Tras doce años de gestiones judiciales, este 8 de diciembre se inicia en París el juicio contra ex militares y agentes de la dictadura por su participación en el asesinato y desaparición de cuatro ciudadanos franco-chilenos tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jean-Yves Claudet, Alfonso Chanfreau, Georges Klein y Etienne Pesle, por cuyos crímenes serán juzgadas 14 personas en ausencia, luego de que no reconocieran la competencia de los tribunales franceses. Entre ellos se encuentran los mismos ex militares y agentes que ya han sido acusados de numerosos crímenes en Chile, como Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Basclay Zapata, Miguel Krasnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, José Zara y Enrique Arancibia Clavel, quien fue juzgado en Argentina. Originalmente la lista incluía a Augusto Pinochet y Paul Schäfer, quienes al igual que otros tres acusados murieron en el intertanto.

“Este juicio es el fruto de la voluntad incansable, mantenida sin fallar durante más de treinta años, de parte de los familiares de las víctimas que nunca consiguieron justicia en Chile donde la Ley de Amnistía no ha sido aún derogada. Las asociaciones que se constituyeron parte civil en este juicio, incluida la nuestra, quieren ser un apoyo y una caja de resonancia para devolver su verdadera importancia a esta gestión de búsqueda de verdad y justicia elementales”, dijo en un comunicado la Asociación de ex Presos Políticos en Francia. El inicio del juicio, que se extenderá hasta el 15 de diciembre, también fue celebrado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Codepu y la Liga Francesa de los Derechos Humanos. Los abogados de las víctimas esperan que este sea un juicio histórico.

Tras ser postergado en 2008, el juicio tendrá lugar en la corte con más alta jurisdicción criminal en Francia y los crímenes que se imputarán corresponden a desaparición forzada, que de acuerdo a la legislación de ese país estan calificados como arresto y secuestro agravados por tortura y actos de barbarie.

Paralelamente, en Italia se desarrolla el juicio contra el ex fiscal militar Alfonso Podlech, quien fue detenido durante un viaje a Europa debido a las órdenes de captura que pesaban en su contra en la investigación por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli.

Trece años antes, Estados Unidos ayudaba a Pinochet a llegar el poder. En noviembre de 1986, en Washington llegaba el momento en que el gobierno estadounidense decidía que el general había cumplido su propósito y era tiempo de que se fuera.

En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1986, los principales asesores de Reagan pusieron el asunto en perspectiva: “El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, quieren que Chile vuelva a su tradición democrática de 150 años. Entonces, la decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir más efectivamente a un resultado democrático en Chile”. (ver documento)

La historia de cómo el gobierno estadounidense, desplegando la fuerza de la CIA sobre Chile, ayudó a orquestar el derrocamiento del gobierno del democráticamente electo Salvador Allende y el ascenso al poder del régimen militar de Pinochet es bien conocida en el mundo. Pero la historia de cómo Washington decidió cortar con Pinochet, presionarlo y cautelosamente apoyar a la oposición civil para impedir su intención de ser un presidente vitalicio, nunca ha sido completamente revelada. Y fue en noviembre de 1986.

Veinticuatro años después de que se tomara esa decisión, documentos desclasificados de la Casa Blanca, recientemente obtenidos por el Nacional Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que CIPER da a conocer por primera vez– dan luces sobre las reuniones en que la conservadora administración Reagan concluyó que Pinochet ya no servía a los intereses de Estados Unidos. La conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder.

El deterioro de una relación

En un comienzo, la administración Reagan veía al régimen de Pinochet como un aliado anticomunista que merecía el apoyo de Estados Unidos. No mucho después de asumir la presidencia (enero de 1981), Reagan levantó las sanciones que la administración Carter había impuesto al régimen militar por su responsabilidad en la bomba que hizo explotar el auto en el que viajaban el ex embajador chileno en Washington Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt. Ambos perdieron la vida. Reagan, en cambio, envió a Chile su embajadora ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, a reunirse con Pinochet y “expresarle el deseo de mi gobierno de normalizar por completo las relaciones con Chile.”

A diferencia del presidente Jimmy Carter, la nueva administración no lo presionaría más por las violaciones a los derechos humanos. Pinochet interpretó el respaldo que le volvía a brindar Washington como una reivindicación y una ratificación de su régimen. En un discurso unos meses después de la elección de Reagan, Pinochet declaró que si antes Chile se hallaba sólo en su firme oposición al imperialismo soviético y su respaldo al sistema de la libre empresa, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial. Chile, subrayaba el dictador, no era el que había cambiado.

El colapso de la economía de libre mercado chilena en 1982, seguido de un aumento del descontento popular hacia mediados de 1984, levantó las primeras dudas en las cabezas de los funcionarios de Estados Unidos sobre si seguir o no apoyando al régimen. Ese año 1984, en el que Reagan fue reelegido para un segundo período, un informe de inteligencia de la CIA titulado “Pinochet bajo presión” reportaba que “la política chilena había cambiado de manera irreversible, creemos, durante los últimos años”:

** La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del gobierno se ha agudizado a causa de la recesión económica.

** La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración del gobierno civil.

Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto hipocresía de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una contrarrevolución violenta en Nicaragua en nombre de la democracia pero al mismo tiempo no hacía nada respecto a Chile–, llevó al Departamento de Estado a la primera revisión significativa sobre la continuidad del apoyo de la administración Reagan al régimen de Pinochet. El entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile”.

Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, se encontraron con un Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz le dijo al presidente que la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no haría sino beneficiar a los comunistas”.

El asesinato de Rodrigo Rojas

El asesinato de un joven fotógrafo chileno que acababa de volver del exilio en Washington puso nuevamente la atención de los altos funcionarios de la administración Reagan en la necesidad de aumentar las presiones para que Pinochet se fuera. Rodrigo Rojas había regresado a Chile en mayo de 1986. El 2 de julio, él y una joven mujer, Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos por una patrulla militar durante una protesta callejera, rociados con gasolina, quemados y arrojados a una zanja. Rojas murió unos días después a causa de las quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

En una clara señal del rechazo de Washington a las violaciones de derechos humanos de Pinochet, el embajador de Estados Unidos Harry Barnes se unió a miles de chilenos en la procesión del funeral en Santiago. Pinochet le dio la espalda a Estados Unidos desplegando los guanacos sobre la multitud.

La naturaleza salvaje de esa atrocidad y el hecho de que Rojas era residente en Estados Unidos, resonó en Chile y en Washington. La tarde del 14 de julio, la lectura de documentos del Presidente Reagan incluyó un reporte secreto sobre el “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de Rojas”. Hombres clave del Congreso estadounidense pidieron que el gobierno repudiara públicamente al régimen de Pinochet. “La onda expansiva que dejó la muerte de Rojas tiene un impacto relevante en las actitudes de los congresistas. El sentimiento por acciones duras seguirá construyéndose particularmente si los responsables de este crimen no son identificados y enjuiciados”, decía al reporte secreto enviado al secretario Shultz por su delegado para América Latina, Elliott Abrams.

Con su informe, Abrams encendió las alarmas sobre Chile: “La última línea es que enfrentamos un empeoramiento de la situación en Chile y necesitamos usar todos los medios disponibles para proteger nuestros intereses”. Y advirtió que una presión efectiva de Estados Unidos requerirá “más que voleos verbales para conseguir que Pinochet acepte irse o persuadir al Ejército de persuadirlo a él”. Abrams recomendó considerar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional “para revisar nuestra política hacia Chile”.

Antes de que la reunión del NSC pudiera organizarse, los funcionarios estadounidenses quedaron sorprendidos por un aumento de los militantes de izquierda en Chile. En agosto, un enorme arsenal de armas destinadas al recientemente formado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista, fue descubierto en Carrizal Bajo. Y el 7 de septiembre, miembros del FPMR intentaron asesinar a Pinochet cerca de su casa de descanso en el Cajón del Maipo. “La extrema izquierda probablemente continuará poniendo bombas, saboteando y realizando otros ataques en búsqueda de aumentar la tensión y crear inestabilidad”, reportó la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos el 9 de septiembre. En respuesta al ataque, Pinochet declaró Estado de Sitio e inició una nueva fase de represión en Chile.

La reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 18 de noviembre

“Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido su confianza en la democracia como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a los comunistas”, afirmó en un documento secreto el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, para preparar una reunión del NSC sobre la política estadounidense hacia Pinochet (esa reunión estaba originalmente programada para el 14 de noviembre y luego fue postergada para el 18 de ese mes). “La estrategia de Pinochet de quedarse en el poder parece ser la de polarizar el país, mantener a la oposición débil y dividida, de modo de que pueda presentar al país una elección entre él y los comunistas en 1989 y forzar a la Junta a nombrarlo como candidato (en el plebiscito)…Él cree que ganaría”. ( ver documento)

Dominado por ideólogos de derecha, el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan vio la reunión como una forma de adoptar una “estrategia cuidadosamente calibrada” para sacar a Pinochet del poder. Pero los documentos desclasificados de la reunión revelan un conflicto entre el NSC y el Departamento de Estado sobre cómo manejar la “creciente tensión entre nuestro interés nacional en una transición a la democracia ordenada y pacífica en Chile, y el aparente deseo del presidente Pinochet de mantenerse en el cargo indefinidamente”.

El Departamento de Estado buscaba un apoyo de alto perfil para la oposición chilena no comunista y un esfuerzo por distanciar públicamente a Washington del régimen militar votando “no” a los créditos multilaterales y otros préstamos a Chile. El NSC parecía despreciar lo que los funcionarios llamaban “vías indisciplinadas y poco pragmáticas” de la oposición democrática y tener más simpatía por reunirse con los militares para que apoyaran la transición. El NSC creía que un acercamiento más sutil a los miembros de la Junta de Gobierno y el Ejército sería más efectivo para presionar a Pinochet.

Cuando la reunión comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete de la Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, con un sesgo hacia la mantención de vínculos positivos con los militares chilenos e incluso con Pinochet:

** Primero, la necesidad de mantener el rol positivo de los tres miembros de la Junta pro transición y apoyar sus esfuerzos por lograr que el Ejército se les una en la transición;

**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.

A partir de ahí, el director suplente de la CIA, Robert Gates (actual secretario de Defensa, con quien se reunió el ministro de Defensa de Chile Jaime Ravinet en Santiago la semana pasada) estableció el análisis de la agencia sobre la situación de Chile. El descubrimiento de depósitos de armas “trajo de vuelta para la mayoría de los chilenos la amenaza de una insurrección comunista en los próximos años”, le dijo Gates a Reagan. Y advirtió que “el dominante Partido Comunista, con una fuerza de 30.000 miembros, ha progresivamente girado hacia la violencia como el único medio para polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet”.

La evaluación final de la CIA era optimista: “Después de todo, recientes evoluciones en las actitudes de los miembros de la Junta y la reacción de la oposición moderada al intento de asesinato (de Pinochet) de alguna forma han aumentado las esperanzas de que pueda realizarse un proceso de transición pacífica que saque a Pinochet del poder hacia 1990 y permita a los militares entregar el gobierno a una coalición no comunista”.

Sin embargo, Gates identificó también “cuatro importantes obstáculos para dicha transición: (1) La determinación de Pinochet de quedarse en el poder por las próximas décadas; (2) la amenaza de violencia terrorista; (3) la subversión externa y el apoyo de grupos violentos; y (4) la incapacidad de la oposición moderada de cohesionarse en torno a un programa de transición específico aceptable para los militares”.

En la transcripción desclasificada (ver documento) de la reunión queda claro que el Presidente Reagan era el más férreo defensor de Pinochet, aunque reconociera que era el momento de que Pinochet se fuera. “Salvó a su país… Si hubiera alguna forma en que pudiéramos aparecer como no oponiéndonos a él, indicar que respetamos lo que ha hecho, pero al mismo tiempo decir que queremos ayudar a Chile por el bien de Chile”. Cuando Reagan sugirió que podía ir personalmente a Chile en una visita de Estado para hablar con Pinochet, su secretario de Estado, George Shultz le replicó: “De ninguna forma. Este hombre tiene las manos llenas de sangre…”.

Fue el secretario Shultz quien expuso el argumento más convincente para presionar a Pinochet. “No se engañe”, le dijo a Reagan en su cara. Pinochet “ha sido cruel, represivo y lo que ha hecho es simplemente indefendible”. Rechazando la posición del NSC de que de alguna forma Washington podría convencer suavemente a Pinochet de irse, Shultz afirmó: “Lo que estamos tratando de hacer es estar seguros de que estamos en el lado de la transición, pública y privadamente. Es por eso que nuestros actos, como ir al funeral (de Rodrigo Rojas) nos han dado credibilidad. Si sólo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a rockear con él un poco”.

“No creo que podamos sólo tratar con la persuasión”, hizo ver Shultz en otro momento de la reunión. “Tenemos que mover algún músculo o no va a cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder”.

Esta reunión clave, que pretendía establecer una “nueva dirección” para las políticas de Estados Unidos hacia Chile, tiene un final incierto y surrealista, con el Presidente Reagan alabando los esfuerzos de Pinochet de privatizar la seguridad social en Chile y contando historias de horror sobre el sistema estadounidense. Pero la conclusión fue clara: el gobierno de Estados Unidos, que había ayudado a Pinochet a llegar al poder trece años antes, iniciaría finalmente un esfuerzo concertado para forzarlo a dar un paso al lado.

El desenlace de un dictador

Un día después de la reunión del NSC sobre Chile, el presidente Reagan dio una conferencia para negar reportes de prensa que indicaban que su administración había vendido secretamente armas a Irán. En semanas, su administración se hundiría en el más grande escándalo político de la década —conocido como el caso Irán-Contra—, que involucraba la venta ilegal de armas a Irán para financiar la insurgencia Contra en oposición a los Sandinistas en Nicaragua. El escándalo casi le costó a Reagan su presidencia; llevó al despido de John Poindexter y otros consejeros de seguridad nacional que habían estado involucrados en actividades ilegales, entre ellas el haber enviado a líderes de los Contra a Santiago para recibir armas de los militares chilenos. En última instancia, el escándalo Irán-Contra distrajo mucho la atención de Washington hacia Chile durante los últimos años de la dictadura militar.

