-Compadre… ¿dónde anda? Yo voy llegando al lugar en diez minutos. Ya tengo lo que me encargó. ¿Nos vemos ahí? -dice una voz amplificada por el altavoz del celular.

-Andamos mal. Yo estoy en el centro. No ha pasado nada aquí con el Sergio y no responde el teléfono el weón -responden del otro lado.

-Bueno compadrito, usted no se preocupe. Cuando termine su peguita, se pasa por allá y ahí arreglamos. Ya me llegaron los encargos (la droga) que me encargó y varios más, así que pase hoy día sin falta, porque usted sabe cómo es la cosa -retruca el primero y cuelga.

Los policías del chevrolet tienen identificados a los dos sospechosos que se acaban de comunicar. Lo que no saben es dónde se concretará la cita que ambos acaban de pactar. Y por eso siguen atentos al celular, esperando que uno de los interlocutores les dé, al fin, una pista útil para detectar los embarques de droga que aparentemente están trayendo desde Argentina. Llevan más de 20 días operando con la autorización que les dio un juez de garantía para interceptar algunos teléfonos de sospechosos y reconocen que no han avanzado mucho.

-Cuando son gente avezada, como éstos, hablan lo justo. Y eso hace muy difícil atraparlos con la droga, incluso usando el “pinchazo” -señala el encargado de la unidad policial.

“Como (los narcos) saben que los pueden estar escuchando, cambian de celular a cada rato. Así que uno debe conseguirse los nuevos números y empezar otra vez los trámites en las fiscalías para que te den un nuevo permiso judicial que autorice interceptar otros teléfonos a nombre de la misma persona. Y hay jueces (de garantía) que llega un momento en que no te autorizan -añade otro de los detectives.

El jefe de la unidad, que pide la reserva de su nombre, indica a CIPER que si bien la interceptación de teléfonos es una gran ayuda, no es una herramienta que permita por si sola esclarecer los casos. De esta forma, dice, el equipo policial debe seguir con los otros métodos tradicionales de investigación, tales como seguimientos y chequeos de los vehículos, para conocer los lugares que frecuentan los sospechosos, las personas con las que se reúnen y las actividades que usan como “pantalla”.

El método de los “pinchazos”, agrega el oficial, no sólo no es infalible, sino que es habitual que además afecte a personas comunes y corrientes cuya privacidad queda expuesta a las escuchas:

-Muchas veces uno consigue autorización para interceptar un número y a los pocos días te das cuenta que te equivocaste y que estás escuchando a otra persona nada que ver con la investigación. Ya sea porque el fulano vendió el teléfono, lo regaló o lo perdió. Ahí uno debe dar conocimiento por escrito al fiscal que lleva la investigación y él, a su vez, avisar al juez de garantía. Pero eso no siempre se hace.

Ese “no siempre se hace”, significa que los policías están accediendo de manera ilegal, aunque en el origen haya una autorización judicial, a antecedentes privados de personas que no son sospechosas de cometer un crimen. De acuerdo con la investigación desarrollada por CIPER, las normas que autorizan las interceptaciones telefónicas en casos de drogas son laxas y las policías además no siempre las cumplen, los fiscales no tienen un registro de todos los antecedentes a los que acceden los policías que ejecutan las escuchas y, peor aún, no hay una fórmula para disponer la destrucción de los datos recolectados en “pinchazos” que puedan afectar injustamente la privacidad de personas no comprometidas en delitos.

En los hechos, cientos de personas han quedado expuestas a la violación de su privacidad y, lo que es peor, no hay una entidad que se haga cargo de chequear que los datos que se recolectaron mediante “pinchazos” a ciudadanos que no están siendo investigados por orden de un juez no sean mal usados en el futuro.

Fiscalía: “El tema se ha descontrolado”

Una fuente de la PDI reconoce que incluso a veces se producen abusos tales como incorporar en una solicitud de interceptación los números de personas que no están siendo investigadas en esa causa. De esa forma, la escucha ilegal queda cubierta con un manto de legitimidad: “El fiscal debería estar atento a los teléfonos que se autorizaron a interceptar, pero en realidad es imposible que pueda escuchar todas las llamadas que se realizan diariamente de un solo teléfono interceptado, por lo que en la mayoría de los casos a él le llega solo el resumen de lo que uno considera más relevante y que tiene relación con la investigación que estamos haciendo”.

Una alta fuente del Ministerio Público a nivel metropolitano confirmó que se han detectado casos en que las policías agregan en las solicitudes de “pinchazos” los números de personas que no están relacionadas con la investigación, pero cuya “escucha” es de interés para Carabineros o la PDI por razones de “inteligencia”. Y agrega que aquello no es más que la punta del periscopio respecto de un sinnúmero de ilegalidades que se estarían cometiendo “amparadas en la ley 20.000”, referente al tráfico de drogas, ya que es en virtud de esta norma que se realizan la mayoría de las autorizaciones judiciales para las interceptaciones.

-Infelizmente, el tema de las escuchas ilegales se ha descontrolado. Los fiscales no tenemos mucho control, sobre todos los que trabajan con el tema de drogas que es donde es más permisivo el tema. Solo con un teléfono que autorice el juez son tantas las escuchas que uno no tiene tiempo de revisarlas todas y los policías no detallan lo que escuchan, porque tampoco tienen ese tiempo -dice la misma fuente.

Y agrega que uno de los factores que ha generado este descontrol y permisividad es lo extendido de la práctica de los “pinchazos”:

-Muchos efectivos policiales descansan en las escuchas y no investigan. Uno habla con ellos y se da cuenta que no saben en qué vehículo se mueve el imputado, qué lugares visitó o con quién se junta aparte de aquellos con los que habla por teléfono. Por otra parte, son pocos los fiscales que controlan los teléfonos intervenidos. Ellos descansan en las policías y los policías, a su vez, basan su investigación en las escuchas. Así, los resultados son muy malos, porque con este método solo detienes a los más inexpertos, pero no a los peces gordos, que usan celulares de prepago y están todo el tiempo cambiando el chip.

La multiplicación indiscriminada de los “pinchazos” va en dirección inversa al espíritu de las leyes, según explica el juez de garantía Eduardo Gallardo:

-La interceptación de las comunicaciones telefónicas probablemente es una de las medidas más intrusivas del Código Procesal Penal chileno. A diferencia de otro tipo de medidas, que se aplican en general a cualquier tipo de delito, cuando nos referimos a la interceptación de comunicaciones telefónicas está contemplada sólo para los delitos más graves -señala el magistrado, quien indica que estos delitos son los que se penalizan a lo menos con cinco años y un día de presidio, tales como homicidios y violaciones. Pero agrega que la norma es mucho más flexible en los casos de drogas (vea la entrevista al juez Gallardo en recuadro).

Para evitar interceptaciones abusivas que afecten a ciudadanos no involucrados en delitos y como el volumen de “pinchazos” ha hecho que los fiscales pierdan el control del sistema, se implementó el protocolo de Registro de Solicitudes de Interceptaciones Telefónicas (RESIT) con las tres principales compañías que operan en el mercado: Movistar, Claro y Entel.

-Este protocolo se creo para tener más centralizado el sistema de recepción de autorizaciones, informatización, registro y gestión de las interceptaciones de celulares. Se están implementando softwares capaces de detectar palabras clave, para evitar tener que registrar conversaciones que son de la vida cotidiana, como cuando uno llama a otro y le dice que va a comprar pan o que va a pasear el perro. La idea es que se vaya perfeccionando el tema, para evitar el mal uso de estas autorizaciones –señala la fuente del Ministerio Público.

Esas malas prácticas de las que habla este alto funcionario de la Fiscalía fueron denunciadas por CIPER hace dos años en su reportaje “Así se hacen los cuestionados pinchazos telefónicos legales”, lo que demuestra que no solo siguieron sucediendo, sino que incluso el sistema se ha ido sofisticando.

“Pinchazos” a autoridades

Según expertos nacionales e internacionales consultados por CIPER, no existe un sistema de comunicaciones telefónicas absolutamente impermeable a interceptaciones. Las mismas fuentes advierten que lo único que se puede hacer es poner el mayor número de trabas para hacer más difícil los “pinchazos”. Por esta razón existe una industria dedicada a comercializar estas vallas de acceso.

En Chile no hay datos oficiales de ese mercado, pero CIPER comprobó -en conversaciones con agencias de investigadores privados- que hay varios dispositivos para interceptar o proteger llamadas a disposición de los consumidores, los que son importados con precios que van desde US$149 hasta US$20 mil. Y según una querella interpuesta por tres diputados, dos abogados, dos carabineros y un periodista, que acusan haber sido “pinchados”, existirían antecedentes para demostrar que hay equipos similares en manos de los servicios de inteligencia de Carabineros, a través de los cuales la policía uniformada estaría ejecutando escuchas ilegales.

Los tres diputados son Sergio Aguiló, Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier, quienes se enteraron de que fueron “pinchados” cuando el ex suboficial de Carabineros Esteban Infante compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara el 20 de julio pasado. En esa ocasión, Infante señaló que tenía conocimiento de que Carabineros había interceptado los teléfonos de estos parlamentarios. El ex suboficial se presentó acompañado de los abogados Claudio Cofré y Rubén Jérez, además del periodista Patricio Mery, quienes también acusaron haber sido objeto de escuchas ilegales.

CIPER contactó a los dos carabineros que aparecen como denunciantes en este caso, uno de los cuales admitió haber realizado escuchas para la policía e, incluso, reconoció que con un equipo de Carabineros en una oportunidad interceptó una llamada entre el entonces Presidente Ricardo Lagos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza.

Carabineros espiados

El suboficial Esteban Infante Alcaíno se desempeñó por 27 años en Carabineros. El 1 de julio del año pasado se le pidió la renuncia voluntaria junto a uno de sus subordinados, el cabo Luis Parra. La razón para sacarlos de las filas fue que Parra entregó por teléfono “un biométrico” (la consulta de una patente que arroja todos datos de un vehículo en el sistema interno) a un ex suboficial de la institución.

Infante y Parra se desempeñaban en la SIP de la 19ª Comisaría de Providencia y de un mes a otro pasaron de héroes a villanos, ya que poco antes de sus salidas habían sido felicitados por sus superiores, pues desbarataron una banda que robaba cajeros automáticos con apoyo de carabineros en servicio activo.

Ambos fueron interrogados por el mayor de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) Gonzalo Alvear Antonucci, quien les pidió la renuncia. Los dos carabineros dicen que en el interrogatorio el mayor Alvear les hizo preguntas sobre materias que solo pudo haber conocido mediante la interceptación de sus teléfonos. CIPER solicitó entrevista con el mayor Alvear, pero la Dirección de Comunicaciones de Carabineros respondió que ningún funcionario policial puede referirse a investigaciones que están en curso. Esto, porque Infante y Parra denunciaron los hechos y se inició un proceso judicial.

Los dos carabineros resolvieron asesorarse con el abogado Claudio Cofré, quién solicitó mediante la Ley de Transparencia que Carabineros respondiera si los teléfonos de ambos ex funcionarios habían sido o no intervenidos.

La policía uniformada respondió a Cofré que efectivamente esos teléfonos habían sido intervenidos bajo autorización judicial, uno en un juicio por drogas y el otro en un proceso por un intento de fuga desde la cárcel de Colina.

-Como no pedí mi retiro, me dan de baja. Recurrimos al abogado y descubrimos que nos estaban interviniendo los teléfonos. El mío estaba intervenido por un tráfico de drogas en la cárcel de Colina. Conseguimos la orden donde dice “pedimos intervención de estos tres números de celular que estarían en poder de Pedro Pablo Maliqueo Imihuala quien se encuentra recluso en la cárcel de Colina”. (El documento) deja de manifiesto que el teléfono lo tiene el recluso, pero ¿por qué no le dicen al fiscal de quién era verdaderamente? -comenta Parra.

El caso del ex suboficial Infante es similar, según relató a Ciper:

-A mí se me había intervenido el teléfono en una causa que correspondía a un intento de fuga de la cárcel de Colina. Así que comenzamos a investigar qué causa era. Me acerco a la fiscalía y me dan a conocer que no entendían como se nos había involucrado. Incluso se nos indica que ningún juez da autorización para intervenir teléfonos por un intento de fuga. Esa orden estaba firmada por Patricio Macaya, fiscal jefe de la fiscalía de Colina.

Infante relata que se presentó ante el fiscal Macaya, quien le habría confirmado que no tenía relación con la causa que él investigaba. Pero al confrontarlo con el documento en que Carabineros reconoció que había pinchado su teléfono en ese proceso “no supo responder”, dice el ex suboficial.

Infante y el abogado Cofré recurrieron a la jueza de garantía, para pedirle que se les diera a conocer la carpeta de la investigación que llevaba la fiscalía. La jueza citó al fiscal Macaya, recuerda Infante, pero llegó otro fiscal sin la carpeta investigativa: “Eran las diez de la mañana y la magistrado le da orden al fiscal de que tenían hasta las 16:00 para entregarle la carpeta”.

-Esto terminó en que el fiscal Macaya solicita a la jueza sacar al cabo Parra de forma “absolutaria” y lo mismo en mi caso. Eso quiere decir que nunca estuvimos ligados a esa investigación. La jueza reconoce que nunca ordenó que nuestros teléfonos fueran intervenidos y queda registrado por escrito que la intervención telefónica que se me había hecho no estaba apegada a derecho y era constitutiva de delito -dice Infante.

La magistrada, relata el ex suboficial, los hizo poner una denuncia en el Ministerio Público y el mismo fiscal Macaya, que había firmado las órdenes para intervenir los teléfonos de ambos policías, tomó esa causa. El abogado Cofré estimó que la investigación en manos de Macaya no avanzaba, por lo que presentó los antecedentes a la jueza de garantía Ema Novoa, quien informó al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, el que designó al jefe regional de la zona Centro Norte, Andrés Montes, para que indagara las eventuales responsabilidades.

-También se pide que se aclare cuál es la responsabilidad que le cabe al fiscal Macaya y si pudiera existir una negligencia administrativa en su actuar. El tema está en investigación, pero hasta el momento ya se determinó que las escuchas a nuestros teléfonos comenzaron en noviembre del 2009. Y a nosotros se nos dio de baja casi un año después -señala el ex suboficial.

El “Chupacabras”

Infante asegura que en Carabineros no se “pinchan” teléfonos sólo de esta manera: “Cuando se quiere escuchar a alguien sin dejar rastros se usa lo que en el lenguaje interno algunos llaman el chupacabras. Estos son equipos que te permiten intervenir cualquier tipo de llamadas. Yo no estoy en contra de que existan, porque en ocasiones hay que hacer operaciones de inteligencia para la seguridad del país. El problema es cuando se desvía el uso”.

Y el ex suboficial asegura que fue protagonista de un caso en que se “desvió el uso” de uno de esos equipos:

-Yo estuve un tiempo en el OS7 y en una ocasión recibí una orden de un coronel que ahora está retiro, que supuestamente estaba respaldada por un juez. Ese coronel consiguió que nos pasaran un equipo que era un notebook que venía con una antena que se colocaba sobre el techo del vehículo. Ahí uno cargaba un software que se abría con la imagen de un gorrión parado sobre un palito y que sólo lo sabían usar bien tres suboficiales capacitados en Europa. Pero estaba solo yo y otro carabinero que apenas tenía conocimiento básico.

Según el relato de Infante, el lugar donde debían realizar la interceptación telefónica era en Alameda con General Velásquez. Ellos llevaban un número telefónico que debían “pinchar” y que supuestamente pertenecía a otro funcionario policial. Una vez instalados, encendieron el equipo y pusieron en marcha el software:

-El equipo se pone a escanear y debíamos esperar a que la persona que íbamos a interceptar hiciera alguna llamada. Incluso se podía grabar. Me quedé en el auto con los auriculares, mientras el otro carabinero bajó a fumar. De repente entra una llamada. Se escuchaba clarísimo. No era de la persona que estábamos esperando, sino que del ministro del Interior al Presidente Ricardo Lagos. Eso fue en el 2003. Después de que nos pasó esto, nos quitaron el equipo y no se nos presto más.

