Dos granadas para El Mañana

Por Víctor Núñez Jaime - Fotografías de agencias

Desde el año 2000 han sido asesinados 49 periodistas en México, ocho están desaparecidos y decenas han recibido amenazas. Según Reporteros Sin Fronteras, es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. El primero es Iraq. Hace poco más de tres años, unos encapuchados atacaron el diario El Mañana de Nuevo Laredo, una ciudad enclavada en la frontera norte. El reportero Jaime Orozco Tey, quien aquel 6 de febrero de 2006 cumplía 43 años, resultó gravemente herido de cinco disparos. Quedó en silla de ruedas. Esta es la reconstrucción de un atentado por el que aún no hay ni un solo detenido.

Abusos laborales y beneficios a Carabineros deja la seguridad privada

Luego de dos fallidos intentos y gracias a la Ley de Transparencia, Carabineros y la Dirección del trabajo entregaron información importante sobre el negocio de la seguridad privada.

Seguridad Privada III: Un negocio que genera abusos laborales e ingresos millonarios a Carabineros

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER

La nueva Ley de Transparencia permitió conocer información sobre el negocio de la seguridad privada que CIPER persiguió por casi dos años. Si hasta ahora Carabineros había insistido en que no recibe dineros de privados, los registros indican que desde 2002, la Dirección de Seguridad Privada de la policía uniformada (OS-10), la única autoridad fiscalizadora del área, ha recaudado más de $2.600 millones de las empresas del rubro por concepto de evaluación y acreditación a guardias y vigilantes. Mientras, en la Dirección del Trabajo se acumulan las denuncias por abusos laborales de las mismas entidades. El récord lo exhibe G4S, la mayor empresa de guardias del país, con cerca de tres mil denuncias y multas por más de $1.390 millones. Allí trabajaban los guardias que fueron filmados hace algunos días golpeando brutalmente a un indigente en un mall de La Florida.

Ingresos de Carabineros por acreditación de guardias y vigilantes privados

El 10 de octubre de 2007, CIPER solicitó a la subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, información acerca de los montos percibidos en la institución por concepto de prestaciones de servicios a particulares a través de su departamento OS10. La petición se hizo en el marco de una investigación acerca de los policías que se han visto involucrados en delitos, que fue publicada el 20 de noviembre del mismo año bajo el título “Paco-ladrón: Delincuentes de uniforme”. Blanco pidió los datos a la Dirección General de Carabineros y la respuesta fue emitida 7 días después de publicado el reportaje. En ella decía que “Carabineros de Chile, a través de la Subdirección de Seguridad, no presta servicios a particulares en materias inherentes a seguridad privada”. También agregaba que ellos eran quienes fiscalizaban la materia y que las personas que se desempeñan en el rubro deben contar con su autorización.

Seguridad privada: El millonario negocio de explotar el miedo

Por Juan Pablo Figueroa, CIPER

Hay tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías en Chile. Y la cifra va en alza. Cada semana, Carabineros evalúa a unas 1.650 personas que quieren ingresar o mantenerse en el rubro. Sus servicios reportan un promedio de al menos $37.000 millones al mes a la industria. CIPER se introdujo en uno de los sectores más lucrativos del país y descubrió que con más de mil empresas, un crecimiento anual de dos dígitos y una facturación que bordea los US$1.000 millones, además de índices de delincuencia que no disminuyen y una población que se siente insegura, la venta de seguridad es negocio redondo. Más aún en tiempos de crisis económica. Tanto, que no sólo los privados ganan: Carabineros, la única autoridad fiscalizadora en la materia, percibe cerca de $400 millones al año sólo por acreditar a guardias y vigilantes.

Por Juan Pablo Figueroa y Sebastián Minay, CIPER

Nota de Teletrece a raíz de reportaje “Muertos de Nadie”

Muertos de nadie (III): El misterio de las dos vidas de Juan Alberto Silva

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER

A la familia de Juan Alberto Silva Leal tampoco le avisaron de su muerte. Lo supieron cuando CIPER se los comunicó. Había pasado más de un año. Pero su muerte encerraba un enigma. Después de morir, Silva continuó endeudándose, emitiendo boletas, solicitando créditos en bancos, pagando con cheques y tarjetas en supermercados y casas comerciales y arrendando una pieza en Maipú. Reconstruimos su historia y develamos el misterio de sus dos vidas: drogas, abandono y estafas incluso después de fallecer. Dos hombres distintos pero una sola identidad. Los vacíos de la justicia permiten que el delito también se apodere de los muertos que nadie reclama.

Muertos de nadie (II): La ruta de los cadáveres sin dueño

Por Juan Pablo Figueroa y Jorge Sullivan, CIPER

Los familiares de Jaime Cifuentes, el protagonista de la primera parte de esta serie, fueron informados por CIPER de que éste llevaba meses muerto y enterrado. Nadie se preocupó de hacerlo. Su caso no es aislado. El Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones y las fiscalías se endosan mutuamente la responsabilidad de notificar a los parientes de las personas que mueren lejos de los suyos y van a parar a la morgue sin ser reclamadas. Al final, nadie cumple la misión. Los cadáveres son diseccionados y refrigerados por meses o años. Un macabro camino antes de ser abandonados en el cementerio.

