El scanner se puso en marcha. Todo lo que pasó por sus narices fue puesto bajo potentes Rayos X, el nuevo y sofisticado scanner policial que se esconde tras la cubierta metálica del furgón. Sus pasajeros nunca sospecharon que una verdadera radiografía -que los incluía a ellos mismos-, era sacada desde el vértice de la ruta.

Eso fue exactamente lo que les ocurrió a los ocupantes de un camión tres cuartos que transportaba 25 kilos de cocaína y que se dirigía a La Serena. El furgón scanner les siguió la huella y finalmente fueron detenidos y la droga incautada. La PDI de Iquique se anotaba así su primer galardón en el “Plan Frontera Norte” gracias a uno de los cuatro furgones scanner Z Backscatter, marca Mercedes Benz, adquiridos por el Ministerio del Interior en agosto de 2011.

Había sí un problema, el que las autoridades pasaron por alto. La resolución de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana del 23 de junio pasado, prohíbe expresamente esa exposición a Rayos X de los ocupantes de todos los vehículos que han sido escaneados por los nuevos furgones desde que éstos entraron en acción a principios de año.

En su último párrafo (punto tercero) el oficio 12819, firmado por Rosa Oyarce Suazo, dirigido al subsecretario del Interior, expresa:

“El monitoreo de vehículos o instalaciones se debe realizar sin la presencia de personas, pasajeros o habitantes aún cuando se entiende que la seguridad nacional es un bien superior y la estrategia de seguridad nacional plantea reforzar los controles de fronteras u otros, por cuanto esta autoridad sanitaria no es partidaria de exponer a la población en general a una dosis de exposición innecesaria e injustificada, poniendo en riesgo su salud…”

Un segundo problema fue detectado en la investigación de CIPER. Varios policías nos informaron con algarabía que la nueva “joya” antidelincuencia les iba a permitir penetrar subrepticiamente al interior de las casas en sus pesquisas. Una derivación hacia el área de Inteligencia y que constituye una clara violación de los derechos constitucionales.

La licitación de las nuevas estrellas del combate antidrogas del Ministerio del Interior da cuenta de la adquisición de tres furgones por la suma de $2.016.600.000. Según constatamos, uno fue destinado a la PDI de Arica, un segundo a la PDI de Iquique y otro a Carabineros de Antofagasta. Pero en este momento hay cuatro furgones scanner en funcionamiento. El cuarto fue enviado a la PDI de Valparaíso. ¿Cuál fue la licitación que posibilitó su compra?

“PLAN FRONTERA NORTE”

“Los bienes que estamos entregando hoy, los camiones scanner, los hornos incineradores que van al Ministerio de Salud, son parte de un complejo y bien diseñado sistema para cautelar la seguridad de nuestras fronteras”. Con estas palabras el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, hizo entrega el pasado 27 de diciembre, en La Moneda, de tres camiones scanner a las policías encargadas de la lucha contra el narcotráfico, además de tres hornos incineradores fabricados en Gran Bretaña para la quema de la droga incautada.

Así se concretaba la primera sofisticada adquisición para el “Plan Frontera Norte”, la nueva gran apuesta para combatir el peligroso aumento del narcotráfico para la cual el gobierno no ha escatimado esfuerzos ni personal. A la cabeza de la nueva estrategia está Alejandro Peña Ceballos, el ex fiscal regional metropolitano sur que se hizo conocido por sus exitosos operativos masivos contra el crimen organizado, todos ellos con amplia exposición mediática.

Después del fracaso que tuviera su investigación del caso bombas en tribunales, Peña se sumergió en una de las tantas oficinas impersonales del Ministerio del Interior. El 31 de mayo de 2011, un mes y medio después de que Peña asumiera su nuevo cargo, la subsecretaria del Interior subrogante, María Claudia Alemparte, solicitó autorización a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana para utilizar “la tecnología Z Backscatter Van, basada en el efecto de dispersión de Compton por Rayos X”.

La tecnología Z Backscatter incluye un equipo de Rayos X de “tipo móvil”, con un kilo voltaje cuyo peak máximo es de 220 kv y con una corriente máxima de 13 mA., el que se instala oculto en una van Mercedes Benz, modelo Sprinter 416 CDI.

El “Plan Frontera Norte” se hizo público el 4 de octubre pasado, seis meses después de que Alejandro Peña asumiera como jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior. Su objetivo principal: “Evitar el ingreso y salida de droga y contrabando a través de puertos, complejos fronterizos y pasos no habilitados, y el combate al crimen organizado en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.

Dura tarea si se considera que sólo en la Región de Antofagasta existen 650 kilómetros de frontera con Bolivia y Argentina, con 98 pasos no habilitados; flanqueados por 450 kilómetros de borde costero y más de 30 caletas.

El combate contra el crimen organizado se fue haciendo urgente en Chile en los últimos años por el acelerado desplazamiento de los carteles mexicanos hacia Perú y Bolivia, dos países que encabezan hoy -junto a Colombia- la producción mundial de cocaína.

La alerta roja la graficó la directora regional de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos), Lizette Yrizarry, el pasado 11 de marzo, al señalar que “en todos los países de la región existe presencia de los carteles mexicanos” (entrevista con El Mercurio).

Búsqueda de nuevas rutas para el mercado mundial del narcotráfico y lavado de dinero son dos grandes amenazas que acechan a Chile. Por ello, no es extraño que para 2012 el presupuesto del “Plan Frontera Norte” fuera de $5 mil millones. Hubo cambios. Porque según afirmó a CIPER Felipe Baeza, jefe del Departamento de Proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, esa suma se duplicó llegando a los $10 mil millones (Ver recuadro). Parte importante de esos dineros sería destinada para los furgones scanner.

EXPERTOS EN RAYOS X

A las 18:30 del 26 de agosto del año pasado se resolvió en el mercado público la adjudicación de la Licitación Nº 623-29-LP11, por la compra de tres camiones scanner de Rayos X por un valor de $2.016.600.000. La favorecida fue la empresa Patroll Internacional SA.

La comisión evaluadora estuvo integrada por Alejandro Peña Ceballos; Víctor Hugo Merino Rojas, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior y John Barra Inostroza, jefe de la División Administración y Finanzas de la misma cartera. Según consta en el acta de adjudicación, los tres fueron asesorados por el “experto en materia de Rayos X, Iván Villanueva Berindiague, subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile”, actual jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI (ver entrevista en nota secundaria).

La ceremonia de entrega de los nuevos furgones scanner en La Moneda se repitió a principios de enero en Iquique y Arica. En ambas ciudades las dotaciones de la PDI observaron y escucharon con asombro los increíbles alcances que tenían los equipos de rayos de los nuevos vehículos Mercedes Benz. Con menos parafernalia, otro de los furgones fue entregado a Carabineros de Antofagasta. Del cuarto, que se destinó a Valparaíso, nunca se informó nada. Al menos oficialmente.

Transcurridos tres meses del inicio de su puesta en acción, la joya se ha convertido en un gran dolor de cabeza. La eficaz herramienta que se promocionaba en reuniones ante autoridades de gobierno y jefes policiales, como un camión capaz de escanear en movimiento casas y vehículos, detectando cualquier tipo de droga, armas o explosivos, aún sigue casi clandestina.

No se trata de una estrategia de inteligencia. Lo que ocurre es que recién ahora se dimensionan los efectos que le podría provocar a las autoridades y a las policías el utilizar en espacios públicos y en movimiento un equipo de rayos que cuenta con severas restricciones de la Seremi de Salud y que viola derechos ciudadanos. Lo grave es que las limitaciones de Salud fueron explicitadas seis meses antes de que los vehículos entraran en acción.

CARABINEROS Y SU MALA EXPERIENCIA

La única institución que toma palco en este impasse es Carabineros. Y se entiende. Fueron los primeros en oponerse al furgón scanner debido a la mala experiencia con un vehículo de similares características que compró la institución en 2001. La compra terminó en un juicio contra la empresa vendedora, en el que incluso se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado,

Las razones: el alto costo de mantenimiento que les generaba el uso del escáner y la falta de cumplimiento de la empresa proveedora al no hacerse cargo de esos cuantiosos gastos. El camión terminó dado de baja, arrumbado en una tenencia en La Serena.

-Era un cacho, continuamente estaba dando problemas. Son equipos muy delicados y necesitan técnicos especiales, por lo que cualquier desperfecto se tardaban meses en repararlo y ahí quedaba parado. Altísimo costo de operación versus muy pocos resultados: ¡un cacho! -comentó a CIPER un oficial que operó dicho scanner.

Esta vez, el único de los cuatro furgones scanner que fue asignado a última hora a Carabineros, permanece estacionado en una comisaría en Antofagasta. Fue entregado por el Ministerio del Interior sin el permiso de la Seremi de Salud respectivo ya que para ello es indispensable que quienes lo vayan a operar cuenten con la certificación que se les otorga luego de haber hecho una capacitación radiológica. (Ver acta del camión entregado a Carabineros, solicitud 46482 del 13 de diciembre del 2011, en la que aparece siendo destinado a la PDI).

Totalmente distinta ha sido la actitud de la PDI respecto de la nueva adquisición. La Brigada Antinarcóticos de Arica comenzó a usarlo a los pocos días de la entrega. Para beneficio de las personas que sin saberlo estaban siendo escaneados, en su segunda salida a terreno el vehículo tuvo un problema: el scanner dejó de funcionar.

El arreglo tardó casi un mes ya que debieron encargar unas piezas a Estados Unidos. Ya reparado desde el jueves 8 de marzo, la brigada de Arica comenzó a usarlo con premura ya que está con un “encargo especial” de la jefatura de Santiago.

La búsqueda de resultados entre Arica e Iquique está acicateada por el “trofeo” ya obtenido por la Brigada Antinarcóticos de Iquique el 1 de marzo pasado, cuando el prefecto de la PDI de Iquique, Jaime Woldarsky, informó a los medios del primer gran logro del “camión escáner”: la incautación que se relata al inicio de este reportaje de 25 kilos de cocaína.

Lo que nadie mencionó en esa ocasión es que los traficantes nunca fueron advertidos de la exposición a Rayos X a la que fueron sometidos. Tampoco los cientos de personas que transitaron por la Ruta 5 Norte durante esos días de febrero.

LOS PELIGROS DE LA RADIACION

Según un experto en radiaciones consultado por CIPER -y que nos pidió reserva de su identidad ya que trabaja en un organismo público- y que conoció el proceso de evaluación de estos equipos, la autorización solicitada por el Ministerio del Interior para usar este tipo de Rayos X causó una polémica al interior del servicio de Salud.

El problema radica, explica el especialista, en que al someter a una persona a una exposición de radiación, aunque sea mínima, se le expone a un riesgo.

Hay tres principios básicos, continúa el experto, que no pueden dejar de ser tomados en consideración cuando se aprueba un equipo de este tipo: “justificación, optimización y limitación de dosis”. Es por esto que siempre que a una persona se le somete a radiación se exige que un profesional competente establezca que el beneficio es mayor que el riesgo para su salud.

Bajo estos principios, por ejemplo, debe ser un médico el que siempre ordene la toma de una radiografía. Esto, porque una pequeña cantidad de radiación en un caso puede ser insignificante y en otra persona puede provocar efectos nocivos. Estas mismas prevenciones son aplicables en mayor medida a quienes operan estos equipos, permanentemente expuestos a la radiación.

Por estas razones un equipo como el que adquirió el Ministerio del Interior no puede operar de manera masiva en espacios públicos, escaneando indiscriminadamente a personas. En base a estos principios, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana autorizó con restricciones la operación de estos furgones scanner.

POLEMICA EN EUROPA

El uso de Rayos X en el área de la seguridad pública provocó una gran polémica en la comunidad médica y de energía nuclear a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando se masificó la utilización de scanners.

De hecho, en 2008, la Unión Europea ordenó el retiro de los escáneres de protección en los aeropuertos de la propuesta legislativa original. El reglamento respectivo se modificó el 15 de junio de 2010, en base a consideraciones de las normas de seguridad y la sanidad de las personas. Así, se dejó fuera de toda discusión el uso de Rayos X en la vía publica o en cualquier otro puesto fronterizo donde se cruce por vía terrestre, principalmente por un problema de salud publica.

En este contexto llama la atención que el Ministerio del Interior comprara estos equipos y no alertara que su uso “móvil” está estrictamente prohibido si ello implica escanear a personas. Más aún cuando otra de las propuestas que se presentó a la licitación y que ofrecía un sistema que evitaba las radiaciones a sus ocupantes y especificaba que de cualquier manera el escaneo debía hacerse con el vehiculo estacionado y sin nadie en su interior, fue descartada.

Así figuran en el acta de la licitación Nº 623-29-LP11 las razones expuestas por el “experto en materia de rayos X, D. Ivan Marcelo Villanueva Berindiague, subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, quién previo examen de los equipos ofertados, certificó por una parte que el equipamiento propuesto por Representaciones Aerotech Ltda., no cumple con la características mínimas requeridas en las bases de licitación…”

Estadísticamente, el gran ingreso de cocaína en Chile era desde Perú, por vía terrestre, entraban por la Ruta 5. Por ello, se dispuso un grupo antinarcóticos en esa frontera que empezó a trabajar todos estos temas de perfilar personas y coordinar con otros organismos que comparten tareas allí: Aduanas, SAG y Carabineros. Y así fue como se empezó a poner una barrera que hizo que el ingreso de droga comenzara a filtrar por otros lados: desembarco en lanchas por vía marítima o que dieran la vuelta por desaguaderos e ingresaran por Bolivia. Porque nosotros tenemos poco ingreso de droga por Bolivia. Así fue como adquirimos mucha experiencia en este tema.

“El Ministerio del Interior compró el cuarto camión a la misma empresa”

-¿Cómo se explica entonces que lo hayan trasladado a Valparaíso?
Llegué a Valparaíso el año pasado y desde la Jefatura Nacional de la PDI se preparó un equipo de personas para que asesorara el “Plan Frontera Norte” y se pudiera determinar cuáles son las verdaderas necesidades, porque como sabrá, están involucrados en esto las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, Aduanas, Carabineros y todos los organismos que de alguna u otra manera resguardamos el ingreso al territorio nacional.

