Sólo ocho años de vida tiene el colegio Manuel Vicuña en la Legua de Emergencia. Una historia corta pero intensa que lo ha convertido en un oasis para los niños que ahí estudian, en medio de una de las poblaciones más violentas de Santiago. Sus más de tres mil habitantes viven prisioneros del terror que desatan las guerras entre bandas que trafican droga y cuyas armas pasan de mano en mano. CIPER recorrió sus cinco cuadras y 11 pasajes más peligrosos y publicó en enero una radiografía a fondo, cuyo título “La dictadura de los narcos que se adueñaron de La Legua”acapara hoy la atención tras la denuncia del párroco de esa población, el sacerdote francés Gerard Ouisse, por las balaceras en esa superficie explosiva que ha tenido en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

De esa violencia sabe cada día la directora del colegio Manuel Vicuña, Eloisa Espinosa. Pero nunca había visto los niveles a que llegó el pasado 15 de marzo y que la hizo por primera vez pedir resguardo policial para proteger la vida de sus 324 alumnos. Hoy, desde su colegio atrincherado, reflexiona sobre el difícil momento de inflexión que vive La Legua.

Eloisa Espinoza recuerda con orgullo que, cuando la fundación Belén Educa decidió abrir el colegio en esa población, se les planteó un enorme desafío. El balance le indica que más de cinco generaciones han egresado de 4º medio, muchos de ellos siguiendo estudios superiores. En el 2009, por ejemplo, el 100% de los alumnos del último año egresaron, de los cuales el 73 % siguió estudios superiores y el 23% se encuentra trabajando.

Nada de eso era siquiera imaginable hace ocho años, en los inicios del colegio, cuando el sueño que se repetía en boca de los alumnos era ser futbolista.

-Cuando uno les replicaba que había que pensar en algo más porque podían no ser buenos para la pelota, algunos respondían: “¿Para qué estudiar?, si aquí en la población hay gente que gana mucho dinero sin estudios y sin trabajar”. Y era evidente que se referían a la vida de los narcotraficantes –dice la docente.

EL ASALTO DE LAS BANDAS

Con satisfacción la directora del colegio exhibe el progreso demostrado por sus alumnos en las pruebas SIMNCE de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias, con puntajes por encima de los 200 puntos en 2010.

-Los primeros años no fue fácil crear el hábito en las familias de que sus niños tenían que asistir a clases. Hoy, por el contrario, los padres nos dicen que sienten que el colegio es el lugar mas seguro de La Legua. Son ellos el principal incentivo para la asistencia a clases que alcanza al 93 % -cuenta Eloisa Espinoza.

Todo ello tuvo un corte el pasado martes 15 de marzo. En los ocho años al frente del colegio, su directora nunca había vivido una situación tan extrema. Al punto de tomar la decisión de salir y llegar hasta la 50ª Comisaría de Carabineros para pedir con urgencia que enviaran policías a la puerta del establecimiento, con el fin de resguardar la salida de los niños.

-Eran cerca de las 15:15 cuando empezó una balacera entre pandillas del sector. Se disparaban desde los techos de las casas en un fuego cruzado de lado a lado de la calle y de un pasaje a otro. Las balas iban y venían desde el pasaje Zárate Sur a Sánchez Calchero Sur. Algunos proyectiles llegaron hasta la puerta del colegio. Llamamos a Carabineros al teléfono del cuadrante. Al principio nadie respondía, y cuando respondieron y dijeron que vendrían, llegaron una hora más tarde de la primera llamada. Por esa razón tomamos la decisión de autorizar la salida de los niños del colegio 45 minutos más tarde de lo habitual –relata la directora.

Al día siguiente, convocó a una reunión de padres. Llegaron trescientos apoderados. El tema central fue impartir instrucciones para enseñarles a niños y adultos qué hacer para evitar ser herido con las balas perdidas en esta guerra de bandas que ha recrudecido. Se adoptó una decisión de emergencia: en caso de balacera, el colegio cerrará las puertas resguardando la integridad de sus alumnos. En cuanto a los padres, éstos permanecerán en sus casas hasta ser avisados por el colegio de que pueden ir a buscar a sus hijos. Un llamado que sólo se hará efectivo una vez que la policía haya controlado la situación.

Dada la respuesta tardía que obtuvieron de Carabineros en el tiroteo del 15 de marzo, decidieron dar un nuevo paso. Y ello, porque tanto la directora del colegio como los vecinos de La Legua de Emergencia, saben que la policía no llega hasta la población. Se sienten absolutamente desprotegidos. Por eso, Eloisa Espinoza se presentó en la 50ª Comisaría de San Joaquín llevando una carta en la que solicitaron “resguardo policial a la entrada y salida del colegio y que la policía no se retire del lugar cuando comienzan las balaceras”. Junto a la carta, llevaba una de las balas que terminaron en la puerta del colegio el pasado martes 15.

La respuesta del mayor de Carabineros, Gonzalo Cortés Zapata, no la sorprendió. El oficial le informó que desde que se puso término a la intervención policial en La Legua, esa Comisaría no tiene recursos para mantener personal de control permanente en el sector. Le dijo también que antes contaban con dos furgones blindados para esa tarea y que ahora sólo tienen uno. Y que sin vehículo blindado no puede patrullar las calles de La Legua de Emergencia al momento de las balaceras.

-Ojala se tomen en serio la carta de la directora y de verdad decidan protegernos. Porque los carabineros parece que les tienen miedo a los delincuentes. Siempre que hay balacera, si están cerca se retiran. Y si no lo están y uno los llama, se tardan horas en llegar hasta que la balacera terminó –señala M.R. (42 años), apoderada del colegio.

CIPER lo constató en terreno dos días después del incendio de la Cárcel de San Miguel, cuando en La Legua de Emergencia se realizó el funeral de Israel Díaz Martínez (21), vecino de la población y quien murió en ese incendio. Al momento de sacar en andas el cajón a la calle, varios de los asistentes sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar indiscriminadamente al aire. Un furgón blindado de Carabineros (GOPE) que se encontraba a sólo dos cuadras del lugar, se retiró rápidamente.

Cuando el fiscal Alejandro Peña afirmó que esperaba que pronto “se restableciera el imperio del derecho en La Legua”, no lanzó un exabrupto. Las calles de esa población y sus habitantes son testigos de aquello. Desde enero del 2009 hasta lo que va corrido de 2011, en La Legua de Emergencia han muerto 15 personas víctimas de “balas locas” y ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Sólo en estos últimos dos meses ya van tres muertos y, al menos, tres personas heridas por balas perdidas. Entre ellas, una niña de sólo 9 años.

Manuel Pereda Gálvez, de 62 años, es una de las últimas víctimas inocentes de los pistoleros que siguen recorriendo armados y en total impunidad las calles de La Legua de Emergencia. El simple deseo de fumarse un cigarrillo en la puerta de su casa casi terminó con su vida.

-El sábado 19 de marzo yo había llegado como de costumbre a mi casa alrededor de las siete de la tarde de mi trabajo. Me duche, cené y salí a fumarme mi cigarrito a la puerta para no molestar a mi hermana que está delicada de salud. Prendí el cigarro y al momento que me lo estaba llevando a la boca sentí un fuerte golpe en la mandíbula que me tiró al suelo. No perdí el conocimiento, pero tampoco sabía qué me pasaba. Intenté levantarme y me di cuenta que estaba perdiendo sangre. Volví a caer al suelo. Sólo en ese momento escuché a lo lejos unos disparos. Ahí me di cuenta que me había llegado una bala perdida. Mi hermana salió y me vio con mucha sangre. Fue ella quien empezó a llamar a los carabineros que se tardaron más de una hora en llegar. Yo ya había perdido mucha sangre. Me subieron al furgón y me trajeron al hospital Barros Luco. Dios me dio otra oportunidad –relató Manuel a CIPER.

Con sus 62 años, Manuel Pereda es como la mayoría de la gente que vive en la Legua de Emergencia y que carga con el estigma social de vivir allí: un hombre de trabajo. De lunes a viernes se desempeña como jardinero para una empresa que presta servicios a la Municipalidad de San Joaquín. Y para completar el mes, los fines de semana repara bicicletas y hace “pitutos” como electricista.

-Vivo con mi hermana, que está muy enferma y necesita 35 mil pesos al mes para sus remedios. Así que yo no puedo darme el lujo de dejar de trabajar. Pero jamás pensé que me podía pasar esto… Toda mi vida ha sido de esfuerzo y trabajo –dice Manuel.

Desde su cama de hospital, lo que más le inquieta hoy a Manuel es haber dejado sola a su hermana. No poder ayudarla lo angustia más que el resultado de la cirugía a la que debe someterse. El médico le ha dicho que tienen que reemplazar la parte izquierda de su maxilar ya que le quedó destrozado. La bala que entró por el costado de su boca, salió por la parte de atrás de su cabeza debido a que su hueso maxilar la desvió.

-¿Sabe quién o quiénes son los autores de esos disparos que dieron en su maxilar?
-No lo sé, pero nadie ha venido a pedirme disculpas y tampoco a mi hermana por tenerme aquí en la cama de un hospital sin haber tenido en mis 62 años ni siquiera un parte policial. Pero me han mandado ofrecer dinero de parte de unos cabros de la población. Les respondí que no aceptaba ni un peso de ellos.

-¿Quiénes circulan armados y disparan en La Legua de Emergencia?
-La mayoría de las balaceras se dan cuando se enfrentan dos bandas rivales o cuando hay un ajuste de cuentas de una banda con algún narcotraficante.

La afirmación de Manuel Pereda está ratificada por los hechos. El 25 de febrero un conocido pistolero y narcotraficante de La Legua de Emergencia -Heriberto Torres Arancibia (36), conocido como “El Chico Heri”-, con prontuario por tráfico de drogas, infracción a la Ley de Armas e incluso un homicidio frustrado, conducía su auto station wagon cuando en la intersección de Jorge Canning con Francisco de Zárate se cruzó con un menor de una banda rival, a quien había amenazado de muerte al igual que a toda su familia.

El menor sacó rápidamente una pistola que portaba y disparó 12 balas contra “El Chico Heri”. Una de ellas lo mató.

-Nadie se podía imaginar que pasaría esto, porque “El Chico Heri” es de los que la llevan aquí. Venía en su auto con la música alta, paró en la esquina, bajó la música y empezó a echarle la aniñá al otro, amenazándolo de que iba a matarlo a él y a toda su familia. El cabro chico no lo dudó: sacó un arma y se la descargó toda pa’ dentro del auto. Esa misma noche quedó la escoba. Fueron a la casa del cabro chico que lo mató ¡y le saquearon la casa! Por suerte no estaba ni el cabro chico ni su familia, porque conocen la ley que funciona aquí. Pero entraron, se llevaron todo y quemaron las cosas. Incluso mataron al perrito de la casa de dos balazos –relata un testigo y vecino de “El Chico Heri” a CIPER.

Dos días más tarde, el menor que cometió el asesinato se entregó a la policía. Hoy está recluido en un centro del SENAME, pero las balaceras lejos de haber terminado se han acentuado. Y la razón es parte de la ley que rige en La Legua de Emergencia: cuando muere uno de los “respetados” se inicia la disputa por quién ocupará su lugar.

ESTOS SON LOS PISTOLEROS

Varios son los pistoleros –los llamados “soldados” de los narcos- que hoy siembran el terror en las calles de La Legua de Emergencia “con gran poder de armas y a pleno día”, según han relatado a CIPER los vecinos de la población.

La nómina sólo consigna a los mayores de edad, ya que CIPER pudo comprobar que varios pistoleros son menores. Es el caso de R.R.V. (17 años), que baleó este sábado 26 de marzo a otro joven, quien permanece en su casa recuperándose del tiro que le atravesó la pierna derecha a la altura del muslo.

CIPER constató en terreno los nombres de los “soldados” más peligrosos:

No extraña entonces que el sacerdote Gerard Ouisse interpelara al ministro del Interior en una carta pública, diciendo: “En los últimos 15 días han muerto tres personas más y han sido heridas otras tantas. ¿Cuántas personas más considera que sería necesario que murieran para que ello provocara la reacción de las autoridades competentes?”. La carta finaliza: “Son las fuerzas de orden y no el narcotráfico el que tiene, según la ley, el monopolio del uso de las armas. Nos preguntamos, ¿de dónde provienen las armas y municiones?”.(Vea la carta del sacerdote Gerard Ouisse al Ministro del Interior)

La primera respuesta de la autoridad fue poner vigilancia policial a la Parroquia San Cayetano (Vea la entrevista al párroco).

Mientras en la ciudad se buscaba a los asesinos del trovador argentino y la noticia rebotaba en todo el mundo, el comando encubierto rodeaba la finca donde años atrás se descubrió un campo de entrenamiento de los Zetas con 500 granadas.

Las autoridades sabían que ese fin de semana los altos jefes de los Zetas en Guatemala festejarían a lo grande. La remota finca en Ixcán, un área clave para trasladar droga hacia México, permitiría a los miembros de la organización divertirse con relativa libertad sin temor a ser detectados.

Estarían en el festejo los comandantes mexicanos William o Comandante W y su mano derecha David Solórzano Ortiz, alias El Chombo.

El invitado especial era el cobanero Horst Walter Overdick, más conocido como El Tigre o El Canche, principal socio de los Zetas en Guatemala.

Participarían los jefes de las células en el país, como Óscar Tiul El Cherry, Sebastián Choc, Machucazo, y Kevin Overdick, el hijo de El Tigre. Estarían El Yanki (supuesto Z200) y Miguelillo, los mandos que quedaron libres tras las recientes detenciones de los comandantes de las Verapaces, Petén, Jalapa y Huehuetenango.

Agazapada afuera de la finca, estaba la Fuerza Interinstitucional Antinarcótica y Antiterrorista (FIAT). El grupo élite de kaibiles, francotiradores, paracaidistas, policías especiales y pilotos había tomado la comisaría local y dejado a los agentes sin armas ni celulares para evitar que filtraran información.

Una avioneta despegaba, presuntamente con Overdick y W a bordo, mientras la selva se tragaba a los que lograron escapar en carros. Los únicos detenidos en la finca fueron cuatro hombres y una veracruzana.

El operativo no falló del todo. En las siguientes 2 semanas, 14 zetas que participaron en la fiesta fueron enviados en helicóptero a la capital después ser capturados en hoteles, cantinas y buses extraurbanos. Entre ellos estaban El Chombo, El Cherry, El hijo de El Tigre, Machucazo y 4 jóvenes mexicanas.

El W, El Tigre, Yanki, Miguelillo y los otros jefes se esfumaron.

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Tras apoderarse a sangre y fuego de un tercio de las rutas de la droga en México, los Zetas ven a Guatemala como parte de un territorio sin fronteras en el que buscan consolidar un imperio de tráfico de drogas, armas y personas. Por ahora, esa región se extiende desde Guatemala hasta la frontera entre México y Estados Unidos (ver mapa). Se sabe que ya han penetrado Belice y Honduras, los países a donde, según la inteligencia estadounidense, llega buena parte de los cargamentos de droga vía aérea desde Sudamérica.

Este año, las autoridades guatemaltecas han declarado estados de sitio en Alta Verapaz y Petén por varios meses. Contuvieron a los Zetas, pero siguen ahí. La inteligencia gubernamental da cuenta de que uno de los puntos donde más fuerte están operando es en Poptún, Petén.

Poptún es un pueblo ganadero semiselvático al principio de la ruta maya. Aunque pocos se han dado cuenta, podría ser el nuevo escenario de la guerra entre el gobierno guatemalteco y los Zetas. En Poptún se encuentra la escuela kaibil y del centro de adiestramiento del Ejército donde oficiales estadounidenses entrenan desde 2007 a militares y policías guatemaltecos del Grupo Especial de Interdicción y Rescate (GEIR). Les enseñan a combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Para los Zetas, los kaibiles son elementos de mucho valor. No requieren capacitación, están entrenados para matar y sobrevivir en las condiciones más adversas y conocen el terreno guatemalteco.

Un ejemplo típico es La Bruja: fornido, ladino, de mirada dura y rostro inexpresivo. Álvaro Gómez Vásquez, dado de baja del Ejército en 2004, era un soldado de tropa con alto rendimiento en las pruebas físicas, según lo describió un alto oficial kaibil que trabajó con él. La Bruja tenía una jefatura de Petén. El 14 de mayo de este año, dicen las autoridades, ordenó y participó en la masacre de 27 campesinos en la finca La Libertad. Lo capturaron una semana después.

Desde 1975, el Ejército Guatemalteco ha graduado más de 6 mil kaibiles. Hay alrededor de 360 activos, de los cuales menos de 50 tienen grado de oficial. El resto son soldados de tropa y especialistas.

Entrenar a kaibiles en un territorio zeta es como criar pollos en tierra de coyotes.

Los soldados guatemaltecos ganan en promedio menos de Q2 mil al mes y si son kaibiles reciben Q300 de bono de transporte. El sueldo no es equiparable con los US$2 mil dólares (Q15 mil 600) que ofrecen los Zetas por trabajar para ellos.

En 2008, radios piratas de Petén convocaron a exmilitares, especialmente kaibiles, para “prestar seguridad a vehículos que transportan mercadería a México” con la promesa de “oportunidades de superación”. Los Zetas también reclutan a civiles para que exmilitares los entrenen durante dos semanas en México o Guatemala en tiro y lucha cuerpo a cuerpo. Las convocatorias, aunque ya no se publicitan, siguen abiertas.

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Poptún puede convertirse en el nuevo Cobán, una ciudad donde el estado de sitio y la veintena de zetas capturados este año no bastaron para que el Estado retomara el control. Los Zetas mantienen ahora un perfil bajo y menos ostentoso.

Pero Poptún ofrece, además, el pase de ingreso a Petén, el área a conquistar para los Zetas.

La organización debe expulsar de Petén a los carteles locales para tomar control de la ruta por la que se transportan los cargamentos desde Honduras a México. Ya se ha apropiado de fincas y terrenos y desde hace dos meses está operando en Poptún y “cobrando piso”.

El miércoles 14 de septiembre fue atacada con granada la estación de los buses Rosita. El 16, un día después de la celebración de la independencia, ardió en llamas la estación de buses Fuentes del Norte, cuyo representante es Milton Oswaldo Mendoza Matta, hermano de Haroldo Mendoza, empresario de nororiente vinculado extraoficialmente al narcotráfico de la región.

Según la inteligencia realizada en Petén, el ataque a Fuentes del Norte lo perpetraron halcones Zetas (la parte operativa de la organización) y el grupo se está alistando para más operaciones armadas. Soborna a mandos medios y altos de la Policía y autoridades locales para operar con libertad. Hace dos semanas, el Gobierno se vio obligado a prorrogar por 30 días el estado de alarma en Petén.

Cuando los Zetas se asientan en un lugar aumentan las extorsiones, los secuestros, las violaciones y la delincuencia común, incluidos los asaltos a bancos, explica el ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Las unidades Zetas llegan sin dinero y deben generar sus propios ingresos a través del cobro de cuotas a los comerciantes y lugareños. Infundir terror es una sus tácticas.

Además del usual incremento de la violencia que implica la llegada de los Zetas a una región, los ataques en Poptún pueden entenderse como una ofensiva a la cuna de la élite militar guatemalteca.