Infante admite que después de ese episodio, no tuvo acceso a los equipos más sofisticados, pero reconoce que sí realizó escuchas telefónicas para otras investigaciones: “Las monitoreaba desde mis dos teléfonos fiscales, entregados por la institución, ya que yo era jefe de grupo”. Paradójicamente, uno de esos teléfonos fue que el que, según acusa, la Dipolcar le intervino.

El sacerdote francés Gerard Ouisse lleva ocho años trabajando sin tregua en La Legua Emergencia, un territorio de 5 cuadras y 11 pasajes dominado por las bandas de narcotraficantes. Conoce mejor que nadie a los que él llama “héroes anónimos” por resistirse a la plata fácil que ofrecen los que manejan el negocio de la droga. También el rostro de la impunidad y la esperanza que compiten día a día en medio de la violencia. Sabe de amenazas y balazos y se urge. Su premura está acicateada por el diagnóstico de expertos colombianos que trabajaron en la población: de no actuar ahora esto puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia. Este es su revelador testimonio.

El sacerdote francés Gerard Ouisse, lleva 8 años trabajando sin tregua en La Legua Emergencia. Años intensos en los que se ha ganado no sólo el cariño de sus feligreses, sino que también el respeto de delincuentes y narcotraficantes del sector.

Cercano a las siete décadas, su coraje y entusiasmo se mantienen intactos. Y no es fácil. Porque en la guerra que libran las bandas de delincuentes en las calles y pasajes de la población, ser sacerdote no lo exime como blanco.

-En la capilla que tenemos en La Legua Emergencia yo contaba los impactos de balas. Hace dos años dejé de contarlos. Y llevaba 200 tiros. Las balaceras son una locura, ya que se dispara hasta con silenciador y con un alto poder de fuego. Dejan unos hoyos tremendos en las paredes –cuenta Gerard Ouisse.

A pesar de la gran labor social que realiza, este sacerdote reconoce que la batalla contra los narcotraficantes que controlan la población, no ha tenido el resultado que esperaba.

-La batalla contra la droga ya la perdimos. Ahora estoy viendo qué puedo hacer para que se controle el armamento que se maneja aquí. Con esas armas quienes se llevan la peor parte son la gente inocente y buena que vive aquí –dice sin rodeos.

Para Ouisse, las operaciones de los últimos meses de policías y fiscales han sido positivas, pero es claro en señalar que son “insuficientes”, que no terminan con el problema central de la violencia que viven a diario los vecinos. Y ello porque él sabe como pocos los nuevos problemas que éstas crean.

-Por ejemplo, la operación del cortejo fúnebre fue un éxito. Pero yo no puedo dejar de mirar que esas detenciones dejaron muchos hogares sin cabeza. Al día siguiente había varios niños solos. La mayoría ya tenía a su padre preso y ahora se llevaban a su madre. Y qué pasa: los jóvenes que se quedan solos ocupan el rol que dejaron sus progenitores. Forman pandillas y comienzan las batallas territoriales por quién se queda con el control del negocio.

El sacerdote tiene claro lo que se necesita: “Una intervención que no solo contemple llevarse gente presa, sino que sobre todo, traiga a la población una educación de calidad. Los niños aquí están marcados por la violencia. Se necesitan profesionales especializados, no cualquier tipo de profesor”.

-¿Y qué herramientas tiene usted para combatir la atracción que ejercen sobre los jóvenes las bandas de narcotraficantes con todo su dinero y la fuerza que dan las armas?
Soy el “pastor” de todos los que viven en la Legua. También de los narcos a los que les digo en la calle “dejen de vender la droga”. Porque nuestro combate es competir contra los narcos en el reclutamiento de jóvenes. Ellos les ofrecen dinero, armas y droga; y nosotros talleres, centros de rehabilitación, arte, teatro, baile, deporte. Atraerlos con actividades que los saquen de la violencia. La Legua Emergencia está totalmente controlada por un grupo pequeño de narcotraficantes que ha sabido comprarse poco a poco a familias aprovechándose de las condiciones de pobreza de los que no están metidos en el mundo de las drogas.

-¿Cómo funciona ese mercado de reclutamiento familiar de los narcos?
Con familias enteras que no son traficantes pero “trabajan” para ellos. Como el narcotraficante no cocina, no lava ropa, no plancha, contrata a gente de la población para que le haga esos trabajos. Por ahí se empieza. El mismo alcalde contó que pobladores que fueron a la municipalidad a pedirle ayuda para comprar una lavadora e iniciar un trabajo independiente, resultó que el trabajo era lavar la ropa de los narcos. Otros les guardan dinero, droga y reciben su paga. Ayer mismo me encontré con una señora a la que le pregunté cómo le iba en el nuevo trabajo que se había conseguido fuera de la población. Me respondió que dejó el trabajo porque lo que ganaba en un mes afuera, aquí en la población lo ganaba en un día.

El párroco de La Legua conoce cientos de historias similares:

-Hay un señor de la parroquia que necesita operarse con urgencia de la pierna. Le dieron el número 180 en la lista de espera. Para esa operación le dijeron que están operando a una persona al mes. Así, tendrá que esperar 180 meses. Cuando este señor contó aquí su caso, a los pocos días le empezaron a llegar otras propuestas de “trabajos” para que pueda obtener dinero y operarse en el sistema privado.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Gerard Ouisse está inquieto. No se permite tregua en la búsqueda de caminos y soluciones para los habitantes de La Legua Emergencia. Cuenta que unos expertos colombianos que tienen programas de prevención para zonas de riesgo similares en Colombia, después de pasar 12 días viviendo en La Legua Emergencia, llegaron a una conclusión:

-Su diagnóstico fue que aún se está a tiempo de parar la violencia, que se está en un buen momento, porque hay desarticulación; pero que de no aprovecharlo, el problema puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia.

-¿Alguna vez fue usted amenazado?
Sí, hace 3 años, cuando la cosa estaba muy mal y habían matado varias personas. Yo organicé con gente de la parroquia unas manifestaciones por las calles con pancartas que decían: “Tenemos derecho a la paz”, “Dejen de matar”, “Respeten la vida”. A los pocos días detuvieron a “Los cara pelota” y hubo gente que empezó a decir que yo había hecho la denuncia. Esa misma noche vinieron a la parroquia y dispararon. Me pusieron guardia policial, pero al final otro narco dio el anuncio: si me tocaban, iba a tomar venganza. Ahí se acabaron las amenazas.

-Pero al igual que muchos vecinos, el miedo lo conoce a diario. ¿Es así?
A mí me respetan, pero igual debo confesarte que muchas veces he sentido mucho miedo. El año pasado, cerca de la 1 de la mañana, me golpean la puerta a los gritos. Una señora me pedía que fuera a su casa porque habían matado a un joven. Fui y cuando entré a la casa me encontré con el pololo de su hija muerto. Era el tercer asesinato del menor que lo mató y que dejó a otro joven con dos tiros en la pierna. Todos lloraban. Rezamos para que se tranquilizaran un poco y después llamaron a los carabineros.

Otra vez, estaba preparándome para la misa y llega un señor grande vestido con una manta de huaso. Me dice que quiere entregarme algo. Lo llevo a mi oficina. El señor se levanta la manta y debajo tenía al menos 10 armas. Las puso sobre la mesa y me dice: “Vengo a entregarle estas armas para no arrepentirme después. Me contrataron para matar a una persona, pero no lo quiero hacer. Prefiero entregarle a usted las armas”. Las dejó y se fue. Nunca más lo vi.

-Usted organizó las llamadas “Marchas por la Paz” aquí en la población. ¿Cómo reaccionan los delincuentes?
La primera Marcha por la Paz fue en 2006. No pudimos terminarla. Apenas habíamos empezado y vinieron a amenazarnos. Incluso dispararon balas al aire. No podía arriesgar la vida de las personas que me acompañaban. Era época de balaceras. La segunda vez ya pudimos caminar por gran parte de la población y las siguientes hemos recorrido todo el sector. Desde entonces, siempre que muere un inocente por una bala perdida hacemos una marcha por la paz. Y con megáfono vamos gritando “¡no más balas!”, “¡no más balas!”. Hasta hicimos campañas por las ferias cambiándoles a los niños libros por armas. Otra iniciativa a favor de la paz es que todos los actos litúrgicos los hacemos en las calles. Desde las procesiones, hasta las misas solemnes.

-Usted ha seguido en su combate al narcotráfico, ¿y los delincuentes qué hacen?
Yo no me meto con ellos y ellos me respetan. Cuando hay disparos donde pueden morir inocentes, yo cojo mi megáfono, salgo a la calle y les grito: ¡respeten la vida, dejen las armas! Y hasta el momento nunca me han disparado. Pero con otras personas no es lo mismo…

-¿A qué se refiere?
-Mire, le cuento, hace un tiempo vino a visitarme el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Cerda. Me dijo que quería ayudar en esta lucha contra los narcos y quería comenzar a visitar La Legua. Yo le dije que lo iban a matar. No me creyó. Pero a los pocos días tres señoras de mi confianza, que estuvieron sondeando, me confirmaron que si él se metía en esta población, lo matarían. Hasta ahí pudo llegar con su intención.

-¿Es imposible entonces iniciar una ayuda desde afuera de La Legua Emergencia?
-No, pero no puede ser un acto individual. Sobre todo después de las últimas detenciones. Mire, la gente está muy desconfiada. Si no conocen a la persona que llega… Porque aquí es muy peligroso moverse. Todos saben que te pueden matar o darte una buena paliza como advertencia.

-¿Qué hacen los vecinos cuando la violencia de los narcos irrumpe y se toma las calles y pasajes?
Vivimos rodeados de violencia, pero alrededor veo personas que son verdaderos héroes. Ayer mismo vino una señora con su hija pequeña muy enferma a pedirme si la podía acercar al hospital de urgencia. Cuando estábamos en el hospital, me dice que lleva dos días sin comer. Y le estaban ofreciendo entrar en el negocio. Pero ella se resiste. ¿Hasta cuándo? Le dije que venga a la parroquia, al comedor, y muchos así lo hacen. Y resisten hasta que les surge un problema mayor, una enfermedad y ni siquiera tienen dinero para comprar un medicamento…

-Se lo escucha angustiado, padre.
Es que esta es una lucha muy desigual. Hay verdaderos héroes aquí dentro: familias que pasan mil penurias pero que no se meten en este negocio de la droga. Y sin embargo, cuando salen de aquí, cargan con todo el “estigma” de ser de La Legua.

Apenas termina la canción, de a uno se acercan al cajón para tocarlo y despedirse de su amigo. “Hermano, siempre te recordaré, fuiste pulento”, dice uno. “Isra, lo conseguiste, ¡moriste choro!”, grita el Pitilla al salir de la habitación, al tiempo que saca de entre sus ropas una pistola 9 mm. Nadie se inmuta.

En la puerta de la casa el Pitilla martilla el arma, la levanta al cielo y deja escapar los primeros balazos al aire. En sólo segundos desde todos los rincones surgen brazos armados que al unísono comienzan a disparar al aire. El ruido es ensordecedor. También intimidante para los que hemos visto estas escenas sólo en películas.

Los presentes sólo se cubren los oídos. A no más de dos cuadras está un blindado de las Fuerzas Especiales (Gope) de Carabineros de la 50ª comisaría de San Joaquín que rápidamente sale marcha atrás desapareciendo del lugar.

-Levanten el cajón en brazos. Vamos a dar la vuelta por el pasaje, de ahí volvemos y nos vamos –ordena Joseph Azola Martinez, primo hermano de Israel y quien se ha hecho cargo del funeral.

Desde el jockey a las zapatillas que viste Joseph son de marca Lacoste. En su pecho luce una gran “I” de oro con circonios. La misma que solía llevar Israel y que mandó a hacer especialmente a una joyería del centro de Santiago pagando por ella 2 millones 400 mil pesos.

Siguiendo el rito narco de La Legua Emergencia, Joseph organizó cada detalle del sepelio para demostrar su poder. Para la noche del velorio compró 35 litros de whisky Johnny Walker. Luego, pasó marihuana para hacer un “pito” de más de 20 centímetros que se dejó en un cenicero encima del cajón y que fue siendo consumido por los que vinieron a pasar la noche junto al cuerpo de Isra.

Al día siguiente Joseph repartió más de 500 balas y exhibió lo mejor de su arsenal para el ritual de despedida: pistolas 9 mm, revólveres y una escopeta calibre 12 que algunos se disputaron por su alto poder de fuego. Las 10 camionetas van que contrató para el cortejo al cementerio ya esperaban en la calle.

-Soy el encargado de recibir el pago. Son $40 mil por cada Van. Eso suma 400 mil pesos –le dice el chofer de una de ellas a Joseph.

Azola le pide a su madre que le traiga dinero. Sonia Martínez entra a la casa y sale a los pocos minutos con una bolsa del tamaño de una pelota de fútbol llena de monedas de 50 y 100 pesos.

-Aquí tienes $200 mil, el resto te lo doy en billetes –le dice Joseph al cobrador, sacando un fajo de billetes de uno de los bolsillos de su pantalón.

Las armas se guardan debajo del sillón del living y el cortejo parte. José Benito Ormeño, antiguo habitante de la población y dirigente de la asociación “Raíces de la Legua”, tiene pena por la muerte de Israel, pero algo lo incomoda. El ritual de su despedida va en contra de lo que ha sido por años su lucha: despojarse del mito de que todos en La Legua son delincuentes.

-Esta manera de mostrar status disparando y gastando tanto dinero yo la repudio. Se lo digo a los chiquillos, pero no me hacen caso. Es su manera de protestar contra el sistema, de rebelarse ante esta sociedad -afirma Ormeño.

LAS “OFICINAS” DE LA LEGUA EMERGENCIA

La Legua fue una de las primeras poblaciones obreras de Santiago que albergó a los trabajadores del salitre que emigraron del norte cuando esta industria extractiva inició su declive en el siglo pasado. La llamaron así porque quedó ubicada a “una legua” del centro de Santiago.

Y se convertiría en “La Legua Vieja” cuando en 1947 un grupo de pobladores sin casa protagonizaron allí una de las primeras tomas de terreno en la capital dando paso a “La Legua Nueva”. En 1951, la Municipalidad de San Miguel aprobó un loteo de sitios para familias que debieron ser desplazadas de poblaciones callampas emplazadas en la insalubre ribera norte del río Mapocho y de conventillos de la Manzana Alta del canal La Punta. Entonces nació “La Legua Emergencia”.

El popular barrio se convertiría en feudo de la izquierda tradicional con fiestas callejeras y una ebullición política que la marcaron a fuego. Porque en septiembre de 1973 la violencia inundó sus calles y arrasó con todas las organizaciones sociales. Los muertos de aquellos días serían el preludio de lo que vendría más tarde.

Hoy, con sus 1.093 viviendas (de 3 metros de ancho por 22 de largo) y aproximadamente 3.293 habitantes, ni la ley ni el Estado han logrado instalar un pie en La Legua Emergencia. Son sólo 5 cuadras de largo y 11 pasajes que la cruzan de norte a sur. Una superficie explosiva de 15,36 hectáreas que con sus calles sin salida y sus casas interconectadas ha conseguido poner en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

Narcotraficantes y delincuentes imponen sus reglas. Y la violencia extrema. Al interior, sin rejas pero bajo el terror permanente, cientos de familias se ven obligadas a vivir al igual que prisioneros en sus viviendas.