-¿Y por esta razón fue trasladado a Santiago?
Claro, yo estaba como jefe Antinarcóticos en Valparaíso, pero llevo mucho tiempo trabajando organizaciones criminales y todo lo demás desde mucho antes de llegar a Arica. Trabajé en unidades ligadas a desarticular organizaciones criminales internacionales, todo lo relacionado con los tratados de 1904 que norman el libre tránsito de carga entre Chile y Bolivia. La
experiencia acumulada hizo que la jefatura me designara como uno de los asesores respecto a este tema. Y no me trasladan a raíz de eso. Hay una decisión institucional que no pasa sólo por el “Plan Frontera Norte”, porque estando en Valparaíso yo podía venir todos los días, teníamos la información de las compras de elementos tecnológicos que se iban a hacer y que va asociada a la capacitación de personal. Pero bueno, a contar del 10 de enero de este año asumo la jefatura de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI. Y continúo con esa y otras misiones.

-¿Cuántos furgones scanner se compraron y a qué lugares e instituciones fueron destinados?
Se compraron cuatro camiones. Y se compraron pensando situarlos sobre el eje longitudinal de nuestro país, en lugares estratégicos por donde ingresa la mayor cantidad de drogas al territorio nacional: uno en Arica, un segundo en Iquique, un tercero en Antofagasta a cargo de Carabineros y otro en Valparaíso que cubre toda la Quinta Región, especialmente el Paso Libertadores.

-¿Por qué en la licitación sólo aparece la compra de tres furgones? ¿Quién incluye el cuarto?
El requerimiento siempre fue de cuatro o más camiones, porque el plan de operaciones…

-Pero sólo se licitó la compra de tres y la aprobación de la Seremi de Salud Metropolitana se pidió para tres vehículos y usted me habla de cuatro. ¿El cuarto furgón lo compro la PDI?
No, el Ministerio del Interior compró el cuarto a la misma empresa porque ya estaban las bases licitadas a esa empresa. Pero eso no es un tema mío.

-¿Cuánta droga se ha incautado con el uso de estos camiones en estos tres meses transcurridos desde que se los entregaron?
Lo que pasa es que tiene que entender que hemos hecho marcha blanca. En estos tres meses las personas que deben utilizar estos camiones deben estar habilitadas con su licencia radiológica al día, autorizadas por el seremi de Salud respectivo de cada región. Además, deben tener una capacitación de la empresa porque es un equipo bastante caro y deben aprender cómo operarlo. Y es la empresa que los vendió la que les da una certificación como operadores de estos equipos. Las garantías no se pueden pasar a llevar. Se revisó un vehículo en Valparaíso y se descubrió cierta cantidad de droga incluso en las puertas. Al final se incautaron alrededor de 31 kilos…, no tengo la cifra exacta. También en Iquique, en el desarrollo de esta marcha blanca, se escaneó un camión y se incautaron 25 kilos de cocaína. Eso es lo que tenemos documentado como PDI.
Ahora nosotros estamos capacitando a Carabineros, porque este es un tema que nosotros apoyamos como institución y estamos alineados, porque los más afectados son los grandes
centros urbanos a los que llega esta droga causando tremendos estragos como usted mismo lo comprobó en un reportaje que hizo sobre La Legua. Y en este caso, Carabineros no tenía personal habilitado con licencia radiológica, porque no utiliza elementos radiológicos. Entonces,
nosotros los incorporamos a cursos de capacitación para conseguir sus licencias.

-¿Cuánto dura ese curso?
… una semana, con horario continuado, y ahí se certifica que realmente la persona ha hecho el curso. Eso es lo que pide la seremi de Salud. Después tienes que realizar una serie de trámites relacionados con la dosimetría que debe estar acorde y autorizada para cada operario por la seremi de Salud.

-Los policías que operan estos equipos, ¿usan un equipo especial, como se usa en las salas de rayos x?
No es necesario, porque son rayos x de retroinspección, un rayo que va y vuelve, no es tan invasivo como el que se usa en otros equipos radiológicos. Las pruebas que se realizaron verificaron que la exposición de los operadores es mínima y por ello deben contar con su equipo de dosimetría.

-¿Usted trabajó en la confección del protocolo que mandó el Ministerio del Interior para
el uso del escáner?
Trabajamos en un comité relacionado con eso. La apreciación que yo di está en proceso de evaluación jurídica por parte nuestra. Y también de nuestro alto mando.

-¿En el protocolo dice que se puede escanear un vehículo en movimiento?
Dice que yo puedo poner una hilera de camiones sin personas en su interior y obviamente los puedo escanear yo moviéndome, a diferencia de los escáneres que tenemos hoy en Aduana.

“Estos vehículos están hechos para detectar material radioactivo, explosivos”

-¿Pero en las bases de licitación y de adjudicación, se pedía un equipo capaz de escanear un vehículo que esté en movimiento?
Usted lo podría interpretar de esa manera, pero lo que yo entiendo es que lo que se necesitaba era un vehículo en movimiento, móvil, pensando en Tacna, donde se hacen unas filas muy grandes de vehículos y usted hace bajar a las personas y pasa con el escáner escaneando a toda la fila.

-Entonces, que los policías de la PDI estén usando en el norte el equipo para escanear a vehículos en movimiento, es decir con pasajeros en su interior, ¿es un error de la PDI o del Ministerio del Interior?
Si se está usando así, y yo no estoy defendiendo ni a un lado ni a otro, porque tengo conocimiento del tema radiológico, tengo conocimiento de lo que eso puede incidir en las personas, y yo no puedo someter a personas a este scanner… Así lo señala el protocolo. Por eso está en marcha blanca. Cada oficial que esté trabajando con un camión de estos tiene que saber de la autorización de la Seremi de Salud, y estas autorizaciones las tienen los jefes de la unidad para conocimiento de los operadores del Van Backscatter.

-La última incautación de drogas de Iquique, que se publicitó como el primer trofeo policial usando el furgón scanner, se hizo -según relataron a la prensa- con el furgón estacionado y escaneando vehículos en tránsito, y así descubrieron al que transportaba la droga hacia La Serena.
No tengo ni idea.

-¿El scanner traspasa metales pesados, maderas, paredes?
Lo que no puede traspasar es casas: no puede traspasar 6 milímetros de acero.

-¿Entonces por qué en las charlas se decía que podía traspasar casas y que incluso podía uno ir en el furgón scanner y sobrepasar un vehículo en movimiento y escanearlo?
Lo que yo puedo hacer -y se hicieron pruebas- es por ejemplo, ver con una profundidad de un metro en un galpón de zinc o de latón, que no tiene una pared de diámetro de 6 milímetros. Con una pared de concreto no se puede. Y de ladrillos tampoco. Estos vehículos están hechos
para detectar material radiactivo, explosivos.

-Hay un par de funcionarios públicos que dicen haberlo escuchado decir que el furgón scanner podía escanear casas, ¿usted nunca lo dijo?
A ver, es distinto: yo puedo traspasar un muro de un galpón lo que es distinto a escanear casas. Es lógico que lo que yo pueda hacer con el equipo se puede interpretar… Las pruebas que se hicieron aquí fueron con galpones, pero yo no puedo escanear desde un antejardín una casa: es imposible. Yo creo que es un comentario mal entendido. Lo que estamos haciendo se puede comentar como que sirve para muchas cosas, pero para nosotros esto está regulado por un protocolo, en el cual estamos trabajando. Participamos personalmente en su desarrollo, con consultas a los seremis de Salud, para no pasar a llevar ni transgredir los derechos de las personas. Algo que es obvio que nosotros vamos a resguardar.

-¿Y por qué entonces esos puntos clave no se estarían cumpliendo?
Usted dice que yo usé en algún momento alguna afirmación de ese tipo…, puede ser que se interpretó mal.

-¿Es efectivo que Carabineros hizo un diagnóstico negativo sobre la compra de estos furgones?
No tengo idea. Lo ignoro. Nosotros estamos capacitando a Carabineros para que utilicen estos vehículos, y están dentro de los mismos cursos en los que estamos capacitando a oficiales nuestros. En la PDI tenemos alrededor de 150 oficiales desarrollando estos cursos para la
operación de los body scanner y de los Backscatter. Y en este caso no me consta que Carabineros haya hecho un informe negativo. Los protocolos de actuación son coordinados con las otras instituciones y con Carabineros estamos muy coordinados en esto.

-Otra interpretación posible es que estos furgones también sirven para el trabajo de Inteligencia. Usted trabajó en esa área varios años cuando estuvo asignado a la PDI de Arica…
Pero si yo era jefe Antinarcóticos de Arica… Está totalmente equivocado.

-¿No fue usted encargado de las escuchas telefónicas en el norte en tiempos en que Arturo Herrera era el director de la PDI?
Usted está totalmente desinformado respecto a eso. El encargado era Donoso, un subprefecto y eso fue hecho aquí en Santiago y nunca en el norte. Lo que yo he trabajado es el crimen organizado. Estuve en la Academia Policial en el 2005, me fui al norte y llegué a ser jefe Antinarcóticos de Arica. No sé de qué me está hablando… ¿Jefe de escuchas telefónicas?, yo creo que está equivocado.

-¿Entonces este furgón scanner no fue comprado con un fin de Inteligencia?
¡Pero qué labor de Inteligencia puedo hacer con un camión de rayos! Me parece hasta un poco dirigido. A ver, esto está tan acotado y tan definido que me gustaría que lo pudiese leer. Podría hablar con Felipe Baeza (ex fiscal y actual jefe del Departamento de Proyectos de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, subalterno del ex fiscal Alejandro Peña) y le podría hacer una exposición como la que le hice al ministro.

“Compramos cuatro furgones scanner y deberíamos tener más”

-Nosotros le pedimos a Felipe Baeza el protocolo para el uso de estos furgones, y me dijo que estaba en manos de la Policía de Investigaciones y que iba a ver si era posible entregarme una copia.
Claro, porque está en proceso de ratificación. Pero mire, con decirle que cada Backscatter debe operar dentro de la jurisdicción y debe estar controlado en carretera las 24 horas del día. Y va a estar apostado en alguno de los caminos primarios o secundarios del sector. Van a funcionar con un sistema de reloj: si el camión de Arica esta en Chacalluta, dejamos libre la Ruta 5 Norte por las bajadas de Putre y toda esa zona, entonces Cuya no va a estar cubierto. Porque es jurisdicción de Arica y el camión de Arica va a estar en Chacalluta o en el puerto y alguien tiene que cubrir eso. Entonces, en ese caso, el camión de Iquique debe estar ubicado en un punto estratégico antes de que se abra la carretera, o en Huara o Quillahua o Loa. Si este camión de Iquique está operando en Quillahua o en Loa, nos queda igual la Ruta 5 libre, pero ahí estará Carabineros. Lo mismo si Carabineros no está operando ahí y está en la frontera, nosotros operaremos con el camión de Valparaíso en Puchuncaví, Libertadores… Todos articulados con un control central que estará monitoreando y nadie se podrá desmarcar. Es muy dirigido eso de darle una doble lectura a los Backscatter que tienen un trabajo tan prolijo.

-Hasta ahora no hemos tenido acceso al protocolo
Las principales incautaciones que estamos realizando hoy son en el control fitosanitario de Caldera (Copiapó), en La Negra (Antofagasta), Carabineros con la PDI en San Pedro de Atacama. Controles carreteros donde cae droga, como el túnel El Melón, lugares estratégicos donde cae gente que viene con droga en buses y los perritos nuestros operan en estos lugares. ¿Cómo yo podría convencer a alguien que me haga inteligencia y espiar a no sé quién con el camión? ¿Qué podría espiar con un camión de rayos? ¿Qué tiene que ver eso con las escuchas telefónicas? ¡Increíble!

A ver, los camiones fueron comprados por el Ministerio del Interior, yo no los compré. Es muy dirigido lo que me está preguntando y lamento que se pueda prestar para una cuestión así. Veo que usted es un periodista riguroso, pero no es riguroso al decir una cosa así. Me incorporé al “Plan Frontera Norte” en agosto del año pasado, nunca he sido jefe de Inteligencia Electrónica ni de escuchas. Soy experto en Inteligencia Electrónica, soy experto en Narcotráfico, soy experto en Balística, soy profesor de armas de fuego…

-Y experto en rayos X, eso dice el Ministerio del Interior.
Tengo licencia radiológica, tengo mi licencia al día porque es parte de mi trabajo, Soy experto en orientación terrestre, soy ERTA (Equipo de Reacción Táctico Antinarcóticos)…

-¿Cuál es su experticia en rayos x?
Tengo una carrera policial de 26 años de servicio que no puede pasar… Mi experticia es que fui jefe Antinarcóticos y promoví la compra y la adquisición de los mismo equipos body scanner que se instalaron en la frontera y que causaron hasta un tema psicológico. Porque fue un efecto disuasivo tremendo de parar un poco la cantidad de droga que nos estaban ingresando por Arica.

-Su opinión como asesor del ministerio fue muy importante al desestimar los equipos de Aerotech, la otra empresa que participó en la licitación de los furgones scanners que se adjudicó finalmente Patroll. ¿En qué fundamentó su opinión?
Por eso me preguntan a mí: yo soy experto y me pidieron que me pronunciara con respecto a este camión de Aerotech y el otro camión Backscatter: cuál cumplía lo que realmente estamos pidiendo. El camión de Aerotech no es móvil, no escanea, por ejemplo, pasando por una pila de contenedores. El camión que ellos presentaban tiene que abrir un brazo, estar sobre una superficie lisa, se descalibra. Además, son camiones chinos y saca un brazo, un arco y lo pone a un lado. Entonces, el camión de Aerotech pasa por encima del vehículo que se quiere escanear con ese brazo y lo escanea. Ese trámite, si mal no recuerdo, podía escanear un máximo de 10 camiones al día. Y licitamos algo que no necesitara construir una plataforma en cada uno de los sectores donde yo deba analizar un camión.

-No fue eso lo que presentó Aerotech en la licitación.
Aerotech no tiene ningún vehiculo parecido al que nosotros compramos. Aerotech presentó un vehiculo que no era nada discreto, porque tenias que sacar dos placas, ponerlas una delante del camión y otra detrás y ahí, recién, podías empezar a escanear primero las ruedas, después arriba, después a un lado…

-¿Cuál es la importancia de que sea “discreto” si usted me dice que el protocolo de estos furgones scanner dice expresamente que para proceder a escanear un vehículo el policía debe primero pedirle a sus ocupantes que se bajen?
El “Plan Frontera Norte” está hecho -inclusive lo dice el protocolo- para ser eficaz. Si los traficantes pasaran por un sitio y vieran un camión de la policía parado y que dice rayos x, duran dos días pasando por ahí y después se avisaran y no volverán a pasar hasta que saquen el camión de ahí. Por eso va a estar cuatro días en un lugar, cuatro en otro y así…

-Insisto, ¿cuál es la discreción si igual va a tener que pedirle a las personas que se bajen del vehículo para escanearlo?
Pero no es necesariamente un traficante… A eso me refiero. El traficante de droga sí sabe y sí va a llamar y avisar que hay un control policial, que están escaneado y que no pasen por ahí. La diferencia está en que nosotros podemos articular estos camiones a nivel nacional para que no sean detectados. La diferencia del equipo de Aerotech y el que escogimos es que este es más discreto.