No es una coincidencia que los Zetas y las fuerzas de seguridad entrenadas para repelerlos convivan en Poptún, ni que ambos tengan en sus filas a aguerridos kaibiles. Es el augurio de una cruenta batalla que aún no ha comenzado.

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En uno de los videos de la fiesta en la finca, El W, el jefe Zeta en Guatemala, y El Tigre, el socio principal de la organización, posan y ríen ante la cámara. Los Zetas acostumbran a grabar en video sus actividades, desde celebraciones hasta masacres, porque son los informes visuales que le envían a su jefe máximo, Heriberto Lazcano, El Lazca.

De hecho, lo que la cámara registró es la nueva cara del narcotráfico mexicano en Guatemala. Los Zetas traen un estilo militar al crimen organizado: controlador y fulminante, sin respeto por las estructuras de los narcos “civiles” cuyos territorios conquistan.

Los primeros Zetas eran militares de inteligencia mexicanos entrenados por Estados Unidos. El uso de unidades militarizadas les ha dado resultado, indica un oficial estadounidense. Tienen estructuras bien definidas, con comandantes, jefes de plaza y escuadrones operativos que llaman “estacas” y “halcones” (vigilantes).

Eso explica por qué en Guatemala reclutan exkaibiles. Según los registros del Ministerio de Gobernación, de los 80 Zetas y colaboradores de la organización detenidos desde 2008, al menos 2 eran miembros de esa unidad de elite militar. Sin embargo, se sabe que hay exkaibiles entrenando Zetas y dirigiendo células.

Los comandantes mexicanos como W se van y vienen a Guatemala en avionetas o por tierra, a través de puntos ciegos de la frontera. Guatemala no es un premio. Según las indagaciones de la inteligencia del Gobierno, venir aquí es una prueba. Los comandantes que la superan son promovidos a plazas como Cancún.

Los comandantes zetas designan en Guatemala a jefes (subcomandantes) de grupos como La Bruja que operaba en Petén; El Cherry en Ixcán; Lombriz en Jalapa y El Manchas en Cobán (todos capturados). Los jefes reciben directrices desde México, donde siempre se toman las decisiones estratégicas, y si son capturados o fallan en las misiones son reemplazados rápidamente.

En Guatemala, los Zetas pelean una extensión de la guerra que sacude a México. Allí, los grandes carteles están divididos en dos bloques: los tradicionales –Sinaloa y del Golfo, enfrentados con los emergentes, como los Zetas y la Familia Michoacana. Los grupos venidos a menos, como el de Juárez, el de los Beltrán Leyva y el de Tijuana, tratan de sobrevivir.

En los últimos cinco años, los Zetas han adquirido en México prácticamente un tercio de las rutas del narcotráfico hasta superar el control territorial del capo multimillonario Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, el más poderoso del mundo (ver mapa).

Para los Zetas, Petén no es un departamento y Guatemala no es un país. Es un punto a conquistar entre Belice y México, los países por donde entra y sale buena parte de la cocaína hacia Estados Unidos.

El crimen organizado mexicano lleva 30 años en Guatemala, pero había mantenido una relación pacífica con las familias de narcos guatemaltecas. Ese entendimiento no vale para los Zetas.

Desde su separación del Cartel del Golfo, en enero de 2010, los Zetas se ocuparon de ganarse los territorios heredados del Golfo, y también embarcaron en una gran conquista, desplazando a narcos guatemaltecos o aliándose con ellos. Un mapa elaborado por inteligencia los ubica en 14 de los 22 departamentos del país (ver mapa). La penetración es mayor que la de cualquier grupo de narcos. La DEA en México calcula que controlan el 75 por ciento del territorio chapín y el trasiego de 250 a 300 toneladas de cocaína anuales.

En su intento de controlar Guatemala han abierto varios frentes de batalla. Hace dos años, intentaron tomar el territorio de Aler Samayoa, capo de Huehuetenango y socio de Sinaloa. El enfrentamiento terminó con un tiradero de más de 50 muertos, la mayoría zetas. El Chapo ganó esa batalla.

Guatemala les funciona a los Zetas como retaguardia y refugio. El Chapo Guzmán, uno de los hombres más ricos del globo, ha estado en la capital guatemalteca varias veces en el último año, según el Gobierno guatemalteco. Estaría preocupado porque sus aliados locales están fragmentados. Cuatro de sus socios importantes fueron a la cárcel y son extraditables a Estados Unidos: Mauro Salomón Ramírez, Juan Alberto Ortiz López, Chamalé, Waldemar Lorenzana Lima y Byron Linares Cordón.

Mientras tanto, en Veracruz, el bastión anterior de los Zetas en México, la pelea es de muerte. La semana pasada aparecieron 35 cadáveres en una transitada avenida, todos presuntos zetas o colaboradores de ese grupo.

La guerra que se libra entre los carteles rivales en México, tendrá un impacto directo en Guatemala. Mientras más sanguinarias sean las batallas allá, más probabilidades hay de que repliquen aquí similares niveles de violencia.

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8 de abril de 2008, 9:30 de la noche. Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, ingresa a un residencial de Mixco y pide en la garita la llave de la casa 2. No sabe que ese día el Ministerio Público (MP) allanó la vivienda. Su llegada alerta a los cuatro policías que hacen guardia. Lo siguen en la calzada Roosevelt y en la 52 calle detienen la camioneta y a sus 5 tripulantes, con un gran arsenal y agendas de contactos. No saben que están capturando al primer jefe que nombraron los Zetas para abrirse brecha en la plaza Guatemala.

La detención de El Cachetes le mostró a las autoridades guatemaltecas cómo operan y se organizan los Zetas. Pérez Rojas era el jefe de la escuadra que dos semanas antes asesinó al narcotraficante guatemalteco Juan José Juancho León y a otros diez hombres en Río Hondo, Zacapa.

La investigación de esa matanza sirvió para entender cómo llegan los Zetas a ocupar una plaza: alquilan casas en puntos clave para moverse, compran y roban motocicletas y automóviles, obtienen cédulas y licencias de conducir falsas, pasan varias semanas sin llamar la atención y realizan inteligencia para cubrirse las espaldas. Después comienzan a cobrar piso y aumentan los hechos delictivos.

En las siete casas de Zetas allanadas tras la matanza de Zacapa, los investigadores encontraron libros de contabilidad con el detalle de pagos de planillas y la lista de los miembros de la organización con nombres, apodos y estatus: H por herido, M por muerto, D por detenido. También estaban divididos entre operativos, sicarios y contadores. Hallaron celulares activados en México, recibos de remesas enviadas desde allí y más de 50 trajes de hombre iguales, como para distinguir a un ejército.

Los libros de contabilidad muestran el tamaño de la organización y el riguroso control que lleva de sus gastos e ingresos. Días después de la narcofiesta en Ixcán, la Policía detuvo a un contador zeta alojado con su novio en un hotel de Antigua Guatemala, con documentos que detallaban pagos de planilla mensuales por US$350 mil dólares.

…

“Y de violencia, Chombo, no tengas miedo de nada. Alista bien los muchachos, también los lanzagranadas (…) porque la carga es sagrada”, cantaba desafinado un hombre grandote en un video incautado en Ixcán. Era el comandante Chombo, David Solórzano Ortiz.

La canción era un mensaje para la tropa: un buen zeta no pierde territorio ni mercadería. Guatemala es un país clave en la ruta de la droga hacia Estados Unidos y, a diferencia de los carteles tradicionales, ellos están dispuestos a sembrar el terror para dominarlo, sin resignarse a perder lo que les “tumban” o les decomisan. Las mejores pruebas son Juancho León y el fiscal Allan Stowlinsky.

El cuerpo desmembrado de Stowlinsky apareció en mayo de 2011. El fiscal auxiliar había ayudado a contar 453 kilos de cocaína decomisados a los Zetas en Baja Verapaz. La forma en que fue asesinado paralizó al sistema de justicia en el norte del país y planteó varias interrogantes: ¿por qué dejaron la cabeza en un mercado y el cuerpo frente al edificio de la Gobernación Departamental y qué significa matar a alguien que sólo contó droga, pero no llevaba la investigación del caso?

El caso de Juancho León en 2008 fue otra lección para Guatemala. El entonces jefe del cartel de Los Leones, aliado con los carteles colombianos y operador de Sinaloa, controlaba buena parte del tráfico de drogas, armas y personas en Petén y le robaba cocaína al Cartel del Golfo desde hacía años.

Los jefes del Golfo y su entonces brazo armado, los Zetas, se aliaron al cobanero Horst Walter El Tigre Overdick, un empresario agrícola relativamente nuevo en el tráfico de drogas que también había perdido cargamentos “tumbados” por León.

Los Zetas estaban en Cobán para comprar cocaína. Sus contactos colombianos les habían cerrado el crédito por el impago de cargamentos incautados por el Gobierno mexicano, que incrementó ese año sus operaciones antidrogas.

El 25 de marzo de 2008, las fuerzas de El Cachetes y de Overdick acordaron reunirse con León en su propio territorio, en un descascarado balneario de Río Hondo, Zacapa. Juancho llegó a las 2:00 de la tarde con 5 guardaespaldas y 2 acompañantes, confiado de que negociaría un cargamento de cocaína. No tuvo tiempo de reaccionar cuando comenzó la balacera y explotaron las granadas. En la escena quedaron 10 cadáveres, incluido el de Juancho, 3 zetas con los que se haría la negociación y 4 custodios calcinados dentro de 2 vehículos incendiados. Se contaron 400 cascabillos.

La alianza que nació allí entre Zetas y Overdick alteró el mapa de la droga en Guatemala.
Overdick, que ya conocía a los Zetas por su trabajo con el Golfo, les aportaba una estructura logística y financiera y ellos le daban seguridad. Lo que no podía anticipar era que en 2010 los Zetas se separarían de sus antiguos jefes y él quedaría asociado con la mejor protección armada, que le permitiría acumular poder en Guatemala.

…

Los Zetas ingresaron al territorio guatemalteco en 2008, con el comienzo del gobierno de Álvaro Colom. Cuatro años después la organización más feroz de México se ha extendido por casi toda Guatemala y busca controlar el territorio al costo que sea.

El territorio que asedian es Petén, una región con la que ambos candidatos presidenciales tienen vínculos directos. Otto Pérez Molina, general retirado, fue fundador y jefe de la escuela Kaibil, y el empresario y abogado Manuel Baldizón construyó su fortuna en ese departamento.

Quien asuma la Presidencia en enero de 2012 tendrá que decidir cómo enfrentará en el corazón de la Biosfera Maya y del narcotráfico a una de las principales amenazas para la seguridad nacional, con una Policía y Ejército débiles y corrompidos y una fuerza élite –los kaibiles– en la mira del enemigo.

La estrategia de México, que hace 5 años le declaró la guerra al narcotráfico y emprendió una ofensiva militar que lleva registradas más 40 mil muertes, no pareciera ser el mejor referente para Guatemala. Y las acciones implementadas aquí tampoco. Con la ayuda –y presión– de agencias estadounidenses, las autoridades guatemaltecas han detenido a decenas de zetas, pero la estructura principal sigue intacta. Por cada tentáculo que le cercenan, al pulpo le brotan dos.

Hasta ahora, la gran oportunidad que han tenido las autoridades de golpear la médula organizativa de los mexicanos se perdió la mañana de julio cuando despegó aquella avioneta, en el soleado cielo de Ixcán.

Yarella se despierta con la irrupción de los policías, quienes la instan a vestirse, indicándole que debe acompañarlos a la unidad. Sus dos hijas duermen: no se han enterado de que su madre está a punto de abandonarlas.

-Tengo a mis dos hijas en el cuarto de al lado y no tengo con quien dejarlas, ¿puedo llevarlas conmigo? -le pregunta Yarella a la joven policía que espera a que se vista.

-No, no pueden ir con usted. La orden de detención es contra usted, no contra sus hijas. Vea si las deja con algún familiar -responde secamente la detective.

Desde que su pareja cayó preso en diciembre del 2010, acusado de un robo con intimidación, Yarella vive sola con sus dos pequeñas hijas. Su familia más cercana vive al otro lado de Santiago.

-Puedo llamar a mi madre, pero como vive en el paradero 26 de Vicuña Mackenna se tardará como una hora en llegar -le dice Yarella en tono suplicante a la detective.

De nada valdrá su tono ni sus ojos húmedos y el temblor que se percibe en sus manos. La respuesta es que los policías no pueden esperar tanto tiempo, por lo que debe buscar la forma de dejar a sus hijas con alguna vecina hasta que llegue su madre. Eso es exactamente lo que hace Yarella bajo la atenta mirada de la detective.

La prisa que exhibe la policía al salir de la casa de la detenida se acaba en el mismo momento en que llegan al cuartel policial. Yarella debe ser puesta a disposición de los tribunales, pero transcurren las horas y la espera continúa. Recién a las 11:20 la llevan a los juzgados de Puente Alto. Pero antes deberán hacer un desvío hacia la comisaría de esa comuna, ya que en el camino los policías se percatan de que se les había olvidado el procedimiento de tomarle las huellas a la detenida.

Casi siete horas han pasado desde que Yarella fuera detenida, cuando su madre, que persigue en un taxi a los detectives de la PDI que llevan a su hija, se baja del auto en la comisaría de Puente Alto y comienza a buscarla con visible agitación. Y se entiende: la mujer lleva a su pequeña nieta en brazos ya que ésta sólo se alimenta de pecho y desde que su madre salió del hogar en calidad de detenida, no ha sido amamantada.

Tras un breve diálogo, los policías permiten que Yarella le de pecho a su hija y luego las vuelven a separar. Ahora emprenden rumbo a los tribunales.

Media hora después de llegar a juzgados, el juez deja nula una de las órdenes de detención, pero dictamina que la segunda debe ser ejecutoriada por quebramiento de condena. La decisión del juez significa que Yanella deberá ser encarcelada 41 días.

Durante la audiencia, la pequeña hija de Yarella ha permanecido en absoluta calma en brazos de su abuela. Ajena a todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero justo en el momento en que su madre comienza a salir de la sala de audiencias rumbo a la prisión, la pequeña comienza a llorar. Y a gritos.

LOS NIÑOS INVISIBLES

Con la entrada en vigencia en todo el territorio nacional de la Reforma Procesal Penal, el número de personas encarceladas tuvo un fuerte aumento. Un flujo que no ha cesado y que se ve tristemente graficado con el primer puesto de Chile en el ranking de los países con más presos en Sudámerica en proporción a sus habitantes. Otro de los índices que ha ido en alza constante es el aumento de mujeres encarceladas.

Según cifras de 2008 entregadas por Gendarmería, un 68,6% de los hombres y un 89,7% de las mujeres privadas de libertad declaraban tener hijos. De todos ellos, un 40% declaraba tener hijos menores de 18 años, con un promedio de dos hijos por hombre encarcelado y tres hijos para las privadas de libertad de sexo femenino.

De acuerdo con las cifras que expone el libro Estrategia de apoyo integral a niños y niñas de familias con adultos privados de libertad, editado por el Programa Abriendo Camino, a diciembre de 2010 existían 4.577 mujeres y 46.864 hombres privados de libertad en medio cerrado, por lo que se podría estimar que actualmente existen en Chile unos 30.646 menores de edad que son hijos de personas encarceladas.

¿En qué situación quedan estos niños? ¿Existen políticas del Estado que garanticen su protección, como lo estipula la Constitución? CIPER investigó en el área judicial para saber si existe algún grado de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en el arresto de un padre o madre de familia –policías, fiscales, defensoría, jueces y también presos-, para intentar a lo menos disminuir los riesgos en la vulneración de derechos de los niños.

Después de haber sido testigos de la detención de Yarella, madre de dos hijas pequeñas, hablamos con un subprefecto de la PDI para saber si existía algún protocolo de cómo actuar en los casos de detención de adultos que son responsables de niños menores que quedan solos ante el arresto de la persona a su cargo. El subprefecto pidió reserva de su identidad y contó a CIPER que, si bien no existe ningún reglamento interno de cómo actuar en caso de que la persona detenida tenga hijos pequeños, los policías por sentido común facilitan incluso el teléfono personal para que se llame a algún familiar o vecino que se haga cargo de los menores.

Esa actitud, que no está escrita en ningún protocolo interno, dependerá por cierto de las condiciones en que se realiza el arresto. Porque si la diligencia se produce en un clima de tensión, confrontación o incluso con algún asomo de oposición violenta, todo diálogo se anula. Incluso la preocupación por los menores que quedarán abandonados.

-Esa es una de las cosas más difíciles que me toca enfrentar en este trabajo. Sobre todo cuando te toca detener a una mujer que es madre y que debe dejar solos a sus hijos. Hay que separarlos y dejar a los niños con un familiar o vecino o incluso en la comisaría de menores de Carabineros… Son los pequeños los que más sufren. Sin tener ninguna culpa en el delito que han cometido sus padres deben pasar por estas situaciones -afirma el subcomisario.

Este avezado policía recuerda uno de los episodios más duros que le tocó vivir relacionado con la indefensión en que quedan los niños:

-Fue durante unas detenciones que hicimos para un 11 de septiembre. Metimos a varias personas a un carro policial y se dio la orden de salir rápidamente del lugar porque estábamos siendo agredidos. Cuando el carro iba en marcha, mire para atrás y vi a un cabro chico de no más de 5 ó 6 años corriendo por el medio de la calle, en medio de una lluvia de piedras que era arrojada contra el carro policial, llorando y gritando “¡papá!, ¡papá!”. Y nosotros sin posibilidad de detenernos porque éramos muy pocos en el carro y no teníamos apoyo…

Con sus años de experiencia, este subcomisario de la PDI afirma que la preocupación por los niños que quedan solos producto de la delincuencia es una política inexistente y que urge poner en marcha. Afirma que para que sea realmente eficaz, sus directrices deben venir de las jefaturas, a objeto de crear condiciones que permitan mitigar al menos en parte el trauma que provoca en los niños el momento en que se detiene a sus padres y se les separa de ellos.

En el recorrido que hizo CIPER por distintas unidades policiales, pudimos constatar los dichos del subcomisario de la PDI: la humanidad de los policías prima por encima de un protocolo escrito inexistente. Pero también fuimos testigos de otros episodios en donde las ansias de policías novatos por obtener resultados los hizo olvidar la mínima preocupación por los menores involucrados, vulnerando sus derechos más básicos.

LA ABUELA

Ingrid Montoya Orellana (29 años), está nerviosa. Son las 11:27 y espera desde hace más de media hora que llegue su madre a la sala de visitas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago. No se trata de una hija dependiente. Su ansiedad se acrecienta porque lo que de verdad espera es a sus hijos, quienes vienen de la mano de su progenitora a visitarla.

-Normalmente mi madre llega a tiempo, pero cuando se retrasa me dan muchos nervios pensando que tal vez no va a venir… Y es que lo que más se sufre aquí es por no poder estar con los hijos. Cuando se está afuera una no piensa así… Yo vivía como si toda la vida estaría con mis hijos. ¡Pensaba que jamás me podían separar de ellos! –dice Ingrid.

Seis meses han transcurrido desde que Ingrid fuera arrestada tras ser acusada por infracción a la Ley de Drogas junto a su pareja. Aún quedan 20 días para que finalice la investigación solicitada por la fiscalía. Es “primeriza”, una condición que alimenta su confianza de que el juez tendrá en consideración su historia pasada y la dejara en libertad. Así, podría volver a su casa con sus dos hijos menores, ahora a cargo de su madre.