De las 1.093 casas, más del 10 % estarían deshabitadas, según fuentes policiales. No son casas en ruinas, sino inmuebles utilizados como “oficinas” –caletas de distribución y consumo- del narcotráfico. Una cifra que constatamos en terreno.

-En esta cuadra hay varias casas que han sido compradas por extraños. Son narcotraficantes que se las pasan a sus cómplices para usarlas como almacén. Y a veces pasan cosas muy raras. Cuando uno de los importantes cae, datea a la policía con droga que hay en otra casa. Pero son ellos mismos. Lo hacen para obtener rebajas con los ratis –nos cuenta uno de los vecinos antiguos.

Las llamadas “casas cargadas” están listas para ser usadas por un narcotraficante cuando cae detenido. Una vez que es llevado a la fiscalía, entrega el dato y obtiene atenuantes para pasar menos tiempo bajo rejas.

LOS “SOLDADOS”

A pesar de todos sus esfuerzos, los habitantes de La Legua Emergencia deben luchar a diario contra el estigma de vivir en una población cuya sola mención genera miedo y sospecha. Y también contra la tentación del dinero fácil que les ofrecen los narcotraficantes que han convertido a esa población en refugio de avezados delincuentes.

-Aquí nos conocemos todos. Sabemos perfectamente cuando entra gente de afuera y a qué viene. Por eso es que para entrar, si no vienes “recomendado” o con alguien de aquí es muy posible que te asalten. Porque aquí todos nos protegemos –me dice el primer día que ingreso al sector un hombre de no más de 30 años.

Como muchos otros, W.M. pasa varias horas al día parado en una esquina. Hoy está justo en la esquina de Sánchez Colchero con Jorge Canning, a la entrada de uno de los tres pasajes más peligrosos de La Legua Emergencia.

-¿Qué haces aquí? -pregunto

-Yo “presto guata”, compadre. He estado muy mal y me han ayudado, así que trabajo prestando guata. Ahora uno no se debe cuidar sólo de los pacos y de los ratis, hay mucho huevón brígido. (Ver glosario en la presentación multimedia)

A sus 29 años, W. M. es un “soldado” de los narcotraficantes del pasaje Sánchez Colchero. Atrás quedó su propia lucha contra la droga en un tratamiento inútil. Su trabajo es la protección y la vigilancia. De la policía y de otros “soldados” de narcos que pueden intentar robar la droga que está a la venta.

Un mes después regreso nuevamente a La Legua Emergencia. Me cuentan que W.M. anda “piola”, que se enfrentó pistola en mano a unos hermanos, pero no disparó. Ahora los dos hermanos han jurado vengarse y lo buscan para matarlo.

COMPRA DE LEALTADES

Son las 7:35 del miércoles 6 de octubre. La hora recomendada por los vecinos para recorrer La Legua Emergencia sin problemas. Entre sus pasajes de casas continuas, bajas, estrechas y de distintos colores, destacan antenas de TV cable y uno que otro auto del año estacionado en el frontis de la vivienda de su propietario. Algunos vehículos valen hasta diez veces el valor de la casa. Un curioso contraste entre pobreza y opulencia en este sector de la comuna de San Joaquín donde vive parte de ese 13,5% de las familias que según la última encuesta Casen engrosan los índices de pobreza.

A esta hora sólo se ven por sus calles niños en uniforme escolar, vecinos que salen a sus trabajos y perros callejeros. Por la mañana, los “soldados” que se toman esquinas y entradas de pasajes, los mismos que disparan a los carros policiales y hacen respetar las leyes de los narcos, duermen.

-Es la hora que usamos para sacar fotos y chequear la información sobre las casas usadas como “oficinas”. Cuando los traficantes se percatan que la policía está detrás, se cambian de casa o las pintan de otro color ya que nosotros las reconocemos por los colores. Solo en las que viven familias honestas se mantienen los números en la entrada -comenta Juan León, detective de la PDI.

Otra señal que devela la existencia de una “oficina” son las puertas de fierro. Actúan como barrera en los operativos para retrasar la entrada de los policías mientras los narcos escapan por escaleras que comunican con los techos o túneles subterráneos.

-En algunas ocasiones, después del operativo, se ha procedido a requisar las puertas blindadas. Pero al día siguiente ya la han suplantado por una nueva -afirma el subinspector de la PDI, Germán Bravo.

A las 11:25 las calles de La Legua Emergencia adquieren otro ritmo. Otra vida. Cada entrada de pasaje está ocupada por hombres de entre 20 a 40 años en actitud de vigilancia. Alertas a todo movimiento de personas y vehículos. Unos silbidos de tono corto y rápido se sienten a lo lejos. A los segundos se divisa un furgón de Carabineros que avanza lento, muy lento. Algunos de los “soldados” que custodian las esquinas hacen discretos gestos hacia un grupo que conversa en la entrada de una casa-oficina. Al instante los hombres desaparecen en su interior tras cerrar el portón de fierro.

A esta hora solo transitan quienes habitan en esas calles o tienen salvoconducto de los “soldados” o de alguna banda para entrar a comprar droga. “Aquí no se entra a vitrinear. Por eso te dije que me esperaras en Santa Rosa”, nos dice J.M., madre de varios hijos y que tiene a casi toda su familia presa por tráfico de drogas:

-Nosotros vivíamos bien. Mis hermanos trabajaban en un puesto en la feria y no nos faltaba para comer. Pero cuando te ofrecen en una semana lo que tú ganas trabajando duro en dos meses, ese dinero fácil nos tentó. Nos metimos todos y acabamos perdiendo el puesto en la feria. Ahora, cuando voy a visitar a mis hermanos a la cárcel, ellos recién se dan cuenta que no valió la pena -confiesa.

J.M. se queda pensativa. Frente a una casa del pasaje Karl Brunner un joven maniobra arriba de una escalera artesanal casi colgado de los cables de luz.

-Es el Marco Yegua, se hace sus monedas colgando a los vecinos de la luz por $30 mil. A muchos les conviene porque Chilectra no se atreve a mandar gente a descolgarlos. Lo mismo pasa con el agua. Aquí muy rara vez te cortan el agua o la luz. No se atreven a entrar. Por eso, aunque lo pasen mal, mucha gente se queda aquí: tiene ciertos privilegios y es mas barato vivir en La Legua –nos cuenta nuestra guía.

A medida que avanzamos las miradas y gestos de los que están parados en puertas y esquinas aumentan. Mi guía responde con señas de negación o con un raro movimiento de manos.

-Unos preguntan si eri rati, otros si estai buscando merca. A los primeros les dije que no y a los segundos que sí. Por eso me hacían el gesto para que les compres a ellos –me explica.

En otro pasaje me encuentro con Rosa (31). Desde hace una semana la fiebre y los dolores mantienen en cama a Miguelito (8), el mayor de sus tres hijos. Ya no queda nada que comer en su casa. Desde que nació su hijo menor, hace ya dos años, Rosa es el único sustento de sus hijos.

-Desde que mi hijo comenzó con la bronquitis tuve que dejar de ir a trabajar. Y como trabajo haciendo aseo y me pagan por día, ya no tenía a quién más pedirle prestado dinero –cuenta.

En la desesperación, decidió pedirle ayuda a su vecino. Rosa sabe que es narcotraficante y también, que en múltiples ocasiones ha ayudado a vecinas de su pasaje en problemas. A cambio de protección y ciertas complicidades.

-Me quede esperando detrás de la ventana hasta que a media mañana llegó en su camioneta. Salí muy nerviosa a la calle. Lo saludé. El ya sabía que mi hijo estaba malito. Le conté que no mejoraba, que no podía salir a trabajar y que necesitaba algún trabajo en la población para poder comprarle medicamentos y llevarlo al hospital. Se metió la mano al bolsillo, sacó $130 mil y me dijo: “Tome vecina, pero yo no quiero que se meta en esta huevada. No vaya a ser que después la detengan y se queden sus hijos tirados” –cuenta Rosa.

La mujer le agradeció. Pero se siente culpable al recordar a su marido. Una noche de viernes, cuando él volvía del trabajo en su motocicleta, lo atropelló una micro. Su esposo era nacido y criado en La Legua Emergencia y apenas salió del liceo se fue a trabajar a la misma empresa que empleaba a su padre. Muchas veces los narcos le vinieron a pedir su moto para hacer “unos encargos” a cambio de dinero, pero él jamás aceptó. “Era muy estricto con esto de la droga”, recuerda Rosa.

-Imagínese lo mal que me sentí por ir a pedirle dinero a mi vecino… ¡Pero cómo después de lo que me ayudó lo voy a denunciar! Imposible. Así como yo hay muchas mujeres y familias en esta población que aunque rechacemos esta porquería les debemos lealtad –afirma.

Carmen (37) y Luis (42) saben bien de lo que habla Rosa. Hace algunos años, cuando el matrimonio empezó a ver a narcotraficantes pasarles droga a los niños del barrio frente a su casa, decidieron enfrentarlos. Un día, Luis vio a uno de estos “soldados” (el Gigio), llevarse su bicicleta. Salió tras él y lo vio refugiarse en una casa del pasaje Zarate.

-Eran las 2 de la tarde. El pasaje estaba lleno de gente. Me acerqué a la puerta y le pedí que me devolviera la bicicleta. En cosa de segundos, el Gigio salió con un revólver y me disparó tres balazos a quemarropa. Y ya no supe más nada. Diez días después me desperté en el hospital – recuerda Luis.

En el Hospital Barros Luco el neurocirujano Mario Canitrot le dijo que un 90 % de los pacientes con la misma pérdida de masa encefálica que él tuvo, en el mejor de los casos queda parapléjico. Después de 10 días en coma, 23 días hospitalizado y 4 meses de recuperación, Luis volvió a trabajar. Y se siente un privilegiado. A medias. Porque por miedo no hizo la denuncia. Desde entonces, él y su señora prefieren “no ver” lo que ocurre más allá de su puerta. El autor de los disparos vive a dos cuadras de su casa.

Paz Ciudadana amenazada

Desde hace años la opinión pública escucha de la inminente intervención estatal de La Legua Emergencia. Como la gran operación policial que tuvo lugar en 2002 y que al poco tiempo terminó con los narcotraficantes nuevamente dueños del territorio. El año pasado, en diez operaciones y con un minucioso trabajo de inteligencia, el grupo antinarcóticos de la Brigada Criminal de la PDI de San Miguel, encabezada por Oscar Norambuena, consiguió incautar 3.148 gramos de clorhidrato de cocaína, 12 kilos de pasta base de cocaína y 27 kilos de marihuana procesada. 44 detenidos y 3 vehículos incautados completan el balance.

Las incautaciones de drogas y encarcelamiento de algunos de los que manejan el mercado de la droga han seguido alimentando la esperanza de los vecinos. Pero la percepción general de los habitantes de La Legua Emergencia apunta a que los niveles de delincuencia han aumentado en los últimos 12 meses.

Así lo reconoció en la primera quincena de octubre el 90 % de los encuestados por la Municipalidad de San Joaquín a pedido de la Fundación Paz Ciudadana. Los siete encuestadores que desembarcaron en su primer día en terreno en la esquina de Comandante Riesle con Juegos Infantiles también lo constataron.

-No habíamos dado dos pasos cuando aparecen dos camionetas y nos cierran el paso. Se bajan unos jóvenes y nos advierten que si entramos ellos no se hacen responsables si nos pasan “cosas malas”. Claramente era una amenaza. La encargada del grupo decidió que volviéramos al centro comunitario. Las siguientes encuestas las tuvimos que hacer invitando a las personas a acercarse a nosotros y no concurriendo a sus casas, como se hace en la mayoría de las comunas –relata P.A., psicóloga del grupo “Previene” de la Municipalidad de San Joaquín.

EL GUATON JULIO: EL ZAR DE LA DROGA

A las 23:21 horas del viernes 15 de octubre una limousine Hummer negra ingresa a La Legua Emergencia por calle Jorge Canning. El lujoso auto se detiene en el número 556. Nada distingue por fuera la casa escogida. Un pequeño portón de fierro enchapado en madera esconde la entrada.

Un adolescente de jockey negro y pantalones anchos sale de la casa seguido de otros cuatro jóvenes de similar aspecto. Con movimientos rápidos suben al vehiculo que enfila rápido hacia Santa Rosa. Ya son decenas de pobladores los que han salido a mirar la limousine que recorre las calles que ni siquiera la policía se atreve a transitar. Nadie tira una sola piedra.

Todos saben que allí arriba va J.F., el hijo de uno de los hombres más poderosos de La Legua Emergencia y el más escurridizo para las policías. También el más temido. Para los 15 años de su hijo, Julio Fuentes Arancibia, más conocido como el Guatón Julio, arrendó una Hummer (a $230.000 la hora) y la sala 2 del teatro Caupolicán (a $600.000). Pero a J.F. lo esperan nuevas sorpresas esa noche. Su padre ha contratado a los “Regeton boys”, la banda top de los adolescentes y a una ex protagonista del programa juvenil de TV “Yingo” para animar la fiesta (Ver galeria de fotos). No hubo límites en los gastos. Cercanos a Fuentes Arancibia que participaron del festejo dicen que desembolsó unos $15 millones.

Fuentes tiene recursos. De orígenes difusos. Todos los habitantes del sector saben que es uno de los hombres que controla el mercado de la droga. Pero en Chile sólo registra una corta estadía en la cárcel.

Han transcurrido 40 días desde la celebración del hijo del Guatón Julio en el Caupolicán. Aún resuenan en las calles de La Legua Emergencia los comentarios por el festejo apoteósico. Pero este jueves 25 de noviembre otro sonido provocará la estampida de las cucarachas. El ruido de motores que invade la calle donde habita el Guatón Julio es de una flota policial. Tampoco habrá reggaeton, sino balas y gritos. Julio Fuentes Arancibia acaba de ser detenido. Debajo de su cama de dos plazas la policía encontró un kilo de cocaína.

-El Julio está en el lado oscuro, pero en la casa jamás guardamos nada. Eso lo pusieron los ratis y lo vamos a demostrar -me dice en tono enérgico su esposa, Maria Pinto, quien insiste en que la policía “lo cargó”.

Otros kilos de la misma droga pero sin refinar se descubrieron en una de las “oficinas” del Guatón Julio en Colchero. En la misma casa -comprada en 2004 por una persona que sólo prestó su nombre- el 28 de octubre se habían descubierto 3 kilos de clorhidrato de cocaína. El inmueble registra más de 10 allanamientos en los últimos seis años.

La defensa de Julio Fuentes, en prisión preventiva por ahora, tendrá 120 días (hasta marzo) para probar que su cliente no ejerció maltrato de obra a la policía y tampoco infringió la Ley de Drogas. Los mismos días de que dispone la fiscalía para probar que es uno de los zares de la droga de La Legua Emergencia.

A la caída del Guatón Julio se agrega la detención de uno de sus “soldados”: Orlando del Carmen Orellana Rodoureira. Su trabajo principal era ser pistolero y “canguro” (guardar y custodiar armas). En su prontuario se inscribe su historial como lanza en Argentina y siete años de cárcel por homicidio.

TODO PARTIO CON EL PERILLA

Hasta mediados de los ‘90, si bien La Legua Emergencia albergaba un gran número de delincuentes, esto no la diferenciaba de otros barrios bravos de la Región Metropolitana. Hasta que llegó el lanza internacional Manuel Fuentes Cancino (el Perilla), quien instaló allí su cuartel central de narcotráfico.

Fuentes fue el primero que empezó a transitar por la población en buenos autos y siempre custodiado por tres o cuatro guardaespaldas armados.

José Ormeño, dirigente de la asociación Raíces de La Legua, conoció a Manuel Fuentes Cancino en sus dos facetas: lanza y narcotraficante.