-Pero eso no estaba en las bases de licitación y se supone que ésta no es una licitación dirigida.
¡Usted cree que yo me voy a prestar para una cosa así! Le pedimos a todas las empresas, porque el proyecto no es de hoy. ¿Qué incidencia puedo tener yo en una compra así?
A mí me preguntaron si el equipo de Aerotech cumplía las condiciones técnicas y yo les dije que no, que no cumplía.

-¿Y por qué licitan un camión que puede escanear vehículos en movimiento si antes de la licitación el Seremi ya les había anunciado que no podían escanear con personas dentro del vehiculo?
Son 4 millones de personas las que entran al año por Chacalluta, incluso le gana al Aeropuerto de Pudahuel. Calcule cuatro personas por vehiculo, 1 millón de autos en 365 días con fronteras 24 horas abiertas. Cómo cree que podría hacerlo para no tener restringido una hora haciéndole un examen al ciudadano que viene ingresando al territorio nacional y lo único que quiere es salir rápido del trauma de pasar rápido por una frontera. ¿Qué es lo que hago?: le digo “ponga su vehiculo aquí” y los escaneo todos juntos.

¿Sabe por qué queríamos el Backscatter? Porque tenemos un tremendo problema, por ejemplo, con los camiones bolivianos que se estacionan en el valle, en el puerto, en la entrada del puerto, en el antepuerto…, en gran cantidad y entran por ahí y por el Paso Libertadores y hoy día son más de 270 mil contenedores que están permanentemente circulando por los puertos y por pasos habilitados. ¿Con qué capacidad técnica podría controlar ese volumen de carga?

-¿No se hace con esos arcos scanner que ya están en las Aduanas?
¿Usted lo haría con todos los camiones? Nosotros necesitábamos un camión que reuniera las características para que en un momento determinado yo pudiera meterme al puerto y escanear todos los contenedores que están ahí con madera, por ejemplo. Que pudiese escanear todos los contenedores. Si me pregunta para qué compramos backscatter, para eso lo compramos.

-¿Por qué compraron cuatro furgones scanner? No era mejor comprar dos primero para saber cómo funcionaban en Chile?
Compramos cuatro y deberíamos tener más. Usted mismo vio la miseria y la pobreza que hay en algunas poblaciones a raíz de la droga. Eso es lo relevante. En Arica usted entra a una casa de fumones, por ejemplo, y no tienen ni una taza de baño, no tienen cañerías y un niño desde los 7 años está fumando pasta base. Mire, este camión es el que tiene menor costo de manutención en el mercado. No se descalibra, por lo mismo no lo vamos a meter en caminos malos porque no queremos sacrificar el tubo radiológico. Aunque esto no es la solución, es parte de la solución. Y por eso estamos comprando también cámaras pertigas.

-Compadre… ¿dónde anda? Yo voy llegando al lugar en diez minutos. Ya tengo lo que me encargó. ¿Nos vemos ahí? -dice una voz amplificada por el altavoz del celular.

-Andamos mal. Yo estoy en el centro. No ha pasado nada aquí con el Sergio y no responde el teléfono el weón -responden del otro lado.

-Bueno compadrito, usted no se preocupe. Cuando termine su peguita, se pasa por allá y ahí arreglamos. Ya me llegaron los encargos (la droga) que me encargó y varios más, así que pase hoy día sin falta, porque usted sabe cómo es la cosa -retruca el primero y cuelga.

Los policías del chevrolet tienen identificados a los dos sospechosos que se acaban de comunicar. Lo que no saben es dónde se concretará la cita que ambos acaban de pactar. Y por eso siguen atentos al celular, esperando que uno de los interlocutores les dé, al fin, una pista útil para detectar los embarques de droga que aparentemente están trayendo desde Argentina. Llevan más de 20 días operando con la autorización que les dio un juez de garantía para interceptar algunos teléfonos de sospechosos y reconocen que no han avanzado mucho.

-Cuando son gente avezada, como éstos, hablan lo justo. Y eso hace muy difícil atraparlos con la droga, incluso usando el “pinchazo” -señala el encargado de la unidad policial.

“Como (los narcos) saben que los pueden estar escuchando, cambian de celular a cada rato. Así que uno debe conseguirse los nuevos números y empezar otra vez los trámites en las fiscalías para que te den un nuevo permiso judicial que autorice interceptar otros teléfonos a nombre de la misma persona. Y hay jueces (de garantía) que llega un momento en que no te autorizan -añade otro de los detectives.

El jefe de la unidad, que pide la reserva de su nombre, indica a CIPER que si bien la interceptación de teléfonos es una gran ayuda, no es una herramienta que permita por si sola esclarecer los casos. De esta forma, dice, el equipo policial debe seguir con los otros métodos tradicionales de investigación, tales como seguimientos y chequeos de los vehículos, para conocer los lugares que frecuentan los sospechosos, las personas con las que se reúnen y las actividades que usan como “pantalla”.

El método de los “pinchazos”, agrega el oficial, no sólo no es infalible, sino que es habitual que además afecte a personas comunes y corrientes cuya privacidad queda expuesta a las escuchas:

-Muchas veces uno consigue autorización para interceptar un número y a los pocos días te das cuenta que te equivocaste y que estás escuchando a otra persona nada que ver con la investigación. Ya sea porque el fulano vendió el teléfono, lo regaló o lo perdió. Ahí uno debe dar conocimiento por escrito al fiscal que lleva la investigación y él, a su vez, avisar al juez de garantía. Pero eso no siempre se hace.

Ese “no siempre se hace”, significa que los policías están accediendo de manera ilegal, aunque en el origen haya una autorización judicial, a antecedentes privados de personas que no son sospechosas de cometer un crimen. De acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, las normas que autorizan las interceptaciones telefónicas en casos de drogas son laxas y las policías además no siempre las cumplen, los fiscales no tienen un registro de todos los antecedentes a los que acceden los policías que ejecutan las escuchas y, peor aún, no hay una fórmula para disponer la destrucción de los datos recolectados en “pinchazos” que puedan afectar injustamente la privacidad de personas no comprometidas en delitos.

En los hechos, cientos de personas han quedado expuestas a la violación de su privacidad y, lo que es peor, no hay una entidad que se haga cargo de chequear que los datos que se recolectaron mediante “pinchazos” a ciudadanos que no están siendo investigados por orden de un juez no sean mal usados en el futuro.

Fiscalía: “El tema se ha descontrolado”

Una fuente de la PDI reconoce que incluso a veces se producen abusos tales como incorporar en una solicitud de interceptación los números de personas que no están siendo investigadas en esa causa. De esa forma, la escucha ilegal queda cubierta con un manto de legitimidad: “El fiscal debería estar atento a los teléfonos que se autorizaron a interceptar, pero en realidad es imposible que pueda escuchar todas las llamadas que se realizan diariamente de un solo teléfono interceptado, por lo que en la mayoría de los casos a él le llega solo el resumen de lo que uno considera más relevante y que tiene relación con la investigación que estamos haciendo”.

Una alta fuente del Ministerio Público a nivel metropolitano confirmó que se han detectado casos en que las policías agregan en las solicitudes de “pinchazos” los números de personas que no están relacionadas con la investigación, pero cuya “escucha” es de interés para Carabineros o la PDI por razones de “inteligencia”. Y agrega que aquello no es más que la punta del periscopio respecto de un sinnúmero de ilegalidades que se estarían cometiendo “amparadas en la ley 20.000”, referente al tráfico de drogas, ya que es en virtud de esta norma que se realizan la mayoría de las autorizaciones judiciales para las interceptaciones.

-Infelizmente, el tema de las escuchas ilegales se ha descontrolado. Los fiscales no tenemos mucho control, sobre todos los que trabajan con el tema de drogas que es donde es más permisivo el tema. Solo con un teléfono que autorice el juez son tantas las escuchas que uno no tiene tiempo de revisarlas todas y los policías no detallan lo que escuchan, porque tampoco tienen ese tiempo -dice la misma fuente.

Y agrega que uno de los factores que ha generado este descontrol y permisividad es lo extendido de la práctica de los “pinchazos”:

-Muchos efectivos policiales descansan en las escuchas y no investigan. Uno habla con ellos y se da cuenta que no saben en qué vehículo se mueve el imputado, qué lugares visitó o con quién se junta aparte de aquellos con los que habla por teléfono. Por otra parte, son pocos los fiscales que controlan los teléfonos intervenidos. Ellos descansan en las policías y los policías, a su vez, basan su investigación en las escuchas. Así, los resultados son muy malos, porque con este método solo detienes a los más inexpertos, pero no a los peces gordos, que usan celulares de prepago y están todo el tiempo cambiando el chip.

La multiplicación indiscriminada de los “pinchazos” va en dirección inversa al espíritu de las leyes, según explica el juez de garantía Eduardo Gallardo:

-La interceptación de las comunicaciones telefónicas probablemente es una de las medidas más intrusivas del Código Procesal Penal chileno. A diferencia de otro tipo de medidas, que se aplican en general a cualquier tipo de delito, cuando nos referimos a la interceptación de comunicaciones telefónicas está contemplada sólo para los delitos más graves -señala el magistrado, quien indica que estos delitos son los que se penalizan a lo menos con cinco años y un día de presidio, tales como homicidios y violaciones. Pero agrega que la norma es mucho más flexible en los casos de drogas (vea la entrevista al juez Gallardo en recuadro).

Para evitar interceptaciones abusivas que afecten a ciudadanos no involucrados en delitos y como el volumen de “pinchazos” ha hecho que los fiscales pierdan el control del sistema, se implementó el protocolo de Registro de Solicitudes de Interceptaciones Telefónicas (RESIT) con las tres principales compañías que operan en el mercado: Movistar, Claro y Entel.

-Este protocolo se creo para tener más centralizado el sistema de recepción de autorizaciones, informatización, registro y gestión de las interceptaciones de celulares. Se están implementando softwares capaces de detectar palabras clave, para evitar tener que registrar conversaciones que son de la vida cotidiana, como cuando uno llama a otro y le dice que va a comprar pan o que va a pasear el perro. La idea es que se vaya perfeccionando el tema, para evitar el mal uso de estas autorizaciones –señala la fuente del Ministerio Público.

Esas malas prácticas de las que habla este alto funcionario de la Fiscalía fueron denunciadas por CIPER hace dos años en su reportaje “Así se hacen los cuestionados pinchazos telefónicos legales”, lo que demuestra que no solo siguieron sucediendo, sino que incluso el sistema se ha ido sofisticando.

“Pinchazos” a autoridades

Según expertos nacionales e internacionales consultados por CIPER, no existe un sistema de comunicaciones telefónicas absolutamente impermeable a interceptaciones. Las mismas fuentes advierten que lo único que se puede hacer es poner el mayor número de trabas para hacer más difícil los “pinchazos”. Por esta razón existe una industria dedicada a comercializar estas vallas de acceso.

En Chile no hay datos oficiales de ese mercado, pero CIPER comprobó -en conversaciones con agencias de investigadores privados- que hay varios dispositivos para interceptar o proteger llamadas a disposición de los consumidores, los que son importados con precios que van desde US$149 hasta US$20 mil. Y según una querella interpuesta por tres diputados, dos abogados, dos carabineros y un periodista, que acusan haber sido “pinchados”, existirían antecedentes para demostrar que hay equipos similares en manos de los servicios de inteligencia de Carabineros, a través de los cuales la policía uniformada estaría ejecutando escuchas ilegales.

Los tres diputados son Sergio Aguiló, Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier, quienes se enteraron de que fueron “pinchados” cuando el ex suboficial de Carabineros Esteban Infante compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara el 20 de julio pasado. En esa ocasión, Infante señaló que tenía conocimiento de que Carabineros había interceptado los teléfonos de estos parlamentarios. El ex suboficial se presentó acompañado de los abogados Claudio Cofré y Rubén Jérez, además del periodista Patricio Mery, quienes también acusaron haber sido objeto de escuchas ilegales.

CIPER contactó a los dos carabineros que aparecen como denunciantes en este caso, uno de los cuales admitió haber realizado escuchas para la policía e, incluso, reconoció que con un equipo de Carabineros en una oportunidad interceptó una llamada entre el entonces Presidente Ricardo Lagos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza.

Carabineros espiados

El suboficial Esteban Infante Alcaíno se desempeñó por 27 años en Carabineros. El 1 de julio del año pasado se le pidió la renuncia voluntaria junto a uno de sus subordinados, el cabo Luis Parra. La razón para sacarlos de las filas fue que Parra entregó por teléfono “un biométrico” (la consulta de una patente que arroja todos datos de un vehículo en el sistema interno) a un ex suboficial de la institución.

Infante y Parra se desempeñaban en la SIP de la 19ª Comisaría de Providencia y de un mes a otro pasaron de héroes a villanos, ya que poco antes de sus salidas habían sido felicitados por sus superiores, pues desbarataron una banda que robaba cajeros automáticos con apoyo de carabineros en servicio activo.

Ambos fueron interrogados por el mayor de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) Gonzalo Alvear Antonucci, quien les pidió la renuncia. Los dos carabineros dicen que en el interrogatorio el mayor Alvear les hizo preguntas sobre materias que solo pudo haber conocido mediante la interceptación de sus teléfonos. CIPER solicitó entrevista con el mayor Alvear, pero la Dirección de Comunicaciones de Carabineros respondió que ningún funcionario policial puede referirse a investigaciones que están en curso. Esto, porque Infante y Parra denunciaron los hechos y se inició un proceso judicial.

Los dos carabineros resolvieron asesorarse con el abogado Claudio Cofré, quién solicitó mediante la Ley de Transparencia que Carabineros respondiera si los teléfonos de ambos ex funcionarios habían sido o no intervenidos.

La policía uniformada respondió a Cofré que efectivamente esos teléfonos habían sido intervenidos bajo autorización judicial, uno en un juicio por drogas y el otro en un proceso por un intento de fuga desde la cárcel de Colina.