Desde el día del arresto de Ingrid, sus niños R.J.M (14 años) y E.J.M (3 años) están con su abuela, Ingrid Orellana, quien debió hacerse cargo de los nietos a pesar de no tener trabajo fijo y de estar afectada por varios problemas de salud.

-Yo estaba durmiendo cuando como a las cinco de la mañana me suena el teléfono… Cuando atiendo me dicen que están llamando de la Comisaría de Antinarcóticos de la PDI de Maipú y que tengo que ir a buscar a mis nietos porque los padres han sido detenidos por tráfico de drogas… Dijeron que tenía una hora para llegar o los mandaban a un centro del Sename. Imagínese lo que fue para mi, me puse súper nerviosa, me levante rápido y me puse a llamar a mi hija. Tenía el teléfono apagado. Después llame a su pareja y también tenía el teléfono apagado, así que empecé a creer que era verdad. Salí a la calle y me puse a buscar un taxi, y cuando encontré uno, ya no sabía dónde tenía que ir. Fíjese que yo vivo en Conchalí, y lo único que me acordaba era que me habían dicho que me llamaban de Maipú -cuenta Ingrid Orellana.

Ingrid tuvo suerte. Porque a esa hora de la madrugada se encontró con un taxista que decidió ayudarla y se puso a llamar por teléfono hasta obtener la información del lugar donde estaba detenida su hija.

-Cuando llegué, me hicieron pasar a una sala donde estaba mi hija esposada de manos y pies, y al lado, mi nietita…, asustada, ya sin lágrimas de tanto que había llorado. Le pregunté por mi nieto y mi hija me dijo que se lo habían llevado, que no sabía donde estaba… Fui de inmediato a preguntarle al policía de la guardia dónde estaba mi nieto de 14 años. Me respondió de mala manera: “Está entregando la droga”, diciendo además que esperara al oficial a cargo del procedimiento.

Ingrid Orellana debió esperar otra hora más, que le pareció eterna, hasta que vio llegar a su nieto escoltado por dos policías:

-Me contó que lo habían llevado con amenazas, pegándole y tirándole el pelo, mientras le exigían que entregara la droga que supuestamente tenía la pareja de mi hija cundo lo detuvieron… Estaba tan asustado que ni siquiera podía hablar. Lo único que decía era: “¡Le dispararon al Félix! ¡Le dispararon al Félix!”.

Ese mismo día R.J.M. debió abandonar su colegio. Y ello porque su abuela se lo tuvo que llevar a vivir con ella muy lejos de la casa en la que vivía con su madre.

-Yo no tenía cómo llevarlo al colegio todos los días. Está muy lejos. Y, además, con qué… Ahora se pasa todo el día dentro de la casa, sin salir, sufre de insomnio, se despierta muchas veces por las noches, asustado. La pequeña retrocedió también ya que había dejado los pañales y ahora le he tenido que poner otra vez. Le cuesta comer y cuando se enoja por algo se pone a gritar llamando a su mamá.

“PATIO ESPERANZA”

El relato de la abuela Ingrid Orellana cambia drásticamente apenas está frente a su hija. No quiere preocuparla. Pero a los pocos minutos queda en evidencia que ninguno de esos problemas es desconocido para la primeriza madre encarcelada. Muy pronto el grupo de prisioneras que la rodea está hablando del único y gran tema de las “primerizas” del “Patio Esperanza” del CPF: los hijos que tienen fuera de las gruesas paredes de la cárcel.

Una cuenta que le avisaron que su hijo de 14 años dejó embarazada a su polola; otra, que su hijo de 15 años dejó embarazada a su hermana de 13 años; y una tercera, que sus hijos mayores (17, 19 y 23 años) se cansaron de ser responsables del hermano menor de 6 años, porque no tienen con quien dejarlo cuando quieren salir de carrete y se lo entregaron a una tía con la que se lleva muy mal. Esta última presa está desesperada. A Ingrid le ha cambiado el rostro.

-Aquí estamos todas igual, yo nunca he tenido depresión en mi vida, pero estar aquí lejos de mis hijos y encerrada, me ha afectado mucho. El otro día le avisé a la gendarme de la enfermería que me sentía mal. Me pregunto por mis síntomas y me dijo que era una depresión, pero que no tenían nada que darme, que tenía que aguantar, no más.

Eso es lo que ha hecho Ingrid. Pero su rutina se ha transformado en otra cárcel:

-Paso la semana pensando sólo en los dos días que tengo de visita para poder ver a mis hijos… Pero a veces no sé qué es mejor, porque cuando se van, la pequeña se pone a llorar… ¡No quiere irse!… Las primeras tres visitas salió llorando con tanta pena que después me comentaron unos gendarmes que mi hija había hecho llorar a todos al verla salir así. Una aquí no sabe qué hacer: si decirle que no venga más o que siga viniendo. En realidad, no sé qué es mejor para ella. Tampoco tengo aquí con quién consultar sobre este problema. El primer mes yo no quise que la trajeran, pero después otra compañera de celda me dijo que estaba siendo egoísta, porque seguro que mi hija quería verme.

Cada vez que vienen sus hijas a visitarla, apenas termina la visita Ingrid estalla en llanto. Y el llanto dura varios días. Ricardo Hidalgo, asistente social de Gendarmería, sabe que el problema de los hijos que están fuera de las rejas es el gran problema de las presas. Y sus respuestas indican que no es Gendarmería la institución que está fallando, sino el sistema judicial y de encarcelación.

- ¿Qué pasa cuando llega una persona con hijos menores para ser internada en una unidad penal?
- Este no es un tema en que Gendarmería pueda hacer nada. Cuando un juez toma la decisión de condenar a la persona, uno entiende que ha ponderado todos los antecedentes. Lo único que hay es un programa de residencias transitorias para niños y niñas con sus madres privadas de libertad y que atiende, en la medida que el juez lo determine, a niños de hasta 2 años. Pero actualmente es hasta un año. Por orden del juez pueden estar dentro del penal en el CPF de Santiago, en la unidad de residencias transitorias, una sección de cunas que atiende a los bebes hasta 1 año. En este instante tenemos 43 niños ingresados en virtud de un convenio entre Gendarmería y el Sename.

Ricardo Hidalgo insiste en que no es la misión de Gendarmería “cuidar los hijos de quien llega a la cárcel en virtud de una orden judicial. No tenemos cómo hacerlo. Lo que se hace en los casos de urgencia es poner a la interna en contacto con quien corresponda. No existe un sistema preventivo que nos permita decir “¿dónde están tus hijos? ¿Hay que ir a buscarlos?”. Lamentablemente, no es el rol de Gendarmería”. Dicho eso, el funcionario toma aire y acota:

-Pero nosotros sabemos que el mayor drama de la gente que ingresa a la cárcel es la destrucción familiar.

CUANDO SE PIERDE LA ESPERANZA

Este asistente social sabe bien a qué se refiere. Porque también conoce lo que se hace con los niños que son ubicados en la unidad de “residencia transitoria”. Allí hay un equipo de profesionales de Gendarmería que los atienden y les proporcionan tratamiento psicológico. Una terapia de intervención orientada a mantener los lazos familiares. Allí también se preparará su salida. Hidalgo tiene claro que este es un problema del que “toda la sociedad debería hacerse cargo”.

- ¿Qué cree usted que falla? ¿Por qué no se ha creado un sistema de protección para los niños que quedan a la deriva cuando sus padres son privados de libertad?
- A titulo personal le puedo decir que se debería tomar la delincuencia como un problema social y actuar preventivamente. Enfrentar la delincuencia pasa por prevención y para ello se debe trabajar con los niños desde temprana edad.
Efectivamente, si se comete un delito, hay que castigarlo. La delincuencia necesita encarcelamiento y mano dura. Es un discurso súper fuerte, pero hay que considerar también por qué se esta produciendo la delincuencia. Y claramente, más allá de las características de personalidad del sujeto, la delincuencia está asociada a factores sociales, a falta de control de interiorización de normas, de proyectos de vida. A crear expectativas sin tener posibilidades de concretarlas. Y entonces, allí pierdes la esperanza; y si pierdes la esperanza, es fácil desviarse.

-¿Existe algún programa de emergencia para las personas que caen presas y tienen hijos menores en la calle?
- No. Al menos de parte del Estado yo no conozco ningún programa que trabaje con los hijos de los imputados. Sería importante tener un programa así y tomar el problema desde el momento en que el juez dice “queda recluida por tanto tiempo” e inmediatamente hubiera la posibilidad de tomar a sus hijos menores y buscarles la mejor opción, primero en la familia directa y por ultimo en algún centro de atención. Y que existiera la posibilidad de que incluso frente a la presencia de problemas familiares generados por la reclusión de algún miembro, hubiera una actuación más amplia de atención a las familias. Eso sería actuar pensando que es el niño el más vulnerado.

41 DIAS QUE MARCARON A UN NIÑO

Un “programa de emergencia” como el que señala Hidalgo es lo que según Vivianne del Rosario Farias Aguilera hubiera salvado a su hijo de caer en la droga. Un adolescente que hoy está al servicio de un grupo de narcotraficantes de la población La Legua, en San Joaquín.

El 23 de noviembre de 2010, Vivianne fue detenida en su domicilio por una orden pendiente luego de ser acusada de hurto en un supermercado. La orden emanó del 8º Juzgado del Crimen de Santiago en 2007 y la condenaba a cumplir una pena de 45 días de reclusión nocturna.

-Fue hace tres años… Yo me había quedado sola con mis dos hijos, uno de 11 años y el otro de 13, y entré a robar comida a un supermercado. Me pillaron los guardias y me llevaron detenida. Quedé citada al tribunal y el día de la citación me presente con mis dos hijos. Al verlos, el juez me dijo que en consideración a ellos me iba a dar reclusión nocturna. Fue muy amable porque hasta me preguntó si tenía con quien dejarlos por las noches. Llamé a mi ex suegra y le pedí que se quedara con ellos. Y comencé a cumplir mi reclusión nocturna. Pero fui sólo dos días, porque al tercer día mi suegra me dijo que no se podía quedar más con los niños. Por miedo a que me volvieran a buscar, al principio pensé en cambiarme de departamento, pero con el paso del tiempo y como nadie vino, pensé que ya no me buscarían…

Vivianne se equivocó. En noviembre de 2010 la sacaron de su casa a las ocho de la mañana:

-Como no tenía con quién dejar a mi hijo A.E.F. (14 años), llamé a una amiga de la comuna de San Joaquín y le pregunté si lo podía recibir en su casa hasta que supiera qué iba a pasar conmigo. Me condenaron a 41 días de prisión. Fue suficiente para perder a mi hijo…

EL 5 de enero de 2011, cuando faltaba sólo un día para que Vivianne saliera en libertad, el menor A.E.F. fue detenido por Carabineros transportando medio kilo de cocaína. Según relató a los propios policías que lo detuvieron, le habían pagado 5 mil pesos por ir a entregar la droga a un tercer implicado en el centro de Santiago.

-¡Imagínese! Yo salgo de prisión y lo primero que hago es llamar a mi amiga desde un teléfono público para preguntarle por mi hijo… Y ella me dice que lo habían detenido la noche anterior con droga. Que aún estaba en una comisaría de Carabineros a la espera de que alguien lo fuera a buscar. ¡Casi me morí! También tuve mucho susto porque pensé que si yo iba a buscarlo, recién saliendo de la cárcel, me podían involucrar a mí con la droga… ¡Quién me iba a creer si estaba saliendo de la cárcel ese mismo día! Por eso le pedí a mi amiga que me hiciera el último favor, que lo fuera ella a buscar diciendo que yo estaba presa. Y se lo entregaron.

Vivianne sólo alcanzó a tener unas pocas horas de felicidad tras recuperar la libertad y a su hijo:

-Ya no he podido hacer nada con mi hijo… No ha querido ni he podido obligarlo a venirse a vivir conmigo. No quiere estudiar. Me dice que le pagan por estar de soplón de unos narcos de La Legua y que como es menor, a él no le pasará nada si lo detienen los ratis. Anda con ropa nueva que yo no podría comprarle, porque cuando salí encontré un trabajo en una zapatería pero solo me pagan 4.500 pesos por día: justo para el arriendo de una pieza y la comida… Mi otro hijo también se me fue, pero de ése no sé dónde está ni cómo buscarlo.

EXPUESTOS A MULTIPLES ABUSOS

Lo que ocurrió con los hijos de Vivianne y de tantas otras presas no es noticia. Tampoco un problema que tenga espacio en una política pública, a pesar de todas las señales de alerta que inundan el sistema judicial y carcelario del país. Alertas que conoce bien Edith Martino, quién lleva mas de 10 años trabajando con hijos de reclusos en la Fundación Paternitas.

“Todos los niños que llegan a nuestros hogares lo hacen en virtud de una orden judicial de vulneración de sus derechos. Lo que indica que el niño que nos llega a la residencia no sólo trae la carga de haber sido separado de su padre o de su madre -lo que ya lo traumatizó-, sino que trae consigo otros graves daños”, dice Martino.

- ¿A qué situaciones o graves problemas se refiere?
- Para que se haga una idea, el 90 % de los niños que nos llegan fueron abusados sexualmente. Y digo esto con una tremenda crítica a los proyectos ambulatorios que existen. ¡Qué se saca con tener las OPD (Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles ), los DAM (Programa de Diagnostico Ambulatorio) los PRM (Programa de Protección Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil) , si ahí no se detectó ni se dio la voz de alarma sobre lo que les pasaba! Esos proyectos están para eso, para prevenir antes de que el niño pase por todo eso. Desgraciadamente, llegan a las residencias abusados, abandonados, entonces uno tiene que hacer el trabajo de nuevo. ¡Cómo puede ser que para empezar el tratamiento reparatorio de un niño abusado sexualmente o violado, el trámite se demore más de un año! ¿No es eso violentar nuevamente al niño? ¿No es violarle sus derechos en lo más íntimo?

-¿Por qué ocurre esa demora casi criminal?
- Porque los proyectos no dan abasto. Es imposible que para esta comuna donde se encuentra nuestro centro (Puente Alto) haya solo un centro de reparación de maltrato y abuso. Y que además este centro -“Santa Maria Goretti”- no sólo se encargue de los niños abusados de esta comuna, sino que también tenga a su cargo San José de Maipo y Pirque, con solo 75 cupos. Piense que estamos hablando de una gran densidad de población. Y somos un reducido número de profesionales, en su mayoría recién egresados, con poca experiencia. Cuando nos llega un niño, éste tarda en darnos su confianza, y cuando descubrimos que fue abusado, uno tiene que inmediatamente dar aviso. Y es ahí donde empieza el tiempo de espera por la vacante. ¡Hoy tenemos lista de espera de hasta 18 meses! Y cuando ya ha pasado más de un año y se empieza el tratamiento, se le hace revivir al niño todo el trauma.

- ¿Cuentan con profesionales idóneos para ese tipo de tratamiento, difícil y de gran urgencia?
- Aparte del desfase en que se inicia el tratamiento, la atención de reparación queda a cargo de los profesionales que tiene el Centro Santa Maria Goretti, que son muy jóvenes. Y para este tipo de reparación se necesita experiencia. Para que un niño llegue a contarnos que fue abusado, se necesita mucha confianza, mucho trato anterior. Una de las cosas que sabemos es que para tratar con este tipo de niños el equipo debe ser ante todo muy humano y afiatado, donde todos -hasta el gato- estén en la misma línea. Aquí la mentira está castigada, empezando por nosotros: tampoco podemos mentir.

- ¿Por qué hace hincapié en la mentira?
- Por la violencia que representa cada una de las mentiras que estos niños han vivido. Además de la violencia que han visto en sus casas, la que nos entregan los medios de comunicación, la violencia que está viviendo el país. Ellos vienen de ambientes tremendamente violentos. Ahora, uno trabaja con las consecuencias, las causas están más atrás, el problema comienza con la detención del padre o la madre, no uno o dos años después, cuando el niño ya está con problemas psicológicos e incluso psiquiátricos.

- ¿Por qué cree usted que no se construye ese sistema de protección y reparación si su carencia es tan evidente en sus efectos nefastos?
- Nosotros hemos estado en varios seminarios exponiendo esta problemática. Hemos estado hablando y exponiendo los problemas en el Ministerio del Interior, con la Primera Dama, y no solo en este gobierno, antes también, pero hasta ahora no se nos escucha. A nadie le interesan realmente los derechos de estos niños, Chile firmó el Convenio Internacional de los Derechos de los Niños, pero eso es una gran mentira. ¿Se imagina cómo sería de diferente si cuando un hombre o mujer caen presos nos preocupáramos de saber cuántos hijos menores tienen y empezar desde ahí el trabajo?

Si se hiciera lo que tanto preocupa a Edith Martino, como a otros de los profesionales y protagonistas de este problema entrevistados por CIPER durante esta investigación, se evitarían casos como el de los mellizos V.S. (7 años) quienes ingresaron a Paternitas derivados del Juzgado de Familia de Puente Alto. Los hermanos permanecieron casi dos años al cuidado de su abuela después que su madre y padre fueran encarcelados por infracción a la Ley de Drogas, robo e infracción a la Ley de Armas.

Los mellizos tenían asistencia regular al colegio y mantenían un buen rendimiento escolar, además de presentarse aseados y observar buen comportamiento, según relato a CIPER una de sus profesoras del Colegio San Mateo. Lo único que llamaba la atención era que casi no se juntaban con sus compañeros, al punto que cuando se acercaban mucho a otros niños se ponían muy nerviosos.

Hasta que un día sus profesores fueron alertados por vecinos que los dos hermanos estaban siendo usados por su abuela para la venta y tráfico de drogas.

De inmediato se hizo la denuncia y en la investigación que se llevó a cabo descubrieron que los mellizos de 7 años vivían en un submundo de violencia y riesgo social. Los dejaban solos en la casa, expuestos a múltiples situaciones de riesgo, como consumo de drogas y agresión sexual. Incluso les hacían dormir en una misma cama donde ocultaban bolsas de drogas. Los niños tenían la orden de que, en caso de que irrumpiera la policía, no debían moverse de la cama para evitar que descubrieran la droga.

Son los alegatos de clausura de un juicio oral que se extiende por dos semanas. La suerte ya parece echada pero igualmente el capo italiano de 60 años decide tomar la palabra para pedir disculpas y decir que no sabía en lo que se estaba metiendo. Como en su país el consumo de drogas no está penado, dijo haber supuesto que en Sudamérica no corría mayores riesgos.

-Chiedo clemenza -termina por decir.

A un lado tiene a una traductora que descifra la última frase como “Pido clemencia”. Al otro está la abogada Helhue Sukni, que minutos antes, en su última intervención en este juicio, ha dicho que su cliente no es parte de ninguna asociación ilícita. Agrega que cuanto más puede ser condenado por conspirar para traficar drogas, lo que supone una pena bastante inferior a la que pide la fiscalía.

Ya no hay más que decir. El italiano y otros seis acusados son llevados de regreso a la cárcel. La abogada sale al patio del Centro de Justicia, enciende un cigarrillo y revisa una agenda donde anota las actividades del día. Ese lunes 13 de junio tiene programado un juicio oral y siete audiencias en que debe abogar en favor de personas acusadas de traficar drogas, cometer robos, asaltos u homicidios.