La campaña del “No” que culminó con el plebiscito de 1988 y la victoria a favor de la democracia fue una tremenda hazaña de estrategia política de los chilenos. Que Estados Unidos abandonara su apoyo previo a Pinochet jugó un rol, aunque menor, en el proceso político en Chile. E National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes hacía la CIA de manera encubierta, el que junto a la federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de la oposición democrática y organizar el registro de votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo de votos para el día de la elección.

Sin embargo, el rol más significativo de Estados Unidos fue delatar el plan secreto de Pinochet de usar la violencia para anular el plebiscito en caso de que ganara el “No” y así mantenerse en el poder. Ya en mayo de 1988, cuatro meses antes del plebiscito, la CIA obtuvo datos de inteligencia sobre “la creciente determinación de los militares de evitar la subida el poder de un gobierno civil en Chile”. Hacia fines de septiembre, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés) habían acumulado evidencia significativa de un plan para una matanza y un autogolpe si el voto no se inclinaba hacia Pinochet el 5 de octubre. En un cable secreto al Departamento de Estado, el embajador Harry Barnes reportó:

El plan de Pinochet es sencillo: a) si gana el SI, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción, c) si parece que los votantes se decantan claramente por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y durante la jornada de elecciones. Sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable de vidas.

En un informe clasificado “Top Secret” la Agencia de Inteligencia de Defensa, informaba que el plan pudo resultar en un “grave y generalizado derramamiento de sangre”.

La administración Reagan actuó en forma rápida y decisiva para confrontar estas amenazas de Pinochet. Silenciosamente, los funcionarios militares estadounidenses contactaron a otros miembros de la Junta para advertirles que las consecuencias de abortar un plebiscito serían duras para Chile. Washington también compartió información de inteligencia con los británicos, de modo que ellos también pudieran presionar a sus contactos dentro del Ejército para que resistieran el intento de Pinochet de quedarse en el poder.

El 3 de octubre, el Departamento de Estado expuso públicamente el plan de Pinochet para mantenerse en el poder y lo denunció, diciendo que “dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la reputación de Chile a nivel mundial”. En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, el gobierno de Reagan afirmó: “Nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo”.

Esta presión no tuvo impacto en Pinochet, pero pudo haber sido un factor, junto con el ferviente compromiso y deseo de la mayoría de los chilenos, que influenciara a otros miembros de las Fuerzas Armadas a oponerse a una extensión violenta de una dictadura que ya era sangrienta y prolongada. Avanzada la tarde de ese histórico 5 de octubre de 1988, cuando estaba claro que Pinochet había perdido el plebiscito, otros miembros de la Junta se negaron a firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de emergencia para anular la votación. Esa noche marcó el fin de su régimen militar infame y el comienzo del regreso de la democracia en Chile.

*Peter Kornbluh es autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” y dirige el “Chile Documentation Project” en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la Universidad de Yale y actualmente vive en Santiago. Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de la Memoria y Derechos Humanos.

Acaba de conocerse el contenido de las grabaciones secretas de las conversaciones sobre Chile entre el ex Presidente Richard Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger. Las cintas dan cuenta del grosero lenguaje con el que tramaban el derrocamiento de Salvador Allende, a quien trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”. Aunque impreciso en las fechas, uno de los diálogos podría constituir el primer reconocimiento del rol de la CIA en el asesinato del general René Schneider.

“Es un estado fascista”, declaraba el Presidente Richard Nixon durante una conversación sobre Chile en el Salón Oval de la Casa Blanca. No hablaba sobre el Chile del sangriento régimen del general Augusto Pinochet. Al contrario, él y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, se estaban quejando por el triunfo de la coalición de Salvador Allende, la Unidad Popular, en las elecciones municipales de abril de 1971. La única forma en la cual parecían capaces de comprender la creciente popularidad de Allende era comparar al Presidente chileno –un socialista de toda la vida– con Adolf Hitler. “Esto es como una estrategia alemana”, le dijo Kissinger a Nixon el 6 de abril de 1971, durante un encuentro de una hora. Algunas semanas más tarde, el sistema secreto de grabación de Nixon registró a Kissinger sugiriendo que los chilenos “están actuando en esto como actuaban los nazis con el Reichstag”.

Casi 40 años después de que fueran subrepticiamente grabadas, las cintas de Nixon siguen siendo un regalo a la espera de ser entregado a historiadores y a estudiantes de historia. El sistema de grabación se hizo conocido por la infame conversación sobre el escándalo de Watergate, cuando fueron descubiertas y llevaron a la renuncia de Richard Nixon, ante un inevitable impeachment (juicio político).

Pero las grabaciones de Nixon, 3.700 horas de conversaciones que mayoritariamente tuvieron lugar en el Salón Oval durante un periodo de 883 días, entre febrero de 1971 y mediados de julio de 1973, también corresponden a la mayor parte del tiempo en que Salvador Allende fue el Presidente de Chile constitucionalmente electo. Y capturaron las voces sin maquillaje, a veces histriónicas, de un presidente imperialista y sus más altos asesores refiriéndose a Allende como “hijo de puta”, discutiendo cómo “patear su trasero” y “remover” a Allende.

Esta semana, en Estados Unidos un grupo de historiadores y ex funcionarios del Departamento de Estado, conocido como nixontapes.org, publicó casi 100 páginas de transcripciones y enlaces a audios reales de Nixon, Kissinger, el secretario del Tesoro John Connally y otros altos funcionarios discutiendo sobre Chile. Las grabaciones y transcripciones nos permiten convertirnos en una mosca en el muro que escucha a los más poderosos funcionarios del país más poderosos del mundo discutir qué hacer con un pequeño país de América Latina que desafiaba la hegemonía política y económica de Estados Unidos. A pesar de que todas las referencias a las intervenciones encubiertas que llevaba a cabo la CIA para desestabilizar a Allende permanecen clasificadas (y borradas de las grabaciones) las discusiones que ahora pueden escucharse son un ejemplo de la mentalidad imperialista del Presidente y sus hombres.

El problema de la expropiación

De acuerdo a las transcripciones de las cintas, nada parece haber molestado tanto a Richard Nixon como la decisión del gobierno de Allende de iniciar la nacionalización de las empresas estadounidenses que habían dominado la economía chilena por décadas. Nixon creía que la respuesta de Estados Unidos debía ser cortar a Chile todos los créditos bilaterales, incluyendo los préstamos bancarios para exportaciones e importaciones, bloquear los créditos multilaterales y evitar que Chile renegociara su deuda externa. “Quiero que sepas”, le dijo Nixon a Kissinger, “que no quiero hacer nada por Chile. Nada”.

El Departamento de Estado, que era más sensible a las leyes internacionales y a las obligaciones de Estados Unidos con los organismos multilaterales, no estuvo de acuerdo. Pero Nixon encontró un fuerte aliado en su conservador secretario del Tesoro John Connally, quien le dijo que si Washington no se paraba frente a Allende, otros países de América Latina empezarían a nacionalizar negocios estadounidenses. La posición de Connally, le dijo Nixon a Kissinger en una reunión del 11 de junio de 1971, era que “el efecto en el resto de Latinoamérica, sin importar lo que escuchemos desde el Departamento de Estado y el resto, va a ser malo para nosotros, dejar de molestar a los chilenos y ser tan delicado con ellos”. Adicionalmente, continuó Nixon, “en lo que a la opinión pública americana concierne, los americanos mueren de ganas de que golpeemos a alguien en el trasero”.

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“Mis convicciones sobre esto son muy fuertes”, afirmó Nixon. “Todo lo que hacemos con el gobierno chileno será observado por otros gobiernos y grupos revolucionarios en América Latina como una señal de que lo que pueden hacer y salirse con la suya. Por lo tanto, tiendo a estar en contra de hacer cualquier cosa por ellos”. A medida que la reunión seguía, Nixon dijo a Kissinger y Connally: “quizás deberíamos encontrar un lugar para golpear a alguien en el trasero”.

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Luego los tres discutieron sobre Salvador Allende, transformando su esfuerzo por evitar una confrontación con Washington en una suerte de esquema deliberado:

Nixon: Oh, maldita sea, John, [Allende] es inteligente.

Kissinger: …muy inteligente.

Nixon: Es cierto.

Connally: Muy inteligente.

Kissinger: Entonces—

Connally: Incluso muy duro.

Kissinger: —Mirando el registro, él—esto debe servir a su propósito de que no haya enfrentamiento [con EE.UU.].

Nixon: Eso es correcto.

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Sólo unos meses más tarde, luego de que Allende decidiera crear un “impuesto al exceso de ganancias” a las compañías mineras Annaconda y Kennecott y no pagar compensaciones por nacionalizar sus minas, el 5 de octubre de 1971 Nixon dijo a Kissinger: “He decidido remover a Allende”. Connally puso entonces el tema de un golpe: “…y lo único que usted puede esperar es tenerlo derrocado y, en el intertanto, usted puede lograr su punto para probar, a través de sus acciones en su contra… que lo que está cuidando son los intereses de Estados Unidos”. Para Nixon, Estados Unidos había finalmente encontrado “un tipo al que podemos golpear”. Urgió a sus asesores a “entregarnos un plan. Los voy a golpear”.

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“Todo vale en Chile. Golpeen sus traseros, ¿ok?”, instruyó Nixon a Kissinger al final de la reunión. “De acuerdo”, respondió Kissinger.

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El asesinato de Pérez Zujovic

El 8 de junio de 1971, el ex ministro del Interior Demócrata Cristiano, Edmundo Pérez Zujovic, fue acribillado en un descarado asesinato político. En Chile, su asesinato evocó el reciente recuerdo del golpe respaldado por la CIA en contra del comandante en jefe chileno René Schneider, menos de nueve meses antes, cuando la CIA había intentado bloquear el juramento presidencial de Allende creando un “clima de golpe”. En Washington, la transcripción de las cintas desclasificadas revelan que Nixon, Kissinger y el más alto asesor de la Casa Blanca, H.R. Haldeman, tenían un interés particular en la reacción chilena al asesinato de Pérez Zujovic y se les puede escuchar bromeando sobre la situación:

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Kissinger: Los hijos de puta nos están culpando a nosotros.

Haldeman: ¿Culpando a la CIA? [risas]

Kissinger: Están culpando a la CIA

Nixon: ¿Y por qué demonios lo habríamos asesinado?

Kissinger: Bueno, primero, no pudimos. Estamos—

Nixon: Sí.

Kissinger: La CIA es muy incompetente para hacerlo. Recuerde—

Nixon: Seguro, esa es la mejor parte…

Kissinger: —Cuando trataron de asesinar a alguien, tomó tres intentos—

Nixon: Sí.

Kissinger: —y después de eso vivió tres semanas.

Aquí, Kissinger parece estar refiriéndose, y por primera vez realmente admitiendo, al rol de la CIA en el asesinato del general Schneider. Después de varios intentos abortados de un grupo de militares en retiro y oficiales activos que habían recibido armas y fondos de la CIA, Schneider fue interceptado y le dispararon camino al trabajo el 22 de octubre de 1970. Murió tres días más tarde -no tres semanas, como decía Kissinger-, producto de las heridas.

De acuerdo a las grabaciones, la conversación giró luego hacia cómo la administración Nixon podía transformar el asesinato en una oportunidad para golpear a Allende. El gobierno de la Unidad Popular, informó Kissinger al Presidente, había usado el asesinato de Pérez Zujovic para “imponer le ley marcial y para realizar un fuerte ataque contra nosotros”. La respuesta del Presidente: “Entonces vamos a darle—dejémosle que lo sientan”. Como era de esperar, Kissinger estuvo de acuerdo. “Creo que debemos usarlo como un pretexto”. Más adelante en la conversación, Nixon y Kissinger infirieron que la gente de Allende estaba detrás del asesinato como una maniobra política para ayudar a consolidarlo; estuvieron de acuerdo en que “el asesinato prueba” que Allende estaba “avanzando hacia un gobierno de un solo partido lo más rápido posible”

“Creo que este tipo está tomando el dominio completo de ese país”, declara incorrectamente Nixon. “Déjenme decir que en todas las futuras acciones hacia Chile prefiero la línea más dura”.

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Desafortunadamente para el bien de la historia, al momento en que Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973, Nixon ya había apagado su grabadora del Salón Oval. En julio de ese año, durante las dramáticas audiencias del caso Watergate en el Congreso, un asesor de la Casa Blanca reveló la existencia del sistema de grabación secreto. El Congreso inmediatamente exigió que la Casa Blanca entregara todas las cintas; Nixon reclamó “privilegio ejecutivo” y se negó. Sólo después de que la Corte Suprema sentenciara que no podía esconderlas más de las autoridades legales, el Presidente entregó las cintas. Éstas revelaron que había mentido sobre su rol en el “asalto” a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate, lo que forzó su posterior renuncia.

Sin embargo, otro sistema de grabación secreto no fue detectado y se mantuvo operativo: el de Henry Kissinger. El 16 de septiembre de 1973, el sistema de grabación de Kissinger registró su primera conversación telefónica con Nixon después del golpe en Chile. Su conversación (desclasificada por petición de mi organización) captura sus actitudes mientras un régimen verdaderamente fascista consolidaba el poder a través del derramamiento de sangre en Chile:

Kissinger: La cosa en Chile se está consolidando y por supuesto los periódico están balando porque un gobierno pro comunista fue derrocado.

Nixon: ¿No es eso algo? ¿No es eso algo?

Kissinger: Quiero decir en vez de estar celebrando—en el periodo de Eisenhower habríamos sido héroes

Nixon: Bueno nosotros no—como sabes—nuestra mano no aparece en ésta siquiera.

Kissinger: Nosotros no lo hicimos. Quiero decir que los ayudamos. [referencia a la CIA borrada] creó las mejores condiciones posibles.

Nixon: Eso es correcto. Y esa es la forma en que se va a jugar. Pero escucha, mientras la gente está preocupada, déjame decir que no se van a comprar esta basura de los liberales esta vez.

Kissinger: Absolutamente no.

Nixon: Ellos saben que es un gobierno pro comunista y así son las cosas.

Kissinger: Y pro Castro.

Nixon: …Olvidémonos de lo pro comunista. Era un gobierno anti americano durante todo el tiempo.

*NOTA: En los diálogos, los guiones largos (—) al final de una frase denotan interrupciones, mientras que cuando aparecen en el medio de una frase significa que uno de los interlocutores recomenzando una frase o una oración incompleta.
Todas las grabaciones pertenecen al sitio nixontapes.org

*Peter Kornbluh es autor Pinochet: Los Archivos Secretos. (Barcelona: 2004) Dirige el “Chile Documentation Project” en la organización sin fines de lucro National Security Archive en Washington D.C.