-Como no pedí mi retiro, me dan de baja. Recurrimos al abogado y descubrimos que nos estaban interviniendo los teléfonos. El mío estaba intervenido por un tráfico de drogas en la cárcel de Colina. Conseguimos la orden donde dice “pedimos intervención de estos tres números de celular que estarían en poder de Pedro Pablo Maliqueo Imihuala quien se encuentra recluso en la cárcel de Colina”. (El documento) deja de manifiesto que el teléfono lo tiene el recluso, pero ¿por qué no le dicen al fiscal de quién era verdaderamente? -comenta Parra.

El caso del ex suboficial Infante es similar, según relató a Ciper:

-A mí se me había intervenido el teléfono en una causa que correspondía a un intento de fuga de la cárcel de Colina. Así que comenzamos a investigar qué causa era. Me acerco a la fiscalía y me dan a conocer que no entendían como se nos había involucrado. Incluso se nos indica que ningún juez da autorización para intervenir teléfonos por un intento de fuga. Esa orden estaba firmada por Patricio Macaya, fiscal jefe de la fiscalía de Colina.

Infante relata que se presentó ante el fiscal Macaya, quien le habría confirmado que no tenía relación con la causa que él investigaba. Pero al confrontarlo con el documento en que Carabineros reconoció que había pinchado su teléfono en ese proceso “no supo responder”, dice el ex suboficial.

Infante y el abogado Cofré recurrieron a la jueza de garantía, para pedirle que se les diera a conocer la carpeta de la investigación que llevaba la fiscalía. La jueza citó al fiscal Macaya, recuerda Infante, pero llegó otro fiscal sin la carpeta investigativa: “Eran las diez de la mañana y la magistrado le da orden al fiscal de que tenían hasta las 16:00 para entregarle la carpeta”.

-Esto terminó en que el fiscal Macaya solicita a la jueza sacar al cabo Parra de forma “absolutaria” y lo mismo en mi caso. Eso quiere decir que nunca estuvimos ligados a esa investigación. La jueza reconoce que nunca ordenó que nuestros teléfonos fueran intervenidos y queda registrado por escrito que la intervención telefónica que se me había hecho no estaba apegada a derecho y era constitutiva de delito -dice Infante.

La magistrada, relata el ex suboficial, los hizo poner una denuncia en el Ministerio Público y el mismo fiscal Macaya, que había firmado las órdenes para intervenir los teléfonos de ambos policías, tomó esa causa. El abogado Cofré estimó que la investigación en manos de Macaya no avanzaba, por lo que presentó los antecedentes a la jueza de garantía Ema Novoa, quien informó al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el que designó al jefe regional de la zona Centro Norte, Andrés Montes, para que indagara las eventuales responsabilidades.

-También se pide que se aclare cuál es la responsabilidad que le cabe al fiscal Macaya y si pudiera existir una negligencia administrativa en su actuar. El tema está en investigación, pero hasta el momento ya se determinó que las escuchas a nuestros teléfonos comenzaron en noviembre del 2009. Y a nosotros se nos dio de baja casi un año después -señala el ex suboficial.

El “Chupacabras”

Infante asegura que en Carabineros no se “pinchan” teléfonos sólo de esta manera: “Cuando se quiere escuchar a alguien sin dejar rastros se usa lo que en el lenguaje interno algunos llaman el chupacabras. Estos son equipos que te permiten intervenir cualquier tipo de llamadas. Yo no estoy en contra de que existan, porque en ocasiones hay que hacer operaciones de inteligencia para la seguridad del país. El problema es cuando se desvía el uso”.

Y el ex suboficial asegura que fue protagonista de un caso en que se “desvió el uso” de uno de esos equipos:

-Yo estuve un tiempo en el OS7 y en una ocasión recibí una orden de un coronel que ahora está retiro, que supuestamente estaba respaldada por un juez. Ese coronel consiguió que nos pasaran un equipo que era un notebook que venía con una antena que se colocaba sobre el techo del vehículo. Ahí uno cargaba un software que se abría con la imagen de un gorrión parado sobre un palito y que sólo lo sabían usar bien tres suboficiales capacitados en Europa. Pero estaba solo yo y otro carabinero que apenas tenía conocimiento básico.

Según el relato de Infante, el lugar donde debían realizar la interceptación telefónica era en Alameda con General Velásquez. Ellos llevaban un número telefónico que debían “pinchar” y que supuestamente pertenecía a otro funcionario policial. Una vez instalados, encendieron el equipo y pusieron en marcha el software:

-El equipo se pone a escanear y debíamos esperar a que la persona que íbamos a interceptar hiciera alguna llamada. Incluso se podía grabar. Me quedé en el auto con los auriculares, mientras el otro carabinero bajó a fumar. De repente entra una llamada. Se escuchaba clarísimo. No era de la persona que estábamos esperando, sino que del ministro del Interior al Presidente Ricardo Lagos. Eso fue en el 2003. Después de que nos pasó esto, nos quitaron el equipo y no se nos presto más.

Infante admite que después de ese episodio, no tuvo acceso a los equipos más sofisticados, pero reconoce que sí realizó escuchas telefónicas para otras investigaciones: “Las monitoreaba desde mis dos teléfonos fiscales, entregados por la institución, ya que yo era jefe de grupo”. Paradójicamente, uno de esos teléfonos fue que el que, según acusa, la Dipolcar le intervino.

Cercano a las siete décadas, su coraje y entusiasmo se mantienen intactos. Y no es fácil. Porque en la guerra que libran las bandas de delincuentes en las calles y pasajes de la población, ser sacerdote no lo exime como blanco.

-En la capilla que tenemos en La Legua Emergencia yo contaba los impactos de balas. Hace dos años dejé de contarlos. Y llevaba 200 tiros. Las balaceras son una locura, ya que se dispara hasta con silenciador y con un alto poder de fuego. Dejan unos hoyos tremendos en las paredes –cuenta Gerard Ouisse.

A pesar de la gran labor social que realiza, este sacerdote reconoce que la batalla contra los narcotraficantes que controlan la población, no ha tenido el resultado que esperaba.

-La batalla contra la droga ya la perdimos. Ahora estoy viendo qué puedo hacer para que se controle el armamento que se maneja aquí. Con esas armas quienes se llevan la peor parte son la gente inocente y buena que vive aquí –dice sin rodeos.

Para Ouisse, las operaciones de los últimos meses de policías y fiscales han sido positivas, pero es claro en señalar que son “insuficientes”, que no terminan con el problema central de la violencia que viven a diario los vecinos. Y ello porque él sabe como pocos los nuevos problemas que éstas crean.

-Por ejemplo, la operación del cortejo fúnebre fue un éxito. Pero yo no puedo dejar de mirar que esas detenciones dejaron muchos hogares sin cabeza. Al día siguiente había varios niños solos. La mayoría ya tenía a su padre preso y ahora se llevaban a su madre. Y qué pasa: los jóvenes que se quedan solos ocupan el rol que dejaron sus progenitores. Forman pandillas y comienzan las batallas territoriales por quién se queda con el control del negocio.

El sacerdote tiene claro lo que se necesita: “Una intervención que no solo contemple llevarse gente presa, sino que sobre todo, traiga a la población una educación de calidad. Los niños aquí están marcados por la violencia. Se necesitan profesionales especializados, no cualquier tipo de profesor”.

-¿Y qué herramientas tiene usted para combatir la atracción que ejercen sobre los jóvenes las bandas de narcotraficantes con todo su dinero y la fuerza que dan las armas?
Soy el “pastor” de todos los que viven en la Legua. También de los narcos a los que les digo en la calle “dejen de vender la droga”. Porque nuestro combate es competir contra los narcos en el reclutamiento de jóvenes. Ellos les ofrecen dinero, armas y droga; y nosotros talleres, centros de rehabilitación, arte, teatro, baile, deporte. Atraerlos con actividades que los saquen de la violencia. La Legua Emergencia está totalmente controlada por un grupo pequeño de narcotraficantes que ha sabido comprarse poco a poco a familias aprovechándose de las condiciones de pobreza de los que no están metidos en el mundo de las drogas.

-¿Cómo funciona ese mercado de reclutamiento familiar de los narcos?
Con familias enteras que no son traficantes pero “trabajan” para ellos. Como el narcotraficante no cocina, no lava ropa, no plancha, contrata a gente de la población para que le haga esos trabajos. Por ahí se empieza. El mismo alcalde contó que pobladores que fueron a la municipalidad a pedirle ayuda para comprar una lavadora e iniciar un trabajo independiente, resultó que el trabajo era lavar la ropa de los narcos. Otros les guardan dinero, droga y reciben su paga. Ayer mismo me encontré con una señora a la que le pregunté cómo le iba en el nuevo trabajo que se había conseguido fuera de la población. Me respondió que dejó el trabajo porque lo que ganaba en un mes afuera, aquí en la población lo ganaba en un día.

El párroco de La Legua conoce cientos de historias similares:

-Hay un señor de la parroquia que necesita operarse con urgencia de la pierna. Le dieron el número 180 en la lista de espera. Para esa operación le dijeron que están operando a una persona al mes. Así, tendrá que esperar 180 meses. Cuando este señor contó aquí su caso, a los pocos días le empezaron a llegar otras propuestas de “trabajos” para que pueda obtener dinero y operarse en el sistema privado.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Gerard Ouisse está inquieto. No se permite tregua en la búsqueda de caminos y soluciones para los habitantes de La Legua Emergencia. Cuenta que unos expertos colombianos que tienen programas de prevención para zonas de riesgo similares en Colombia, después de pasar 12 días viviendo en La Legua Emergencia, llegaron a una conclusión:

-Su diagnóstico fue que aún se está a tiempo de parar la violencia, que se está en un buen momento, porque hay desarticulación; pero que de no aprovecharlo, el problema puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia.

-¿Alguna vez fue usted amenazado?
Sí, hace 3 años, cuando la cosa estaba muy mal y habían matado varias personas. Yo organicé con gente de la parroquia unas manifestaciones por las calles con pancartas que decían: “Tenemos derecho a la paz”, “Dejen de matar”, “Respeten la vida”. A los pocos días detuvieron a “Los cara pelota” y hubo gente que empezó a decir que yo había hecho la denuncia. Esa misma noche vinieron a la parroquia y dispararon. Me pusieron guardia policial, pero al final otro narco dio el anuncio: si me tocaban, iba a tomar venganza. Ahí se acabaron las amenazas.

-Pero al igual que muchos vecinos, el miedo lo conoce a diario. ¿Es así?
A mí me respetan, pero igual debo confesarte que muchas veces he sentido mucho miedo. El año pasado, cerca de la 1 de la mañana, me golpean la puerta a los gritos. Una señora me pedía que fuera a su casa porque habían matado a un joven. Fui y cuando entré a la casa me encontré con el pololo de su hija muerto. Era el tercer asesinato del menor que lo mató y que dejó a otro joven con dos tiros en la pierna. Todos lloraban. Rezamos para que se tranquilizaran un poco y después llamaron a los carabineros.

Otra vez, estaba preparándome para la misa y llega un señor grande vestido con una manta de huaso. Me dice que quiere entregarme algo. Lo llevo a mi oficina. El señor se levanta la manta y debajo tenía al menos 10 armas. Las puso sobre la mesa y me dice: “Vengo a entregarle estas armas para no arrepentirme después. Me contrataron para matar a una persona, pero no lo quiero hacer. Prefiero entregarle a usted las armas”. Las dejó y se fue. Nunca más lo vi.

-Usted organizó las llamadas “Marchas por la Paz” aquí en la población. ¿Cómo reaccionan los delincuentes?
La primera Marcha por la Paz fue en 2006. No pudimos terminarla. Apenas habíamos empezado y vinieron a amenazarnos. Incluso dispararon balas al aire. No podía arriesgar la vida de las personas que me acompañaban. Era época de balaceras. La segunda vez ya pudimos caminar por gran parte de la población y las siguientes hemos recorrido todo el sector. Desde entonces, siempre que muere un inocente por una bala perdida hacemos una marcha por la paz. Y con megáfono vamos gritando “¡no más balas!”, “¡no más balas!”. Hasta hicimos campañas por las ferias cambiándoles a los niños libros por armas. Otra iniciativa a favor de la paz es que todos los actos litúrgicos los hacemos en las calles. Desde las procesiones, hasta las misas solemnes.

-Usted ha seguido en su combate al narcotráfico, ¿y los delincuentes qué hacen?
Yo no me meto con ellos y ellos me respetan. Cuando hay disparos donde pueden morir inocentes, yo cojo mi megáfono, salgo a la calle y les grito: ¡respeten la vida, dejen las armas! Y hasta el momento nunca me han disparado. Pero con otras personas no es lo mismo…

-¿A qué se refiere?
-Mire, le cuento, hace un tiempo vino a visitarme el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Cerda. Me dijo que quería ayudar en esta lucha contra los narcos y quería comenzar a visitar La Legua. Yo le dije que lo iban a matar. No me creyó. Pero a los pocos días tres señoras de mi confianza, que estuvieron sondeando, me confirmaron que si él se metía en esta población, lo matarían. Hasta ahí pudo llegar con su intención.

-¿Es imposible entonces iniciar una ayuda desde afuera de La Legua Emergencia?
-No, pero no puede ser un acto individual. Sobre todo después de las últimas detenciones. Mire, la gente está muy desconfiada. Si no conocen a la persona que llega… Porque aquí es muy peligroso moverse. Todos saben que te pueden matar o darte una buena paliza como advertencia.

-¿Qué hacen los vecinos cuando la violencia de los narcos irrumpe y se toma las calles y pasajes?
Vivimos rodeados de violencia, pero alrededor veo personas que son verdaderos héroes. Ayer mismo vino una señora con su hija pequeña muy enferma a pedirme si la podía acercar al hospital de urgencia. Cuando estábamos en el hospital, me dice que lleva dos días sin comer. Y le estaban ofreciendo entrar en el negocio. Pero ella se resiste. ¿Hasta cuándo? Le dije que venga a la parroquia, al comedor, y muchos así lo hacen. Y resisten hasta que les surge un problema mayor, una enfermedad y ni siquiera tienen dinero para comprar un medicamento…

-Se lo escucha angustiado, padre.
Es que esta es una lucha muy desigual. Hay verdaderos héroes aquí dentro: familias que pasan mil penurias pero que no se meten en este negocio de la droga. Y sin embargo, cuando salen de aquí, cargan con todo el “estigma” de ser de La Legua.