Algunos de sus clientes que ocupan su día han ganado celebridad pública. Como el mismo Francesco Brandi. Como Michel Quezada Lagos, líder de la banda de narcotraficantes Los Ciprianos. Como tres de los cuatro amigos con que el estudiante de Derecho de la Universidad Católica Dan Díaz Fuenzalida protagonizó un violento asalto a mano armada en la casa de un narcotraficante de Pedro Aguirre Cerda.

Helhue Sukni Giadalah se jacta de ser la abogada con más causas de narcotráfico entre los penalistas del país. En sus cálculos tiene unos doscientos clientes activos sólo por ese delito. Lo que no está en duda es que es la más conocida entre sus pares, aunque no necesariamente por sus alegatos.

Cartera Louis Vuitton, lentes Prada, abrigo de cuero verde agua, zapatos taco de aguja y un desmesurado y tintineante acopio de pulseras de oro y anillos con incrustaciones de piedras preciosas son su signo de identidad.

Aún le quedan brazos para sumar pulseras, no así dedos para más anillos. Por la tarde de ese lunes 13, en los patios del Centro de Justicia, extrae de su cartera una sorprendente colección de anillos, y con destreza y precisión comienza a calzárselos a la vista de las personas que rondan a esa hora. Se queja de que no ha tenido un minuto para hacerlo, y medio en broma, medio en serio, eso es difícil saberlo, mira a su alrededor con suspicacia y se pregunta en voz alta si no andará algún maleante cerca al acecho de sus joyas. Entonces apresura la tarea. Aún tiene pendiente una visita a la cárcel de mujeres.

LOS PIONEROS

Helhue Sukni representa a una nueva generación de abogados penalistas que se especializan en defender imputados por narcotráfico. Desde 2005 la Contraloría General de la República lleva un registro de profesionales a quienes el artículo 61 de la ley 20.000 inhabilita para ejercer cargos públicos. Incluso en universidades estatales. La inhabilitación excluye a los abogados de la Defensoría Penal Pública, licitados o no. Un estigma que compensa con altos ingresos pagados en efectivo.

De acuerdo con lo informado por Contraloría, si en 2007 hubo 712 juicios vinculados a la ley de drogas, al siguiente saltó a 3.924. En 2009 se agregaron 2.977 y en 2010 otros 5.568. Si bien las cifras globales consideran causas donde han participado defensores públicos, el auge ha provenido principalmente de particulares. De junio de 2010 al mismo mes de 2011 hubo 1.588 abogados incorporados al registro de inhabilidades de Contraloría.

Las condenas por drogas también han crecido significativamente y superan con creces los juicios. Y por cierto, la mayoría de esos condenados han requerido de un abogado que los defienda. Según el Ministerio Público, si en 2007 las personas condenadas por la Ley 20.000 fueron 23.885, al año siguiente sumaron 39.768. El 2009 fueron 45.536 y 50.897 el 2010. Aunque más de la mitad de esos casos responden a faltas por porte o consumo en la vía pública, las condenas que van del cultivo al tráfico han recrudecido. Hay cada vez más clientes que demandan atención y un número creciente de abogados dispuestos a atenderlos. Cómo si no pueden ganarse la vida los cerca de 20 mil abogados que han jurado desde 1997.

Un privado difícilmente cobra menos de dos millones por un juicio oral medianamente sencillo. Dos a cuatro por lo bajo. En la tarifa se considera que los clientes pagarán la mitad por adelantado y de la otra mitad se desentenderán una vez concluido el juicio. Más aún si lo han perdido, lo que ocurre en la gran mayoría de los casos.

Pero no sólo han aumento defensores y clientes. También las tarifas. Según un abogado que participa activamente de este tipo de causas, de un tiempo a esta parte los narcotraficantes chilenos están invirtiendo fuertes sumas de dinero en defensas legales. Particularmente a partir del ejemplo de Los Gaetes, que fueron los primeros en apostar por una defensa técnica y profesional. La apuesta por contar con los mejores abogados de narcos de la plaza supuso una inversión de 35 millones.

En esa defensa participaron Carlos Quezada y Reiniero García de la Pastora. Ambos defendieron a Marcelo Gaete, el líder de la banda, y a su esposa. Si bien este recibió una condena de 32 años, Quezada dice que la fiscalía pretendía 57 y que la esposa del líder logró ser absuelta en tres de los cuatro delitos que le imputaba la fiscalía.

-Yo diría que terminamos en un empate con la fiscalía –sopesa el abogado Quezada.

Los Carejarro, banda rival de Los Gaete, en su mayoría también recurrió a defensores privados pero con menos oficio en el litigio de juicios orales. Algunos abogados consideran que eso se último se notó en las sentencias a los integrantes de la banda. Su líder, Iván Alejandro Cavieres, recibió 33 años.

CLIENTES ABC1

A diferencia de Helhue Sukni, el estilo de Carlos Quezada está definido por la sobriedad. Como está fuera de tribunales, viste chaqueta de mezclilla y canguro con capucha. Su privado del centro de Santiago es pequeño y está decorado con fotos familiares y un pergamino de Salvador Allende. Las apariencias podrían llevar a pensar que es de los que cobran entre dos y cuatro millones por juicio oral. La realidad indica que es uno de los litigantes más cotizados por clientes en condiciones de desembolsar fuertes sumas de dinero.

Quezada ha participado de causas célebres. Defendió al ingeniero Ricardo Jiménez y a su pareja en un juicio por producción y supuesto tráfico de mezcalina que era usada con fines terapéuticos. También al ex inspector de la policía antinarcóticos Gonzalo Araya. En estos días participa del juicio oral contra Roberto Silva Cerpa, acusado de ser el financista de un tráfico de 30 kilos de cocaína desde Bolivia.

Quezada reconoce que algunos de los clientes ABC1 le son derivados de los más prestigiosos estudios de abogados del país. Estudios que por un asunto de imagen no toman este tipo de casos, pero que actúan como intermediarios y cobran un porcentaje importante por representar clientes. Así y todo el penalista dice que en su especialidad no necesariamente se gana mucho dinero, no más que en otras áreas del derecho.

-Las causas por tráfico de drogas demandan muchísimo trabajo y muy rara vez los honorarios superan los 20 millones. Lo que a mí me motiva es el desafío profesional, estar litigando de verdad. En el antiguo sistema los penalistas éramos lo peor. Ahora somos la joyita –dice Quezada, que egresó de la Andrés Bello y tiene un magíster en la Universidad de Talca.

El registro de inhabilidades bajo tutela de Contraloría coincidió con la implementación en Santiago de la Reforma Procesal Penal. Un sistema que cambió para siempre el modo de litigar en tribunales. Si antes las defensas estaban confiadas a los contactos con actuarios, que facilitaban expedientes y favores diversos, el sistema actual es por definición transparente y demanda conocimientos técnicos muy precisas que dejó fuera a una generación de abogados penalistas, procuradores y tinterillos.

Nadie litiga mejor en los nuevos tribunales que un abogado de narco. Socios y empleados de grandes y prestigiosos estudios participan muy ocasionalmente de un juicio oral. Generalmente negocian una salida alternativa para su cliente, un abreviado. Los otros en cambio saben que siempre llegarán a juicio porque casi no hay lugar a la negociación. También saben que el dinero de sus honorarios proviene de la droga. En buenas cuentas son profesionales de terreno, no de oficina, un terreno pedregoso, áspero y filudo, donde abunda la acción y el peligro de traspasar los límites.

ASESORÍA FINANCIERA

Lo dicen policías y fiscales. También los propios abogados penalistas. Las bandas de narcotraficantes no sólo están invirtiendo fuertes sumas en defensas legales, sino también en asesorías para armar sociedades y posesiones efectivas que les permita blanquear el dinero proveniente de los ilícitos. En esas tareas participa una cantidad creciente de abogados que traspasaron los límites de la legalidad y están convertidos en asesores financieros. Uno de ellos es Ariel Marín Cáceres y hoy cumple condena a diez años de cárcel por asociación ilícita y lavado de dinero.

Marín llegó a inscribir a su nombre bienes que pertenecían al líder de Los Carejarro, Iván Alejandro Caviedes. Algo que según un fiscal antidrogas es inusual en los servicios de asesoría financiera que prestan abogados de narcos. Estos se cuidan de no dejar registro de su participación. Marín tenía un especial compromiso con Caviedes. En noviembre de 2005, al día siguiente de titularse de abogado en la Universidad Bolivariana, lo defendió en un caso de asesinato. Más tarde activó contactos para averiguar cuando salía de la cárcel el líder de Los Gaete, rival de Caviedes.

Apoyado por su padre, que oficiaba de tinterillo, Marín llevó varios casos de tráfico. Tantos que tenía dos abogados que lo asistían, Fabián Guerra y Gonzalo Figueroa. A fines de junio último, este último fue detenido tras una transacción menor de cocaína y acusado de tráfico. Como portaba sólo cuatro gramos, su defensa alegó consumo.

Un abogado que defiende causas de narcotráfico dice que es común que a sus colegas los trague el ambiente. Que les ofrezcan pagos en droga, que los tienten y compren y terminen trabajando para los narcos. Algunos en estado desastroso, bajo el dominio de quienes alguna vez fueron sus clientes y hoy son sus jefes. A veces están ahí para llevarles sandwiches. A veces para mandar recados y coordinar operaciones. Nada más seguro y expedito que hacerlo a través de un abogado, no obstante que todos presumen que sus teléfonos están intervenidos. Fiscales, gendarmes y abogados saben que las salas de la cárcel de Santiago Uno donde los internos se reúnen en privado con sus representantes legales sirven para celebrar encuentros con otros internos. A veces se juntan varios y eso ya constituye una cumbre de narcos. Basta con que el abogado pida la comparecencia de su cliente. Está en su derecho.

-En este oficio, como en cualquier otro, hay de todo –dice otro penalista-. Hay abogados profesionales que se toman en serio su trabajo y son responsables, y otros muy chantas que reciben la plata y después desaparecen o dan la hora en las audiencias. El otro día nada más iba entrando a la cárcel y detrás de unos barrotes un grupo de presos le gritó a un abogado “ladrón, delincuente, devuelve la plata”.

ABOGADOS AL BANQUILLO

En enero de 2007, la prensa nacional consignó un extraño suceso policial que afectó al abogado José Daniel Pradenas Palma. En Algarrobo, estando de vacaciones con su familia, dos de sus hijas menores de edad fueron secuestradas por dos hombres que amenazaron con violarlas y matarlas. Incluso se comunicaron telefónicamente con el padre, a quien le dijeron que habían asesinado a las niñas. Para la prensa no pasó de ser un suceso policial ordinario. Para quienes conocen al abogado, el trasfondo obedecía a una amenaza de un grupo narco que se sentía estafado.

Pradenas Palma es conocido entre los antiguos excarceladores. Algunos de sus colegas comentan que Los Guatones, la banda de distribuidores de droga a quienes representó, aún le envían recados desde la cárcel por una deuda en dinero. También comentan que los animales que tenía en una parcela de la Quinta Región fueron degollados como señal de advertencia. Al abogado no sólo le rondan rumores.

En cuatro oportunidades ha sido investigado por el Ministerio Público. Dos veces por prevaricación. Y otras dos por clientes que presentaron denuncias en su contra por negligencia o abandono de causas por las que recibió honorarios. En septiembre de 2008 llegó a un acuerdo de suspensión con la fiscalía de Colina por prevaricación y fue multado e impedido de tramitar causas por seis meses.

En este mundo, la relación entre abogado y cliente no es fácil. Bien lo sabe la abogada Helhue Sukni, quien en agosto de 2007 fue sancionada por defender simultáneamente a dos narcos, uno de los cuales había sido delatado por el otro con el objeto de ser beneficiado con una rebaja de penas. En un procedimiento de suspensión condicional, tras ser formalizada por prevaricación, le fue prohibido actuar durante un año en causas relacionadas con la Ley 20.000.

Bastante más lejos fue el abogado Gabriel Ruiz Gallardo, quien participó de un montaje para que a una clienta suya se le reconociera la figura de la cooperación eficaz. El abogado consiguió que una mujer boliviana fuera traída a Chile bajo engaño, y una vez acá, mientras esperaba ser contactada en un hotel de Los Andes por sus supuestos patrones que la dejaron al cuidado de una maleta con un kilo y 175 gramos de cocaína, la policía le cayó encima. La boliviana había llegado a Chile por una oferta de trabajo y no estaba al tanto de que era usada como moneda de cambio para liberar a una narcotraficante chilena.

En la sentencia de la causa, seguida en la fiscalía local de Los Andes, se lee lo siguiente:

“Luego de proceder a la incautación de la droga y la detención de las personas que trajeron a la ciudadana boliviana, se logró determinar que en sucesivas reuniones sostenidas por los coimputados con el abogado Gabriel Ruiz, en el mes de marzo de 2007, fue este quien impulsó el plan delictual con los coimputados, señalándoles que para lograr la libertad de la madre de uno de ellos, era necesario dejar a otra persona presa con una cantidad igual o superior de droga”.

En un juicio abreviado de 2009, Gabriel Ruiz Gallardo resultó condenado a tres años de pena remitida por tráfico de cocaína. La pena no le impidió seguir participando de causas por narcotráfico.

De resultar ciertas la denuncia presentada por el Consejo de Defensa del Estado, CDE, Yieninson Yapur no podrá seguir ejerciendo como abogado. Encausado por lavado de dinero, y a la vez representante de familiares del empresario Mauricio Mazza procesados por el mismo delito, derivado supuestamente de operaciones de narcotráfico, Yapur está siendo investigado por el 34 Juzgado del Crimen por ejercicio ilegal de la profesión. De acuerdo con la denuncia del CDE, el supuesto abogado ejercería con un título falso.

ABOGADO, NO SICÓLOGO

Como es una oficina estrecha y la puerta del privado ha quedado semiabierta, lo que Juan Hernández le dice a un muchacho que acaba de entrar junto a su madre se escucha con claridad desde la sala de espera:

-Este es un periodo de prueba para ti, ¿entiendes? Estás condicional. Eso significa que si vuelves a caer preso por droga, te quedáis dentro. Así de simple. Tú tienes que ver. Si no te querí portar bien, cosa tuya, más pega para mí. Tienes que entender que yo no soy psicólogo, soy abogado.

Unos minutos después, el abogado Hernández contará que se trata de un menor de edad rematado por tráfico de drogas, que permanece en un régimen de libertad asistida. No acudió junto a su madre por consejos profesionales. Eso salió en el camino. Llegó a renegociar honorarios adeudados.

Hernández es abogado de la Universidad de Chile y uno de los más cotizados y activos en causas de narcotráfico. Defendió al rumano George Dan Rusus, condenado por su participación en el segundo mayor tráfico de cocaína en Chile. También a José Manuel Cuellar Hurtado, uno de los líderes colombianos imputados en la operación Pilar del Norte. Es junto a Carlos Quezada y Reiniero García de la Pastora uno de los más reputados penalistas en estas causas. Pero a diferencia de sus dos colegas, con quienes compartió oficina, Hernández también tiene muchísimas causas pequeñas como las del muchacho que acaba de visitarlo en su oficina de la comuna de San Miguel.

A Hernández no lo guía un fundamento social, precisa él mismo, sino más bien uno jurídico:

-La justicia en Chile es muy discriminatoria, eso es sabido. Y hoy en día la lucha contra el narcotráfico lo justifica todo y eso es peligroso jurídicamente hablando. Nuestra labor como abogados es que los derechos de las personas que defendemos, aunque esos derechos sean pocos, se respeten.

Unos días antes, desde un restaurante de Santiago centro, la abogada Helhue Sukni dirá que tiene una casa en La Dehesa que pagar, tres hijas que mantener y varios cheques que cubrir a fin de mes con los que paga sus joyas, que son un vicio para ella.

-Mi único vicio -precisa.

Dirá también que casi la mitad de las causas que lleva, especialmente las que se arrastran del antiguo sistema, son ad honorem, motivada por compromisos y amistades surgidas desde los noventa, cuando comenzó a litigar este tipo de causas por encargo de la Corporación de Asistencia Judicial. Y dirá por último, enfática, solemne, alzando la voz, como quien recita su epitafio, que digan lo que digan, “a mis ladrones y traficantes los amo profundamente, con todo mi corazón”. Los ama y respeta, aunque la mayoría de ellos, por no decir todos, le deban dinero.

*Vea el multimedia: Las condenas por tráfico de drogas en Chile

De no ser porque muchos documentos y testimonios lo confirman, sería muy difícil creer que la estrategia de los paramilitares para tomarse política y económicamente una región, la del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, haya llegado a niveles de complejidad y sofisticación tan grandes. Fue tal la maraña de sociedades y organizaciones que crearon que consiguieron, incluso que los gobiernos colombiano y de Estados Unidos respaldaran su proyecto, y que una asociación que fabricaron se ganara un premio internacional.

La sinuosa estrategia tenía cómplices por doquier, y con ellos, consiguió despojar tierras de campesinos pobres, entrenó juntas comunales, creó organizaciones no gubernamentales, montó empresa agroindustriales que consiguieron contratos con multinacionales, apoyó campañas electorales, respaldó a estructuras del narcotráfico y aprovechó recursos estatales. Su telaraña vinculó a políticos y a empresarios, y no sólo sirvió a su proyecto contrainsurgente en los años previos a la desmovilización paramilitar, sino que siguió tejiendo lazos y respaldos como parte de los proyectos de reinsersión.

Una exhaustiva revisión de documentos públicos de casi un año, contrastados con entrevistas y con versiones de exparamilitares entregadas a la Fiscalía General de la Nación, le permitieron a investigadores de VerdadAbierta.com conocer el entramado de esta red.

Si bien toda la información está en poder de las autoridades y serán los jueces los que establezcan hasta dónde los proyectos promovidos por el Gobierno Nacional y el Plan Colombia rayaron con la ilegalidad, también queda claro que la calculada conquista de la política y la economía en el Urabá por parte de la organización paramilitar fue real y eficaz.

En este especial, Verdad Abierta reconstruye cómo los paramilitares implementaron su proyecto militar, político y económico para consolidar el poder político y económico en Urabá, una región golpeada duramente por el conflicto armado en el país, donde los habitantes sufrieron las peores violaciones a los derechos humanos, desde el despojo y desplazamiento forzado, hasta desapariciones forzadas y brutales asesinatos, que incluyeron la práctica del descuartizamiento.

Tulapa: punta de lanza

Las estructuras paramilitares agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) entraron al corazón del Urabá antioqueño desde el departamento de Córdoba entre 1994 y 1995. Una vez en esta zona, se enfrentaron con las guerrillas del Epl y las Farc en la zona conocida como Tulapa, que abarca varias veredas de los municipios de Turbo y Necoclí.

Del valor estratégico de esta zona ha hecho referencia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una de sus versiones libres se le preguntó por esta zona y respondió: “¿Dónde queda Tulapa? Tulapa queda lejos de todas partes”. Y aclaró en esa ocasión que esta región fue utilizada como punta de lanza geoestratégica para que las Accu se tomaran el llamado Eje bananero y el Darién chocoano.

