemento muy valioso para confirmar la idea de que el sistema político se agotó. Hay distintas opiniones del rol que tuvo el sistema político que se creó y que nos ha regido durante los últimos 20 años.

-Cuando se refiere al sistema, ¿es al sistema político completo o sólo al binominal?
Fundamentalmente, al sistema binominal. En el sistema de elección presidencial hay un mayor grado de legitimidad al ser unipersonal. Pero es el sistema binominal el que le ha hecho perder legitimidad al Congreso, aunque no es sólo eso. Esto se explica también por la falta de legitimidad que tienen los partidos. La crisis del sistema político no sólo incluye al sistema binominal, sino que también una reforma al sistema de los partidos. Hay que revisar su estructura democrática interna porque la verdad es que en un sistema binominal, los partidos son muy poderosos: al final, son los que nominan a los representantes, pero carecen de un sistema democrático transparente. Uno ve que los partidos están cautivos de grupos, de cúpulas, de máquinas. Entonces no es sólo el binominal, sino que el fenómeno de los partidos también forma parte, y a eso se le suma un tercer tema: la reelección prácticamente indefinida que presentan los diputados y senadores, donde vemos a algunos que se han eternizado en los cargos.

-Uno de los factores que inciden en la baja participación política, principalmente en los jóvenes, es que elección tras elección los parlamentarios son casi los mismos.
Efectivamente. Muchos de ellos llevan más de 20 años en el Congreso, lo que ha dado origen a una profesionalización de la política. Lo que vemos es que hoy, lo que llamamos “clase política”, es en realidad un grupo de personas que se ha dedicado de forma profesional a la política como una carrera de vida, como si fuera su carrera profesional. Eso tiende a separarlos, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente común. Este agotamiento del sistema político requiere revisar el binominal, que es parte del problema, pero además está el tema de los partidos, la reelección y, probablemente lo más complejo que es la inscripción automática, que por sí sola no soluciona mucho. Si al final, con o sin inscripción automática, la gente que no quiere votar no lo va a hacer. Ese no es el tema. Lo que hay que hacer es lograr que la gente se sienta representada y para eso, creo que los tres pilares son una revisión tanto del binominal, como de la democracia al interior de los partidos y la reelección indefinida.

-¿Cómo se mejora la estructura de los partidos para acercarlos a la gente?
Probablemente por medio de primarias vinculantes al interior de los partidos. Con eso, la gente participaría en las nominaciones y dejaría de ser un acuerdo de estas mismas cúpulas no representativas. La misma elección de las cúpulas y su renovación es un tema. La gente ve a los partidos y se encuentra con directivos que llevan 20 ó 30 años en sus cargos, que van rotando. Todo esto ha sido un atentado para la legitimidad de los sectores políticos.

-Pero todos esos cambios son a largo plazo.
No es fácil cambiarlo porque tampoco tenemos claro cómo se cambia ni por qué se cambia. Podemos cambiar el sistema binominal, pero hay muchas opiniones y muchos sistemas, todos con sus ventajas y desventajas. Creo que trabajos como el que están haciendo ustedes son elementos para abrir una discusión que tiene que ser amplia. No es sólo el sistema binominal.

-En el oficialismo son pocos los que consideran la opción de cambiar el binominal. Algunos dicen que sirvió para equilibrar las fuerzas políticas y que podría ser momento de revisarlo, pero no estiman que necesariamente influya en la poca participación de la ciudadanía.
Con los datos que ustedes plantean queda claro que el sistema ya se agotó. Creo que no es momento de una discusión más académica, de mirar hacia atrás y ver si fue bueno o malo. Sentarse en una discusión eterna para evaluar lo que fue este sistema, si viene de la dictadura y si es legítimo o no, no es lo más relevante. Cumplió un rol y un ciclo, pero eso hay que dejárselo a los historiadores y analistas. La evidencia que muestran estos datos, las encuestas, la insatisfacción de las personas en la calle y los estudiantes que no quieren llevar la conversación al Congreso porque no lo encuentran legítimo como lugar de discusión, demuestran que hoy ese ciclo ya se agotó y hay que pensar en una cosa nueva. Lo importante es ver cómo modificamos este sistema para hacerlo representativo, para que la gente se sienta representada en las instituciones políticas. Y no sólo en el Congreso, sino que también en los partidos, que están completamente deslegitimados.