Apenas termina la canción, de a uno se acercan al cajón para tocarlo y despedirse de su amigo. “Hermano, siempre te recordaré, fuiste pulento”, dice uno. “Isra, lo conseguiste, ¡moriste choro!”, grita el Pitilla al salir de la habitación, al tiempo que saca de entre sus ropas una pistola 9 mm. Nadie se inmuta.

En la puerta de la casa el Pitilla martilla el arma, la levanta al cielo y deja escapar los primeros balazos al aire. En sólo segundos desde todos los rincones surgen brazos armados que al unísono comienzan a disparar al aire. El ruido es ensordecedor. También intimidante para los que hemos visto estas escenas sólo en películas.

Los presentes sólo se cubren los oídos. A no más de dos cuadras está un blindado de las Fuerzas Especiales (Gope) de Carabineros de la 50ª comisaría de San Joaquín que rápidamente sale marcha atrás desapareciendo del lugar.

-Levanten el cajón en brazos. Vamos a dar la vuelta por el pasaje, de ahí volvemos y nos vamos –ordena Joseph Azola Martinez, primo hermano de Israel y quien se ha hecho cargo del funeral.

Desde el jockey a las zapatillas que viste Joseph son de marca Lacoste. En su pecho luce una gran “I” de oro con circonios. La misma que solía llevar Israel y que mandó a hacer especialmente a una joyería del centro de Santiago pagando por ella 2 millones 400 mil pesos.

Siguiendo el rito narco de La Legua Emergencia, Joseph organizó cada detalle del sepelio para demostrar su poder. Para la noche del velorio compró 35 litros de whisky Johnny Walker. Luego, pasó marihuana para hacer un “pito” de más de 20 centímetros que se dejó en un cenicero encima del cajón y que fue siendo consumido por los que vinieron a pasar la noche junto al cuerpo de Isra.

Al día siguiente Joseph repartió más de 500 balas y exhibió lo mejor de su arsenal para el ritual de despedida: pistolas 9 mm, revólveres y una escopeta calibre 12 que algunos se disputaron por su alto poder de fuego. Las 10 camionetas van que contrató para el cortejo al cementerio ya esperaban en la calle.

-Soy el encargado de recibir el pago. Son $40 mil por cada Van. Eso suma 400 mil pesos –le dice el chofer de una de ellas a Joseph.

Azola le pide a su madre que le traiga dinero. Sonia Martínez entra a la casa y sale a los pocos minutos con una bolsa del tamaño de una pelota de fútbol llena de monedas de 50 y 100 pesos.

-Aquí tienes $200 mil, el resto te lo doy en billetes –le dice Joseph al cobrador, sacando un fajo de billetes de uno de los bolsillos de su pantalón.

Las armas se guardan debajo del sillón del living y el cortejo parte. José Benito Ormeño, antiguo habitante de la población y dirigente de la asociación “Raíces de la Legua”, tiene pena por la muerte de Israel, pero algo lo incomoda. El ritual de su despedida va en contra de lo que ha sido por años su lucha: despojarse del mito de que todos en La Legua son delincuentes.

-Esta manera de mostrar status disparando y gastando tanto dinero yo la repudio. Se lo digo a los chiquillos, pero no me hacen caso. Es su manera de protestar contra el sistema, de rebelarse ante esta sociedad -afirma Ormeño.

LAS “OFICINAS” DE LA LEGUA EMERGENCIA

La Legua fue una de las primeras poblaciones obreras de Santiago que albergó a los trabajadores del salitre que emigraron del norte cuando esta industria extractiva inició su declive en el siglo pasado. La llamaron así porque quedó ubicada a “una legua” del centro de Santiago.

Y se convertiría en “La Legua Vieja” cuando en 1947 un grupo de pobladores sin casa protagonizaron allí una de las primeras tomas de terreno en la capital dando paso a “La Legua Nueva”. En 1951, la Municipalidad de San Miguel aprobó un loteo de sitios para familias que debieron ser desplazadas de poblaciones callampas emplazadas en la insalubre ribera norte del río Mapocho y de conventillos de la Manzana Alta del canal La Punta. Entonces nació “La Legua Emergencia”.

El popular barrio se convertiría en feudo de la izquierda tradicional con fiestas callejeras y una ebullición política que la marcaron a fuego. Porque en septiembre de 1973 la violencia inundó sus calles y arrasó con todas las organizaciones sociales. Los muertos de aquellos días serían el preludio de lo que vendría más tarde.

Hoy, con sus 1.093 viviendas (de 3 metros de ancho por 22 de largo) y aproximadamente 3.293 habitantes, ni la ley ni el Estado han logrado instalar un pie en La Legua Emergencia. Son sólo 5 cuadras de largo y 11 pasajes que la cruzan de norte a sur. Una superficie explosiva de 15,36 hectáreas que con sus calles sin salida y sus casas interconectadas ha conseguido poner en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

Narcotraficantes y delincuentes imponen sus reglas. Y la violencia extrema. Al interior, sin rejas pero bajo el terror permanente, cientos de familias se ven obligadas a vivir al igual que prisioneros en sus viviendas.

De las 1.093 casas, más del 10 % estarían deshabitadas, según fuentes policiales. No son casas en ruinas, sino inmuebles utilizados como “oficinas” –caletas de distribución y consumo- del narcotráfico. Una cifra que constatamos en terreno.

-En esta cuadra hay varias casas que han sido compradas por extraños. Son narcotraficantes que se las pasan a sus cómplices para usarlas como almacén. Y a veces pasan cosas muy raras. Cuando uno de los importantes cae, datea a la policía con droga que hay en otra casa. Pero son ellos mismos. Lo hacen para obtener rebajas con los ratis –nos cuenta uno de los vecinos antiguos.

Las llamadas “casas cargadas” están listas para ser usadas por un narcotraficante cuando cae detenido. Una vez que es llevado a la fiscalía, entrega el dato y obtiene atenuantes para pasar menos tiempo bajo rejas.

LOS “SOLDADOS”

A pesar de todos sus esfuerzos, los habitantes de La Legua Emergencia deben luchar a diario contra el estigma de vivir en una población cuya sola mención genera miedo y sospecha. Y también contra la tentación del dinero fácil que les ofrecen los narcotraficantes que han convertido a esa población en refugio de avezados delincuentes.

-Aquí nos conocemos todos. Sabemos perfectamente cuando entra gente de afuera y a qué viene. Por eso es que para entrar, si no vienes “recomendado” o con alguien de aquí es muy posible que te asalten. Porque aquí todos nos protegemos –me dice el primer día que ingreso al sector un hombre de no más de 30 años.

Como muchos otros, W.M. pasa varias horas al día parado en una esquina. Hoy está justo en la esquina de Sánchez Colchero con Jorge Canning, a la entrada de uno de los tres pasajes más peligrosos de La Legua Emergencia.

-¿Qué haces aquí? -pregunto

-Yo “presto guata”, compadre. He estado muy mal y me han ayudado, así que trabajo prestando guata. Ahora uno no se debe cuidar sólo de los pacos y de los ratis, hay mucho huevón brígido. (Ver glosario en la presentación multimedia)

A sus 29 años, W. M. es un “soldado” de los narcotraficantes del pasaje Sánchez Colchero. Atrás quedó su propia lucha contra la droga en un tratamiento inútil. Su trabajo es la protección y la vigilancia. De la policía y de otros “soldados” de narcos que pueden intentar robar la droga que está a la venta.

Un mes después regreso nuevamente a La Legua Emergencia. Me cuentan que W.M. anda “piola”, que se enfrentó pistola en mano a unos hermanos, pero no disparó. Ahora los dos hermanos han jurado vengarse y lo buscan para matarlo.

COMPRA DE LEALTADES

Son las 7:35 del miércoles 6 de octubre. La hora recomendada por los vecinos para recorrer La Legua Emergencia sin problemas. Entre sus pasajes de casas continuas, bajas, estrechas y de distintos colores, destacan antenas de TV cable y uno que otro auto del año estacionado en el frontis de la vivienda de su propietario. Algunos vehículos valen hasta diez veces el valor de la casa. Un curioso contraste entre pobreza y opulencia en este sector de la comuna de San Joaquín donde vive parte de ese 13,5% de las familias que según la última encuesta Casen engrosan los índices de pobreza.

A esta hora sólo se ven por sus calles niños en uniforme escolar, vecinos que salen a sus trabajos y perros callejeros. Por la mañana, los “soldados” que se toman esquinas y entradas de pasajes, los mismos que disparan a los carros policiales y hacen respetar las leyes de los narcos, duermen.

-Es la hora que usamos para sacar fotos y chequear la información sobre las casas usadas como “oficinas”. Cuando los traficantes se percatan que la policía está detrás, se cambian de casa o las pintan de otro color ya que nosotros las reconocemos por los colores. Solo en las que viven familias honestas se mantienen los números en la entrada -comenta Juan León, detective de la PDI.

Otra señal que devela la existencia de una “oficina” son las puertas de fierro. Actúan como barrera en los operativos para retrasar la entrada de los policías mientras los narcos escapan por escaleras que comunican con los techos o túneles subterráneos.

-En algunas ocasiones, después del operativo, se ha procedido a requisar las puertas blindadas. Pero al día siguiente ya la han suplantado por una nueva -afirma el subinspector de la PDI, Germán Bravo.

A las 11:25 las calles de La Legua Emergencia adquieren otro ritmo. Otra vida. Cada entrada de pasaje está ocupada por hombres de entre 20 a 40 años en actitud de vigilancia. Alertas a todo movimiento de personas y vehículos. Unos silbidos de tono corto y rápido se sienten a lo lejos. A los segundos se divisa un furgón de Carabineros que avanza lento, muy lento. Algunos de los “soldados” que custodian las esquinas hacen discretos gestos hacia un grupo que conversa en la entrada de una casa-oficina. Al instante los hombres desaparecen en su interior tras cerrar el portón de fierro.

A esta hora solo transitan quienes habitan en esas calles o tienen salvoconducto de los “soldados” o de alguna banda para entrar a comprar droga. “Aquí no se entra a vitrinear. Por eso te dije que me esperaras en Santa Rosa”, nos dice J.M., madre de varios hijos y que tiene a casi toda su familia presa por tráfico de drogas:

-Nosotros vivíamos bien. Mis hermanos trabajaban en un puesto en la feria y no nos faltaba para comer. Pero cuando te ofrecen en una semana lo que tú ganas trabajando duro en dos meses, ese dinero fácil nos tentó. Nos metimos todos y acabamos perdiendo el puesto en la feria. Ahora, cuando voy a visitar a mis hermanos a la cárcel, ellos recién se dan cuenta que no valió la pena -confiesa.

J.M. se queda pensativa. Frente a una casa del pasaje Karl Brunner un joven maniobra arriba de una escalera artesanal casi colgado de los cables de luz.

-Es el Marco Yegua, se hace sus monedas colgando a los vecinos de la luz por $30 mil. A muchos les conviene porque Chilectra no se atreve a mandar gente a descolgarlos. Lo mismo pasa con el agua. Aquí muy rara vez te cortan el agua o la luz. No se atreven a entrar. Por eso, aunque lo pasen mal, mucha gente se queda aquí: tiene ciertos privilegios y es mas barato vivir en La Legua –nos cuenta nuestra guía.

A medida que avanzamos las miradas y gestos de los que están parados en puertas y esquinas aumentan. Mi guía responde con señas de negación o con un raro movimiento de manos.

-Unos preguntan si eri rati, otros si estai buscando merca. A los primeros les dije que no y a los segundos que sí. Por eso me hacían el gesto para que les compres a ellos –me explica.

En otro pasaje me encuentro con Rosa (31). Desde hace una semana la fiebre y los dolores mantienen en cama a Miguelito (8), el mayor de sus tres hijos. Ya no queda nada que comer en su casa. Desde que nació su hijo menor, hace ya dos años, Rosa es el único sustento de sus hijos.

-Desde que mi hijo comenzó con la bronquitis tuve que dejar de ir a trabajar. Y como trabajo haciendo aseo y me pagan por día, ya no tenía a quién más pedirle prestado dinero –cuenta.

En la desesperación, decidió pedirle ayuda a su vecino. Rosa sabe que es narcotraficante y también, que en múltiples ocasiones ha ayudado a vecinas de su pasaje en problemas. A cambio de protección y ciertas complicidades.

-Me quede esperando detrás de la ventana hasta que a media mañana llegó en su camioneta. Salí muy nerviosa a la calle. Lo saludé. El ya sabía que mi hijo estaba malito. Le conté que no mejoraba, que no podía salir a trabajar y que necesitaba algún trabajo en la población para poder comprarle medicamentos y llevarlo al hospital. Se metió la mano al bolsillo, sacó $130 mil y me dijo: “Tome vecina, pero yo no quiero que se meta en esta huevada. No vaya a ser que después la detengan y se queden sus hijos tirados” –cuenta Rosa.

La mujer le agradeció. Pero se siente culpable al recordar a su marido. Una noche de viernes, cuando él volvía del trabajo en su motocicleta, lo atropelló una micro. Su esposo era nacido y criado en La Legua Emergencia y apenas salió del liceo se fue a trabajar a la misma empresa que empleaba a su padre. Muchas veces los narcos le vinieron a pedir su moto para hacer “unos encargos” a cambio de dinero, pero él jamás aceptó. “Era muy estricto con esto de la droga”, recuerda Rosa.

-Imagínese lo mal que me sentí por ir a pedirle dinero a mi vecino… ¡Pero cómo después de lo que me ayudó lo voy a denunciar! Imposible. Así como yo hay muchas mujeres y familias en esta población que aunque rechacemos esta porquería les debemos lealtad –afirma.

Carmen (37) y Luis (42) saben bien de lo que habla Rosa. Hace algunos años, cuando el matrimonio empezó a ver a narcotraficantes pasarles droga a los niños del barrio frente a su casa, decidieron enfrentarlos. Un día, Luis vio a uno de estos “soldados” (el Gigio), llevarse su bicicleta. Salió tras él y lo vio refugiarse en una casa del pasaje Zarate.

-Eran las 2 de la tarde. El pasaje estaba lleno de gente. Me acerqué a la puerta y le pedí que me devolviera la bicicleta. En cosa de segundos, el Gigio salió con un revólver y me disparó tres balazos a quemarropa. Y ya no supe más nada. Diez días después me desperté en el hospital – recuerda Luis.