Mancuso expuso que los Castaño lo delegaron a él para manejar los negocios y la “compra” de tierras en Tulapa, y admitió que la Casa Castaño se fue quedando con “grandes extensiones de tierra”, las cuales eran compradas, según este ex jefe paramilitar, bajo presión armada. En ello fue clave la tesorera de los Castaños, Sor Teresa Gómez, quien en la actualidad se encuentra prófuga tras ser condenada por ordenar el asesinato de Yolanda Izquierdo, una líder de campesinos de Córdoba.

También fue clave en este despojo, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido para esa época por Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Córdoba destituido y quien actualmente huye de la justicia, que lo acusa de concierto para delinquir y lavado de activos.

Desde Tulapa, las Accu se tomaron Urabá a sangre y fuego. Datos de la Fiscalía muestran que en solo el primer semestre de 1995 en Necoclí se registraron 130 personas asesinadas, 122 desaparecidos y 1.300 familias desplazadas. Fue en este bautizo de sangre en esta localidad del que comenzó a emerger una estructura paramilitar que, luego, sería conocida como Bloque Elmer Cárdenas de las Accu.

El ‘paso’ del Bloque Elmer Cárdenas

En el municipio de Necoclí, los Castaño se encontraron con un joven de 22 años quien en poco tiempo tendría un acenso vertiginoso dentro de las filas paramilitares. Se trató de Freddy Rendón Herrera, quien posteriormente sería conocido con el alias de ‘El Alemán’.

Rendón, oriundo de Amalfi, de donde también eran los Castaño, se sumó con entusiasmo al naciente proyecto contrainsurgente de las Accu. En un relato de su ingreso a las filas de la organización paramilitar, ‘El Alemán’ recordó el día que llegó Carlos Castaño a Necoclí: “nos reunió y se echó un discurso de dos horas que me dejó boquiabierto”.

Desde su base en Necoclí, los paramilitares iniciaron en 1996 la incursión al Urabá chocoano. Inicialmente, llegaron al casco urbano de Riosucio, donde se tomaron a bala la población. En febrero de 1997, continuaron avanzando y desarrollaron la Operación Cacarica, que consistió en atacar varias posiciones de las Farc en una amplia zona selvática bañada por los caños Cacarica y Salaquí, y que se coordinó, según ‘El Alemán’, con la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, que a su vez adelantó la Operación Génesis.

Durante el desarrollo de estas operaciones militares murió el campesino Marino López Mena, quien, según las denuncias de sus familiares, fue retenido en las afueras del caserío de Bijao, descuartizado a machetazos, exhibido entre los pobladores de y pateada su cabeza como balón de fútbol. Si bien en las versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los paramilitares que adelantaron la operación han negado que el homicidio se haya cometido en esas circunstancias, las comunidades se sostienen en su versión.

Hasta ese momento, la estructura paramilitar que comandaba alias ‘El Alemán’ era conocida como el Frente Chocó; no obstante, la muerte de uno de sus comandantes, llamado Elmer Cárdenas, en un enfrentamiento con la guerrilla, llevó a los jefes sobrevivientes a nombrar el bloque con el nombre de su ex líder. Con la toma del Bajo y Medio Atrato, se consolidó su dominio sobre el norte de Urabá y el Darién chocoano.

Con los años, Carlos Castaño se convirtió en una especie de mentor para ‘El Alemán’, inculcándole una visión política e ideológica del movimiento paramilitar, que les permitió construir una afinidad ideológica y una estrecha relación personal

Una vez se acordó con el Gobierno Nacional la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las Auc, el Bloque Elmer Cárdenas tomó distancia de las negociaciones de Santa Fe de Ralito, Cordoba, y no admitió esos acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de las Auc. Esas diferencias se agravaron cuando Vicente Castaño ordenó la muerte de su hermano Carlos en 2004, como muestra de su respaldo al ala más narcotraficante de las entrañas del paramilitarismo.

Varios meses después del asesinato de Carlos Castaño, la comandancia del Bloque Elmer Cárdenas planteó un esquema particular para dejar las armas y acogerse al plan de desmovilización y reinserción ofrecido por el Gobierno Nacional. Juan García, asesor político de esta estructura y hermano del asesinado paramilitar Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, propuso lo que llamaron el “Proyecto de Alternatividad Social” (PASO) como “columna vertebral” de la desmovilización en Urabá.

“La idea es que se desarrollen proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos”, dijo García en 2005. “Que con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política de ‘El Alemán’ es que en cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participen las comunidades”.

Las evidencias permiten concluir que la propuesta del jefe paramilitar de integrar la participación del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y a los empresarios y campesinos en un solo plan agrario fue llevada a la práctica.

En su momento, el PASO recibió fuertes críticas por representantes de organizaciones de víctimas y derechos humanos, quienes denunciaron que el programa implicaba legalizar las tierras que quedaron en manos de paramilitares, repobladores apoyados por ellos y testaferros, mientras que las víctimas quedarían como mano de obra teniendo a sus propios victimarios como patrones.

Una investigación basada en informes de riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia realizada por el programa La Noche, del canal privado de televisión RCN, concluyó que a través del PASO los paramilitares quisieron “consolidar su poder económico” y “establecer un nuevo orden social que produzca la ejecución de proyectos productivos”.

Documentos consultados y testimonios escuchados por VerdadAbierta.com indican que el Bloque Elmer Cárdenas inició los proyectos productivos asociados al PASO por lo menos tres años antes de su desmovilización, ocurrida en agosto de 2006. Estos mismos proyectos agroindustriales son los que terminan recibiendo el apoyo de Acción Social y del Plan Colombia a pesar de fuertes indicios de sus relaciones con estructuras paramilitares y cuestionados inversionistas.

Juntas de acción comunal, semillas de la parapolítica

La injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la actividad política de Urabá fue planeada con paciencia. En el año 2000, cuando los paramilitares habían consolidado su poder, alias ‘El Alemán’ envió una delegación a una finca de la Casa Castaño en Córdoba. Más que una reunión, el encuentro fue un taller. Carlos Castaño había creado un movimiento social que se conoció como Clamor Campesino Caribe.

El propósito del taller era que los hombres de ‘El Alemán’ aprendieran de esta organización y crearan un movimiento paralelo en Urabá, que llamaron “Poder Popular Campesino”. Después del taller en Córdoba, este bloque entrenó un grupo de paramilitares rasos en una escuela abandonada de Necoclí para convertirlos en Promotores de Desarrollo Social (PSD).

En una versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, alias ‘El Alemán’ explicó que los Promotores de Desarrollo Social eran “muchachos que habían sido heridos en combate. Ellos desarrollaron trabajo comunitario y tenían una formación mínima en cooperativismo, conocían cómo formar una junta de acción comunal, cómo se podría hacer una veeduría ciudadana, empoderando entonces a los presidentes de acción comunal y dándoles vida jurídica”.

El entrenamiento de los PDS fue bastante completo según las versiones de un desmovilizado: “ingresaron a unas jornadas de capacitación donde se veía temas como leyes comunales de creación de Juntas de Acción Comunal, todo el tema de participación ciudadana, trabajo social…” Además de ayudar la creación de Juntas comunales, los PDS también eran “rompe hielos” entre “la parte política-social, concejales, alcaldes, y presidentes de juntas de acción comunal con la comandancia del Bloque”.

El testimonio de otro desmovilizado resalta que el trabajo de los PDS incluía “trabajar, asesorar, y acompañar las juntas de acción comunal para su buen desarrollo y sus actividades cotidianas, elaboración de puentes, cofinanciación de obras entre la comunidad propias, del municipio y de la organización, porque hicimos obras en conjunto. Un 90% de las vías las hicimos entre la comunidad y la organización”.

Fue en parte por el trabajo minucioso de los PDS que el Bloque Elmer Cárdenas pudo captar la atención política en la región. Las juntas de acción comunal se convirtieron en incubadoras de políticos, quienes trabajaban con el aval y la complicidad de esta estructura paramilitar. Las juntas también fueron utilizadas como reservas de peso electoral. Con las elecciones del 2001, según El Alemán, “se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal”.

Revelando el contenido poco democrático del proceso, “El Alemán” ha explicado cómo se escogían los candidatos para alcaldías: “por cada municipio de Urabá y Córdoba la idea era tener dos candidatos. Un candidato de preferencia afín a las ideología de las Auc, y un candidato de poco peso político que pudiéramos poner en la contienda”. Un ex promotor social le dijo a la Fiscalía que “desde el año 2001 en adelante todos los procesos de elección concejales y alcaldías fueron de la mano con aval y apoyo del comandante ‘El Alemán’”.

En las versiones libres de Justicia y Paz han surgido acusaciones contra políticos que concretaron acuerdos con el Bloque Elmer Cárdenas para recibir apoyo electoral, logístico y financiación para sus campañas. Por tal motivo fue que la Fiscalía dictó sendas medidas de aseguramiento en el año 2010 contra por lo menos 25 dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Todos ellos han sido acusados de pactar acuerdos con este bloque paramilitar como parte de la alianza política llamada “Por un Urabá Grande, Unida y en Paz”. Documentos de la Fiscalía señalan que esta organización ilegal también tuvo proyectos paralelos en el Chocó y Córdoba, llamados respectivamente el “Proyecto Político del Darién Chocoano” y el “Proyecto Marizco” (Margen Izquierda de Córdoba).

‘El Alemán’ explicó que delegó a Jorge Pinzón, un fallido aspirante a la Asamblea de Antioquia, para coordinar los proyectos políticos. El movimiento del “Urabá Grande”, según la aclaración de un paramilitar desmovilizado, fue financiado por un 70% por el Bloque Elmer Cárdenas y el otro 30% por las alcaldías.

Con sus simpatizantes políticos articulados en diversos cargos públicos de elección popular, el Bloque Elmer Cárdenas se aprovechó tanto de los proyectos productivos como de las finanzas públicas de los municipios bajo su control. Como declaró un desmovilizado: “en el norte de Urabá teníamos relación con todos los concejales de los municipios del norte con absolutamente todos, reunían con el comandante ‘Alemán’ o los PDS para gestionar un proyecto, o para evaluar la gestión de proyectos presentados ante el concejo municipal”.

Asocomún: ‘Ong de los paras’

El dominio político, económico y social del Bloque Elmer Cárdenas se logró a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización no gubernamental creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como ‘Germán Monsalve’ y hermano de alias ‘El Alemán’.

De Acuerdo con sus estatutos, Asocomun pretendía convertirse en un actor central del “desarrollo integral sostenible de las comunidades asociadas, mediante la participación, concertación y gestión en proyectos sociales, económicos, educativos, de salud y ambientales”. Para lograr ese propósito buscó “canalizar recursos del sector público y privado, a través de proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de los asociados de Asocomun, buscando financiación de entidades competentes de carácter nacional e internacional”.

Se creó entonces el proyecto Tulapa Horizonte de Esperanza, con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de Asocomun, logrando que esta iniciativa fuera inscrita en el programa Familias Guardabosques, dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.

Con el respaldo armado, Asocomun consiguió tan alto nivel de institucionalidad, que consiguió apoyos de las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Antioquia, la Universidad Autónoma de Manizales y varias empresas de la región.

También logró reconocimiento internacional al ser elegida en el año 2006 como uno de los veinte finalistas del concurso Experiencias de Innovación Social, patrocinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

Adicionalmente, el congresista César Andrade, preso por sus nexos con grupos paramilitares, condecoró a Asocomún con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, el reconocimiento civil más alto de la Cámara de Representantes de la República, en “reconocimiento a su labor en pro del desarrollo social de comunidades”.

‘Germán Monsalve’ mantuvo un bajo perfil, incluso para las autoridades. “Don Germán”, como le decían en la zona de Urabá, aún es recordado como un pastor evangélico a quien le gustaba regalar Biblias en las reuniones que presidía. A la par de esa reputación, también era de conocimiento en la región de su papel dentro del Bloque Elmer Cárdenas y de las Accu.

Ever Velosa, alias ‘HH’, jefe del Bloque Bananero del Urabá, declaró ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que ‘Germán Monsalve’ tuvo mucha injerencia en las decisiones de la Casa Castaño y era “una persona que era escuchada y respetada en las autodefensas”. Estas sospechas fueron corroboradas cuando el pastor evangélico y líder paramilitar se entregó en Ciudad de Panamá en el 2009 a la justicia de Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Pero sería a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se conocerían los alcances de Asocomun y el papel de ‘Germán Monsalve’. Se trata de la sentencia dictada contra el ex senador Antonio Valencia Duque, quien admitió sus relaciones con grupos paramilitares en Urabá y se acogió a sentencia anticipada.

En la argumentación del Alto Tribunal se dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región.

Valencia Duque se valió del Programa de Familias Guardabosques, impulsado por Asocomún, para lograr la votación suficiente en las elecciones del 2006, que le permitirían llegar al Senado, en reemplazo de Álvaro Araújo cuando éste renunció por las investigaciones de la parapolítica.

Lo que se demostró es que el político antioqueño asistió a varias reuniones con ‘Germán Monsalve’ y dirigentes políticos del Urabá en las que se pactaron acuerdos políticos. Lo que se recuerda en la zona es que los participantes de estas reuniones salían con “Biblia y poncho en la mano”.

Entre el 2004 y el 2007, Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales y alcaldías de Urabá, el Incoder, Acción Social, el Ministerio de Agricultura y Corpourabá. El valor constatado por VerdadAbierta.com de varios de esos contratos asciende a 1.607 millones de pesos.

Asocomún también parece haber recibido fondos del Plan Colombia por vía indirecta de un proyecto de cacao y caucho en el municipio de San Juan de Urabá financiado con 375.167 dólares de USAID. Un informe de USAID del 2006 estudiando la viabilidad del proyecto menciona a Asocomún como una posible “asociación productiva” para llevar a cabo la iniciativa.

Aunque los documentos de USAID no vuelven a mencionar esta organización, informes de la Fundación Codesarrollo de 2009 demuestran la participación de Asocomún. La cooperativa de productores que recibió una donación de USAID contrató a Asocomún, sin dejar claro en qué condiciones, como “organización gestora acompañante”.

Los informes de Codesarrollo aseveraron que la participación de Asocomún fue desastrosa, dejando “a la deriva su participación en la coordinación de las actividades restantes de la alianza”. También denunciaron que Asocomún “no realizó los pagos al coordinador y la secretaria del proyecto que tenían establecidos en la zona de la alianza. Esto propició que las dos personas renunciaran a sus cargos desde finales de diciembre 2008 y entablaran un demanda jurídica contra Asocomún”.

Los tentáculos del Bloque Elmer Cárdenas también penetraron el sistema de salud con la creación de la empresa Organización para la Salud, Ltda. (Orsalud). Según las explicaciones de un desmovilizado, “esta empresa se forma cuando se hace un convenio y reunión en el corregimiento de Las Platas, vereda El Volcán, del municipio de Arboletes, entre el señor ‘Alemán’, Carlos Carrillo, llegando al acuerdo que el Gerente de la Endisalud nos iba dar los contratos de promoción y prevención de los municipios de Necoclí, Arboletes, Los Córdobas, Canalete y San Pedro de Urabá”.

Otras denuncias ante la Fiscalía añaden que en la Alcaldía de Arboletes, bajo la administración de William Saleme Petro, hoy detenido por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, en especial a Freddy Rendón Herrera, dando el 40% del presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y Emdisalud de Montería.

La misma denuncia sobre Saleme Petro menciona “dineros que extrajo contratos del alumbrado público, el plan maestro del acueducto y alcantarillado, el contrato de recolección de basura” y hasta el “contrato para la construcción del parque de la no violencia”.

Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.

El negocio de la Multifruits

Entre la carpeta de proyectos económicos que impulsaba John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, se encontraba el de la explotación de plátano en alianza con la firma Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., una empresa en la que tuvo intereses el Bloque Elmer Cárdenas y presencia en su junta directiva.

Multifruits se constituyó el 24 de julio de 2001 en Cartagena mediante la escritura pública número 1593. Inicialmente fue elegido como representante legal Carlos Nikolai Strusberg González, pero el 5 de mayo de 2004 se conformó una nueva junta directiva en la que se nombraron como miembros principales Juan Manuel Campo Eljach, Berly Fernández Mattos y John Jeremías Pinto Rodríguez; y como suplentes, Juan Carlos Marrugo Velásquez, Cesar Cárdenas Rendón y Andrés Tamayo Agudelo. Como representante legal fue nombrado Juan Manuel Campo Eljach.

Campo Eljach es parte del clan político de los Cuello Campo del Cesar; además, fue ex miembro del Directorio Nacional del Partido Conservador y fue fórmula a la Cámara de Representantes de Alfredo Cuello Baute para las elecciones del 2010. Entre los nuevos inversionistas mayoritarios de Multifruits aparece también César de Jesús Cárdenas Rendón, hermano del fallecido paramilitar Elmer Cárdenas.

Las operaciones comerciales de Multifruits se concentraron en el municipio de Necoclí, donde adquirieron una finca conocida como El Atravesao” de 279 hectáreas, donde se sembró plátano para la exportación. La historia de la propiedad de este predio muestra que inicialmente fue un baldío adjudicado por el Incora en 1983 a Ramiro Arango Jaramillo; en 1985 le fue transferido a Virginia Díaz viuda de Arango, quien el 19 de enero de 1998 le vendió por 34 millones de pesos a Elmer Cárdenas, lo que sorprende pues este paramilitar había muerto un mes antes en combates con la guerrilla de las Farc.

En la cadena de irregularidades también queda en evidencia que Elmer Cárdenas transfiere el predio el 16 de abril de 2004 a su hermano y socio de Multifruits, Cesar Cárdenas Rendón por 30 millones de pesos. Finalmente, dos meses después, éste último le vende la finca a la empresa comercializadora por 200 millones de pesos, transacción que se registró el 16 de junio de 2004.

Campesinos desplazados consultados por VerdadAbierta.com en Urabá denunciaron que el manejo de las operaciones de Multifruits eran coordinadas por John Jairo Rendón Herrera, alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy. Lo que dicen los denunciantes es que ‘Germán Monsalve’, a través de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), entregaba créditos y otros apoyos a los labriegos para la siembra de plátano para Multifruits.

“Pero los campesinos empacaban y empacaban plátano y él nunca rebajaba la cuenta. Entonces la gente se mareó de esa vaina y no quiso empacar más”, dijo un desplazado quien insistió en la reserva de su identidad. “Este señor Monsalve hizo una reunión y decía que vendían a las buenas o las malas y a muchos de los que debían más le quitaron los títulos de las fincas”. Según este campesino, unos 300 campesinos se endeudaron con ‘Germán Monsalve’ y por lo menos 120 familias tuvieron que dejar sus tierras.

Mientras tanto, Multifruits firmó un contrato de comercialización por siete años con un valor potencial de $6.2 millones de dólares con la multinacional Del Monte y su filial local C.I. Conserba S.A. El contrato, firmado en agosto del 2004 por Jose Antonio Yock, en representación de Del Monte, menciona que “la productora dispone de una finca ubicada en Necoclí” y se comprometió a entregar 2.000 cajas de plátano por semana a partir de enero 2006.

Al año siguiente, Multifruits firmó otro acuerdo para una alianza estratégica con Adán Quinto, el supuesto representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica. Pero años atrás las comunidades lo habían destituido de su cargo por corrupción y su complicidad con la explotación ilegal de madera por parte de Maderas del Darién S.A.