Muertos de nadie (I): Abandonados en el Servicio Médico Legal

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER

Nadie los reclama. Y ni siquiera existe alguien que lleve el registro de cuántos cuerpos se acumulan en las dependencias del Servicio Médico Legal de todo el país esperando ser identificados o que alguien los sepulte. CIPER descubrió que al 14 de octubre, sólo en Santiago había 77 chilenos muertos abandonados, algunos incluso desde 2001. Otros doce cuerpos fueron enterrados en abril en el Cementerio General, ya identificados, pero abandonados. Reconstruimos algunas de sus historias para desentrañar el misterio de la última soledad. Como la de Jaime Cifuentes, a cuyos familiares debimos informarles de su muerte porque nadie se dio el trabajo de ubicarlos.

Escuchas telefónicas (II): Los “pinchazos” que condenan al más célebre extranjero encarcelado en Chile

Por Cristóbal Peña, CIPER

George Dan Rusu, el protagonista del segundo mayor decomiso de cocaína en Chile, es de Transilvania. Fue sorprendido en 2004 con 1.320 kilos y los pinchazos a su teléfono fueron el principal medio de prueba en su contra. Tres años después, estando en Colina II, otra interceptación telefónica lo comprometió con un plan para enviar ropa impregnada con cocaína a Europa. En Austria piden su extradición por asaltos a bancos y se cree que estuvo vinculado a los servicios de inteligencia de Ceaucescu. Dan Rusu alega inocencia, trato inhumano y persecución.

Así se hacen los cuestionados “pinchazos” telefónicos legales

Por Cristóbal Peña y Sebastián Minay, CIPER

Al menos cinco interceptaciones telefónicas legales se ordenan cada día en Santiago. Y eso es sólo la información recogida en 14 de los 21 Juzgados de Garantía. Si hasta el 2003 sólo se usaba en casos de narcotráfico y otros de similar gravedad, ahora se aplica a funcionarios públicos y ni los alcaldes se salvan de que sus conversaciones sean escuchadas y grabadas, como le pasó al edil de Recoleta, Gonzalo Cornejo. CIPER investigó a fondo el procedimiento y descubrió que la ley sólo regula aspectos generales y que su práctica permite que el contenido de las conversaciones, muchas veces con información íntima, pase por a lo menos cinco personas hasta que se presenta en un juicio. Además, no todos los fiscales aplican el mismo criterio al final del proceso: algunos las destruyen y otros las guardan. Y como esto sólo abarca las escuchas legales, sólo resta decir: cuidado con lo que habla por teléfono.

Los pasos que siguen los delincuentes para reclutar carabineros

Por Pedro Ramírez, CIPER

Aprovechan procedimientos simples en los que toman contacto con funcionarios policiales, como accidentes de tránsito, y desarrollan un patrón de acercamiento con pasos bien establecidos para tentarlos, en una rutina que ya fue identificada por algunos fiscales. Así sucedió con el cabo segundo que cayó por colaborar con “Los Car’e Jarro”. Su caso es idéntico al de otros dos carabineros que ya habían sido mencionados en una investigación de CIPER: uno fue reclutado por la mayor banda de asaltantes de camiones y el otro terminó condenado junto a un grupo que robó y secuestró a un empresario.

Las declaraciones que comprometen a Herrera en un proceso sobre DDHH

El 22 de enero de 2007, en un cuaderno separado del proceso sobre la remoción de cuerpos de 26 ejecutados políticos en Calama, la jueza del Segundo Juzgado de esa ciudad y ministro en visita extraordinaria del caso, Rosa María Pinto, tomó declaración al comisario de Investigaciones Abel Lizama Pinto. El policía formaba parte de la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos encargada de investigar la operación “Retiro de Televisores”, ordenada en 1979 por Augusto Pinochet con el propósito de exhumar los cuerpos de las víctimas de la Caravana de la Muerte y su posterior lanzamiento al mar.

Carta del alto mando de Investigaciones

A través de la presente carta la Policía de Investigaciones de Chile manifiesta su rechazo y molestia por el artículo publicado en su medio el pasado viernes 23 de mayo, titulado “El pasado que incomoda al Director de Investigaciones de Chile”, escrito por los periodistas Mónica González y Cristóbal Peña.

El pasado que incomoda al director de la Policía de Investigaciones

Por Mónica González y Cristóbal Peña, CIPER

Arturo Herrera desarrolló casi la mitad de su carrera en dictadura. En 1973 se inició en Policía Internacional y luego fue hombre de confianza de los generales y directores de Investigaciones Ernesto Baeza y Fernando Paredes. Con el primero asistió a la estrecha colaboración con la DINA en los años más duros del régimen militar. Y fue ayudante de Paredes en los ‘80, cuando la policía civil se coordinaba con la CNI en operativos, torturas y obstaculización de la justicia. Cuando sucedió a Mery el 2003, volvió a abrirle las puertas de la institución a Paredes y diseñó un alto mando con hombres provenientes de las dos antiguas fuerzas de elite creadas para la represión. Dos décadas después, el pasado sigue presente en el hombre que aspira ser confirmado como jefe de Interpol.