-El Perilla era un choro respetado y querido en toda la comuna. Cuando sabía de un vecino que lo estaba pasando mal, no dudaba en ayudarlo. Yo lo vi ayudar a mi vecina porque no tenía dinero para comprar útiles para el colegio de su hijo. En Navidad, repartía regalos para los niños más pobres de la población. El llegó por seguridad para su negocio. En El Pinar, donde vivía con su familia, no estaban las condiciones que se dan aquí –cuenta José.

Casas iguales contiguas e interconectadas, pasajes cerrados, gente con necesidades extremas que él ayudaba y que le devolvían la mano con silencio. Un territorio ideal para su negocio. Fuentes Cancino comenzó comprando varias casas para ocuparlas como “oficina”. Ahí llegaba la droga y se distribuía para todo Santiago. También hacia el extranjero. Como las fachadas de las casas son todas iguales y no tenían número en la entrada, él mandó a pintar todas las casas del mismo color. Un eficaz método de protección.

En esa época comenzaron a aparecer los primeros “soldados” y “sicarios”: hombres que aseguraban la protección de su negocio que fue en ascenso. Pero aún así las balaceras no eran parte de la rutina de los habitantes de la población.

-Hasta ese momento aquí uno convivía con delincuentes y choros, pero para nosotros la vida no era insegura porque nos respetaban. Y si algún choro tenía un problema con otro, se agarraban a combos, a lo sumo a cuchillazos, pero era muy raro ver un arma en una pelea vecinal –dice un vecino antiguo.

Todo cambió en 1999, cuando Fuentes Cancino (el Perilla) fue detenido. Un duro golpe para la banda del hombre sindicado como jefe del “Cartel de La Legua”.

El narcotráfico no tardó en reorganizarse en un nuevo cartel: “La Banda de los 40”. Con la ayuda de celulares introducidos por algunas de las visitas o gendarmes a los cuales pagaba en dinero o en especies, el Perilla consiguió mantener desde su celda el control de la droga que se distribuía en el sector sur de la capital.

Los líderes principales del nuevo “Cartel de los 40” eran dos sobrinos del Perilla: Julio Fuentes Arancibia (el Guatón Julio) y su hermano, Juan Fuentes Arancibia (el Vaticano).

A fines del 2003, la PDI consiguió desbaratar la banda. En el juicio, las escuchas telefónicas fueron la prueba de que todas las operaciones eran dirigidas por el mismo Perilla desde la cárcel.

Fuentes Cancino fue trasladado a la que hasta ese momento era usada solo para reos por delitos terroristas: la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mientras los principales líderes de la banda fueron condenados a distintas penas de reclusión.

-Ahí quedo la escoba: ¡cayeron casi todos! Y los que quedaron libres a los pocos días ya se estaban disputando la droga que no había sido incautada por los ratis. Todo cambió. Aparecieron los “picao a choros” y los balazos iban y venían los fines de semana y hasta en la feria de los jueves o los domingos, porque varios se las dieron de traficantes -cuenta la pareja de uno de los condenados.

-Cuando el “Cartel de los 40” entró en guerra las balaceras se escucharon prácticamente todos los fines de semana y empezamos a tener los primeros muertos en las calles -dice un vecino de rostro abatido.

Todos los vecinos han vivido en primera línea la guerra que dio paso a nuevas bandas del crimen organizado. El campo de batalla han sido las calles y pasajes de La Legua Emergencia. Y sus primeras víctimas, sus habitantes. (Vea el multimedia: Los dueños del narcotráfico: ¿Quién controla hoy la Legua Emergencia?)

*Una versión de este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 7 de enero de 2011.

*Vea además la entrevista: Párroco de La Legua: “La batalla contra la droga ya la perdimos”

*Vea el multimedia: ¿Quién controla hoy el narcotráfico en La Legua Emergencia?

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Vea la galería fotográfica de La Legua Emergencia

*Las fotografías aereas de la Legua son gentileza de Aerotop.

Casi a las 20:00 horas del 5 de noviembre de 2008, con luz de día, cuatro hombres entraron a su farmacia, dos de ellos armados. A gritos lo amenazaron y le exigieron dinero. Sin perder un segundo, el líder saltó por encima del mostrador y con violencia empujó a la mujer de Santos –que estaba en la caja– y sacó el dinero. Otros dos, en la puerta, vigilaban. El cuarto apuntaba con su arma al dueño, a su esposa y a los empleados de la farmacia.

Un mes después, cuando aún Santos no había sido llamado a declarar por el primer robo, tres sujetos armados entraron a los gritos y repitieron la operación. A pesar de contar ahora con los sistemas más sofisticados de una empresa de seguridad (ADT) -botón de pánico, monitoreo las 24 horas, contacto directo con el plan cuadrante de Carabineros- una vez más los delincuentes escaparon. Y hubo un tercer atraco.

El 28 de mayo de este año, diecisiete meses después del primer asalto, Ricardo Rojas Venegas fue condenado a seis años como autor de los tres robos a la farmacia de Las Industrias con Departamental. Sus acompañantes siguen libres. Santos busca hoy un nuevo local, lejos de una “zona caliente”.

LA TRILOGIA DEL MIEDO

A fines de mayo, CIPER conoció un plan piloto de la Fiscalía Sur a cargo del fiscal jefe de Robos, Marco Emilfork. Con la ayuda de un grupo de expertos a cargo del cartógrafo forense Alan Lenz, ubica las esquinas y calles con más denuncias de robos por sorpresa, con intimidación y con violencia. La trilogía del miedo.

–La idea es abordar la delincuencia de una manera distinta, centrándonos en los siete puntos más críticos de la zona sur en materia de robos. Una nueva forma de perseguir el delito. Para cada una de esas zonas destinaré un fiscal –explica Emilfork.

A partir de esos datos, CIPER procesó información y unificó los criterios utilizados por las fiscalías Centro Norte, Oriente y Occidente –y también de las policías– para “mapear” las “zonas calientes” de los tres tipos de robos que más dolor de cabeza provocan en la Región Metropolitana (Ver Mapa).

Comprobamos que, a pesar de ser una herramienta reconocida a nivel internacional contra la delincuencia, los mapas georeferenciales no están siendo utilizados en Chile como método de prevención y erradicación del delito. Aquí mostramos algunas razones.

La primera alerta surge al comparar el mapa de 2009 con el de años anteriores: los grandes focos siguen siendo los mismos, con pequeñas modificaciones. Los delitos de los que trata esta investigación, se repiten en los mismos sitios año tras año. Fuimos detrás de las razones.

El Centro de Estudios Estadísticos y Criminológicos de Carabineros usa el sistema de georeferencia del delito para poder determinar los comportamientos y patrones delictuales de las “zonas calientes”. Por Ley de Transparencia, el 7 de junio 2010, hicimos una solicitud sobre sus métodos para terminar con las “zonas calientes”.

En su respuesta (5 de julio), nos adjuntaron un documento PDF de dos hojas que explica en términos académicos en qué consiste el método, y una planilla Excel con “Delitos en estudio” además de las denuncias recibidas entre enero y mayo de 2010. Nada sobre sus métodos de prevención en los sitios donde el mismo delito se repite.

Para entonces, CIPER ya tenía configurado su propio mapa. Decidimos entonces visitar en terreno los sitios más peligrosos. Llegamos a Plaza Italia. Allí hay una cámara de vigilancia de la Municipalidad de Providencia, una cámara de la UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito) y un retén de Carabineros las 24 horas.

El autor de esta investigación comenzó a sacar fotos muy cerca del retén. Inmediatamente se le acercó un carabinero.

–¡Hola! Tenga cuidado, es mejor que ande con la correa de la cámara amarrada ya que por aquí andan delincuentes jóvenes que le dan un tirón y salen corriendo con su cámara.

-¿Roban mucho por aquí? -le digo después de agradecerle el consejo.
–Sí, sí, andan grupos de jóvenes, incluso algunos en solitario, robando al descuido. A usted como es grande no lo van a enfrentar, pero sí lo podrían sorprender con un tirón y llevarse su cámara o la billetera si la trae a la vista. (Ver recuadro)

-¿Y estando ustedes aquí igual roban?
–Igual roban. Aquí no podemos hacer mucho. Si son menores y los detienes, los vuelven a soltar en seguida, y después pasan por aquí y se burlan. Lo que hacemos es que antes de llevarlos les damos unos buenos charchazos. ¡De rabia no más! Porque sabes que después los sueltan enseguida. Aquí los conocemos a todos, pasan toda la mañana cruzándose de un lado a otro.

-¿Y no tienen cámaras de vigilancia en una plaza tan grande?
–Si, mira –señalando a una de las cámaras–, ahí hay una. Allá otra de control de tránsito, pero no sirven para nada. Para lo único que sirven es para denunciarnos a nosotros: se fijan más en si uno esta comiendo algo o si te bajaste sin el gorro, pero no en si mantienes a estos delincuentes controlados.

Volvimos al final de la tarde del día siguiente. Otros carabineros están a cargo del retén.

–¿Hasta qué hora es seguro andar por aquí?
–No se preocupe, hay mucha vigilancia. Toda esta zona es bien segura, nosotros estamos aquí todo el día.

Lo que parece contradecir lo dicho en la mañana anterior cambia rápidamente al tenor de una pregunta: “¿Ganan bien los policías aquí en Chile?”.

–No, ¡qué vamos a ganar bien! Ganamos justo para vivir y si te quieres dar un pequeño lujo te tienes que endeudar. Ganan más los delincuentes que los policías –responde en tono jocoso el carabinero.

–¿Pero al menos tienen algún incentivo por detener a delincuentes?
–Mira lo que dice este español…si nos dan incentivos por detener delincuentes…ja ja ja –responde riéndose, haciendo que otro policía intervenga.

–Si ahora a usted lo asaltan en la otra esquina, el delincuente huye con su mochila, yo salgo de mi puesto, lo persigo y lo atrapo del otro lado del puente, lo único que voy a ganar es una sanción por abandono de mi puesto. Y si el delincuente es vivo, cuando pase detenido me puede inventar que él andaba con 300 euros cuando lo detuve y esos euros no aparecen. Me llamarán de la fiscalía militar a declarar: ¿Donde están los 300 euros del detenido? Y uno tiene que dar mil explicaciones para que te crean. Y el detenido ese mismo día está en la calle. ¡Así es la cosa en Chile!

NO HAY DENUNCIAS

El diálogo, que se repitió con otros términos en otras “zonas calientes”, grafica algunas de las razones de por qué los mismos delitos se enquistan en determinadas esquinas, calles y horarios.

En 2008, según las denuncias recibidas en el Ministerio Público, se registraron 52.949 robos en la Región Metropolitana. En 2009 fueron 52.835, apenas 111 denuncias menos que el año anterior.

Estas cifras contrastan con los índices de victimización de la última encuesta del gobierno y con los de la Fundación Paz Ciudadana. Ambos registran una baja bastante mayor en los robos. Lo cierto es que en los dos últimos años este delito se mantiene prácticamente igual. Y con un agravante: el mapa es el mismo. Los robos se siguen cometiendo en los mismos sitios.

Pero hay más. Según el Centro de Estudios de Carabineros existe una enorme “cifra negra”. En su Cuenta Pública 2009, informa que las comunas con mayor problema delictual registran entre un 45% y un 70% de NO denuncias. CIPER lo confirmó.

En Puente Alto, comuna de alta vulnerabilidad social, su alcalde Manuel José Ossandón, cuenta:

–Aquí el 90 % de los afectados no denuncia. Existen lugares donde la policía no entra si no es con el GOPE. Y el robo a una señora de la población La Legua significa muchísimo más que el robo a una de Las Condes, donde si le roban el laptop ese mismo día se compra otro. Aquí, si le roban el balón de gas, no tiene cómo cocinar. Pero esta señora no hará la denuncia, en parte porque no se siente protegida. Cuando digo que nos faltan carabineros, no lo invento. Pones dos carabineros a caminar por Providencia y espantas a los ladrones, aquí pones a dos carabineros a caminar por algunos sectores y tienes que sacarlos en camilla. (Puente Alto tiene 0.92 carabineros por cada 1.000 habitantes, frente a comunas como Providencia, con 2.02; Las Condes, con 1.22 y Vitacura, con 1.95 por cada 1.000 habitantes).

POR QUÉ NADA CAMBIA EN LAS ZONAS PELIGROSAS

La responsabilidad de las policías es evidente al mirar el Mapa del Robo diseñado por CIPER con las denuncias efectivas. Si tomamos, por ejemplo, el eje central de Alameda, nos encontramos con 11 cuarteles policiales en el sector. De los 36 puntos marcados, muchos están identificados por los mismos cuya tarea es prevenir el delito. Pero el diálogo de Plaza Italia y en otros puntos peligrosos (Ver recuadro) con los mismos policías revela las fallas y vacíos para enfrentar el problema.

La puerta giratoria se escucha reiteradamente como el origen clave del alto índice de delitos. Fernando Valderrama, juez presidente del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, con jurisdicción en Providencia y Ñuñoa, tiene respuestas:

–¿Por qué en Providencia, esquinas como Pedro de Valdivia con 11 de septiembre y Ricardo Lyon con 11 de septiembre, son sitios donde se cometen muchos robos y nada cambia?
–En los controles de detención en esta jurisdicción, en un día con 30 a 35 imputados, son muy pocos los que llegan por robo por sorpresa, con intimidación o con violencia. La mayoría son por violencia intrafamiliar, muchos por hurto en comercio establecido y también por infracción a la propiedad intelectual: comercio ambulante. Y esto es por la baja denuncia y la mala fiscalización contra los robos. Mi percepción es que tal vez se esté dando prioridad a otros delitos: venta ambulante y hurto en comercio establecido. Ahora, como ciudadano le puedo decir que yo paso muchas veces por ese lugar y veo pocos policías o carabineros más preocupados del comercio ambulante.

–¿Muchos acusan que los delincuentes entran y salen una y otra vez?
–No me creo lo de la puerta giratoria. Los imputados que llegan al Ministerio Público y posteriormente al tribunal y con pruebas suficientes, terminan privados de libertad. Lo que sí admito es que muchas veces a los tribunales llegan con antecedentes insuficientes, falta de prolijidad en la práctica de diligencias y por lo tanto ausencia de antecedentes condenatorios. Y como nosotros actuamos conforme a derecho, a falta de pruebas, la persona vuelve a la calle.

–¿A qué se debe esa desprolijidad en las diligencias de los fiscales?
–En gran parte a que hay mucho apuro en resolver rápido los casos y mucho interés en cumplir metas de gestión. Y para cumplir esas metas se hacen las cosas a medias o no se hacen bien. Hay que ser más prolijos y más atentos al hacer las diligencias. A veces nos llegan pedidos de órdenes de detención o allanamiento con pruebas muy vagas, o simplemente sin la explicación suficiente de los antecedentes reunidos y cómo se obtuvieron.

ZONA NORTE: LOS AVEZADOS LADRONES DE CAMIONES

En la zona norte de la capital los robos por sorpresa crecieron un 13% el año pasado. Pero son los robos a empresas y a camiones los que hoy originan los dolores de cabeza del fiscal jefe de Robos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales:

–Nos estamos enfrentando a un tipo de delincuente con prontuario y más avezado. Portan fuerte armamento y forma bandas más organizadas que actúan con información precisa. Sus blancos predilectos son los camiones y las bodegas de empresas que distribuyen o almacenan las cargas de los mismos. (Ver recuadro).

Al elegir las sedes de empresas, estas bandas identifican los horarios con menos gente trabajando o con baja o nula presencia de guardias, además de la información sobre los lugares donde se encuentra el dinero y vías precisas de escape. Respecto a los camiones, los más codiciados son los que transportan cigarrillos, ropas u objetos de marcas exclusivas, electrodomésticos y celulares, los que muchas veces terminan siendo vendidos en Perú y Bolivia.