-Gran parte del descontento social tiene que ver con temas cruciales que no se han solucionado en el Congreso. ¿Cuáles son las grandes deudas que la gente le cobra a los parlamentarios?
Creo que la reforma del sistema político es un tema bastante técnico que la mayoría de la gente no entiende demasiado. Deben ser los cientistas políticos y los que conocen la experiencia internacional los que deben buscar, evaluar y proponer alternativas, porque al final lo que la gente siente son los efectos de los sistemas. Efectivamente, nuestro Congreso no ha sabido responder a las inquietudes de las personas, algo que ha quedado más que claro con las demandas estudiantiles. Obviamente que resulta irritante para los jóvenes que algunos de los acuerdos que se tomaron en 2006, con el movimiento de los pingüinos, han demorado unos cinco años en aprobarse o aún están en discusión. Todo eso ha significado un fracaso de un Congreso que no está respondiendo a los ritmos ni a las inquietudes de las personas. Se han sentido estafados. Entonces aparece otro tema: la falta de legitimidad también viene de eso, no sólo de la estructura del sistema. Mucho tiene que ver la incapacidad de responder a los intereses ciudadanos. Ahí también están todas las comisiones investigadoras que se han formado y que al final no llegan a ninguna parte. Es un conjunto de elementos que hoy tenemos que enfrentar y que le han pasado la cuenta al Congreso.

-Muchos diputados están de acuerdo en que la inscripción automática y el voto voluntario, que incluso está garantizado por la Constitución desde 2009, son un paso adelante. Pero la Ley Orgánica de Elecciones que permitiría ese derecho aún no se ha aprobado.
La gente siente que el Congreso se ha deslegitimado en su origen, hay una duda sobre su generación, pero actualmente hay también una fuerte crítica a su manera de actuar. Eso crea esta situación que hoy es insostenible y muy incómoda para los parlamentarios, además de dificultar el sistema político. Si no tenemos un Congreso legítimo, la discusión política queda afuera de él y se empieza a destruir la institucionalidad. Así ha pasado con las discusiones y negociaciones del conflicto estudiantil. Es vergonzoso para el Congreso que el gobierno y los estudiantes estén discutiendo directamente sin la presencia del Parlamento. Es una demostración de la humillación a la que ha llegado esta situación y de lo crítica que es la situación de nuestro Congreso.

-¿A eso responde el llamado a plebiscito que han hecho los estudiantes?
De alguna manera, ese llamado es una forma de saltarse la institución donde están representados los ciudadanos, que es el Congreso Nacional. Hay varias señales bastante complejas, porque en definitiva es una deslegitimación del Congreso y las instituciones. El gran orgullo que hemos tenido en estos años, desde el Presidente Ricardo Lagos, es que las instituciones funcionan. Y en estos últimos meses, está claro que no están funcionando.

-Tanto en las encuestas como en las manifestaciones ciudadanas se ha demostrado que una gran parte de la población rechaza tanto a la derecha como a la Concertación. Hay sondeos que indican que los líderes del movimiento estudiantil tienen más apoyo que los dos principales conglomerados políticos.
Eso es notable: el movimiento estudiantil ha logrado un nivel de unanimidad, adhesión y simpatía en la opinión pública que es sorprendentemente alto, un grado de legitimidad que no tienen las instituciones. Eso les ha dado un poder inmenso que muy probablemente para ellos mismos es muy difícil de manejar. Son instituciones muy difíciles. Ellos son dirigentes que tienen que responder a una confederación que también es difícil de dirigir. Es una situación anómala y muy peligrosa, porque no es un poder institucionalizado, sino que es un poder de facto que se ha creado precisamente por la debilidad del sistema político y que los estudiantes no saben cómo administrar. Es un arma de doble filo muy compleja. Pero la adhesión ha sido impresionante. Es una de las pocas causas que actualmente gozan de acuerdo general, porque tiene que ver con un problema real y representa una situación que afecta a la clase media chilena, algo que los estudiantes han sabido comunicar muy bien.