La Corte Constitucional respaldó la destitución de Quinto en una sentencia del 2003. Sin embargo, a espaldas de la comunidad, Quinto comprometió 20.600 hectáreas del territorio colectivo (casi 25 por ciento del título) por un periodo de 50 años en el contrato. Aún está por determinar si durante este proceso Multifruits obtuvo algún beneficio del Incoder que en esa época estaba bajo la dirección de Rodolfo Campo Soto, tío de Juan Manuel Campo Eljach, representante legal de la compañía.

Las repetidas denuncias de la comunidad y las resoluciones del Ministerio del Interior sobre los territorios colectivos frenaron la alianza estratégica del Cacarica. Con Multifruits en la mira de las autoridades y su evidente participación en actividades controversiales, Del Monte canceló los contratos con esta compañía, lo que derivó en la liquidación de la sociedad en septiembre de 2007.

Denuncias que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación señalan a alias ‘Germán Monsalve’ como el coordinador de los proyectos de Multifruits. Testigos advirtieron que lo vieron en reuniones en el Cacarica promoviendo la alianza estratégica entre la comunidad y la comercializadora de plátano en el sitio conocido como La Balsa, una antigua base paramilitar.

El acta de liquidación de Multifruits reconoció la participación de Asocomun en el proceso de comercialización y le agradeció por ser “la entidad que permitió el acercamiento del trabajo y apoyo social del modelo asociativo comunitario de perfil privado”.

Plan Colombia: Madera y Caucho

Meses antes de la disolución de la Comercializadora Internacional Multifruits y Cia Ltda., las actas de la compañía mencionan a Luis Alfonso Jaramillo Muñoz como asesor de negocios y desarrollo empresarial. Y cuando la junta decidió liquidar la sociedad, lo nombraron como agente liquidador para manejar la disolución. Al mismo tiempo, Jaramillo presidía como gerente de otra empresa con extensos negocios en Urabá, la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria, Incuagro.

Incuagro es una empresa mixta creada por iniciativa del programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos y cofinanciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El propósito de este proyecto fue la creación y capacitación de compañías agropecuarias y su fortalecimiento empresarial apoyado por el programa contra cultivos ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Bajo la dirección de Jaramillo, Incuagro se vinculó como socio mayoritario en cuatro compañías en el Urabá: dos de reforestación y dos de caucho. Las empresas fueron establecidas a finales del 2005 después de un foro del programa Familias Guardabosques en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. De ese encuentro surgieron las empresas El Indio y La Gironda, que se dedicarían a la reforestación comercial de maderas como teka, acacia y melinda. También se conformaron dos productoras de caucho, Procaucho y Caucho San Pedro.

Incuagro invirtió en esas cuatro empresas 24 mil millones de pesos. Entre los que suscribieron capital en El Indio también aparece en el registro Multifruits con una inversión de 200 millones de pesos. Otro socio de las empresas es el ganadero Benito Osorio Villadiego, quien ha sido relacionado con grupos paramilitares y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Bajo su administración, el Fondo Ganadero de Córdoba invirtió 809 mil millones de pesos en las dos caucheras.

Antes de constituirse como empresas de carácter privado, El Indio y La Gironda surgieron en el 2003 como proyectos pilotos del Programa Familias Guardabosques de Acción social. El mismo año, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), como parte del Plan Colombia, empezó a estudiar la posibilidad de apoyar el Programa de Familias Guardabosques. En un informe publicado en el 2004, esta agencia norteamericana se refirió a Asocomún como “colaborador clave” para el desarrollo de proyectos forestales en Turbo y Necoclí.

Es así como en el 2004 ambos proyectos empezaron a recibir la cooperación de USAID. Una de las particularidades de este apoyo es que El Indio y La Gironda recibieron 402 mil dólares en donaciones para un proyecto de 1.200 hectáreas una semana antes de la desmovilización definitiva del Bloque Elmer Cárdenas, realizada en agosto de 2006. Los informes de USAID también indican que donaron 300 mil dólares a las caucheras Procaucho y Caucho San Pedro para fortalecer un cultivo de 1.100 hectáreas.

En una entrevista con VerdadAbierta.com realizada en 2009, alias ‘El Alemán’ reconoció la participación del bloque en proyectos productivos ligados a la erradicación de coca y admitió que fueron coordinados por su hermano ‘Germán Monsalve’: “Arrancó el proceso, yo entré a mediar porque los cachacos no querían erradicar y me tocó que las tropas nuestras arrancaran la coca. … Empezaron a trabajar en Asocomún y le dije a mi hermano que trabajara con ellos”.

Cuando VerdadAbierta.com solicitó una entrevista con representantes de USAID pidiendo aclaraciones, primero insistieron en recibir las preguntas por escrito y finalmente se negaron a responder.

Según ‘El Alemán’, después de que Asocomún ya se había involucrado en los proyectos de Tulapa, “se recibió la visita del embajador de Estados Unidos y se empezaron a desarrollar programas de caucho, madera, cacao, con el apoyo de Acción Social. Luis Carlos Restrepo me envió un correo en el que decía que el 28 de diciembre de 2005 debía reunirme con Victoria Eugenia Restrepo, encargada de la erradicación”.

Esta reunión, según el jefe paramilitar se había realizado en la finca La Virgen del Cobre, un predio ubicado en Necoclí y de propiedad de José Antonio Ocampo, alias “Pelusa”, un viejo socio del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Victoria Eugenia Restrepo Uribe fue la coordinadora nacional del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) bajo el gobierno de Álvaro Uribe. En un discurso dado en Santa Marta el 4 de octubre de 2007, el mandatario la calificó como la “mamá de las Familias Guardabosques”.

Como presidenta del PCI, Restrepo Uribe participaba en reuniones de la junta de Incuagro. De las actas registradas por la compañía a principios del 2006, se infiere que Restrepo hizo un fuerte lobby para que Incuagro apoyara los proyectos del Urabá.

En el año 2008, Restrepo Uribe se vio comprometida en unas grabaciones de conversaciones telefónicas que tuvo con el empresario Juan Felipe Sierra, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Marco Antonio Pedreros, y el director encargado de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio. Las conversaciones salpicaron a todos los involucrados por posibles relaciones con otro hermano de ‘El Alemán’, se trata de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. Por estas relaciones, Valencia Cossio fue condenado a 15 años de cárcel; Pedreros fue destituido; y Sierra Fernández ha venido siendo procesado por la justicia, sin que se haya resuelto su situación.

Según la revista Cambio, las autoridades también tenían sospechas de posibles nexos entre Victoria Eugenia Restrepo y la mafia. Citando fuentes anónimas de inteligencia, la revista resaltó: “En el caso concreto de Restrepo, les intrigaba [a las autoridades] por qué su oposición sistemática a la fumigación de cultivos de coca en Antioquia y Córdoba, en áreas de influencia de Daniel Rendón, ‘Don Mario’”.

Restrepo Uribe ha negado de manera enfática en diversas ocasiones cualquier relación con estructuras criminales y ha explicado que su cargo no le daba autoridad alguna para impedir fumigaciones de hoja de coca. Sobre sus relaciones con Sierra también ha precisado que eran amigos de infancia e insistió que a Valencia Cossio lo conoció recién el mismo día de la conversación. Explicando por qué Asocomún termina ganando un contrato del PCI por 467 millones de pesos para acompañar el Programa de Familias Guardabosques, la funcionaria explicó que esta organización no gubernamental dirigida por ‘Germán Monsalve’ fue la única entidad que se presentó para la solicitud y que no sabía que él era hermano de El Alemán.

La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema contra el ex senador Ramón Antonio Valencia Duque por parapolítica incluyó datos importantes sobre la trayectoria de los proyectos agroindustriales del Urabá. La Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”.

La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. La sentencia rastreó la trayectoria de un pacto donde ‘El Alemán’ ofrecía apoyo político, logístico y financiero a las campañas de Valencia.

Mientras tanto, el político conservador hacía un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques asunto que, según la Corte, “explica por qué posteriormente el congresista tuvo un inmenso crecimiento electoral en esas localidades”. De hecho, los votos obtenidos por Valencia Duque en los municipios de Urabá entre las elecciones del 2002 y 2006 crecieron por casi un 2.000 por ciento.

El testimonio de Sandra Suárez, la entonces Alta Consejera Presidencial para el Plan Colombia, dio clara confirmación ante la Corte que “la inclusión del Urabá al Programa Familias Guardabosques, en los municipios de Necoclí y Turbo, fue iniciativa del congresista Ramón Antonio Valencia Duque”.

Como somos un grupo que no se rinde, remodelamos unas salas que el Municipio facilitó y las convertimos en la primera Sala Cuna de la Legua Emergencia, que bajo la administración de Integra tomó el nombre de un sacerdote querido por el barrio: Mariano Puga. Fue nuestro pequeño aporte a la mejora del hábitat. La reconstrucción de las viviendas tendrá que esperar hasta que alguna autoridad tenga la audacia para establecer los mecanismos legales que la hagan posible. En esta década, no hemos podido contribuir a mejorar el hábitat como queríamos, pero si hemos podido acompañar la construcción de muchas vidas. En la inauguración de la Sala Cuna, a fines del 2006, el Padre Gerard Ouisse preguntó si en cinco años las cosas mejorarían para la Legua Emergencia, nosotros apostamos a 20 para hacer un quiebre intergeneracional.

De Zárate, de Catalina, de Colchero, de allí, de todos los pasajes – donde el imaginario colectivo ha situado el mal – se fueron sumando niños y niñas, fueron siguiendo el dulce sonido de la flauta, era el tutor quien les llamaba, y ellos sabían que era la hora del coro. Al llegar al Centro Comunitario de la Legua, les esperaba el Director del coro para iniciar el trabajo. Estuvieron inquietos, se demoran en sincronizar sus pequeñas vocecitas, pero cuando lo lograron, resultó una experiencia bella.

Están recién empezando, pero ya se ve que será el mejor coro de Chile y eso no es todo, la próxima semana empezaremos el trabajo para formar la orquesta infantil, que por supuesto, será la mejor orquesta de Chile, porque así de bueno es el ADN de los niños en la Legua Emergencia, sino, vean al Club Infantil Bamban Zamorano, es el mejor equipo de futbol infantil ¡¡¡son tricampeones y no solo eso, le ganaron a la sub-13 del Real Madrid en su propia cancha!!!
Solo se necesitan las mediaciones correctas para que toda la potencia del ADN Leguino se exprese.

Los niños no son conscientes de ello, ellos solo disfrutan el cantar, pero nosotros lo sabemos: este coro de voces blancas, cristalinas, tiene la potencia para acallar ese ruido colectivo, maniqueo, que rumorea que por vivir en la Legua Emergencia y además ser hijos o familiares de personas encarceladas, están condenados a iniciar carreras delictivas.

Este es un ruido terrible. Si se piensa que la efectividad del Ministerio Público en la Legua Emergencia ha sido notable, y en la desarticulación de la casi totalidad de los clanes ligados al mercado de drogas ilícitas, ha puesto en la cárcel a centenares de mujeres y hombres; entonces, esta condena alcanza a cientos de niños y niñas.

Voces blancas en un mundo oscuro, cuerpos frágiles como un volantín, que soportan estoicamente la ausencia de sus padres y/o madres. Les hemos visto sufrir dolor, vergüenza, rabia por los delitos de sus padres. No obstante no bajan la frente, afortunadamente, lo ominoso del estigma, aún no los toca, afortunadamente ellos están en otra, están afanados construyendo una carrera ascendente, no la carrera descendente que se predice para ellos en la tribuna pública. Esta generación de niños de Legua Emergencia ha recobrado el valor de la Educación, y la expectativa de cambiar la trayectoria familiar, moviliza a sus adolescentes a completar la Enseñanza Media y a prepararse para ingresar a la Educación Superior.

Esto no era así en el 2001. Cuando llegamos, la única escuela municipal del sector fue cerrada por falta de alumnos e inasistencias. Sin embargo, la demanda más sentida de la comunidad, era educación para sus niños. El Censo del 2002 indicó que el 57.9 % de la población de 18 y más, tenía 8 o menos años de escolaridad. Que duda cabe, que en un tiempo de grandes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales, la baja escolaridad dificulta la inserción en el mercado laboral formal y en casos extremos es terreno fértil para el desarrollo de estrategias de supervivencia al margen de la Ley.

Al finalizar la década, hemos hecho un análisis de la Ficha de Protección Social de la Legua Emergencia, que cubre el 91% de la población entre 0 y 18 años, y hemos encontrado que, a pesar que el 76.3 % de las familias se encuentran en el Quintil 1 de Vulnerabilidad, el 93.5% de la población entre 15 y 17 años se encuentra estudiando. Hay que destacar que no se puede ser más vulnerable que el Quintil 1, lo que significa que, a pesar del cúmulo de adversidades, las familias de la Legua Emergencia están haciendo bien la tarea reproductiva, asegurando un mejor desarrollo para sus niños y niñas. Es probable que el Censo 2012 refleje una mejora significativa en el nivel educacional de la Legua Emergencia, producto de políticas públicas implementadas en esta década, del esfuerzo de las familias, de los niños y niñas, y de múltiples instituciones que estamos contribuyendo a ello. Pero también es probable que en el 6.5 % de adolescentes que aún se mantiene fuera de la escuela, haya algunos atraídos por lo ilícito. En ellos hay trazas del daño que produce la exclusión extrema, que no es solo bajos ingresos, es una pobreza más compleja, que requiere un abordaje también complejo.

Así lo comprendieron los diseñadores del Programa Abriendo Caminos, que en el 2008 institucionalizaron una protección especializada para el grupo de niños entre 0 y 18 años, hijos y familiares directos de personas privadas de libertad. Este programa es un componente del Sistema Chile Solidario de MIDEPLAN. En la actualidad 213 niños y niñas de la Legua Emergencia están protegidos por este Programa. En su ejecución, hemos constatado externalidades muy positivas para el cambio de las trayectorias de sus padres que han cumplido su condena y regresan al barrio. Este no es un dato menor, ya que las condenas se cumplen y así como hay encarcelamientos masivos también habrá egresos masivos. Sin ningún reparo podemos afirmar que las personas que salen de la cárcel quieren normalizar su vida lejos del delito, muestra de ello es el constante flujo que tenemos de la demanda por limpieza de antecedentes y la postulación a trabajos formales.

Diga lo que diga la opinión pública, en la Legua Emergencia ya están en marcha procesos de transformaciones profundas, y es responsabilidad de todos cuidarlos. Podemos concordar que en términos de seguridad pública, aún no sale del estado crítico, y que episodios de violencia como los vividos en marzo, ponen en entredicho los avances en este ámbito. Pero con todo, la situación de inseguridad está lejos de asemejarse a la del 2001 y mucho más lejos de las favelas o Juárez. La Prensa ha demostrado que la Legua Emergencia es absolutamente transparente para el Ministerio Público y las policías, que los grupos vinculados al mercado de las drogas ilícitas que aún no han sido encarcelados son pocos, de menor importancia y que las personas que tienen armas están plenamente identificadas.

El trabajo duro ya está hecho, los procesos de transformación social ya están instalados, por lo tanto, lo esperable es que la intervención anunciada, sea hecha con láser y no con un garrote masivo. También es esperable que el aspecto social de la intervención no sea una zanahoria, sino un abordaje definitivo y sostenido de los problemas de fondo por parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el Ministerio del Trabajo. Hábitat, vivienda, habilitación para el empleo y empleo, empleo y empleo, es la dosis exacta para que la Legua Emergencia salga de la zona de vulnerabilidad.

Cualquiera sea el escenario futuro, nosotros seguiremos trabajando para que la Legua Emergencia pase de la contingencia al proyecto, proyecto cuyo horizonte sea la inclusión social y el ejercicio de derechos, es decir, ciudadanía plena para todos y cada uno de sus habitantes

Desde hace cuatro años, México está en guerra. Y como en toda guerra, los muertos se cuentan por miles. En los diarios del mundo se esparcen noticias que vienen de ese país y que hablan de drogas, balaceras, decapitados, fosas comunes. Y los caídos siguen sumando. Son niños, jóvenes, ancianos; hombres y mujeres. Todos resignados a la violencia, intimidados por matones o víctimas del discurso oficial que celebra que se maten entre ellos, que su destino es su responsabilidad. Todos esos muertos están condenados a ser sólo una cifra más en la creciente estadística. El contador ya supera los 30 mil.

Así como la inseguridad y el miedo van creciendo, también aumentan las publicaciones que se refieren al tema. Es cosa de entrar a cualquier librería mexicana para darse cuenta. Varias versiones sobre la vida de algún narcotraficante famoso o infame en las vitrinas; diferentes análisis de por qué el Estado ha fracasado en su intento por controlar los cárteles arriba del mesón; historias de traición, dinero y corrupción en los estantes; y novelas de una realidad que ya de por sí parece ficción en el mostrador. Narco por aquí, narco por allá. Y entre tanto bombardeo de libros sobre el tema, Fuego Cruzado: Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, el primero de la periodista Marcela Turati (aunque es coautora de otros dos), puede resultar una ventana de aire fresco. Incluye –porque es imposible no hacerlo– un poco de todo lo anterior, pero su foco no son los tipos de las pistolas ni los de cuello y corbata en cargos importantes. Para ella, lo esencial son las víctimas. Los que apenas tienen que ver con esa guerra y les tocó vivir en medio de esas balaceras, ser vecinos de esos decapitados o habitar muy cerca –demasiado– de esas fosas comunes.

Turati sabe bien de todo aquello. Desde hace mucho que ha estado investigando para la revista Proceso el desarrollo de esta guerra en las zonas más conflictivas de México. Y durante un año siguió las distintas historias que comprende este libro.

En la presentación, la autora dice que el proyecto “nació de la urgencia por dejar constancia de los efectos de la guerra que desde hace cuatro años ocurre en México, y para rebelarme a que los violentos acaparen los espacios en los medios de comunicación y a sus víctimas se les trate como invisibles”. Entonces, entre los protagonistas de los 12 capítulos no están ni el Chapo Guzmán ni los Beltrán Leyva ni los Zeta ni los militares ni el gobierno. Ellos son parte de la historia, del oscuro entramado que da pie a que estos relatos se puedan contar.

En cambio, las voces que configuran la historia que presenta Turati vienen de los muertos que quedaron ocultos en fosas, de los colectivos de huérfanos, viudas y lisiados por la violencia, de jóvenes que escaparon a centros para no tener que matarse entre sí, de los padres de hijos baleados, de las madres de otros que fueron levantados, de los periodistas que pelean entre colegas y medios silenciados, de los hombres que plantan la amapola y de los niños atrapados en el campo de batalla. Pero Turati no se queda sólo con las voces y testimonios. Ella las escucha, la junta y las mezcla con datos, cifras, estadísticas y fuentes oficiales y no oficiales. Con este libro, las víctimas de las que todos hablan –sin hablar precisamente de ellas– dejan de ser sólo números. Siguen estando condenados, pero se rescata su identidad.