Por lo general estas bandas nunca guardan lo robado en sus casas. Poseen un lugar muy discreto para almacenar la mercadería y contactos para una reducción rápida, especialmente circuitos de reventa en el comercio establecido. Por ejemplo, para ropa de marca tienen sus tiendas de distribución. No venden el botín en ferias. Saben que allí no les van a pagar un buen precio.

Este delincuente actúa muy confiado, dice el fiscal Morales. Como los cinco hombres que el pasado 13 de marzo ingresaron con un camión a las bodegas de la empresa de distribución de celulares Cellstar, en avenida Presidente Eduardo Frei Montalba (Conchalí). Permanecieron 40 minutos y salieron con un botín avaluado por la propia empresa en 1 millón de dólares ($570 millones).

A pesar de haber constatado que parte de este robo se vendió en Antofagasta, los fiscales reconocen que es un caso muy difícil de resolver. No obstante, aseguran que agotarán todas las instancias antes de que este robo pase a engrosar el 70 % de causas que se archivan sin culpables. Y también acusan carencias.

-Se habla de la falta de policías, pero no de especialidades. Un gran error. Se necesitan policías con más preparación y mejor pagados. Cuando se combate un delito donde los delincuentes en un día ganan lo que a un carabinero le cuesta un año de trabajo, no podemos pedir más. La falta de medios con que cuentan nos juega en contra. Se les estropea un vehículo y ya no tienen en qué salir o no tienen dinero para gasolina –dice el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía Occidente.

En otra fiscalía son aún más tajantes: han tenido que dejar de trabajar ciertos robos con algunas unidades de la PDI que han pasado a ser objeto de investigación en el Ministerio Público por corrupción y obstrucción a la investigación.

ROBOS A CASAS DEL SECTOR ORIENTE

Dentro de esta trilogía de robos –por sorpresa, con intimidación y con violencia–, es el último el que aumentó un 14 % en el sector Oriente de la capital (de 2.009 a 2.282 casos en los últimos dos años). Pese a que el sector, el de mayor poder adquisitivo de la capital, cuenta con los mejores sistemas de seguridad y vigilancia, en lo que llevamos de este año la Fiscalía Oriente registra 2.019 robos en lugar habitado.

Con un agravante; gran parte de estos robos ha afectado a casas con moradores. Éstos son reducidos por los delincuentes, amarrándolos o encerrándolos mientras desvalijan el inmueble. “Robos con amarrados” los llaman en la jerga interna de las fiscalías. Un delito especialmente grave, para el que se ha destacado a cuatro fiscales de tiempo exclusivo. Solo en marzo, 200 casas fueron afectadas por este delito. Entre ellas, la del ciudadano alemán M.J., asaltado por tres hombres el 19 de marzo a las 20:30, cuando salió al patio (condominio “El Remanso” de Las Condes) para alimentar a su gato.

Transcurridos tres meses y a pesar de haber cumplido con todos los protocolos policiales y del Ministerio Público, esta carpeta ya forma parte de los archivos provisorios o sin resolver. De los autores, ni una sola pista. El año pasado, en la misma Fiscalía Oriente, el 87% de las 7.032 denuncias de robos en lugar habitado tuvo el mismo final.

En es sector hay un gran problema: la escasa participación de las víctimas. “Uno logra detener al delincuente, recuperar especies, llega la etapa del juicio y las víctimas al final no declaran”, relata el fiscal Marcelo Vargas, de la Fiscalía Oriente.

–El mayor problema es que las víctimas confíen en que se les puede proteger a la hora del juicio oral y no se retracten al momento de estar frente al juez. En ese minuto, el estar frente al delincuente, atemoriza a muchos. Sobre todo cuando la víctima y el victimario tienen un entorno más o menos común (vivir en la misma comuna, por ejemplo, pero en sectores socio económicos distintos). En ocasiones, durante la investigación, ya sea el delincuente o sus familiares hacen contacto con la víctima para que ésta se retracte. Y tiene efecto vía amenaza o pasando dinero –ejemplifica Vargas.

Lo anterior lo confirma Marcos Emilfork, de la Fiscalía Sur:

–Ayer (martes 15 de junio) me llegó este correo referente a un robo de un camión en La Pintana en que uno de los delincuentes fue capturado por una patrulla de Carabineros que pasaba por el lugar. “Señor Fiscal: No queremos seguir adelante porque la familia del imputado nos pasó 250 lucas a cada uno de los dueños de la mercadería. Así que queremos retractarnos de nuestra declaración y ya no queremos ser citados”.

ROBOS A CASAS EN EL SECTOR SUR

Por problemas atribuidos al terremoto, la Fiscalía Occidente no contaba con las cifras exactas de los robos a casas en el sector sur de la capital. Pero según cifras de Carabineros, el número no es pequeño. Sí reconocen que por ser gente de menores recursos e influencia social, no se les presta la misma atención que a las víctimas del sector oriente. El protocolo no escrito da cuenta de ello.

–Aquí en la 52 ª comisaría de Maipú, en caso de asaltos a casas, los primeros que se hacen presentes son los del carro policial de ronda. Una vez constituido en el lugar, si se trata de alguien “influyente” –pariente de un fiscal, alcalde o ministro o de alguien con influencia política o social que pudiera atraer a la prensa– los del carro policial avisarán inmediatamente al jefe de turno, quien se presentará y valorará la importancia de la persona afectada asegurándose si está la prensa o si puede llegar. En caso positivo, avisará al mayor (comisario) que, de hacerse presente por la “importancia del sujeto asaltado”, irá acompañado de los dos capitanes que se encuentran en la unidad. Esto puede llevar a que, por considerarse un hecho mediáticamente bueno para Carabineros, el mayor a su vez llame al prefecto de la zona occidente quien se hará presente con los dos comandantes. Un caso así puede llegar a convocar hasta 30 carabineros en un lugar. Si el mismo asalto ocurre en la casa de cualquier vecino, llega el carro policial, con suerte le tomarán la denuncia, en muchas ocasiones le dicen a los dueños de casa que no vale la pena. Y si le toman la denuncia, les dicen que debe esperar la citación -explica un oficial de esa Comisaría que pide reserva de su identidad.

Este código tácito fue confirmado por un alto jefe de Investigaciones del sector alto de Santiago. El procedimiento utilizado –dice– dependerá en gran medida de quién es la persona afectada y de los contactos sociales que tenga.

El 15 de julio del año pasado, Matilde Vidal se presentó en el cuartel de la PDI en Echenique (La Reina). Denunció un robo en su casa. Hizo la declaración y esperó la citación de la fiscalía. Nunca llegó. A los 20 días una vecina le proporcionó a Matilde el nombre del ladrón. Visitó la casa del supuesto delincuente y habló con su madre, la que se mostró dispuesta a reparar el daño. Justo en ese momento llegó el acusado y la echó de la casa. Matilde llamó al cuartel de la PDI. Esa misma tarde llegaron a su casa dos policías. Recogieron los nuevos datos y le dijeron que ahora sí todo llegaría a la fiscalía. El 21 de agosto –según consta en la causa RUC 0900667661-5 del fiscal José Reyes–, se recibió un oficio de la PDI aportando antecedentes y pidiendo interrogar al sujeto. La orden nunca fue despachada desde la fiscalía. Veintiún días más tarde, Matilde recibió una notificación de la fiscalía informándole que por falta de antecedentes la causa se cerró. Diez días después hubo un asalto a un camión de Coca-Cola en el mismo sector. Un sujeto fue detenido. Matilde descubrió que se trataba del mismo joven que robó en su casa.

Muy distinto es lo que ocurrió con el anillo de compromiso de oro, platino y diamantes que le robaron a la mamá de un fiscal de esa zona. Desapareció de su casa un día 30 de diciembre y al día siguiente, el mayor de la 47ª comisaría Los Dominicos se lo entregó personalmente. Había sido vendido en una joyería de la calle Estado. El caso se resolvió en tiempo record.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 30 de julio de 2010.

Desde el año 2000 han sido asesinados 49 periodistas en México, ocho están desaparecidos y decenas han recibido amenazas. Según Reporteros Sin Fronteras, es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El primero es Iraq. Hace poco más de tres años, unos encapuchados atacaron el diario El Mañana de Nuevo Laredo, una ciudad enclavada en la frontera norte. El reportero Jaime Orozco Tey, quien aquel 6 de febrero de 2006 cumplía 43 años, resultó gravemente herido de cinco disparos. Quedó en silla de ruedas. Esta es la reconstrucción de un atentado por el que aún no hay ni un solo detenido.

Algo acaba de explotar. El estallido ha dejado un hueco en el piso y ha repercutido en el estómago de todos. Unos encapuchados entran y aprietan con sus manos las culatas y los gatillos de las ametralladoras. Son manos que actúan de manera automática. Disparan a todos lados. Las balas perforan paredes, rompen vidrios y lámparas, un cuerpo humano.

Y esos que disparan, ¿son dos, tres? ¿Quizá hay más? ¿Otros allá afuera?…

¿Es posible? Sentir de repente una bofetada de pavor ante el estruendoso eco de los disparos. ¿Eco? No, es la siguiente ráfaga.

Miedo. Silencio. Un silencio espeso y extraño. La resonancia sorpresiva de lo que acaba se pasar y la incertidumbre de lo que vendrá.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Es ese grito y más ráfagas. Y otra granada.

No, esto no es un campo de batalla. Es la redacción de un periódico.

Aquí ya todo es posible.

Apenas esta mañana la jornada de trabajo se desarrollaba sin sobresaltos. Quizá porque este lunes parece domingo. Hoy es 6 de febrero de 2006 y ayer se conmemoró un aniversario más de la Constitución mexicana. Por disposición oficial, el día de asueto es hoy. Por eso, los que acuden a trabajar reciben doble paga. Esto lo han tomado con gusto por lo menos aquellos que forman parte de los departamentos de Redacción, Fotografía y Diseño del rotativo El Mañana, el más influyente de Nuevo Laredo. Solo a los que pertenecen al área administrativa y a los empleados del comedor les han concedido descanso.

Entre los reporteros y editores se respira satisfacción profesional. El periódico publicó en primera plana el fin de semana una lista con nombres de reporteros (entre ellos uno de El Mañana), columnistas y medios informativos que, incluidos en una nómina, reciben dinero de la alcaldía local. La nota despertó varias reacciones en distintos sectores de la sociedad. Este lunes algunos reporteros han salido a recabar más opiniones, sobre todo de los regidores de oposición. En la agenda informativa también está el seguimiento del caso de la colonia Blanca Navidad, un predio, al poniente de la ciudad, habitado por unas 800 familias que llegaron ahí porque no tenían dónde y que fue desalojado de forma violenta la semana pasada.

Al mediodía, la primera plana para la edición de mañana martes va tomando forma. Después de acudir, como todos los lunes, a los honores a la bandera en la explanada de la alcaldía, un reportero ha llegado al periódico para buscar en el archivo fotográfico imágenes que evidencien a unos maleantes detenidos, pues hasta hace unas semanas eran policías federales, y nadie ha hecho público ese detalle.

Lo más probable es que esa sea la nota principal. Y también el seguimiento de los periodistas corruptos debe ocupar un lugar destacado. Además, hay dos noticias sobre los candidatos presidenciales: la Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado a cargo de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador al general Audomaro Martínez y Felipe Calderón ha negado un gasto millonario en su campaña publicitaria. Del otro lado del mundo, la francesa Isabelle Dinoire ha mostrado su nueva cara después del trasplante facial que le han realizado. Algunas notas locales, deportivas y de espectáculos van terminándose.

Como hoy el comedor no funciona, varios empleados encargan comida. Luego, los dedos comienzan a caer sobre las teclas de la computadora. El trabajo se combina con algunos momentos de charla de cuya utilidad a veces se duda, risas, pasos. Hasta este momento, todo indica que en unas horas se cerrará la edición y todos volverán a casa un poco más temprano que de costumbre.

Nuevo Laredo está en la frontera entre México y Estados Unidos. Era parte de Laredo, Texas, hasta que en la guerra entre estos dos países México perdió la mitad de su territorio. Entonces, en 1848, la ciudad se tuvo que partir en dos. Al norte del río Bravo quedó Laredo y al sur, Nuevo Laredo. Con el paso de los años comenzaron a trazarse las actuales calles y avenidas, a construirse casas para ser habitadas, en su mayoría, por gente foránea que quería iniciar una nueva vida aquí y algunos edificios y hoteles para los “turistas de negocios”. Por Nuevo Laredo pasa una tercera parte del comercio exterior de México. Tiene cuatro puentes internacionales por donde circulan todos los días peatones, carros particulares, autobuses de pasajeros, camiones cargados de mercancías. Durante la Navidad, hay largas filas de automóviles de “paisanos”, que es como llaman a los mexicanos que se han ido a vivir a Estados Unidos pero que regresan en esas fechas a ver a sus familias.

Hoy es una ciudad de cerca de medio millón de habitantes. Aquellos que cuentan con la visa estadounidense cruzan la frontera seguido solo para ir de compras a Texas. Sobre todo en las temporadas en que los centros comerciales comienzan las rebajas.

El clima en Nuevo Laredo es extremo. En invierno la temperatura puede descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero. Pero en verano hay que aguantar 40 grados centígrados de un calor seco, asfixiante. Estas condiciones no impiden que a lo largo de todo el año, pero en especial durante la primavera, la ciudad se convierta en una de las principales antesalas para los migrantes indocumentados. Llegan de muchas partes del país y de Centroamérica dispuestos a cruzar el río para alcanzar el territorio estadounidense.

Pero por este paso fronterizo, además de seres humanos, se trafican drogas. Los narcotraficantes han hecho de esta ciudad una plaza clave para su negocio. Desde hace varios años, la violencia es cosa de todos los días. Las bandas de narcos se matan entre sí, matan a sus vecinos, a los policías o a los soldados que intentan combatirlos. Y cuando algo que los incomoda aparece en un medio de comunicación, amenazan a los periodistas o quizá algo peor.

Durante años, los periodistas de El Mañana han trabajado bajo cierto grado de censura, de pavor, de riesgo. Un riesgo cercano y tangible en varias ocasiones. En 1996, por ejemplo, Ninfa Deándar, presidenta y dueña del periódico, y sus hijos fueron amenazados de muerte. Se distribuyó entonces un folleto lleno de infamias contra ella sin que nadie impidiera su circulación. En cambio, en noviembre de ese mismo año, Ninfa Deándar fue sometida a un proceso judicial por difamación, acusada por la entonces alcaldesa Mónica García Velázquez.

El periodista Raymundo Ramos, a su vez, fue secuestrado durante unas horas y conminado a que “ya no atacara al gobernador” de Tamaulipas, Manuel Cavazos.

Pero el más rotundo atentado contra El Mañana sobrevino el 19 de marzo de 2004. Poco después de salir de la redacción, en la madrugada, y cuando se hallaba a las puertas de su casa, fue asesinado a puñaladas el director editorial del diario, Roberto Mora García.