Algunos dicen -especialmente en la derecha- que este es un falso problema pues la reforma de la política no figura en las encuestas como una demanda ciudadana. Es efectivo, pero esa es una manera muy mediocre de fijar la agenda de una sociedad, pues hay asuntos esenciales que no serán nunca objeto de prioridad en las encuestas. Nadie demanda equilibrios macroeconómicos ni tampoco mayor electricidad, petróleo o gas. Pero no hay progreso material sin una economía en orden; ni salud ni educación ni empleo sin disponibilidad de energía.

El sistema electoral o una ley de partidos no será nunca una demanda que registren las encuestas (como no lo será la regla fiscal), pero sí tal vez lo sean los frutos que debe proveer un buen sistema político: estabilidad, justicia, paz, orden, igualdad de oportunidades. En este sentido, la importancia del sistema político es una de las mayores. Un mal sistema político puede arruinar más a un país que un mal manejo económico; en tanto que uno bueno contribuye más al progreso de una nación que la disposición de abundantes recursos naturales.

Las evidencias del deterioro de nuestro sistema político son enormes. Analicémoslas.

UN PADRÓN NO REPRESENTATIVO

En Chile votan cada vez menos personas. La comparación entre los que tienen derecho a votar, los que están inscritos en los registros electorales y los que sufragan, muestra una peligrosa tendencia. En 1989, sobre un total de 8,5 millones de personas con derecho a voto, estaban inscritos 7,5 millones, el 88 por ciento; y sufragaron 7 millones, esto es el 82 por ciento. Veinte años después, la situación es la siguiente: sobre un total de 12,4 millones de chilenos con derecho a voto, sólo está inscrito el 67 por ciento y sufragan apenas 7 millones, esto es el 56 por ciento.

Esos casi 4 millones de no inscritos son jóvenes entre 18 y 38 años de edad, lo que significa que el padrón electoral chileno entrega una abrumadora sobre representación a adultos en que los más jóvenes abandonaron los colegios y liceos hace 20 y más años.

FALTA DE COMPETENCIA

La inscripción electoral es la piedra fundamental sobre la que descansa la integración al sistema político, pero aunque ella fuera casi perfecta, sería un derecho ilusorio si la posibilidad de ser candidato a los cargos de representación fuera muy difícil o gravemente restringida. Y esto último es lo que ocurre en nuestra política.

De partida, el sistema binominal sólo permite dos candidatos por distrito o circunscripción pues sólo dos son los cargos a elegir en cada lugar. Si a ello se agrega que en más del 80 por ciento de los lugares (50 de 60 distritos en los diputados, y 17 de 19 circunscripciones senatoriales) se sabe que la Concertación elegirá uno y la Alianza el otro, entonces es posible determinar con una alta probabilidad qué partido dentro de cada coalición tiene la ventaja y por esa vía se da en muchos casos -bastante más que la mayoría- la regla de “candidato propuesto, candidato elegido”. En estos casos la clave para llegar al Congreso no está en el voto popular sino en ser incorporado a la lista.

Por esta razón, a los parlamentarios en ejercicio -los incumbentes- los une un mismo reclamo: que se les asigne el único lugar que a su partido le corresponde en la lista. Ellos encubren esta demanda en un término latino, el “uti possidetis”, que significa que “como tu lo posees (el distrito), lo continuarás poseyendo”. El resultado es lo que Oscar Godoy, actual embajador en Italia, denunció como “la destrucción de todo vestigio de libertad para elegir”, escapando el proceso electoral del control ciudadano “y quedando radicado en las minorías dirigentes que atribuyen las candidaturas” o, para decirlo más directamente, en las oligarquías parlamentarias que controlan los partidos a nivel nacional o regional.

CANDIDATOS UNICOS

Los defensores de las dictaduras comunistas solían decir que en las democracias populares el pueblo tenía derecho a elegir libremente a sus representantes… pero que desgraciadamente no había más que candidatos únicos. Candidaturas únicas -cierto que al interior del propio pacto- es lo que está creando cada vez más la derecha y con una tendencia de la Concertación a imitarla.