En el Hospital Barros Luco el neurocirujano Mario Canitrot le dijo que un 90 % de los pacientes con la misma pérdida de masa encefálica que él tuvo, en el mejor de los casos queda parapléjico. Después de 10 días en coma, 23 días hospitalizado y 4 meses de recuperación, Luis volvió a trabajar. Y se siente un privilegiado. A medias. Porque por miedo no hizo la denuncia. Desde entonces, él y su señora prefieren “no ver” lo que ocurre más allá de su puerta. El autor de los disparos vive a dos cuadras de su casa.

Paz Ciudadana amenazada

Desde hace años la opinión pública escucha de la inminente intervención estatal de La Legua Emergencia. Como la gran operación policial que tuvo lugar en 2002 y que al poco tiempo terminó con los narcotraficantes nuevamente dueños del territorio. El año pasado, en diez operaciones y con un minucioso trabajo de inteligencia, el grupo antinarcóticos de la Brigada Criminal de la PDI de San Miguel, encabezada por Oscar Norambuena, consiguió incautar 3.148 gramos de clorhidrato de cocaína, 12 kilos de pasta base de cocaína y 27 kilos de marihuana procesada. 44 detenidos y 3 vehículos incautados completan el balance.

Las incautaciones de drogas y encarcelamiento de algunos de los que manejan el mercado de la droga han seguido alimentando la esperanza de los vecinos. Pero la percepción general de los habitantes de La Legua Emergencia apunta a que los niveles de delincuencia han aumentado en los últimos 12 meses.

Así lo reconoció en la primera quincena de octubre el 90 % de los encuestados por la Municipalidad de San Joaquín a pedido de la Fundación Paz Ciudadana. Los siete encuestadores que desembarcaron en su primer día en terreno en la esquina de Comandante Riesle con Juegos Infantiles también lo constataron.

-No habíamos dado dos pasos cuando aparecen dos camionetas y nos cierran el paso. Se bajan unos jóvenes y nos advierten que si entramos ellos no se hacen responsables si nos pasan “cosas malas”. Claramente era una amenaza. La encargada del grupo decidió que volviéramos al centro comunitario. Las siguientes encuestas las tuvimos que hacer invitando a las personas a acercarse a nosotros y no concurriendo a sus casas, como se hace en la mayoría de las comunas –relata P.A., psicóloga del grupo “Previene” de la Municipalidad de San Joaquín.

EL GUATON JULIO: EL ZAR DE LA DROGA

A las 23:21 horas del viernes 15 de octubre una limousine Hummer negra ingresa a La Legua Emergencia por calle Jorge Canning. El lujoso auto se detiene en el número 556. Nada distingue por fuera la casa escogida. Un pequeño portón de fierro enchapado en madera esconde la entrada.

Un adolescente de jockey negro y pantalones anchos sale de la casa seguido de otros cuatro jóvenes de similar aspecto. Con movimientos rápidos suben al vehiculo que enfila rápido hacia Santa Rosa. Ya son decenas de pobladores los que han salido a mirar la limousine que recorre las calles que ni siquiera la policía se atreve a transitar. Nadie tira una sola piedra.

Todos saben que allí arriba va J.F., el hijo de uno de los hombres más poderosos de La Legua Emergencia y el más escurridizo para las policías. También el más temido. Para los 15 años de su hijo, Julio Fuentes Arancibia, más conocido como el Guatón Julio, arrendó una Hummer (a $230.000 la hora) y la sala 2 del teatro Caupolicán (a $600.000). Pero a J.F. lo esperan nuevas sorpresas esa noche. Su padre ha contratado a los “Regeton boys”, la banda top de los adolescentes y a una ex protagonista del programa juvenil de TV “Yingo” para animar la fiesta (Ver galeria de fotos). No hubo límites en los gastos. Cercanos a Fuentes Arancibia que participaron del festejo dicen que desembolsó unos $15 millones.

Fuentes tiene recursos. De orígenes difusos. Todos los habitantes del sector saben que es uno de los hombres que controla el mercado de la droga. Pero en Chile sólo registra una corta estadía en la cárcel.

Han transcurrido 40 días desde la celebración del hijo del Guatón Julio en el Caupolicán. Aún resuenan en las calles de La Legua Emergencia los comentarios por el festejo apoteósico. Pero este jueves 25 de noviembre otro sonido provocará la estampida de las cucarachas. El ruido de motores que invade la calle donde habita el Guatón Julio es de una flota policial. Tampoco habrá reggaeton, sino balas y gritos. Julio Fuentes Arancibia acaba de ser detenido. Debajo de su cama de dos plazas la policía encontró un kilo de cocaína.

-El Julio está en el lado oscuro, pero en la casa jamás guardamos nada. Eso lo pusieron los ratis y lo vamos a demostrar -me dice en tono enérgico su esposa, Maria Pinto, quien insiste en que la policía “lo cargó”.

Otros kilos de la misma droga pero sin refinar se descubrieron en una de las “oficinas” del Guatón Julio en Colchero. En la misma casa -comprada en 2004 por una persona que sólo prestó su nombre- el 28 de octubre se habían descubierto 3 kilos de clorhidrato de cocaína. El inmueble registra más de 10 allanamientos en los últimos seis años.

La defensa de Julio Fuentes, en prisión preventiva por ahora, tendrá 120 días (hasta marzo) para probar que su cliente no ejerció maltrato de obra a la policía y tampoco infringió la Ley de Drogas. Los mismos días de que dispone la fiscalía para probar que es uno de los zares de la droga de La Legua Emergencia.

A la caída del Guatón Julio se agrega la detención de uno de sus “soldados”: Orlando del Carmen Orellana Rodoureira. Su trabajo principal era ser pistolero y “canguro” (guardar y custodiar armas). En su prontuario se inscribe su historial como lanza en Argentina y siete años de cárcel por homicidio.

TODO PARTIO CON EL PERILLA

Hasta mediados de los ‘90, si bien La Legua Emergencia albergaba un gran número de delincuentes, esto no la diferenciaba de otros barrios bravos de la Región Metropolitana. Hasta que llegó el lanza internacional Manuel Fuentes Cancino (el Perilla), quien instaló allí su cuartel central de narcotráfico.

Fuentes fue el primero que empezó a transitar por la población en buenos autos y siempre custodiado por tres o cuatro guardaespaldas armados.

José Ormeño, dirigente de la asociación Raíces de La Legua, conoció a Manuel Fuentes Cancino en sus dos facetas: lanza y narcotraficante.

-El Perilla era un choro respetado y querido en toda la comuna. Cuando sabía de un vecino que lo estaba pasando mal, no dudaba en ayudarlo. Yo lo vi ayudar a mi vecina porque no tenía dinero para comprar útiles para el colegio de su hijo. En Navidad, repartía regalos para los niños más pobres de la población. El llegó por seguridad para su negocio. En El Pinar, donde vivía con su familia, no estaban las condiciones que se dan aquí –cuenta José.

Casas iguales contiguas e interconectadas, pasajes cerrados, gente con necesidades extremas que él ayudaba y que le devolvían la mano con silencio. Un territorio ideal para su negocio. Fuentes Cancino comenzó comprando varias casas para ocuparlas como “oficina”. Ahí llegaba la droga y se distribuía para todo Santiago. También hacia el extranjero. Como las fachadas de las casas son todas iguales y no tenían número en la entrada, él mandó a pintar todas las casas del mismo color. Un eficaz método de protección.

En esa época comenzaron a aparecer los primeros “soldados” y “sicarios”: hombres que aseguraban la protección de su negocio que fue en ascenso. Pero aún así las balaceras no eran parte de la rutina de los habitantes de la población.

-Hasta ese momento aquí uno convivía con delincuentes y choros, pero para nosotros la vida no era insegura porque nos respetaban. Y si algún choro tenía un problema con otro, se agarraban a combos, a lo sumo a cuchillazos, pero era muy raro ver un arma en una pelea vecinal –dice un vecino antiguo.

Todo cambió en 1999, cuando Fuentes Cancino (el Perilla) fue detenido. Un duro golpe para la banda del hombre sindicado como jefe del “Cartel de La Legua”.

El narcotráfico no tardó en reorganizarse en un nuevo cartel: “La Banda de los 40”. Con la ayuda de celulares introducidos por algunas de las visitas o gendarmes a los cuales pagaba en dinero o en especies, el Perilla consiguió mantener desde su celda el control de la droga que se distribuía en el sector sur de la capital.

Los líderes principales del nuevo “Cartel de los 40” eran dos sobrinos del Perilla: Julio Fuentes Arancibia (el Guatón Julio) y su hermano, Juan Fuentes Arancibia (el Vaticano).

A fines del 2003, la PDI consiguió desbaratar la banda. En el juicio, las escuchas telefónicas fueron la prueba de que todas las operaciones eran dirigidas por el mismo Perilla desde la cárcel.

Fuentes Cancino fue trasladado a la que hasta ese momento era usada solo para reos por delitos terroristas: la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mientras los principales líderes de la banda fueron condenados a distintas penas de reclusión.

-Ahí quedo la escoba: ¡cayeron casi todos! Y los que quedaron libres a los pocos días ya se estaban disputando la droga que no había sido incautada por los ratis. Todo cambió. Aparecieron los “picao a choros” y los balazos iban y venían los fines de semana y hasta en la feria de los jueves o los domingos, porque varios se las dieron de traficantes -cuenta la pareja de uno de los condenados.

-Cuando el “Cartel de los 40” entró en guerra las balaceras se escucharon prácticamente todos los fines de semana y empezamos a tener los primeros muertos en las calles -dice un vecino de rostro abatido.

Todos los vecinos han vivido en primera línea la guerra que dio paso a nuevas bandas del crimen organizado. El campo de batalla han sido las calles y pasajes de La Legua Emergencia. Y sus primeras víctimas, sus habitantes. (Vea el multimedia: Los dueños del narcotráfico: ¿Quién controla hoy la Legua Emergencia?)

*Una versión de este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 7 de enero de 2011.

*Vea además la entrevista: Párroco de La Legua: “La batalla contra la droga ya la perdimos”

*Vea el multimedia: ¿Quién controla hoy el narcotráfico en La Legua Emergencia?

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Vea la galería fotográfica de La Legua Emergencia

*Las fotografías aereas de la Legua son gentileza de Aerotop.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Desde el año 2000 han sido asesinados 49 periodistas en México, ocho están desaparecidos y decenas han recibido amenazas. Según Reporteros Sin Fronteras, es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El primero es Iraq. Hace poco más de tres años, unos encapuchados atacaron el diario El Mañana de Nuevo Laredo, una ciudad enclavada en la frontera norte. El reportero Jaime Orozco Tey, quien aquel 6 de febrero de 2006 cumplía 43 años, resultó gravemente herido de cinco disparos. Quedó en silla de ruedas. Esta es la reconstrucción de un atentado por el que aún no hay ni un solo detenido.

Algo acaba de explotar. El estallido ha dejado un hueco en el piso y ha repercutido en el estómago de todos. Unos encapuchados entran y aprietan con sus manos las culatas y los gatillos de las ametralladoras. Son manos que actúan de manera automática. Disparan a todos lados. Las balas perforan paredes, rompen vidrios y lámparas, un cuerpo humano.

Y esos que disparan, ¿son dos, tres? ¿Quizá hay más? ¿Otros allá afuera?…

¿Es posible? Sentir de repente una bofetada de pavor ante el estruendoso eco de los disparos. ¿Eco? No, es la siguiente ráfaga.

Miedo. Silencio. Un silencio espeso y extraño. La resonancia sorpresiva de lo que acaba se pasar y la incertidumbre de lo que vendrá.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Es ese grito y más ráfagas. Y otra granada.

No, esto no es un campo de batalla. Es la redacción de un periódico.

Aquí ya todo es posible.

Apenas esta mañana la jornada de trabajo se desarrollaba sin sobresaltos. Quizá porque este lunes parece domingo. Hoy es 6 de febrero de 2006 y ayer se conmemoró un aniversario más de la Constitución mexicana. Por disposición oficial, el día de asueto es hoy. Por eso, los que acuden a trabajar reciben doble paga. Esto lo han tomado con gusto por lo menos aquellos que forman parte de los departamentos de Redacción, Fotografía y Diseño del rotativo El Mañana, el más influyente de Nuevo Laredo. Solo a los que pertenecen al área administrativa y a los empleados del comedor les han concedido descanso.

Entre los reporteros y editores se respira satisfacción profesional. El periódico publicó en primera plana el fin de semana una lista con nombres de reporteros (entre ellos uno de El Mañana), columnistas y medios informativos que, incluidos en una nómina, reciben dinero de la alcaldía local. La nota despertó varias reacciones en distintos sectores de la sociedad. Este lunes algunos reporteros han salido a recabar más opiniones, sobre todo de los regidores de oposición. En la agenda informativa también está el seguimiento del caso de la colonia Blanca Navidad, un predio, al poniente de la ciudad, habitado por unas 800 familias que llegaron ahí porque no tenían dónde y que fue desalojado de forma violenta la semana pasada.

Al mediodía, la primera plana para la edición de mañana martes va tomando forma. Después de acudir, como todos los lunes, a los honores a la bandera en la explanada de la alcaldía, un reportero ha llegado al periódico para buscar en el archivo fotográfico imágenes que evidencien a unos maleantes detenidos, pues hasta hace unas semanas eran policías federales, y nadie ha hecho público ese detalle.

Lo más probable es que esa sea la nota principal. Y también el seguimiento de los periodistas corruptos debe ocupar un lugar destacado. Además, hay dos noticias sobre los candidatos presidenciales: la Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado a cargo de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador al general Audomaro Martínez y Felipe Calderón ha negado un gasto millonario en su campaña publicitaria. Del otro lado del mundo, la francesa Isabelle Dinoire ha mostrado su nueva cara después del trasplante facial que le han realizado. Algunas notas locales, deportivas y de espectáculos van terminándose.

Como hoy el comedor no funciona, varios empleados encargan comida. Luego, los dedos comienzan a caer sobre las teclas de la computadora. El trabajo se combina con algunos momentos de charla de cuya utilidad a veces se duda, risas, pasos. Hasta este momento, todo indica que en unas horas se cerrará la edición y todos volverán a casa un poco más temprano que de costumbre.