Del año 2000 a la fecha en México han asesinado a 49 periodistas, ocho han sido desaparecidos y decenas, amenazados. El último deceso ocurrió el domingo 22 de febrero. Luis Daniel Méndez Hernández, un reportero de La Poderosa, una estación radial de Tuxpan, en el estado de Veracruz, fue baleado por la espalda. Según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras, después de Iraq, México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

Con el caer de la noche, la tranquilidad instalada durante el día parece esfumarse en El Mañana. En la recepción del edificio hoy se encuentra un guardia de seguridad. La recepcionista tuvo el día libre. Es un hombre fuerte, maduro, casi 50 años, con nietos. A unos cuantos metros de la recepción, siguiendo un pequeño pasillo, están las oficinas de las subdirecciones Local y Nacional, ocupadas por sus respectivos encargados. En el primer pasillo de la redacción, el que da hacia la calle, un editor, dos correctores de estilo y el director de La Tarde –el diario vespertino de Editora Argos, la misma empresa que edita El Mañana– revisan algunas notas. En el segundo pasillo hay tres editores y un reportero, quienes se encargan de los últimos detalles de las secciones Nacional, Local y de la revista, para integrar el primer tiro del diario. En el tercer pasillo, la sección deportiva está terminando de editarse. De pie, frente a un mapa de la ciudad colgado en la pared, dos reporteros revisan unas fotos. Uno de ellos es Jaime Orozco Tey.

El baño de mujeres está ocupado por una editora. Las acristaladas sala de juntas, oficina central y oficina de edición de Local se encuentran vacías y con las puertas cerradas. En el departamento de Diseño hay ocho personas frente a las computadoras cumpliendo sus funciones. En Fotografía Digital hay una única persona, al igual que en la oficina de Clasificados. Arriba, en el segundo piso, una muchacha termina de hacer el aseo cerca del área de sistemas, en donde se encuentran dos más. La rotativa permanece vacía porque los trabajadores no llegan hasta las 9 de la noche. A lo mucho, dentro del edificio hay unas 40 personas.

Faltan 17 minutos para las 8 de la noche y es entonces cuando se escucha la explosión.

Han lanzado una granada frente a las oficinas de las subdirecciones editoriales, pero se cimbra todo el edificio, como si se tratara de un temblor. Del techo cae tierra y polvo.

La mayoría de la gente corre para resguardarse. Se dirigen hacía Diseño y Prensa. Hay quien solo alcanza a tirarse al suelo para esconderse bajo los muebles de las computadoras. Y ahí permanecen, quietos.

Los encapuchados entran por la puerta principal del edificio y comienza la balacera.

Todos permanecen quietos. Intentan imaginar qué es lo que puede pasar. Hay nerviosismo. Se siente miedo, un miedo físico y atroz. Un miedo real, sin paliativos ni defensa. Quizá de esta ya no los libra nadie.

A las 7:45 por la calle pasa una señora con su hijo a bordo de un auto. La luz roja del semáforo en el cruce de las calles Juárez y Perú, la esquina donde está el periódico, le indica que se detenga y los sonidos de los balazos que se voltee. Pero la mujer se pasa el alto con aparente tranquilidad. Porque así son las cosas aquí en Nuevo Laredo: haces como que no ves ni oyes para no meterte en problemas.

Antes de aventar otra granada los sicarios siguen descargando sus armas y lanzan su sentencia.
—¡Ora sí se los va a llevar la chingada a todos!

Otra explosión. De nuevo parece que el edificio se derrumba. El sonido es similar a cuando se echa abajo una construcción. El polvo dificulta la respiración. Arden las narices.

Tensión. Miedo de no saber actuar a la altura de las circunstancias. Ojos desencajados. Rostros fruncidos, estupefactos. Es todo tan confuso. Sucede tan rápido. ¿Ya habrán matado a alguien? ¿Llegarán hasta nosotros?

En el instante en el que solo existen los estampidos de los disparos todo parece detenerse. Apenas se alcanzan a escuchar los gemidos truncados y el ruido de un cuerpo al caer. Dos minutos suelen ser muy poco tiempo, pero ahora parecen una eternidad.

Unas cuantas ráfagas más y los tipos se despiden.

Afuera, tres carros y dos camionetas, vehículos que cercaron las esquinas Morelos-Perú y Perú-Juárez, encienden motores. Se escapan a toda velocidad. Adentro, quedan los boquetes producidos por las granadas y las balas, vidrios rotos, el miedo.

Silencio. ¿Se han ido? Sí, parece que ya se fueron. Hay quien tiene por un momento la sensación de ser el único sobreviviente. Viene el desdoblamiento, el horror, el estremecimiento de presenciar una pesadilla. ¿Qué hacer? Las miradas se encuentran. No se pronuncian palabras. Es suficiente verse reflejado en los ojos de los otros. Es sentirse unidos en esta vida que ahora parece escaparse. ¿Llorar?

Alguien se queja.
—¡Ayuda!… ayuda —grita lo más fuerte que puede.

Al principio nadie le responde y mucho menos salen de sus escondites por temor a que los encapuchados regresen. No saben todavía que el que pide ayuda es Jaime Orozco Tey ni que su cuerpo está perforado por cinco disparos. Cuatro los recibió por la espalda y le dañaron la columna vertebral y un pulmón. Un proyectil más le perforó el hombro por delante.

Tey, como le dicen todos sus compañeros, está cumpliendo hoy 43 años de edad. Hasta este momento, 15 de ellos en el periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, tiene dos hijas y es bromista. Es el reportero de guardia de El Mañana. Entra a las 5 de la tarde y sale a la 1 de la madrugada. Cubre los sucesos que surjan durante ese horario o ayuda a algún editor si la jornada está tranquila.

Mientras comenzaban los disparos, Tey y otro reportero se encontraban frente al mapa que está a la entrada de la redacción. Ambos revisaban unas cuantas fotografías y seleccionaban la que habían de publicar para evidenciar que los maleantes detenidos hace unos días fueron policías federales. Tey dio media vuelta para dirigirse a la subdirección editorial Nacional. El otro reportero, en sentido contrario, se adentró en la redacción. Los encapuchados lanzaron la granada y las esquirlas cayeron en el rostro de Tey. Luego vinieron las ráfagas que lo lesionaron mientras él permanecía detrás de una pared de tabla roca.

La editora que estaba en el baño se quedó ahí durante la balacera. Apagó la luz, se refugió en un rincón y no hizo ruido. Al salir pensó que encontraría a todos sus compañeros muertos. Diseñadores y reporteros habían corrido para esconderse en Prensa, entre la tinta, la maquinaria y los rollos de papel. Un chico, corrector de estilo, salió de la oficina de la subdirección editorial Nacional, subió unas escaleras. En el segundo piso se encontró con la muchacha de la limpieza y ambos corrieron hacia el pequeño patio que está afuera del comedor. Los subdirectores editoriales solo alcanzaron a esconderse debajo de sus escritorios.

Después del tiroteo la que reaccionó primero fue la persona de la oficina de Clasificados. Se dirigió a la puerta. Con calma, despacito. Pero alguien la vio y de inmediato la jaló para esconderla una vez más. Los matones pueden volver, pensaban.

Poco a poco, todos salían e iban acercándose a Tey.

El dolor del reportero herido se transmite al instante a todos los que le observan. Y esa es la señal de que ya todo es posible. Así ha quedado trágicamente claro. Ya no solo matan a los periodistas, también atacan sus centros de trabajo.

Cada respiración de Tey parece un paso más hacia el final. Hay tanta sangre. Está derrumbado de espaldas y a primera vista solo se percibe el disparo que tiene en el hombro, pero ese enorme charco de sangre que tiene abajo indica algo más.

Luego se sabrá que las heridas producidas le dañaron parte de la médula ósea y que además tuvieron que extirparle unos 30 centímetros de intestino afectado por las balas. Quedó en silla de ruedas después de permanecer cuatro meses hospitalizado.

El vigilante se levanta del suelo. Toma el teléfono de la recepción y llama a la policía. Alguien más avisa de lo sucedido a la presidenta y dueña del periódico, quien llega junto con sus hijos en unos 15 minutos, antes que la policía. Enseguida arriba la ambulancia. Y, al final, los policías, algunos reporteros en busca de la nota y los infaltables curiosos.

Los agentes entran al edificio y examinan el lugar en busca de casquillos. Toman declaraciones y fotografías. “Quizá, solo quizá, fue para intimidar”, es lo primero que dicen.

Ninfa Deándar trata de infundir ánimos a su gente.
—¡El periódico tiene que salir, hagamos un esfuerzo! –les dice.

Algunos no le hacen caso. El shock ha sido descomunal y lo único que quieren es regresar a casa para sufrir en privado. Pero otros aceptan quedarse para sacar adelante el trabajo.

Reciben 89 llamadas telefónicas de medios nacionales e internacionales pidiendo informes acerca de lo sucedido. No obstante, hasta las 10:30 de la noche El Mañana no envía un boletín a diferentes medios y asociaciones de periodistas. Hay quien se encarga de terminar con la revisión de notas y fotos. Otros limpian los vidrios esparcidos por el piso y la sangre derramada que a su paso había manchado las imágenes seleccionadas para la nota de los policías delincuentes. Editores y diseñadores continúan formando planas. Y así lo hacen hasta las 3:32 de la madrugada, hora en que se cierra la edición.

A las pocas horas, El Mañana ya circula en las calles de Nuevo Laredo con un editorial titulado Guerra ajena a la sociedad:

“Desde el asesinato de Roberto Mora vimos que la autoridad estaba rebasada por la delincuencia organizada y que no había garantías para los periodistas. Esto nos llevó a tomar medidas como autocensurarnos con temas delicados donde veíamos riesgos, cubrir exclusivamente los hechos, no mencionar nombres de algunos cárteles; haciendo malabares con la información para tratar de sobrevivir esta guerra ajena al periódico y a la sociedad de Nuevo Laredo.

Tomaron de campo de batalla a Nuevo Laredo, porque esta es una plaza muy peleada. Cruzan seis mil tráileres diarios y las autoridades norteamericanas sólo revisan físicamente 50 o 60. Esto hace a esta plaza más importante que Tijuana o Ciudad Juárez.

¿Quién fue el responsable? (del atentado de anoche). No lo sabemos, pudo haber sido cualquiera. Son fantasmas. Muchas veces nos utilizan a los medios agrediéndonos para perjudicar a la banda contraria y así justificar que la supuesta autoridad ejerza más presión sobre un grupo rival. Es una nueva forma de hacer terrorismo.”

El martes 7 de febrero algunos deciden no ir a trabajar y otros quieren permanecer todo el tiempo encerrados en el edificio ahora custodiado por la policía. Se mandó construir un muro de contención y cámaras de video en la entrada principal del edificio. A los fotógrafos les dieron chalecos antibalas. A raíz del atentado, 28 empleados se fueron del rotativo por miedo. Hubo quien solo se armó de coraje y valor, y algunos de los que se quedaron exigieron un aumento de sueldo a cambio de estar dispuestos a seguir en la ciudad viviendo con ese miedo que aquí es el precio por informar. Se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero todavía los hechos no han sido esclarecidos. Solo se reforzó la hipótesis de que el crimen organizado del narcotráfico podría ser el culpable, pero ni una sola persona ha sido detenida.

Tres años después, Jaime Orozco Tey sigue en rehabilitación y no pierde la esperanza de volver a caminar algún día. Entre los reporteros de El Mañana se impuso algo peor que la censura: la autocensura. El tema del narcotráfico ya casi no se aborda y cuando se hace, las notas salen sin firma. Porque en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, en México, dar una noticia puede costar la vida.

*Este texto fue publicado originalmente en la revista Séptimo Sello del diario La Prensa de El Salvador.

En el caso de Carabineros, la información acerca de los montos percibidos en la institución por la prestación de servicios a particulares a través de su Dirección de Seguridad Privada (OS-10) se venía solicitando desde 2007, cuando CIPER investigaba los casos de policías vinculados a delitos. Luego se solicitó, con más detalles, en enero de 2009. Las respuestas a ambas petitorias fueron tardías, genéricas e incompletas. Y siempre faltó el dato más importante: cuántos ingresos recibe la institución por dicho concepto. Por eso, apenas entró en marcha la nueva Ley de Transparencia, CIPER pidió nuevamente la información.

El 20 de abril se envió una nueva solicitud a Carabineros, la tercera para obtener los mismos datos. El 12 de mayo llegó la respuesta. Esta vez sí se incluyeron los detalles de cuánto obtenía el OS-10 por evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados, los precios cobrados por el proceso, una tabla de ingresos v/s gastos correspondiente al año pasado y la nómina de sanciones que ha cursado dicho departamento a las empresas de seguridad.

Documentos enviados por Carabineros de Chile (12 de mayo de 2009)

Solicitud de acceso a información Carabineros.
Carta de respuesta de Carabineros.
Anexo 1: Ingresos percibidos por acreditaciones de guardias 2002-2008
Anexo 2: Planilla de ingresos v/s costos de OS-10 (2008)

Anexo 3 – Infracciones de empresas de seguridad detectadas por OS-10:
Infracciones, año 2005
Infracciones, año 2006
Infracciones, año 2007
Infracciones, año 2008
Infracciones, año 2009 (hasta mayo)

A la Dirección del Trabajo (DT) se le pidió la información referente al número de denuncias y multas presente en sus registros sobre empresas de seguridad. Para obtener la respuesta, también hubo que solicitarla en tres oportunidades.

La primera fue el 21 de noviembre de 2008: la respuesta del 16 de enero pasado dice que el acceso a la base de datos del servicio “es a partir del R.U.T. de cada una de las empresas o de la razón social de las mismas”. Por lo mismo, el 28 de enero CIPER envió nuevamente la solicitud, pero anexando una lista de empresas de seguridad: las que habían mencionado en entrevistas los trabajadores del área como las de peores condiciones laborales y las principales del rubro de transporte de valores. Como durante los tres meses siguientes no hubo respuesta, al día siguiente de la puesta en marcha de la nueva ley para el acceso a la información pública, CIPER volvió a pedir la información.

Los documentos llegaron el 19 de mayo.

Documentos enviados por la Dirección del Trabajo (19 de mayo de 2009)
Carta de respuesta de Dirección del Trabajo.
Listas de denuncias y multas contra empresas de seguridad:
Alfa Ltda. y Omega Ltda.
Megaservicios Ltda.
Pegasus Ltda.
Shield’s S.A. (I y II)
G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.
Brink’s (I, II y III)
Empresas Prosegur: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L.

Empresas Wagner: Wagner Servicios Integrales de Seguridad y Transporte de Valores Ltda. y Wagner Custodia, Seguridad y Transporte de Valores S.A.

Vea además:
Acceso a Información Pública: Ingresos de Carabineros por acreditación de guardias y vigilantes privados

Serie de reportajes de Seguridad Privada:
Seguridad privada I: El millonario negocio de explotar el miedo
Seguridad Privada II: Las historias no contadas del terror que impera en Wagner
Seguridad Privada III: Un negocio que genera abusos laborales e ingresos millonarios a Carabineros

Y no es la única en abusar de las leyes laborales entre las empresas que se dedican a vigilar bienes e inmuebles. CIPER solicitó a la Dirección del Trabajo (DT) y a Carabineros antecedentes sobre el cumplimiento de las empresas a las normativas que rigen al rubro. Las respuestas dan cuenta de un sector que acumula múltiples infracciones.

En todas las entrevistas hechas a trabajadores del sector destacaron las infracciones en el ámbito laboral de los dueños de G4S. Los datos enviados por la DT lo ratifican: entre las dos razones sociales de G4S (G4S Security Services S.A. y G4S Security Services Regionales S.A.) suman 250 páginas de denuncias y multas. La mayoría se refiere a infracciones relativas al contrato individual, aunque también las hay por no pago de cotizaciones previsionales, informalidad laboral y por no cumplir con las condiciones sanitarias básicas.

Group 4 Securicor (G4S), con presencia en Europa, Asia y África, adquirió en 2006 el 75% de la compañía chilena de guardias Segel Ltda. Y se convirtió en la más grande e importante entre las más de mil empresas dedicadas a los servicios de guardias de seguridad en Chile. En su sitio web, informa que cuenta con 8.400 empleados para desarrollar operaciones desde Arica a Puerto Montt. Los precios que cobra por cada guardia bordean el millón de pesos, uno de los más altos del mercado. Pero los sueldos que paga a cada uno de ellos promedia los $180.000.