Como hay dos candidatos por zona electoral, basta una pequeña manipulación para asignar senadurías y diputaciones seguras: o se decide llevar un solo candidato y no dos en la lista o, si se quiere ofender menos al pudor, entonces se lleva a un candidato fuerte pero acompañado por otro que no va a hacer campaña. Es lo que sucedió en la elección senatorial de 2001, donde se renovaban 9 circunscripciones. La derecha admitió competencia en sólo dos de ellas: en la Primera Región, entre Julio Lagos (RN) y Jaime Orpis (UDI) y en la Novena Sur, entre José García (RN) y Eduardo Díaz (UDI). En otras cuatro llevó candidatos únicos: en la Tercera, Baldo Procurika (RN); en la Quinta Costa a Jorge Patricio Arancibia (UDI); en la Novena Norte a Alberto Espina (RN); y en la Décimo Primera a Antonio Horvath. En tres de estos cuatro casos, la candidatura única se logró defenestrando con rudeza a candidatos alternativos: Herman Chadwick (UDI), en la Tercera; Sebastián Piñera (RN) en la Quinta; y Francisco Prat (RN) en la Novena Norte, donde era senador. Finalmente, en las otras tres los candidatos nombrados por los partidos –Sergio Romero (RN) en la Quinta Interior, Juan Antonio Coloma (UDI) en la Séptima Norte y Hernán Larraín (UDI) en la Séptima Sur- fueron acompañados por candidatos que no eran una amenaza para nadie como lo prueba el que obtuvieron el 2,9, el 1,6 y el 2,6 por ciento de los votos, respectivamente.

Hay senadores que llevan 16 años ocupando un sillón parlamentario supuestamente elegido por el pueblo, sin que jamás hayan tenido una competencia por el cargo. Su designación la deben a los partidos que les asignan un “cupo” seguro, en tanto que al pueblo le corresponde el derecho a ratificar -sí o sí- la única oferta parlamentaria que le han hecho.

En las próximas elecciones de alcaldes el sistema expondrá, una vez más y de modo casi obsceno, estas carencias: 350 alcaldes, de gobierno y oposición, reclamarán el “uti possidetis” y serán la única opción por la que puedan votar sus coaliciones. El derecho del pueblo a elegir habrá sido reducido a la mera “ratificación” de lo que decidan los partidos. En concejales, en cambio, aunque con imperfecciones, el sistema será más abierto pues habrá representación proporcional.

“NOMBRAMIENTO” DE PARLAMENTARIOS

A la anterior distorsión se agrega otra en que se ha reparado algo más en meses recientes y que ha causado enorme daño al prestigio y a la legitimidad del Parlamento, particularmente al Senado. Se trata de la práctica iniciada por la Concertación de nombrar parlamentarios (Carolina Tohá) en cargos ministeriales y que los partidos procedan a designar sus reemplazantes. Bajo el actual gobierno esto ha significado que cuatro senadores electos y tal vez los de mayor influencia de la derecha (Evelyn Mathei, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Andrés Allamand) hayan sido reemplazados por nominados de los partidos, la mayoría de los cuales no tenían vinculación con las zonas que hoy representan.

PODEROSO ELECTOR ES “DON DINERO”

Otra falla fundamental del actual orden electoral es el financiamiento de las campañas pues pocas cosas hay que deslegitimen más a un sistema político que el rol desmedido, no regulado y no transparente del dinero en la política. Su efecto es como una metástasis que daña por igual a políticos y empresarios; a los primeros proyectándolos como sirvientes del poder económico y a los segundos como corruptores.

En las pequeñas ciudades y comunidades esta relación es denunciada en los peores términos: es el rico del pueblo, o un puñado de ellos, con “su” parlamentario o “su” alcalde y por esa vía las trenzas de influencia escalan hacia las autoridades administrativas. Esa es, a mi parecer, una imagen excesiva pues sigo sosteniendo que Chile no es un país corrupto, pero de todos los campos donde la amenaza se da es esta relación entre el dinero y la política la que más daña.

La democracia se destruye cuando permea la idea de que la voluntad popular no es nada frente al poder de la riqueza. Además, el sistema se hace menos competitivo y plutocrático, pues si una persona quiere entrar a renovar la política no sólo le será muy difícil lograr un lugar en una lista de candidatos sino que, a continuación, se le agregará una nueva barrera de entrada que es la plata para financiar su campaña.