La expansión de la Operación Cóndor fuera de las fronteras del Cono Sur requería de millonarios fondos y el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, intentó conseguir recursos de potencias interesadas en eliminar enemigos comunes. Para ello viajó en 1976 a Irán, convencido de que recibiría una gruesa suma de dinero del Sha Reza Pahlevi si le ofrecía asesinar al venezolano Ilich Ramírez, “Carlos, El Chacal”, el ejecutor del secuestro de los líderes de la OPEP. Lo acompañaron el ex oficial de las SS nazis, traficante de armas y aliado de Paul Schäfer, Gerhard Mertins, tres altos oficiales chilenos y un general brasileño. Dejaron fotos y huellas en la embajada de Chile en Teherán que permiten reconstituir una historia que hasta ahora ha permanecido inédita.

Abril de 1976. La violencia policial en Irán recrudece. El Sha Reza Palevi, que mantiene el control de su país bajo la brutal represión de la SAVAK, su policía secreta, aún no se repone del duro golpe que le ha propinado a su poder un grupo de terroristas encabezado por Ilich “Carlos” Ramírez Sánchez. Tres meses antes, el 21 de diciembre de 1975, el grupo irrumpió en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Viena, capturando a 63 rehenes, entre los que estaba Jamshid Amuzegar, el ministro favorito del Sha. Además de exigir una gruesa suma por el rescate de los secuestrados, la orden era asesinar a Amuzegar. Un claro ataque a Reza Palevi, quien a partir de ese momento tuvo en la mira al más famoso de los terroristas internacionales: el venezolano “Carlos, El Chacal”.

En esos álgidos días desembarca en Teherán el jefe de la policía secreta del general Pinochet (DINA), el entonces coronel Manuel Contreras. Sus acompañantes y su misión han permanecido hasta hoy en secreto. Pero uno de los testigos de ese viaje conservó fotos y documentos que entregó a la autora de esta crónica. Las imágenes permitieron identificar al principal socio de Contreras en su expedición a Irán: el alemán Gerhard Mertins (1919-1993). Se trata de un ex oficial de las SS nazis que se reconvirtió en uno de los más importantes traficantes de armas del mundo y en el principal aliado internacional de Paul Schäfer, líder de la Colonia Dignidad en Chile, un reducto desde donde se traficó armas, se retuvo a prisioneros políticos y se abusó de menores durante más de 40 años.

Un tercer socio acompaña a Contreras y Mertins: un militar brasileño cuya identidad se desconoce hasta hoy. Las fotos de este reportaje podrían ayudar a desentrañar el misterio. Porque la misión que llevó a Contreras a Irán fue develada junto con la entrega de las fotos y está directamente relacionada con la Operación Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur que iniciaba en esos días de abril de 1976 su tercera fase, orientada a realizar seguimientos y asesinatos fuera de las fronteras de América Latina.

La pista de Carlos

Entre los informes clave que intercambian los países miembros de la Operación Cóndor, hay uno que jugará un rol relevante en la historia que motiva este reportaje. El nombre del venezolano Ilich “Carlos” Ramírez Sánchez aparece entre los documentos incautados en mayo en 1975 a dos dirigentes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) detenidos en Paraguay por la policía secreta de Alfredo Stroessner: el militante del MIR chileno Jorge “Trosko” Fuentes y el argentino Amilcar Santucho, hermano del máximo líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El dato fue confirmado al periodista John Dinges por Robert Scherrer, el rostro del buró del FBI en América Latina en esos años. En su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004), Scherrer sostiene “que la enorme cantidad de información extraída de Fuentes y Santucho había dado una pista importante que ayudó a rastrear a uno de los terroristas internacionales más célebres de la época: Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos, agente venezolano con residencia en Europa”.

Dice Dinges en su libro: “Según Scherrer, la policía paraguaya encontró una referencia a un ‘Carlos’ en la libreta de direcciones de Santucho, junto con una dirección o número de teléfono en París. Pensaron que se trataba de una pista que llevaría al paradero del hermano de Santucho, Roberto, cuyo nombre en código en el ERP era ‘Carlos’, y le pasaron el dato al servicio de seguridad francés (DST). El 27 de junio de 1975, 40 días después de los arrestos en Paraguay, tres agentes de la DST y un informante golpearon a la puerta de un apartamento en París donde habitaba Ilich Ramírez, Carlos, que se hacía pasar por un estudiante que convivía con su novia. Carlos los hizo entrar, sacó su arma y disparó a los agentes logrando escapar después de asesinar a los agentes de la DST”.

La versión fue corroborada por los documentos encontrados en el Archivo de Paraguay después de la caída de Stroessner, en un documento del jefe de la policía secreta de ese país (DIPC), Pastor Coronel.

Misión secreta

El horror que sacudió al mundo el 21 de diciembre de 1975 fue recibido por Manuel Contreras como un verdadero regalo para sus planes de extender las fronteras de la Operación Cóndor. Ilich “Carlos” Ramírez Sánchez, al frente de un comando de seis personas -militantes del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y del Grupo Baader-Meinhof- asaltan la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena, en una osadísima y exitosa acción, tomando 63 rehenes, entre ministros y delegados de los países allí reunidos, luego de matar a balazos a tres efectivos de seguridad.

La operación, financiada por el líder libio Muammar Gaddafi, concebida y ejecutada por el FPLP bajo la dirección de “Carlos”, fue un fuerte mensaje contra Irán, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la OPEP que no sólo se mostraban pro occidentales, sino que además habían aumentado su producción de crudo amenazando con derrumbar los altos precios. Parecía una locura, pero tenía sentido: el FPLP precisamente se financiaba gracias al apoyo de varios de los integrantes de la OPEP.

El comando encabezado por el venezolano fue liberando paulatinamente a sus rehenes, no sin antes emitir proclamas y obtener un avión para huir.

Casi cuatro meses más tarde, Manuel Contreras desembarcaba en completo secreto en Teherán. Su misión: proponerle al Sha de Irán eliminar a Ilich “Carlos” Ramírez Sánchez a cambio de una gruesa suma de dinero. Estaba en sus planes desde hacía meses. Desde el mismo momento en que surgió el nombre del venezolano como nexo entre grupos de izquierda de América Latina y europeos y también palestinos. Carlos era el trofeo que requería Contreras para consolidar la Operación Cóndor más allá de las fronteras de América Latina.

Matar a Carlos era también un blanco de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que ya lo habían identificado como el enemigo principal entre los grupos extremistas. En su investigación sobre la Operación Cóndor, el periodista John Dinges encontró un informe secreto del Senado estadounidense (“Actividades de ciertos organismos de inteligencia extranjeros en los Estados Unidos”) que confirma la prioridad de esa operación. Después de describir la Fase Tres de la Operación Cóndor, el mencionado informe señala: “Acto seguido, el Cóndor planeó una operación que tenía como objetivo asesinar a tres conocidos izquierdistas europeos, uno de los cuales era el famoso terrorista ‘Carlos’”.

Rumbo a Teherán, Contreras hizo escala en la entonces República Federal Alemana (RFA), a la cual llegó con un pasaporte falso. Fue allí donde se reunió con el germano Gerhard Mertins, el ex oficial de las SS nazis y traficante de armas.

Mertins tenía un estrecho vínculo con el líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, lo que permitió que su encuentro con Contreras tenga uno de los escasos registros públicos. La periodista alemana Gaby Weber, en un reportaje publicado en el semanario uruguayo Brecha, en enero de 1988 (Nazis en Chile: la Colonia Dignidad y su sádico jefe), relata que la estrecha relación que ambos mantuvieron por años se habría consolidado cuando, luego de llegar a Alemania, Contreras siguió viaje “a los pocos días con su amigo Mertins a Irán, donde todavía gobernaba el Sha (Reza Pahlevi)”. Weber no da la fecha y tampoco el motivo del viaje de ambos a Irán.

Los acompañantes

En Teherán, Pinochet tenía como embajador al general de Carabineros Arturo Yovane, quien pese a haber integrado en la primera hora el grupo de los uniformados comprometidos con el Golpe -de hecho él sumó al que sería jefe de Carabineros en la Junta Militar, el general César Mendoza-, muy luego se alineó con el ala disidente al régimen de Pinochet. Nombrado por la Junta Militar como el primer ministro de Minería de la dictadura, Yovane fue abruptamente despojado de su rango en 1974 y enviado a la embajada de Irán. En noviembre de 1974 inauguró la nueva sede diplomática en la capital persa.

Lo que Yovane encontró en Irán fue un terror parecido al que imperaba en Chile. El régimen del Sha Reza Pahlevi vivía sus últimos años antes de ser derrocado por la Revolución Islámica del 11 de febrero de 1979, que pondría en el poder al Ayatollah Ruhollah Khomeini. Al momento de llegar Contreras y Mertins, el soberano aún gobernaba con mano de hierro un país en que el descontento y las protestas iban en aumento, tanto por su alejamiento de los códigos islámicos como por las ostentosas celebraciones del régimen, pese a la pobreza reinante. Los alzamientos pronto serían brutalmente acallados por la Savak, la policía política del Sha, lo que convirtió a su gobierno en un ícono de la represión.

Hasta Teherán Contreras no llegó solo con Mertins. Además de su amigo germano, lo acompañaron tres hombres de su máxima confianza: los tenientes coroneles Sergio Arredondo González, Vianel Valdivieso y el mayor Alejandro Burgos de Beer.

El más importante es Sergio Arredondo, uno de los primeros instigadores del golpe militar en las filas del Ejército desde la Academia de Guerra y con contactos privilegiados con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El oficial de Caballería supo siempre mantener cuotas de poder pero sin ocupar el rol protagónico: su placer era digitar las piezas desde el fondo del escenario. El inicio de la dictadura lleva su huella. El mismo 11 de septiembre de 1973 fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Sergio Arellano Stark, a cargo de las operaciones en Santiago, y luego fue su mano derecha en la fatídica Caravana de la Muerte.

Cuando más tarde su compadre y amigo Manuel Contreras se convierte en el segundo hombre más poderoso de Chile, Arredondo lo sigue en las sombras. Lo conocía bien. Su amistad se había afianzado en los tiempos en que ambos eran cadetes en la Escuela Militar y Contreras debía luchar contra su timidez y torpeza frente a las mujeres. Esa complicidad resultó decisiva para Contreras, ya que es el propio Arredondo quien lo lleva ante Pinochet días después del Golpe para que le presente su plan de la DINA, idea que acoge con beneplácito el último hombre que se sumó a la conjura. Pinochet requiere de ayuda para imponer su autoridad entre golpistas de sólidos y clandestinos lazos. Contreras le proporcionará la principal herramienta que le faltaba para erguirse como el nuevo dueño del poder.

El segundo acompañante chileno de Contreras fue el entonces mayor Vianel Valdivieso. Se ganó la confianza absoluta de Contreras al formar un escuadrón de mujeres que, bajo distintas funciones, la que incluía la de secretaria y también “dama de compañía”, le informaban de todos los pormenores y comentarios que circulaban por las oficinas oficiales y los cuarteles secretos de la DINA. Fue una de las fuentes que le permitió a Contreras ayudar a Pinochet a exclamar desafiante “en Chile no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa”.

El mayor Alejandro Burgos de Beer completaba la nómina de los oficiales que acompañó a Contreras a Teherán. Fue su ayudante directo en el alto mando de la DINA. Treinta años más tarde debería declarar ante un juez de cómo fue testigo de las reuniones diarias que cada mañana tenía su jefe con Pinochet. Era en esas reuniones que se decidía sobre la vida o muerte de muchos y también de quién seguía siendo parte de los elegidos del régimen.

Huellas en Teherán

Aparte de los chilenos y del alemán, la nómina que acompañaba a Contreras la completaba, según testigos, un general del Ejército brasileño que hasta hoy no ha podido ser identificado. Aunque sí hay pistas que permitirían individualizarlo, porque casi todos los que llegaron a la entonces nueva embajada chilena en Teherán dejaron dos tipos de huellas: las fotos que acompañan este artículo, y los saludos y firmas que estamparon en el libro de visitas de la sede diplomática.

De este último registro se conserva una copia hasta hoy. Contreras, por ejemplo, firmó el 15 de abril de 1976. ”Con profundo agradecimiento por todas las gentilezas recibidas en vuestro hogar. Les deseamos toda clase de éxitos y que continúen por la misma senda actual. Manuel Contreras S. Coronel Director de Inteligencia Nacional”.

A continuación, y con la misma fecha -pero no con la misma legibilidad-, se lee una dedicatoria escrita en alemán que alude a los lazos chileno-germanos, y que correspondería a la de Mertins. Luego firma un muy agradecido teniente coronel Rolando Gálvez. En el alto mando de la DINA no existieron oficiales con ese nombre, aunque sí un abogado. ¿Quién es Gálvez? La clave la dio el propio Manuel Contreras en la declaración que prestó el 14 de mayo de 1992 ante el ministro Adolfo Bañados. Ese día, cuando Contreras debió asumir que efectivamente había formado empresas de la DINA en Panamá, dijo también: “Rolando Galvez Baeza es el nombre ficticio de Vianel Valdivieso”. Lo entregó sin titubear, dando la pista para identificar al hombre que estampó su saludo en Irán.

En cuanto a Burgos de Beer, firmó su estadía –en la que le desea “prosperidad” a la familia Yovane- sin ningún secreto: “Mayor. DINA”.

Siempre con la misma fecha, hay otra dedicatoria: “Aún no siendo chileno de nascimiento (sic), tengo el corazón que marcha al mismo ritmo de Chile de hoy, o sea, amante de la democracia, libre e independiente”. La firma, apenas legible, sugiere un apellido carioca que puede ser “Safreire” o “Safiera”. Inmediatamente bajo ella se leen dos palabras, una de las cuales claramente es “Merex”.

Coincidencia o no, “Merex” es el nombre de la empresa que el alemán Gerhard Mertins usó como base para el tráfico de armas, negocio en el que se hizo ampliamente conocido y forjó contactos tan poderosos, que las pocas veces que la justicia de su país lo acorraló, salvó gracias a un as que tenía en la manga: los hechos por los que lo acusaban habrían sido cometidos por encargo del servicio de inteligencia federal alemán, el Bundesnachrichtendienst (BND).