Nuevo Laredo está en la frontera entre México y Estados Unidos. Era parte de Laredo, Texas, hasta que en la guerra entre estos dos países México perdió la mitad de su territorio. Entonces, en 1848, la ciudad se tuvo que partir en dos. Al norte del río Bravo quedó Laredo y al sur, Nuevo Laredo. Con el paso de los años comenzaron a trazarse las actuales calles y avenidas, a construirse casas para ser habitadas, en su mayoría, por gente foránea que quería iniciar una nueva vida aquí y algunos edificios y hoteles para los “turistas de negocios”. Por Nuevo Laredo pasa una tercera parte del comercio exterior de México. Tiene cuatro puentes internacionales por donde circulan todos los días peatones, carros particulares, autobuses de pasajeros, camiones cargados de mercancías. Durante la Navidad, hay largas filas de automóviles de “paisanos”, que es como llaman a los mexicanos que se han ido a vivir a Estados Unidos pero que regresan en esas fechas a ver a sus familias.

Hoy es una ciudad de cerca de medio millón de habitantes. Aquellos que cuentan con la visa estadounidense cruzan la frontera seguido solo para ir de compras a Texas. Sobre todo en las temporadas en que los centros comerciales comienzan las rebajas.

El clima en Nuevo Laredo es extremo. En invierno la temperatura puede descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero. Pero en verano hay que aguantar 40 grados centígrados de un calor seco, asfixiante. Estas condiciones no impiden que a lo largo de todo el año, pero en especial durante la primavera, la ciudad se convierta en una de las principales antesalas para los migrantes indocumentados. Llegan de muchas partes del país y de Centroamérica dispuestos a cruzar el río para alcanzar el territorio estadounidense.

Pero por este paso fronterizo, además de seres humanos, se trafican drogas. Los narcotraficantes han hecho de esta ciudad una plaza clave para su negocio. Desde hace varios años, la violencia es cosa de todos los días. Las bandas de narcos se matan entre sí, matan a sus vecinos, a los policías o a los soldados que intentan combatirlos. Y cuando algo que los incomoda aparece en un medio de comunicación, amenazan a los periodistas o quizá algo peor.

Durante años, los periodistas de El Mañana han trabajado bajo cierto grado de censura, de pavor, de riesgo. Un riesgo cercano y tangible en varias ocasiones. En 1996, por ejemplo, Ninfa Deándar, presidenta y dueña del periódico, y sus hijos fueron amenazados de muerte. Se distribuyó entonces un folleto lleno de infamias contra ella sin que nadie impidiera su circulación. En cambio, en noviembre de ese mismo año, Ninfa Deándar fue sometida a un proceso judicial por difamación, acusada por la entonces alcaldesa Mónica García Velázquez.

El periodista Raymundo Ramos, a su vez, fue secuestrado durante unas horas y conminado a que “ya no atacara al gobernador” de Tamaulipas, Manuel Cavazos.

Pero el más rotundo atentado contra El Mañana sobrevino el 19 de marzo de 2004. Poco después de salir de la redacción, en la madrugada, y cuando se hallaba a las puertas de su casa, fue asesinado a puñaladas el director editorial del diario, Roberto Mora García.

Del año 2000 a la fecha en México han asesinado a 49 periodistas, ocho han sido desaparecidos y decenas, amenazados. El último deceso ocurrió el domingo 22 de febrero. Luis Daniel Méndez Hernández, un reportero de La Poderosa, una estación radial de Tuxpan, en el estado de Veracruz, fue baleado por la espalda. Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, después de Iraq, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Con el caer de la noche, la tranquilidad instalada durante el día parece esfumarse en El Mañana. En la recepción del edificio hoy se encuentra un guardia de seguridad. La recepcionista tuvo el día libre. Es un hombre fuerte, maduro, casi 50 años, con nietos. A unos cuantos metros de la recepción, siguiendo un pequeño pasillo, están las oficinas de las subdirecciones Local y Nacional, ocupadas por sus respectivos encargados. En el primer pasillo de la redacción, el que da hacia la calle, un editor, dos correctores de estilo y el director de La Tarde –el diario vespertino de Editora Argos, la misma empresa que edita El Mañana– revisan algunas notas. En el segundo pasillo hay tres editores y un reportero, quienes se encargan de los últimos detalles de las secciones Nacional, Local y de la revista, para integrar el primer tiro del diario. En el tercer pasillo, la sección deportiva está terminando de editarse. De pie, frente a un mapa de la ciudad colgado en la pared, dos reporteros revisan unas fotos. Uno de ellos es Jaime Orozco Tey.

El baño de mujeres está ocupado por una editora. Las acristaladas sala de juntas, oficina central y oficina de edición de Local se encuentran vacías y con las puertas cerradas. En el departamento de Diseño hay ocho personas frente a las computadoras cumpliendo sus funciones. En Fotografía Digital hay una única persona, al igual que en la oficina de Clasificados. Arriba, en el segundo piso, una muchacha termina de hacer el aseo cerca del área de sistemas, en donde se encuentran dos más. La rotativa permanece vacía porque los trabajadores no llegan hasta las 9 de la noche. A lo mucho, dentro del edificio hay unas 40 personas.

Faltan 17 minutos para las 8 de la noche y es entonces cuando se escucha la explosión.

Han lanzado una granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales, pero se cimbra todo el edificio, como si se tratara de un temblor. Del techo cae tierra y polvo.

La mayoría de la gente corre para resguardarse. Se dirigen hacía Diseño y Prensa. Hay quien solo alcanza a tirarse al suelo para esconderse bajo los muebles de las computadoras. Y ahí permanecen, quietos.

Los encapuchados entran por la puerta principal del edificio y comienza la balacera.

Todos permanecen quietos. Intentan imaginar qué es lo que puede pasar. Hay nerviosismo. Se siente miedo, un miedo físico y atroz. Un miedo real, sin paliativos ni defensa. Quizá de esta ya no los libra nadie.

A las 7:45 por la calle pasa una señora con su hijo a bordo de un auto. La luz roja del semáforo en el cruce de las calles Juárez y Perú, la esquina donde está el periódico, le indica que se detenga y los sonidos de los balazos que se voltee. Pero la mujer se pasa el alto con aparente tranquilidad. Porque así son las cosas aquí en Nuevo Laredo: haces como que no ves ni oyes para no meterte en problemas.

Antes de aventar otra granada los sicarios siguen descargando sus armas y lanzan su sentencia.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Otra explosión. De nuevo parece que el edificio se derrumba. El sonido es similar a cuando se echa abajo una construcción. El polvo dificulta la respiración. Arden las narices.

Tensión. Miedo de no saber actuar a la altura de las circunstancias. Ojos desencajados. Rostros fruncidos, estupefactos. Es todo tan confuso. Sucede tan rápido. ¿Ya habrán matado a alguien? ¿Llegarán hasta nosotros?

En el instante en el que solo existen los estampidos de los disparos todo parece detenerse. Apenas se alcanzan a escuchar los gemidos truncados y el ruido de un cuerpo al caer. Dos minutos suelen ser muy poco tiempo, pero ahora parecen una eternidad.

Unas cuantas ráfagas más y los tipos se despiden.

Afuera, tres carros y dos camionetas, vehículos que cercaron las esquinas Morelos-Perú y Perú-Juárez, encienden motores. Se escapan a toda velocidad. Adentro, quedan los boquetes producidos por las granadas y las balas, vidrios rotos, el miedo.

Silencio. ¿Se han ido? Sí, parece que ya se fueron. Hay quien tiene por un momento la sensación de ser el único sobreviviente. Viene el desdoblamiento, el horror, el estremecimiento de presenciar una pesadilla. ¿Qué hacer? Las miradas se encuentran. No se pronuncian palabras. Es suficiente verse reflejado en los ojos de los otros. Es sentirse unidos en esta vida que ahora parece escaparse. ¿Llorar?

Alguien se queja.
—¡Ayuda!… ayuda —grita lo más fuerte que puede.

Al principio nadie le responde y mucho menos salen de sus escondites por temor a que los encapuchados regresen. No saben todavía que el que pide ayuda es Jaime Orozco Tey ni que su cuerpo está perforado por cinco disparos. Cuatro los recibió por la espalda y le dañaron la columna vertebral y un pulmón. Un proyectil más le perforó el hombro por delante.

Tey, como le dicen todos sus compañeros, está cumpliendo hoy 43 años de edad. Hasta este momento, 15 de ellos en el periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, tiene dos hijas y es bromista. Es el reportero de guardia de El Mañana. Entra a las 5 de la tarde y sale a la 1 de la madrugada. Cubre los sucesos que surjan durante ese horario o ayuda a algún editor si la jornada está tranquila.

Mientras comenzaban los disparos, Tey y otro reportero se encontraban frente al mapa que está a la entrada de la redacción. Ambos revisaban unas cuantas fotografías y seleccionaban la que habían de publicar para evidenciar que los maleantes detenidos hace unos días fueron policías federales. Tey dio media vuelta para dirigirse a la subdirección editorial Nacional. El otro reportero, en sentido contrario, se adentró en la redacción. Los encapuchados lanzaron la granada y las esquirlas cayeron en el rostro de Tey. Luego vinieron las ráfagas que lo lesionaron mientras él permanecía detrás de una pared de tabla roca.

La editora que estaba en el baño se quedó ahí durante la balacera. Apagó la luz, se refugió en un rincón y no hizo ruido. Al salir pensó que encontraría a todos sus compañeros muertos. Diseñadores y reporteros habían corrido para esconderse en Prensa, entre la tinta, la maquinaria y los rollos de papel. Un chico, corrector de estilo, salió de la oficina de la subdirección editorial Nacional, subió unas escaleras. En el segundo piso se encontró con la muchacha de la limpieza y ambos corrieron hacia el pequeño patio que está afuera del comedor. Los subdirectores editoriales solo alcanzaron a esconderse debajo de sus escritorios.

Después del tiroteo la que reaccionó primero fue la persona de la oficina de Clasificados. Se dirigió a la puerta. Con calma, despacito. Pero alguien la vio y de inmediato la jaló para esconderla una vez más. Los matones pueden volver, pensaban.

Poco a poco, todos salían e iban acercándose a Tey.

El dolor del reportero herido se transmite al instante a todos los que le observan. Y esa es la señal de que ya todo es posible. Así ha quedado trágicamente claro. Ya no solo matan a los periodistas, también atacan sus centros de trabajo.

Cada respiración de Tey parece un paso más hacia el final. Hay tanta sangre. Está derrumbado de espaldas y a primera vista solo se percibe el disparo que tiene en el hombro, pero ese enorme charco de sangre que tiene abajo indica algo más.

Luego se sabrá que las heridas producidas le dañaron parte de la médula ósea y que además tuvieron que extirparle unos 30 centímetros de intestino afectado por las balas. Quedó en silla de ruedas después de permanecer cuatro meses hospitalizado.

El vigilante se levanta del suelo. Toma el teléfono de la recepción y llama a la policía. Alguien más avisa de lo sucedido a la presidenta y dueña del periódico, quien llega junto con sus hijos en unos 15 minutos, antes que la policía. Enseguida arriba la ambulancia. Y, al final, los policías, algunos reporteros en busca de la nota y los infaltables curiosos.

Los agentes entran al edificio y examinan el lugar en busca de casquillos. Toman declaraciones y fotografías. “Quizá, solo quizá, fue para intimidar”, es lo primero que dicen.

Ninfa Deándar trata de infundir ánimos a su gente.
—¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo! –les dice.

Algunos no le hacen caso. El shock ha sido descomunal y lo único que quieren es regresar a casa para sufrir en privado. Pero otros aceptan quedarse para sacar adelante el trabajo.

Reciben 89 llamadas telefónicas de medios nacionales e internacionales pidiendo informes acerca de lo sucedido. No obstante, hasta las 10:30 de la noche El Mañana no envía un boletín a diferentes medios y asociaciones de periodistas. Hay quien se encarga de terminar con la revisión de notas y fotos. Otros limpian los vidrios esparcidos por el piso y la sangre derramada que a su paso había manchado las imágenes seleccionadas para la nota de los policías delincuentes. Editores y diseñadores continúan formando planas. Y así lo hacen hasta las 3:32 de la madrugada, hora en que se cierra la edición.

A las pocas horas, El Mañana ya circula en las calles de Nuevo Laredo con un editorial titulado Guerra ajena a la sociedad:

“Desde el asesinato de Roberto Mora vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas. Esto nos llevó a tomar medidas como autocensurarnos con temas delicados donde veíamos riesgos, cubrir exclusivamente los hechos, no mencionar nombres de algunos cárteles; haciendo malabares con la información para tratar de sobrevivir esta guerra ajena al periódico y a la sociedad de Nuevo Laredo.

Tomaron de campo de batalla a Nuevo Laredo, porque esta es una plaza muy peleada. Cruzan seis mil tráileres diarios y las autoridades norteamericanas sólo revisan físicamente 50 o 60. Esto hace a esta plaza más importante que Tijuana o Ciudad Juárez.

¿Quién fue el responsable? (del atentado de anoche). No lo sabemos, pudo haber sido cualquiera. Son fantasmas. Muchas veces nos utilizan a los medios agrediéndonos para perjudicar a la banda contraria y así justificar que la supuesta autoridad ejerza más presión sobre un grupo rival. Es una nueva forma de hacer terrorismo.”

El martes 7 de febrero algunos deciden no ir a trabajar y otros quieren permanecer todo el tiempo encerrados en el edificio ahora custodiado por la policía. Se mandó construir un muro de contención y cámaras de video en la entrada principal del edificio. A los fotógrafos les dieron chalecos antibalas. A raíz del atentado, 28 empleados se fueron del rotativo por miedo. Hubo quien solo se armó de coraje y valor, y algunos de los que se quedaron exigieron un aumento de sueldo a cambio de estar dispuestos a seguir en la ciudad viviendo con ese miedo que aquí es el precio por informar. Se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero todavía los hechos no han sido esclarecidos. Solo se reforzó la hipótesis de que el crimen organizado del narcotráfico podría ser el culpable, pero ni una sola persona ha sido detenida.

Tres años después, Jaime Orozco Tey sigue en rehabilitación y no pierde la esperanza de volver a caminar algún día. Entre los reporteros de El Mañana se impuso algo peor que la censura: la autocensura. El tema del narcotráfico ya casi no se aborda y cuando se hace, las notas salen sin firma. Porque en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México, dar una noticia puede costar la vida.

*Este texto fue publicado originalmente en la revista Séptimo Sello del diario La Prensa de El Salvador.