PARTIDOS EN DECADENCIA

En una democracia el rol de los partidos es insustituible. Si funcionan bien, articulan en proyectos nacionales las demandas diversas y contradictorias de la sociedad; ordenan los miles de puntos de vista en unas pocas alternativas viables; capacitan al personal político; son los principales proveedores de candidatos para los cargos de elección popular y para las más altas funciones de la administración; dan sustento a los gobiernos y ayudan a disciplinar a las bancadas parlamentarias. Si ellos no funcionan todas estas tareas se desempeñan mal: no logran controlar las camarillas ni tampoco los personalismos; no generan proyectos nacionales sino que se comportan como ONGs; carentes de formación se transforman en meras máquinas de poder y muy luego en cerradas oligarquías que intentan monopolizar candidaturas y cargos; y en vez de ofrecer orden contribuyen a hacer más difíciles los gobiernos.

Los partidos políticos chilenos están enfermos, sin excepción. Sus padrones de militantes viven bajo la acusación de ser manipulados. Mientras la población se expande, el número de sus militantes no hace sino caer. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, que en la década del ‘80 fue pionera en la captación de adherentes, se estima que en 1990 tenía 100 mil militantes activos y veinte años después no supera los 40 mil, realidad que es similar o peor en las demás colectividades.

Mientras en las elecciones a nivel del Estado jamás se escuchan acusaciones de fraudes, los comicios internos de los partidos son objeto frecuente de escándalos. El atropello a la institucionalidad interna es endémico, como lo acaba de mostrar el reciente golpe de “los coroneles” en la UDI. Decisiones como el nombramiento de candidatos se adoptan “en habitaciones llenas de humo” y ajenas a procedimientos democráticos. Es lamentable que una de las organizaciones que mayor influencia puede tener en la vida pública del país, esté ajena a regulaciones, al cumplimiento de normas mínimas que hagan obligatorio su funcionamiento democrático.

URGENCIA DE UNA REFORMA POLÍTICA

Es urgente la reforma de un sistema político desacreditado, incapaz de solucionar con legitimidad los múltiples problemas que tiene nuestra sociedad. La vida política se empieza a dividir en mundos que no se tocan. Que “los viejos” se queden con las inscripciones electorales, sus elecciones de parlamentarios sin competencia, sus partidos cada vez menos representativos; y “los jóvenes”, con una mezcla de razones y soberbia, condenan a un orden político del cual en parte se automarginan -como cuando torpemente rechazan inscribirse- pero que de modo aún más claro los excluye de las candidaturas, de los medios para competir y les ofrece una participación de segundo rango en una vida ciudadana que ya no calienta a nadie.

En esta dinámica, “los viejos” se mantienen en las instituciones que, reconocen, son cada vez más débiles; y los “jóvenes” van a la agitación. “Los viejos” les ofrecen competir en un padrón electoral envejecido, en un sistema que facilita la manipulación, que es poco transparente y donde es muy difícil integrar las listas de candidatos y prácticamente imposible superar el “uti possidetis” de los incumbentes. Entonces no es extraño que la política no se canalice a través del Parlamento, no la representen las elites, no la interpreten los partidos y vaya a las calles, las demandas sean representadas en protestas y la fuerza de las demostraciones sea un argumento más fuerte que la razón o el diálogo.

Esta reforma de la política es urgente y debe ser muy profunda. Pero no será fácil pues ella inevitablemente afectará a poderosos intereses creados, siendo uno de los más activos el de los actuales parlamentarios -de gobierno y oposición- que se sienten cómodos en un sistema que con todas sus fallas los favorece. A su vez, una parte mayoritaria de la derecha seguirá aferrada a la idea de que la política no importa y que las reformas políticas son “cosas de políticos”. Es la derecha que no aprende nada. La misma que entre 1973 y 1990, por dejar entregada la política a un general sin escrúpulos, recibió la peor mancha en su prestigio moral y republicano; aquella cuyo desprecio por la política en los dos últimos años casi arruinó a su gobierno.