El dato no era ninguna casualidad. El BND contó en sus orígenes con la participación de otro ex nazi: el ex general de la Wehrmacht Reinhard Gehlen, viejo amigo de Mertins. Gehlen había comprado su libertad a Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial a cambio de sus archivos y conocimientos de espionaje contra los soviéticos, lo que lo llevó a ser el primer jefe del BND en plena Guerra Fría.

Contreras revelaría ante la justicia, muchos años después, que su nexo con Mertins se tradujo en que el germano proveyó de armas a la dictadura y de hasta helicópteros a Carabineros.

Cuánto vale “El Chacal”

Las fotos captan una reunión social en la sede de la embajada de Chile en los días que el jefe de la DINA le ofreció al Sha Reza Pahlevi el ambicioso trato de “producir” la eliminación de uno de los principales enemigos del soberano: el terrorista más buscado por esos días por los servicios de inteligencia de todo el mundo, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como “Carlos, El Chacal”.

La operación requería a cambio una cifra alta de dólares y fue relatada por el propio Contreras al general Yovane. Tal vez, previendo que el embajador, muy bien conectado con los círculos del Sha, lo sabría de todas formas. No se tiene testimonio de lo que ocurrió con la misión de Contreras. Lo que sí se sabe es que poco más de tres años después el Sha se vería obligado a dejar el poder, exiliarse y finalmente murió lejos de Irán en 1980. Carlos aún vive, pero preso a perpetuidad en el penal francés de Clairvaux.

Contreras no obtuvo del Sha los fondos que requería para seguir con las operaciones internacionales de Cóndor y de la DINA. Pero tenía otras fuentes. Además de las asignaciones directas del régimen militar, la DINA construyó un verdadero holding de empresas, cuya historia se detallará en la segunda parte de esta serie.

El gestor de la millonaria adjudicación ilícita de la plataforma tecnológica del Registro Civil, fue formalizado por el delito de cohecho. Pero Danilo Rivas Zlatar, uno de los administradores de los bienes de la Masonería, es mucho más que eso. Esta investigación de CIPER revela su historia como gestor de negocios en las sombras y que lo vincula a la fabricación y exportación de armas de Carlos Cardoen, a la triangulación para el ocultamiento de las platas de Pinochet y de su hijo Marco Antonio y a otras operaciones dudosas desde las múltiples sociedades en las que participó.

La cena que Danilo Rivas Zlatar organizó en su casa en septiembre de 2006 marcaría un antes y un después en la vida de los comensales y provocaría un terremoto en la Masonería chilena. Fue en esa cena –de acuerdo a la acusación del Ministerio Público- que se acordaron las bases para la adjudicación irregular por US$ 80 millones de la plataforma tecnológica del Registro Civil a la transnacional Tata. Ahí estaban los principales ejecutivos de la compañía india y el entonces director del Registro Civil, Guillermo Arenas, todos ellos recién formalizados junto a Rivas por el delito de cohecho y fraude al Fisco frustrado.

Esa reservada reunión terminó también con el historial de operador de negocios en las sombras que Danilo Rivas logró mantener por más de tres décadas. Eso permitió que CIPER descubriera sus estrechos vínculos -hasta ahora desconocidos- con los dineros para la fabricación y exportación de armas de Carlos Cardoen y las platas ocultas del clan Pinochet.

Lo anterior sí debió ser conocido por el socio histórico que Danilo Rivas ha tenido en sus negocios: Pedro Salas Ocampo, tesorero de la Gran Logia de Chile. Por ello, sorprendió a muchos que Rivas fuera sólo suspendido y no estuviera entre los expulsados de la Masonería el 17 de junio pasado, sanción anunciada por el diario La Segunda y que le costó la expulsión a otros dos involucrados en el caso del Registro Civil, Guillermo Arenas y al ex rector de la Universidad de Santiago Ubaldo Zuñiga. Ambos se enteraron de la mala noticia en prisión.

Ahora que Rivas fue formalizado como autor del delito de cohecho, se espera un nuevo pronunciamiento del Gran Maestro Juan José Oyarzún. Y ello porque Danilo Rivas detenta un rol relevante en la Masonería: ex venerable maestro de la Logia Cóndor Nº 9 y de la Logia Prometeo Nº 101, de la cual son miembros la mayoría de los sancionados, y director desde 2008 de la Inmobiliaria La República, encargada de administrar los bienes de la masonería capitular chilena, sociedad de la cual es gerente general su socio: Pedro Salas Ocampo.

Un gestor de negocios en apuros

Guillermo Arenas, durante la formalización

El primero en iniciar nerviosos movimientos apenas CIPER reveló las pruebas (17 de marzo de 2008), de cómo se fraguó la licitación fraudulenta del Registro Civil -lo que provocaría su anulación 48 horas después- fue Danilo Rivas. Andrés Contardo, quien encabezó el proceso de licitación trabajando simultáneamente para Tata, capturó la atención pública. También Guillermo Arenas, director del servicio, jefe de Contardo y quien aparece como cómplice de la operación.

Pero Rivas, como redactor del acuerdo, sabía dónde, cuándo y cómo se gestó el negocio ilícito. Y sospechó que el equipo que encabeza Alejandra Godoy, de la Fiscalía Centro Norte, no tardaría en atar cabos. Si quería seguir manteniendo sus negocios a salvo debía evitar que la fiscal conociera los detalles de la reunión en su casa.

Fue así como Rivas empezó su recorrido entre los participes de la cena: Guillermo Arenas, su amigo desde fines de los ‘60; dos de los máximos ejecutivos de la empresa Tata Consultancy Service, Henry Manzano y Andrés Tupper; además de Flavio Venturini, a quien se le pidió prestar su consultora para la triangulación de las comisiones. Fue tanto lo que Rivas se urgió, que algunos de los interpelados lo acusaron de intentar desvincularse de su real intervención en la anulada licitación.

Lo que Rivas también buscó impedir es que, a consecuencias de la investigación judicial por la repartición de $405 millones en coimas por la adjudicación del contrato a Tata (cifra entregada en el tribunal por la fiscal), saliera a la luz pública su intrincado historial de negocios desde su salida del Banco Central, en 1978. Y casi lo logró. Porque desde que estalló el escándalo del Registro Civil, no se mencionó su participación protagónica en las filiales chilenas del holding Transamérica y Transáfrica, sociedades en las que el clan Pinochet ocultó y movió dineros, cuyo origen en parte se origina en las comisiones por venta y compra de armas, como ha quedado demostrado en tribunales.

Pablo Cisternas, ex gerente general de TATA

No es su única conexión con el oscuro mercado de armas. El nexo data desde el régimen militar, cuando Carlos Cardoen creó con millones de dólares entregados por el Estado su empresa de fabricación y exportación de armamentos. Para esas operaciones ultra secretas, Cardoen escogió como auditores a la consultora de la cual Rivas era gerente: Consaudit. La relación entre Cardoen y Rivas se prolongó más tarde en el Banco del Pacífico, entidad financiera que Cardoen compró a fines de los ’80 y que luego vendió -también con participación de Rivas- al Banesto de España.

CIPER descubrió otro nexo entre ambos: un poder que le entrega el propio Cardoen para que Rivas actúe a través de CFI International Corporation. Las sociedades nombradas, además de Socimer y Monex, sirvieron de intermediarias en distintas operaciones dudosas y vinculan a Rivas a una red de ejecutivos que manejaron dineros de Pinochet. Un vínculo que se mantiene hasta hoy con Marco Antonio Pinochet Hiriart.

En ese historial de negocios triangulados, Rivas tiene un rol importante. Pero nunca público. No hay una sola foto que permita identificar su rostro en los archivos de medios. La única pista pública se remonta a casi 40 años, durante su paso por el Banco Central bajo el gobierno de Salvador Allende y luego en dictadura.

Transacción de divisas en los inicios

El departamento de Comercio Exterior del Banco Central marca el inicio de su afición por las transacciones financieras. De su paso por esa entidad se saben dos cosas. La primera, que se especializó en cambio de divisas y transacciones con bonos de la deuda externa. La segunda, que a principios de 1970 desplegó cierto liderazgo gremial al ser elegido director de la Asociación de Funcionarios de la entidad, convirtiéndose en su presidente en 1972, representando al Partido Radical.

Fue una breve exploración. Las bases del organismo le exigieron su renuncia acusándolo de no haber defendido en la junta directiva del instituto emisor los acuerdos de los trabajadores. Al año siguiente se retiró finalizando así su única incursión política pública. A partir de ahí comenzó a cultivar el bajo perfil que mantuvo hasta ahora.

El salto al mundo privado lo hizo de la mano de su amigo y hermano de logia en la Masonería, Pedro Salas Ocampo. A fines de la década del ‘70, se integró como socio a KGM Consaudit-Auditores Consultores, donde se desempeñó como gerente de la División de Consultoría Financiera. La sociedad fue creada por Salas Ocampo y otros tres contadores auditores. Los vínculos comerciales entre Rivas y Salas Ocampo se expandieron: en 1978, crearon Rincón Stereo Distribuidora Limitada (Rinstel), instalando un local de venta de artículos electrónicos y línea blanca en calle San Antonio, en Santiago.

A pesar de que Rivas en su currículum dice haberse desvinculado de los negocios de Salas Ocampo desde 1985, las escrituras de la serie de sociedades que CIPER logró detectar en los archivos del Registro de Comercio de Santiago, demuestran lo contrario. En 1989 aparecen ambos vinculados a la Comercial Dakan y lo mismo se aprecia en la sociedad Confinsa Consultores, a través de la cual crearon la Inmobiliaria San Esteban S.A., sociedad que vendieron en 2006.

La relación comercial entre Rivas y Salas Ocampo continúa hasta hoy. Salas es el socio mayoritario de HBL Consaudit -nombre actual de la empresa consultora-, donde Rivas aparece con un 5% de participación. Ambos además comparten la dirección de la gestión de Inmobiliaria La República, sociedad que administra los bienes de la Masonería.

En 2003, Consaudit fue cuestionada por haber auditado los estados financieros de Inverlink Administradora General de Fondos, en circunstancias que dos de sus socios, Pedro Salas Ocampo y Hernán Quililongo Canales, mantenían lazos societarios con uno de los dueños del consorcio que provocó uno de los mayores escándalos financieros de la época: Ignacio Wulf. A juicio de expertos tributarios, la estrecha relación entre Wulf y Consaudit, constituía una práctica reñida con el comportamiento que se les exige a las auditoras.

Negocios blindados

Carlos Cardoen junto a Saddam Hussein

De cómo Danilo Rivas se convirtió en director de de la sociedad fantasma CFI International Corporation, domiciliada en Nueva York, no hay información. Sólo una escueta notificación en la Superintendencia de Valores (SVS), informa que Rivas asumió como director de la misma desde mediados de los ‘80. Muy distinto al rol que consigna el poder que el propio Rivas legalizó en abril de 1984 ante el notario Samuel Klecky Rapaport. Ese documento lo constituye como el único representante legal de la compañía en Chile, con amplios poderes.

El poder señala que CFI, representada por su presidente, el estadounidense Peter C. Gmunder; y su secretario, el abogado cubano-estadounidense Mario Díaz Cruz III, le otorgó plenas facultades a Rivas para “cualquier y todo acto en representación de la sociedad según él y a su exclusiva discreción considerase necesario o pertinente, incluyendo pero sin limitarse a la formalización y extensión de cualquier tipo de certificados, notificaciones, convenios y otros instrumentos necesarios para administrar los negocios, intereses y bienes de la sociedad en Chile”.

Al parecer, CFI -cuyo único apoderado hasta ahora conocido en Chile fue Rivas- tuvo un rol importante en el desarrollo de la fábrica de armamentos de Cardoen. Así lo revela otro de los documentos descubiertos por CIPER. En 1989, Industrias Cardoen Limitada le otorgó a CFI en garantía y por un monto de US$10 millones, diversos bienes a cambio de que CFI le gestionara un préstamo en el extranjero por la misma cantidad, según lo permite el Capítulo XIV de las normas cambiarias del Banco Central.

El contrato notarial “de prenda sin desplazamiento”, dejó bajo la tutela de CFI bienes de la planta de Iquique de la industria de armamentos de Cardoen y fue suscrito por Danilo Rivas representando a CFI y Pedro Arancibia Solar, teniente (R) de la Armada, en representación de Industrias Cardoen S.A. Arancibia fue condenado hace pocos días (junio de 2009) a 3 años y 1 día por la Corte de Apelaciones de Valparaíso como uno de los autores del secuestro y desaparición del ingeniero socialista Jaime Aldoney.

De la utilización que le daría Cardoen a esos US$ 10 millones no hay palabra en el documento. En la víspera de que la Concertación entrara a La Moneda, era imposible pensar en la expansión de su industria de armas. No así en el extranjero. Dos meses antes de la firma del convenio con CFI, Cardoen aún contaba con el respaldo de Estados Unidos para vender armas al régimen dictatorial de Saddam Husein y estaba en pleno proceso de construcción de dos plantas en las afueras de Bagdad a donde llevó operarios e ingenieros chilenos. Una investigación de la revista española Tiempo de octubre de 1990, señala que en esas plantas se habrían invertido US$ 40 millones.

Poco después se producirían los primeros problemas entre Cardoen y el régimen de Hussein, los que culminaron en agosto de 1990 con la retención de siete ingenieros chilenos que trabajaban para Cardoen en Bagdad. Fue la antesala del conflicto del principal fabricante de armas chileno con el gobierno de Estados Unidos, cuyo hito fue el juicio iniciado en su contra en 1993 y que mantiene sobre el ingeniero una orden de captura internacional que le impide salir de Chile.