Descargue y lea Infantes atrapados en el campo de batalla

El sacerdote francés Gerard Ouisse lleva ocho años trabajando sin tregua en La Legua Emergencia, un territorio de 5 cuadras y 11 pasajes dominado por las bandas de narcotraficantes. Conoce mejor que nadie a los que él llama “héroes anónimos” por resistirse a la plata fácil que ofrecen los que manejan el negocio de la droga. También el rostro de la impunidad y la esperanza que compiten día a día en medio de la violencia. Sabe de amenazas y balazos y se urge. Su premura está acicateada por el diagnóstico de expertos colombianos que trabajaron en la población: de no actuar ahora esto puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia. Este es su revelador testimonio.

El sacerdote francés Gerard Ouisse, lleva 8 años trabajando sin tregua en La Legua Emergencia. Años intensos en los que se ha ganado no sólo el cariño de sus feligreses, sino que también el respeto de delincuentes y narcotraficantes del sector.

Cercano a las siete décadas, su coraje y entusiasmo se mantienen intactos. Y no es fácil. Porque en la guerra que libran las bandas de delincuentes en las calles y pasajes de la población, ser sacerdote no lo exime como blanco.

-En la capilla que tenemos en La Legua Emergencia yo contaba los impactos de balas. Hace dos años dejé de contarlos. Y llevaba 200 tiros. Las balaceras son una locura, ya que se dispara hasta con silenciador y con un alto poder de fuego. Dejan unos hoyos tremendos en las paredes –cuenta Gerard Ouisse.

A pesar de la gran labor social que realiza, este sacerdote reconoce que la batalla contra los narcotraficantes que controlan la población, no ha tenido el resultado que esperaba.

-La batalla contra la droga ya la perdimos. Ahora estoy viendo qué puedo hacer para que se controle el armamento que se maneja aquí. Con esas armas quienes se llevan la peor parte son la gente inocente y buena que vive aquí –dice sin rodeos.

Para Ouisse, las operaciones de los últimos meses de policías y fiscales han sido positivas, pero es claro en señalar que son “insuficientes”, que no terminan con el problema central de la violencia que viven a diario los vecinos. Y ello porque él sabe como pocos los nuevos problemas que éstas crean.

-Por ejemplo, la operación del cortejo fúnebre fue un éxito. Pero yo no puedo dejar de mirar que esas detenciones dejaron muchos hogares sin cabeza. Al día siguiente había varios niños solos. La mayoría ya tenía a su padre preso y ahora se llevaban a su madre. Y qué pasa: los jóvenes que se quedan solos ocupan el rol que dejaron sus progenitores. Forman pandillas y comienzan las batallas territoriales por quién se queda con el control del negocio.

El sacerdote tiene claro lo que se necesita: “Una intervención que no solo contemple llevarse gente presa, sino que sobre todo, traiga a la población una educación de calidad. Los niños aquí están marcados por la violencia. Se necesitan profesionales especializados, no cualquier tipo de profesor”.

-¿Y qué herramientas tiene usted para combatir la atracción que ejercen sobre los jóvenes las bandas de narcotraficantes con todo su dinero y la fuerza que dan las armas?
Soy el “pastor” de todos los que viven en la Legua. También de los narcos a los que les digo en la calle “dejen de vender la droga”. Porque nuestro combate es competir contra los narcos en el reclutamiento de jóvenes. Ellos les ofrecen dinero, armas y droga; y nosotros talleres, centros de rehabilitación, arte, teatro, baile, deporte. Atraerlos con actividades que los saquen de la violencia. La Legua Emergencia está totalmente controlada por un grupo pequeño de narcotraficantes que ha sabido comprarse poco a poco a familias aprovechándose de las condiciones de pobreza de los que no están metidos en el mundo de las drogas.

-¿Cómo funciona ese mercado de reclutamiento familiar de los narcos?
Con familias enteras que no son traficantes pero “trabajan” para ellos. Como el narcotraficante no cocina, no lava ropa, no plancha, contrata a gente de la población para que le haga esos trabajos. Por ahí se empieza. El mismo alcalde contó que pobladores que fueron a la municipalidad a pedirle ayuda para comprar una lavadora e iniciar un trabajo independiente, resultó que el trabajo era lavar la ropa de los narcos. Otros les guardan dinero, droga y reciben su paga. Ayer mismo me encontré con una señora a la que le pregunté cómo le iba en el nuevo trabajo que se había conseguido fuera de la población. Me respondió que dejó el trabajo porque lo que ganaba en un mes afuera, aquí en la población lo ganaba en un día.

El párroco de La Legua conoce cientos de historias similares:

-Hay un señor de la parroquia que necesita operarse con urgencia de la pierna. Le dieron el número 180 en la lista de espera. Para esa operación le dijeron que están operando a una persona al mes. Así, tendrá que esperar 180 meses. Cuando este señor contó aquí su caso, a los pocos días le empezaron a llegar otras propuestas de “trabajos” para que pueda obtener dinero y operarse en el sistema privado.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS COLOMBIANOS

Gerard Ouisse está inquieto. No se permite tregua en la búsqueda de caminos y soluciones para los habitantes de La Legua Emergencia. Cuenta que unos expertos colombianos que tienen programas de prevención para zonas de riesgo similares en Colombia, después de pasar 12 días viviendo en La Legua Emergencia, llegaron a una conclusión:

-Su diagnóstico fue que aún se está a tiempo de parar la violencia, que se está en un buen momento, porque hay desarticulación; pero que de no aprovecharlo, el problema puede terminar en unos años más en lo que se convirtieron las poblaciones más peligrosas de Colombia.

-¿Alguna vez fue usted amenazado?
Sí, hace 3 años, cuando la cosa estaba muy mal y habían matado varias personas. Yo organicé con gente de la parroquia unas manifestaciones por las calles con pancartas que decían: “Tenemos derecho a la paz”, “Dejen de matar”, “Respeten la vida”. A los pocos días detuvieron a “Los cara pelota” y hubo gente que empezó a decir que yo había hecho la denuncia. Esa misma noche vinieron a la parroquia y dispararon. Me pusieron guardia policial, pero al final otro narco dio el anuncio: si me tocaban, iba a tomar venganza. Ahí se acabaron las amenazas.

-Pero al igual que muchos vecinos, el miedo lo conoce a diario. ¿Es así?
A mí me respetan, pero igual debo confesarte que muchas veces he sentido mucho miedo. El año pasado, cerca de la 1 de la mañana, me golpean la puerta a los gritos. Una señora me pedía que fuera a su casa porque habían matado a un joven. Fui y cuando entré a la casa me encontré con el pololo de su hija muerto. Era el tercer asesinato del menor que lo mató y que dejó a otro joven con dos tiros en la pierna. Todos lloraban. Rezamos para que se tranquilizaran un poco y después llamaron a los carabineros.

Otra vez, estaba preparándome para la misa y llega un señor grande vestido con una manta de huaso. Me dice que quiere entregarme algo. Lo llevo a mi oficina. El señor se levanta la manta y debajo tenía al menos 10 armas. Las puso sobre la mesa y me dice: “Vengo a entregarle estas armas para no arrepentirme después. Me contrataron para matar a una persona, pero no lo quiero hacer. Prefiero entregarle a usted las armas”. Las dejó y se fue. Nunca más lo vi.

-Usted organizó las llamadas “Marchas por la Paz” aquí en la población. ¿Cómo reaccionan los delincuentes?
La primera Marcha por la Paz fue en 2006. No pudimos terminarla. Apenas habíamos empezado y vinieron a amenazarnos. Incluso dispararon balas al aire. No podía arriesgar la vida de las personas que me acompañaban. Era época de balaceras. La segunda vez ya pudimos caminar por gran parte de la población y las siguientes hemos recorrido todo el sector. Desde entonces, siempre que muere un inocente por una bala perdida hacemos una marcha por la paz. Y con megáfono vamos gritando “¡no más balas!”, “¡no más balas!”. Hasta hicimos campañas por las ferias cambiándoles a los niños libros por armas. Otra iniciativa a favor de la paz es que todos los actos litúrgicos los hacemos en las calles. Desde las procesiones, hasta las misas solemnes.

-Usted ha seguido en su combate al narcotráfico, ¿y los delincuentes qué hacen?
Yo no me meto con ellos y ellos me respetan. Cuando hay disparos donde pueden morir inocentes, yo cojo mi megáfono, salgo a la calle y les grito: ¡respeten la vida, dejen las armas! Y hasta el momento nunca me han disparado. Pero con otras personas no es lo mismo…

-¿A qué se refiere?
-Mire, le cuento, hace un tiempo vino a visitarme el ministro de la Corte de Apelaciones Carlos Cerda. Me dijo que quería ayudar en esta lucha contra los narcos y quería comenzar a visitar La Legua. Yo le dije que lo iban a matar. No me creyó. Pero a los pocos días tres señoras de mi confianza, que estuvieron sondeando, me confirmaron que si él se metía en esta población, lo matarían. Hasta ahí pudo llegar con su intención.

-¿Es imposible entonces iniciar una ayuda desde afuera de La Legua Emergencia?
-No, pero no puede ser un acto individual. Sobre todo después de las últimas detenciones. Mire, la gente está muy desconfiada. Si no conocen a la persona que llega… Porque aquí es muy peligroso moverse. Todos saben que te pueden matar o darte una buena paliza como advertencia.

-¿Qué hacen los vecinos cuando la violencia de los narcos irrumpe y se toma las calles y pasajes?
Vivimos rodeados de violencia, pero alrededor veo personas que son verdaderos héroes. Ayer mismo vino una señora con su hija pequeña muy enferma a pedirme si la podía acercar al hospital de urgencia. Cuando estábamos en el hospital, me dice que lleva dos días sin comer. Y le estaban ofreciendo entrar en el negocio. Pero ella se resiste. ¿Hasta cuándo? Le dije que venga a la parroquia, al comedor, y muchos así lo hacen. Y resisten hasta que les surge un problema mayor, una enfermedad y ni siquiera tienen dinero para comprar un medicamento…

-Se lo escucha angustiado, padre.
Es que esta es una lucha muy desigual. Hay verdaderos héroes aquí dentro: familias que pasan mil penurias pero que no se meten en este negocio de la droga. Y sin embargo, cuando salen de aquí, cargan con todo el “estigma” de ser de La Legua.

Apenas termina la canción, de a uno se acercan al cajón para tocarlo y despedirse de su amigo. “Hermano, siempre te recordaré, fuiste pulento”, dice uno. “Isra, lo conseguiste, ¡moriste choro!”, grita el Pitilla al salir de la habitación, al tiempo que saca de entre sus ropas una pistola 9 mm. Nadie se inmuta.

En la puerta de la casa el Pitilla martilla el arma, la levanta al cielo y deja escapar los primeros balazos al aire. En sólo segundos desde todos los rincones surgen brazos armados que al unísono comienzan a disparar al aire. El ruido es ensordecedor. También intimidante para los que hemos visto estas escenas sólo en películas.

Los presentes sólo se cubren los oídos. A no más de dos cuadras está un blindado de las Fuerzas Especiales (Gope) de Carabineros de la 50ª comisaría de San Joaquín que rápidamente sale marcha atrás desapareciendo del lugar.

-Levanten el cajón en brazos. Vamos a dar la vuelta por el pasaje, de ahí volvemos y nos vamos –ordena Joseph Azola Martinez, primo hermano de Israel y quien se ha hecho cargo del funeral.

Desde el jockey a las zapatillas que viste Joseph son de marca Lacoste. En su pecho luce una gran “I” de oro con circonios. La misma que solía llevar Israel y que mandó a hacer especialmente a una joyería del centro de Santiago pagando por ella 2 millones 400 mil pesos.

Siguiendo el rito narco de La Legua Emergencia, Joseph organizó cada detalle del sepelio para demostrar su poder. Para la noche del velorio compró 35 litros de whisky Johnny Walker. Luego, pasó marihuana para hacer un “pito” de más de 20 centímetros que se dejó en un cenicero encima del cajón y que fue siendo consumido por los que vinieron a pasar la noche junto al cuerpo de Isra.

Al día siguiente Joseph repartió más de 500 balas y exhibió lo mejor de su arsenal para el ritual de despedida: pistolas 9 mm, revólveres y una escopeta calibre 12 que algunos se disputaron por su alto poder de fuego. Las 10 camionetas van que contrató para el cortejo al cementerio ya esperaban en la calle.

-Soy el encargado de recibir el pago. Son $40 mil por cada Van. Eso suma 400 mil pesos –le dice el chofer de una de ellas a Joseph.

Azola le pide a su madre que le traiga dinero. Sonia Martínez entra a la casa y sale a los pocos minutos con una bolsa del tamaño de una pelota de fútbol llena de monedas de 50 y 100 pesos.

-Aquí tienes $200 mil, el resto te lo doy en billetes –le dice Joseph al cobrador, sacando un fajo de billetes de uno de los bolsillos de su pantalón.

Las armas se guardan debajo del sillón del living y el cortejo parte. José Benito Ormeño, antiguo habitante de la población y dirigente de la asociación “Raíces de la Legua”, tiene pena por la muerte de Israel, pero algo lo incomoda. El ritual de su despedida va en contra de lo que ha sido por años su lucha: despojarse del mito de que todos en La Legua son delincuentes.

-Esta manera de mostrar status disparando y gastando tanto dinero yo la repudio. Se lo digo a los chiquillos, pero no me hacen caso. Es su manera de protestar contra el sistema, de rebelarse ante esta sociedad -afirma Ormeño.

LAS “OFICINAS” DE LA LEGUA EMERGENCIA

La Legua fue una de las primeras poblaciones obreras de Santiago que albergó a los trabajadores del salitre que emigraron del norte cuando esta industria extractiva inició su declive en el siglo pasado. La llamaron así porque quedó ubicada a “una legua” del centro de Santiago.

Y se convertiría en “La Legua Vieja” cuando en 1947 un grupo de pobladores sin casa protagonizaron allí una de las primeras tomas de terreno en la capital dando paso a “La Legua Nueva”. En 1951, la Municipalidad de San Miguel aprobó un loteo de sitios para familias que debieron ser desplazadas de poblaciones callampas emplazadas en la insalubre ribera norte del río Mapocho y de conventillos de la Manzana Alta del canal La Punta. Entonces nació “La Legua Emergencia”.

El popular barrio se convertiría en feudo de la izquierda tradicional con fiestas callejeras y una ebullición política que la marcaron a fuego. Porque en septiembre de 1973 la violencia inundó sus calles y arrasó con todas las organizaciones sociales. Los muertos de aquellos días serían el preludio de lo que vendría más tarde.

Hoy, con sus 1.093 viviendas (de 3 metros de ancho por 22 de largo) y aproximadamente 3.293 habitantes, ni la ley ni el Estado han logrado instalar un pie en La Legua Emergencia. Son sólo 5 cuadras de largo y 11 pasajes que la cruzan de norte a sur. Una superficie explosiva de 15,36 hectáreas que con sus calles sin salida y sus casas interconectadas ha conseguido poner en jaque las políticas públicas de seguridad durante los últimos diez años.

Narcotraficantes y delincuentes imponen sus reglas. Y la violencia extrema. Al interior, sin rejas pero bajo el terror permanente, cientos de familias se ven obligadas a vivir al igual que prisioneros en sus viviendas.

De las 1.093 casas, más del 10 % estarían deshabitadas, según fuentes policiales. No son casas en ruinas, sino inmuebles utilizados como “oficinas” –caletas de distribución y consumo- del narcotráfico. Una cifra que constatamos en terreno.

-En esta cuadra hay varias casas que han sido compradas por extraños. Son narcotraficantes que se las pasan a sus cómplices para usarlas como almacén. Y a veces pasan cosas muy raras. Cuando uno de los importantes cae, datea a la policía con droga que hay en otra casa. Pero son ellos mismos. Lo hacen para obtener rebajas con los ratis –nos cuenta uno de los vecinos antiguos.

Las llamadas “casas cargadas” están listas para ser usadas por un narcotraficante cuando cae detenido. Una vez que es llevado a la fiscalía, entrega el dato y obtiene atenuantes para pasar menos tiempo bajo rejas.

LOS “SOLDADOS”

A pesar de todos sus esfuerzos, los habitantes de La Legua Emergencia deben luchar a diario contra el estigma de vivir en una población cuya sola mención genera miedo y sospecha. Y también contra la tentación del dinero fácil que les ofrecen los narcotraficantes que han convertido a esa población en refugio de avezados delincuentes.

-Aquí nos conocemos todos. Sabemos perfectamente cuando entra gente de afuera y a qué viene. Por eso es que para entrar, si no vienes “recomendado” o con alguien de aquí es muy posible que te asalten. Porque aquí todos nos protegemos –me dice el primer día que ingreso al sector un hombre de no más de 30 años.

Como muchos otros, W.M. pasa varias horas al día parado en una esquina. Hoy está justo en la esquina de Sánchez Colchero con Jorge Canning, a la entrada de uno de los tres pasajes más peligrosos de La Legua Emergencia.

-¿Qué haces aquí? -pregunto

-Yo “presto guata”, compadre. He estado muy mal y me han ayudado, así que trabajo prestando guata. Ahora uno no se debe cuidar sólo de los pacos y de los ratis, hay mucho huevón brígido. (Ver glosario en la presentación multimedia)

A sus 29 años, W. M. es un “soldado” de los narcotraficantes del pasaje Sánchez Colchero. Atrás quedó su propia lucha contra la droga en un tratamiento inútil. Su trabajo es la protección y la vigilancia. De la policía y de otros “soldados” de narcos que pueden intentar robar la droga que está a la venta.

Un mes después regreso nuevamente a La Legua Emergencia. Me cuentan que W.M. anda “piola”, que se enfrentó pistola en mano a unos hermanos, pero no disparó. Ahora los dos hermanos han jurado vengarse y lo buscan para matarlo.

COMPRA DE LEALTADES

Son las 7:35 del miércoles 6 de octubre. La hora recomendada por los vecinos para recorrer La Legua Emergencia sin problemas. Entre sus pasajes de casas continuas, bajas, estrechas y de distintos colores, destacan antenas de TV cable y uno que otro auto del año estacionado en el frontis de la vivienda de su propietario. Algunos vehículos valen hasta diez veces el valor de la casa. Un curioso contraste entre pobreza y opulencia en este sector de la comuna de San Joaquín donde vive parte de ese 13,5% de las familias que según la última encuesta Casen engrosan los índices de pobreza.

A esta hora sólo se ven por sus calles niños en uniforme escolar, vecinos que salen a sus trabajos y perros callejeros. Por la mañana, los “soldados” que se toman esquinas y entradas de pasajes, los mismos que disparan a los carros policiales y hacen respetar las leyes de los narcos, duermen.

-Es la hora que usamos para sacar fotos y chequear la información sobre las casas usadas como “oficinas”. Cuando los traficantes se percatan que la policía está detrás, se cambian de casa o las pintan de otro color ya que nosotros las reconocemos por los colores. Solo en las que viven familias honestas se mantienen los números en la entrada -comenta Juan León, detective de la PDI.

Otra señal que devela la existencia de una “oficina” son las puertas de fierro. Actúan como barrera en los operativos para retrasar la entrada de los policías mientras los narcos escapan por escaleras que comunican con los techos o túneles subterráneos.

-En algunas ocasiones, después del operativo, se ha procedido a requisar las puertas blindadas. Pero al día siguiente ya la han suplantado por una nueva -afirma el subinspector de la PDI, Germán Bravo.