El país, a su vez, debe saber que siempre las reformas políticas -en Chile y en todos los países- ha sido una dura lucha contra la derecha. La derecha es la que se opuso al sufragio universal, al término de las Cámaras fundadas no en la elección sino en el linaje, al sufragio femenino, a las leyes contra el cohecho, a la regulación del dinero en la política. Es obvio que la reforma política no vendrá de ahí sino de una exigencia de los partidos que hoy conforman la Concertación. Si ellos no la exigen con enorme decisión, la crisis política en que vivimos no hará sino agravarse.

La agenda de reformas políticas que está impulsando el Gobierno dan cuenta de que existe un diagnóstico claro: nuestra democracia requiere de cuotas mayores de competencia, de incertidumbre en torno a los resultados finales de las elecciones, de entregarle mayor participación y responsabilidad a los ciudadanos en la cosa pública, y por cierto, remozar a nuestros partidos políticos.

Lo anterior explica la importancia de aprobar el nuevo esquema de inscripción automática-voto voluntario-voto de los chilenos en el extranjero (sin exigir vínculo). Se trata de incorporar un potencial de cuatro millones de electores que podrían cambiar dramáticamente la forma de hacer política en Chile. No se trata de un grupo –así lo mostró un estudio pionero en la materia de LyD el 2009– que sea extraordinariamente distinto del de los inscritos desde la perspectiva de sus valores o conductas; pero requerirá de dosis nunca antes vista de seducción programática. El establecimiento de primarias apunta en la misma dirección: no sólo los actuales representantes serán desafiados por nuevos candidatos; todos deberán ir directamente al corazón de la comunidad para buscar apoyos en activistas, militantes, clubes y juntas de vecinos.

Existen otras reformas que nos parecen fundamentales: repensar la conformación de nuestros distritos y circunscripciones, permitiéndonos acercar al ideal de “1 persona, 1 voto” efectivo, a la vez que emparejando dramáticamente la cancha entre incumbentes y desafiantes; segundo, limitar el número de reelecciones para alcaldes y parlamentarios; y tercero, repensar los límites de gasto electoral que enfrentan los candidatos nuevos.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que las anteriores reformas corrigen el binominal de algún modo, sin reemplazarlo. La crítica en torno a la exclusión que genera respectos de ciertas minorías significativas requerirá ser evaluada una vez que se hayan implementado las reformas anteriores –no olvidemos que es posible romper el binominal, como lo ha hecho el PC y algunos partidos regionalistas–. Sin embargo, de persistir sistemáticamente la exclusión de minorías relevantes, es posible pensar en fórmulas que apunten a generar cupos compensatorios, que superen umbrales sensatos.

Para los antiguos, la política estaba vinculada a los asuntos más relevantes de una comunidad. Las decisiones relevantes para la ciudad, esas decisiones relativas a la vida en común, eran materia de atención de todos, con algunas restricciones solo comprensibles en el contexto de dicha época, y sobre las cuales no es necesario jugar deshonestamente— “pero en Atenas los esclavos no eran ciudadanos,” expresión típica que se utiliza para criticar la organización ciudadana de los antiguos y, de paso, avisar que hoy, pese a que rasgamos vestiduras con la igualdad, no estamos dispuestos a darle voz, menos voto, a cualquiera.

En un escenario tal, el antiguo no distinguía entre lo público y lo privado. Sus decisiones eran, al mismo tiempo, las de la comunidad y viceversa. Lo que yo decido, es lo que decide la comunidad, lo que la comunidad decide, es decisión propia. Existían buenas razones para preocuparse de la suerte de los demás—y no solo cuando algún trágico suceso nos recuerda que hay otros y otras que comparten nuestras vidas—pero tampoco es que se tratara de una decisión conciente; uno nacía (nace), vivía (vive) y moría (muere) en los brazos de su república.

2.

Para los modernos, en cambio, la decisión de los asuntos comunes se encuentra fuera de sus propias manos. Los modernos, como se nos ha convencido a punta de ideología, no querían pasar toda su vida debatiendo, deliberando y decidiendo sobre el curso de la comunidad. Ello demandaría demasiado tiempo y, además, ¿quién se encargaría de hacer funcionar la economía? Por eso, el moderno prefiere retirarse a sus asuntos privados, sobre todo a la producción de bienes y servicios, dejando el manejo de los asuntos (materialmente) comunes a unos pocos que actúan por cuenta de otros.