Golpiza a indigente por parte de guardias de G4S

La multinacional acumula más de 3.100 denuncias laborales –más de una por cada tres trabajadores- y multas por sobre los $1.390 millones desde 2002 a la fecha. Si bien hay que considerar que es mucho más grande que las otras empresas que proveen de guardias –el 90% de las empresas del rubro poseen menos de mil empleados–, las infracciones que registra son proporcionalmente mayores que las de la competencia que también hacen abuso de las leyes. La información que recogió CIPER de las otras cuatro empresas mencionadas por la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech) con las peores condiciones laborales – Pegasus, Shields, Megaservicios y Alfa- así lo demuestra. Sumadas, tienen 191 multas desde 2001, por un total que supera los $72 millones.

De acuerdo a los registros proporcionados por la DT, Pegasus acumula multas por $31 millones desde 2001. Le sigue Shield’s S.A., la empresa del general en retiro de la FACH Carlos Ottone (sobre quien pesa una querella por violación a los derechos humanos), que se dedica principalmente a la seguridad de supermercados, con sanciones por casi $21,5 millones. Alfa registra multas por más de $17 millones, mientras que Megaservicios Ltda., si bien no presenta denuncias ante la DT en los últimos 18 meses, entre 2001 y 2002 tuvo 33. De ellas, diez terminaron en multas por poco más de 1,8 millones de pesos. Omega, la otra empresa de Jorge Arellano, el dueño de Alfa, cuyos guardias mataron a un hombre a golpes en noviembre de 2008 en un supermercado de Viña del Mar, no registra ni una sola denuncia en la DT.

Camiones blindados: Prosegur, la más multada

En el negocio de la seguridad privada, los casos más extremos de abusos a trabajadores son los ocurridos en Wagner, la empresa de transporte de valores del ex detective Gabriel Vargas Guerra. En su historial cuenta con amenazas con armas, denuncias por secuestro y golpizas a sus empleados. Pero no es ni la más denunciada ni la más multada del área por malas prácticas laborales.

CIPER también había pedido en dos ocasiones información a la Dirección del Trabajo (DT) sobre denuncias realizadas en contra de empresas de seguridad. La respuesta llegó el 19 de mayo, luego de enviar por tercera vez la solicitud, una vez que entrara en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública. Los resultados muestran que la marca Wagner, desde 2001, presenta 96 denuncias laborales y 51 multas por un total de casi $27,8 millones. Pese a ello, el presidente del sindicato de la empresa Pedro López, ratifica lo que ya dijo a CIPER su antecesor, Juan Correa, sobre la poca confianza que tienen al denunciar.

-Casi todas las denuncias que se han hecho en la Inspección del Trabajo de San Miguel han terminado en nada. Algo hay, porque Gabriel Vargas siempre sabe quién y por qué lo está denunciando sólo minutos después de haber hecho el trámite. Si ya casi ni ponemos denuncias allá… No tiene ningún sentido –dice López.

Entre las tres empresas más importantes del transporte de valores, Wagner cuenta con los castigos individuales más altos, pero ocupa el segundo lugar en cantidad de denuncias. Brink’s Ltda. no registra ni acusaciones ni multas mientras que Prosegur ha tenido que pagar más de $100 millones por las 128 sanciones que registran dos de las empresas que componen su holding en Chile: Servicios Prosegur Ltda. y Capacitaciones Ocupacionales S.L. Los montos pueden ser mayores debido a que la DT no envió información sobre Transportes de Valores Brinks Chile S.A. ni sobre Prosegur Ltda., las otras dos sociedades ligadas a ambas empresas.

Las reglas de la seguridad privada

Para trabajar en el lucrativo negocio de la seguridad privada hay que cumplir con varios requisitos. Los guardias, que con más de 92 mil agentes activos constituyen una fuerza laboral que casi triplica la dotación operativa de las policías, deben ser chilenos, mayores de edad, tener 8º básico rendido, estar contratados y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom. A los vigilantes privados, quienes tienen derecho a portar armas, se les exige además, haber sido funcionarios de alguna rama de las Fuerzas Armadas y de Orden o haber hecho el servicio militar.

Pero lo crucial para ingresar al rubro es aprobar los cursos que dictan las 230 empresas de capacitación registradas y la evaluación que toma cada semana la Dirección de Seguridad Privada de Carabineros (OS-10). Después de eso, los postulantes que hayan pasado las pruebas estarán acreditados para desempeñarse en un negocio que genera ingresos por más de US$1.100 millones al año. Pero el proceso no es gratis. Cada postulante debe pagar 0,5 UF por rendir el examen.

Antes de que entrara en vigencia la nueva Ley de Transparencia, CIPER había enviado dos veces una solicitud de información pública a Carabineros para conocer los montos percibidos por la institución por concepto de evaluaciones y acreditaciones de guardias y vigilantes privados. La primera fue en octubre de 2007, durante una investigación sobre carabineros involucrados en delitos. La segunda fue en enero de este año, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS-10 entrega a guardias y vigilantes privados tienen un costo que se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En ambos casos las respuestas fueron vagas y tardías. Pero el 20 de abril –el mismo día de la puesta en marcha de la nueva ley– CIPER solicitó nuevamente la información. La respuesta llegó el 12 de mayo y los documentos muestran datos que rebaten por completo la información entregada a la primera de las peticiones.

El OS-10 es la única autoridad fiscalizadora de la seguridad privada. Y aunque la respuesta a la solicitud de 2007 dice que Carabineros “no presta servicios a particulares” a través de dicho departamento, lo cierto es que éste se financia en gran parte de lo que recibe de las empresas de seguridad al evaluar y acreditar a guardias y vigilantes privados. Si se considera que cada semana son en promedio 1.650 los evaluados y que cada uno paga 0,5 UF, los ingresos anuales percibidos se traducen en millones: entre 2002 y 2008, la suma de esos montos se alza sobre los $2.600.000.000. Sólo el año pasado, el OS-10 recaudó más de 384 millones de pesos, lo que le significó el 26% de sus ingresos. Esas platas no se suman al presupuesto anual de Carabineros, sino que forman parte de un fondo independiente que maneja el OS-10 para la mantención de las 34 prefecturas territoriales del país, que son las responsables de fiscalizar a las empresas de seguridad correspondientes a su respectiva jurisdicción. Los gastos efectuados el año pasado fueron por más de $1.248 millones.

Un dato oficial extraño: el ítem de “publicidad y difusión” fue el principal destino de lo recaudado con 128 millones de pesos.

Guardianes sancionados

Ante las múltiples informaciones sobre robos y acciones de violencia perpetrados por guardias de seguridad en los últimos meses, en su última solicitud, CIPER pidió también información sobre las sanciones a dichas empresas por parte del OS-10. Como respuesta, Carabineros envió documentos en los que se especifican las infracciones sancionadas desde 2005 a la fecha. De ahí también surgen datos interesantes: en lo que va de 2009 han impartido 1.251 infracciones, poco más de un tercio que en 2008. La sanción que más se repite es por el no porte de tarjeta de identificación obligatoria (324), pero también se han cursado 196 infracciones por mantener servicios de vigilancia sin la capacitación necesaria.

Otras infracciones recurrentes son contar con servicios de guardia sin presentar la directiva de funcionamiento –una especie de protocolo de funciones que el guardia debe cumplir en un puesto específico- (194) y el rechazo de empresas con servicios de vigilantes privados a ser visitadas por la autoridad fiscalizadora (158). Pero hay otras que, sin ser tan comunes, sí ameritan una mención especial: durante 2009 se han cursado 89 sanciones a vigilantes privados por porte de arma en la vía pública sin estar cumpliendo funciones de transporte de valores. El resguardo de esos bienes son los únicos que permiten el porte de armas en la vía pública.

Carabineros también tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de esas empresas de las leyes laborales con excepción de las prácticas antisindicales. En este año, la policía registra 46 multas a empresas por no otorgar el seguro de vida obligatorio a guardias, nocheros o rondines. Esta misma falta fue detectada 206 veces el año pasado.

-Todas las sanciones por incumplimiento son pecuniarias y van desde los 5 a los 100 ingresos mínimos mensuales ($159 mil) con cargo al fisco y siguen su curso en los juzgados de policía local. Cuando es por infracción, la multa va de 25 a 125 IMM. Y si hay reincidencia, la sanción es mayor. En todo caso, la ley da a la empresa un rango de 10 a 15 días para regularizar la observación y presentar descargos, lo que puede terminar con que se deje sin efecto la sanción. Y así sucede. La mayoría queda sin efecto –explicó a CIPER el subdirector del OS-10, coronel Alberto Etcheverry.

En las nóminas de infracciones no aparecen nombradas las empresas sancionadas porque Carabineros consideró que, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 19.628 (sobre protección de la vida privada), “resulta improcedente la individualización de los infractores”. Un criterio distinto al que aplicó la Dirección del Trabajo, que respondió a la solicitud hecha por CIPER con nombres y apellidos.

Nota:Los comentarios pueden tardar en aparecer. Son bienvenidas todas las opiniones pero no se publicarán comentarios injuriantes. CIPER se reserva el derecho a moderar y/o editar los comentarios.

Más de un año después, el 13 de enero 2009, CIPER volvió a solicitar la información. Esto, luego de comprobar que las acreditaciones que el OS10 emite a guardias de seguridad y vigilantes privados tienen un costo de 0,25 y 0,15 UF, respectivamente, el cual se le cobra a las empresas de seguridad o a los mismos postulantes. En esa oportunidad se especificó más en la solicitud: se pidió el detalle de los precios cobrados por acreditaciones, de los montos percibidos por dicho concepto y de los destinos de esos dineros. A los nueve días, la subsecretaria Blanco respondió que había solicitado el informe respectivo a la Dirección General de la institución, desde donde llegaría la respuesta con la información solicitada. Hasta el momento, los datos pedidos no han sido entregados.

Actualización:

Con fecha 20 de marzo, ocho días después de que CIPER publicara el reportaje sobre la seguridad privada y más de dos meses después de solicitada la información, Carabineros envió a CIPER su respuesta. En una carta, se detallan los items en los cuales se gastan los ingresos obtenidos por la acreditación de vigilantes privados. La información es genérica e incompleta. Falta además el dato más importante: cuántos ingresos reciben por dicho concepto.

Vea las solicitudes y sus respuestas:
Primera solicitud de acceso a información para Javiera Blanco (10 de octubre de 2007)
Respuesta de la Dirección General de Carabineros (27 de noviembre de 2007)
Solicitud de acceso a información pública para Subsecretaría de Carabineros (13 de enero de 2009)
Respuesta de subsecretaria Javiera Blanco (22 de enero de 2009)
Respuesta de Carabineros de Chile (20 de marzo de 2009)

En casi 30 años, la cantidad de empresas dedicadas a la seguridad privada creció en más de un 500 por ciento. Los guardias y vigilantes privados –se diferencian en que los segundos portan armamento (ver recuadro 1) – triplicaron la dotación de las policías y el rubro se convirtió en un negocio millonario.

Para 1998, la facturación anual de las empresas de seguridad era de $50.000 millones. Pero en menos de una década, sus ingresos aumentaron en un 1.000%. Entre servicios de vigilancia, transporte de valores, monitoreo de alarmas y tecnologías de seguridad, la facturación de 2007, según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, llegó a los $584.000 millones (US$1.119 millones). Y a diferencia de otros rubros de alto crecimiento, como las AFP y las Isapres, que en el último año desminuyeron sus ganancias, la seguridad privada tiene un punto a favor: su rentabilidad está en directa proporción con la sensación de miedo de las personas. En tiempos de crisis, es negocio seguro.

Lo anterior quedó demostrado en 1999. Mientras el desempleo crecía y los índices de producción y venta industrial se desplomaban en el peor año de la crisis asiática, la industria de la seguridad privada sacó los frutos más jugosos de su historia. De acuerdo a un estudio de la Fundación Paz Ciudadana, ese año la sensación de “alto temor” en la población se elevó al 16,9 por ciento. Entre alarmas, cámaras, cercos eléctricos, transporte de valores y servicios de vigilancia, la facturación anual alcanzó los $200.000 millones, cuadruplicando la del año anterior. Pero si esa cifra era un sueño para los que iniciaron el mercado a fines de los ’70, hoy parece irrisoria.

-El mercado de la seguridad privada ha crecido de manera completamente inorgánica –dijo Felipe Harboe a CIPER poco antes de dejar su cargo como subsecretario del Interior.

Harboe conformó un grupo de trabajo para elaborar una nueva la ley sobre seguridad privada. Durante su estudio, obtuvo cifras que grafican una realidad del mercado distinta a la que arrojan otros análisis, pues el número de empresas detectada dobla la cifra que se maneja comúnmente: “Hemos tenido un crecimiento en los últimos años de entre un 8% y 11% anual. Es un mercado que mueve entre 1.300 y 2.600 empresas, que crea 120 mil empleos directos, de una facturación entre los 800 y mil millones de dólares al año (…) Esto es una tendencia global. En el mundo, el mercado de la seguridad privada ha ido creciendo en la medida que la gente se siente cada vez más vulnerable”.

En Chile, al menos según la última encuesta de temor en la población de Libertad y Desarrollo, la gente se siente vulnerable: la percepción de “alto” y “muy alto” temor en la población es de 62 por ciento. Si a eso se le suma la dispersión y anacronismo de las pocas leyes que regulan el sector y la escasa profesionalización del rubro (ver recuadro 2), resulta que el escenario para el crecimiento de la industria del miedo es –y ha sido- perfecto.

-Siempre he dicho que la inseguridad es un gran negocio que le conviene a varios –agregaba Harboe.

“Uno puede sentirse seguro, pero no lo está”

Los índices que maneja el gobierno sobre denuncias y victimización refrendan la sensación de inseguridad de la gente y la idoneidad del escenario para la expansión de una industria que lucra de ese miedo.

Según la misma encuesta de Libertad y Desarrollo, el 75% de las personas considera que la presencia policial en su barrio es nula o insuficiente y el 34% cree no poder dejar su casa sola. Además, el estudio dice que al menos 199.182 delitos no fueron denunciados porque “no sirve de nada” hacerlo. Este contexto ha sido clave en el alza de ventas de dispositivos de seguridad: el 58% de los encuestados posee rejas en puertas y ventanas, alarmas o guardias en sus hogares. Pero a pesar de las medidas tomadas, la sensación de inseguridad permanece.

-La gente compra lo que no les da el Estado, el que tiene la obligación de generarnos una plataforma de seguridad. Pero al comprar seguridad privada, técnicamente lo que uno compra es seguridad ilusoria. Uno puede sentirse seguro, pero en la práctica no lo está –dice Jorge Lee, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Es el autor de los cuatro estudios sobre la Oferta de la Industria de Seguridad Privada (2003, 2004, 2005 y 2007), desde donde se obtuvo gran parte de las cifras sobre este negocio.

Así le pasó al actor Juan Falcón. El 8 de enero, el robo en su casa de Lo Barnechea apareció en la portada de varios diarios. La noche anterior salió sintiéndose seguro: en su casa tenía alarma y dos cámaras de vigilancia. Pero tres extraños ingresaron mientras él comía en un restaurante. En 20 minutos, entraron tres veces. Se llevaron algunas especies, unos amplificadores avaluados en dos millones de pesos –que no eran de Falcón, sino que del cantante Alberto Plaza– y destruyeron una de las cámaras. La que quedó sirvió para identificar a los ladrones: uno de ellos era un guardia de seguridad que trabajaba en el sector.