Instalaciones de Industrias Cardoen

Atrincherarse en Chile a partir de 1993 no fue su opción, sino una imposición para Cardoen. Ya con el retorno a la democracia y habiendo reordenado y concentrado la propiedad de las múltiples empresas y sociedades que formó durante el régimen militar, en 1993 decide vender el Banco del Pacífico. El comprador fue el banco español Banesto. La operación se concretó ese mismo año a través de Socimer Chile S.A., filial de la transnacional suizo-española y en cuyo directorio estaba con amplios poderes Danilo Rivas. Él mismo reconoció su rol en esa venta. En su declaración judicial del 5 de octubre de 2008, declaró:

“Yo no tengo profesión con título, pero me desempeño hace mas de 30 años en una actividad de finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Me involucro en la compra y venta de empresas y en la obtención de fondos para desarrollar proyectos…Como ejemplo, lideré la venta del Banco del Pacífico al Banesto de España en 1992…”

Las empresas madre de Socimer eran Transáfrica y Transamérica, cuyas sedes en Chile funcionaban en Alameda 949, piso 13, la misma dirección de la filial local de Socimer. Y en los círculos financieros ya era conocido que Pinochet triangulaba dineros a través de Transáfrica y Transamérica. Rivas no era ajeno a esas operaciones. En la misma época en que Danilo Rivas actuó –a través de CFI- como gestor de un millonario crédito internacional para Cardoen, el fabricante de armas lo designó junto a Francisco Lyon Ossa como director del Banco del Pacífico de su propiedad. Ambos eran paralelamente miembros de la plana gerencial de Socimer Chile S.A. y el ingeniero Lyon Ossa ya manejaba dineros de la familia de Pinochet. Un rol que mantiene hasta hoy.

Mirage: la otra intermediación de armas

A juzgar por las operaciones de CFI International Corporation que CIPER logró pesquisar, su mercado predilecto fue el de armamentos. Porque otro episodio en el que actúa como intermediario fue develado por la justicia belga en la investigación por el pago de U$S15 millones en comisiones ilegales por la venta de 25 aviones Mirage a Chile (19 de junio de 1994).

Cuando François De Smet, representante de Sabca en Chile y uno de los intermediarios del negocio de los Mirage, declaró ante la justicia belga, dijo que parte de la comisión de US$ 1 millón que recibió fue transferida a CFI. Esas operaciones, agregó, “fueron realizadas siguiendo los consejos del señor Danilo Rivas, quien trabaja actualmente para el Banco Monex”.

Lo que omitió De Smet en su testimonio, fue que Danilo Rivas era el único representante en Chile de CFI y que su consejo de a dónde dirigir los depósitos de las comisiones ilícitas fue clave para no llamar la atención de los organismos de control bancario nacionales. Está probado por la justicia belga –según informó El Mercurio el 30 de enero pasado- que ese millón de dólares le fue depositado a De Smet por la sociedad de papel Berthier (del comerciante de armas Karel Honzic) a su cuenta Atere N° 43617 en el Banco de Luxemburgo y desde allí derivado a cuentas de CFI y de S.I.B.L.F. Ambas le transfirieron después esos dineros a sus cuentas en Chile.

Avión de combate Mirage cargado con bombas de racimo

“Si suponemos los hechos probados, esas prácticas son susceptibles de constituir actividades de blanqueo de dinero”, concluyó el tribunal belga que investigó el millonario ilícito. La justicia belga no esclareció a qué sociedad correspondía S.I.B.L.F., pero CIPER sí lo hizo. Se trata de la sigla bajo la cual actuaba el Banco Socimer con sede en Montevideo, Uruguay. Una entidad que bien conocía Danilo Rivas.

Desplazar dineros oscuros se convirtió en una de las habilidades de CFI. Así lo prueban algunas de las transferencias que realizó Pinochet para mantener en secreto su millonaria fortuna. En el proceso que se sigue en Chile por el origen de esos dineros, CFI International Corporation figura manejando fondos de G.L.P. Limited, una de las 11 sociedades de papel creadas por Pinochet para ocultar el dinero que acumuló en el extranjero.

La prueba: El 23 de julio de 2003, el ejecutivo del Banco de Chile de Nueva York a cargo de la cuenta secreta de Pinochet a nombre de GLP, recibió la orden de transferir US$ 279 mil a una cuenta de CFI International Corporation (cuyo único representante en Chile era Danilo Rivas) en el Banco Orinoco de Venezuela. Al día siguiente, la misma cantidad de dinero fue transferida por CFI al Banco de Chile de Nueva York, pero esta vez a una cuenta a nombre de Jacqueline Pinochet. El dinero sería utilizado por la hija menor del dictador para pagar la casa en Vitacura en la que aún reside.

Las “platas negras” de Socimer

Danilo Rivas se incorporó a Socimer Chile S.A. -filial de la firma suizo-española del mismo nombre, controlada por las multinacionales Transáfrica y Transamérica-, desde su creación en 1987. A partir de 1991 ocupó un sillón en el directorio. Allí estaba en 1998, cuando el holding entró en un proceso de liquidación a nivel mundial.

La prensa hispana de la época informó que el agujero financiero tuvo su origen en 1996, a raíz de la compra del Banco UNB Medefín (de Argentina) por Socimer International Bank Limited (Danilo Rivas figura como su representante en 1997), filial de Socimer y de Transáfrica. La alarma financiera internacional se encendió cuando las auditorías al Banco UNB Medefín revelaron un déficit patrimonial de 15.000 millones de pesetas. Poco después la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) denunció que Socimer había gravado o vendido fondos de sus clientes que tenía bajo custodia en España por un monto total de 15.000 millones de pesetas. La misma suma que debía aportar para subsanar el hoyo del Banco UNB Medefín.

Como el domicilio de Socimer International Bank era Bahamas, el Banco Central de ese país decretó su intervención provocando que Transáfrica y dos de sus filiales (Pescafina y Pez Austral) entraran en suspensión de pagos, debiendo asumir un pasivo global de 20.500 millones de pesetas. El proceso de liquidación continúa hasta hoy.

Danilo Rivas junto a sus abogados

La debacle de Transamérica, Transáfrica y Socimer repercutió en las filiales en Chile. En 1999, Socimer Chile S.A. dejó de operar. Según la información de prensa de la época, el desplome habría ocasionado pérdidas por US$ 40 millones a inversionistas chilenos. A pesar de los millones en juego, muchos de ellos decidieron no reclamar sus patrimonios ante los tribunales.

El periodista Fernando Paulsen, en un artículo en el diario La Hora, dio la clave sobre por qué los afectados aparecían atados de mano: Muchos de estos dineros es lo que llamamos platas negras, dinero recibido por servicios o ventas que no han sido declarados como ingresos oficiales, por lo que no forman parte de la declaración de impuestos de esas personas. En otros casos, pueden ser dineros registrados y declarados, pero la utilidad de ellos devengada en el exterior, gracias a las inversiones de Socimer, no ha pagado impuestos cuando vuelve al país. Y esto ha ocurrido así por años.

La explicación de Paulsen tenía asidero en otra de las aristas de negocios de Socimer: servir de intermediaria en la compra de bonos de la deuda extranjera nacional mediante el Capítulo XIX de la Ley del Banco Central. Este mecanismo permitía a inversionistas extranjeros la compra de estos papeles en el mercado internacional a un precio menor a su valor nominal (entre el 40 y el 60% menos), para luego -y a condición de ser reinvertidos en Chile-, canjearlos ante el instituto emisor a un precio superior. Pero la franquicia estaba prohibida para los inversionistas nacionales ya que su fin era incentivar el ingreso de capitales foráneos. La irregularidad fue que algunas entidades financieras actuaron como fiduciarios de esas inversiones, para enmascarar a inversionistas chilenos que aprovecharon la franquicia para engrosar sus capitales.

En marzo de 1998, y a solo siete meses de iniciar sus actividades, Socimer Austral Ltda. (perteneciente al holding) acumulaba operaciones de deuda externa por US$ 400 millones. Así lo informó su gerente general Hipólito Lagos Schmidt, quien era también el principal representante de Transamérica y sus filiales en Chile. Lagos sabía de este negocio. Se convirtió en un experto siendo gerente de Operaciones del Banco Central entre 1950 y 1976, año en que se fue del principal instituto emisor para regresar en 1985 como director de Política Monetaria.

Fue en el Banco Central donde Hipólito Lagos se cruzó por primera vez con Danilo Rivas. Se volverían a encontrar en Transamérica y Socimer, y también en Iansa, empresa de la que Hipólito Lagos fue director al momento de su privatización. En esa operación, Lagos actuó junto a Peter Grembler Zeh, quien también fue director de Transamérica y Socimer. Según un informe de la Contraloría, esa privatización dejó una pérdida para el Estado chileno de US$ 47,6 millones.

En su declaración ante la fiscal Alejandra Godoy, Danilo Rivas afirmó “Lideré la venta de acciones Iansa a Campos Chilenos en 1987 ó 1988; la venta de Lan Chile al grupo Cueto e Hirmas en 1993 ó 1994 y la venta del Hotel Pucón al Grupo Martínez”. En todas ellas actuó representando a Socimer, sociedad en la que permaneció hasta 2001, año en que la representó en la venta de Inversiones Bello Horizonte Ltda. Capítulo aparte merece su paso como director de Socimer Corredores de Bolsa (1994-1996), la que dejó de operar en la Bolsa de Comercio de Santiago en agosto de 1997 (ver recuadro).

Socimer, Famae y Pinochet

No sólo CFI International Corporation vincula a Danilo Rivas con la fortuna secreta de Pinochet. Los nexos de Socimer con los movimientos de esos dineros aparecen en la investigación judicial en Chile del llamado Caso Riggs en los años en que Rivas era director.

El 30 de mayo de 1995, desde una cuenta de Cornwall Overseas Corp., una de las sociedades off shore que el albacea del dictador, Óscar Aitken, le creó en el extranjero, se hizo una transferencia por US$ 250 mil a una cuenta de Berthier Invest Inc., sociedad de papel para la captación de comisiones por la compra y venta de armas. La cuenta estaba registrada en el Socimer International Bank, del cual Rivas fue representante. En 1996, el mismo monto fue girado a la cuenta DDA Nº 763918 145850 de Famae Limited, en el Banco de Chile en Nueva York.
Famae Limited fue una sociedad que Pinochet y su círculo de hierro mantuvo en absoluto secreto desde que se creó como Ultracam, para recepcionar los dineros de las ventas ilícitas de armas que se hicieron desde Famae. La venta que terminó con el secreto fue la del tráfico de armas a Croacia, cargamento rotulado como ayuda humanitaria, descubierto en el aeropuerto de Budapest en 1991.

El banco Socimer de Montevideo aparece también en marzo de 1997, enviando un giro por US$ 398.531 a la cuenta N° 5251472172 que la sociedad de papel Cornwall mantenía en el Banco Coutts, en otra triangulación con la sociedad de papel Berthier Inv (por comisiones de armas).

Augusto Pinochet inspecciona el cohete rayo fabricado por Famae

Otro nexo entre Socimer International Bank y las operaciones clandestinas de Famae, fue revelado por el diario La Nación en marzo de 2006. En 1989, la industria de armamentos del Ejército solicitó a la Corfo un crédito por cerca de US$10 millones, entregando como garantía acciones de la entonces Empresa Nacional de Explosivos (Enaex). Pero el mecanismo resultó demasiado rígido para obtener la cantidad de fondos que requería Famae. En la urgencia, se acordó modificar el sistema y usar pagarés de la Tesorería General de la República. La entidad que garantizó el crédito fue Socimer International Bank. Los dineros fueron transferidos desde la institución bancaria a una firma en Panamá llamada FAX, perteneciente a Famae.

Curiosamente es el mismo año (1989) en que Cardoen pide la misma cantidad (US$10 millones) a través de CFI (con un poder a Danilo Rivas) a un banco extranjero. Y es el año en que se desata una guerra entre Industrias Cardoen y la empresa pantalla de Famae (Ferrimar) por la venta al extranjero de las bombas de racimo.

Lo cierto es que tanto Cardoen como Pinochet confiaban en Socimer. Así lo demostró el dictador en 1992, cuando le vendió a Socimer Corredores de Bolsa S.A., sociedad de la que Rivas era director, 370.464 acciones de Endesa en $45.689.325. El paquete lo había adquirido en 1989 en $6.112.656, bajo la franquicia del capitalismo popular. La operación le significó utilidades por más de $ 39 millones.

Las “TMI” de Marco Antonio

La confianza que depositó Pinochet en los directivos de Socimer, la continuó su hijo Marco Antonio. Actualmente, algunos de los ex directores y ejecutivos de Socimer Chile S.A. y el holding al que pertenecía, están a cargo de sus negocios. Hipólito Lagos, Eugenio Camus, Peter Grembler, Francisco Lyon Ossa, Roberto Parra Hernández y Juan Christian Dellamaggiora son los nombres que se repiten en las sociedades continuadoras de Transamérica S.A. de Comercio Exterior, y otras que se encuentran estrechamente ligadas a los negocios de Marco Antonio Pinochet

En octubre de 2005, el diario La Nación reveló los principales personajes vinculados a los negocios que en ese momento mantenía el hijo del fallecido general a través de Mantenimientos Integrales TMI S.A., servicios de lavado, limpieza y aseo industrial, domiciliada en Concepción. Su presidente: Francisco Lyon Ossa, el mismo ex director y gerente de Socimer Chile S.A. junto a Danilo Rivas como director.

El vínculo entre TMI y la sucesora de Transamérica es tan estrecho que una de las sociedades propietarias de TMI S.A., Rentas Colico S.A., establece en sus estatutos que en caso de muerte de uno de sus socios, sus acciones pasan automáticamente a Transamérica Merchant International, sociedad matriz de TMI, domiciliada en Santiago. Todas ellas realizaban sus sesiones de directorio en las mismas oficinas: avenida Las Condes 11.400.

Transamerica Merchant International apareció vinculada al clan Pinochet en el segundo informe del Senado estadounidense sobre sus cuentas secretas. Allí se lee: “El 29 de enero de 1999, ‘Ramón Ugarte’ envió una transferencia electrónica de US$ 499.985 (casi $250 millones de la época) a Transamérica Merchant International, desde una cuenta del Banco Atlántico en Gibraltar”. El Diario Oficial indica que la actual Transamérica Merchant Chile S.A. –razón social de la TMI capitalina- fue creada en agosto de 1997 por Inversiones Transamérica Chile, representada por Hipólito Lagos Schmidt, Eugenio Camus Camus y Peter Gremler Zeh, entonces socios principales de Socimer Chile S.A. y de la firma que fue su controladora, Transamérica S.A. de Comercio Exterior.

Marco Antonio Pinochet

Francisco Lyon Ossa es el nexo entre Rentas Colico, la TMI capitalina y la TMI penquista, pues es ejecutivo de las dos primeras sociedades y presidente del directorio de la empresa de lavado y limpieza sureña. Los otros dos ejecutivos de la TMI de Santiago, Roberto Parra Hernández y Juan Christian Della Maggiora, pertenecieron también a Socimer, primero en cargos gerenciales y, luego, como representantes de Transamérica S.A. en el directorio de Socimer.