Amén de la ideología del mercado, la extensión de los territorios y el crecimiento de las poblaciones sirvió de argumento pragmático para idear un mecanismo de toma de decisiones en el que la ciudadanía no comparece directamente, sino que a través de sus representantes.

Pero que las decisiones políticas se encuentren fuera de las manos de los modernos no quiere decir que se encuentren lejos de su alcance. A la base del pensamiento liberal se encuentra el mínimo deber cívico a que abre espacio esta forma de organizar la vida y las decisiones (aunque cada vez menos) comunes: la de estar atento a vigilar la forma en que nuestros representantes llevan a cabo la tarea que se les ha encomendado, la decisión de los asuntos comunes. Otra vez; esos pocos que comparecen al espacio público lo hacen por cuenta de sus mandantes, quienes están ocupados en sus asuntos privados.

3.

¿Dónde se ubica la política chilena? Desde luego lejos del primer modelo y haciendo muy poca fe del segundo. Lejos del primero, pues una república que pretenda reclamar identificación de todos y todas con sus decisiones públicas, debe comenzar por incorporarlos a todos y todas al debate. Por cierto que minorías sexuales, migrantes, pueblos indígenas, entre otros grupos marginados, poseen pocas razones para sentir las decisiones estatales como propias. Y el reclamo, en este sentido, no es sustantivo sino procedimental. Los grupos sociales marginados no sienten las decisiones estatales como propias, no porque no comulguen sustantivamente con las decisiones ahí plasmadas (mal que mal, uno puede perder el debate), sino porque su sentido de justicia siquiera ha sido tomado en cuenta (no los han incorporado al debate).

Pero la política chilena, además, presenta la peor versión posible de la democracia representativa, misma que convierte en realidad los reclamos de quienes veían en ella el camino sin retorno a una nueva forma de aristocracia: la de entregar la decisión de los asuntos comunes a unas pocas manos, quienes quieren actuar sin rendir cuentas y transformando la política, antes que en los asuntos comunes, en la administración del bienestar de otros: “la administración funcional del Estado vigente, realizada por un conglomerado de intermediarios y funcionarios que han hecho de eso—de la política a la chilena—una especialización funcional” (Gabriel Salazar, Del poder constituyente de asalariados e intelectuales, LOM: 2009, p . 5).

4.

Por eso es que nuestros políticos y políticas se molestan cuando se les pide explicación sobre sus decisiones (“se trata de una facultad entregada al Presidente por la Constitución, por lo que no tiene que dar explicaciones”, se ha dicho sobre algunas designaciones) o cuando la comunidad le hace sentir su malestar sobre sus actuaciones. Porque para nuestra (mala) clase política la representación sirve, antes que como mecanismo de designación y atribución de funciones por cuenta de mandantes, para la decisión de asuntos comunes pero sin los comunes y por la cual, luego, piden recompensa (el voto, el aplauso y casi, como nos ha enseñado la ex ministra de vivienda, la beatificación).

Por ello es que no debe extrañar que una de las primeras objeciones que se conocieron contra el reclamo estudiantil, y en contra de otros reclamos presentados por medio de la protesta, hayan adoptado, justamente, la forma (pero solo eso, la cáscara) de la respuesta representativa: “hay que dejar que las instituciones funcionen” y “si quieren que sus demandas sean escuchadas, preséntense a las elecciones.” Porque nuestra política, una de las peores formas que podría haber adoptado la representación, nos ha hecho creer que quienes ocupan los escaños públicos son titulares de una técnica especial sobre la cual nadie puede pronunciarse (“¿cuál es la propuesta técnica de los estudiantes?”, se reclamó). Y cuando alguien fuera de esa administración y de dicha burocracia se pronuncia, como lo han hecho los estudiantes, entonces la clase política es capaz de recordarnos, sin sonrojarse, que no están ahí para representar a nadie—aunque sigamos refiriéndonos al Primer Mandatario—sino que para administrar nuestro bienestar. Eso, hasta el período de elecciones, cuando vendrán a por la recompensa.