En los últimos 6 meses, la prensa ha mostrado varios delitos con guardias de seguridad involucrados: un parricidio, tres intentos de femicidio (dos con disparos y uno con parafina y fuego), dos asesinatos por golpizas en supermercados, una condena por un asalto por $59 millones en el mismo hotel en que trabajaba el guardia y un manoseador de escolares en una micro. Si se revisan casos más antiguos, hay episodios de vigilantes privados implicados en robos millonarios a camiones blindados y otros de instaladores de alarmas que después de ponerlas vuelven para robar.

Y es que la evaluación que se les hace a los guardias para acreditarlos, no contempla ningún examen sicológico. De hecho, a diferencia de los vigilantes privados, que en su totalidad son evaluados en esa área por las compañías que los contratan, sólo el 64,7% de las empresas de guardias exigen un test sicológico a sus empleados. Pero en ningún caso es determinante para su acreditación.

Sin embargo, nada de eso ha hecho mella en el explosivo desarrollo que la industria de la seguridad ha tenido desde sus inicios.

Nace un mercado

Ya pasaron los minutos. Un carabinero abre el portón de la Escuela de Suboficiales. Cerca de 900 personas ingresan con su cédula de identidad en la mano. Si se suman los aspirantes de regiones, cada sábado se presentan alrededor de 1.500 postulantes a dar el examen que les permitirá desempeñarse junto a los 92.864 guardias activos que ya existen en el país.

El número no es menor: significa una fuerza que cuenta con más del doble de efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto. Y que además de estar en crecimiento, considera sólo a los que están registrados. Sobre los informales, ya en 2006 la Encuesta Casen estimaba la presencia de 21.700 guardias de seguridad no registrados a lo largo de Chile. Desde entonces, como ha sido la tendencia desde que comenzó el negocio de la seguridad, la cifra ha ido en aumento.

Aunque la venta de seguridad comenzó a fines de los ’70, restringida al transporte de valores, en poco tiempo se expandió a otros sectores. En 1981 se promulgó el Decreto Ley Nº 3.607, que abría el campo y establecía ciertas normas para el creciente número de compañías que ofrecían servicios de vigilancia para empresas, transporte de valores y ubicación de clientes morosos. El reglamento indicaba que los vigilantes serían escogidos de preferencia entre el personal en retiro de las FF.AA. y Carabineros, que las empresas de servicios financieros y estratégicas debían contar con una oficina de seguridad propia y que la CNI sería un organismo asesor y de apoyo para ellas. Y aunque con posterioridad se le han introducido varias modificaciones al cuerpo legal, aún es la norma rectora para el rubro.

En ese entonces ya se contabilizaban 200 empresas dedicadas a la seguridad, y la mayoría era propiedad de ex uniformados. Esa ha sido la tendencia; la seguridad privada aún es considerada por muchos como una continuidad de la carrera armada. Por lo mismo, muchos uniformados que han sido forzados a pasar a retiro por su vinculación con alguna irregularidad que no fue judicializada, y también ex miembros de la DINA y la CNI, se reciclaron en esta industria. El ex jefe de la CNI, Odlanier Mena, creó la empresa de seguridad Asise. Lo mismo hizo Manuel Contreras, ex jefe de la DINA: su empresa Alfa Omega estaba a menos de una cuadra de un céntrico recinto de detención y tortura a cargo de su organización, la Clínica Santa Lucía.

A principios de los ’80, era la Guarnición de Ejército la que estaba a cargo de la fiscalización y control de la industria. Bajo ese control, el negocio aseguró su crecimiento a través de ex miembros de las FF.AA. y las policías.

En esos años, Prosegur también había irrumpido en el mercado. El actual presidente del holding en Chile, Rodrigo Zulueta Galilea, y Alberto Labbé Galilea, hermano del alcalde de Providencia, Cristián Labbé, crearon las tres empresas que dieron origen a la que ahora es la mayor empresa de seguridad del país: Empresa de Transportes Compañía de Seguridad de Chile Ltda. (cuyo nombre de fantasía era Prosegur Ltda., 1979), Servicios Prosegur Ltda. (1983) y la empresa de capacitación para agentes de seguridad privada, Capacitaciones Ocupacionales S.L. (1991). La suma del capital inicial de las tres sociedades fue el equivalente a US$480.000 de la época, aunque según su sitio web en un comienzo “las actividades se realizaban con sólo dos camiones y mucho esfuerzo”. Hoy cuentan con 230 unidades blindadas, casi la mitad de los camiones que transportan valores en Chile, además de 235 vehículos para Courier, 17 sucursales, 27.000 m² en plantas de operaciones, más de un millón de viajes al año y se reparte junto a Brink’s el 80% del mercado de transporte de valores. Algo nada despreciable si se considera que ese rubro constituye el 14,5% de la facturación total de la industria, lo que equivale a unos US$162 millones al año.

El boom de la seguridad

Mientras el negocio de la seguridad comercial e industrial crecía sin pausa, en 1992 debutó el servicio de seguridad residencial, lo que impulsó al mercado a un crecimiento explosivo y no esperado.

Ese año se instaló en Chile el ciudadano israelí Avram Fritch y fundó “General Security”. El primer año vendió 115 alarmas. Al cuarto ganó una licitación que lo llevó a poner cinco mil botones de pánico en Las Condes. Para el sexto (1998) ya tenía 50 mil clientes en la zona oriente de Santiago, el 60% del mercado de alarmas residenciales, mil empleados y una oferta de compra de parte de la empresa norteamericana del mismo rubro “Tyco”. Cuando se concretó la venta, la empresa pasó a llamarse “ADT General Security”. Hoy es la más grande del monitoreo de alarmas en el país, pero no sin competencia.

No está claro cuántas empresas de alarmas hay actualmente en Chile, pero con una demanda estimada entre los 265.000 y 290.000 usuarios –de ellos, el 40,8% son particulares–, fue el sector que más creció durante 2007.

En 1994 la ley que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad se modificó, pero sólo en un acápite: se traspasó su acreditación, control y fiscalización desde el Ejército a Carabineros, quedando a cargo de las 34 prefecturas territoriales del país. Cada una de esas prefecturas cuenta con una oficina de seguridad privada compuesta por un asesor en seguridad y tres funcionarios fiscalizadores, además de uno o dos administrativos, los que son responsables de fiscalizar a las empresas que se encuentran en su jurisdicción.

En los años siguientes, el avance de la industria siguió a paso acelerado.

-Creo que ha sido una cosa de moda. La moda en el ambiente es usar alarmas y servicios de guardia para un condominio o para la casa, porque cuando se va conociendo un producto que se ha probado que produce un efecto positivo, la gente lo va a comprar. Los temas de seguridad se venden mucho –dice Eduardo Molina, gerente corporativo de seguridad de Prosegur, la empresa más exitosa dentro de la industria.

A fines de los ’90 los guardias ya habían igualado la dotación policial: había 120 empresas estratégicas registradas por el OS-10 con su propia dotación de seguridad y 1.697 vigilantes armados que en su mayoría trabajaban en el transporte de valores. Además, el mercado se había transformado en un foco de inversión para grandes empresas extranjeras. Actualmente, las más fuertes de cada sector tienen presencia de capital internacional: ADT maneja el mercado de alarmas con capitales norteamericanos, Prosegur (España) y Brink’s (EE.UU.) dominan el transporte de valores y G4S, una compañía sueca, hoy es la empresa de guardias más grande de Chile. Y en el ambiente se habla de que Securitas, otra empresa sueca que según su sitio web tiene presencia en 30 países, será la próxima en entrar en la competencia.

-Securitas es más grande que G4S: factura US$10.000 millones al año a nivel global. Es la más grande del mundo y por supuesto que al llegar a Chile quiere ser la primera –asegura Christian Exss, presidente de la asociación gremial del sector Emprorse y gerente general de la empresa Proguardias.

Y fue precisamente el sector donde se desempeña Exss el que más creció desde que empezó el negocio: hoy los guardias conforman cerca del 60% de la facturación total del mercado. De ahí que, a pesar de que muchos lo consideran un trabajo transitorio por el alto nivel de rotación (cercano al 21%), los bajos sueldos (en promedio, $191 mil) y las precarias condiciones de trabajo, hoy se hayan reunido cerca de 900 personas en la Escuela de Suboficiales de Carabineros para rendir la prueba.

-Mucha gente entra a buscar trabajo diciendo “aunque sea de guardia”. Ya eso es un indicativo de que no está bien mirado –asegura el vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Lee.

Negocio para todos

A través del sistema de radio, el sargento que está en la guardia recibe un mensaje. Hace media hora que se cerraron las puertas para rendir la prueba del OS-10 y aún llegan algunos rezagados. En cosa de segundos llega un teniente a dar nuevamente la orden. Parece que es en serio.

-Manden a algunos internos para allá atrás que está el tremendo despelote –dice el teniente.

-¿El despelote al que se refiere es por la gente que vino a rendir el examen?

-Claro. Es que son muchos y es difícil controlarlos. Algunos se meten en zonas que no deben. Y están los casilleros de los internos, hay armas. Es un recinto policial, así que no pueden andar moviéndose por donde quieran. Hay que tener cuidado –responde el teniente mientras camina de vuelta al patio.

-¿Cuidado de qué? ¿De que los guardias de seguridad se roben las cosas?

-Sí. Ha pasado varias veces. Abren los casilleros y se llevan pertenencias de los internos.

En el patio que está atrás del edificio con salas de clase, cerca de 700 personas esperan que el oficial del OS-10 los llame por su nombre desde el segundo piso. Los otros 200 ya fueron nominados. Al nombrarlos, se forman en grupos de 35 y son llevados en fila a alguna de las 10 salas dispuestas para el examen. Son 50 preguntas y, según el capitán Luis Rojas, oficial del OS-10 a cargo del proceso de evaluación de este sábado, todas las pruebas son distintas. Un programa computacional se encarga de seleccionar aleatoriamente las preguntas para medir los conocimientos que los postulantes adquirieron –o perfeccionaron- durante las últimas tres semanas en los cursos para guardias que ofrecen las 203 empresas de seguridad con servicios de capacitación registradas en Chile. En ellas, muchos carabineros dictan clases. El cumplimiento de ese curso es obligatorio, como también el estar contratado, ser chileno, tener al menos hasta 8º básico rendido y no contar con antecedentes penales ni deudas en su registro en Dicom.

Al final del día se espera que el 99% de los examinados apruebe el cuestionario. El 1% restante tendrá dos oportunidades más. Después de eso, el que no lo logre deberá hacer de nuevo el curso.

El proceso de capacitación y evaluación significa un movimiento importante de dinero. El curso básico para guardias de seguridad dura 90 horas cronológicas, es obligatorio cada tres años y tiene un valor que fluctúa entre los $70.000 y $90.000. Si se considera que el 44% de los guardias son capacitados por empresas externas, el ingreso mensual de las capacitadoras alcanza los $ 2.200 millones anuales. A eso hay que sumar a aquellas empresas que forman internamente a los guardias que contratan y les cobran por la capacitación, aunque la ley diga que debe ser costeado por los empleadores.

El servicio que prestará cada uno de los guardias acreditados cuesta en promedio $400 mil al mes. Considerando esa cifra y la cantidad de guardias activos, los ingresos por servicios de vigilancia superan los $37.000 millones mensuales. Ese monto se reparte entre las poco más de mil empresas de guardias registradas, de las cuales, según el último estudio sobre la oferta de la industria, el 9% factura más de $600 millones al mes, mientras que un 64% lo hace bajo los $60 millones.

Pero la torta no sólo se reparte entre privados: Carabineros, la única autoridad fiscalizadora en la materia, también recibe ingresos. Por cada una de las pruebas cobra 0,25 UF ($5.300), lo que al año termina reportándole a la institución cerca de $381 millones. Si a eso se le suman los 0,15 UF que se le cobra a la semana a los cerca de 150 vigilantes privados evaluados por el GOPE, la cifra anual bordea los $400 millones.

El 13 de enero CIPER envió una carta a la Subsecretaría de Carabineros preguntando el destino y uso de esas platas. Nueve días después, la subsecretaria Javiera Blanco contestó que enviaría la solicitud a la Dirección General de la institución y que desde ahí remitirían la respuesta. Hasta el momento no ha llegado nada más.

“Pega de moda”

Son las 10:00 y empiezan a salir de las salas los primeros evaluados. El proceso de acreditación durará, al menos, dos horas y media más.

Rodrigo Rodríguez y Raúl Castillo salen rápido y tranquilos de la Escuela de Suboficiales. Ambos trabajan como guardias de seguridad en el Hotel Ritz-Carlton y vinieron a dar la prueba de perfeccionamiento después de haber hecho un curso de 40 horas cronológicas en una empresa de capacitación. A diferencia de la mayoría, ellos pertenecen al 20% de guardias que trabaja por contrato directo. Según ellos, aprobar el examen les significará un aumento de sueldo, así que se van contentos.

Más atrás viene un grupo de la empresa CBS, una compañía de guardias de seguridad que se desempeña en la Zona Sur de Santiago y que cuenta con 180 guardias. Cuarenta de ellos llegaron hoy en una micro particular para rendir el examen. También salen confiados en haber aprobado. Pero al frente de la calle, hay un hombre que no tiene por qué celebrar.

Después de 20 años trabajando en un matadero, hace cuatro que empezó como guardia. Tiene 48 años, tres hijos universitarios y un sueldo de $160.000. El primer curso de capacitación se lo dieron gratis en la Municipalidad de Cerrillos. Pero para renovar su acreditación como guardia de la empresa de seguridad JAM, debió desembolsar de su bolsillo los $60.000 que le costó el curso de perfeccionamiento, cosa que según la ley, debe ser costeado por los empleadores. También las 0,25 UF de la prueba. Sin embargo, llegó tarde y no lo dejaron ingresar. Por eso y otras cosas, está enojado.

Cuenta que el ambiente laboral de los guardias es “peludo”. Según él, no respetan los horarios, los sueldos son bajísimos, la infraestructura es deficiente y los empleadores los tratan más como un objeto que como personas. Además, dice que debido a su baja renta y a la inestabilidad de su trabajo, no tienen derecho a créditos bancarios. Lo mismo dicen en la Federación de Trabajadores de la Seguridad (Fetrasech). Pero allí también se reciben reclamos por golpes, amenazas con armas y constantes hostigamientos y persecuciones. En las empresas de retail también se habla de esas situaciones. Pero los vigilantes privados que trabajan en ese rubro no quieren acreditar sus denuncias.

Mientras fuma, el guardia que llegó atrasado recuerda lo que escuchó cuando le ofrecieron el curso gratis hace cuatro años en su municipalidad.

-Me dijeron que era la pega de moda –dice mientras sonríe con ironía.

Nota de la redacción: El 20 de marzo de 2009 Carabineros hizo llegar a CIPER la respuesta a la solicitud de información pública enviada el 13 de enero pasado. Los detalles de las consultas hechas desde octubre de 2007 y la respuesta de la institución pueden leerse aquí.

Documentos PDF:
Estudio de Instituto Libertad y Desarrollo sobre el Costo de la delincuencia en 2007
Encuesta de Fundación Paz Ciudadana sobre la percepción de la delincuencia en la población (Diciembre 2005)
Encuesta de Libertad y Desarrollo sobre la percepción de la delincuencia en la población (Noviembre 2008)
Índices de denuncias y victimización del Ministerio del Interior 2001-2007
III Estudio Oferta de la Seguridad Privada en Chile, realizado por Jorge Lee (2005)
IV Estudio Oferta de la Seguridad Privada en Chile, realizado por Jorge Lee (2007)
Decreto de Ley Nº 3.607, del Ministerio del Interior
Nómina de empresas de seguridad registradas en División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior
Cuadro de empresas de seguridad registradas en Chile 2008
Solicitud de acceso a información pública para Subsecretaría de Carabineros
Respuesta de Javiera Blanco
Respuesta de Carabineros de Chile

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