Los ingenieros Lyon, Parra y Dellamaggiora tienen otro nexo en común: fueron ejecutivos de la oficina que instaló en Chile el Chicago Continental Bank en los ’80, para realizar operaciones de capítulo XIX de la Ley del Banco Central, trabajo ejecutado en paralelo con sus funciones en Socimer Chile S.A. La oficina en Chile del Chicago Continental Bank tomo un rol preponderante para que determinados capitales se hicieran del control de Iansa luego de su privatización.

La relación de Danilo Rivas con los dineros de Pinochet tiene otro fleco interesante. Tras la desaparición de Socimer, Danilo Rivas y el ingeniero comercial Carlos Olguín Pizarro –ex gerente de esa sociedad- se integraron al Banco Monex, autorizado para operar desde noviembre de 2002. Rivas como director y Olguín como gerente del proyecto. La entidad bancaria tiene como antecesores a Monex Corredores de Bolsa S.A. y a Monex Agencia de Valores S.A., ambas vinculadas a las cuentas de Pinochet a través de sus sociedades de papel.

En 2005, Danilo Rivas Zlatar dejó el Banco Monex para dedicarse a sus negocios privados y a su campo en Requínoa. Un año más tarde organizó la cena en la que se concretó el negocio del Registro Civil. El miércoles llegó a los tribunales flanqueado por sus dos abogados: Luis Hermosilla y Claudio Arellano Parker, dos pesos pesados en derecho penal. Sin mostrar nerviosismo, escuchó los cargos que se le imputan. Fue su manera de decir que todo está bajo control. Pero a los 63 años, Rivas sabe que ahora se empieza a escribir su otra historia, ahora pública.

El día en que Rivas no pudo acreditar su escolaridad

Durante los años en que Danilo Rivas ocupó cargos directivos en el grupo de sociedades ligadas a Socimer Chile S.A., muchos lo identifican como el hombre de confianza del principal representante de la firma en Chile: Hipólito Lagos Smidth.

Danilo Rivas

No extrañó entonces que en abril de 1994, Rivas asumiera como director de Socimer Corredores de Bolsa S.A. en reemplazo de Lagos, quien debió renunciar por no cumplir con los nuevos requisitos establecidos en ese momento por la Superintendencia de Valores y Seguros. La SVS, junto con consignar diversas inhabilidades para ejercer la función, estableció que los directores de este tipo de entidades debían acreditar estudios secundarios completos.

Aunque Danilo Rivas declaró haber cursado su educación en el Liceo de Hombres de Talca, en dos años nunca entregó el certificado correspondiente. Después de cuatro requerimientos oficiales de la SVS a la corredora, tras la formulación de cargos por infringir la normativa, Rivas renunció al directorio.

El 28 de marzo de 1996, en la respuesta que la corredora envió para explicar la situación, se dice: “Hemos decidido prescindir de dicho integrante del directorio, a fin de subsanar la irregularidad consistente en que dicho director no cumple por el momento con la totalidad de las exigencias legales y reglamentarias para desempeñar dicho cargo, especialmente en lo tocante a la documentación que se debe acompañar luego del respectivo nombramiento”.

Pese a los descargos, en septiembre de ese año, la SVS sancionó a Socimer Corredores de Bolsa S.A con una multa de 300 UF por esa y otras anomalías. Entre ellas, por no informar los cambios de gerente general y de miembros del directorio dentro del plazo legal; y por aumentar su capital social mediante la suma de las utilidades sin haberlas primero declarado como tales, lo que contravenía normas expresas del mercado.

Julio Jung y M. Elena Duvauchelle: los otros socios de Danilo Rivas

A mediados de los 80’, recién llegados desde el exilio, los actores María Elena Duvauchelle y Julio Jung asumieron el desafío de instalar una sala de teatro propia. En ese afán, conocieron a la gestora cultural Neda Rivas Zlatar, hermana mayor de Danilo. Las presentaciones las hizo Aníbal Palma (ex ministro radical de Allende)

Durante los primeros años, la relación de trabajo entre el matrimonio de actores y la gestora cultural fue fluida y estrecha. Neda les presentó a varios ex radicales, activos miembros de la oposición a Pinochet, como el publicista César Parra (estrecho amigo de Guillermo Arenas) y Ricardo Navarrete (actual subsecretario de Investigaciones)

En 1985, crearon la “Inmobiliaria Cultural Nuevo Grupo Valentín Letelier S.A.”, junto a Víctor Manuel Rebolledo González (ex diputado PPD), Nolberto Requena Véliz (PPD, ex concejal de Cerrillos y estrecho amigo de Guillermo Arenas) y Emilio Rojas (periodista, ex agregado cultural en Uruguay durante el gobierno de Aylwin, procesado por el ministro Madrid por obstrucción a la justicia en el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos).

Julio Jung, ex socio de Danilo Rivas

En los primeros estatutos de la sociedad se estableció que cualquier cambio en su número de integrantes o en su capital social debía ser aprobado en forma unánime por todos los accionistas. Los cinco dueños poseían igual número de acciones: 40.

Eso cambió a fines de los 80’, cuando Danilo Rivas, hermano de Neda, ingresó a la junta de accionistas. Ello fue posible porque Neda concentró en su poder las acciones de Rebolledo, Requena y Rojas, traspasándole 10 a su hermano y una a Juan Hurtado Jaramillo.

El gestor de negocios se sumó al proyecto como encargado de conseguir financiamiento para terminar la construcción de la Sala Nuval, un inmueble adquirido por la sociedad en calle Condell. Para ello hizo gestiones incluso ante la Unión Europea, obteniendo una donación de US$ 120.000.

Pero en menos de un año comenzó el quiebre. Julio Jung y María Elena Duvauchelle acusaron a los hermanos Rivas de haberlos marginado para decidir diversos cambios en la sociedad. Entre ellos, el aumento de un 2.000% del número de acciones de la compañía, operación que permitió que Danilo Rivas quedara como socio mayoritario, con más del 60%; mientras que Neda Rivas se situó como la segunda socia, con el 37,3%.

Jung y Duvauchelle seguían con 40 acciones cada uno, tal como originalmente se constituyó la Inmobiliaria, sólo que ahora representaban el 2,44% de participación. Jung dijo a CIPER que, desde el ingreso de Danilo Rivas a la sociedad, las juntas de directorio de carácter extraordinario -que se hicieron en su ausencia- fueron efectuadas en Alameda 949, 13º piso. En la época allí funcionaban las oficinas de Socimer Chile S.A.

Con los actores prácticamente fuera, en 1991 se inauguró la Sala Nuval, presentando importantes montajes teatrales y culturales. En junio de 1998, sus dos socios mayoritarios, Neda y Danilo Rivas, decidieron la disolución de la Inmobiliaria, designando al abogado Raúl Morales Matus como liquidador de la misma.

-Nos sacaron legalmente de la sociedad. Son fantásticos ellos. La intención era que fuera corporación cultural, que se abriera a otros directores y actores, que no tuviera fines de lucro. Pero como estábamos en dictadura y no nos iban a dar ese estatus, ellos encontraron la fórmula de la sociedad anónima –dice Julio Jung.

A pesar de haber anunciado acciones legales en contra de los hermanos Rivas, no lo hicieron. “En ese momento estábamos sin mucha plata. Luis Ortiz y Lucho Arévalo nos dijeron que necesitábamos plata, después lo mismo con Álvaro Varela. Necesitábamos mucha plata para pelear con esos huevones”, argumenta Jung

-Rivas es lo que se llama un gestor. Muy sociable, buena persona. Se sentía atraído por nosotros porque estábamos viviendo un momento especial y en el teatro se podían decir cosas y se llenaba de gente. Tenía discurso antidictadura –acota Jung.

El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos –tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y –contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.

Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó –esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de “financiamiento”. El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas –entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva –los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del “suicidio” dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo –en el que iba el cadáver de Soria- junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido “probado” en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres.

Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de “Carlos Vargas Casella” se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

Muchos de sus subordinados han declarado que “Carlos Vargas” contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho –más de veinte años después- que lo consideraban su “formador” y “un líder al que todos seguían”. Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.

“Carlos Vargas” no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 –poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara “en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio”. La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: “La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores”. También hizo mención a que se habían suspendido “las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico”.

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.

Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.

La sangrienta “Teletón” de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.

La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran “El Rey”, la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de “Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala”. Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.

- La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.
- Excelente. ¿Y la mala?
- Es que fueron los “Charlies” (clave para “CNI”).

Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al “punto” y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.

Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.

Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los “corresponsales” que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser “intervenida”, el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.

Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era “Carlos Vargas”. En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.

Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden “detenga a Carlos Vargas”. Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el “Ronco” o “El Coronta”, le transmite la misma orden al prefecto Lillo: “Hay que detener a Vargas”.

En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.

Sólo ahora –y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las “chapas” le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.

Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).

Ferrer Lima, alias “Max Lerou” entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez –lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del “despacho” al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel “La Lisera”. Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.

“Max Lerou” se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la “zona cero” de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel “Las Machas”, de dotación del Regimiento “Rancagua” de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería “Dolores”) y varios otros.

La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con “la mala” noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con “Max Lerou”, otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.

Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a “peinar” la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León –especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad “Solo de Saldívar”, del Regimiento “Rancagua” de Arica. Más conocida como “Cuartel Las Machas”, es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.

Mientras el “Rancagua” estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de “Las Machas” era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del “Rancagua”.

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento “Dolores”. Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio –dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.

Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el “Ronco” se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del “Rancagua”, quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que “provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré”. Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y “al mes salió mi destinación”. Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.

Aunque dicho testimonio tiene un error –la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que “unas tres semanas” antes de su muerte “él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso”.

“Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet”

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.

¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, “que también es informante de la CNI de esa ciudad”.

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.

Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: “Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita”. Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.

En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara –que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.

Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.

Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: “carecían de laboratorio”.

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que “todo debía realizarse rápidamente”. El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su “hallazgo” y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.

La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la Revista Cauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga.

Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó –entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró “sin convicción”.

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.

Un cable desclasificado por el gobierno estadounidense revela la hasta ahora desconocida y “amistosa” cita entre el candidato republicano y Augusto Pinochet, en plena dictadura y cuando Washington intentaba extraditar a los culpables del asesinato de Orlando Letelier. El documento también cuenta detalles inéditos de lo que pasaba en 1985 en el seno de la Junta de gobierno: el almirante Merino le dijo a McCain haberle advertido a Pinochet que ni él ni los otros miembros de la Junta lo apoyarían para un “ridículo” plebiscito y que en cambio habría elecciones libres, en las que el dictador no participaría. Además, el ex canciller Hernán Cubillos le confesó al congresista que él quería ser el candidato presidencial de la derecha.

El actual candidato presidencial del Partido Republicano, John McCain, quien ha criticado severamente la idea de reunirse con dictadores sin condiciones previas, parece haber hecho justamente eso. En 1985, McCain viajó a Santiago para un encuentro amistoso con el dictador militar chileno, el general Augusto Pinochet, uno de los más grandes violadores de los derechos humanos.

El encuentro con el entonces jefe del régimen militar chileno fue descrito por el propio McCain como “amistoso y por momentos cálido, pero notó que el presidente parece obsesionado con la amenaza del comunismo”. Así lo describe en un cable que envió la embajada estadounidense en Santiago y que fue desclasificado en Washington.

McCain, entonces miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, no realizó declaraciones públicas criticando la dictadura. A juzgar por el tenor del cable de la embajada, tampoco las hizo en privado. Un cuidadoso chequeo de los periódicos de la época y entrevistas con los principales líderes de la oposición a Pinochet de ese momento, indican que en su visita a Chile no se reunió con ningún representante de la oposición democrática.

Al momento del encuentro, realizado la tarde del 30 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intentaba obtener de las autoridades chilenas la extradición de tres hombres cercanos a Pinochet –el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y los ex oficiales DINA Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios- por un acto de terrorismo ocurrido en Washington DC. Un juicio en Washington determinó su procesamiento por el asesinato en 1976 del ex embajador y ex canciller Orlando Letelier y de la norteamericana Ronny Moffit, quien viajaba con él. La bomba puesta en su auto y que estalló en Sheridan Circle, fue descrita en esa época por la prensa internacional como el más flagrante acto de terrorismo internacional perpetrado en suelo estadounidense por una fuerza extranjera.

En esos mismos días en Chile, la oposición buscaba desesperadamente el apoyo de líderes democráticos de todo el mundo en su intento por presionar a Pinochet a poner fin a la dictadura que ya cumplía 12 años y permitir el retorno a la democracia. Otros congresistas visitaron Chile después de la vista de McCain e hicieron declaraciones públicas contra la dictadura y en apoyo del retorno a la democracia, convirtiéndose en el blanco de violentas demostraciones pinochetistas.

El senador demócrata Edward Kennedy aterrizó en Chile sólo 12 días después de McCain en una pública demostración de apoyo a la democracia. Fue recibido por manifestantes que le lanzaron huevos y bloquearon el camino desde el aeropuerto, lo que obligó a que el senador fuera transportado en helicóptero a la ciudad, donde se reunió con líderes de la iglesia católica, de los derechos humanos y un gran grupo de activistas de la oposición.

Mark Schneider, un asesor en política exterior y ex funcionario de la unidad de derechos humanos del Departamento de Estado, quien organizó el viaje de Kennedy, dice que no tenía idea de que McCain había estado en Chile sólo días antes. “Sería muy sorprendente y decepcionante si el senador McCain fue a Chile a encontrarse con un dictador y no le exigió el retorno a la democracia, y no hizo declaraciones públicas en apoyo al retorno a la democracia”, afirma Schneider.

La presencia de McCain en Chile fue aparentemente mantenida lo más silenciosa posible. Él y su mujer Cindy llegaron a Santiago el 27 de diciembre y viajaron inmediatamente a la zona de Puyehue, en el sur de Chile, para pasar algunos días como huéspedes del prominente partidario de Pinochet, Marco Cariola, quien luego fue elegido senador por la UDI.

El viaje fue coordinado por el embajador de Chile en Estados Unidos, Hernán Felipe Errázuriz. De acuerdo a un documento contemporáneo del gobierno de Chile, Errázuriz arregló un enlace gubernamental especial para ayudar a McCain en Chile, y lo describió como “uno de los congresistas conservadores más cercano a nuestra embajada”.