En el caso de Carabineros, la información acerca de los montos percibidos en la institución por la prestación de servicios a particulares a través de su Dirección de Seguridad Privada (OS-10) se venía solicitando desde 2007, cuando CIPER investigaba los casos de policías vinculados a delitos. Luego se solicitó, con más detalles, en enero de 2009. Las respuestas a ambas petitorias fueron tardías, genéricas e incompletas. Y siempre faltó el dato más importante: cuántos ingresos recibe la institución por dicho concepto. Por eso, apenas entró en marcha la nueva Ley de Transparencia, CIPER pidió nuevamente la información.

El 20 de abril se envió una nueva solicitud a Carabineros, la tercera para obtener los mismos datos. El 12 de mayo llegó la respuesta. Esta vez sí se incluyeron los detalles de cuánto obtenía el OS-10 por evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados, los precios cobrados por el proceso, una tabla de ingresos v/s gastos correspondiente al año pasado y la nómina de sanciones que ha cursado dicho departamento a las empresas de seguridad.

Documentos enviados por Carabineros de Chile (12 de mayo de 2009)

Solicitud de acceso a información Carabineros.
Carta de respuesta de Carabineros.
Anexo 1: Ingresos percibidos por acreditaciones de guardias 2002-2008
Anexo 2: Planilla de ingresos v/s costos de OS-10 (2008)

Anexo 3 – Infracciones de empresas de seguridad detectadas por OS-10:
Infracciones, año 2005
Infracciones, año 2006
Infracciones, año 2007
Infracciones, año 2008
Infracciones, año 2009 (hasta mayo)

A la Dirección del Trabajo (DT) se le pidió la información referente al número de denuncias y multas presente en sus registros sobre empresas de seguridad. Para obtener la respuesta, también hubo que solicitarla en tres oportunidades.

La primera fue el 21 de noviembre de 2008: la respuesta del 16 de enero pasado dice que el acceso a la base de datos del servicio “es a partir del R.U.T. de cada una de las empresas o de la razón social de las mismas”. Por lo mismo, el 28 de enero CIPER envió nuevamente la solicitud, pero anexando una lista de empresas de seguridad: las que habían mencionado en entrevistas los trabajadores del área como las de peores condiciones laborales y las principales del rubro de transporte de valores. Como durante los tres meses siguientes no hubo respuesta, al día siguiente de la puesta en marcha de la nueva ley para el acceso a la información pública, CIPER volvió a pedir la información.

Los documentos llegaron el 19 de mayo.

Documentos enviados por la Dirección del Trabajo (19 de mayo de 2009)
Carta de respuesta de Dirección del Trabajo.
Listas de denuncias y multas contra empresas de seguridad:
Alfa Ltda. y Omega Ltda.
Megaservicios Ltda.
Pegasus Ltda.
Shield’s S.A. (I y II)
G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.
Brink’s (I, II y III)
Empresas Prosegur: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L.

Empresas Wagner: Wagner Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. y Wagner Custodia, Seguridad y Transporte de Valores S.A.

Vea además:
Acceso a Información Pública: Ingresos de Carabineros por acreditación de guardias y vigilantes privados

Serie de reportajes de Seguridad Privada:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo
Seguridad Privada II: Las historias no contadas del terror que impera en Wagner
Seguridad Privada III: Un negocio que genera abusos laborales e ingresos millonarios a Carabineros

Y no es la única en abusar de las leyes laborales entre las empresas que se dedican a vigilar bienes e inmuebles. CIPER solicitó a la Dirección del Trabajo (DT) y a Carabineros antecedentes sobre el cumplimiento de las empresas a las normativas que rigen al rubro. Las respuestas dan cuenta de un sector que acumula múltiples infracciones.

En todas las entrevistas hechas a trabajadores del sector destacaron las infracciones en el ámbito laboral de los dueños de G4S. Los datos enviados por la DT lo ratifican: entre las dos razones sociales de G4S (G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.) suman 250 páginas de denuncias y multas. La mayoría se refiere a infracciones relativas al contrato individual, aunque también las hay por no pago de cotizaciones previsionales, informalidad laboral y por no cumplir con las condiciones sanitarias básicas.

Group 4 Securicor (G4S), con presencia en Europa, Asia y África, adquirió en 2006 el 75% de la compañía chilena de guardias Segel Ltda. Y se convirtió en la más grande e importante entre las más de mil empresas dedicadas a los servicios de guardias de seguridad en Chile. En su sitio web, informa que cuenta con 8.400 empleados para desarrollar operaciones desde Arica a Puerto Montt. Los precios que cobra por cada guardia bordean el millón de pesos, uno de los más altos del mercado. Pero los sueldos que paga a cada uno de ellos promedia los $180.000.

Golpiza a indigente por parte de guardias de G4S

La multinacional acumula más de 3.100 denuncias laborales –más de una por cada tres trabajadores- y multas por sobre los $1.390 millones desde 2002 a la fecha. Si bien hay que considerar que es mucho más grande que las otras empresas que proveen de guardias –el 90% de las empresas del rubro poseen menos de mil empleados–, las infracciones que registra son proporcionalmente mayores que las de la competencia que también hacen abuso de las leyes. La información que recogió CIPER de las otras cuatro empresas mencionadas por la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech) con las peores condiciones laborales – Pegasus, Shields, Megaservicios y Alfa- así lo demuestra. Sumadas, tienen 191 multas desde 2001, por un total que supera los $72 millones.

De acuerdo a los registros proporcionados por la DT, Pegasus acumula multas por $31 millones desde 2001. Le sigue Shield’s S.A., la empresa del general en retiro de la FACH Carlos Ottone (sobre quien pesa una querella por violación a los derechos humanos), que se dedica principalmente a la seguridad de supermercados, con sanciones por casi $21,5 millones. Alfa registra multas por más de $17 millones, mientras que Megaservicios Ltda., si bien no presenta denuncias ante la DT en los últimos 18 meses, entre 2001 y 2002 tuvo 33. De ellas, diez terminaron en multas por poco más de 1,8 millones de pesos. Omega, la otra empresa de Jorge Arellano, el dueño de Alfa, cuyos guardias mataron a un hombre a golpes en noviembre de 2008 en un supermercado de Viña del Mar, no registra ni una sola denuncia en la DT.

Camiones blindados: Prosegur, la más multada

En el negocio de la seguridad privada, los casos más extremos de abusos a trabajadores son los ocurridos en Wagner, la empresa de transporte de valores del ex detective Gabriel Vargas Guerra. En su historial cuenta con amenazas con armas, denuncias por secuestro y golpizas a sus empleados. Pero no es ni la más denunciada ni la más multada del área por malas prácticas laborales.

CIPER también había pedido en dos ocasiones información a la Dirección del Trabajo (DT) sobre denuncias realizadas en contra de empresas de seguridad. La respuesta llegó el 19 de mayo, luego de enviar por tercera vez la solicitud, una vez que entrara en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública. Los resultados muestran que la marca Wagner, desde 2001, presenta 96 denuncias laborales y 51 multas por un total de casi $27,8 millones. Pese a ello, el presidente del sindicato de la empresa Pedro López, ratifica lo que ya dijo a CIPER su antecesor, Juan Correa, sobre la poca confianza que tienen al denunciar.

-Casi todas las denuncias que se han hecho en la Inspección del Trabajo de San Miguel han terminado en nada. Algo hay, porque Gabriel Vargas siempre sabe quién y por qué lo está denunciando sólo minutos después de haber hecho el trámite. Si ya casi ni ponemos denuncias allá… No tiene ningún sentido –dice López.

Entre las tres empresas más importantes del transporte de valores, Wagner cuenta con los castigos individuales más altos, pero ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias. Brink’s Ltda. no registra ni acusaciones ni multas mientras que Prosegur ha tenido que pagar más de $100 millones por las 128 sanciones que registran dos de las empresas que componen su holding en Chile: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L. Los montos pueden ser mayores debido a que la DT no envió información sobre Transportes de Valores Brinks Chile S.A. ni sobre Prosegur Ltda., las otras dos sociedades ligadas a ambas empresas.

Las reglas de la seguridad privada

Para trabajar en el lucrativo negocio de la seguridad privada hay que cumplir con varios requisitos. Los guardias, que con más de 92 mil agentes activos constituyen una fuerza laboral que casi triplica la dotación operativa de las policías, deben ser chilenos, mayores de edad, tener 8º básico rendido, estar contratados y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom. A los vigilantes privados, quienes tienen derecho a portar armas, se les exige además, haber sido funcionarios de alguna rama de las Fuerzas Armadas y de Orden o haber hecho el servicio militar.

Pero lo crucial para ingresar al rubro es aprobar los cursos que dictan las 230 empresas de capacitación registradas y la evaluación que toma cada semana la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10). Después de eso, los postulantes que hayan pasado las pruebas estarán acreditados para desempeñarse en un negocio que genera ingresos por más de US$1.100 millones al año. Pero el proceso no es gratis. Cada postulante debe pagar 0,5 UF por rendir el examen.

Antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER había enviado dos veces una solicitud de información pública a Carabineros para conocer los montos percibidos por la institución por concepto de evaluaciones y acreditaciones de guardias y vigilantes privados. La primera fue en octubre de 2007, durante una investigación sobre carabineros involucrados en delitos. La segunda fue en enero de este año, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS-10 entrega a guardias y vigilantes privados tienen un costo que se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En ambos casos las respuestas fueron vagas y tardías. Pero el 20 de abril –el mismo día de la puesta en marcha de la nueva ley– CIPER solicitó nuevamente la información. La respuesta llegó el 12 de mayo y los documentos muestran datos que rebaten por completo la información entregada a la primera de las peticiones.

El OS-10 es la única autoridad fiscalizadora de la seguridad privada. Y aunque la respuesta a la solicitud de 2007 dice que Carabineros “no presta servicios a particulares” a través de dicho departamento, lo cierto es que éste se financia en gran parte de lo que recibe de las empresas de seguridad al evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados. Si se considera que cada semana son en promedio 1.650 los evaluados y que cada uno paga 0,5 UF, los ingresos anuales percibidos se traducen en millones: entre 2002 y 2008, la suma de esos montos se alza sobre los $2.600.000.000. Sólo el año pasado, el OS-10 recaudó más de 384 millones de pesos, lo que le significó el 26% de sus ingresos. Esas platas no se suman al presupuesto anual de Carabineros, sino que forman parte de un fondo independiente que maneja el OS-10 para la mantención de las 34 prefecturas territoriales del país, que son las responsables de fiscalizar a las empresas de seguridad correspondientes a su respectiva jurisdicción. Los gastos efectuados el año pasado fueron por más de $1.248 millones.

Un dato oficial extraño: el ítem de “publicidad y difusión” fue el principal destino de lo recaudado con 128 millones de pesos.

Guardianes sancionados

Ante las múltiples informaciones sobre robos y acciones de violencia perpetrados por guardias de seguridad en los últimos meses, en su última solicitud, CIPER pidió también información sobre las sanciones a dichas empresas por parte del OS-10. Como respuesta, Carabineros envió documentos en los que se especifican las infracciones sancionadas desde 2005 a la fecha. De ahí también surgen datos interesantes: en lo que va de 2009 han impartido 1.251 infracciones, poco más de un tercio que en 2008. La sanción que más se repite es por el no porte de tarjeta de identificación obligatoria (324), pero también se han cursado 196 infracciones por mantener servicios de vigilancia sin la capacitación necesaria.

Otras infracciones recurrentes son contar con servicios de guardia sin presentar la directiva de funcionamiento –una especie de protocolo de funciones que el guardia debe cumplir en un puesto específico- (194) y el rechazo de empresas con servicios de vigilantes privados a ser visitadas por la autoridad fiscalizadora (158). Pero hay otras que, sin ser tan comunes, sí ameritan una mención especial: durante 2009 se han cursado 89 sanciones a vigilantes privados por porte de arma en la vía pública sin estar cumpliendo funciones de transporte de valores. El resguardo de esos bienes son los únicos que permiten el porte de armas en la vía pública.

Carabineros también tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de esas empresas de las leyes laborales con excepción de las prácticas antisindicales. En este año, la policía registra 46 multas a empresas por no otorgar el seguro de vida obligatorio a guardias, nocheros o rondines. Esta misma falta fue detectada 206 veces el año pasado.

-Todas las sanciones por incumplimiento son pecuniarias y van desde los 5 a los 100 ingresos mínimos mensuales ($159 mil) con cargo al fisco y siguen su curso en los juzgados de policía local. Cuando es por infracción, la multa va de 25 a 125 IMM. Y si hay reincidencia, la sanción es mayor. En todo caso, la ley da a la empresa un rango de 10 a 15 días para regularizar la observación y presentar descargos, lo que puede terminar con que se deje sin efecto la sanción. Y así sucede. La mayoría queda sin efecto –explicó a CIPER el subdirector del OS-10, coronel Alberto Etcheverry.

En las nóminas de infracciones no aparecen nombradas las empresas sancionadas porque Carabineros consideró que, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 19.628 (sobre protección de la vida privada), “resulta improcedente la individualización de los infractores”. Un criterio distinto al que aplicó la Dirección del Trabajo, que respondió a la solicitud hecha por CIPER con nombres y apellidos.

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Más de un año después, el 13 de enero 2009, CIPER volvió a solicitar la información. Esto, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS10 emite a guardias de seguridad y vigilantes privados tienen un costo de 0,25 y 0,15 UF, respectivamente, el cual se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En esa oportunidad se especificó más en la solicitud: se pidió el detalle de los precios cobrados por acreditaciones, de los montos percibidos por dicho concepto y de los destinos de esos dineros. A los nueve días, la subsecretaria Blanco respondió que había solicitado el informe respectivo a la Dirección General de la institución, desde donde llegaría la respuesta con la información solicitada. Hasta el momento, los datos pedidos no han sido entregados.

Actualización:

Con fecha 20 de marzo, ocho días después de que CIPER publicara el reportaje sobre la seguridad privada y más de dos meses después de solicitada la información, Carabineros envió a CIPER su respuesta. En una carta, se detallan los items en los cuales se gastan los ingresos obtenidos por la acreditación de vigilantes privados. La información es genérica e incompleta. Falta además el dato más importante: cuántos ingresos reciben por dicho concepto.

Vea las solicitudes y sus respuestas:
Primera solicitud de acceso a información para Javiera Blanco (10 de octubre de 2007)
Respuesta de la Dirección General de Carabineros (27 de noviembre de 2007)
Solicitud de acceso a información pública para Subsecretaría de Carabineros (13 de enero de 2009)
Respuesta de subsecretaria Javiera Blanco (22 de enero de 2009)
Respuesta de Carabineros de Chile (20 de marzo de 2009)