A las 11:25 las calles de La Legua Emergencia adquieren otro ritmo. Otra vida. Cada entrada de pasaje está ocupada por hombres de entre 20 a 40 años en actitud de vigilancia. Alertas a todo movimiento de personas y vehículos. Unos silbidos de tono corto y rápido se sienten a lo lejos. A los segundos se divisa un furgón de Carabineros que avanza lento, muy lento. Algunos de los “soldados” que custodian las esquinas hacen discretos gestos hacia un grupo que conversa en la entrada de una casa-oficina. Al instante los hombres desaparecen en su interior tras cerrar el portón de fierro.

A esta hora solo transitan quienes habitan en esas calles o tienen salvoconducto de los “soldados” o de alguna banda para entrar a comprar droga. “Aquí no se entra a vitrinear. Por eso te dije que me esperaras en Santa Rosa”, nos dice J.M., madre de varios hijos y que tiene a casi toda su familia presa por tráfico de drogas:

-Nosotros vivíamos bien. Mis hermanos trabajaban en un puesto en la feria y no nos faltaba para comer. Pero cuando te ofrecen en una semana lo que tú ganas trabajando duro en dos meses, ese dinero fácil nos tentó. Nos metimos todos y acabamos perdiendo el puesto en la feria. Ahora, cuando voy a visitar a mis hermanos a la cárcel, ellos recién se dan cuenta que no valió la pena -confiesa.

J.M. se queda pensativa. Frente a una casa del pasaje Karl Brunner un joven maniobra arriba de una escalera artesanal casi colgado de los cables de luz.

-Es el Marco Yegua, se hace sus monedas colgando a los vecinos de la luz por $30 mil. A muchos les conviene porque Chilectra no se atreve a mandar gente a descolgarlos. Lo mismo pasa con el agua. Aquí muy rara vez te cortan el agua o la luz. No se atreven a entrar. Por eso, aunque lo pasen mal, mucha gente se queda aquí: tiene ciertos privilegios y es mas barato vivir en La Legua –nos cuenta nuestra guía.

A medida que avanzamos las miradas y gestos de los que están parados en puertas y esquinas aumentan. Mi guía responde con señas de negación o con un raro movimiento de manos.

-Unos preguntan si eri rati, otros si estai buscando merca. A los primeros les dije que no y a los segundos que sí. Por eso me hacían el gesto para que les compres a ellos –me explica.

En otro pasaje me encuentro con Rosa (31). Desde hace una semana la fiebre y los dolores mantienen en cama a Miguelito (8), el mayor de sus tres hijos. Ya no queda nada que comer en su casa. Desde que nació su hijo menor, hace ya dos años, Rosa es el único sustento de sus hijos.

-Desde que mi hijo comenzó con la bronquitis tuve que dejar de ir a trabajar. Y como trabajo haciendo aseo y me pagan por día, ya no tenía a quién más pedirle prestado dinero –cuenta.

En la desesperación, decidió pedirle ayuda a su vecino. Rosa sabe que es narcotraficante y también, que en múltiples ocasiones ha ayudado a vecinas de su pasaje en problemas. A cambio de protección y ciertas complicidades.

-Me quede esperando detrás de la ventana hasta que a media mañana llegó en su camioneta. Salí muy nerviosa a la calle. Lo saludé. El ya sabía que mi hijo estaba malito. Le conté que no mejoraba, que no podía salir a trabajar y que necesitaba algún trabajo en la población para poder comprarle medicamentos y llevarlo al hospital. Se metió la mano al bolsillo, sacó $130 mil y me dijo: “Tome vecina, pero yo no quiero que se meta en esta huevada. No vaya a ser que después la detengan y se queden sus hijos tirados” –cuenta Rosa.

La mujer le agradeció. Pero se siente culpable al recordar a su marido. Una noche de viernes, cuando él volvía del trabajo en su motocicleta, lo atropelló una micro. Su esposo era nacido y criado en La Legua Emergencia y apenas salió del liceo se fue a trabajar a la misma empresa que empleaba a su padre. Muchas veces los narcos le vinieron a pedir su moto para hacer “unos encargos” a cambio de dinero, pero él jamás aceptó. “Era muy estricto con esto de la droga”, recuerda Rosa.

-Imagínese lo mal que me sentí por ir a pedirle dinero a mi vecino… ¡Pero cómo después de lo que me ayudó lo voy a denunciar! Imposible. Así como yo hay muchas mujeres y familias en esta población que aunque rechacemos esta porquería les debemos lealtad –afirma.

Carmen (37) y Luis (42) saben bien de lo que habla Rosa. Hace algunos años, cuando el matrimonio empezó a ver a narcotraficantes pasarles droga a los niños del barrio frente a su casa, decidieron enfrentarlos. Un día, Luis vio a uno de estos “soldados” (el Gigio), llevarse su bicicleta. Salió tras él y lo vio refugiarse en una casa del pasaje Zarate.

-Eran las 2 de la tarde. El pasaje estaba lleno de gente. Me acerqué a la puerta y le pedí que me devolviera la bicicleta. En cosa de segundos, el Gigio salió con un revólver y me disparó tres balazos a quemarropa. Y ya no supe más nada. Diez días después me desperté en el hospital – recuerda Luis.

En el Hospital Barros Luco el neurocirujano Mario Canitrot le dijo que un 90 % de los pacientes con la misma pérdida de masa encefálica que él tuvo, en el mejor de los casos queda parapléjico. Después de 10 días en coma, 23 días hospitalizado y 4 meses de recuperación, Luis volvió a trabajar. Y se siente un privilegiado. A medias. Porque por miedo no hizo la denuncia. Desde entonces, él y su señora prefieren “no ver” lo que ocurre más allá de su puerta. El autor de los disparos vive a dos cuadras de su casa.

Paz Ciudadana amenazada

Desde hace años la opinión pública escucha de la inminente intervención estatal de La Legua Emergencia. Como la gran operación policial que tuvo lugar en 2002 y que al poco tiempo terminó con los narcotraficantes nuevamente dueños del territorio. El año pasado, en diez operaciones y con un minucioso trabajo de inteligencia, el grupo antinarcóticos de la Brigada Criminal de la PDI de San Miguel, encabezada por Oscar Norambuena, consiguió incautar 3.148 gramos de clorhidrato de cocaína, 12 kilos de pasta base de cocaína y 27 kilos de marihuana procesada. 44 detenidos y 3 vehículos incautados completan el balance.

Las incautaciones de drogas y encarcelamiento de algunos de los que manejan el mercado de la droga han seguido alimentando la esperanza de los vecinos. Pero la percepción general de los habitantes de La Legua Emergencia apunta a que los niveles de delincuencia han aumentado en los últimos 12 meses.

Así lo reconoció en la primera quincena de octubre el 90 % de los encuestados por la Municipalidad de San Joaquín a pedido de la Fundación Paz Ciudadana. Los siete encuestadores que desembarcaron en su primer día en terreno en la esquina de Comandante Riesle con Juegos Infantiles también lo constataron.

-No habíamos dado dos pasos cuando aparecen dos camionetas y nos cierran el paso. Se bajan unos jóvenes y nos advierten que si entramos ellos no se hacen responsables si nos pasan “cosas malas”. Claramente era una amenaza. La encargada del grupo decidió que volviéramos al centro comunitario. Las siguientes encuestas las tuvimos que hacer invitando a las personas a acercarse a nosotros y no concurriendo a sus casas, como se hace en la mayoría de las comunas –relata P.A., psicóloga del grupo “Previene” de la Municipalidad de San Joaquín.

EL GUATON JULIO: EL ZAR DE LA DROGA

A las 23:21 horas del viernes 15 de octubre una limousine Hummer negra ingresa a La Legua Emergencia por calle Jorge Canning. El lujoso auto se detiene en el número 556. Nada distingue por fuera la casa escogida. Un pequeño portón de fierro enchapado en madera esconde la entrada.

Un adolescente de jockey negro y pantalones anchos sale de la casa seguido de otros cuatro jóvenes de similar aspecto. Con movimientos rápidos suben al vehiculo que enfila rápido hacia Santa Rosa. Ya son decenas de pobladores los que han salido a mirar la limousine que recorre las calles que ni siquiera la policía se atreve a transitar. Nadie tira una sola piedra.

Todos saben que allí arriba va J.F., el hijo de uno de los hombres más poderosos de La Legua Emergencia y el más escurridizo para las policías. También el más temido. Para los 15 años de su hijo, Julio Fuentes Arancibia, más conocido como el Guatón Julio, arrendó una Hummer (a $230.000 la hora) y la sala 2 del teatro Caupolicán (a $600.000). Pero a J.F. lo esperan nuevas sorpresas esa noche. Su padre ha contratado a los “Regeton boys”, la banda top de los adolescentes y a una ex protagonista del programa juvenil de TV “Yingo” para animar la fiesta (Ver galeria de fotos). No hubo límites en los gastos. Cercanos a Fuentes Arancibia que participaron del festejo dicen que desembolsó unos $15 millones.

Fuentes tiene recursos. De orígenes difusos. Todos los habitantes del sector saben que es uno de los hombres que controla el mercado de la droga. Pero en Chile sólo registra una corta estadía en la cárcel.

Han transcurrido 40 días desde la celebración del hijo del Guatón Julio en el Caupolicán. Aún resuenan en las calles de La Legua Emergencia los comentarios por el festejo apoteósico. Pero este jueves 25 de noviembre otro sonido provocará la estampida de las cucarachas. El ruido de motores que invade la calle donde habita el Guatón Julio es de una flota policial. Tampoco habrá reggaeton, sino balas y gritos. Julio Fuentes Arancibia acaba de ser detenido. Debajo de su cama de dos plazas la policía encontró un kilo de cocaína.

-El Julio está en el lado oscuro, pero en la casa jamás guardamos nada. Eso lo pusieron los ratis y lo vamos a demostrar -me dice en tono enérgico su esposa, Maria Pinto, quien insiste en que la policía “lo cargó”.

Otros kilos de la misma droga pero sin refinar se descubrieron en una de las “oficinas” del Guatón Julio en Colchero. En la misma casa -comprada en 2004 por una persona que sólo prestó su nombre- el 28 de octubre se habían descubierto 3 kilos de clorhidrato de cocaína. El inmueble registra más de 10 allanamientos en los últimos seis años.

La defensa de Julio Fuentes, en prisión preventiva por ahora, tendrá 120 días (hasta marzo) para probar que su cliente no ejerció maltrato de obra a la policía y tampoco infringió la Ley de Drogas. Los mismos días de que dispone la fiscalía para probar que es uno de los zares de la droga de La Legua Emergencia.

A la caída del Guatón Julio se agrega la detención de uno de sus “soldados”: Orlando del Carmen Orellana Rodoureira. Su trabajo principal era ser pistolero y “canguro” (guardar y custodiar armas). En su prontuario se inscribe su historial como lanza en Argentina y siete años de cárcel por homicidio.

TODO PARTIO CON EL PERILLA

Hasta mediados de los ‘90, si bien La Legua Emergencia albergaba un gran número de delincuentes, esto no la diferenciaba de otros barrios bravos de la Región Metropolitana. Hasta que llegó el lanza internacional Manuel Fuentes Cancino (el Perilla), quien instaló allí su cuartel central de narcotráfico.

Fuentes fue el primero que empezó a transitar por la población en buenos autos y siempre custodiado por tres o cuatro guardaespaldas armados.

José Ormeño, dirigente de la asociación Raíces de La Legua, conoció a Manuel Fuentes Cancino en sus dos facetas: lanza y narcotraficante.

-El Perilla era un choro respetado y querido en toda la comuna. Cuando sabía de un vecino que lo estaba pasando mal, no dudaba en ayudarlo. Yo lo vi ayudar a mi vecina porque no tenía dinero para comprar útiles para el colegio de su hijo. En Navidad, repartía regalos para los niños más pobres de la población. El llegó por seguridad para su negocio. En El Pinar, donde vivía con su familia, no estaban las condiciones que se dan aquí –cuenta José.

Casas iguales contiguas e interconectadas, pasajes cerrados, gente con necesidades extremas que él ayudaba y que le devolvían la mano con silencio. Un territorio ideal para su negocio. Fuentes Cancino comenzó comprando varias casas para ocuparlas como “oficina”. Ahí llegaba la droga y se distribuía para todo Santiago. También hacia el extranjero. Como las fachadas de las casas son todas iguales y no tenían número en la entrada, él mandó a pintar todas las casas del mismo color. Un eficaz método de protección.

En esa época comenzaron a aparecer los primeros “soldados” y “sicarios”: hombres que aseguraban la protección de su negocio que fue en ascenso. Pero aún así las balaceras no eran parte de la rutina de los habitantes de la población.

-Hasta ese momento aquí uno convivía con delincuentes y choros, pero para nosotros la vida no era insegura porque nos respetaban. Y si algún choro tenía un problema con otro, se agarraban a combos, a lo sumo a cuchillazos, pero era muy raro ver un arma en una pelea vecinal –dice un vecino antiguo.

Todo cambió en 1999, cuando Fuentes Cancino (el Perilla) fue detenido. Un duro golpe para la banda del hombre sindicado como jefe del “Cartel de La Legua”.

El narcotráfico no tardó en reorganizarse en un nuevo cartel: “La Banda de los 40”. Con la ayuda de celulares introducidos por algunas de las visitas o gendarmes a los cuales pagaba en dinero o en especies, el Perilla consiguió mantener desde su celda el control de la droga que se distribuía en el sector sur de la capital.

Los líderes principales del nuevo “Cartel de los 40” eran dos sobrinos del Perilla: Julio Fuentes Arancibia (el Guatón Julio) y su hermano, Juan Fuentes Arancibia (el Vaticano).

A fines del 2003, la PDI consiguió desbaratar la banda. En el juicio, las escuchas telefónicas fueron la prueba de que todas las operaciones eran dirigidas por el mismo Perilla desde la cárcel.

Fuentes Cancino fue trasladado a la que hasta ese momento era usada solo para reos por delitos terroristas: la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), mientras los principales líderes de la banda fueron condenados a distintas penas de reclusión.

-Ahí quedo la escoba: ¡cayeron casi todos! Y los que quedaron libres a los pocos días ya se estaban disputando la droga que no había sido incautada por los ratis. Todo cambió. Aparecieron los “picao a choros” y los balazos iban y venían los fines de semana y hasta en la feria de los jueves o los domingos, porque varios se las dieron de traficantes -cuenta la pareja de uno de los condenados.

-Cuando el “Cartel de los 40” entró en guerra las balaceras se escucharon prácticamente todos los fines de semana y empezamos a tener los primeros muertos en las calles -dice un vecino de rostro abatido.

Todos los vecinos han vivido en primera línea la guerra que dio paso a nuevas bandas del crimen organizado. El campo de batalla han sido las calles y pasajes de La Legua Emergencia. Y sus primeras víctimas, sus habitantes. (Vea el multimedia: Los dueños del narcotráfico: ¿Quién controla hoy la Legua Emergencia?)

*Una versión de este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa el viernes 7 de enero de 2011.

*Vea además la entrevista: Párroco de La Legua: “La batalla contra la droga ya la perdimos”

*Vea el multimedia: ¿Quién controla hoy el narcotráfico en La Legua Emergencia?

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Vea la galería fotográfica de La Legua Emergencia

*Las fotografías aereas de la Legua son gentileza de Aerotop.

“Nuestros jóvenes ya no sueñan en colectivo en cómo cambiar el mundo, ni forman guerrillas como en los setenta, sino que arman bandas que sueñan en privado cómo volverse ricos y llegar a la cima”, escribe la destacada periodista colombiana María Teresa Ronderos, a raíz del impacto y evolución del narcotráfico en la sociedad.

Ha sido tahú hablar de narcotráfico sin mencionar guerra, lucha y combate. Pero en la reciente Feria del Libro de Guadalajara descubrí maravillada que intelectuales y periodistas mexicanos están produciendo cientos de artículos y decenas de libros con vivisecciones transgresoras del narco, como no he visto aquí en Colombia, a pesar del doloroso cuarto de siglo que llevamos cargando ese bacalao a cuestas.

Retratan el vil negocio, cómo produce fortunas en segundos, cobra vidas antes de tiempo, altera la vida cotidiana y hasta pervierte el buen gusto popular. Más valioso aún, intentan explicar su arraigo rápido y la profunda confusión en que nos tiene.

Había escuchado en Medellín una tesis alternativa a la consabida película gringa de héroes y villanos. Me dijo un profesor que las élites habían cultivado deliberadamente este negocio ilícito en las comunas para impedir que el pueblo, hastiado de maltrato, se levantara. Quitándole el ingrediente conspirativo (da risa imaginar el ejecutivo maquinando la dominación social desde su cómodo sillón en un pent-house de la Milla de Oro en El Poblado), volví a escuchar la teoría en Guadalajara. Ésta dice que el fenómeno prendió como con mecha de pólvora por todo el continente por su poderoso efecto cautivador de espíritus rebeldes.

Nuestros jóvenes ya no sueñan en colectivo en cómo cambiar el mundo, ni forman guerrillas como en los setenta, sino que arman bandas que sueñan en privado cómo volverse ricos y llegar a la cima. Pero unos y otros tienen el alma resentida, comparten cierta altivez pendenciera frente a un poder injusto y excluyente. La cultura narco ha contribuido a trocar las insurrecciones sociales por insurgencias individuales; en broncas ambiciosas cargadas de rabia contra una autoridad, tantas veces abusadora y comprada.

No por nada Hillary Clinton dijo hace unos meses que las bandas de narcos estaban haciendo causa común con la insurgencia en México y América Central. Y en Colombia, Farc y narcotráfico se atrajeron como imanes. La guerrilla extendió con ello su supervivencia, pero licuó de tal forma su ideología con el crimen, que la pretendida chispa revolucionaria despertó un odio reaccionario y empujó al país a la derecha.

De ahí, nuestra ambigüedad frente al narco. Hay condena social, es obvio. ¿Quién no reprocha los 30 mil muertos que dicen que es el saldo de sangre de los carteles mexicanos desde que el presidente Calderón les declaró la guerra? ¿Quién no les recrimina a los barones de la droga colombianos haber asesinado a los mejores líderes?

Pero soterradamente hay connivencia, y no sólo por la plata fácil o por miedo. Un aire de reivindicación de los de abajo se percibe en las letras de los narco-corridos, tan escuchados en Monterrey como en Putumayo; en el crudo y muy visitado Blog del narco; en la fascinación de los guionistas de telenovela con los capos; y en la solidaridad con los jóvenes sicarios que impide que la policía entre a barrios de Santiago o de Río de Janeiro.

Si el narco criminaliza la sedición por abajo, por arriba nubla la claridad política. Los gobiernos dan palos de ciego, atacan la violencia con violencia, y no ven la corrupción y la ilegitimidad como los enemigos primordiales que son. Halcones y comerciantes de la guerra se frotan las manos, mientras nuestros limitados presupuestos fluyen fáciles para las armas y la represión. Así el dragón se muerde la cola.

Vale la pena seguir el ejemplo de estos valientes escritores y reporteros mexicanos, que en reacción a la hecatombe que se les vino encima, están sabiendo mirar al narco por fuera de la versión oficial, sin censura, y ayudarnos a entender lo que nos está pasando en estos tiempos violentos.

* María Teresa Ronderos es periodista de investigación colombiana, actualmente asesora a revista Semana.