Errázuriz también se encargó de que los McCain se quedaran en la parcela de su acaudalado amigo, Marco Cariola. Fue el propio Cariola quien relató después su encuentro con McCain y su esposa, a quienes –dijo a La Tercera- no conocía previamente. Los McCain pasaron tres días y medio pescando salmones, truchas y andando a caballo en la zona conocida como una de las más bellas atracciones turísticas de Chile, con docenas de lagos de aguas cristalinas y ríos rodeados de lujosas propiedades, como la de su anfitrión.

El 30 de septiembre, McCain regresó a Santiago, donde a las cinco de la tarde se reunió con Pinochet, y luego con el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino. Ambos encuentros fueron descritos en un cable de la embajada de Estados Unidos, basado en una conversación posterior de McCain con otros oficiales diplomáticos:

“La mayor parte de la reunión de 30 minutos con el presidente, en la que estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores [Jaime] Del Valle y un integrante del staff ministerial, estuvo dedicada a discutir los peligros del comunismo, un tema sobre el cual el presidente parece obsesionado. El presidente describió la historia reciente de Chile en la pelea contra el comunismo y mostró un orgullo considerable ante el hecho de que la amenaza comunista ha sido derrotada en Chile. El presidente recalcó que Chile ha estado solo en esta batalla y se quejó de que la política exterior de Estados Unidos los ha dejado varados. El congresista agregó que hablar con Pinochet era similar a hablar con el jefe de la John Birch Society [una organización de ultra derecha que se caracterizaba por sus posturas de anticomunismo extremo]”.

Si bien describe la calidez del encuentro, el cable no registra qué le dijo McCain a Pinochet. No hay ningún indicio de que el problema de los derechos humanos o el retorno a la democracia haya sido tratado en un momento en que las críticas sobre el particular arreciaban a raíz de la violenta represión de la que seguían siendo objeto en esos días los opositores a Pinochet.

Un segundo cable diplomático desclasificado se refiere a una carta del entonces embajador Harry Barnes entregando más detalles del encuentro con Pinochet.

Además del documento chileno y el cable norteamericano citado más arriba, al menos otros cuatro documentos desclasificados se refieren al encuentro Pinochet-McCain y el interés de este último en Chile. La oficina de prensa de la candidatura de McCain dijo que no había nadie disponible para comentar la historia. El ex embajador Errázuriz, contactado por teléfono, dijo repetidas veces que “no es verdad” que McCain se haya reunido con Pinochet, y que en tal caso él lo habría sabido, agregando que el cable del Departamento de Estado era posiblemente un invento.

Las confesiones de Merino y Cubillos

De su encuentro con el almirante y miembro de la junta, José Toribio Merino, McCain transmitió un detalle político que la embajada halló útil. “La parte más interesante de la conversación, de acuerdo al congresista, fue la afirmación de Merino de que él y otros miembros de la Junta habían dicho recientemente a Pinochet que no debería esperar ningún apoyo de la Junta si decidiera ser el candidato presidencial en 1989”.

El año 1985 había sido el primero desde 1973 en que se vislumbraban posibles cambios. La oposición y algunos representantes de la derecha, con el aval de la Iglesia, habían consensuado el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia que buscaba pavimentar el camino para el fin de la dictadura. Si bien el acuerdo fue boicoteado por el gobierno, hubo diálogo entre la oposición y el general de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, y el tema de la candidatura única de Pinochet en el plebiscito fue llevado hasta la Junta de gobierno. Según la investigación recogida en el libro “La historia oculta del régimen militar”, ya en octubre Pinochet les había dejado claro a los comandantes en jefe que sería el candidato único aunque a ellos no les gustase y en noviembre Matthei le insistió en la necesidad de reformar la mecánica prevista para la transición, contando con el apoyo del resto de la Junta.

Pero nunca, hasta ahora, se había conocido de forma tan explícita la oposición del almirante Merino a los planes de Pinochet. Ni menos que, al plantear su opinión a McCain, estaba enviando el mensaje al gobierno de Ronald Reagan, como bien revela el cable.

-Merino agregó que las elecciones de 1989 no serían como se establecieron en la Constitución de 1980, sino que serían libres y abiertas entre varios candidatos. Describió la parte de la Constitución que habla de llamar a un plebiscito con un candidato único como algo ridículo e insostenible. La clara implicación fue que esa parte de la Constitución sería cambiada bastante antes de 1989. En respuesta a la pregunta del congresista sobre si Pinochet podría ser uno de los candidatos presidenciales en 1989, Merino afirmó que eso no sería el caso-, reportó la embajada en Santiago a Washington.

Tres años después, en 1988, Pinochet fue derrotado en un plebiscito en el que fue el único candidato. Las elecciones efectuadas al año siguiente abrieron paso un gobierno democrático. Una robusta lista de congresistas estadounidenses viajó a Chile a apoyar la transición a la democracia, incluyendo al senador Richard Lugar. McCain, entonces senador en su primer período, no regresó a Chile.

Pero Merino no fue el único que se sinceró con McCain y de pasó envió un mensaje a la Casa Blanca. El ex canciller Hernán Cubillos, quien había caído en desgracia en 1980 por el desaire del cancelado viaje de Pinochet a Filipinas, también hizo lo suyo. Según lo que transmitió McCain a Washington, Cubillos le dijo que estaba siendo considerado como candidato presidencial –de hecho su nombre sonaba en esos días-, pero lo que es más sorprendente es la actitud frente a la posible candidatura: “Cubillos dijo al congresista que se veía a sí mismo como un puente entre el actual gobierno militar y los políticos civiles, que podía por lo tanto esperar apoyo de ambos lados en 1989”. Incluso fue más allá y analizó la importancia del momento político para lanzar su candidatura, dando a entender que estaba plenamente decidido a correr por la presidencia.

Pinochet, se sabe, dispuso otra cosa.

Una versión de este reportaje fue publicado simultáneamente en el Huffington Post.

Es la primera vez que el galardón se confiere a un periodista chileno. También es la primera vez que se otorga a un reportaje publicado en un medio periodístico on-line, como es el caso de CIPER. Anteriormente, la Fundación Nuevo Periodismo reconoció a la periodista Mónica González, co-directora de CIPER, con el Premio Homenaje a la trayectoria profesional.

Además del honroso premio, Peña recibirá $25.000 dólares que serán entregados en una ceremonia que se llevará a cabo a principios de septiembre en Monterrey, México.

En el anuncio del premio, el FNPI comentó la originalidad y calidad literaria del trabajo de Peña, que contó con la asistencia de la periodista Aurora Radich: “El jurado del Premio destacó el ángulo original del trabajo «sobre un personaje de quien se creía que ya se había dicho todo. Retrata la personalidad de Pinochet valiéndose de un relato claro, creativo y fluido. Hay un amplio trabajo de investigación y de consulta de fuentes que no deja preguntas sin respuesta.»”

También hizo hincapié en su publicación en un “nuevo medio”: “CIPER es un medio que publica información en otros medios, pero principalmente en su página Ciperchile.cl, por lo cual el jurado señaló que internet también puede ser un espacio para un periodismo de texto sólido, perdurable y creíble.”

El reportaje tiene una amplia galería de fotos, la mayoría de ellas inéditas, sobre la biblioteca de Pinochet y los libros y otros objetos coleccionados por el ex dictador.

CIPER, el Centro de Investigación e Información Periodística, fue fundado en mayo de 2007 por los periodistas Mónica González y John Dinges, y cuenta con el apoyo financiero de COPESA (Consorcio Periodístico de Chile S. A.) y de la Open Society Foundation de Londres. Sus publicaciones se concentran en investigaciones en profundidad, utilizando las últimas prácticas en ese campo, como la búsqueda sistemática de información en redes computacionales y almacenamiento de documentos públicos.

Entre las investigaciones de mayor impacto que ha publicado CIPER se cuenta un reportaje sobre el Registro Civil realizado por Cristóbal Peña y Mónica González. La investigación publicada en marzo último, que reveló irregularidades en ese organismo, provocó el descabezamiento del directorio de ese servicio público.

Peña, de 39 años, se incorporó al equipo de CIPER en octubre de 2007. El trabajo sobre la biblioteca de Pinochet fue publicado el 6 de diciembre de ese año y fue una de sus primeras investigaciones. Como periodista y autor ha tenido una larga trayectoria en los diarios El Mercurio, La Hora, La Nación y La Tercera. Además, ha colaborado en las revistas Rolling Stone, Gatopardo, Travesias y PLR. También es profesor de periodismo en la Universidad Diego Portales y autor de los libros Cecilia. La Vida en Llamas (Planeta, 2002) y Los Fusileros (Debate, 2007). El primero es una biografía sobre una cantante underground de los años 60; el segundo, una crónica sobre los orígenes y destino de los protagonistas del atentado a Pinochet, ocurrido en 1986.

Otros reconocimientos

En su séptima versión, el jurado de la categoría texto del Premio Nuevo Periodismo estuvo compuesto por las periodistas y escritoras Josefina Licitra de Argentina, Elvira Lobato de Brasil y Cristina Marcano de Venezuela. La evaluación final estuvo precedida por dos rondas de juzgamientos a cargo de seis periodistas internacionales, quienes evaluaron cientos de trabajos de habla hispana y portuguesa.

En la misma modalidad, el Premio Nuevo Periodismo también reconoció como finalistas los trabajos de Leonardo Faccio (Argentina), Andrés Felipe Solano (Colombia), Juan Manuel Robles (Perú) y Carlos Salinas Maldonado (Nicaragua). En la anterior preselección oficial, donde fueron escogidos 17 reportajes, destacó Pablo Vergara, de The Clinic, con el tema “La maldición del narco sin cabeza”.

En la sección reservada a la fotografía, el primer lugar fue para la argentina María Eugenia Cerutti por su trabajo “Un barrio, demasiadas ausencias”. Publicado en el diario Clarín de Argentina y la revista Etiqueta Negra de Perú, el reportaje gráfico de Cerutti trata sobre el paisaje y los efectos que ha causado una subestación eléctrica de alta tensión sobre los habitantes del barrio Ezpeleta, cerca de Buenos Aires, entre los que se cuentan 115 muertos y 116 enfermos de cáncer en una población de menos de dos mil personas.

El Premio Nuevo Periodismo entregó este año, por primera y única vez, el Premio Fórum 2007, orientado a reconocer trabajos que aborden temas sobre cuatro temáticas: Diversidad Cultural, Conocimiento, Paz y Sustentabilidad. En la primer categoría resultó ganadora la chilena Carol Schoihet por “Transexualidad Masculina”. Transmitido por Televisión Nacional de Chile, se trata de un reportaje sobre tres transexuales que luchan por la reivindicación de sus derechos.

El resto de los favorecidos del Premio Fórum 2007 fueron Inês Calado y el equipo de JC Online de Brasil, ganadores de la categoría Conocimiento por el reportaje “Límites, formación y trabajo”; la colombiana Natalia Acevedo, reconocida en Paz por el trabajo “Desenterrando la verdad”; y un equipo encabezado por Marcelo Canellas, ganador de la categoría Sustentabilidad, por la serie de crónicas “Tierra del miedo: Brasil invisible”.

Pedro Félix de Aguirre, amigo y consejero de Pinochet, quien participó en el bullado caso de tráfico de armas defectuosas a Irán, cobró millonarias comisiones por los dos submarinos Scorpene (“O’Higgins” y “Carrera”) que la Direction de Constructions Navales de Francia (DCN) y el astillero español Navantia, una de las principales constructoras navales de Europa, vendieron a Chile a fines de los ‘90. Las comisiones ilegales pagadas por la DCN son investigadas ahora por la justicia de Francia. CIPER obtuvo una respuesta oficial de la Armada sobre su rol en la adquisición y el destino de los royalty que recibió en compensación. La revelación fue hecha por el portal de información francés bakchich.info

Para vender submarinos a Chile en 1997, el entonces Presidente Jacques Chirac y el Primer Ministro Lionel Jospin dejaron que la Dirección de Construcción Navales de Francia recurriera a los servicios pagados de uno de los consejeros más cercanos del general Pinochet. ¡Y ese jugoso contrato sigue vigente aún!

A fines de 2006, el submarino chileno “Carrera” zarpó del astillero español de Cartagena rumbo al puerto de Talcahuano en Chile. La construcción del navío fue el resultado de la exitosa cooperación entre la Direction des Constructions Navales de Francia (DCN) y los españoles del grupo Navantia. El submarino llegó finalmente a su puerto de destino después de un periplo de 8.500 millas. Era el segundo submarino del mismo tipo entregado a los chilenos.

Fue en la primavera de 1997 cuando se firmó el contrato entre franceses, españoles y chilenos. En Francia, la lamentable disolución del Congreso que resolvió Jacques Chirac le dio las riendas del gobierno a Lionel Jospin y a los socialistas. En Chile, el general Pinochet, quien organizó el sangriento golpe militar contra Allende, ya no estaba en el poder pero conservaba la jefatura del Ejército. Su influencia era aún considerable.

Los servicios de dos consultores al rescate

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre Lamas y Francisco Andrés Muzard Ureta. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias, como lo acreditan los dos contratos que Bakchich obtuvo y publicó en su edición del 7 de julio. Aquí puede ver el contrato de Francisco Andrés Muzard Ureta , que recibió US$ 500 mil, y acá el de Pedro Félix de Aguirre.

Bakchich quiso saber más de estos dos hombres que hicieron de intermediarios en el negocio de los submarinos. Francisco Andrés Muzard es arquitecto y representante de empresas francesas en Chile, hijo de un gaullista histórico y está muy ligado al partido Unión por un Movimiento Popular (UMP), del presidente Nicolás Sarkozy. Más interesante es el historial de Pedro Félix de Aguirre, hombre en la trastienda del poder y que fue hasta la detención del general Pinochet en Londres, uno de sus más fieles seguidores. Desaparecido de escena, su hijo abogado ha tomado en sus manos la mayor parte de sus negocios.

Vino, armas y comisiones para el financista preferido de Pinochet

Para la mayor parte de los chilenos el rostro de Pedro Félix de Aguirre es desconocido. Tampoco aparece en Google o en otros bancos de datos a través de internet. En los años 80, Pedro Félix de Aguirre aparecía en varias sociedades en las que la familia Pinochet participaba de la propiedad. Durante la dictadura, De Aguirre se enriqueció en el negocio de las viñas y las armas, como lo describió el periodista del diario español El País, Ernesto Ekaiser en su libro Yo, Augusto. De ideas nacionalistas, fue especialmente cercano a Lucía Pinochet, la hija mayor del general y también de su esposa, Lucía Hiriart. Nada que pareciera perturbar a los oficiales de la DCN que entraron en estrecha relación con él.

El prototipo de los dos submarinos entregados a Chile no había sido nunca probado fuera de los astilleros españoles. En esas condiciones, concretar el contrato fue especialmente duro para la cooperación española-francesa. Para ello, se debieron recurrir a dos eficientes consultores chilenos: Pedro Félix de Aguirre y Francisco Muzard. Los dos, por su supuesta eficiencia en el negocio, recibieron suculentas ganancias.

Fue precisamemte De Aguirre quien hizo algunas investigaciones discretas sobre el grado de avance que tenían los juicios contra el general Pinochet en manos de jueces españoles. Y fue él quien intentó convencer al ex dictador de que debía entrevistarse con el magistrado español García Castellón, a quien describió como un conservador que estaba dispuesto a archivar su expediente. Algo que el viejo dictador no hizo.

Los secretos que el empresario y amigo de la familia Pinochet conocía sobre la fortuna de éstos interesaron en su momento a dos jueces chilenos: Sergio Muñoz y Juan Guzmán. Ambos jueces habrìan tenido que interesarse más de cerca por los secretos de la DCN y su división Internacional (DCNI).

Pedro Félix de Aguirre dejó un muy mal recuerdo entre sus interlocutores franceses. Lo vieron arremeter con furia contra los ejecutivos del Canadian Imperial Bank of Comerce (CIBC), banco que trabajaba para la DCNI, llamar a la sede central en Toronto, estallar y denunciar el retraso en los pagos. “Un hombre muy mal educado”, explica un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Los negocios continúan

Después del contrato con Chile, otros submarinos del mismo tipo (Scorpene) han sido vendidos por los franceses y los españoles: seis a Malasia y dos a la India. Pero los intermediarios chilenos que facilitaron la venta de los primeros submarinos se interesaron en participar de la venta de los siguientes. Así lo acredita un documento confidencial que lleva en la cabecera la rubrica de la DCNI fechado el 17 de diciembre de 1997 y dirigido al capitán chileno Alejandro Hermann Hartung. En la misiva se indica que por cada navío vendido a otro país los chilenos recibirán seis millones de francos (aproximadamente 920 mil euros de hoy).

(Nota de CIPER: Hermann fue quien en su calidad de comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada recibió el 10 de diciembre de 2005 en Valparaíso el submarino Scorpene “O’Higgins”, después de navegar durante 49 días desde Cherburgo, Francia. Se fue a retiro ese mismo mes).

Pero lo cierto es que la época bendita de los grandes contratos y las comisiones millonarias ha quedado en el pasado.

Otro intermediario de Francia: Klaus Barbie en Bolivia

En materia de armamento, a veces Francia ha recurrido a intermediarios muy poco recomendables. Así lo constató el general Paul Aussaresses, quien lo relató en su último libro Yo no he dicho todo (Ediciones du Rochet), cuyo resumen fue publicado por L’Express en abril pasado.

El general de la guerra de Argelia relató que cuando las empresas de armamento francesas le encomendaron a fines de los años 70 hacer una prospección en Bolivia para nuevos contratos, él cayó en La Paz sobre Klaus Barbie, el ex oficial de la Gestapo buscado por la justicia por sus crímenes de guerra. Barbie trabajó con los grupos del Ministerio de Defensa y obtuvo su parte como intermediario.

“Francia entregó una buena cantidad de cañones a Bolivia gracias a los buenos oficios de Klaus Barbie. Y Barbie recibió una comisión de Francia… No tengo la intención de entrar en conflicto con la gente de la GIAT (los constructores de cañones), pero eso no está bien”, señala d’Aussaresses.

Los 98 procesamientos dictados esta semana por el ministro de fuero Víctor Montiglio hablan de la magnitud de la organización detrás de la Operación Colombo, que terminó con el asesinato y desaparición de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. Pero en la decisión judicial faltan actores: la prensa y el hombre que orquestó la campaña de desinformación, Álvaro Puga, así como los periodistas y miembros de los organismos de seguridad argentinos que participaron activamente en el más masivo de los asesinatos políticos de esa época.

El 24 de julio de 1975 los chilenos se encontraron en los kioscos con titulares sangrientos: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” (Las Últimas Noticias) y el emblemático “Exterminados como ratones” (La Segunda).

Los cuatro diarios dejaban impresas para la historia el sinnúmero de mentiras fabricadas para ocultar la Operación Colombo, la misma por la que esta semana el ministro de fuero Víctor Montiglio procesó a 98 personas por su responsabilidad en el asesinato de 119 opositores a la dictadura de Pinochet.

Pese al casi centenar de personas imputadas, el juez no se adentró en el rol de la prensa de aquellos días, que fue clave para conseguir el “éxito del plan”. De esa historia se hizo cargo hace dos años el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que en un fallo de 35 páginas estableció quiénes redactaron y publicaron esas informaciones falsas, decretando sanciones.

El sumario estableció responsabilidades de los entonces directores de El Mercurio, René Silva Espejo, y La Segunda, Mario Carneyro, aunque ambos fueron declarados inimputables por haber fallecido. También se sancionó con censura pública y suspensión de seis meses de colegiatura a los ex directores de Las Últimas Noticias, Fernando Díaz Palma, y La Tercera, Alberto Guerrero. Además, se sancionó a la periodista de El Mercurio, Beatriz Undurraga con tres meses de suspensión. A la autora de este reportaje se le amonestó por no declarar en el proceso.

Si bien el sumario se remite al momento culmine de la operación, ésta comenzó antes, con una noticia publicada por los diarios La Tercera, El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda el 12 y 13 de junio de 1975, días de toque de queda, de autos sin patente que recorrían calles y casas capturando ciudadanos que luego desaparecían. Días de terror.

“Extremistas chilenos se adiestran en Tucumán”, fue el título de uno de los matutinos. Otros despachos provenientes de Argentina dieron cuenta en los días siguientes de nuevos movimientos de ese ejército insurgente que se aprestaba a cruzar la cordillera para derrocar a la Junta Militar. Y entre medio de esa información destinada a infundir terror entre aquellos partidarios de la dictadura que comenzaban a manifestar sus críticas por la violencia extrema de la represión, se deslizaba otro contrabando que preparaba el golpe mayor: “Se destacó también que entre los extremistas hay gran cantidad de elementos del Mir y otros grupos marxistas que públicamente figuran como desaparecidos” (La Tercera, 13 de junio).

Otro supuesto despacho de la Cancillería argentina, difundido por Reuters Latin, informaba el 16 de junio: “Gendarmería argentina cerca a guerrilleros” en los alrededores de la frontera.

Hasta que el 24 de julio se publicaron los titulares que encabezan este reportaje y que daban cuenta de un ajusticiamiento dentro de las filas del Mir en el exterior.

Durante varios días se destacó que por todos los muertos se habían presentado recursos de amparo, “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”.

Sólo un dato entregado por la prensa era verídico: los 119 chilenos que aparecían como abatidos por sus camaradas figuraban con recurso de amparo, en los que se entregaban datos y pruebas de cómo habían sido detenidos y hasta la dirección de la cárcel secreta donde se les vio por última vez con vida. Pero los jueces sin más trámite los rechazaban con sólo anexar el informe del Ministerio del Interior en que se negaba la detención.

La desesperación invadió a los familiares y amigos de los 119 chilenos allí nombrados. Golpearon cientos de puertas intentando que alguien escuchara y examinara las pruebas que demostraban que sus seres queridos estaban presos en Chile en alguna cárcel secreta. Fue inútil.

También en las cárceles y campos de detención, entonces repletas de prisioneros políticos, se vivieron momentos de dura tensión. Muchos prisioneros habían sido testigos de las brutales torturas a que gran parte de los 119 chilenos supuestamente asesinados por sus propios compañeros en Salta, Argentina, habían sido sometidos en las cárceles de la Dina. La huelga de hambre, encabezada entre otros por el encarcelado periodista José Carrasco (asesinado en 1986 por un comando de la CNI), tampoco provocó ni una sola reacción de la justicia.

Grafica el clima que se vivía esos días el relato que hizo ante el tribunal del Colegio la entonces dirigente de los familiares de las víctimas, Alicia Lorca, ante el tribunal del Colegio de Periodistas: “Pedimos la entrevista con el director del diario El Mercurio. Nos recibieron muy amablemente, y cuando le dijimos al director a lo que íbamos, se puso tan furioso que nos echó a grito pelado. Con decirle que mucha gente que estaba en el edificio salió a ver lo que pasaba. Tuvimos que bajar corriendo la escalera porque incluso nos amenazó con hacernos sacar con la guardia”.

Tampoco les aceptaron una inserción pagada. No había posibilidad de que se supiera la verdad.

O’Día y Lea: un milagro editorial

Las fuentes de la información difundida fueron el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil, que el 25 de junio informó del asesinato de 59 militantes del MIR –y daba los nombres- en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”; y la revista Lea de Buenos Aires del 15 de julio, que entregó otra nómina de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”.

Deberían pasar más de 10 años para desentrañar el misterio de O’Día, un antiguo diario de Brasil que sólo reapareció el 25 de junio con el único objetivo de hacer pública la nómina de los 59 extremistas “asesinados” por sus compañeros.

En agosto de 1992, la autora de esta crónica con una investigación en mano concurrió a las oficinas de la Intendencia metropolitana donde se desempeñaba como jefe de Comunicaciones Gerardo Roa, quien en democracia seguía ocupando el mismo cargo que en dictadura. No le quedó más remedio que asumir que efectivamente él había sido el hombre que negoció la reaparición de O’Día, y que las instrucciones, así como la nómina de muertos, se las había entregado Manuel Contreras.

Lo primero era cierto, lo segundo, no. Porque quien le entregó el artículo que saldría publicado fue Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la Junta Militar y jefe de Operaciones Sicológicas de la Dina.
Lo anterior fue publicado en el diario La Nación (13 de agosto de 1992), pero Roa continuó por largo tiempo en su sillón en la Intendencia.

En cuanto a Lea, su edición en la que figura como director Juan Carlos Viera, fue editada por Codex, dependiente del Ministerio de Bienestar Social de Argentina, cuyo titular era José López Rega, el jefe del grupo paramilitar “Triple A” que ya por esos días comenzaba a dejar un balance de muertos en el vecino país. También esa edición de 20 mil ejemplares fue la única. Nunca más salió a los kioscos.

El nombre de esta operación así como los detalles de su planificación en el exterior se hallaron en el archivo secreto de la Dina que conservaba su agente en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel (condenado a prisión perpetua por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, pero hoy en libertad condicional) y que la autora de esta crónica hallaría en los archivos judiciales de ese país en 1986. Fue por esos documentos que se supo que la Dina había bautizado a ese crimen masivo como “Operación Colombo”.

En esos papeles está la copia del oficio N° 3 del 16 de mayo de 1975 enviado por Arancibia Clavel desde Buenos Aires al cuartel central de la Dina en Santiago: “Caso Colombo: Vicente me informó que Interpol Argentina envió todos los antecedentes como se habían solicitado el viernes 9 de mayo por vía aérea. Con esa información y previo consentimiento de COPIHUE SANTIAGO el operativo publicidad comenzará utilizando los servicios de Carlos Manuel Acuña, director de la Agencia periodística Prensa Argentina y también periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Se tiene contactado un servicio de recortes de diarios para este caso”.

Allí estaba el nexo de Arancibia y de la Dina con Interpol y con los grupos ejecutores para hacer aparecer en esos días cuerpos atrozmente quemados como sin fueran chilenos asesinados por el Mir, cuyas fotografías también guardaba Arancibia en su archivo y cuya identidad aun se desconoce.

Pero faltaba otro protagonista clave. En otros oficios que Arancibia despacha a Santiago, está el detalle. Para la confección de las fichas de extranjería falsa que probaban el paso de los 119 chilenos a la Argentina se contó con la ayuda de Héctor García Rey, entonces subsecretario de Seguridad Interior y posteriormente hombre de confianza del ex presidente Carlos Menem. Y en un acápite especial estaban también hojas manuscritas con los nombres de los 119 chilenos agrupados detrás de cada paso cordillerano por donde se les haría aparecer cruzando la cordillera.

Todo aquello fue coordinado por el entonces jefe del Departamento exterior de la Dina, coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

En Chile, el hombre encargado de orquestar la difusión de la información relativa a Colombo fue Álvaro Puga. Así lo probó el sumario realizado por el Colegio de Periodistas al recibir los testimonios de los periodistas que redactaron las informaciones de esos días y que dan cuenta de que Puga la entregó en el propio edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar. Por esos días, además de trabajar junto a Pinochet y a Manuel Contreras, Puga escribía columnas en La Segunda, las que firmaba con el seudónimo de Alexis.

Todavía se hace llamar de esa forma algunas veces en Despierta Chile, el sitio web ultrapinochetista que dirige hace algunos años. Su discurso no ha cambiado ni un ápice. Hace tres años dio una entrevista a The Clinic y repitió una versión sobre los desaparecidos que a estas alturas suena a ciencia ficción: “Muchos de ellos murieron en combate. Según lo que dicen los militares”.

Así lo ven treinta años después

Uno de los elementos mas reveladores del sumario del organismo gremial es la transcripción de las versiones entregadas por distintos periodistas requeridos.

El sancionado Fernando Díaz Palma, entonces director de Las Últimas Noticias, reconoció que fue una operación y un fraude. “30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando… Muertos, desaparecidos, desenterrando gente… Claro, si nosotros hubiéramos podido o hubiésemos sabido esas cosas las habríamos tenido que investigar sin perjuicio de correr riesgos… Faltó haber cubierto las cosas y haber hecho las investigaciones propias”.

Mirando hacia atrás, Alberto Guerrero, director de La Tercera de la época, declaró: “A lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado pero con el ambiente que vivíamos…, no sé, uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo… Con la perspectiva del tiempo a lo mejor diría me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase”.

El actual editor de servicios informativos de El Mercurio y entonces subdirector de La Tercera, Héctor Olave, también reflexionó sobre los tiempos que se vivían. “La pregunta es por qué se publica y por qué no se constata, por qué no se “chequea”. Y hay que estar haber viviendo en aquellos años…. No era tan simple la cuestión”, declaró.